El Progreso agrícola y pecuario (1911-03-22 00:00:00), página 8

infecciosas á 267.510 pesetas, según un notable trabajo que publica D. Pablio F. Coderque en el Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza y su provincia. Las bajas más importantes es que sufrirá la ganadería gallega ya las conocen los lectores de El PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, y creemos que han excedido de 500.000 pesetas, importando en algunos Ayuntamientos rurales tanto valor como el que satisface el término municipal por el concepto de consumos, impuesto odioso en el campo, que podría pagarse con satisfacción con tal de que los Municipios pusiesen los medios de evitar las referidas pérdidas al ganadero.

Así como existe una «Ley de plagas del campo» con la cual se combaten las enfermedades criptogámicas y parasitarias de los vegetales, facilitando el Estado personal y desinfectantes á expensas de un fondo provincial, seimpone la promulgación de una «Ley de epizootias ó de policía sanitaria», que en forma análoga disponga que el ganadero cuente con personal, desinfectantes y vacunas gratuitas y se le indemnicen además las reses que se imponga sacrificar ó las carnes, cueros y pieles que tenga que inutilizar como medida sanitaria.

Pero mientras no se apruebe la ansiada «Ley de policía sanitaria» que todos los Gobiernos ofrecen implantar á las Comisiones que les presentan proyectos, y que muy bien podría ahora haberse incluido en re las cuestiones que debería comprender el «Código rural» que se piensa redactar, es preciso buscar solución á esta dificultad con que se tropieza en algunas provincias para la denuncia de las enfermedades insecto-contagiosas, á fin de que el ganadero sea el primero que se interese en cumplir con el Reglamento de Policía sanitaria vigente.

Aun atendiendo á lo legislado actualmente, considero fácil conseguir que el ganadero no enga que satisfaga los derechos de visita sanitaria, sin que el veterinario deje de percibir el imparte de su trabajo.

El art. 6.º del Reglamento de Policía sanitaria de los animales domésticos, dispone:

«Tan pronto como el alcalde tenga conocimiento de la existencia de ganados atacados de enfermedad contagiosa, ordenará al veterinario municipal, si lo hubiera, y en caso contrario al del inmediato pueblo, y en su defecto al subdelegado de Veterinaria del partido, que gire la correspondiente visita de inspección. La mencionada orden deberá darla la autoridad municipal dentro de las veinticuatro horas siguientes á la denuncia, bajo la multa de 50 á 500 pesetas.»

La tarifa de derechos sanitarios á que se refiere el articulista, dice en el concepto 8.º:

«Inspección sanitaria municipal dentro de una localidad epidemizada:
- Por la inspección ordenada por autoridad competente en caso de epizootia, 40 pesetas.
Estos derechos los abonará el dueño del ganado atacado de la epizootia, ó el Ayuntamiento, si no cumplió las prescripciones sanitarias.»

En el caso denunciado, el subdelegado de Veterinaria de Benavente, en virtud de esta tarifa, reclama del ganadero el abono de 40 pesetas como derechos de la visita sanitaria.

- En virtud de lo dispuesto por el art. 95 de la Instrucción general de Sanidad que ordena que:
• En todo Municipio de más de 2.000 habitantes, habrá por lo menos un veterinario contratado por el Ayuntamiento á quien se encargará el reconocimiento de las carnes y animales destinados á la alimentación del vecindario y reconocimiento de los ganados importados y los informes y cuidados relativos á las epizootias.

Los Ayuntamientos de escaso vecindario se agruparán para sufragar este servicio, comunicando sus contratos para su aprobación al inspector provincial.»

Creemos queda demostrado que el Ayuntamiento en que ocurrieron los casos de viruela, no ha cumplido con las disposiciones sanitarias al no tener contratados los informes y cuidados relativos á las epizootias, y que á dicha entidad y no al ganadero corresponde abonar el importe de la visita practicada por el citado subdelegado, que al cumplir con su deber sirvió al Municipio, que de tener veterinario no habría necesitado molestar á dicho funcionario, y es justo que no sea el ganadero quien pague dicha falta.

Cumpliendo, pues, los Municipios con la obligación de tener los servicios de epizootias contratados con el veterinario municipal, funcionario que los ganaderos deben interesarse para que no falte en ningún Ayuntamiento ó en los casos de poco vecindario contratando con el más próximo, nunca deben tener que abonar los ganaderos derechos sanitarios por inspección en caso de epizootia, y cuando por no haberse contratado estos servicios, por no existir en los alrededores ningún veterinario, precisa la visita del subdelegado de veterinaria, el ganadero, caso de exigirsele algún emolumento, creamos que está en su derecho en oponerse á ello, debiendo ser abonadas las 40 pesetas de la tarifa, por el Municipio que reclamó el servicio, aunque parezca que la tarifa diga lo contrario, que está reñido con el sentido común.

Este es el criterio que en las provincias gallegas en que hemos prestado servicio se ha seguido, en bien de los intereses ganaderos, sin menoscabo de los de la clase veterinaria, y nos consta que desde la Dirección general de Agricultura se procura no sólo facilitar la inspección gratuita de las epizootias que diezmán los ganados, sino que se suministran las vacunas preventivas que permiten los recursos del presupuesto, cuando los Gobernadores civiles, asesorados por los inspectores de Higiene pecuaria, lo consideran de necesidad, amen de resolver estos funcionarios consultas, divulgar conocimientos mediante folletos, artículos, conferencias, visitas, etc., etc.

Existiendo un inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria en cada provincia, dispuesto á auxiliar al ganadero, á fin de evitar la propagación de enferme