El Progreso agrícola y pecuario (1907-12-07 00:00:00), página 2

sino que reclama como medida de justicia una expropiación forzosa en todos los de utilidad pública, que el Estado no puede realizar desgraciadamente por falta de recursos.

Abusos se cometen en los montes por no emplear el Estado medios bastante eficaces para impedirlos; pero ¿por qué no los impiden los pueblos sus dueños, ante cuyos ojos se realiza el abuso y el daño?

Por mandato de la ley, están obligados los pueblos dueños de montes á incluir en sus presupuestos una cantidad para guardería. Los guardias municipales, si existen, en todo se ocuparán menos en guardar los predios forestales; si alguien lo niega, que nos diga cuántas son las denuncias que, presentadas por ellos, transmitan los Distritos forestales, abarrotados de denuncias de la Guardia civil y de los subregidores del Estado. Si una vez descubre algún abuso esta guardería municipal, puede tenerse la seguridad de que se trata de venganzas y rancias caciquiles; no realiza el servicio para cumplir un deber, sino para reventar á un contrario.

Esto lo sabe todo el que ha vivido en los pueblos, y no lo ignoran—aunque lo aparenten—los señores de la Asamblea, que piden, haciéndose de nuevas, que se faculte á los pueblos dueños de montes declarados de utilidad pública para custodiarlos. ¡Si no sólo están ya facultados, sino obligados! Lo que hay es que mal-dito el caso que hacen de la obligación. No enten-demos lo que piden sobre el particular. ¿Es qué quieren impedir que vigile sus montes la guardería del Estado y la Guardia civil? ¿Les estorba? ¿Es esto? Pues digan-lo claro.

***

Muchos más datos podríamos dar de ese interés directo que la Asamblea supone en los Ayuntamientos propietarios de montes. Citaríamos algunos que á espaldas de los Distritos forestales permiten el aprove-chamiento de los pastos de sus tallares, aunque des-aparezca todo el repoblado. Y ahora mismo estamos viendo que á pesar de las facultades que los Ayunta-mientos tienen en la formación de los registros fiscales, se inscriben como propietarios de enclavados en los montes, cuantos roturadores arbitrarios tienen en ello interés, sin que el Ayuntamiento representante del pueblo propietario, haga nada para impedirlo, á pesar de poder hacerlo á tan poca costa.

Y no digamos nada de la administración de los Ayun-tamientos en la época en que la desamortización les consintió la enajenación de sus bienes. ¡Cuánto lamentan hoy muchos pueblos aquella libertad que las leyes desamortizadoras conocieron en materia de propios, y que sirvieron en tantos casos para que lo que era del procomún haya pasado á manos de particulares, sin beneficio alguno para el pueblo!

Donde antes pastaba gratuitamente la yunta del pe-guajero y se proveían de leña los hogares de los po-bres, ora hoy conejos y perdices cualquier ricacho para recreo de su escopeta. Lo que fué el ingreso más saneado de las arcas municipales, es baldón de un pue-blo empobrecido por haber vendido sus montes.

Por eso nos parece escasa toda protesta contra esa facultad de disponer (en la que desde luego va incluida la de enajenar) de sus montes, que recaba la Asamblea, de los Poderes públicos.

La autorización de la Diputación provincial, que se pone de pantalla, nada significa para nosotros. ¡Buenas están las Diputaciones!

Del único asunto agro-pecuario que se ocupan en todo el año es de organizar una corrida de toros.

**

La Asamblea de Ayuntamientos, al pedir para éstos facultades que pugnan con el común sentir de las gentes, se ha salido de su papel.

Según nuestras noticias, la idea generadora de esta reunión era oponerse á las ordenaciones que realizan los particulares en los montes de propios, al amparo de las disposiciones vigentes—reconociendo con nosotros que el interés particular en nada favorece la con servación de los montes—y pedir que estas ordena-ciones sólo pueda hacerlas el Estado ó los pueblos poseedores de los montes.

Habiéndose limitado á esto la Asamblea, era un triunfo; echándose á volar por los espacios interplane-tarios, será un fracaso.

Y nada decimos de la razón que alega para pedir un cambio de administración: el escaso rendimiento actual de los montes.

Decir en seco que los montes públicos producen 1,50 pesetas por hectárea y año, y que podrían llegar á pro-ducir 20 pesetas, es inducir á error al que lo escucha.

Con los líquidos imponibles que los registros fiscas-les asignan á los terrenos montuosos de particulares, puede demostrarse que su producción no pasa de la de los montes de carácter público.

Téngase además en cuenta que grandísima parte de éstos están desarbolados, y por su mismo carácter de utilidad pública en zonas de elevada altitud y abrupto y pobrísimo suelo.

A pesar de eso, su producción media pasa de 2 pese-tas por hectárea. Y cuando estos montes tienen arbo-lado y se someten al régimen de las ordenaciones, pro-ducen 11,46 pesetas por hectárea como término medio en los montes de los pueblos, y pasan de 20 pesetas en muchos casos.

Este es el tipo de comparación que debía haber to-mado la Asamblea, porque de eriazos y peñascales no creemos que el Estado, los Ayuntamientos ni nadie saque 20 pesetas por hectárea.

**

Créanos la Asamblea de Ayuntamientos: la conser-vación de la riqueza forestal es, en países mucho más civilizados y más liberales que el nuestro, misión inali-eable del Estado, que no puede confiarla al interés pri-vado, que, desde que el mundo es mundo sólo ha procurado detentarla y destruirla.