El Progreso agrícola y pecuario (1911-02-07 00:00:00), página 9

SECCIÓN DE CONSULTAS

D. Arturo Soriano, de Orcajo (Zaragoza), nos hace la siguiente consulta:

1.ª Soy dueño de una finca de regadío de alguna extensión, situada entre los términos municipales de Orcajo y Daroca. Nadie me ha puesto jamás obstáculo para que mis ganados aprovechen las hierbas de la misma, ya que no necesito pisar finca ajena para su aprovechamiento; pero en la actualidad, el Ayuntamiento de Daroca, fundándose en que sin su permiso asalto con mis ganados el término de dicha ciudad, se ha permitido denunciármelo dentro de mis alfares y praderas en la parte correspondiente á dicho término y, como consecuencia, el señor Alcalde me ha impuesto una multa.

¿Tiene derecho ese Ayuntamiento á castigarme?

¿Fundado en qué?

2.ª El permiso verbal ó escrito que un propietario de una finca da á un ganadero para que introduzca sus ganados en ella, aunque esta finca esté en otro término, ¿tiene validez?

3.ª Las faltas de entrar un ganado en propiedad particular ajena sin permiso del amo siempre se han castigado por el juzgado municipal; pero el Ayuntamiento actual las castiga en providencia gubernativa sin que haya procedido la cesión de las hierbas de esa propiedad á ese Ayuntamiento por los dueños de las mismas. ¿Puede el Ayuntamiento castigar en tal caso?

Contestación.—Los Ayuntamientos están autorizados para incluir en sus Ordenanzas municipales y castigar gubernativamente todas aquellas faltas de policía rural que no están comprendidas en el libro III del Código penal, reservando las que en el mismo figuren á los Jueces municipales. Tal es, en síntesis, la doctrina sentada en multitud de disposiciones, pudiendo citar entre ellas las Reales órdenes de 28 de Febrero de 1897, 14 y 19 de Marzo de 1899 y Reales decretos resolutores de competencia de 23 de Febrero y 15 de Junio de 1898.

Así pues, cabe llevar á dichas Ordenanzas y en su defecto á los bandos de buen gobierno, como medida de policía rural, la prohibición de entrar y pastar en fincas enclavadas en el término sin permiso escrito de sus respectivos dueños; cabe establecer la obligación de que dichos permisos sean visados y sellados por la Alcaldía, para reconocerlos válidos, medida que si en ciertos casos puede estar justificada porque exista la sospecha de falsificaciones, en otros puede constituir una traba injusta y abusiva; cabe asimismo obligar á que los ganados lleven cencerros y así sucesivamente se puedan adoptar toda aquella clase de medidas puramente discrecionales para el buen régimen y gobierno de los campos, siempre que no sean contrarias á las leyes ni con ellas se perjudique el derecho de los particulares.

El conocimiento de esta categoría de faltas corresponde á los Alcaldes en juicio verbal administrativo, los cuales pueden aplicar como sanción la pecuniaria, no pudiendo exceder la multa que en tal concepto impongan del límite fijado en el art. 77 de la ley Municipal.

El propietario de una finca tiene el dominio absoluto de ella, y puede permitir á quienquiera el aprovechamiento de los productos de la misma, cualquiera que sea el término municipal en que esté enclavada. Este indiscutible derecho del propietario no se puede limitar en las Ordenanzas ni bandos de buen gobierno; cabe, si, como decimos, reglamentar la forma en que deban realizarse dichos aprovechamientos, y en tal virtud se puede castigar al que se encuentre con ganados dentro de una finca particular sin permiso escrito de su dueño y también á quien no lleve ese permiso refrendado en los términos que se haya establecido previamente.

Los Alcaldes, por consiguiente, sólo pueden castigar faltas de policía rural como son las enumeradas; desde el momento en que la entrada de ganado produce daño, por insignificante que sea, en la propiedad privada, exige la correspondiente indemnización, que sólo son competentes para declarar los Tribunales ordinarios, y esta es la razón en virtud de la cual las faltas comprendidas en el libro III del Código penal se reserva su conocimiento á los Juzgados municipales y si la denuncia se formula ante la Alcaldía, ésta debe inhibirse y pasar los antecedentes á aquél.

Tienen razón nuestro estimado consultante; hasta 1898 los Alcaldes podían conocer en juicio administrativo de algunas de las faltas comprendidas en dicho libro III del Código, como, por ejemplo, en todas aquellas en que el daño causado fuera inferior á 5 pesetas; pero los Reales decretos citados al principio, resolutores de competencias entre la autoridad judicial y la administrativa, precisamente por reclamar ambas el conocimiento de las mismas, decidieron el conflicto á favor de la primera, sentando la doctrina hoy vigente, que es la que dejamos expuesta.

Y vamos á otro extremo de la consulta.

No se puede castigar ningún delito ni falta que no se halle establecido con anterioridad á su perpetración ó comisión. Es decir, que para castigar gubernativamente el hecho de encontrar pastando en una finca con permiso escrito de su dueño, pero sin estar refrendado por la Alcaldía—que es lo que sin duda alguna ha debido ocurrir en el caso consultado—, es necesario que ese requisito expresamente se exija, y que su omisión esté previamente declarada como falta en las Ordenanzas municipales ó en los bandos de policía de buen gobierno que la sustituyen y complementan. En este caso se puede imponer multa, no al propietario que da el permiso, sino al que lo utiliza sin cumplir las prevenciones establecidas, y no por providencia administrativa sino en juicio verbal gubernativo, y contra la imposición de dicha multa se puede recurrir ante el Gobernador civil de la provincia, conforme al art. 187 de la ley Municipal.

Si el hecho que se castigue no está previamente declarado como falta, la multa es de todo punto improcedente á legal, y en tal supuesto el interesado deberá solicitar primero del mismo Alcalde que le sea condonada si no se ha satisfecho, ó que le sea devuelto su importe si se ha depositado, con la prevención de reclamar en la vía judicial; y al ser negativa la resolución que recaiga, cabe reclamar ante la Audiencia, que al declarar improcedente aquélla impondrá á la vez las costas y daños causados por su exacción al Alcalde, en consonancia á lo establecido en el artículo citado de la ley Municipal.

E. ESPINOSA.

PERSONAL AGRONÓMICO

Servicio Agronómico.—INGENIEROS.—Ascensos: En la Gaceta del día 28 aparecen los siguientes, que ya anticipamos en nuestro número del 15 del pasado, al publicar el escalafón provisional.

A Inspectores generales, Jefes de Administración de primera clase: D. Manuel García y García, D. Manuel Rodríguez Ayuso, D. Eduardo Carretero y D. José María Martí.

A Ingenieros Jefes, Jefes de Administración de segunda clase: D. Esteban Sala y Carrera, D. Gabriel José Germán y Esteban, D. Julio Otero y López Páez, don Enrique Martín Sánchez Bonisana, D. Federico González Sandoval, D. Manuel del Busto y de Jado-Cagigal, D. Juan Ramón y Vidal, D. León Laguna, D. Miguel Ortiz Cañavate y D. Lorenzo Romero Pérez.

A Ingenieros Jefes, Jefes de Administración de tercera clase: D. Aurelio López Vidaur, D. Dionisio Martín Ayuso, D. Federico Requejo y Avedillo, D. José Casco, D. José María Grande de Vargas, D. Manuel Grande de Vargas, D. Eduardo de la Sotilla, D. Francisco Alcaraz, D. Joaquín Espona, D. Adolfo Fernández, D. Vicente Alonso Martínez, D. Manuel Allende-Salazar y Muñoz de Salazar, D. Francisco Herrero y Muñoz, D. Eduardo Noriega y Abascal, D. Manuel Sáenz Temple, D. Francisco de Paula Curado y don Eduardo Travesedo.