El Progreso agrícola y pecuario (1912-06-22 00:00:00), página 3

Los Pósitos españoles.

Continuamos anotando las observaciones que nos sugiere la lectura de la Memoria que el Delegado Regio de Pósitos eleva al ministro de Fomento, tomando la en el punto mismo en que la dejamos al terminar nuestro artículo anterior.

Bajo el epígrafe «Gestiones y tendencias» nos habla el Delegado de que los recursos jurídicos contra la Delegación amiran de año en año, lo cual parecemos lógico, según avance la roturación del viejo campo de abandonos.

Vuelve á discutirse sobre el capital de los Pósitos, advirtiendo el conflicto de hecho y de derecho que surge de la indeterminación de capital real y capital ficticio en cada establecimiento, dando lugar á los abusos de cobro de indebidas retribuciones legales y añadiendo cuán vanas han sido algunas clasificaciones verificadas por minúsculos agentes ejecutivos.

Nos explica las dificultades que encierra la venta de bienes de los Pósitos, por la resistencia activa y pasiva de los pueblos para acudir á las subastas, bien aventados con la situación ilegal de las posesiones y disfrutes de todos los vecinos, y apiñados para impedir que un forastero se afiance entre ellos á poca costa, con subastas del fisco.

Así y todo, vendiéronse propiedades por valor de 248.067,03 pesetas.

Estudia después los obstáculos que la prestación halla en su camino recto y cómo el caciquismo y la usura se cruzan en el sendero de ella desnaturalizándola, y deduce de aquí la necesidad de que la Administración central intervenga hasta el primer trámite del crédito. Así disculpa su circular de 8 de Julio de 1910, según la cual, toda prestación de un pósito ha de estar antes autorizada por la Delegación Regia.

Con sinceridad hemos de decir que tal medida porta grandes errores; es una absoluta desautorización, no ya de la seriedad y justicia y hasta valor cívico si se quiere de los administradores de los Pósitos, que á veces ciertamente flaquean, sino que es la más rotunda declaración de la inutilidad de las secciones provinciales, y en verdad, si éstas no merecen fe al Delegado por ineptas ó dolosas, ni aun para tan menuda inspección, y de tal modo no fía en ellas que se echa encima un trabajo inverosímil, valía la pena de ahorrarnos los muchos miles de duros que nos cuestan. Como no se cree en ellas para esto, menos se creerá en ellas para cosas mayores; y con un buzón se las sustituye y el buzón es más barato.

Aparte de que tal revisión entorpecedora del crédito es ilógica por todos conceptos y enemiga de las más modernas doctrinas sobre la materia y hasta exculpadora de las responsabilidades subsidiarias de los administradores locales, que encuentran refrendado su acierto y, por ende, su buena fe en cuanto les acepten, y con tal aceptación queda demostrado aquello de que «procedieron con la diligencia de un buen padre de familia».

Y si agudizamos el argumento, y toda vez que quien concede el crédito son los empleados de la Delegación Regia, ellos serán los responsables subsidiarios; y al Delegado y á sus oficiales habría que pedir en buena lógica el pago de las insolencias de los prestatarios á quienes se prestó. ¡A tales enormidades jurídicas da lugar un error por el afán inmoderado de regular todo, intervenir en todo y no fiarse de nadie! La famosa suspicacia labriega ha quedado en mantillas.

Al final del alegato larguisimo con que disculpa esta medida, sienta las siguientes curiosas cifras: 2.053 Pósitos movilizaron más del 50 por 100 de su caudal; 280 el 25 por 100; 526 menos de dicha cantidad, y 669 tuvieron sus fondos muertos. La estadística es desconcertadora, aunque el Delegado crea que no; donde tanta hambre y sed hay de dinero, el que una sola peseta esté parada indica que los engranajes del organismo son defectuosos, que hay en él algo más poderoso que el ansia de numerario, pues arroja de sí á quienes lo necesitan. Quizás sea ello una condenación muda y elocuenteísima del exceso de centralismo.

Condena la Memoria el uso, y más aún el abuso de moratorias, que ciertamente son dañosas. Para lograr que no existan y que no sean necesarias, precisase la autorización legal que permita el préstamo hasta cinco ó diez años. Entonces el que diga que necesita moratoria al vencer el préstamo cuando al comenzar fijó un plazo corto, acusa ó torpeza ó mala fe, en tesis general.

Parécenos bien la modificación que han realizado, extendiendo los beneficios condonatorios de la ley de 1906 á los créditos subsidiarios que han nacido después de extinguirse el plazo de aplicación de dichos perdones. Es justo y se funda en una recta interpretación del derecho escrito.

La reintegración ejecutiva ocupa varias páginas de la Memoria, que describe las penalidades del agente en los pueblos, y de la Delegación con los agentes. Consigna estas cifras: Al comenzar el 1911, prestaban servicio en 1.515 Pósitos, 317 agentes; y durante dicho año se expedieron 157 credenciales para 610 establecimientos, extendiéndose además á otros 271 Pósitos la esfera de acción de los primeramente encargados de las primeras funciones. Por renuncia cesaron en su cometido 103 de los mismos, y 52 fueron destituidos ó separados por virtud de expediente, resultando de todo ello que al presente operan 319 agentes en 1.580 establecimientos diversos.

Por fin, y tras de otros asuntos sin importancia, llega la Memoria á lo que llama consideraciones finales.

En ellas quéjase la Delegación de que de hecho se hayan anulado las exenciones del timbre, que por derecho disfrutaban los Pósitos. Tras de conseguirlo anda alborotada la opinión campera, que en mitines y Prensa reclamó enérgicamente contra los abusos del poder público, así con los Pósitos como con los Sindicatos y Cajas rurales; y el senador Sr. Polo y Peyrolón