El Progreso agrícola y pecuario (1915-09-15 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRICOLA Y PECUARIO
CALIFICADO EL MEJOR DE LOS PERIÓDICOS AGRICOLAS DE ESPAÑA EN EL CONCURSO DE MADRID DE 1902

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CRONICA AGRÍCOLA

La prenda agrícola en la Argentina.—Su reciente establecimiento.—Mercantilización de la propiedad mueble agrícola.—España es el único país que no tiene esa nueva forma de contratación.

Por una ley reciente se ha creado en la República Argentina la hipoteca mueble agraria, o por otro nombre el contrato de prenda agrícola, sin desplazamiento de la cosa que sirve de garantía; puede decirse que es nuestra legislación la única excepción de la regla, no sólo en esa, sino en otras muchas cosas más. Tenemos una gran cantidad de leyes y organizaciones sobre la materia que tomar por modelo, aunque desgraciadamente no tomaremos ninguno, porque todo lo que sea perturbar la paz y quietud de nuestros gobernantes, exigiendo una labor legislativa, por insignificante que sea, se juzga una temeridad; a nuestros Gobiernos se les puede pedir todo, menos gobernar.

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La ley argentina sobre prenda agrícola es bastante extensa y minuciosa en todos sus detalles, y en la imposibilidad de transcribirla por el mucho espacio que ocuparía, daremos a conocer lo más esencial de ella, aquello que constituye sus ideas capitales.

Los bienes afectados por la prenda agrícola son los constitutivos del patrimonio del agricultor y garantizan al acreedor, con privilegio especial, el importe del préstamo, intereses y gastos, en los términos pactados en el contrato, y a falta de pacto en los establecidos por la ley como régimen supletorio.

El privilegio sólo dura dos años; el deudor conserva la posesión de la cosa en nombre del acreedor; sus deberes y responsabilidades son la del depositario regular, o como datario según los casos, pudiendo servirse de la cosa; no responde del menoscabo de la cosa por el uso de ella ni del caso de fuerza mayor.

El contrato puede constituirse por escritura pública o por documento privado, pero sólo produce efecto contra tercero desde su inscripción en el Registro especial establecido al efecto, por cuya razón se hace preciso el otorgamiento de escritura, por ser éste el título inscribible.

Puede darse el caso de que el acreedor tenga plena confianza en el deudor, y en este caso, alejado el temor de tercero, se otorga el contrato en documento privado en formularios que la ley establece, teniendo el contrato el mismo valor y efecto jurídico para los contratantes que si se otorgara en documento público.

Verificada la inscripción de la hipoteca o prenda agraria, el Registrador entrega un certificado en el que consta el nombre de los contratantes, importe y fecha de vencimiento del préstamo, especie y cantidad de los objetos dados en prenda, fecha de la inscripción y demás detalles que se mencionan en la ley, todos ellos encaminados a la identificación de la cosa.

Este certificado es transmisible por endoso, y caduca de derecho, a los dos años. Los enlazantes son solidariamente responsables, debiendo hacer que se tome nota del endoso en el Registro.

El certificado es documento que lleva aparejada ejecución y que puede entablarse contra el deudor o los endosantes; pero para conseguirlo contra éstos deberá entablarse la acción dentro de los quince días siguientes al vencimiento de la prenda, y una vez liquidada la prenda, dirigirse por el saldo.

Durante la vigencia de la prenda el acreedor puede inspeccionar el estado de los objetos sobre que aquélla se constituye, y el deudor puede venderlos, con conocimiento del acreedor, en cualquier momento y siempre, claro está, que su precio cubra el importe de las responsabilidades, anotándose la venta en el certificado.

Es nula toda convención que permita al acreedor apropiarse de la prenda fuera del remate judicial o que contenga la renuncia del deudor en los trámites de ejecución en caso de falta de pago. Todos los documentos de este contrato son efectos mercantiles, y quedan sometidos en todo lo que no esté previsto en la ley a las prescripciones del Código de Comercio.

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En más de una ocasión nos hemos ocupado desde estas mismas columnas de tan importante problema económico-jurídico, sin que hasta la presente fijáyá tenido más resonancia que la de un discurso académico, una monografía o un artículo en este o en el otro periódico.

El argumento que generalmente se opone, por los