El Progreso agrícola y pecuario (1916-11-22 00:00:00), página 3

cesidad y de rivalidad extrema ha hecho ninguno nada que valga la pena para tomar de tan inagotable manantial potasa con que emanciparse de la dependencia germánica.

Ley de subsistencias.

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España:
A todas los que la presente vieren y entiendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1.º Se faculta al Gobierno para reducir o suprimir temporalmente los derechos arancelarios de importación de las sustancias alimenticias de primera necesidad y primeras materias, cuando circunstancias extraordinarias y transitorias lo requieran para el abastecimiento del consumo, el funcionamiento de las industrias o la explotación agrícola.
Se considerarán, a los efectos de esta ley, materia prima las productos que son elaborados por la industria tengan aquel carácter para otra que, a juicio del Gobierno, sea de absoluta necesidad.
Antes de hacer uso de esta facultad se oirá el informe de la Junta de Aranceles y Valoraciones, salvo caso de verdad urgencia.
Art. 2.º Queda autorizado el Gobierno para señalar a las Compañías ferroviarias y a las de navegación subvencionadas la rebaja de las tarifas de transporte que considere conveniente a los fines de esta ley, y si, con arreglo a las disposiciones vigentes, no pudiera obligar a que aceptaran el trabajo, o si de la aplicación de ésta resultase evidente perjuicio para los intereses de dichas Compañías, el Gobierno podrá concertar con ellas las tarifas que estime justas, a condición de que no afecten al plazo de concesión de sus respectivas línea s, y de ellas se dará cuenta a las Cortes, sin perjuicio de que surta desde luego su efecto la resolución del Consejo de Ministros.
Para señalar las indemnizaciones, que siempre serán pecuniarias, se tendrá necesariamente en cuenta el beneficio que para las Compañías represente el aumento de transportes derivado del abaratamiento de las tarifas.
Las Sociedades o Empresas que tengan material de ferrocarril podrán utilizarlo pasando por las líneas generales para transportar los productos propios del mercado a la fábrica, y al mismo tiempo se utilizará de retorno en el transporte de otras mercancías, cobra ndo una parte de lo que perciba la Compañía por el derecho de peaje.
El Gobierno podrá auxiliar con anticipos reintegrables o con garantía de interés al capital invertido, a las Sociedades o Empresas españolas que aporten al tráfico nacional material ferroviario con destino a los servicios de peaje para transportar las sustancias alimenticias de primera necesidad y primeras materias comprendidas en las disposiciones de la presente ley.
A tal efecto, será aplicable el crédito del capítulo adicional de la sección 10 de los presupuestos que rija durante la vigencia de esta ley.
Art. 3.º Se autoriza al Gobierno para que, si las circunstancias lo aconsejen, adquiera por cuenta del Tesoro público, durante el tiempo de vigencia de la presente ley, sustancias alimenticias de primera necesidad y primeras materias, incluyendo los materiales de construcción necesarios para las obras públicas en curso, cuya terminación se considere urgente, a fin de vender unos y otros a precios reguladores.
A tal efecto, se considerará comprendido el crédito necesario en un capítulo adicional de la sección 10 de los presupuestos que rija durante la vigencia de esta ley, y el importe de las ventas que se realicen se figurará en otro capítulo adicional de la sección 4.ª del estado letra B, de los mismos presupuestos.
Art. 4.º Queda también autorizado el Gobierno para regular con carácter general en todo el Reino, o particularmente en una o en varias provincias, oyendo en este caso a la Junta provincial que se crea por el párrafo 1.º del art. 6.º de esta ley, el precio de las sustancias alimenticias y primeras materias.
Se faculta asimismo al Gobierno para adoptar cuantas disposiciones estime necesarias en relación con los barcos españoles, incluso la incautación de las flotas, con objeto de obtener su restitución al comercio nacional y la regularización del tráfico, así como para suspender la aplicación del art. 2.º de la ley de Comunicaciones marítimas, que reserva exclusivamente el tráfico de cabotaje nacional a los buques de bandera y construcción nacionales.
Igualmente podrá el Gobierno, en casos excepcionales, llegar a la tasa de los fletes de buques de nacionalidad española

Se le autoriza también en relación con los cereales y los combustibles:
A) A acordar el plan de distribución que se considere más conveniente para el abastecimiento nacional, pudiéndose, si así lo demandaren las circunstancias, declarar caducados o suspender los efectos de los contratos celebrados entre particulares en interés privado.
El acuerdo de caducidad o suspensión de tales contratos producirá, con respecto al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de ellos para los contratantes, los efectos jurídicos de un acto de fuerza mayor.
B) Para poder explotar las minas, las fábricas de gas y los productos en ellas obtenidos y las instalaciones carboníferas de todo género, si no dieran resultado eficaz otras medidas para obtener la normal cotización de sus productos.
La incautación de flotas y minas se practicará siempre, a salvo de fijar la indemnización correspondiente a los particulares y entidades, propietarios o beneficiarios de aquéllas.
El Gobierno podrá incuestarse, mediante el pago de las oportunas indemnizaciones, del material de ferrocarriles que se construya en España y del que por cualquier causa no esté en uso.
El reglamento determinará el procedimiento a seguir en los casos en que se refieran los párrafos anteriores.
Para la redacción de este reglamento, en cuanto afecte a la Marina mercante nacional, será oída la Junta de Transportes marítimos creada por Real decreto de 3 de marzo de 1916.
La cantidad líquida correspondiente será abonada por la Administración, dentro precisamente de los treinta días a contar desde el de la resolución ministerial que fije aquella suma.
Se faculta igualmente al Gobierno para reglamentar y restringir el consumo de los artículos cuya provisión considere muy costosa o difícil.
El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso que haya hecho de esas autorizaciones.
Art. 5.º Serán consideradas de utilidad pública, a los efectos del art. 1.º de la Constitución de la Monarquía, la expropiación de las sustancias alimenticias y de primeras materias, cualesquiera que sean sus poseedores, y la ocupación temporal de los almacenes o locales donde unas u otras se encuentren, limitándose, así la expropiación como la incautación, a las cantidades o partes estrictamente necesarias.
Se concebirán unidades indivisibles, a los efectos de la expropiación forzosa, las que en cada caso considere como tales la práctica mercantil para el comercio al por mayor. En la ocupación parcial de locales no se ha de estorbar al interesado el libre uso de la parte no ocupada, y, en el supuesto de que esto sea factible, se indemnizará el perjuicio causado.
No podrá hiciérase extensiva la expropiación en ningún caso a las personas a minucias o primeras materias que se destinen al consumo de los poseedores o de su familia o a las atenciones de las Industrias a que puedan dedicarse.
Art. 6.º La necesidad de la incuestación o de la ocupación con carácter local será acordada por el Gobierno a instancia de los Ayuntamientos, de los Municipios interesados, y a propuesta de una Junta compuesta del Gobernador civil de la provincia, del Presidente de la Audiencia, del Delegado de Hacienda y del Alcalde de la capital, que intervendrá con voz y voto en los asuntos que afecten a su Municipio.
Autorizada por el Gobierno dicha medida, la incuestación se llevará inmediatamente a cabo, y, en su caso, la ocupación sin que se pueda disponer de los productos de que se trata sin el previo pago o la consignación de justo precio de la parte de éstos que se entregue, manteniendo de libre disfrute del propietario el pago no se certifique en un plazo de dos meses.
En Menorca e Ibiza, y en el caso que en las islas del archipiélago canario que están dotadas de cabildos insulares, la Junta a que se hace referencia estará compuesta por un Delegado del Gobierno, el Administrador de Hacienda, el juez de primera instancia y los Alcaldes de las capitales de las islas respectivas.
El precio de las mercancías, y, en su caso, la indemnización de perjuicios, se fijarán siempre por el Gobernador de la provincia, oyendo al interesado, a las Cámaras de Comercio respectivas o a las Agrícolas, donde las hubiere, y a cuantas entidades estime conveniente consultar la Autoridad gubernativa para resolver con entero conocimiento de causa, sin que jamás exceda de ochenta días el plazo concedido para las consultas en su caso.
El importe de la cantidad señalada será satisfecho por el Ayuntamiento correspondiente, entendiéndose a este fin autorizados los créditos necesarios en los Presupuestos municipales; pero dentro de los treinta días siguientes los Ayuntamientos formalizarán el presupuesto extraordinario a que haya lugar.
En ningún caso podrán las Corporaciones municipales exceder los artículos adquiridos de este modo a un precio superior en 3 por 100 al costo de adquisición.
En caso de extrema urgencia, los Gobernadores harán por sí la fijación provisional del precio, a los efectos del previo pago