El Progreso agrícola y pecuario (1906-05-31 00:00:00), página 2

la garantía quedaba gravada á responder del crédito ó préstamo concedido, cuya operación debería practicarse en el término de dos días, á contar de la presentación de la cédula en el Registro.

Y en cuanto á los créditos para agricultores sin garantías, cuyas cantidades habrían de ser de escasa importancia, bastaría establecer el indicado sistema de cédulas, fijando entre otras condiciones pertinentes al caso la de dar derechos al Consejo para que pudiera retener la cosecha y cobrar de ella el importe del crédito concedido, quedando imposibilitado de obtener estos beneficios el que, habiéndolos merecido una vez, no correspondiera al pago en la forma convenida. Estas cédulas habrían de ser firmadas por dos agricultores conocidos, al solo objeto de identificar la personalidad del solicitante al crédito, y en ellas se establecería además el derecho que por los mismos se otorgara al Consejo para tener preferencia en el cobro del préstamo hecho, sobre cualquiera otra deuda que pudiera tener el interesado.

Llevamos mucho adelantado con que nuestros Gobiernos, y especialmente nuestros Ministros del ramo, nos inicien, con ese gran espíritu de progreso, la necesidad de atender por los medios de que disponen á nuestra decadente agricultura. Así vemos sus trabajos cerca del Banco de España, con el fin de que esta entidad pusiera á disposición del agricultor cuantos fondos ó recursos necesitará, con las limitaciones consiguientes, tanto en la creación de Cajas rurales como en la de Sindicatos agrícolas, y por último, en la de Asociaciones constituidas á virtud de escrituras públicas, a manera de la que desde poco tiempo hace funciona en un pueblo de la provincia de Sevilla, y que recomienda el Sr. Conde de Romanones como modelo á imitar de entidades agrícolas.

Repetimos que todas estas iniciativas son plausibles, si bien poco prácticas al fin que se persigue, según hemos de intentar demostrar de manera concreta.

A pesar del interés con que el Banco de España mira y atiende los asuntos agrícolas, por las gestiones reiteradas de nuestros Ministros, no han pasado sus ofertas del límite que le marcan los estatutos por que se rigen sus operaciones, tanto para el agricultor directamente, cuanto para las diversas Sociedades agrícolas creadas, por lo cual parece deducirse que nada debemos esperar del Banco de España en favor del crédito agrícola, al menos de que por gestión empeñada del Estado se consiguiese la modificación de sus estatutos, para destinar una respetable suma á tal objeto, con garantía del Estado y comisión del 2 por 100.

Las Cajas rurales son en verdad hermosa institución, si la buena voluntad de los agricultores ricos se inclinara en favor de los necesitados, formándose así un capital que, con la buena administración que la ley habría de imponer y exigir, vendría á constituir una Caja de ahorros que atendería al préstamo con mequino interés y reservaría el pequeño ahorro, dándole también un interés, surgiendo de esto la idea de la previsión para el mañana en nuestras clases trabajadoras, de lo que actual y desgraciadamente se prescinde.

Todo ello puede realizarse contando con el primer factor: con el dinero, y éste, según nuestras convicciones, no sale del bolsillo del particular, ni tampoco se reúne con los medios de que pudiera valerse al efecto la iniciativa particular, sino que precisa que el Estado lo facilite dentro de las condiciones de garantía necesarias en evitación de perjuicios para el Erario público.

Ocurre con los Sindicatos agrícolas lo mismo que con las Cajas rurales, porque es claro, el Gobierno los crea, les da leyes, reglamentos y, en una palabra, la autoridad necesaria para su desenvolvimiento de acción como tal sociedad, pero no les da dinero, y si sólo les autoriza para que su Junta de gobierno pida al Banco de España los fondos precisos para sus atenciones, cual si fueran entidades mercantiles, para que opere dentro de la unión cuanto necesite para hacer reparto á todos sus asociados, pero señalando una responsabilidad personal y directa para los sindicatos, quienes responden con su solvencia particular de los daños sociales.

Después de esto, ¿quién se atreve á formar parte de los Consejos de administración de estos Sindicatos? Hemos de convenir en que sólo un iluso ó un solvente de mala fe, pues parece lo lógico que ninguna otra persona quiera exponer su dinero en donde pudiera sufrir alguna resta, por lo que deducimos que los Sindicatos no podrán crearse por la falta de medios pecuniarios para su desenvolvimiento, al menos de que por el Estado recibieran auxilios directos, en la forma que ya tenemos indicado.

Tampoco estimamos posible la vida próspera de las Sociedades por escritura colectiva, puesto que por su carácter de mutualidad queda siempre desamparado el que carece de solvencia que sumar á la de los demás para repartir las contingencias que puedan sobrevenir operando socialmente, resultando de ello que dichas Sociedades no pueden ni deben ser consideradas como la base cierta del crédito agrícola, á enregar su dinero á quien tenga la personalidad necesaria y solvencia suficiente, según establecen, de manera clara y precisa, sus estatutos y reglas.

Después de las consideraciones expuestas, hemos de deducir sinceramente que carecemos aún de base sólida y fundamental en que apoyar la existencia del crédito agrícola.

Si nuestros Gobiernos se proponen amparar la agricultura creando el crédito agrícola, creemos necesario e indispensable que el Estado le preste los medios precisos para su desenvolvimiento y operaciones, cual lo ha hecho en lejanas épocas, de feliz recuerdo para nuestra agricultura. Los Póstigos se crearon hace tres siglos, precisamente para auxilio de la agricultura, entendiéndose entonces, como ahora, que España es un país eminentemente agricultor. Pues bien, estas instituciones que han prestado, y siguen prestando en algunas comarcas, reconocidísimos favores á la agricultura, han desaparecido en otras muchas, quedando sólo el recuerdo de lo que fueron, pareciéndonos que sobre estas cenizas pudiera muy bien constituirse el crédito agrícola, estableciéndose leyes previsoras que evitasen males ya conocidos, y á cuyo detalle no descendemos, por ser asunto ajeno por completo á la índole del presente trabajo.