El Progreso agrícola y pecuario (1909-12-22 00:00:00), página 2

En el regadío es necesario tener en cuenta: 1.º, el aumento de producción que el riego puede originar en una finca con relación al capital que para transformarla de regadío en secano se ha empleado, y 2.º, si podrá sostenerse la competencia con los países que tienen con la lluvia el agua necesaria para el cultivo á que el regadío va á dedicarse. Y estudiados ambos factores resultará, que muchas veces el regadío será antieconómico.

¿Podrá, por ejemplo, el cultivo del trigo de regadío calculándosele además de los gastos del cultivo, el interés que representa el importe de la parte correspondiente (empresas, canales, acequias, explanación y demás obras necesarias para instalar el riego), competir con el obtenido en secano en un clima adecuado y en el que sin ninguna de esas obras pueda cultivarse en grandes parcelas y con las ventajas que proporciona la maquinaria agrícola moderna, que no puede emplearse en los pequeños tableros del regadío?

Lo expuesto se limita á las obras de riego hechas por particulares.

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En cuanto á las obras de riego hechas ó subvencionadas por el Estado, sólo hemos de decir que los particulares á quienes se les proporcione el agua ó que en concepto de expropiaciones ó dietas cobren cantidades de importancia, pueden encontrarlas admirables; pero en nuestra opinión el dinero de todos no debe emplearse en el beneficio de unos cuantos, aun en el caso de que el Estado tuviera bien atendidos todos los servicios que indiscutiblemente le competen.

Quejarse de los elevados tributos que el agricultor paga, y pedir que de estos tributos salgan cantidades de importancia para beneficio de la agricultura, sólo se explica en aquellos que hablan de favorecer al agricultor sin conocer prácticamente la agricultura, ó en los que buscan un beneficio personalísimo.

En opinión nuestra, la intervención de los Poderes públicos en el remedio de la grave crisis que atraviesa nuestra agricultura, no puede ser de eficacia grande en cuanto se refiere á la prestación de servicios y consignaciones en los presupuestos de gastos.

Aun cuando se prescinda de lo muy discutible que es la procedencia de dicha intervención, es indudable que ha de limitarse al empleo de cantidades siempre pequeñas; y que si pueden satisfacer al interés personalísimo que frecuentemente la solicita, han de ser, en general, de pequeña importancia para el fin que suele justificar su empleo.

Conviene tener muy presente que esas cantidades, cuya inversión se pide en beneficio de la agricultura, han tenido que ser obtenidas por el Estado de gravámenes que sobre la misma agricultura pesan, que es la fuente de riqueza que más contribuye al sostenimiento de las cargas públicas. Y si se desea equidad, difícil de conseguir en el reparto ó adjudicación de esas subvenciones, lo más procedente sería que se concediera á todos los agricultores, y para ello es muy preferible á darles algo no pedirles lo que eso ha de costarles, y siempre se economizaría lo que la recaudación y manejo cuesta al Poder público.

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Por la tendencia general en España á acudir á los Poderes públicos, por la aspiración natural de los que forman ó desean formar los organismos que sirven al Estado, en aumentar los servicios de éste, por el deseo de muchos de demostrar interés por la agricultura, sin conocer sus necesidades y sin estudiarlas con el detenimiento necesario y por la conveniencia en no pocos de desviar la atención pública de las soluciones que más convendrían á la agricultura, pero que serían causa de la cesación de privilegios que á varios favorecen, no es extraño que no se ahonde en el estudio del problema agrícola y que en general sólo se pidan al Estado concesiones y mercedes, que si pueden favorecer á alguno y alucinar á la opinión que suele dejarse impresionar por lo pomposo del título de los proyectos, no resuelven ni pueden resolver el problema agrícola nacional.

Las concesiones del Estado, otorgadas casi siempre al favor y á la influencia, pagadas entre todos y atenuadas por las retribuciones del personal que en su concesión y ejecución interviene, sólo sirven, en cuanto á los intereses generales se refiere, para hacer creer á muchos que se trata de remediar la dura situación de nuestra agricultura.

Y si es muy discutible la procedencia de la intervención del Estado, y si la eficacia de esta intervención suele ser muy escasa, es en cambio indudable, y no cabe sobre ello diversidad de opiniones, que debe procurarse que desaparezcan los obstáculos que dentro de nuestras leyes han impedido el desarrollo de nuestra producción agrícola. Antes de pedir favores y mercedes, debe trabajarse porque cese el abandono y terminen las postergaciones.

DE PÓSITOS

III

Dejamos expresada en los artículos anteriores nuestra opinión de que la ley de 23 de Enero de 1906, pésimamente concebida, nada había ganado con la aplicación desacertada que hasta aquí ha tenido. Creemos haberlo dejado demostrado sin que para ello hayamos tenido necesidad de extremar razonamientos, pues, muy al contrario, con remover el fondo del tintero engarzaría la pluma algunas consideraciones más en que apoyar nuestra opinión. Pero con las muestras basta á nuestro propósito, que no es el de ensañarnos con una obra en que difícilmente se libraría de conservar otra cosa que las intenciones. Además, que el hacer una crítica sistemática, completa y detallada, lo reservaremos en todo caso para cuando, terminado el régimen de Delegación Regia, podamos hacerla sin el riesgo de aparecer ligeros ó parciales.

Tratamos con nuestro trabajo de señalar errores de orientación para que, abandonada la hasta aquí seguida,