El Progreso agrícola y pecuario (1913-10-15 00:00:00), página 4

asegurar que ella sea hecha conforme á la conveniencia general, pues siendo el soberano el pueblo mismo, la función administrativa que á todos interesa, habrá de ser siempre ejercida mediante disposiciones de carácter general, sin posibilidad alguna de privilegio.

3.* En consecuencia, los recursos naturales cuya utilización convenga á la colectividad, serán exclusivamente explotados por la entidad política más directamente interesada. Igualmente, los servicios públicos cuya importancia y magnitud impongan su monopolización, no serán nunca entregados á empresas privadas que pueden derivar de su ejercicio un poder suficiente para otorgar privilegios, perjudicando á la normal y justa distribución de la riqueza general.

4.* Nacido el hombre en la tierra, en la que ha de transcurrir toda su vida y en donde únicamente puede desarrollar su actividad, la constitución que rija el gobierno de sus organizaciones políticas, ha de ser adecuada á la geografía del país. La escasa densidad de la población española y su necesaria agrupación en las comarcas más habitables de su territorio, determinan condiciones diferentes para cada una de las regiones, en orden á sus necesidades colectivas. Esto impone á alguna de esas regiones la ineludible necesidad de dedicarse preferentemente á la industria agrícola, exigiendo consiguientemente, del Estado, como una necesidad general, la corrección de aquellas deficiencias naturales que impiden que el trabajo de la tierra sea ejercitado con buen éxito.

5.* La organización político-administrativa del Estado, dentro de esta concepción social de sus funciones, ha de ser ajustada á esta misión más amplia. La diversidad de condiciones naturales de cada región exige desde luego la organización de Estados regionales cuya función principal sea la ejecución de las obras públicas especialmente indicadas por las características geográficas del país. La delimitación de estas regiones se hará atendiendo principalmente á la uniformidad geográfica, comprendiendo en cada una la superficie continua cuyo sueño constituya un sistema geográfico uniforme dentro del territorio nacional.

6.* Una ley de relaciones entre los Estados regionales y entre ellos y el central, dispondrá que las obras públicas de interés nacional sean exclusivamente atribución del Estado nacional. En ella se regularán los casos en los que interesando únicamente á una región una obra pública situada total ó parcialmente en territorio de alguna otra, deba ser ejecutada por la administración regional que la acuerde; así como la manera de establecer los certificados para la ejecución y administración de las que interesen á dos ó más regiones y no sean ejecutadas por el Estado central.

7.* Los recursos económicos de donde se provea la hacienda de los Estados regionales, serán los que se deriven del incremento de riqueza creada por las obras públicas que constituyan su inmediata finalidad. Será preciso para evitar todo rozamiento entre la hacienda general y las locales y regionales, así como también una relación de innecesaria dependencia de éstas respecto á aquélla, la reforma total del sistema tributario, sobre nuevas bases según las cuales el rendimiento de los impuestos se obtenga únicamente de lo que constituya el capital de la persona social, por ser consecuencia inmediata de su acción política, económica y administrativa. La evaluación de la riqueza territorial por procedimientos uniformes en toda la Nación, permitirá fácilmente apreciar los incrementos de valor debidos á la acción social, que habrán de servir de base única impositiva para el establecimiento de los tributos.

8.* El comienzo de esta transformación podrá más fácilmente hacerse si se conceden á los municipios y á las administraciones regionales facultades suficientes para formar el catastro estimativo del valor de su territorio, sujetándose topográficamente al plan trazado para toda España por el Instituto Geográfico. Constituida de ese modo la hacienda regional, cada uno de estos Estados podrá libremente acordar las obras públicas necesarias á sus ciudadanos, ejecutándolas con medios propios y de acuerdo con sus necesidades, conocidas por ellos mismos completamente.

9.* A fin de preparar el advenimiento de ese nuevo régimen, será preciso disponer desde luego, mediante pequeñas modificaciones de la legalidad vigente, lo que á continuación se especifica:

a) En lo sucesivo no serán otorgadas á los particulares concesiones para la explotación de los recursos naturales ni de los servicios de carácter público, sin imponer la condición de la inmediata caducidad en cuanto las administraciones regionales ó el Estado central acordasen la ejecución de obras públicas para las que tales recursos naturales fueran necesarios.

b) Se hará una revisión escrupulosa de las concesiones á empresas privadas para explotar servicios públicos, para averiguar si fueron estrictamente cumplidas las leyes especiales por las que fueron otorgadas. Esa revisión determinará de un modo preciso el capital realmente invertido por tales empresas en el conjunto total de sus instalaciones y servicios, á fin de que el Poder público pueda juzgar si procede la rescisión por lesión ó la incautación del servicio mediante las indemnizaciones prescriptas en las leyes, pero con aplicación exclusiva al capital realmente invertido.

c) La unificación comercial de las empresas explotadoras de servicios públicos implicará la obligación al público una sustitución del cesionario, con