El Progreso agrícola y pecuario (1911-09-07 00:00:00), página 10

SECCIÓN DE CONSULTAS

D. José Rodríguez Sánchez, Perito agrícola, de Talavera de la Reina (Toledo), nos escribe:
«Vista la Real orden del ministerio de Fomento, fecha 4 de Abril de 1911, inserta en el periódico de referencia, número 731, correspondiente al 15 de Julio del año actual, por la que aparecen aclarados los derechos del personal agronómico, etc., según Real decreto de 4 de Diciembre de 1871, y teniendo entendido que sobre ella se han hecho algunas consultas por algunos Juzgados municipales, obteniendo contestación en contra de lo que por aquélla se dispone en su primera parte, en lo que se refiere á «Tasación de daños por intrusión de ganados en propiedades ajenas», estimándose por muchos informantes no ser potestativo del señor ministro de Fomento tal disposición, dicen:

«Sólo en el caso de existir facultativo en la localidad, hay que nombrarlo antes que á persona sin título; mas en caso contrario, no hay necesidad de recurrir á localidades donde los haya, bastando nombrar dos prácticos para la apreciación de daños y perjuicios, según se dispone en nuestra legislación».

Como algunas de las disposiciones de la Real orden antes citada (4 de Abril) necesitan ser aclaradas, ya que surgen dudas y sobre ellas se hacen preguntas, contestadas en contra, suplico me digan cuánto de derecho representa lo preceptuado, para, en caso de incumplimiento, poder recurrir en forma para castigo de toda infracción, seguro de que todo el personal agronómico quedará agradecido.

Igualmente se desea saber si se ha dictado una Real orden en la que, según me indican, se prohibe á los notarios autorizar ninguna escritura en que figuren fincas rústicas sin previa presentación de planos. En caso afirmativo, ¿con qué fecha ha sido? ¿En qué responsabilidad incurrirá un notario que infrinja lo dispuesto?

Contestación.

Era de esperar que la Real orden de 4 de Abril último había de producir verdadera extrañeza por su origen, y dar lugar á las dudas y conflictos á que se refiere la anterior consulta. Nuestra opinión sobre el particular la vamos á exponer con la sinceridad que nos caracteriza, desde el punto de vista que nos incumbe hacerlo, ó sea el jurídico.

Ante todo, hemos de llamar la atención sobre la procedencia de la Real orden en cuestión, pues quizás, al ver que en ella se habla de lo que ha de hacerse en juicio, haya quien, sin fijarse en más, dé por indudable que dicha soberana disposición proceda del ministerio de Gracia y Justicia, único á quien corresponde dictar las reglas á que han de acomodarse los Tribunales ordinarios. Pero no hay nada de eso; la Real orden de que se trata, y en la que se dan reglas á los jueces para la estimación y apreciación de la prueba, procede del ministerio de Fomento, que carece de competencia para legislar sobre procedimientos judiciales, testamentaria, deslinde, Registros de la propiedad y demás cuestiones de índole jurídica de que se habla en la citada disposición.

Sobre todo lo que en ella se ha previsto están las leyes de Enjuiciamiento civil y criminal; la primera de las cuales, refiriéndose al dictamen de peritos, dice en su art. 616 que, donde no los hubiese con título, podrá ser nombrada al efecto cualquiera persona entendida, ó práctica, aun cuando no tenga título alguno; mientras la ley de Enjuiciamiento criminal determina á su vez en el art. 457, que los peritos pueden ser ó no titulares, entendiéndose por no titulares, según el propio artículo, los que careciendo de título oficial tienen, sin embargo, conocimientos ó prácticas especiales en alguna ciencia ó arte, y añadiendo el art. 458 que el juez se valdrá de peritos titulares con preferencia á los que no tuvieren título; de donde se infiere que sólo podrá valerse de los no titulares cuando no hubiere lugar á esa preferencia por falta de peritos titulares.

El art. 342 de los Aranceles judiciales de 4 de Diciembre de 1883, admite también por su parte la intervención de los peritos de labranza y artesanos de todas clases en los deslinde, amojonamientos, reconocimientos, tasaciones y otras operaciones ó trabajos propios de sus profesiones y oficios, fijando sus derechos en el doble jornal de los de su clase, aunque su ocupación no consuma todas las horas hábiles del trabajo.

Conforme, pues, á las disposiciones citadas, claramente se ve que la dicha Real orden ha sido dictada con completa incompetencia, y así, claro está, los jueces y Tribunales harán caso omiso de la misma y seguirán ateniéndose á los preceptos de las leyes procesales civil y criminal y no hay recurso alguno que contra este proceder se pueda entablar con éxito.

La doctrina de dicha Real orden la aplaudimos, y ello creemos se debe llegar. Lo que censuramos es la forma en que se ha hecho, que, como se ve, tiene más de burla que de verdadero deseo de dar satisfacción á los derechos de la clase de Peritos agrícolas.

El Sr. Gasset pudo muy bien dirigirse al ministro de Gracia y Justicia en demanda de una reforma de las leyes procesales en ese sentido, y entonces la intervención de los peritos en los actos y operaciones que en la Real orden se mencionan hubiera sido eficaz y verdadera. Y puede aún, entretanto esa reforma no se lleva á cabo, dirigirse á dicho titular de Gracia y Justicia en demanda de una disposición más sencilla, consistente en que se observen con rigor los artículos citados de las leyes procesales, que se prevenga á los jueces contra las intrusiones que se cometan, acudiendo á los juicios personas prácticas cuando en la localidad existen peritos; porque realmente, basta con manifestar que no existen peritos titulares para aceptar la intervención de los que no lo son. Que el ministerio de Gracia y Justicia dé una disposición de carácter general, encomendando á los jueces la obligación en que están las partes que hayan de valerse de peritos de acreditar debidamente que no existen titulares en la localidad donde el juicio se celebra. Por aquí se debe empezar, y concluir por la reforma de las tan repetidas leyes procesales.

Cuanto al segundo extremo de la consulta, hemos de manifestar á nuestro estimado suscriptor que la exigencia del notario no es debida á Real orden alguna, sino al artículo 38 de la vigente ley sobre catastro parcelario de 23 de Marzo de 1906, según la cual, «á partir de la fecha en que comenzará á regir el avance catastral, ningún juez, Tribunal, oficina administrativa, notario ni registrador de la propiedad, admitirán reclamación al guna, ni otorgarán documento público, ni practicarán inscripciones ni asientos en los Registros de la propiedad que se refieran á inmuebles pertenecientes al solicitante sin que se acompañe al título de propiedad el plano correspondiente, si está formado el catastro, ó una hoja del Registro del catastro, debidamente autorizada en el período del avance». Por consiguiente, según la situación en que el catastro se encuentre en este pueblo, así se deberá acompañar el plano ó la hoja mencionados.

JOVELLANOS.

D. Anastasio Miguel, Villademiro (Burgos).

No se puede decir, tan rotundamente como usted hace la pregunta, cuál es la mejor incubadora. Existen infinitas marcas, y como es natural, los que á los estudios avícolas se dedican no pueden conocerlas todas; gracias que hayan visto funcionar una docena, y es lo suficiente para sus experimentos.

Creamos que unas son mejores que otras, no sólo por su construcción y presentación, sino también por su funcionamiento, que es lo principal; pero así y todo es imposible determinar cuál es la mejor.

De todos modos, tégase en cuenta que, una máquina buena en malas manos, es, respecto al resultado, la peor de las máquinas, y lo mejor es que el señor consultante se informe y hasta vea con sus propios ojos el resultado de las que le sea fácil observar.