El Progreso agrícola y pecuario (1915-11-22 00:00:00), página 5

Legislación agraria.

Montes.—Cuándo y cómo pueden ser objeto de subasta o arbitrios los de aprovechamiento común.

Expedientes posesorios.—Caso de no estar amillarada la finca a nombre del que pretenda su inscripción.

Más de una vez se nos ha consultado esta importante e intrincada materia de los aprovechamientos de los montes de uso comunal, de los ganados que tienen derecho a utilizarlos, y, sobre todo, de cuándo y cómo pueden ser objeto de subasta o arbitrios por los Ayuntamientos, porque la ley Municipal en este punto es bastante ambigua.

En los montes de común aprovechamiento tienen derecho a pastar gratuitamente, según el art. 35 del Real decreto de 8 de mayo de 1834, los ganados de uso propio de cada vecino; entendiéndose por tales las cabezas de ganado mular, caballar, boyal y asnal destinadas a los trabajos agrícolas e industriales de los vecinos, y las de cabrío, lanar y de cerda que cada vecino dedica al consumo propio de su casa, abonando el 10 por 100 de la tasación de los pastos que consuman.

También reconoce el mismo artículo a los ganados de labor igual derecho de aprovechamiento gratuito y sin abono del 10 por 100 en las dehesas boyales y, en su defecto, en los terrenos antes indicados de aprovechamiento común.

Pero la aplicación de este precepto, o sea la distribución de todos esos aprovechamientos, corresponde a las Corporaciones municipales, las que, según el artículo 4.º del Reglamento de 14 de agosto de 1900 para el régimen de los montes a cargo del Ministerio de Hacienda, deben distribuirlos justa y equitativamente entre los vecinos, sin extralimitarse, de lo determinado en el plan forestal y con sujeción a lo prescrito en el art. 75 de la ley orgánica de Ayuntamientos.

Ahora bien: conforme a este último artículo de la ley Municipal, la distribución gratuita de los productos de los bienes comunales entre los vecinos sólo debe acordarse y llevarse a efecto cuando tales productos sean susceptibles de utilización general; es decir, cuando todos los vecinos puedan aprovecharlos igualmente o en idéntica proporción, pues entonces resultarán perfectamente aplicables las reglas 2.ª y 3.ª del repetido precepto legal.

Pero fuera de ese caso poco frecuente y en el más ordinario de que los aprovechamientos sean sólo de pastos y haya bastantes vecinos no ganaderos, la justicia y la equidad enseñan que se esté a lo previsto en la regla 1.ª del propio art. 75 de la ley Municipal, substando el Ayuntamiento directamente esos pastos entre los mismos vecinos e imponiendo un arbitrio prudencial sobre los ganados que los aprovechen, a fin de qué, ingresando su importe en las arcas municipales, ayude al sostenimiento de las cargas del presupuesto y redunde de ese modo en alivio de los demás contribuyentes, que eso menos habrán de satisfacer al Municipio.

Y no por ello podrá decirse que así pierden los aprovechamientos comunales su carácter gratuito, pues jar sumas que satisfagan los vecinos que los arrienden o que acepten el arbitrio que sobre ellos se impongan no corresponderán a los productos ó lotes que respectivamente se les asignarían en caso de distribución general, sino a los que en tal supuesto se habrían asignado a los demás.

Nada dice la ley Hipotecaria respecto a lo que debe hacerse en el caso de no estar amillarada o inactiva en el Registro fiscal la finca a nombre de la persona que desea inscribirla en el Registro de la Propiedad; ¿cómo llenar este vacío? A nuestro entender, del modo siguiente:

La regla 5.ª del art. 393 de la ley de 16 de diciembre de 1909, dispone del mismo modo que la 4.ª del art. 398 de la ley anterior, que el que trate de inscribir su posesión presentará una certificación, expedida por el Secretario del Ayuntamiento del pueblo en cuyo término radiquen los bienes, autorizada, además, por el Alcalde y Regidor síndico, en la que se expresará claramente con referencia a los amillaramientos, contratos u otros datos de las oficinas municipales, que el interesado paga la contribución a título de duelo, determinándose la cantidad con que contribuye cada finca o derecho real, si constase; y no siendo así, se manifestará únicamente que todos esos bienes se tuvieron en cuenta al fijar la última cuota de contribución que se hubiere repartido; que en los pueblos en donde existan Comisiones especiales para la evaluación de la riqueza inmueble y repartimiento de la contribución, deberá acudirse a la misma para obtener la certificación mencionada, la cual se firmará, por el Presidente, por el Secretario y por el Regidor síndico. Precisamente para salvar el obstáculo que en la práctica venía ofreciendo la tramitación de expedientes posesorios sin poderse acompañar la certificación a que se refiere la regla 4.ª del art. 398 de la anterior ley Hipotecaria, del mismo modo que la 5.ª del 393 de la Vigente, se dictó la Real orden de 14 de mayo de 1884, por virtud de la cual se dispuso que, para las traslaciones de fincas de unos a otros contribuyentes en el amillaramiento se tuviese por bastante, al no existir título de adquisición, el mismo expediente posesorio con una nota del registro en la que se haga constar que no habiéndose presentado la certificación del Ayuntamiento, se suspende la inscripción definitiva, haciéndose en su lugar una anotación preventiva, la cual se convertirá en inscripción definitiva, si dentro del término legal se presenta el certificado de que en el amillaramiento consta ya la finca a nombre del poseedor, como después por el Ministerio de Gracia y Fomento otra Real orden de 14 de julio del mismo año determinaba la forma de subsanar la falta de la certificación tantas veces citada.

La nueva ley Hipotecaria no ha hecho más que re-