El Progreso agrícola y pecuario (1906-12-15 00:00:00), página 2

resolverlo, haciendo que cese en los agricultores el estado de incertidumbre en que se encuentran hoy día, y que es bastante peor que la realidad, por mala que ésta sea.

En primer lugar, es preciso que desaparezca esa igualdad de derechos arancelarios para todas las naciones, cuando hay algunas que lo hacen ilusorio por sus primas á la exportación; y al mismo tiempo, la derogación de esa escala móvil, que es la base y fundamento de nuestro régimen arancelario respecto de los derechos de los trigos y sus harinas. En los años 1904, 1905 y diez primeros meses del actual, se han importado 800.000 quintales métricos de harina. Pues bien, de esta cifra, 600.000 quintales corresponden á Francia, y aun suponiendo gravadas las harinas francesas con un derecho á su importación equivalente á la prima de exportación que tienen allí, y aun suponiendo que pudiera introducir en la Península una cantidad igual á la que introducen las demás naciones, siempre resultaría que, entre todas, la importación de trigo á España se había hecho en 400.000 quintales métricos, y los 400.000 restantes, que son los que quedan de esta importación, vienen á representar 1.500.000 fanegas de trigo, que el productor español podrá vender fácilmente en nuestros mercados nacionales.

¿No está pidiendo esto inmediato remedio?

Clama al cielo este abandono en que se tienen los intereses agrícolas.

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Creemos también, con el Sr. Marqués de Santa María, que hay que hacer desaparecer la actual escala móvil, en la que se fija que los derechos de introducción para los trigos serían entre 4 y 8 pesetas, según exceda el precio de 28 pesetas los 100 kilos, que bajen de 28 sin llegar á 27, ó que desciendan de 27 pesetas. Porque es el caso que en esa misma ley que fija y regula esos derechos, se marcan como localidades productoras, que han de servir para regular el precio del trigo, cinco provincias: Valladolid, Zamora, Salamanca, Burgos y Palencia, lo cual indica que el Gobierno ha querido probar que dejando el precio regulador á una sola provincia podrá prestarse á ágios, que son algo más perturbadores que el mismo estado actual en que se encuentran las provincias castellanas.

Pues bien, el mal de esa ley al fijar esas cinco provincias, consiste en que hoy esos mercados, que se señalan como reguladores, no son tales mercados. Antes añudan á ellos todos los trigos de sus respectivas regiones, y entonces podían fijarse como reguladores sus precios, porque, realmente, no había otros; pero hoy, por la facilidad de comunicaciones, resulta que no hay localidad en ninguna de las provincias españolas donde se produzca el trigo que no tenga su mercado propio, y esas provincias están reducidas á una entrada normal y regular de 400 á 600 fanegas de trigo. ¡Júzguese á lo que eso se presta!

Teniendo en cuenta el trigo extranjero que entra por el litoral, y teniendo también presente lo que puede alterarse el precio con que la demanda no se haga en el litoral, ó se realice en una cantidad de 400 ó 500 fanegas diarias, lo cual es muy fácil, ¿á qué no se presta esto? No hay más que ver lo que sucede ordinariamente cuando vienen bajas ó altas en los trigos. Ahora mismo está entrando una cantidad colosal de trigo extranjero, y, sin embargo, el precio baja en Castilla, cosa muy natural; pero ¿á cómo se cotiza el trigo extranjero en el litoral? En casi todo el litoral se está cotizando al precio de las provincias castellanas, porque es menester que el precio se recargue aquí con los derechos arancelarios, para que entonces ese trigo extranjero deje de hacer esa competencia ruinosa á los trigos del centro.

Estas dos medidas bastarian por sí solas para producir un gran beneficio á nuestra agricultura.

¿Las adoptará el Gobierno?

¡Quién sabe! Pidamos al cielo que se serene un poco el revuelto mar de la política, para que puedan prestarnos un momento de atención las magnas inteligencias que hoy se ocupan en zurrir poderosas voluntades.

El favor á la Sociedad General Azucarera.

En nuestro número de 30 de Noviembre suspendíamos la campaña contra el estupendo proyecto de ley presentado á las Cortes por el Sr. Navarro Reverter para favorecer á esta poderosa Compañía, en espera de que la solución de la crisis, en aquellos momentos planteadas, trajera como una de sus consecuencias la desaparición de dicho proyecto de ley, así como la de otros no menos inusitados. Se constituyó un Gobierno relámpago, que en su efímera existencia dejó entrever que patrocinaba aquellos abortos económicos, y á continuación otro, en el que volvió á ocupar la cartera de Hacienda el Sr. Navarro Reverter, y por ende, por lo que á estos puntos respecta, las poderosas Sociedades instigadoras de dichos planes. Precisa, pues, que volvamos á la palestra cuantos el bien público defendemos y que nosotros reanudemos la oposición al proyecto sobre el azúcar, tan dañoso para los agricultores, conforme demostramos en nuestro anterior artículo.

Apena profundamente el ver cómo concupiscencias particulares ponen en conmoción los intereses generales de la Nación; pero esto es consecuencia de la debilidad del Estado y de sus Gobiernos, debilidad acentuada en el actual, constituido no con fuerza y vitalidad propia, sino prestada por distintos elementos, que son, por añadidura, opuestos y contradictorios entre sí.

El Ministro de Hacienda, al jurar nuevamente su cargo, creyó sin duda que el momento no era propicio para sacar adelante sus planes, y no pretendió que la Comisión de presupuestos dictaminara sobre ellos; pero cambiando de parecer, quizás al ver el desbarajuste político, pretende ahora que dicha Comisión los apruebe y los someta á la deliberación del Congreso. Hasta el presente la Comisión no se ha dado á partido; en ella está entablada la primera jornada de esa gran lucha entre los intereses de las poderosas empresas y los generales de la Nación: aquéllas, disponiendo más ó menos públicamente de encombrados personajes políticos que ocupan puesto en sus Consejos ó son sus abogados, de buena parte de la prensa de gran circulación y de muchos diputados, constituyendo así una fuerza algo semejante á la que produjo en Francia el escandaloso asunto del Panamá, y los intereses públicos teniendo de su lado el sentimiento del bien, que encarna en todos los organismos y colectividades y que constituye en los países de opinión robusta (entre los cuales no se