El Progreso agrícola y pecuario (1910-08-15 00:00:00), página 3

sus facultades administrativas y locales, que supone el derecho, radicante en el Instituto, de destruir y responder á las Juntas administradoras; el procedimiento ejecutivo con un 15 ó 20 por 100 de derechos para agente y los abusos á que es propicia esta función; la imposición de multas de 10 á 1.000 pesetas que puede decretar el organismo oficial; la supeditación de la entidad y de sus miembros á los distintos expedientes administrativos que podrán incoar contra ellos, terminándoles con la suspensión ó la disolución de la entidad; y, por último, todas las tropelías que pueden encontrar como cauce anchurioso la organización oficial del Instituto, para descender torrencialmente desde las alturas del caciquismo anegando los intereses de la asociación inscrita.

Ventajas: Abrir cuentas corrientes de crédito con los organismos afectos al Instituto y obtener préstamos del mismo, siempre que éste estime suficiente la garantía que se le ofrezca.

Esta es la única ventaja aparente; analicemos su consistencia. Si han de obtener préstamos han de llevar suficiente garantía; ¿pero es que llevando suficiente garantía no encontrarán dinero en todas partes, sin necesidad de acudir al Instituto que las fiscaliza y veja? Porque el crédito es moneda que se cotiza en el mercado de la prestación por el valor real del mismo, no por el marchamo oficial, y así, el que tiene crédito tiene algo pignorable que le descuentan en cualquier establecimiento que á tales operaciones se dedique. En todo caso, eso que aparece como ventaja para las entidades agrícolas, solamente lo sería para el Instituto, pues el cliente responsable no recibe, sino que presta favor al Banco á quien acude.

En suma, toda clase de yugos, peligros y molestias á cambio de una ilusoria y falsa concesión.

Copiemos las últimas palabras del párrafo posterior del art. 22. "El Instituto podrá formar expediente y proponer al Ministro la suspensión ó disolución de las Sociedades inscritas en su Registro cuando hubiere motivos para ello". No queremos encarecer la importancia de esta ordenación abusiva. El inspector oficial encuentra siempre, cuando se lo propone, causas reales ó imaginarias que encabezan un expediente. Ahora bien; una entidad á la que se disuelve, un Sindicato que se extingue, es una personalidad jurídica que puede tener, que tendrá constantemente, derechos pendientes que ejercitar y deberes pendientes que cumplir; ¿cómo solucionará entonces y una vez disuelta sus compromisos activos y pasivos? Calculemos este caso: Una caja rural inscrita en el Instituto ha tomado, de uno ó varios particulares, un préstamo de 5.000 duros, y tiene créditos á su favor contra distintos sujetos por valor de 5.000 pesetas. Porque entiende el Instituto que merece grande castigo, ó porque el caciquismo político se ingiere, apoyándose en su influjo soberano, llega el momento en que disuelven dicha entidad; si ya no existe, ¿cómo podrán cobrarla sus acreedores los 5.000 duros? Si no tiene realidad jurídica, ¿cómo podrá cobrar ella á sus deudores las 5.000 pesetas? ¡Es una arma preciosa para que reverdeciendo nuestra famosísima historia de agios, secular en los campos, logren los deudores de las cajas que tengan bastante influencia, evitar o dificultar sus pagos, ó se consiga por el político poderoso debilitar al enemigo acreedor de una caja, entorpeciendo ó impidiendo que realice sus cobros! ¡No habrá diputados, no habrá senadores que se atrevan á votar una disposición que pone en manos sospechosas horeca tan infame!

En el art. 23 se desenvuelve todo el odioso procedimiento largo y poco justiciero del expediente y el balduque, que comienza en la oficina regional y acaba en el Contencioso-administrativo, á donde no puede acudir el pobre labriego, recargando con gastos unos trámites que han de enmarañar con idas y venidas los inspectores administrativos de la Sección.

El reglamento provisional de esta ley lo redactará el Ministro de Fomento; el definitivo, que ha de hacer el Instituto, lo aprobará el Ministro de Fomento. ¿Se quiere prueba más clara del estatismo que informa este proyecto y del ambiente conexiónado con la política y con la Administración pública, que ha de integrar el reglamento interpretador de esta ley?

Y vamos á lo substancioso, á lo dulce para todo el que proyecta: "El Ministerio de Fomento incluirá en el presupuesto de su Departamento la suma de 175.000 pesetas anuales para atender á los gastos de personal y administración del Instituto Nacional de Crédito agrícola". La Delegación Regia de Pósitos costaba al Estado 50.000 pesetas, y á pesar de hallarse en un período que exigía extraordinario movimiento y, por ende, numeroso personal, devolvió el último año 1.094 pesetas al Estado. Siendo Delegado Regio el Sr. Zorita pidió á las Cortes un aumento de 25.000 pesetas, y su petición fué denegada por los legisladores. Ahora se les piden 175.000 pesetas.

Es de advertir que para los gastos de administración recaudan de los Pósitos el 1 por 100 del contingente, que suman hoy sobre un capital de 92 millones de pesetas 920.000 pesetas, y no debe olvidarse que por este proyecto se suprimen las Secciones provinciales, haciendo notable economía en personal, material y rentas de casas. Y no debe aducirse que siendo solamente nominales y fantásticos más de 60 millones de que componen la cifra de capital antes consignado, no podrán cobrarse los contingentes sobre este caudal, ya que es muy cierto que los pueblos que tienen un capital ficticio en su Pósito, con unas listas de deudores incobrables, amedrentados por el empleado público que se dispone á comenzar los procedimientos ejecutivos contra los deudores de aquellas listas, ó sus herederos, pagan de cualquier manera el contingente mejor que los