El Progreso agrícola y pecuario (1912-01-15 00:00:00), página 2

tado, es natural y lógico que las encuentren dignas de admiración y de elogio; pero debe tenerse presente que el dinero de todos no debe emplearse en el beneficio de unos cuantos, aun en el caso de que el Estado tuviera bien atendidos todos los servicios que indiscutiblemente le competen y aun cuando fuera dable aumentar los sacrificios tributarios que sobre el país pesan.

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Si se desea conseguir equidad, difícil de lograr, en el reparto ó adjudicación de esas subvenciones, lo más procedente sería que se concedieran á todos los agricultores; y muy preferible á darles algo, sería no pedirles lo que han de costarles, y siempre se economizaría lo que su recaudación y manejo cuesta al poder público.

Las concesiones del Estado, otorgadas casi siempre al favor y á la influencia, pagadas entre todos y atenuadas por las retribuciones del personal que en su concesión y ejecución interviene, sólo suelen servir en cuanto á los intereses generales se refiere, para hacer creer á muchos que se trata de reíndear la dura situación de nuestra agricultura.

No se explica bien que los agricultores se quejen fundadamente de los elevados tributos que pagan y que en su nombre se pida que de ellos salgan cantidades de importancia para beneficio de la agricultura.

Los mismos que creen beneficiosísima la intervención directa del Estado y sus gastos en favor de la agricultura, deben tener presente que ese no es el fin esencial del Estado, ó que al menos no lo aceptan todos como tal.

Los poderes públicos tienen deberes que cumplir con la agricultura y entre ellos el de no causarle perjuicios y el de no postergarla ante otras fuentes de riqueza, y es indudable que el cumplimiento del deber constituye una obligación, así como la prestación del favor, prescindiendo de su importancia y eficacia, es voluntaria.

Difícil es fijar la extensión que la acción del poder público debe tener; seguramente son muy diversas las opiniones existentes sobre tan importante asunto, pero todos necesariamente han de convenir en que debe desenvolverse con toda la diligencia y competencia posibles y de acuerdo siempre con lo que el bien común y el interés general demanden en cada caso.

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En vez de pedir al Estado el aumento de su intervención directa y la consignación de grandes cantidades en sus presupuestos de gastos, sobre cuya procedencia y eficacia acabamos de hablar, debe pedirse sencillamente que no ponga trabas al desenvolvimiento de la agricultura, que no siga esta postergada y sacada de sus cauces por la funesta política económica que viene rigiéndonos y que no continúe en el abandono que yace; y con ello la producción agrícola y la riqueza pública serían todo lo que pueden y deben ser en España y saldrían de la triste situación en que se hallan.

Difícil es, aun dentro de esas líneas generales, que venimos exponiendo—y que limitan la acción colectiva de los agricultores á pedir que cesen abandonos, postergaciones y perjuicios—la determinación de los puntos cardinales que deben constituir el programa de dicha acción.

Pero si se tiene presente la conveniencia de concretarse á lo más importante y más saliente, sin abarcar todo lo que dentro del criterio expuesto puede pedirse al poder público en favor de la agricultura, nos parece que no hay de originarse discrepancias sobre este asunto.

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Muchos, tal vez los que más conocen la situación de nuestros agricultores, vienen oponiéndose siempre al aumento de los tributos, y esta actitud cuya procedencia ha hecho patente la protesta unánime y extensa que el pasado año se produjo entre la clase agrícola, al aumentarse la contribución territorial, nos pareció siempre difícil de compaginar, como tenemos ya indicado, con las frecuentes campañas, recientemente muy intensas, en que se pide en nombre de la agricultura considerables aumentos de los gastos públicos.

Es sabido por todos, que la riqueza agrícola es la que nutre principalmente los presupuestos de ingresos del Estado, y esto es causa de que á los agricultores interese muy esencialmente cuanto á los gastos públicos se refiere (1).

Es natural que pidan su aumento cuantos en ello

(1) Si se examina nuestro presupuesto de gastos, fácilmente se ve que la deuda pública consume más de 400 millones de pesetas, y que entre la misma, las obligaciones generales del Estado, las cargas de justicia y las clases pasivas se consume cerca de la mitad de todo nuestro presupuesto de ingresos.

Por ser de importancia grande la notoria tendencia de aumento que en grande escala viene notándose en nuestros gastos públicos, vamos á indicar lo que han sido nuestros presupuestos y su liquidación en los dos últimos decenios.

Prescinde de los últimos guarismos en obsequio á la sencillez, resulta que los gastos del Estado fueron calculados por las Cortes en las siguientes cifras:

    Años
    Presup.
    Alcub
    Pesetas

    1890-91
    849.800.000
    1.008.300.000

    91-92
    844.200.000
    1.001.700.000

    93-95
    769.500.000
    1.048.100.000

    91-94
    756.300.000
    1.013.200.000

    94-95
    814.600.000
    986.600.000

    95-96
    844.200.000
    1.024.400.000

    96-97
    854.300.000
    1.062.400.000

    97-98
    948.300.000
    1.034.100.000

    (a) 98-99
    948.300.000
    1.041.700.000

    99-00
    970.100.000
    1.036.200.000

    1.132.500.000

(a) Y uno sólo se pone, los presupuestos anteriores, omitimos el del 3º semestre de 1899.