El Progreso agrícola y pecuario (1916-11-07 00:00:00), página 1

Los proyectos del Ministro de Hacienda.

El régimen fiscal de la propiedad.

Aquí es donde realmente está el verdadero nudo gordiano del proyecto del Ministro de Hacienda, porque el epígrafe de este capítulo segundo «Del régimen fiscal de la propiedad inmueble» no responde al contenido de su articulado, que más bien que a la transformación de un régimen fiscal se encamina y dirige a la transformación del régimen jurídico de la propiedad y sus modificaciones, atacando los fundamentos en que una y otra cosa se sustentan. Consideramos bueno el fin, pero no nos merecen igual concepto los medios escogidos para lograrlo.

La Base 16.a del proyecto dice que en lo sucesivo la contribución se exigirá sobre el producto que las fincas rústicas sean susceptibles de producir, cualquiera que sea la producción efectiva, y que la Administración podrá revisar la capacidad productiva del suelo.

El precepto no tiene nada de nuevo. En la ley de D. Alejandro Mon, de 1845, ya se consigna igual principio, que está vigente aunque en desuso. Nadie podrá protestar con razón de su justicia y menos del recargo del 25 por 100 que se establece en la base siguiente para las fincas rústicas, que siendo susceptibles de un cultivo remunerador se encuentren total o parcialmente incultas.

El precepto así enunciado parece de una sencillez extraordinaria, pero a poco que se medite en su alcance y contenido, se ve que puede dar ocasión a cuestiones muy complejas y complicadas.

¿Cómo y por quién se va a determinar el máximo de capacidad productora de las fincas? Desde luego que por la Administración, o, lo que es lo mismo, por el expediente y el balduque. Unas veces la Administración, de oficio, que serán las menos, porque en este punto la Administración es inofensiva, y las más por denuncia, persiguiendo la multa que ha de corresponder al denunciante, y aquí ya estamos perdidos; porque en dictámenes de peritos y reconocimientos que tendrá que aportar y soportar el propietario que quiera defenderse contra toda agresión a su patrimonio, se le irán no pocas pesetas y perderá mucho tiempo y más paciencia. De modo que el seguro tomará una nueva forma, que será ésta o parecida: «Seguro contra el riesgo de la denuncia».

La Base 17.a del proyecto se encamina a castigar, mediante el impuesto, a las grandes fortunas territoriales, o, en otros términos, contra el latifundio, estableciendo un recargo contra todo poseedor de bienes inmuebles o derechos reales, cuyo líquido imponible acumulado exceda de 30.000 pesetas, conforme a la siguiente escala:

De más de 30.000 pesetas hasta 60.000, el 2 por 100.
De más de 60.000 pesetas hasta 100.000, el 3 por 100.
De más de 100.000 pesetas hasta 150.000, el 4 por 100.
De más de 150.000 pesetas hasta 200.000, el 5 por 100.
De más de 200.000 pesetas, el 6 por 100.

Cuando la finca sea cultivada por su dueño, el gravamen se reduce a la mitad.

Desde que un Ministro de la Corona, muy ilustre por cierto, lanzara desde el banco azul la condenación de los latifundios, se viene repitiendo la frase de Columela de que los latifundios perdieron a Italia, y en este sonsonete quieren ver muchos la solución del problema agrario de Andalucía y Extremadura especialmente. Todo, el que se empeñe en encontrar analogía entre el problema de Italia hace veinte siglos y el actual de España, es que mira las cosas muy superficialmente, olvidando también aquel precepto romano que tanto aconsejaba el distinguir de tiempo y lugar para concordar las reglas de Derecho.

Si la concepción del Derecho de la propiedad fuera hoy el mismo que el romano y las corrientes de nuestra civilización las de aquella época, tendrían razón los que en las grandes concentraciones de propiedad encuentran un mal que amenaza de muerte a la agricultura de un país.

La propiedad era en el Derecho romano el derecho de usar, disponer, disfrutar y abusar de la cosa; mientras la austeridad de costumbres y los hábitos de trabajos existieron en Roma, la propiedad se desenvolvió y contuvo dentro de los tres primeros principios; pero cambia aquel estado social, el pueblo se acostumbra a los repartos anuales de trigo, los señores viven de las provincias y la propiedad existe sólo como medio de recreo o abandonada; el gran propietario romano lo era