El Progreso agrícola y pecuario (1915-01-15 00:00:00), página 4

Legitimación de roturaciones arbitrarias y distribución entre los vecinos de los pueblos de los terrenos de propios y del común, y á falta de éstos los del Estado no exceptuados de venta por causa de utilidad pública.

II

Hoy que la Cámara popular, lo mismo que las corporaciones municipales y provinciales, tiene su origen en el sufragio, es de absoluta necesidad suprimir todas las causas que puedan bastarle darle, y nadie en ello más interesado que el mismo poder público.

La transformación que se solicita, encierra, además, un grandísimo interés económico, según se deduce de la siguiente consideración: el promedio del valor de los terrenos á que nos venimos refiriendo, deducido de la tasación que se les suele dar en las subastas, es el de 300 pesetas hectárea. Esta misma superficie después de roturada y trabajada convenientemente alcanza con facilidad el de 1.500; es decir, que con los cuidados y labores se logra quintuplicar su valor.

Si aplicásemos el cálculo á la superficie total que de estas tierras existe en el noroeste de España, encontraríamos que el incremento obtenido por este procedimiento sería realmente enorme.

De no resolverse el asunto de acuerdo con las exigencias de la conveniencia pública, los terrenos mencionados continuarán produciendo perpetuamente aborjos, á no ser que los labradores sigan cometiendo ilegalidades, ó, lo que es peor, que personas de insaciablcodicia, tan faltas de aprensión como ahistas de influencia, las destinen á acrecer sus respectivos patrimonios.

¿Es que el Estado tiene derecho á que tal situación perdure con mengua del solar patrio, lesión de las clases agrícolas y legítima protesta de toda persona inparcial?

Seguramente que no, y por estimarlo así, respetuosamente suplicamos se dicten las disposiciones congruentes con el sentido de todo lo expuesto, seguros de que el Gobierno de S. M., inspirándose en sentimientos de acendrado patriotismo, acogerá la súplica con el interés que su alta finalidad reclama, y se esforzará en darla cumplida satisfacción.

A las razones predichas puede sumarse hoy, desgraciadamente, otra de circunstancias, que por sí sola justificaría la medida que preconizamos: por efecto del espantoso drama que actualmente se desarrolla en Europa, son muchas las familias españolas que regresan á sus hogares, careciendo, en general de medios de vivir. A la acción oficial, no obstante los poderosos medios de que dispone, le ha de ser difícil atender á tanta necesidad, y por lo que respecta al esfuerzo privado poco puede esperarse de él, en momentos en que precisamente los efectos de la guerra misma se dejan sentir con tremenda repercusión en todas las industrias y manifestaciones del trabajo. Ante tan pavposa situación nada más discreto y racional por parte del Estado, que buscar un derivativo, una solución indirecta, y para ello sería muy eficaz poner en manos de los necesitados parcelas de terreno que á un mismo tiempo constituirían fuente segura de subsistencias y prenda de pública tranquilidad.

Hechas las anteriores consideraciones acerca del fondo del asunto, pasemos á exponer la forma que estimamos más procedente para traducirla á la realidad.

Teneos de consignar en primer término que consideramos necesaria para ello una ley especial, pues las disposiciones vigentes son inadecuadas y ni la ley de colonización y repoblación interior, inspirada en fines análogos, puede ser de eficaz aplicación.

Persigue esta primordial y casi exclusivamente el colonizar, formando nuevos núcleos de población donde no existan, aprovechando al efecto las enormes superficies susceptibles de ello, y que desgraciadamente, tanto abundan en el Centro y Mediodía de España.

Es verdad que el art. 3.º, disposición 5.ª del 5 y artículo 9.º, hacen referencia y parece que tratan de dar solución á la cuestión que nos ocupa, pero sus disposiciones son de insuficiente claridad, y además dejan vislumbrar un procedimiento inadecuado e inaceptable; deficiencia e inconvenientes que no se salvaron en el reglamento, que ni siquiera incidentalmente se ocupa del asunto.

Son precisos, por tanto, para el caso que estudiamos, en que no se trate de colonizar ni repoblar en el sentido estricto de estas palabras, sino simplemente de conceder á las familias ya establecidas algunos terrenos del común de los pueblos, que les permita mejorar en algo su situación, una ley ad hoc y un reglamento en los que, con preceptos claros y sencillos, acomodados á la multiplicidad y condición de las personas á quienes se trata de servir, se contengan y desenvuelvan las premisas sentadas anteriormente, á no ser que se prefiera llevarlas á la ley de colonización, donde pueden tener su lugar adecuado.

En primer lugar, hemos de declarar que, si por las razones alegadas y otras muchas que pudieran aducirse se recomienda la reforma, la ley, como fórmula del derecho, sólo debe prestar calor y amparo á aquello que sea razonable y equitativo, pero en modo alguno puede cobijar bajo su manto protector los abusos e injusticias.

Por ello se impone el revisar todos los casos de roturaciones arbitrarias, con el fin de dar entrada franca en la legalidad á aquellas que, por su extensión, denuncién en el ánimo del que las realizó, más que un propósito de usurpación, el deseo de dar empleo á sus actividades, como medio de conseguir una más amplia satisfacción de las necesidades de su familia, y cercenar, en cambio, aquellas otras en que tal presunción no puede establecerse.

Hecha la anterior afirmación, y reduciendo en su consecuencia la extensión de las roturaciones arbitrarias á un límite uniforme de media hectárea, creemos que la cuestión debe resolverse simultáneamen-