El Progreso agrícola y pecuario (1910-08-07 00:00:00), página 3

betón no se detiene hasta conceder lo siguiente: "Los documentos redactados por sus Juntas administradoras tendrán el carácter de escritura pública, siendo inscribibles en el Registro de la propiedad." El señor Calbetón no ha parado mientes en estos renglones. ¿No calcula el desbarajuste á que expone el recinto sagrado de un Registro de la propiedad, concediendo que causen estado en el mismo las escrituras hechas por personas tan legas en asuntos jurídicos como las que integrarán las Juntas administradoras locales? ¿Por qué se exige á los Notarios una carrera larga y difícil? ¿Por qué se prueba su suficiencia en unas oposiciones? Es mucho afán este de llevar la perturbación á los centros más sólidos y equilibrados que poseemos, con una ligereza que no está á la altura de la gravísima medida que legisla.

En el art. 10 levantaba el señor Ministro un cadáver; en el art. 14 levanta otro. Porque las Juntas administrativas locales que establece han sido uno de los fracasos de la Delegación regia, que en diferentes ocasiones, después de desmunicipalizar un Pósito, tuvo que pasar por el dolor de volver al Ayuntamiento la administración que le arrebataba. Las Juntas, los vecinos que las componen, sienten verdadero pánico ante las responsabilidades subsidiarias; y bien hallados con su particular manera de vivir, huyen de enredar sus pequeños patrimonios en las mallas de una penalidad discernida, decretada y llevada á cabo por empleados de la Administración pública; todo á cuenta de servicios prestados á bienes comunales que no les interesan. Y cuando no obra sobre su decisión este miedo, opera el que les produce tener que enfrentarse con sus parientes ó conciencios, con el deudo del cacique, con el amigo, del Alcalde, con el patrocinado del poderoso... ¡Lo que es á veces peor, con el que nada tiene y nada expone, arrancándoles en venganza las cepas de su viña, destrozándoles el olivar, ó prendiendo fuego á sus pajares. ¿No bastan como ejemplo las fracasadas Juntas administrativas de los Pósitos? Pues ahí están las Juntas locales para la extinción de la langosta, para la ejecución de la ley de plagas, totalmente, absolutamente desprestigiadas.

El secretario de la Junta lo será el maestro de escuela, según dispone el art. 15. Y entonces, ¿cuándo atenderá á su escuela ó cuándo atenderá al Pósito? Porque ya sabemos que el secretario lo es todo en las Juntas, y mucho más aquí que se le concede un curiosísimo veto de suspensión de acuerdos, invisténdole así de más facultades aún que á toda la Junta congregada.

No podía faltar y no falta en este proyecto la cláusula que autorizara al Poder central á desstituir y reponer los miembros que forman la Junta administradora. Es la vieja maña del caciquismo, es la tradición burocrática, es la gran defensa de la aborreción centralizadora. Cuando una Junta no convenga se las deshace; cuando sea menester que cambie el rumbo de una entidad, se nombra Junta nueva. Nada de autonomía para nombrar su propia dirección local y conservarla, aunque ello sea profundamente antidemocrático.

¿Hace falta algún detalle más del aborrecido estatismo, de la tiranía que palpita en el seno de este proyecto? Pues á suministrárnosle viene el art. 19 estableciendo la continuación del procedimiento ejecutivo empleado por la Hacienda pública, como utilizable para el cobro de las deudas á los Pósitos. Este procedimiento cuesta al labriego deudor el 15 por 100 de derechos para el agente y más de otro 4 por 100 por expediente y testigo; y facilita una suma de atropellos que á veces han alcanzado de sí á los dundores al Pósito, abonando primas del 40 y el 50 por 100 para contentar al agente. Aún están calientes las quejas, á veces tumultuosas, de los pueblos contra los desmanes de la extinguida Agencia general ejecutiva. Debiera haberse pensado en otro procedimiento más suave, menos abusivo. Se comprende en la Hacienda pública por su particular contextura; en establecimientos credituales, casi caritativos, no se concibe esta usura por reflexión. En todo caso bastaría considerar que se dan atribuciones de Juez á los ejecutores; y á tal oficio ya sabemos que no se dedican los que ostentan condiciones de magistrado.

Inventa el art. 18 una singular forma de depósitos bancarios. El Pósito, al que le sobre dinero, remitirá al Banco regional este remanente de sus cajas. El Banco lo utilizará en sus operaciones. Nosotros preguntamos: ¿Si lo que sobró en la siembra, por ejemplo, á un Pósito, lo necesita en la escarda ó recolección, cuando el Banco regional lo haya desparramado, cómo podrá recoger los caudales que depositó? ¿Es que á él, en una cuenta corriente de crédito con interés, se le va á abonar el 2 ½ por 100 de su activo, como se dispone, y se le va á cargar el 3 ó el 3 ½ por 100 por su pasivo? El negocio sería precioso para el Banco y ruinoso para la agricultura.

El segundo párrafo del citado artículo es el portillo franco abierto á la osadía bien intencionada ó á las ambiciones de un gobernante que haciendo presión sobre el Instituto hechura suya, quisiera matar rápidamente ó lentamente nuestros Pósitos nacionales. "El Instituto podrá declarar extinguidos los Pósitos por su mala administración. Su caudal ingresará en el Banco regional." ¿Quién se ha atrevido hasta aquí á sentar tal principio? Le es muy fácil á la Administración pública hallar malas administraciones cuando así conviene á sus fines. La ley de 1906, en sus artículos 8.º y 9.º pone toda clase de obstáculos á la extinción de los Pósitos, y cuando se ve necesariamente impulsada á decretarla, ordena que el capital sirva para fundar otro Pósito en el mismo pueblo, ó en último caso en pueblos comarcanos; pero nunca les arrebata su caudal. ¿Qué finalidad concebirán los pueblos á esta ordenación? ¿Qué pensarán de ella los que se quejaban de que el contingente provincial recaudado en un Pósito se utilizara en pueblos diferentes?