El Progreso agrícola y pecuario (1914-04-07 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRICOLA Y PECUARIO

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CRONICA AGRICOLA

Apéndice á los amillaramientos por rústica.—Idem á los Registros fiscales.—Reclamaciones.—Desahucio de fincas ocupadas por guardas.—Doctrina del Tribunal Supremo.

En cuanto se terminen los recuentos generales de ganadería, de que ya nos hemos ocupado en otra «Crónica», procederán los Ayuntamientos y Juntas periciales ó las Comisiones de evaluación donde éstas existan, á la formación, dentro del próximo mes de Mayo, del Apéndice á los amillaramientos de fincas rústicas, y nos ha parecido oportuno dar algunas instrucciones sobre tan interesante particular.

Como quiera que hoy resulta tan complicada la legislación sobre territorial por las innumerables disposiciones que rigen este impuesto, no estaría demás advertir que dicha operación ha de hacerse con estricta sujeción al Reglamento de 30 de Septiembre de 1885; que durante la primera quincena de Junio debe estar expuesto al público el Apéndice para que los contribuyentes puedan entablar las reclamaciones de agravio absoluto ó comparativo que crean oportunas, las cuales han de versar sólo sobre las alteraciones hechas en su riqueza amillarada, y deben quedar resueltas antes del 20 del expresado mes.

Las altas y bajas pueden pedirse en cualquier tiempo para llevarlas al Apéndice; los Ayuntamientos únicamente pueden acordar las alteraciones que las Juntas periciales propongan, ya de oficio, ya á instancia de los interesados, con tal que se hallen comprendidas en alguno de los números 1.º, 4.º y 8.º del art. 48 del citado reglamento y no produzcan aumento ni baja en la riqueza imponible del término, pudiendo recurirse de sus acuerdos en el plazo de cinco días ante el Delegado de Hacienda. Pero si las alteraciones se refieren á los números 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10 y 11 del repetido artículo deben ser acordadas, previo expediente instruido conforme á los artículos 52 y siguientes, por la Administración de Contribuciones, pudiendo de este acuerdo recurirse también ante el Delegado, en el plazo de quince días.

Conforme á lo dispuesto en la Real orden de 21 de Abril de 1906, para acordar las altas y bajas bastan las declaraciones de los interesados, extendidas en papel común, no siendo necesario presentar escritura inscripta en el Registro de la propiedad, ni otro título traslativo de dominio.

En los pueblos donde ya rigen los Registros fiscales de rústica, se formarán los Apéndices también en la fecha indicada, y las reclamaciones habrán de ajustarse á los preceptos indicados.

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La frecuencia con que en el Tribunal Supremo se viene presentando la cuestión que vamos á relatar y la importancia que en sí tiene, nos lleva á hacerla objeto de la segunda parte de esta «Crónica», para conocimiento de todos aquellos á quienes pueda interesar el asunto y tener un criterio respecto á él.

Por motivos que no son del caso explicar, fué separado de su ca- go un guarda particular jurado. Ocupaba éste como habitación, para sí y su familia, una pequeña casa, situada en la entrada de la finca; y al negarle á desalojarla, se vio el propietario en el caso de entablar el oportuno juicio de desahucio, presentando la demanda ante el Juzgado municipal. Comparece el ex guarda y rechaza de plano la petición, alegando que la competencia en el asunto correspondía al Juzgado de primera instancia, por ocupar la casa, no por contrato de arrendamiento, sino á título de precario.

El Juzgado de primera instancia aceptó la competencia; el caso estaba plantead indudablemente con todas las de la ley. Viene el asunto al Supremo y establece la siguiente é interesante doctrina que deben tener en cuenta todos los que estén amenazados á estar en caso análogo:

«Considerando—dice el Supremo—que ocupada por B. la habitación objeto del desahucio con motivo del cargo de guarda jurado que desempeñaba, y del que fué separado requiriéndole para que desocupase aquélla, dicha elevación y requerimiento contienen el término de arrendamiento estipulado en el contrato, como lo tiene declarado repetidamente la jurisdicción de este Tribunal Supremo en observancia de lo dispuesto en el artículo 1.587 del Código civil, por lo que tratándose del caso comprendido expresamente en el núm. 1.º, artículo 1.562 de la ley procesal, ha sido competente para conocer del juicio el Juzgado municipal de X y no existe el quebrantamiento de forma que se alega.»

Otra sentencia declara, en general, que la despedida