El Progreso agrícola y pecuario (1916-11-22 00:00:00), página 1

La ley sobre subsistencias.

Interrumpimos por hoy la crítica que estamos haciendo de los proyectos del Ministro de Hacienda (que tanto importan al país agrícola, a quien principalmente amenazan), para ocuparnos de otra cuestión de tanta importancia y de no menos actualidad. Nos referimos a la ley de Subsistencias.

En este mismo número la publicamos. Discutida y votada ha sido por ambas Cámaras en poco más de setenta y dos horas, sancionada el día II del actual e inserta en la Gaceta del día siguiente.

Es esta una ley de excepción que sólo se puede justificar en los momentos presentes en la economía mundial, y, como es consiguiente, la nuestra se encuentra completamente trastornada y fuera de toda ley económica, la producción y el cambio, la distribución y el consumo de la riqueza.

No tiene precedentes en nuestra legislación, ni acaso en la del mundo entero —claro que los hechos que la determinan tampoco los tienen en la historia—, una ley como la que comentamos, en que la contratación privada y la misma propiedad individual se ponen por completo en manos de los Gobiernos; aquélla para suspender sus efectos civiles, como caso de fuerza mayor; la propiedad, para expropiarla por un procedimiento sumarísimo.

La ley tiende, principalmente en lo que respecta a los artículos de primera necesidad, a castigar el acaparamiento de esas materias, a impedir que se conviertan en valores de especulación exclusivamente, y esto nadie puede combatirlo en principio. La doctrina que sienta la ley sobre este punto hay que aceptarla por pura ley de necesidad, si es que la necesidad la tiene, y hay que aceptarla del mismo modo que los pueblos aceptan, en ciertos momentos, la suspensión o amputación de su plena vida jurídica garantizada en las Constituciones, o el estado de guerra, por un principio de salus populi que impone la dura necesidad.

Pero una cosa son los principios y otra muy distinta los hechos; es decir, la ejecución de esa ley que, dados los términos en que aparece redactada, tanto puede ser instrumento de salvación del hambre y la miseria como instrumento de opresión y de tiranía, y lo que es más, de especulaciones más grandes y más inicuas que las que trata de evitar. Todo ello depende del espíritu de rectitud y justicia y de amor al bien público que anime al brazo que la ejecute. La expropiación por un precio superior al que prudentemente se considere normal, sería una especulación en provecho del acaparador y en perjuicio del público, que habrá de adquirir las materias, cuando menos, al precio de coste. Y una tasa notablemente inferior a ese precio sería una explotación contra el que es dueño legítimo de una cosa.

La ejecución de la ley se encomienda en una gran parte a los Ayuntamientos, a los que se les autoriza para arbitrar recursos extraordinarios con que satisfacer las indemnizaciones. La fijación del precio de las mercancías y la indemnización se encomienda al Gobernador de la provincia, oyendo al intercado, a las Cámaras de Comercio, Agrícolas y a cuantas entidades estime conveniente consultar.

Pero al hablar de los Ayuntamientos, sin poderlo remediar, viene a nuestra memoria el estado de insolvencia del Tesoro municipal; la historia de los antiguos repartimientos de Consumos, vigente todavía en muchos sitios, con los odios y persecuciones a los enemigos y las excesivas benevolencias para los adictos; todo, en fin, lo que es y representa en la vida local el caciquismo. ¿Y cómo así vamos a tener fe en una obra que, para que sea provechosa y útil a la colectividad, necesita ser ejecutada con el ánimo del varón justo?

Dios quiera que la realidad nos muestre otra cosa que nos obligue a rectificar nuestro pesimismo en este punto, que llenos de satisfacción lo haremos. ¡Qué mayor alegría para nosotros poder decir que los Ayuntamientos españoles cumplieron con espíritu altamente patriótico y humanitario la alta función que les encomendara la ley sobre Subsistencias públicas!

Y el mismo pesimismo que tenemos respecto a los Ayuntamientos nos acosa respecto al Estado, a pesar