El Progreso agrícola y pecuario (1911-01-31 00:00:00), página 11

SECCIÓN DE CONSULTAS

D. Salvador Ruiz, de San Roque (Cádiz), nos formula la siguiente:

Consulta.—Hace diez y siete años que llevo en arrendamiento un cortijo, y vengo pagando en concepto de renta 2.125 pesetas, más 250 pesetas por contribución como arrendatario o colono. Desde 1907, según nuevo contrato, la renta es de 2.750 pesetas y la contribución la misma suma indicada.

La condición 8.ª del contrato, dice como sigue: «Es obligación del arrendatario pagar las contribuciones que por todas las tierras de este arriendo puedan corresponderle como colono, ya sean ordinarias o extraordinarias; mas como ahora está englobada la contribución territorial con la de colono, éste se compromete y obliga a satisfacer al propietario la mitad de las contribuciones en que está gravada la finca en el amillaramiento, no pudiendo, por ningún concepto, pedir baja acerca de este extremo siendo de su cuenta pagar lo que por consumos le corresponda.»

Me he informado (y he aquí la consulta) que con arreglo a la ley (que desconozco) no me corresponde abonar nada en concepto de contribución como colono, toda vez que la renta es mucho mayor que el líquido imponible de la finca, y que por tanto, puedo hacer la reclamación de las cantidades que por contribución he venido abonando de los quince últimos años, pero que antes tengo que formular una denuncia á la Hacienda. Le ruego muy encarecidamente que se fije en palabra por palabra, en la condición que le copio del contrato de arrendamiento, pues en dicha condición encuentro mucha contradicción en sus partes.»

Contestación.—Sanciona nuestro Código civil en su art. 1.253 el principio de la libre contratación al decir que: «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios á las leyes, á la moral ni al orden público;» el 1.258 declara que «el contrato tiene fuerza de ley entre los contratantes, obligando desde su perfeccionamiento, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también á todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes á la buena fe, al uso y á la ley. Y por último, el mismo cuerpo legal al ocuparse de la interpretación de aquéllos, dice en su art. 1.281 que: «Si los términos de un contrato son tan claros y no dejan lugar á duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.»

Pudo, por consiguiente, consignarse la dicha cláusula 8.ª en el contrato de referencia, pues ella no es contraria á la moral, ni al orden público ni á las leyes; pues á lo que indudablemente quiere referirse nuestro estimado consultante en eso de que la renta que paga es mayor que el líquido imponible con que el mencionado cortijo figura en el amillaramiento es á la defraudación que de ahí resulta para la Hacienda, por la cual tiene responsabilidad el propietario, porque el líquido imponible que en aquel documento se consigna, no es más que la renta líquida también, que el propietario confiesa obtener de su inmueble; hay, por consiguiente, una ocultación de riqueza que cualquiera puede denunciar á la Hacienda. Por lo dems, resulta de la cláusula referida que el colono ó arrendatario se obliga expresamente á satisfacer la mitad de la contribución territorial de la finca, y debe cumplirse al tenor literal de la misma, no observando nosotros la menor contradicción en las palabras de la tan repetida cláusula; pero aun en el supuesto de que la hubiera, y que no pudiera cumplirse á su tenor literal, busquémos la segunda regla de interpretación que es la intención manifestada de los contratantes según el párrafo 2.º del mencionado art. 1.281, y llegamos al mismo resultado, es decir: «Que el arrendatario ó colono aceptó la obligación de pagar la mitad de la contribución territorial del cortijo, tomando como base para su cumplimiento lo que resultare del amillaramiento.»

Ahora bien: si el propietario ha cobrado cantidades de más de la fijada en el contrato cosa que podía comprobar el colono, por los recibos y amillaramiento entonces lo que procederá es que se entable la opportuna reclamación en juicio verbal, si su importe no excede de 500 pesetas; y en el de menos cuantía, hasta 3.000 pesetas, conforme al procedimiento determinado en la ley de Enjuiciamiento civil.

F. ESPINOSA.

PERSONAL AGRONÓMICO

Catastro.—Han sido nombrados Oficiales quintos, los Peritos agrícolas siguientes, que prestaban sus servicios como temporeros:
D. Francisco Gómez Aranda y Font, D. Pablo Montero y Plaza, D. Tomás Fernández López, D. Jesús Crespo Aparicio, D. Ricardo López Gómez, D. Manuel Calvin Redondo, D. Fernando Bravo Villasanta, D. Jacobo Collado Martínez, D. Manuel Pozo García, don Eduardo Román Arias, D. Angel Izardi Vascon, don Simón Bartolomé de Diego, D. Fermín Blanco Argudín, D. Avelino Alonso García, D. Antonio Manzano Robles, D. José Manuel Esquinas, D. Vicente Liartó Moscardó, D. Joaquín Bas Ferraté, D. Manuel Cascajosa Sánchez, D. Ismael Pérez Machado, D. Bibiano Luis Castañeda, D. Joaquín Pollato de los Ríos, D. Vicente Sastre Manso, D. Julio González Pumariega, D. Venceslao Sánchez Jiménez, D. Mamerto Francisco Crespo, don Antonio Novoa Fernández, D. Salvador Silvestre Molina, D. Antonio Pino Ballesteros y D. Miguel Sánchez García.

No se han nombrado aún los nuevos temporeros, pero es de creer que lo sean pronto.

LIBROS RECIBIDOS

La Revista Vitivinícola y de Agricultura de Zaragoza, ha publicado un bonito ALMANAQUE DEL AGRICULTOR para obsequiar á sus suscriptores con motivo de la entrada de año.

Es un volumen en 8.º español de 66 páginas. Precio: una peseta.

** Apuntes para el estudio del proyecto de ley de Crédito agrario, presentado á las Cortes por el ministro de Fomento D. Fermín Calbetón.

Es un trabajo muy completo, en el que se resumen las contestaciones dadas por corporaciones, revistas y particulares, al cuestionario que sobre Crédito agrícola hizo circular recientemente el exministro de Fomento Sr. Calbetón, rogando á todos, en nombre del patriotismo, que aportaran á la obra sus opiniones y conocimientos.

Por cierto que en la transcripción y comentario de tales respuestas, se han debido padecer lamentables errores—de otro modo no nos atrevemos á calificar lo sucedido,—ya que en El Correo Español ha publicado el ilustre propagandista de las Casas rurales, Sr. Chaves Arias, un comunicado del que transcribimos los siguientes párrafos, para que tan estimada personalidad quede en el lugar que le corresponde:

«Sr. Director de El Correo Español.
Mi distinguido y estimado amigo: En un libro publicado por el ministerio de Fomento con el título de Apuntes para el estudio del proyecto de ley de Crédito agrario presentado á las Cortes por el Excelentísimo señor ministro de Fomento D. Fermín Calbetón, se incluye un informe, en el cual, faltando á la verdad, se me ofende insidiosamente.

Tan pronto como de ello tuve noticia, escribí al señor ministro de Fomento rogándole que desautorizara dicho informe, cuya falsedad podía probarle, y expresán-