El Progreso agrícola y pecuario (1909-05-15 00:00:00), página 3

Gómez, que en él figuraban como testigos, sólo sé que son empleados de la Secretaría particular del referido funcionario. Al contratista D. Manuel Ortiz no le conocen; de él sólo no ignoro lo que no ignora nadie, la garantía que se indicaba en el comienzo, en el preámbulo del contrato, que era abogado, vecino de Toledo, ex empleado de la Delegación regia, habitante en el número 26, piso segundo, de la calle del Mesón de Paredes, y poseedor de una cédula de 11.ª clase.

La primera anomalía, la primera observación que yo quiero presentar á vuestra consideración y á vuestro examen, es que este contrato no podía realizarse, es que el Delegado regio no se hallaba por la ley autorizado para semejante contratación.

El demostrarlo es bien sencillo. ¿Qué causa, qué origen, qué móvil pudo influir en el ánimo del Delegado regio para arrendar el servicio de Pósitos? Indudablemente no puede suponerse sino una causa: las grandes dificultades, que debían ser inmensas y amplísimas, por que la Delegación atraviesa para cobrar en lo sucesivo estas reintegraciones de Pósitos. Claro es que sin dificultades grandísimas la Delegación hubiera efectuado la cobranza por sí misma, sin necesidad de delegar en nadie, sin necesidad de auxiliarse, sin precisión de proporcionar pingües ganancias, que, al fin y al cabo, del bolsillo del labrador salen y al bolsillo del labrador no han de volver.

Pues bien, cuando estas dificultades se presentan, la ley de 23 de Enero de 1906, la última, la que se halla en completa vigencia, dice textualmente:

«Art. 6.º, párrafo 3.º Cuando la investigación, liquidación y realización de créditos u otros hábitos ó derechos antiguos, dificultan extraordinariamente la misión de la Delegación regia, podrá ésta separar dichas funciones encaminándolas á una Comisión libremente elegida para completar dichos trabajos.»

Podía, pues, el Delegado regio auxiliarse de una Comisión. ¿Es auxiliarse de una Comisión nombrar un agente ejecutivo? ¿Puede ser Ortiz esa Comisión? Pues mientras no se demuestre lo contrario, tengo que creer y tendremos que creer todos que ese contrato no podía realizarse y que el modo de resolver las dificultades, clara y netamente en la ley se determinan.

La simple inspección de este contrato basta para convencerse del inexplicable apasionamiento con que hubo de ser redactado. Todas las cláusulas que le constituyen, todas, desde la primera hasta la última, significan preferencia, favor, garantía para el agente contratante; á todo se obliga el Delegado regio á nada el afortunado concesionario. Yo deseo que en el Diario de las Sesiones se publique íntegro el documento que motiva mis lamentaciones para que puedan juzgar los Sres. Diputados. Es de aquellos documentos que pueden publicarse con la coletilla de sin comentarios.

El Sr. Conde de Retamoso, Comisario regio, delegó en don Gregorio Manuel Ortiz todas aquellas facultades ejecutivas que la ley de 23 de Enero de 1906 le confería, y las delegó con su ejecución estricta á la Instrucción de apremios de 26 de Abril de 1900. (Cláusula 1.ª) Podía dicho señor libremente nombrar, para auxiliarse en el cumplimiento de su misión, cuantos agentes considerase necesarios, y podía nombrarlos por sí y ante sí, y sin ningún género de intervención, sin ningún género de fiscalizaciones, por parte de la Delegación regia. (Cláusulas 2.ª y 14.) En cambio, el Delegado regio, con objeto de favorecer estas gestiones, podía nombrar Subdelegados, pero estos Subdelegados no pueden ejercer jamás su función sin contar con el visto bueno, con el beneplácito, con el consentimiento que ponga á los acuerdos del Sr. Conde de Retamoso el agente contratador. Desigualdad bien notoria y bien indudable, y es curiosa y es rarísima, con la rareza inexplicable que se observa en muchas de las cláusulas de este contrato, esta facultad que el documento confiere al agente ejecutivo de poder instituir libremente otros agentes; porque es bien claro, señor Ministro de Fomento, que tampoco esta facultad podía conferirse.

D. Gregorio María Ortiz se hallaba, por la cláusula 1.ª de este documento, con arreglo á la Instrucción de apremios de 26 de Abril de 1900, nombrado, y esta Instrucción no autoriza á los recaudadores para nombrar otros agentes ejecutivos. Dice esa Instrucción en su art. 18:

«Para llevar á efecto el servicio recaudatorio los recaudadores, arrendatarios y agentes ejecutivos nombrarán bajo su exclusiva responsabilidad los auxiliares que estimen convenientes. Estos auxiliares no tendrán personalidad alguna y sus actos se entenderán como realizados por el recaudador agente ó arrendatario de que dependan.»

Pues bien, en este contrato, no sólo se autoriza á los agentes ejecutivos para nombrar á otros agentes ejecutivos, sino que se estipula que este agente ejecutivo tendrá todas las facultades que tenga el contratista, todas las facultades que tenga el Delegado regio, pero que de sus actos, de sus faltas, de sus omisiones, fuere de la índole que fueren, el agente contratador no responde.

Son muy extrañas todas estas preferencias, todas estas garantías que aparecen en tan peregrino contrato que, á mi juicio, no debió formularse, por el revestido de las más extraordinarias facultades, amparado con toda clase de garantías, sin ningún género de fianza y sin que le alcance ninguna clase de responsabilidades, un agente ejecutivo libremente hace y deshace, recauda los caudales de los Pósitos impulsado por las exigencias del negocio, acometido espolonado por el deseo de lograr una legítima ganancia, é impulsado de tales deseos, con todo género de preferencias y de garantías, lleva á cabo su misión, y con recargos, con apremios, cobra cantidades á los labradores españoles; y el labrador español, ese que constantemente tenéis en los labios, ese que constituye siempre el lugar preferente, el puesto de honor en todas las banderas y en todos los programas de todos los partidos políticos, ese á quien se ofrece constantemente amparo y protección, tiene que llorar una vez más la falta de protección y el desamparo, más triste en este caso por tratarse precisamente de una institución toda consuelo, toda caridad cristiana, de una institución santa, consoladora y fecunda.

Las ganancias de la Agencia ejecutiva.

«Cláusula octava. La Delegación regia sólo concede al contratista de la Agencia ejecutiva de los Pósitos, Sr. Ortiz, los recargos de apremio en que incurren los prestatarios y responsables morosos y las dietas y remuneraciones á que se refiere el art. 5.º de la Instrucción de apremios de 26 de Abril de 1900, aplicable al cobro de los caudales de los Pósitos procedentes de deudas ó responsabilidades, por la ley de 11 de Junio de 1877, Reglamento para su ejecución de 26 de Junio de 1878, Instrucción de 20 de Mayo de 1880 y ley de 23 de Enero de 1906, sin que en ningún caso proceda reclamar más emolumentos ni retribución.»

«Cláusula novena. Si ordenase la Delegación regia, en atención á las facultades que le confiere la predicha ley de 23 de Enero de 1906, la suspensión de los procedimientos que contra cualquier deudor ó responsable se siguiera, ó condonare cantidad alguna dentro del período de ejecución, se entenderá sin perjuicio de que el agente perciba los recargos de apremio, las dietas ó remuneraciones devengadas.»

Es decir, traducido al lenguaje vulgar: supongamos un pueblo cualquiera, X, de una determinada provincia, y de este modo generalizó los muchos casos que en la práctica pudieran presentarse, y supongamos que este pueblo tuviera una deuda con el Pósito de 25.000 pesetas desde el año 1874, caso que se ha presentado muchas veces; el Ayuntamiento tendría que pagar al Pósito del pueblo, acogiéndose al beneficio de la ley de 23 de Enero, 25.000 pesetas, más cinco anualidades, supongamos 30.000 pesetas en total. Veamos ahora lo que tendría que pagar al agente ejecutivo: el agente ejecutivo, suponiendo que el pueblo se encontraría en el segundo grado de apremio, caso de los más frecuentes, tendrá derecho á percibir el 15 por 100, pero no el 15 por 100 del capital más cinco anualidades sino el 15 por 100 del capital con todos los intereses devengados á interés compuesto durante treinta y tantos años. Haced el cálculo, Sres. Diputados, y veréis que mientras el Ayuntamien-