El Progreso agrícola y pecuario (1916-10-31 00:00:00), página 1

Los proyectos del Ministro de Hacienda.

El referente al aumento de valor de la propiedad inmueble y al nuevo régimen fiscal de la propiedad.

Este proyecto de ley es, sin duda alguna, el más complejo de los que ha presentado al Congreso el Ministro de Hacienda, y el que, en caso de aprobarse, habrá de afectar más hondamente a los intereses de la agricultura por la serie de cuestiones jurídicas, económicas y fiscales, todas de difícil solución, que en él se plantean. La parte del proyecto que se refiere al aumento de valor de la propiedad inmueble la encontramos justa; la orientación del resto del proyecto, en lo que tiene de estímulos a la producción y mejoras de los cultivos, del mismo modo la aceptamos y hasta con entusiasmos; pero en cuanto al modo o procedimiento para llegar a esos resultados, la verdad, nos parecen no solamente muy radicales y hasta fuera de toda norma jurídica, sino aún contraproducentes para los fines que se pretenden conseguir. Ciertas reformas, por hermosas que sean, hay que plantearlas con mucha prudencia, so pena de desacreditarlas en sus comienzos y no poder hablar de ellas en mucho tiempo. Este es el principal peligro que señalamos al proyecto de ley a que nos referimos en el presente artículo.

Y vamos con el aumento de valor. El aumento de valor en la propiedad inmueble puede provenir de una de estas tres causas: a), de mejoras hechas por el mismo propietario, mediante su propio esfuerzo o capital; b), de la mera acción del tiempo, y c), de otras realizadas por el Estado, la Provincia o el Municipio.

El proyecto respeta el aumento de valor debido al primer motivo, y somete al nuevo impuesto al proveniente de los otros dos.

La nueva contribución recaerá, pues, sobre el aumento de valor proveniente de las causas b y c, y se considerará como tal la diferencia entre el valor actual, o sea en el momento de la transmisión o permuta de la finca y el que anteriormente tuviera. El primer valor se fijará mediante la capitalización del líquido imponible, y el segundo por lo que resulte del acto jurídico en cuya virtud se tramita o permuta, o por comprobación administrativa. Del valor así fijado se deducirá: A), el importe de las mejoras hechas por el propietario; B), los frutos pendientes, y C), las contribuciones especiales pagadas por obras o servicios de utilidad pública que beneficien al inmueble. Como quiera que, en las personas jurídicas, la propiedad tiene un carácter más permanente, se las somete al pago del impuesto cada quince años, salvo que dentro de dicho período hubiesen transmitido su propiedad.

El tipo de imposición se fija del 15 al 30 por 100 del aumento de valor en la forma siguiente:
A) El 15 por 100, cuando el aumento de valor exceda del 10 por 100 y no pase del 50 por 100 del anterior valor de la finca.
B) El 20 por 100, cuando el aumento exceda del 50 y no pase del 100 por 100.
C) El 25, cuando el aumento pase del 100 y no exceda del 200 por 100.
D) El 30, cuando el aumento exceda del 200 por 100.
El aumento que no exceda del 10 por 100 no estará sujeto a tributación.

Cuando el aumento del valor sea debido a mejora u obras realizadas por las mancomunidades o Diputaciones percibirán estas entidades el 40 por 100 de las cuotas, los Ayuntamientos respectivos el 20 por 100 y el Estado el 40 restante. Y cuando sea debido a los Ayuntamientos, éstos perciben el 50 por 100 y el otro 50 por 100 el Estado.

Tal es, en síntesis, la parte del proyecto referente al aumento de valor que puede interesar su conocimiento a los contribuyentes.

En principio, nadie podrá poner en duda la justicia de este impuesto; mejor, claro está, sería que no existiera; pero en la necesidad de tener que aceptar sacrificios preferimos éste, que al menos tiene una base racional, que no subir los tipos actuales sobre la contribución territorial, porque entonces sería dar palos de ciego y recargar el gravamen lo mismo a las fincas que hubieran aumentado de valor sin esfuerzo alguno por parte del propietario, que a aquéllas que hubieren disminuido.

Por otra parte, y desde otro punto de vista que no es el fiscal, encontramos justificado este impuesto. Si el Estado realiza sacrificios en favor de las propiedades de una provincia, que teniendo medios difíciles y costosos de comunicación se les facilita y abarata mediante éstos, justo es que parte de ese aumento de valor, que sin intervención ni esfuerzo alguno de sus dueños