El Progreso agrícola y pecuario (1906-06-15 00:00:00), página 2

tres y marítimos, aquellos plazos son tan excesivos, que darían margen seguramente á multitud de falsedades, amaños y prevaricaciones, que bien pronto inundarían los mercados nacionales de trigos y harinas extranjeros, y además de la defraudación que podría originar tal desconcierto que, dicho sea con el respeto debido, no podría prohibir en el grado necesario la más extremada diligencia y buen deseo de la Administración, tendría tiempo sobrado el concesionario y los que adquirieran igual derecho, que probablemente serán todos los traficantes é industriales de las costas españolas, para procurar y utilizar el alza del precio de los cereales, cuando encontrasen ventaja aun pagando los tributos arancelarios, en cuyo caso surgiría del mismo modo una competencia, que amenazaría el precio remunerador de los productos españoles.

Es innegable que la ley de 14 de Abril de 1888 está inspirada en un principio altamente progresivo, pues tiende á impulsar el fomento de la industria nacional, concediendo franquicias para importar primeras materias que no se produzcan en nuestra Península, ú otras que para transformarse puedan crear industrias nuevas ó perfeccionar las existentes, hasta el punto de poder exportar con beneficio los productos elaborados á los mercados extranjeros.

No se ocultó al legislador, sin embargo, la trascendencia de la medida, ni los peligros de la defraudación, ni la necesidad de prevenir los perjuicios que ella pudiera irrogar á las industrias creadas, puesto que en todo su articulado palpita un suspicaz recelo, la más cauta prudencia, y parece como que quiere referirse exclusivamente á la importación de materias exóticas ó que no estorben el desenvolvimiento de la producción nacional en cualquiera de sus aspectos, y tales son las precauciones que toma, tantas las facilidades que concede para las impugnaciones y tantas las facultades que reserva al Gobierno, que sólo hace posible el otorgamiento del beneficio cuando sea tan evidente su conciencia para el país que no exista peligro de protesta de ningún industrial, comerciante ó productor.

Sólo así puede explicarse que, teniendo el Ministro de Hacienda tan grande autoridad y competencia para resolver toda clase de reclamaciones administrativas, se exija en este caso concreto el concurso sucesivo de la Junta de Aranceles y Valoraciones, de la Junta Agronómica, del Consejo Superior de Agricultura, hoy Instituto de Agricultura, Industria y Comercio, y del Consejo de Estado en pleno, reservando por último la ley en su art. 10 el derecho de recurrir los perjudicados por la vía contenciosa contra las resoluciones del Gobierno.

Existen varios precedentes que permiten afirmar que el criterio constante de la Administración ha sido denegar esta clase de concesiones. En efecto, desde que se promulgó la ley de adisiones temporales, se han presentado numerosas solicitudes en demanda de tal franquicia para la importación de trigo, y sin duda han sido todas desestimadas por cuanto nadie ha gozado hasta ahora de dicho privilegio.

Examinadas cuidadosamente las colecciones legislativas y consultados los antecedentes de tan interesante asunto, se encuentra la Real orden de 14 de Abril de 1896, que desestimó igual pretensión de varios industriales catalanes, cuya resolución afectó á análogas reclamaciones anteriores que estaban en tramitación, observándose por cierto la singularísima circunstancia de que en 2 de Junio de 1889 la importante Sociedad El Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona se opuso energíicamente á la concesión solicitada por el industrial de Cádiz don Juan Blanca Ruiz.

En Abril de 1898 se promovió otro expediente á instancia de la Asociación de Fabricantes de Harinas de Barcelona, y posteriormente otros en número considerable, á solicitud de varios industriales de Barcelona, Bilbao, Hernani y Rentería, hasta que en 5 de Febrero de 1903 formuló D. Juan Pascual Costa la misma demanda que ha reproducido actualmente.

A todas estas reclamaciones se opusieron vigorosamente los labradores y fabricantes de harinas de las provincias del interior, suscitando ruda controversia, que secundó con ardor la prensa de todos los matices políticos, patrocinando la doctrina sustentada por los perjudicados.

La Junta de Aranceles y Valoraciones en Junio de 1903 emitió informe denegatorio, que autorizó con su firma el mismo ilustre ex Ministro que hoy la preside, y en Agosto de 1904 el Consejo Superior de Agricultura, no sólo confirmó el juicio anteriormente consignado, sino que amplió pródiga y eloquentemente los razonamientos que justificaban la denegación del privilegio que solicitaba el Sr. Pascual Costa.

Este dictamen fué á su vez suscrito por el mismo dignísimo y justamente reputado funcionario que hoy desempeña el cargo de Director general de Aduanas.

Por último, el Consejo de Estado, en Octubre de 1904, ratificó la opinión de las otras entidades que le habían precedido en el conocimiento del expediente y desestimó la pretensión del peticionario.

De modo, pues, que la tenacidad incombustible de los harineros barceloneses, que estimamos como cualidad envidiable, así como ,su espíritu mercantil tradicional y su laboriosidad infatigable, que han creado el prestigio y prosperidad de su región, se han estrellado constantemente contra la prudencia de las autoridades administrativas que han intervenido en la solución de estos conflictos; y tanto por la uniformidad de sus resoluciones como por la casi identidad de los razonamientos de orden jurídico y económico que las informan, se ha constituido un verdadero estado de derecho, que debiera determinar una reforma de la ley de adisiones temporales, haciendo expresa excepción de la importación de trigos, para evitar en lo sucesivo polémicas ó contiendas que puedan quebrantar ó entibiar la armonía de relaciones comerciales y políticas que debe reinar entre todas las regiones de la Nación.