El Progreso agrícola y pecuario (1913-08-15 00:00:00), página 1

EL PROGRESO AGRICOLA Y PECUARIO

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CRONICA AGRICOLA

Cuestiones jurídico-agrarias.—Vías pecuarias: su deslinde y amojonamiento.—Montes públicos: su deslinde, informaciones posesorias, reivindicaciones.—Caminos rurales: quiénes y en qué proporción deben contribuir á las obras de reparación.

En el número 827 de esta Revista, contestando una consulta de nuestro suscriptor D. Francisco Luque, hemos tratado la cuestión de las reivindicaciones de terrenos pertenecientes á vías pecuarias, que era el punto concreto que se nos consultaba. Para completar el estudio de tan interesante materia vamos á decir ahora siquiera dos palabras sobre el deslinde y amojonamiento de dichas vías.

Como es sabido, estas operaciones corresponde hacerlas á la Asociación General de Ganaderos, y á propósito de ellas puede surgir y surge con frecuencia esta cuestión: Hecho el deslinde de una vía pecuaria, ¿puede procederse al amojonamiento de la misma, sin repetirlo, aunque haga mucho tiempo que se deslindó? Esto es lo que parece se viene haciendo en la práctica, que nos parece viciosa y absurda y aun perjudicial para los mismos intereses ganaderos que defiende la Asociación. Si las señales que se fijaron al hacer el deslinde se conservan intactas, lo cual es casi imposible cuando transcurre algún tiempo, entones, claro está, no puede haber el menor inconveniente en proceder á la colocación de los hitos ó mojones. Pero si esas señales han desaparecido ó existe la más lejana sospecha de haberse alterado, es, cuando menos, una medida de prudencia el practicar un nuevo deslinde, á fin de evitar lo que es sumamente fácil que suceda de imponer servidumbres á fincas realmente libres de ese gravamen, liberando en cambio á las que las deben soportar porque siempre la tuvieron; y vanilada la cuestión en un pleito, dada la escasez de datos exactos que existen relativos á la dirección de las vías y de las pocas cu- yos itinerarios se conservan por escrito, sólo dicen éstos los pueblos y los pagos por donde las servidumbres existían, mas no enumeran las fincas atravesadas por ellas, le tocaría perder á la Asociación probablemente, con toda seguridad se puede afirmar, pues aparte lo dicho, ya se sabe que es principio fundamental de nuestra legislación hipotecaria y civil, que la propiedad se presume libre de toda carga hasta que se demuestre lo contrario, demostración que se hace difícil por lo que antes decimos, y la más leve duda ó insuficiencia en la prueba inclinará á los Tribunales á favor del propietario y de la liberación de su finca respecto á esa carga.

* * *

Y ya que hablamos de deslindes y amojonamientos, vamos á tratar del de los montes públicos.

El estado verdaderamente deploable de nuestra propiedad rústica, especialmente respecto á la titulación, origina multitud de protestas por parte de los propietarios tan pronto se declara un monte en estado de deslinde, porque los ingenieros no dan valor más que á las informaciones posesorias que daten de más de treinta años, que es el tiempo señalado en el artículo 1.963 del Código civil para la prescripción de las acciones reales sobre bienes inmuebles y las escrituras públicas.

En esto los ingenieros no hacen más que cumplir aquellas disposiciones de carácter administrativo que están obligados á observar bajo su responsabilidad más estrecha. Si la medida es arbitraria, si desconoce ó atropella derechos civiles, cúpese de ello á la Administración que dicta tales disposiciones, y no á los meros ejecutores de ellas.

Para los efectos del deslinde, por lo que toca sólo á la fijación de los límites de un monte público, no son de estimar las reclamaciones de particulares que no estuviesen justificadas con los correspondientes títulos de propiedad, ó cuya justificación consistiese en informaciones posesorias que daten de menos de treinta años. Así se dispuso en la Real orden de 4 de Abril de 1883, reproducida y mandada observar por la de 14 de Enero de 1893, y últimamente por el Real decreto de 1.º de Febrero de 1901. ¿Que esto está en abierta contradicción con nuestra legislación civil? Evidente. Pero los ingenieros, como funcionarios administrativos, sólo les toca velar por las leyes de este carácter, y no por las civiles, que es función atribuida á los Tribunales ordinarios.

De modo que, conforme á las Reales órdenes y Real decreto citados, los dueños ó poseedores de terrenos enclavados ó confinantes con montes públicos no po-