El Progreso agrícola y pecuario (1915-07-07 00:00:00), página 1

CRONICA AGRICOLA

El proyecto de ley sobre legitimación de roturaciones arbitrarias.—Puntos esenciales.—Plazos de solicitud.—La Hacienda en lugar de los Ayuntamientos.—Excepciones legales.—Justificación prudente de los predios.—Tendencias saludables.

Son varias las consultas que hemos recibido sobre el proyecto de ley leído en el Congreso relativo a la legitimación de roturaciones y cerramientos arbitrarios en Montes del Estado y de Propios, y hubiéramos contestado dichas consultas en la sección correspondiente de la Revista si se tratara de una ley ya votada y sancionada como muchos suponen; pero como quiera que se trata solamente de un proyecto de ley, nos ha parecido más oportuno ocuparnos de él en esta Crónica, dando a conocer sus puntos esenciales y sus ventajas con respecto a la legislación vigente, única cosa que cabe hacer con una cuestión en proyecto como es la presente.

En la Gaceta se publicó el proyecto de referencia. En él se establece que los que vengan poseyendo por sí o por sus causabientes terrenos por ellos roturados, cerrados o edificados, pertenecientes al Estado o de Propios y comunes de los pueblos, podrán legitimar la posesión adquiriéndolos en plena propiedad, a cuyo efecto habrán de solicitarlo del Delegado de Hacienda de la provincia respectiva dentro de un plazo de cinco años, abonando el justo precio de los mencionados terrenos anterior a la ocupación, precio que deberán fijar los funcionarios técnicos de la Sección facultativa de Montes de la Dirección general de Propiedades e Impuestos.

En las disposiciones dictadas en distintas épocas sobre el particular, se fijaba el plazo de dos años para solicitar la legitimación y realizar el pago, y ahora ese plazo se amplía a cinco; y en cuanto al precio, antes había de fijarse por el valor actual de los terrenos, mientras que ahora, con un espíritu de mayor equidad, se señala la época anterior a la roturación, es decir, que la plus valía de tales terrenos ganada exclusivamente por el trabajo del poseedor cede en su provecho. Estas dos ventajas del proyecto son realmente dignas de aplausos.

Otra ventaja, en nuestro sentir, del proyecto, aunque algunos la estiman como inconveniente y ponen, como es natural, la censura donde nosotros ponemos el elogio, es la de quitar toda intervención en los expedientes de roturaciones y cerramientos a los Ayuntamientos; así es que trate de ser de terrenos del Estado o de Propios y comunes, la legitimación ha de solicitarse de los Delegados de Hacienda y en la tramitación de los expedientes sólo intervienen los funcionarios del Estado. Dios sabe cómo se tramitarían esos expedientes si se pusieran en manos de la mayor parte de nuestros Ayuntamientos; probablemente se convertirían en otros tantos actos de caciquismo como los que diariamente nos ofrecen los repartimientos vecinales y todo reparto de impuestos municipales.

En el proyecto se dispone, además, que para legitimar la extensión que no exceda de dos hectáreas, bastará acreditar la posesión continua de año y día; pero para cabidas mayores será preciso acreditar otro año anterior de posesión por cada dos hectáreas más que legitimar hasta llegar a 20 hectáreas, que es el máximo de legitimación que se concede.

De la aplicación de las anteriores disposiciones se exceptúan los terrenos que estén comprendidos dentro de los límites de los montes declarados de utilidad pública o cuya declaración se esté tramitando; los destinados a colonización y repoblación, los que formen parte integrante de los predios declarados dehesas boyales mientras conserven este carácter y los que forman parte de la dehesa de Castilseras.

Se exceptúan también los casos siguientes:
Primero. Cuando el terreno cerrado no se haya destinado al cultivo agrario ni a la formación de prados artificiales.
Segundo. Cuando el monte tenga marcado interés forestal y el conjunto de las roturaciones en él verificadas haya mermado de tal manera su superficie que pueda anularlo como unidad dasocrática.
Tercero. Cuando las roturaciones interrumpan servidumbres de paso importantes, fuentes o abrevaderos de absoluta necesidad, a menos que dichas servidumbres puedan modificarse sin que el nuevo recorrido y las pendientes influyan sensiblemente en el tráfico, siendo siempre los gastos de cuenta del roturador, y en el segundo caso dejando libre el aprovechamiento de las aguas con la consiguiente servidumbre que gravará sobre la finca.