El Progreso agrícola y pecuario (1911-12-22 00:00:00), página 6

cialmente la falsa. He aquí, pues, el resultado final del régimen protector arancelario: el trabajo del labrador español es pagado siempre con moneda falsa.

Nuestra riqueza agrícola debe ser protegida en primer término.

No hemos de tratar aquí de la conveniencia nacional de que el trabajo agrícola que avalora el suelo de la patria fuese, antes que ningún otro, objeto de una protección oficial que resultaría tanto más eficaz en cuanto recayera en productos nacionales desde su primer origen. Consecuentes con la opinión ya deducida, ni insistiremos inútilmente en pedir mayor protección para nosotros, por cuanto reconocemos que dentro del procedimiento arancelario no puede ser á todos dispensada.

Una ley nacional con fuerza de obligar para los súbditos españoles no más, que en el interior del país y destinada á proteger á algunos de ellos con el dinero de los otros, necesariamente ha de ser un provecho de una minoría privilegiada y á expensas de la mayoría.

No queremos tampoco suscitar los problemas que entrañan el fomento de la riqueza nacional desde su primer origen. Limitémonos á indicar que el rigor de la protección arancelaria pesa más gravemente sobre la agricultura por no hallarse compensado por los efectos benéficos de la verdadera protección impulso- ra de la riqueza que, mediante la enseñanza, la policía rural, los transportes económicos, los riegos y el crédito rural, debiera otorgarse á la industria madre de todas y origen principal de los productos para la industria.

Deben concertarse tratados de comercio.

Mientras el Estado no se decida así á nacionalizar su política; mientras la opinión no cambie de cuadrante comprendiendo que el arancelario es el peor sistema protector y el más dañoso cuando se le emplea exclusivamente, y mientras las leyes actualmente en vigor no sean abrogadas, nos limitamos á pedir no más que un alivio á su injusto rigor, mediante la concertación de tratados de comercio por debajo de la segunda tarifa y, sobre todo, y principalmente, garantías de justicia en la práctica de las disposiciones oficiales.

Para esto último, es indispensable la derogación del Real decreto de 11 de Octubre de 1910 en cuanto sea necesario para otorgar plaza á los naturales representantes de la agricultura nacional en la Junta de Aranceles y Valoraciones.

La orientación democrática debe beneficiar á los más.

Por una extraña coincidencia, todas las disposiciones legales antes citadas llevan el refrendo de hombres que como liberales y demócratas llegaron al ejercicio del Poder. Liberal y demócrata se llama el actual Gobierno, y á fe que la liberalidad es necesaria en España, más que para la concesión de la gracia, para el ejercicio de la justicia. La orientación democrática ha de conocerse en los efectos de las leyes, beneficiosos á la mayoría de los súbditos que constituyen el demos. Por eso dijimos antes que en el momento actual en que ha de ser reformado el arancel de Aduanas, es más que nunca necesaria esta invocación á la justicia.

¿Quién sirve mejor á la Patria?

Permitid, excelentísimo señor, que os digamos que el favor otorgado á quien no ha servido, es merced y no premio; y nadie antes ni mejor sirve á la patria que el labrador que con su esfuerzo la sustenta. Gran delito—ha dicho Saavedra Fajardo—es granjear la gracia de los poderosos á costa de los pobres; y así—añadimos nosotros—dejar al arbitrio de ellos la medida de su provecho, vale tanto como entregarles indefenso el bien del pobre, pues siendo infinito en aquéllos el deseo de adquirir y limitada su capacidad de producción, tomarán del peculio de éstos la diferencia entre su aptitud y su codicia.

La constitución actual de la Junta de Aranceles, entrega indefensa á la agricultura en poder de quienes á costa de ella lo han adquirido ya en grado inmenso; y si, mediante la elevación artificial del precio de las manufacturas, se cohibe la producción de sustancias alimenticias, ¿cómo procurarán la general abundancia, necesaria para la prosperidad pública, quienes tienen sus logros en la carestía?

El momento oportuno.

La ocasión actual es propicia para un cambio de rumbo, pero la obligada constitución de la ponencia para proponer á la Junta el nuevo Arancel, no permite inducir mejora alguna. Por eso acudimos al jefe del Gobierno, y en mérito de lo expuesto nos permitimos suplicarle que ejerza á tiempo su intervención, según solicitamos en las conclusiones siguientes, que como expresión unánime del deseo de las Fº deraciones agrarias de Castilla la Nueva, de Aragón, de Cataluña y Baleares, de Andalucía, Extremadura y Canarias, de las provincias de Levante y de la Asociación de Ganaderos del Reino, la Unión Agraria Española somete por mi conducto á la consideración de V. E.

He aquí expresadas, ¡excelentísimo señor, las actuales aspiraciones de la agricultura española en materia de política arancelaria:

Los tratados de comercio, sin perjudicar á la industria, beneficiarán á la agricultura.

«Que sin perjuicio de la suficiente y razonable protección para la industria, agricultura y ganadería nacionales, se procure celebrar tratados de comercio para facilitar la exportación de productos especiales de nuestro país, cuya cosecha excede á nuestro consumo. Estos tratados habrán de ser negociados directamente por el Gobierno, con facultad para hacer reducciones por bajo de la segunda columna del Arancel, en aquellos artículos que no perjudiquen á productos similares nacionales, y serán sometidos después á la ratificación de las Cortes.