El Progreso agrícola y pecuario (1915-03-15 00:00:00), página 10

Provincia de Toledo.—Del 1 al 15 de marzo en la capital y Talavera de la Reina.
Provincia de Ávila.—En la capital, Sotillo de la Adrada, Piedralaves, Villafranca de la Sierra y Burgohondo, del 20 de marzo al 5 de abril.
Provincia de Segovia.—Del 25 de marzo al 10 de abril en la capital, Villacastín, El Espinar y Cuéllar.
Provincia de Salamanca.—En la capital, Vitigudino, Fuentelanieta, Ciudad Rodrigo y Candelario, del 1 al 15 de marzo.
Provincia de Cáceres.—Del 1 al 15 de marzo en Trujillo, Cáceres, Plasencia, Villa del Rey y Alcántara.
Depósito de Artillería. Hospitalet.—Provincia de Barcelona.—El 15 de febrero en Hospitalet y Granollers; el 1 de abril en Vich, Mayá y Santa María de Cossós; el 1 de marzo en Palamotordera, y el 1 de abril en Olot.
Provincia de Tarragona.—El 28 de febrero en Amposta e Isla de Buda.
Provincia de Lérida.—El 8 de marzo en Balaguer, Bellvis, Torregrossa, Pensals, Mullerusá y Belpuig, y el día 30 en Seo de Urgell.
Provincia de Gerona.—El 15 de febrero en Bellver; el 1 de marzo en la capital, La Bisbal, Torroella de Montgrí, Figueras y Castello de Amurias; el 25 en Ripoll y Rivas, y el 31 en Puigcerdá, Ger, Alp y Llívia.

LAS SUBSISTENCIAS

El día 7 del actual publicó la Gaceta la siguiente Real orden sobre cumplimiento de lo determinado en el art. 3.º de la ley de Subsistencias:

Artículo 1.º En todas las capitales de provincia existirá una Junta especial denominada Junta provincial de subsistencias, que estará compuesta por el gobernador civil, el delegado de Hacienda y el alcalde de la capital, bajo la presidencia de la primera de dichas autoridades.

Esta Junta funcionará con toda la frecuencia y rapidez que las circunstancias demanden y tendrá las facultades y deberes que expresamente se le confieran, atribuidos en esta instrucción, debiendo observar el procedimiento que así mismos se le marque, y en su defecto atenerse a la norma de conducta que más equitativa y prontamente facilite su cometido.

Art. 2.º Una vez constituidas las Juntas provinciales de subsistencias, requerirán, por conducto de los alcaldes respectivos, a todos los poseedores de sustancias almacenadas para la presentación, en el término de veinticuatro horas, de relaciones juradas que expresen las cantidades exactas de mantenimientos que conserven.

Estas relaciones serán eficaces, aunque posteriormente se observare un error que no rebaste los límites del 10 por 100 en más o en menos de la cantidad comprobada.

El requerido que no presentare la relación en el término señalado, incurrirá en la multa, cuya imposición autoriza el artículo 22 de la ley Provincial, y la Junta provincial en este caso acordará la práctica de un aforo a costa del que haya incurrido en la omisión, a fin de obtener por este medio la relación de los mantenimientos existentes en poder del requerido.

En vista del resultado que ofrezcan las citadas relaciones, formará la Junta provincial un estado expresivo de las existencias en unidades métricas de cada especie alimenticia disponible en las localidades, con determinación de sus respectivos poseedores y de los almacenes en que se hallen aquéllas contenidas.

También les servirá esto de base para hacer un cálculo de las necesidades de la provincia, determinando la suficiencia o defecto de sustancias alimenticias.

Para comprobar la exactitud de las relaciones o practicar el aforo en caso de que no se hayan presentado, podrá la Junta designar funcionarios a personas competentes o agentes de la autoridad que investiguen los locales o almacenes donde exista motivo fundado o sospecha razonable para creer que haya guardados o depositados artículos de los que hubieran debido incluirse en la relación o excedido considerable sobre lo manifestado. Podrán realizar los comisionados cuantas inspecciones o examenes de locales juzguen convenientes a fin de comprobado.

Si de este examen resultare un exceso superior al 10 por 100 sobre lo manifestado se pasará el tanto de culpa a los Tribunales, a los efectos de los artículos 318 y 558 del Código penal, sin perjuicio de la imposición de la multa, autorizada por el art. 22 de la ley Provincial.

Pijación del precio regulador.

Art. 3.º La Junta, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de la provincia, fijará un precio regulador, que modificará cuantas veces estime necesario.

Art. 4.º Sentida la necesidad de cierta clase de sustancias alimenticias, pronunciará la correspondencia de prever la eventualidad de su escasez, y lo hará sin demora el Ayuntamiento afectado en conocimiento de la Junta provincial, que por inmediato acuerdo dispondrá se invite a los poseedores de la mercancía en el término municipal con preferencia, y en su defecto a los de otros cercanos, para que enajenen voluntariamente con destino al consumo público la cantidad de especies que se juzgue oportuna.

Art. 5.º Si, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, siguieran trasladas al mercado debidamente las sustancias alimenticias a que se refiere esta instrucción, u ofrecidas a precios superiores a los determinados por la Junta, como reguladores, podrá procederse a la expropiación autorizada por la ley del 8 de febrero último.

Art. 6.º Se reputará como de utilidad pública, para los efectos que señala el art. 10 de la Constitución de la Monarquía, la expropiación forzosa de las sustancias alimenticias.

Se considerará igualmente de pública utilidad la ocupación temporal del todo o parte de los locales donde se encuentren.

Art. 7.º La necesidad de la incautación o de la ocupación será decretada por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Junta provincial, en virtud de requerimiento de los Municipios interesados, y se llevará a efecto inmediatamente, pero no se podrá disponer de los mantenimientos sino el previo pago por la consignación, a juicio de su parte de lo que se expropie.

Art. 8.º Si el poseedor de las sustancias en el momento de llevarse a cabo la incautación solicitará la no aplicación de la misma, comprometiéndose a vender por su cuenta los mantenimientos al precio señalado por la Junta, el Ayuntamiento, en su nombre, podrá acceder a la petición, adoptando cuantas medidas se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de la oferta.

Art. 9.º Tanto la expropiación de las especies de consumos cuanto la ocupación temporal de los almacenes o locales donde se hallaren, se limitará a la cantidad de las primeras estrechamente indispensables y a la parte de los segundos más reducible posible, para rematar rápidamente su capacidad para la oportuna conservación de aquéllas y necesidades subsiguientes hasta que sean dadas al consumo público.

Indemnizaciones por expropiación.

Art. 10. El precio de las mercancías y, en su caso, la indemnización de perjuicios por el uso de los locales o almacenes a los efectos de la expropiación y ocupación se fijará por el Gobernador de la provincia, oyendo al interesado, a las Cámaras de Comercio respectivas y a cuantas entidades estime conveniente.

En casos de extrema urgencia podrá el Gobernador por sí fijar provisionalmente el precio a los efectos del precio pago o de la consignación, y sin perjuicio del que en definitiva se fije, con arreglo al párrafo anterior.

Art. 11. A los efectos del cómputo de unidades de las especies alimenticias cuya enajenación forzosa se decrete, serán indivisibles las que tenga establecidas en cada caso y con relación a cada especie la práctica mercantil para el comercio al por mayor, según la localidad y el uso más frecuente en las transacciones comerciales.

Art. 12. Las resoluciones que adopten las Juntas provinciales de subsistencias en el ejercicio de las facultades que esta instrucción les concede, serán en todo caso ejecutivas, y de un modo inmediato cuando no tengan plazo de ejecución.

Si transcurridos quince días después de la incautación no se lleve a efecto la expropiación con el pago consiguiente, en la forma establecida, quedarán nuevamente las sustancias de que se trata a disposición del poseedor.

Art. 13. Dentro del improrrogable plazo de treinta días siguientes al en que los Municipios hagan el requerimiento de las sustancias señalando la parte de que necesiten disponer, formalizarán el presupuesto extraordinario para el pago de la obligación que por ello contraigan; pero la tramitación del mismo no disminuirá ni podrá retrasar nunca el cumplimiento de los procedimientos, que se señalan por parte del Ayuntamiento.

Art. 14. Las especies alimenticias adquiridas por los Ayuntamientos, cualquiera que sea la forma en que lo realicen, no podrán ser vendidas a un precio que exceda en más de un 3 por 100 al de coste.

Art. 15. Esta instrucción será sólo aplicable a las especies trigo, centeno, maíz y sus harinas, mientras por Real orden que se publicará en la Gaceta, no se declare que afecta a las demás subsistencias.