El Progreso agrícola y pecuario (1905-10-15 00:00:00), página 9

cantidad de abonos, ha de construir los brazales de riego, tajadoras, desagües, etc., y, por lo tanto, gastar mucho capital, y necesita un auxilio que el Estado puede otorgarle con la exención del aumento de contribución de las tierras durante cierto número de años, suficiente para que el agricultor se reembolse o pague esos gastos. Generalmente en nuestra legislación este plazo se fija en diez años; pero atendiendo á que el cultivo no sólo es herbáceo ó anual, si que ha de extenderse mucho el cultivo arbóreo de frutales, que dan un buen rendimiento, creemos podría aumentarse hasta quince años ese plazo.

Resulta alguna vez que, construidos los canales y acequias, algunos agricultores, ya sea por imposibilidad económica, ya por otras causas, no quieren pagar el canon. La empresa se ve privada de los ingresos que justamente había calculado á virtud de los contratos celebrados con los regantes ó la mayoría de ellos y ha de sufrir la pérdida de sus capitales. Esto no es justo y debe evitarse, y por eso se ha consignado en las leyes de aguas la facultad para las empresas de poder expropiar los terrenos que, incluidos en el contrato y zona de riego, rehúsen sus propietarios pagar el canon.

Esta facultad entendemos que debe continuar; pero como en esas leyes se habla sólo de auxilios á las obras que empleen en el riego, por lo menos 200 litros de agua por segundo, quedarían excluidas todas las pequeñas obras de riego. Como en éstas podrá llegarase á un mínimo que hiciese posible el tener ese derecho en casos injustificados, creemos que hay que fijar un límite, y ése ha de ser por superficie, no por agua gastada (mal ó bien como ahora sucede), y nos parece prudente fijarlo en 50 hectáreas.

3.º La legislación de aguas necesita una recopilación, dejando subsistente cuanto la práctica ha sancionado como bueno y procurar que los expedientes de concesiones duren el menor tiempo posible, pues muchas veces hay capital, condiciones á propósito para formar una Sociedad ó sindicato y emprender una obra de riego, que pasando tiempo han variado esas condiciones y ya no es posible su realización.

Para esto debe estudiarse el medio de disminuir los trámites en los expedientes administrativos, sin que por eso pueda ni deba prescindirse de los informes facultativos que tratándose de obras son esenciales.

Mucho se facilitaría facultando á los Gobernadores el otorgar las concesiones para el aprovechamiento de aguas públicas, lo cual ya se consigna hasta el volumen de 100 litros por segundo en la ley de aguas; pero creemos deberia extenderse esa facultad hasta un máximo de superficie regable de 200 hectáreas, en cuya extensión estarían comprendidas todas las que podemos llamar pequeñas obras de riego. Expuesto todo lo que antecede, tengo el honor de presentar al Congreso las siguientes conclusiones al tema propuesto:

1.ª Siendo de mucha importancia la repoblación de los montes para la salud pública, para la agricultura e industria, para evitar los desastrosos efectos de los torrentes y aumento de agua utilizable para el riego, creemos muy conveniente:
a) Que se fomente la repoblación de los montes, eximiendo de contribución á los montes altos durante los primeros veinte años, crear grandes viveros dedicados exclusivamente á la repoblación de los montes públicos y particulares de cada región.
Que se den conferencias por los ingenieros de montes, á los maestros de instrucción primaria de cada distrito y que sean de carácter elemental acerca de los principios silvícolas.
Que se consigne en los presupuestos del Estado una cantidad proporcional al desarrollo que han de tener los trabajos de corrección de torrentes y repoblación de vertientes en sus relaciones con las necesidades de la agricultura y la industria del país.
b) Que se determine por medio de reconocimientos efectuados por las Divisiones hidrológico-forestales del Reino la zona forestal de utilidad pública, y se impida que se despueblen los montes existentes en dicha zona, sin consentir que se haga en los mismos, ya sean montes públicos ó particulares, aprovechamiento alguno sin la fiscalización directa del Estado y sin que los ingenieros de montes fijen y determinen la extensión y la intensidad de dichos disfrutos, con la mira de evitar erosiones, denudaciones y acumulaciones de aguas en los cauces en plazos cortos de tiempo.
2.ª Las obras destinadas al riego de terrenos podrán ser auxiliadas por el Estado:
a) Con la exención durante quince años del aumento de contribución que satisfagan antes de recibir el riego.
b) Que el Estado diera una subvención de 300 pesetas en metálico por cada hectárea que comprenda la zona de riego, cuando ésta alcance al menos 50 hectáreas y á medida que vayan efectuándose las obras, proporcionalmente á lo que resulte del presupuesto total por hectárea.
El total de subvención no podrá exceder del 50 por 100 del presupuesto aprobado para las obras, y que comprenderán el del canal ó pantano y acequias principales.
El abono de la subvención sería por orden de fechas en las que se hubiesen otorgado las concesiones y efectuado las obras, y dentro de lo que para esto se consigne en los presupuestos del Estado.
c) Las obras de riego deberían quedar declaradas de utilidad pública cuando se propongan regar al menos 50 hectáreas de terreno.
d) Conceder todos los demás auxilios que se consignan en las leyes de obras públicas y de aguas para las obras de esta clase, aunque sean ejecutadas por particulares ó empresas.
e) Facultar á las empresas de obras de riegos, sindicatos ó comunidades de regantes para poder expropiar los terrenos cuyos dueños se opongan á pagar el canon convenido por la mayoría de los propietarios de la zona regable. El importe de la expropiación sería por el valor proporcional que la finca tenga asignado en el último amillaramiento, más un 50 por 100 del mismo.
3.ª Conviene unificar todo lo referente á la legislación de aguas; simplificar en lo posible la tramitación de los expedientes y facultar á los Gobernadores para otorgar el aprovechamiento de aguas públicas con destino al riego de terrenos, cuando no pasen de 200 hectáreas y éstos y las obras estén situadas dentro de la provincia.