El Progreso agrícola y pecuario (1907-07-15 00:00:00), página 2

Hasta el año 1892 en España no se había producido más azúcar que el de caña en la estrecha zona en que este cultivo puede tener efecto. El azúcar que aquí se consumía procedía de nuestras colonias. En este año estimó el Poder público que convenía proteger la fabricación del azúcar de remolacha en España. Pagaron desde entonces los 100 kilogramos de azúcar colonial al entrar en nuestro país 33,50 pesetas de derechos de Aduana; se dispuso que el azúcar producido en España no se gravara más que con un impuesto de 20 pesetas por cada 100 kilogramos; es decir, se estableció un margen diferencial de 13,50 pesetas á favor del azúcar español, margen que mediante ciertas habilidades se elevó hasta cerca de 30 pesetas; el azúcar español no pagaba en realidad más de 5 pesetas los 100 kilogramos.

Con este margen de menos de 30 pesetas los 100 kilogramos se montaron hasta el año 1898 diez y siete fábricas que producían ya una buena cantidad de azúcar. Pero en este año se pierden las colonias; el azúcar colonial se convierte ipso facto en extranjero, y para entrar en España tiene que pagar una cantidad brutal, más de 100 pesetas los 100 kilogramos.

Las 30 pesetas de margen protector-se convirtieron en 95 ó 100. El beneficio era tentador; los capitales afluyeron, se desbordaron, se alzaron fábricas por doquier, se repartían dividendos del 60 por 100, las acciones se cotizaban á 400 por 100.

En 1899 se quiso poner coto á este desbordamiento, reduciendo el margen protector; se estableció un derecho arancelario de 85 pesetas sobre el azúcar y un derecho interior de 25; el margen protector fué desde entonces de 60 pesetas los 100 kilogramos. Á pesar de ello continuó la creación de nuevas fábricas, ¿y cómo no? Si con un margen protector de 30 pesetas se había iniciado felizmente la industria, ¿no podría crecer desahogadamente con uno de 60 pesetas? Las diez y siete fábricas del año 1898 se han convertido en cincuenta y cinco.

Como consecuencia ha nacido la competencia interior, la lucha de fábrica á fábrica, el desastre que para muchos supone el volver á equilibrarse la producción y el consumo; de las cincuenta y cinco fábricas existentes no han trabajado en la última campaña más que treinta y dos, veintitrés han tenido que cerrarse. De este modo ha cesado la sobreproducción, ha acabado la crisis y la competencia.

Las fábricas abiertas, las que han resistido en la lucha—que son por ley de selección las más fuertes,—han vuelto á repartir dividendos; la Azucarera del Jálón, de Epila, ha tenido un beneficio de 930.000 pesetas; la Purísima Concepción, de Granada, ha dado un dividendo nada menos que de un 23 por 100 á sus accionistas; la de San Isidro, de Granada, el 19 por 100.

No hay duda que la crisis, que fué violenta, indudablemente ha desaparecido, por el procedimiento que la naturaleza emplea para resolver toda competencia: por selección, vence el fuerte y deja el sitio el débil.

La cosa se había resuelto ni más ni menos que se resuelve nuestra crisis vitícola, y que se resuelven todas las crisis.

Pero he aquí que en este país, cuna de los arbitristas, no faltó quien engendrara un proyecto colossal para impedir que la selección se cumpliera, para hacer posible que el venerable mammoth volviera á nuestra época y disputara la posesión del mundo al útil caballo ó al paciente buey, que por ser útiles y por adaptarse al medio perduran.

Esta es la obra que se propusieron los gestores de la Sociedad General Azucarera. Quisieron formar un trust—en el mal sentido de la palabra,—una unión que diera fuerza á los caducos y les permitiera—reuniéndose en apretado haz todas las fábricas—imponerse á todo el mundo, pagar la remolacha al precio que les viniera en gana y vender el azúcar á como tuvieran por conveniente.

Las fábricas vigorosas, bien montadas, se negaron—como era natural—á entrar en semejante liga, que no podía beneficiar más que á los vencidos en la competencia.

El trust no se detuvo por eso; en su deseo de acaparar fábricas, pagó por ellas lo que no valían, montó sus oficinas casi con la pompa que las del Banco de España, creyendo deslumbrar con las apariencias, y se lanzó á destruir las que quedaron fuera del trust. ¿Cómo cree el lector? ¿Reduciendo los precios del azúcar? Nada de eso: elevándolos...

Y... claro es: en cuanto elevó los precios, en vez de arruinar á las fábricas libres, lo que logró es estimular el apetito de nuevos capitales, que vieron la posibilidad de volver á los buenos tiempos del negocio azucarero si aquellos precios se mantenían; se abrieron nuevas fábricas.

¿Qué hacer entonces? ¿Solicitar del Gobierno que se aumentara el margen protector, subiendo los derechos arancelarios ó bajando el impuesto de fabricación? Esto era despertar nuevas iniciativas; aumentaría seguramente el número de fábricas.

Entonces surgió sin duda la idea salvadora: aumentar el impuesto—con lo que se halaga á cualquier Ministro de Hacienda—y en cambio obtener del Estado la garantía de que no se creen nuevas fábricas; el impuesto lo pagarían los labradores y los consumidores, el temor á la competencia de las fábricas nuevas desaparecía, las fábricas viejas andarían de nuevo con muletas y todo, y nadie turbaría el trust en la cómoda ruma de saneados dividendos.

¿No es verdad que la idea es colosal? Pero ¿quién ponía el cascabel al gato? Porque el Estado español no ha sido nunca intervencionista, nuestras leyes, nuestra constitución política no lo son; el Estado español hasta el día ha entendido que no debía proteger á las industrias más que con el Arancel; había dejado y seguía dejando á los viticultores sin apoyo en el interior. ¿Cómo hacerle intervenir á favor de los azucareros?

No había más que un medio. que el Sr. Burell hizo público el otro día en el Congreso: repartir 2.500.000 pesetas en acciones liberadas entre personajes influyen-