El Progreso agrícola y pecuario (1910-09-15 00:00:00), página 11

SECCIÓN DE CONSULTAS

Don Antonio García, de Benavides de Orbigo (León).
¿Cómo se deben interpretar la Real orden de 1.º de Febrero de 1878, y las de 28 de Septiembre de 1871 y 8 de Septiembre de 1878?

Se da el caso que el jefe de una estación cobra almacenes por un vagón de abonos que llegó con dos días de anticipación al plazo reglamentario para el plazo de transporte y entrega al consignatario.

Los talones de ferrocarriles, en su extracto de condiciones, dicen los días que debe tardar en llegar una mercancía con arreglo á los kilómetros que hay, plazo para las estaciones de empalme, idem para la expedición después de facturada y lo mismo para entrega al consignatario.

Es natural que con arreglo á estos datos no deba presentarse el consignatario á recoger la mercancía hasta transcurridos los plazos indicados, y con frecuencia no suele ver la mercancía á tiempo.

Pero se ha dado el caso que por dos veces ha venido el vagón antes de tiempo, y lo mismo el factor que el jefe dicen debe pagar almacenaje, y lo han cobrado.

CONTESTACIÓN.—Son, por desgracia, muy frecuentes la clase de abusos á que se refiere la anterior consulta; así es que no queremos dejar pasar la ocasión que nos proporciona el contestarla, para llamar la atención de nuestros lectores acerca de las disposiciones vigentes en la materia.

Desde luego, el cobro por derechos de almacenes en el caso presente es á todas luces un cobro indebido, á cuya devolución tendría, sin duda alguna, derecho nuestro consultante, de haber consignado la oportuna protesta al realizar su pago.

Y no necesitaremos ciertamente de grandes esfuerzos para demostrarlo: los preceptos legales son tan terminantes y claros, que no dejan lugar á duda alguna respecto al asunto.

Según tiene declarado en repetidas jurisprudencias el Tribunal Supremo, y entre ellas en la sentencia de 2 de Abril de 1892 (Gaceta 17), los derechos y obligaciones que nacen del contrato de transporte por ferrocarriles, deben regirse en primer término por el Código de Comercio, después por los preceptos contenidos en la ley de Policía de aquellos de 25 de Noviembre de 1877, su Reglamento de 8 de Septiembre de 1878 y demás disposiciones posteriores.

El art. 153 del mencionado Reglamento para la ejecución de la ley de Policía de ferrocarriles, dice textualmente en sus párrafos 2.º y 3.º: «La Empresa dará aviso de la llegada de los trenes al consignatario en el término que señala el art. 125 (dos horas después de la llegada de los trenes de gran velocidad y veinticuatro en los de pequeña), para que pueda recoger los efectos de su pertenencia. Transcurridas las cuarenta y ocho horas que se conceden al efecto, si no acudiese á sacar de la estación las mercancías, empezarán desde entonces á devengar derechos de almacenes».

Si alguien tuviera alguna duda respecto á la forma en que las Compañías deben cumplir cuanto en ese artículo se les ordena, véase á continuación lo que dice la Real orden aclaratoria de dicho Reglamento de 1.º de Febrero de 1867:

Regla decima.—Los avisos al consignatario de que trata el párrafo 3.º del art. 153 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, se darán en la forma siguiente:
1.º Los Jefes de estación formarán una relación diaria de las mercancías llegadas, con los detalles de cada remesa y los nombres de remitentes y consignatarios.
2.º Esta relación se fijará en los despachos centrales ó Agencias que tengan las Compañías en las poblaciones principales.
3.º En las poblaciones donde no existan estas Agencias, se remitirá la relación diaria á la Secretaría del Ayuntamiento que dé nombre á la estación.
4.º Estas relaciones se conservarán á disposición del público durante un mes. Los derechos de almacenaje se cobrarán á las cuarenta y ocho horas, contadas desde la recepción debidamente acreditada del aviso de llegada, comunicada al consignatario por la Compañía ó desde la expiración del plazo reglamentario concedido para el transporte y entrega al destinatario. Con este objeto, se estampará en cada talón el día en que reglamentariamente debe llegar la mercancía á su destino.»

¿Puede darse una mayor claridad? Evidentemente que no. Téngalas pues, en cuenta á nuestro estimado consultante, para el caso en que trate la Compañía de referencia de exigirle los derechos de almacenaje por tercera, y del mismo modo todos aquellos suscriptores de EL PROGRESO AGRÍCOLA para lo sucesivo, cuidando de consignar en el libro de reclamaciones la oportuna protesta al realizar un pago que, como el presente, es manifestamente indebido; á fin de poder ejercitar después la correspondiente acción ante los Tribunales ordinarios, pues el pago hecho sin protesta implica su conformidad, y, por consiguiente, la renuncia de toda acción para reclamar.

F. ESPINOSA.

D. Juan López Dóriga —Sevilla
Consulta.—A, está en posesión de la tierra X, por ser arrendatario de la misma aún no hace un año.
Poco antes de tomar A dicha tierra en arrendamiento, un tercero, B, constituyó, por pura capricho, una servidumbre sobre ella, y como tal gravamen perjudica al arrendatario A, pretende éste librarse de él, litigando contra B. Mas como hace un año y días que B impuso la servidumbre, no puede el tenedor ó arrendatario A valerse de los interdictos, y desea saber: 1.º, si podrá, como tenedor y poseedor de la tierra X, que es, entablar juicio de mayor cuantía contra B para librarse del gravamen impuesto por éste; 2.º, qué acción real le compete para ello, y 3.º, en qué preceptos legales ha de apoyar sus derechos.

Contestación.—No puede, á nuestro entender, el arrendatario ejercitar esa acción que se propone, en juicio declarativo, pues la única acción directa que tiene contra el tercero, perturbador, es por las perturbaciones de mero hecho que éste cause: en el uso de la finca arrendada, según el art. 1.560 del Código civil.
Una perturbación que comenzó antes de entrar en el arrendamiento de la finca el expresado arrendatario, y que hace más de un año que viene realizándose, no pudiendo ser atacada por el remedio de los interdictos, no puede aceptarse que merezca el carácter de las de mero hecho á que hace relación el citado artículo.

No sería lógico ni legal determinar y reputar de esa manera semejante despojo, realizado en gran parte á la vista y con conocimiento del arrendatario, ni consistente la ley que el arrendatario entre á discutir judicialmente con toda amplitud cuestiones de derecho que afectan á la propiedad de la finca arrendada, y que pueda, sin intervención del dueño, combatir servidumbres sobre aquélla, haciendo correr al inmueble el riesgo de que, por su impericia ó omisiones, se admita en definitiva en la sentencia la existencia del derecho real con merma del valor de aquél.

Tal procedimiento sería totalmente nulo, por la falta de derecho y acción en el arrendatario para proparsese en ese sentido.

Cuanto puede y debe hacer ese arrendatario con relación á esa perturbación, se lo ordena el art. 1.559, apartado primero y tercero del Código civil.

F. ESPINOSA.

PERSONAL AGRONÓMICO
Montes.—Ha sido nombrado director de la Escuela especial de Ingenieros de Montes, D. César Guillerna y de las Heras.
Han permitido los Ayudantes D. Miguel Mínguez Delgado y D. Juan J. Barbado, pasando el primero á Salamanca y el segundo á Ciudad Real.