El Progreso agrícola y pecuario (1916-03-31 00:00:00), página 2

ciantel el emisor se precisa la previa inscripción en el registro mercantil, puede casi afirmarse sin temor a caer en error que el propietario civil (permítasenos la palabra en razón de facilitar la comprensión del concepto) es apto, tiene facultad por la ley para lanzar al mercado obligaciones.

Y esto nos lo confirma la exposición de motivos que precede al proyecto de ley reformando la hipotecaria presentado por el señor Marqués de Figueroa, el que razonando la presentación del mismo, dice: «otras reformas que se proyectan, cuentas corrientes, emisión de títulos, simplificándose los trámites necesarios al efecto para facilitar la mayor movilización del suelo, dirigida la reforma a facilitar la libre disposición del inmueble y favorecer la constitución y realización del crédito real inmobiliario».

Si ahora empezamos a examinar el recentísimo Reglamento hipotecario publicado en agosto último, esperando encontrar en él aclaración a las dudas que todavía podía haber en la opinión formada acerca de extremo tan importantísimo, sufrimos una decepción; sólo tres preceptos se ocupan de él; el 193 para hablar de que la cesión no tendrá que comunicarse al deudor ni hacerse constar en el Registro cuando la hipoteca garantice títulos al portador; el 202 declarando aplicable el procedimiento sumario a esta clase de hipotecas; y el 207 que manifiesta que los títulos emitidos tendrán doble matriz, una que se depositará en el Registro mercantil, conservando la otra la entidad emisora.

Verdaderamente perplejo queda el ánimo con la lectura de este artículo: es terminante su precepto, habla de registro mercantil y de entidad emisora. En nuestra opinión el Reglamento y la ley se contradicen, pues así como aquél ordena que una matriz quede en el registro mercantil, con lo que viene a sostener el criterio de que sólo los que en esa oficina pueden ser inscriptos son los que poseen la facultad de emisión de obligaciones, ésta en el último párrafo del artículo 154, ordena que se tomará razón de la hipoteca en los respectivos registros de la propiedad y en el registro mercantil cuando así proceda con arreglo a lo prevenido en el Código de Comercio, con lo que estatuí que la persona que no sea comerciante puede lanzar títulos, ya que si hubiera sido su pensamiento la idea reflejada en el Reglamento habría suprimido la frase «cuando así proceda», concluyendo el párrafo en «registro mercantil».

¿Cuál es, pues, la situación en el momento actual? La de incertidumbre, pues si a lo expuesto se añade que la opinión de los Notarios no es unánime pasando, desde el que no tiene inconveniente en autorizar la escritura de emisión, al que se niega en absoluto, se comprende lo difícil que es formar juicio con tales antecedentes. Para nosotros, un Reglamento no puede ir en contra de lo que la ley ordena; si existe contradicción entre sus preceptos, el de la ley prevalecerá; ¿pero será este el criterio de los funcionarios y centros por ante quienes tiene que pasar toda emisión de obligaciones? Pensamos que, dados los términos de la ley, ésta no prohibe a un particular que no sea comerciante hipotecar un inmueble de su propiedad en garantía de títulos transmisibles por endoso o al portador; pero dado como ha sido redactado el Reglamento, teniendo presente su actualidad, y el que en su formación ha intervenido la Dirección general de los Registros, centro a quien por la ley corresponde conocer en las apelaciones procedentes de dificultades surgidas al tratar de inscribir derechos, interpretándola al dictar sus resoluciones, y vista la variedad de criterios entre las personas autorizantes de documentos, creemos conveniente manifestar estas dudas que tenemos, y que se precisa, antes de dar un paso adelante, estudiar más profundamente la cuestión, ya que el derecho no aparece declarado de modo terminante y sin ambigüedades.

Purto que también merece nuestra atención es el que hace referencia a si el privilegio que disfruta el Banco Hipotecario sería un obstáculo para la idea expuesta por la Cámara de Barcelona.

La contestación es clara y terminante: al Banco Hipotecario le ha sido concedida, según dispone el artículo I.º de la ley de 24 de julio de 1875, la facultad de ser único en su clase; prohibiendo a otros establecimientos de crédito territorial la emisión de cédulas hipotecarias, disposición que confirma el art. 201 del Código de Comercio. Desde el instante que la ley Hipotecaria otorga a los particulares (si en ese sentido predomina la interpretación que se dé a los arts. 154 y 155), el de hipotecar sus bienes en representación de títulos, vemos que es muy diferente al privilegio del Banco y que éste no puede ser ningún obstáculo para la realización de la idea propuesta por la Cámara de Barcelona, aquél se refiere a que sea único en su clase, que aunque se constituyan Sociedades de crédito no les sea permitido emitir cédulas hipotecarias, y vemos, además, que el Banco lo que emite son títulos que tienen por garantía los negocios en que ha empleado su capital sin llevar hipoteca sobre determinados inmuebles, cosa que no ha de suceder en los del particular, que la hipoteca grava directa e inmediatamente a responder de la emisión fincas concretas.

Ahora, lo que sí creemos, es que con la reforma poco se adelantaría para conseguir el fin que se propone; la solución tiene que ser más honda, ya que el mal no se encuentra en que la ley dé más o menos facilidades para la efectividad del crédito; es preciso que los títulos tengan un valor conocido, notorio, que pueda ser apreciado a primera vista; que todos comprendan que la garantía es eficaz y legítima, cosa que hoy, aun llevando a la práctica la reforma propuesta, no se consigue; porque ¿qué garantías tiene el capitalista acerca de la autenticidad de los títulos? ¿Por quién se ha de hacer constar? ¿Por el que los emite? ¿Quién asegura que al imprimirse no se han hecho por duplicado o faltando en algo a lo que en la escritura se expresa?