El Progreso agrícola y pecuario (1903-09-15 00:00:00), página 8

Unión Agraria Española.

Las clases sociales organismos de Gobierno.

El presidente de la Unión Agraria Española, Sr. Torres Cabrera, ha dirigido á los organismos agrícolas una notable circular en que expone sus puntos de vista en las cuestiones político-agrícolas más discutidas y pide sobre ellas la opinión de tales entidades.

Imposible reproducir aquí su circular íntegra. Escogeremos lo más esencial de ella.

Causas de nuestra decadencia nacional.

Es un hecho—dice—que toda nuestra vida pública se informa en el convencionalismo absurdo de que cada Presidente del Consejo de Ministros ha de tener la habilidad bastante para constituir un Ministerio suyo y un Parlamento que le secunde. ¡Desdichado el hombre público que no demuestre habilidad en esto! Pues bien, para esto es indispensable que el Rey prescinda de la facultad constitucional de nombrar sus Ministros y que deje al Presidente que los elija á su gusto. Es preciso también tolerar al Presidente que en cada pueblo organice y sostenga una facción que le ayude á falscar el sufragio y sucede que, como los comprometidos á esto exigen elementos y garantías, los Gobiernos les dan las Diputaciones y los Ayuntamientos con todos sus recursos y les aseguran la impunidad en todos sus actos. Lógase así, en efecto, dociles mayorías parlamentarias, que á su vez aseguran la irresponsabilidad de los Ministros, y de esta manera hemos creado en cada Presidente una potestad anticonstitucional que invade arbitrariamente la jurisdicción de todos los poderes públicos y que somete á su capricho el orden judicial y el orden administrativo. Pero hay más: en cada elección falsificada, la delincuencia estrecha las relaciones del Presidente y sus caciques de una manera feroz, y como la mayor corrección arriba predispone naturalmente á ceder ante las brutales exigencias de abajo, es práctica corriente en la vida oficial que el Presidente abra al cacique las puertas de los Ministerios, que influyan así en la resolución de los expedientes los odios de campanario, en una palabra, que la gobernación del Estado esté de hecho subordinada al fondo de los reptiles.

No son, pues, las clases intelectuales ni productoras las que llevan sus representantes á las Cámaras legislativas, sino las facciones; el interés nacional queda así subordinado al individual en el seno mismo de aquel poder público que comparte con el Rey la soberanía, y como á su vez las Cortes del Reino se subordinan á la voluntad de los Gobiernos y la vida oficial de cada Ministro se subordina á la voluntad del Presidente, es innegable que son los Presidentes del Consejo los que de hecho, aunque no de derecho, ejercen la soberanía.

Pues bien, sobre tal base ¿es posible que se mantenga una nación poderosa? Las trampas que informan el orden político transcienden naturalmente al orden social. Atraídos por la seducción de las concupiscencias oficiales, nubes de políticos se desprenden cada día de todas las clases sociales, y despreciando la honrada cooperación en los intereses colectivos, se acogen al favoritismo en las facciones para explotar á sus congéneres.

Así se enervan las energías nacionales; así no hay ya presupuestos que basten ni justicia que se imponga; flota la espuma de todo lo malo, y el noble y generoso pueblo español se va convirtiendo insensiblemente en un pueblo de embusteros y de bandidos.

El remedio.

Lo conoce todo el mundo, y consiste en destruir el imperio de las oligarquías que falsean el sufragio, corrompen el sistema de gobierno y pervierten las costumbres públicas y privadas. No es preciso para conseguir esto extirpar á todos nuestros hombres públicos; lo que hace falta es juzgarlos y arreglar las cosas de manera que la arbitrariedad no se escude con la inmunidad, según ahora sucede. Sobre esto se consultó á nuestras Cámaras Agrícolas una proposición de ley, que luego se presentó al Senado en la legislatura de 1923, y que no llegó á discutirse por la inmediata clausura del Parlamento, y sobre esto mismo tiene presentado ahora el Sr. D. Francisco Silvela como Presidente del Consejo un proyecto de ley, en cuyo preámbulo dice lo siguiente:

«Es notoria la deficiencia entre nosotros de leyes y costumbres en cuanto se relaciona con el amparo de los derechos e intereses particulares cuando son lastimados por funcionarios del orden administrativo, que por negligencia inexcusable ó aviesa intención prescinden de preceptos obligatorios por igual para gobernantes y gobernados.»

«Las responsabilidades derivadas de los artículos del Código penal que defendan el ejercicio de los derechos individuales han sido de alguna eficacia; pero los daños y menoscabos de la hacienda privada, las prolongadas denegaciones de justicia, la vejación impuesta con menosprecio ó olvido de leyes terminantes en derechos reales ó personales del ciudadano que no cuenta con valiosos apoyos, sólo están protegidos por la definición de las prevacaciones del art. 369 del Código penal, que en la práctica ha ofrecido escasos y desmesurados frutos.»

«El proyecto que ahora se somete al Senado constituye un elemento de responsabilidad contra los funcionarios del orden administrativo, y por lo tanto un medio de libertad y de orden puesto al alcance de todos los ciudadanos que infundirá saludable temor y moralizadora inquietud en muchas y muy importantes organizaciones del Estado, de la Provincia y del Municipio. Se ponen, pues, estas armas vigorosas en manos de los particulares para que aprendan á manejarlas y requieran ellos mismos los recursos para protegerse contra todo linaje de administradores arbitrarios, despóticos o negligentes, porque con ellas hay medios para reducir á la obediencia de la legalidad desde los más elevados á los más humildes, y si varios ejemplares logran llevarse á término castigando á algunas autoridades ó agentes contumaces en el menosprecio de las leyes, se habrá realizado un progreso de la mayor importancia para las libertades públicas y para la sana administración del país.»

Es indudable que la crisis nacional se avecina, y es evidente que si no existieran energías sociales para reaccionarnos, apareceríamos como nación. Urge, pues, y es cuestión de vida ó muerte, desentumir los organismos sociales; pero no para que pasen de la parálisis á la convulsión, sino para que retomen á integrar en el Estado, como integraban cuando nos dieron en letras, en artes, en armas, en hidalguía y en producción la primacía en el mundo, y como á esto se dispone ya las clases sociales á cuyo frente marcha la importantísima clase agraria, bastará para conseguirlo que se les abra el camino legal para que integren en el Estado y tengan la debida intervención en el Gobierno.

Conclusiones.

Primera. La prosperidad de nuestra agricultura depende de que el agricultor pueda ampararse en el derecho, y para esto es preciso que se ponga en situación adecuada la organización del Estado.

Segunda. El progreso de la agricultura es perfectamente compatible con todas las formas políticas cuando son legítimas, porque siendo realizan el derecho.