El Progreso agrícola y pecuario (1914-08-31 00:00:00), página 7

El trabajo personal.

La teoría socialista que fija el trabajo personal como regulador del derecho posesorio está equivocada. Si nadie pudiera poseer más que lo que pudiese trabajar por sí mismo, sobrevendrían los siguientes males:

Primero. Se subdividiría la propiedad en tan minúsculas porciones que no sería posible obtener una mediana producción.

Segundo. Esta se encarecería enormemente, con daño para el productor y el consumidor.

Tercero. No habría estímulo para el trabajo, pues la exigüidad del caudal que le sería dable poseer á cada uno, habría de quitarle alientos para el sacrificio.

Cuarto. Se perdería hasta la noción del ahorro, que es la salvaguardia, no sólo del hombre y de la familia, sino de la sociedad.

Quinto. Cuando una familia ó una clase no pudiera trabajar lo suficiente para mantenerse ni tener herencias ni previsiones, el hambre habría de lanzarla á la inmoralidad.

Sexto. La justicia hallaría su muerte en este sistema, pues ir contra ella es someter á un nivel único las fuerzas intelectuales y volitivas de cada hombre, tan varias como individuos existen. Este igualitarismo sin gradación que desprecia los valores, fuerza, salud, moralidad, inteligencia, economía, actividad y tesón, va contra la naturaleza.

El bien común.

He aquí la verdadera valla hasta donde el derecho de poseer puede extenderse.

La existencia de la sociedad, su beneficio y progreso está por encima de la individual. Primero es el conjunto, la humanidad, que el individuo. Y en tanto tiene razón de ser el derecho de propiedad privado, en cuanto se instituye como fórmula del mantenimiento del orden social.

Estos principios son inconcusos, se admiten ya sin discusión en otro orden de ideas y deben ser los reguladores de las que nos ocupan.

Ahora bien; ¿dónde está en cada caso la determinación concreta de la lesión social producida por el abuso de dominio individual? No es difícil hallarla; se determina ya en varios casos por leyes positivas. Las desvinculadoras, las de expropiación forzosa y otras similares, señalan el momento en que el bien común debe ser preferido al personal, aun con daño de éste.

El hecho que dio origen á estos artículos es de los que no ofrecen lugar á duda. Que unos potenciados mantengan sin producción cientos y miles de hectáreas para darse el placer banal y superfluo de matar una vez al año unas perdices y unos conejos, mientras la emigración del obrero agrícola crece espantosamente porque no halla ocupación para sus brazos, es sencillamente el abuso del dominio individual con grave daño del social.

Aún somos tributarios de la producción extranjera de cereales; aún importamos granos y harinas á costa de nuestro oro. Si esas fincas se cultivaran este perjuicio nacional desaparecería.

Ya es sabido que el progreso económico de una nación está pendiente del crecimiento de su exportación. Los que impiden que el suelo patrio produzca, impiden que España crezca.

No hay derecho positivo constituyente ni filosófico que autorice á mantener pérdidas en lugar de hombres. El Gobierno puede y debe intervenir en este caso buscando sobre el beneficio ó el goce de esos caballeros la salud nacional.

¿Cómo? Por de pronto dejamos hecha la afirmación para que la recojan, si quieren ser patriotas, los que pueden realizarla y busquen fórmulas jurídicas adecuadas al remedio del mal y á nuestra manera social y política.

Días pasados hablábamos de este asunto con una persona de reconocida cultura cuyas aficiones y ocupaciones y conocimientos científicos le han llevado al cultivo fértil de sus grandes propiedades y por ello al estudio de las cuestiones sociales agrarias.

Dollase D. José del Prado Palacio—que tal es el personaje aludido—de aquello que venimos maldiciendo, y á vuelta de muy completos datos sobre la cuestión, recogidos por él y por él razonados con excelente criterio, nos comunicaba que el estudio de este asunto habrále llevado á desechar el intervencionismo estatista en una de estas tres formas, dos directas é indirecta la tercera.

Primera. Expropiación forzosa por razón de utilidad pública á particulares ó entidades cultivadores.

Segunda. Obligación de colonizar ó ceder para colonizar estos campos improductivos; lo cual podría ser á instancia del Estado ó de los colonizados; y

Tercera. Imponer desde luego á estas fincas la contribución que habrían de pagar si estuvieran dedicadas al laboreo, considerándolas en estado de máxima producción.

A nosotros nos parecen de perlas en principio estas tres fórmulas.

Y no habría de faltarle á quien tuviera el valor de implantarlas el apoyo de la opinión pública y el aplauso de los intelectuales.

Los abonos en la producción de los cereales.

IV.—Centeno.

Una cosecha de 20 hectolitros de centeno por hectárea toma del suelo: