El Progreso agrícola y pecuario (1903-06-15 00:00:00), página 2

si en alguna ocasión proclamamos la necesidad del auxilio del Estado, fué precisamente para la realización de las grandes obras hidráulicas.

No, nos convencen los racionamientos del Diario Universal. Esas obras hidráulicas tan necesarias para el progreso nacional, como lo fué en Francia el saneamiento de sus landas y en Holanda el de sus marismas, no pueden acometerlas los capitales que buscan buen interés, porque es seguro que no lo obtendrían.

Esa obra son largas y costosas, tardan mucho en ser reproductivas, y es preciso, si el capital ha de salvarse, poner al agua un precio que por bajo que sea resulta excesivo para la agricultura, porque la agricultura es industria pobre.

Ejemplos de esto hay á millares... Canales que atraviesan inmensos eriales sin que el labrador quiera utilizarlos, porque sabe que el gasto que la compra de agua le origina es mayor al beneficio que pudiera producirle.

El agua que emplee la agricultura no puede estar á merced de una empresa que disponga de ella sin su aquiscencia; es preciso nacionalizarla, como dijo Costa, incorporando su dominio al del suelo, como lo está en Valencia, cediendo el cauce, el vaso y sus anejos en propiedad á los terratenientes á cambio de una parte alicuota del suelo regable.

Esto sólo puede hacerlo el Estado. Lo que para el particular sería ruinoso, puede resultarle á él un buen negocio, porque obtiene ganancia donde aquél no podría lograrla.

Sólo el aumento de contribución de las tierras que pasarán de secano á regadio daría á la Hacienda un rendimiento enorme.

En dos y medio millones de hectáreas se calcula la extensión regable de nuestro país, de las cuales sólo en 390.000 hectáreas se ha implantado la mejora, quedando por implantar en 1.510.000, cuyo coste de obras se supone que pasará de 500 millones de pesetas. Pues bien, sólo por la diferencia tributaria entre el secano de hoy y el regadio de mañana obtendrá el Tesoro público más de 25 millones de pesetas anuales.

Claro es que hablamos en hipótesis, pues no podrían realizarse todas las obras ni se regarian todas las tierras susceptibles de recibir esta mejora, mas no por eso es de menos peso nuestro argumento.

¿Se quiere una prueba de lo que afirmamos?

Ahí están los Estados Unidos, el país en que la iniciativa personal y social ha tenido más alto el vuelo, el centro de las grandes empresas industriales, lugar en que los especuladores ventean el más pequeño negocio para colocar su exuberante riqueza. Pues en los Estados Unidos acaba de votarse una ley de irrigación, en virtud de la que los ingresos del Tesoro por venta de terrenos públicos ingresarán en un fondo especial que se dedicará exclusivamente á la construcción de obras hidráulicas.

El fondo sube ahora á más de sesenta millones y medio y será aumentado con grandísima rapidez. En él ingresará también los productos de la venta de concesiones del agua y del canon que paguen los labradores por el riego de sus terrenos. De esta manera, sin gravar absolutamente en nada á los contribuyentes, se espera reunir antes de treinta años la fabulosa suma de mil millones, que se habrán ido empleando en obras de irrigación.

Y si eso sucede en un país de asombrosa prosperidad agrícola, con una producción que alcanza proporciones gigantescas, con una cosecha anual de 2.627 millones de bushels de trigo, 9 1/2 millones de balas de algodón y 150.000 toneladas de azúcar; nación tan poderosa que estima en 1.235 dólares la riqueza media de cada uno de sus habitantes, ¿cómo la pobre España, con una agricultura tan misera que no da á sus capitales más de un 5 por 100 de interés, con dinero tan timido que no sale de la cuenta corriente del Banco; cómo en este país en que el Estado tiene que ser padre y administrador de todo y de todos (porque todos son para el caso menores de edad), va á inhibirse en una obra que los más prósperos y más autónomos tienen forzosamente que realizar?

Claro es que antes de imitar la magnífica ley de irrigación de los Estados Unidos hay que imitar otras muchas cosas. Antes de tener canales hay que hacer país, país que esté en condiciones de aprovecharlos. Si no, nada útil se habrá conseguido; sería tanto como regalar un Babelker á un paralítico.

Y el país se hace poco á poco, á fuerza de mucha y buena enseñanza. Hay que fomentar la instrucción pública en todos sus órdenes. Esos Estados Unidos que votan una ley de irrigación tan gigantesca gastaban en enseñanza el año 1870 unos 38 millones; hoy invierten en ella más de 137.

Hay que prodigar la enseñanza, especialmente la primaria y la agrícola.

El Diario Universal—y aquí viene el favor—lo reconoce así en un brillante artículo del Sr. Argente, que no sabremos ponderar como se merece, proclama la necesidad de que el Estado atendiese esta función que le es tan propia, y dice:

«Fuera de lo que debe llamarse población propiamente urbana, hay, según datos de 1883, 13.211.407 españoles. De éstos, 4.853.018 son labradores, conforme á cifras de 1887; y no son más porque la productividad actual—no la potencial—de nuestros campos no lo consiente. Esos cinco millones de españoles, casi el 30 por 100 de nuestra población total—en Francia es el 56,—explotan los 40 millones de hectáreas cultivables contenidos en los 490.000 kilómetros cuadrados de superficie española. Y para tan enorme explotación y tan considerable masa de habitantes, no hay más que cinco centros de enseñanza, cinco Granjas agrícolas: Zaragoza, Coruña, Barcelona, Valencia y Jerez.»

Y condenando la miseria con que están dotados estos establecimientos (que apenas cuestan al Estado 10 ó