El Progreso agrícola y pecuario (1909-12-15 00:00:00), página 10

dando á los referidos Institutos. Pero en 1836 volvió á sus viejos hábitos de exacción y recogió de arcas y paneras 6 millones de reales, obligándose á devolverlos con interés. Esta deuda no se ha condonado y hoy alcanza la cuantía de 14,250,000 pesetas. Por ello, aunque prescindamos de que la obligación del Estado es coadyuvar al mantenimiento de este organismo de crédito con medios económicos como lo efectúa con el Instituto Nacional de Previsión y otros, tenemos derecho á que, á lo menos, pague lo que debe al crédito rural y señale una subvención de un millón de pesetas anuales como mínimo hasta la extinción de su deuda.

El Banco de España es otra entidad conque contamos para la constitución del capital del Instituto que se estudia. Tiene el Banco de España la obligación constitucional de acudir en socorro de tales menesteres, pues en el artículo 16 de sus Estatutos de 1900 se obliga á efectuar operaciones de descuento de letras y pagarés aceptados ó endosados por entidades agrícolas, y en el artículo 21 promete operaciones con el aval de firmas ó responsabilidad solidaria. En el artículo 106 del Reglamento de 5 de Enero de 1901 se consigna el abono de comisión á las entidades agrícolas que garanticen la realización de los efectos que presenten á descuento, como asimismo que podrá abrirse crédito con garantía personal ó con obligación solidaria de dos ó más personas.

El artículo 6º de la ley de 13 de Mayo de 1902 determina que el Gobierno concertará con el Banco los medios más eficaces y prácticos para auxiliar á la agricultura y difundir el crédito agrícola, obteniendo del Banco que descuente efectos de asociaciones sindicales, agrícolas y Cajas rurales de reconocida solvencia. La base 3.a del Convenio de 17 de Julio de 1902, dice que el Banco protegerá con especial interés el crédito agrícola, incluyendo en sus listas de crédito á los Sindicatos agrícolas y Cajas rurales. Sin embargo, en la Memoria de 1908 sólo figuran 16 Sindicatos inscritos en las listas de crédito en aquel año, y según la Memoria de 1909 se inscriben 29 Sindicatos más en este último período. Es decir, que el Banco de España tiene la obligación y el deseo de cooperar á instituir el crédito agrícola, pero la particular manera de su organización le impide realizarlo directamente. Su deber y su anhelo se cumplirán sin obstáculo ni peligro aportando un capital vigilado por él en el Instituto Nacional del Crédito Agrícola. ¿A cuánto puede ascender esta prestación? El Banco de España tiene una circulación fiduciaria de unos 1,500 millones de pesetas; los créditos que tiene concedidos al comercio, industria y crédito predial, llegan á 640 millones de pesetas; por tanto, no sería mucho pedir 50 millones de pesetas para el fin que estudiamos. Garantía de ellos el caudal del Instituto con el aval del Estado.

Asignábamos al Banco Hipotecario otra suma para engrosamiento del caudal que recontamos. Más particulares somos de anular y extinguir un Banco inútil para sus fines fundacionales que está usufructuando indebidamente uno de los más substanciosos monopolios que han podido implantarse en el mundo. De ello se ha ocupado ya esta Revista y media España; pero como con tan poderoso señor no hay medio de empeñar duelo á muerte, aprovechémonos y hágasele ver que es hora ya de cumplir en parte la única razón de su nacimiento, ayudando á la agricultura en bastante menos de lo que es su obligación. Y cómo el 80 por 100 quizás de su capital se alimenta de emisiones consentidas que aporte 25 millones de pesetas con el interés y garantía que fijábamos para el Banco de España.

Son tan complejas estas cuestiones que venimos tratando, tan amplias, tan ligadas con problemas vastos é intrincados, que necesitarían para su completo estudio muchísimo más desarrollo que el que consiente una revista. Hagamos, pues, punto por hoy, ya que ni aun en forma sucinta pueden tratarse los extremos de la base que comentamos sin dar al artículo una extensión fatigosa.

AGRO.

Contra la ley de Azúcares.

Conferencia de D. Anteeto Llorente.

En el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, y ante numerosa y distinguida concurrencia, ha dado días pasados el Diputado republicano por Vitoria, una importante conferencia, tratando de la «Vigente ley de azúcares y su trascendencia en todos los órdenes de la vida nacional».

Con palabra fácil y elocuente, refirió la historia de la famosa ley, sus precedentes y la oposición de que fue objeto en el Parlamento.

Analizó su estructura y orientación, calificándola de inmoral porque no ha resuelto la crisis de la Sociedad general Azucarera, perjudicando extraordinariamente los intereses de la producción nacional, y causando gravísimos perjuicios á la agricultura española.

Hizo constar que todos cuantos profetizaron el fracaso de la ley de azúcares han acertado, incluso en la amenaza que supone para las industrias derivadas el propósito de la Sociedad Azucarera de enjablar, en circunstancias de excepcional favor, una competencia ruinosa para estos industriales, dando la voz de alarma y recomandando á los interesados que trabajen en evitación de mayores y más irremediables perjuicios.

Hasta tal punto—dijo el Sr. Llorente—ha querido aprovechar en su beneficio la Sociedad Azucarera las disposiciones de la ley, que resulta falseada en la reducción del cultivo de la remolacha en muchas regiones españolas, por sostener artificiosamente, con grave perjuicio de los intereses agrícolas, fábricas que no tienen razón de ser, dada la irrisoria producción que les asigna, y que imposibilita la creación de fábricas libres.

Además demostró que la obligación de mantener un precio regulador, cosa exigida por la ley, ha quedado