El Progreso agrícola y pecuario (1914-03-07 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRICOLA Y PECUARIO
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CRONICA AGRÍCOLA

Otra vez la cuestión de los repartimientos vecinales.—Los Ayuntamientos piden se derogue la Real orden de 1º de Diciembre que fijó el límite máximo del gravamen.—La propiedad territorial no puede resistir más recargos.

Fuimos los primeros y estamos por asegurar que los únicos en levantar la protesta contra los abusos que se venían cometiendo por los Ayuntamientos inferiores á 10.000 habitantes—que son los más numerosos en nuestro país—en el señalamiento de cuotas en los Repartimientos municipales, pues no habiéndose fijado en la ley para los mismos el límite máximo del gravamen que podían imponer por dicho concepto, llegaron algunos de ellos á exceder á los tipos señalados por el Tesoro, con lo cual la propiedad rústica de las pequeñas localidades, se veía amenazada de confiscación en plazo próximo.

Las reiteradas quejas que recibimos sobre el particular, nos hicieron pedir con insistencia y apremio se dictara una disposición que pusiera coto á esos abusos, pues no se nos alcanzaba la razón por virtud de la cual se había establecido esa garantía del límite máximo del gravamen para unos contribuyentes, los menos, dejando en cambio á los más completamente desamparados y entregados á la voracidad de los caciques rurales, de peor condición casi siempre que los urbanos.

Por fortuna, no siempre en nuestro país se predica en el desierto, y al fin se dictó la disposición por nosotros pedida, la Real orden de 1.º de Diciembre último (que insertamos en este mismo número), que aplaudi- mos sin reserva en la «Crónica» de nuestro número del 7 de Enero, que tantas felicitaciones nos ha valido de nuestros suscriptores, sin duda de aquellos que se veían oprimidos ó amenazados de serlo por una exacción arbitraria y caprichosa, y no volveríamos sobre el asunto si no conocíéramos los trabajos que se vienen realizando por los Ayuntamientos interesados, ayudados por una parte de la prensa profesional, para su derogación.

De una revista de ese carácter, consagrada á la defensa de los intereses de los Ayuntamientos, tomamos el telegrama que transcribimos á continuación, para que nuestros lectores puedan apreciar por sí el sentido de la protesta:

«Madrid.—Las Palmas 165, 139/140, 19,17.—Reunidos bajo presidencia Alcalde esta ciudad, representantes de Ayuntamientos que han suprimido impuesto Consumos, acordaron protestar Real orden Ministerio Hacienda 1.º Diciembre, que limita al 25 por 100 de la contribución al Tesoro el tipo repartimiento, autorizado por arts. 6.º y 17, ley 12 Junio 1911, haciendo imposible sustitución Consumos, y crea situación intolerable, que obligará Ayuntamientos á dimitir, rehuyendo responsabilidades por imposibilidad cubrir atenciones municipales, nombraron Comisión que procure medio gestionar derogación Real orden, obrando en inteligencia con demás Ayuntamientos Nación: que se hallen mismo caso. Comisión agradecerá que esos Ayuntamientos le comuniquen por conducto Alcalde las Palmas acuerdos adoptados y que sigan adoptando, con el fin de au- nar procedimientos y esfuerzos en una acción común.—La Comisión.»

En los mismos términos aparecen formuladas las conclusiones adoptadas por la Asamblea de Ayunta- mientos celebrada recientemente en Zaragoza, por los pueblos del distrito de Denia (Alicante) y otras de di- versas provincias que se han adherido á la protesta.

* * *

Por lo visto pretenden los Ayuntamientos, con la derogación de esa Real orden, recabar para sí una libertad en la fijación de las cargas municipales que no tiene el mismo Estado para las de la Nación, porque á ello se oponen la propia Constitución y las leyes que la complementan. Sin ese límite en el gravamen, ¿no sería hacer árbitros á los Ayuntamientos del patrimonio de los ciudadanos? ¿En qué precepto legal podría fundar su reclamación un propietario perseguido contra una cuota excesiva? En ninguno; todo quedaría á merced de la equidad, y ya sabemos cómo se interpretaría ésta por los organismos políticos administrativos encarga- dos de entender en esas reclamaciones.

De aquí á la confiscación no habría más que un paso, porque, después de todo, aquélla no tiene más fundamento que el de no reconocer el Poder público límite alguno en la carga que puede imponer.

* * *

Desechada, pues, por inconstitucional esa pretensión de los Ayuntamientos, vamos á examinar el otro senti-