El Progreso agrícola y pecuario (1904-09-15 00:00:00), página 10

supone para el cultivo provechoso de los campos y para el beneficio de sus frutos.

Volvamos sobre el tema de las relaciones entre los propietarios agricultores y la Administración pública bajo el punto de vista fiscal.

El impuesto sobre derechos reales y transmisión de bienes, sujeto á la ley de 2 de Abril de 1900 y al reglamento del 10 del mismo mes, en virtud del cual toda traslación de dominio á título gratuito tiende a roso de predios rústicos (limitando el examen de esta legislación al punto que venimos tratando) obliga al comprador, heredero, etc., al pago de ciertos derechos á la Hacienda. Es variable, según el derecho ó contrato sobre que grava, y oscila, cuando se trata de herencias, entre el 14 y el 12 por 100, según el grado de parentesco de los herederos con el testador. Cuando se refiere á contratos de compra-venta es de 4 por 100, todo ello respecto al verdadero valor de los bienes. Es más oneroso el gravamen cuando se trata de herencias entre cónyuges, por la porción no legítima, ó entre colaterales de segundo grado; pero se hace insoportable, á veces, por la equivocada interpretación que se ha hecho de la ley al reglamentarla.

Dispone ésta, en efecto, en su art. 6.º que el impuesto recae sobre el verdadero valor que los bienes y derechos tienen en el día que se celebró el contrato, y el art. 34 del reglamento de 10 de Abril establece que la comprobación del valor declarado, con los amillamientos se hará capitalizando el líquido imponible que en éstos figura al 5 por 100.

Ahora bien, es evidente que de la capitalización de los líquidos imponibles con que las fincas figuren en los amillamientos resultará para éstas un valor superior al verdadero; porque el procedimiento lógico, y seguido comúnmente, es el de capitalizar la renta, que es menor que el líquido imponible, por ser una parte del mismo. Por lo tanto, el impuesto que paga el comprador ó el heredero, calculado sobre un valor para la finca mayor que el que realmente tiene, será mayor que el verdadero exigible por la ley.

Además, las desigualdades que existen entre las cartillas evaluadoras y entre los amillamientos es causa de que entre provincia y provincia, entre pueblo y pueblo y aun entre fincas próximas, de análogas condiciones y cultivos, resulten para los predios rústicos valores á veces absurdos e inverosímiles al capitalizar los líquidos imponibles resultantes de las cartillas evaluadoras vigentes.

En esta materia recordamos que al establecer el Registro fiscal de la propiedad rústica en un pueblo de las cercanías de Madrid se encontró en su cartilla evaluadora un líquido imponible de 37 pesetas por hectárea para los terrenos eriales con aprovechamiento de pastos. No sería justo á todas luces admitir como valor para la hectárea de tales terrenos el que resulta de capitalizar las 37 pesetas al 5 por 100, ó sea 740 pesetas, para que sirviera de base de tributación en el impuesto sobre derechos reales.

Además de los inconvenientes que van enumerados, luchan los agricultores con la falta de capital de explotación y de reserva y con la de obtenerlos con interés moderado. Por lo contrario, se ven obligados por la fuerza de las circunstancias á contratar en ciertas ocasiones préstamos en condiciones onerosas e inadmisibles en cualquier país en donde el crédito territorial se halle constituido sobre la línea base del catastro parcialario.

Los préstamos hipotecarios tienen que limitarse á cantidades insuficientes para satisfacer la necesidad, cada vez más apremiante, de mejorar el sistema de cultivo, haciendo lo cada vez más intenso, de introducir el regadío, de mejorar el material de labor, de fertilizar las tierras, de sanearlas, de corralas, etc.

La falta de capitales de reserva pone á los agricultores en manos de los acaudaladores y expendedores, y tienen que venderles sus cosechas, no cuando les conviene, sino cuando les es preciso para hacerlo de numerario con que hacer frente á los gastos imprescindibles de las labores, siembras, etc.

MANUEL DEL BUSTO.

Noticias.

Interesantísimo.—A todos los ganaderos, y muy especialmente a nuestros suscribentes, les recomendamos la lectura de la Cartilla práctica para el ganadero, que nuestro estimado compañero de redacción D. Ramón Pellico pondrá á la venta en los primeros días de la próxima semana.

El Sr. Pellico, cuyos notables trabajos sobre Veterinaria práctica son conocidos de nuestros lectores, ha reunido en esta Cartilla, bajo el título de «Indigestiones y cólicos en los solípedos y en los rumiantes», todo cuanto puede interesar al ganadero para conocer y combatir las enfermedades del tubo digestivo más comunes en los caballos, mulas, bueyes y vacas.

Además, el Sr. Pellico recopila en su Cartilla práctica para el ganadero infinitud de recetas o fórmulas de medicamentos y remedios de más fácil preparación y de composición sencilla, para que el ganadero conozca el modo de hacer frente á estas alteraciones de las funciones digestivas, sin necesidad de acudir al empleo de metrotífugos y anticelicas, de constitución más o menos misteriosa, que muchas veces no rinden los resultados económicos apetecibles.

C. Si todas estas preparaciones encarnadas dan sus virtudes curativas al áter sulfúrico, al lándano de Sydenham, al extracto de opio, al hidrato de cloral ó hidruro del tricloro-acetilo hidratado, que es lo mismo, etc., etc.; agentes terapéuticos que se esconden al abrigo de pomposos títulos y cuadros por abigarradas envolturas.

En la Cartilla práctica para el ganadero encontrarán éste bastantes fórmulas que pueden sustituir con ventaja, tanto terapéutica como económica, á todos esos preparados que se anunciaban á golpe de bombo, atribuyéndoles asombrosas propiedades curativas.

** Propiedad de las cosechas en los desahucios de fincas rústicas.—La extinción por desahucio del arrendamiento de una finca rústica puede producir la exención o abolición de los derechos del arrendatario para recogerse o percibir las frutos de las cosechas correspondientes al año agrícola dentro del que recibió esos derechos, cuando el arrendador ha cobrado á su vez la renta integral del año, aunque no haya verificado por ministerio de la ley durante la tramitación del juicio de desahucio. Lo contrario sería dar á éste un alcance que no puede tener, estableciendo al propio tiempo contra el arrendatario una sub-