El Progreso agrícola y pecuario (1906-11-15 00:00:00), página 3

Los Gobiernos del Paraguay, del Uruguay y de la República Argentina compran el zumo del tabaco y lo distribuyen á los criadores de borregos y otros animales con una rebaja de 50 por 100 sobre el precio de coste, para curar la sarna de las ovejas y desembarazar á los animales de todos sus parásitos. En Australia se obliga á los criadores á lavar con zumo de tabaco á las ovejas enfermas de sarna.

En fin, el zumo de tabaco se emplea también para combatir algunas enfermedades que padecen los animales domésticos, tales como los gusanos de la nariz, etc.

Se comprende fácilmente que un artículo tan útil á la agricultura no debe faltar en ninguna explotación agrícola.

Los favores á la Industria azucarera.

Alerta á los cultivadores de remolacha y caña.

El Ministro de Hacienda ha presentado á las Cortes un proyecto de ley encaminado á suprimir, con bastante rapidez, el impuesto de consumos. El propósito merece plácemes porque este impuesto, por lo molesto y caro de su percepción y por otros muchos daños que ocasiona, es profundamente antipático y por él siente el país manifiesta odiosidad.

Pero precisaba establecer nuevos impuestos ó reforzar los existentes para suplir la merma de los ingresos del Estado que la supresión de aquel impuesto ocasiona, y en este punto la labor del Ministro ha sido desacertadísima, pues busca los nuevos recursos con impuestos tan antipáticos como el sustituido y que, además, favorecen intereses de unos pocos, con perjuicio de los nacionales. Entre éstos, el que más directamente va en daño de los agricultores es el referente á los azúcares, y de él vamos á ocuparnos en el presente artículo para combatirle cual merece.

El texto del artículo á este impuesto referente es el que sigue:

«Art. 3º El impuesto interior del azúcar será desde el día 1.º de Enero de 1927 de 30 pesetas los 100 kilogramos netos. En lo sucesivo no se permitirá el establecimiento de fábricas de azúcar de caña y de remolacha, trapiches para la fabricación de azúcares ni mieles de caña y de remolacha, ni molinos de azúcar en radio menor de 80 kilómetros de otra fábrica ya establecida.

Las fábricas que no produzcan azúcar durante cinco campañas seguidas se considerarán como no existentes á los efectos del párrafo anterior.

El Gobierno, de acuerdo con los fabricantes, señalará anualmente á cada fábrica, según su potencia, el tanto por ciento de azúcar que le corresponda obtener de la cosecha total. Si excediere de esta cantidad la producción en alguna fábrica, se deducirá el exceso de la cuota que le corresponda en el año siguiente.»

Es lacónico, pero expresivo. En su virtud no podrán crearse nuevas fábricas de azúcar en España, pues donde quiera que existen zonas de terreno aptas para el cultivo de la caña ó de la remolacha azucareras, ya están establecidas, y no habrá empresa que se atreva á establecer una fábrica á 80 kilómetros cuando menos del punto de producción de la primera materia, siendo ésta de mucho peso y poco valor en competencia con fábricas situadas en el centro de producción de dicha primera materia. La creación de nuevas zonas de cultivo de remolacha es problema muy difícil y de desarrollo lentísimo, pues este cultivo, exceptuada la zona del Cantábrico, exige riego y en todas partes terrenos fértiles y profundos, gran población obrera, abundante capital de explotación y procedimientos esmerados de cultivo, y la caña de azúcar exige todo esto más condiciones de clima que sólo las proporciona la naturaleza en España en una reducida zona mediterránea del Sur. Es por tanto problema árduo improvisar zonas de cultivo de estas plantas sacarinas, y por eso la limitación que marca el proyecto de ley constituye una verdadera prohibición.

El segundo párrafo del proyecto tiene orientación análoga al primero que acabamos de analizar; con éste, como hemos demostrado, se impide la creación de nuevas fábricas; con el que ahora examinamos se quieren cerrar las de aquellas empresas que, comprendiendo que los tiempos no son bonancibles, esperan á que lo sean para trabajar. Pues sepan que pueden escoger entre arruinarse desde luego ó quedar eliminadas de la vida. Es un satisfactorio dilema.

También el párrafo tercero tiene la misma orientación. El proyecto es indudablemente rectilíneo. Con él se favorece, como con los anteriores, pero todavía más concretamente, á la Sociedad General Azucarera, la que disponiendo en las zonas principales de cultivo de varias fábricas, bastantes de las cuales tiene en la actualidad paradas, en virtud de esta disposición hará en lo sucesivo que algunas de sus fábricas trabajen un año á toda potencia, que es el modo más conveniente de producir, y al año siguiente que den éstas paradas por haber excedido la cuota de producción que les correspondía, pero funcionarán las otras que estuvieron paradas el año anterior, y así alternativamente; el sistema es magnífico para la Compañía General Azucarera, pero no creo que pueda agradar á las demás empresas que dispongan de una sola fábrica, pues ésta tendrá que trabajar á mínima potencia, produciendo, por tanto, más caro, ó trabajar un año á toda potencia y paralizar el trabajo el año ó los dos años siguientes, sometiéndose con este procedimiento, una industria que significa actividad, al sistema que en el cultivo adoptan las zonas pobres y atrasadas de nuestro país, que se llama de año y vez y del tercio.

El proyecto favorece en todo á la Compañía General Azucarera y en parte á las demás fábricas de azúcar, y como este favor á expensas de alguien ha de hacerse, veamos quiénes son los sacrificados.

Lo es en primer término el consumidor, que lejos de poder esperar, en virtud de la competencia y perfección de la industria, una rebaja en el precio de este producto tan útil para la vida, y cuyo consumo debiera extenderse para la vigorización de la raza, puede estar cierto de que el precio que se fije al azúcar será el máximo de lo que permita la competencia extranjera, y contra ésta existe una altísima barrera que alcanza á 60 pesetas los 100 kilogramos (1).

(1) Esta defensa contra los azúcares extranjeros queda reducida en el proyecto, en virtud de subir los derechos interiores, á 55 pesetas, cantidad que estimamos suficiente y justa para la protección de los intereses de los fabricantes y cultivadores.