El Progreso agrícola y pecuario (1900-12-15 00:00:00), página 6

Campaña contra la langosta.

Debate en el Congreso.

Es de interés para los agricultores conocer el debate plantead en el Congreso por el Sr. Fernández Blanco, diputado por Badajoz, pues de él ha de deducirse la manera de realizar la próxima campaña de extinción de la plaga, que amenaza tan importantes intereses, y ha de marcarse la cuantía del crédito de que ha de disponer el Ministro de Agricultura para realizarla. Transcribimos íntegros los discursos hasta el presente pronunciados.

Sesión del día 6.
Disposiciones dictadas por el Gobierno para combatir la plaga de la langosta.

El Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor Fernández Blanco para explicar su intervención.

El Sr. Fernández Blanco: Me levanto, señores diputados, para exponer una interpelación al Sr. Ministro de Agricultura, en defensa de los intereses agrícolas y pecuarios de este país, evidentemente amenazados de inminente y segura ruina.

Todos sabéis lo sucedido en el año anterior en este importante asunto; el diputado que tiene la honra de dirigirse al Congreso, y los representantes de las provincias invadidas, en número de treinta, se reunieron con el entonces Sr. Ministro de Fomento ante la protección y el auxilio necesario para estos intereses comprometidos. Las provincias, por su parte, acudieron aquí con exposiciones y miles de firmas, y sólo de la provincia de Badajoz llegarían á 20,000 pidiendo esa misma protección.

Se nos concedió un crédito extraordinario de 500,000 pesos para atender a esos gastos, y todavía resultaban más las partidas que se aprobaron del banco azul, ofreciendo de parte del Gobierno cuanto fuera preciso para la extinción de tan horrible plaga, unas veces por los autorizados labios del Sr. Ministro de Fomento, y otras por los del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Silva; pero es lo cierto que, á pesar de todas las esperanzas que se tuvo ese mes de la campaña fué un gran fracaso, y una serie de desdichas en las provincias invadidas, dando por resultado que la riqueza pecuaria tuviera que trasladarse á provincias distantes para no perecer de hambre, y que miles de agricultores se vieran con sus familias en la más espantosa miseria. Contrariaron á este desastre y á ese terrible castigo, causado precisamente en cuenta; una de ellas fué el incumplimiento de sus compromisos por muchos propietarios al no extinguir la langosta en sus extensos terrenos, con verdadera impunidad por parte del Gobierno, y otra, el desconcierto que hubo en la dirección de la campaña; lamentando mucho todos los que nos habíamos interesado en estas gestiones que brillara por su ausencia, especialmente en las operaciones de campo, el personal técnico.

Sabe el Sr. Ministro de Agricultura, como saben también todos los Sres. Diputados, la forma en que se constituyen las Juntas locales. Compone éstas de siete individuos, el alcalde, el síndico, los tres mayores contribuyentes por término, el presidente de la Asociación agrícola. Los cinco primeros como vocales son propietarios de la ley, debido á los cargos que ejercen ó á la contribución que pagan, y los dos últimos en representación de la clase agrícola. La ley en este punto ha tenido á dar representación en esas Juntas á los intereses más comprometidos en la cuestión, y no es esta parte de vista plausible, pero se debe garantizar que en un parte de estas Juntas, si no en todas, no entra ningún individuo que tenga conocimientos agronómicos, y por consiguiente, competencia bastante para llevar á cabo, con la discreción y el acierto debido, la dirección de esa campaña.

Hago esta observación al Sr. Ministro por lo mismo que á esas Juntas concede la ley de 10 de Enero de 1879 y el reglamento de 21 de Julio dictado para su aplicación facultades importantísimas. Es la primera la de los acotamientos. Esta es la base de operaciones para toda la campaña. Claro es que se concede á las Juntas esta facultad de los acotamientos para que se utilicen con el propósito de que, cuando si quiere ejercitar el derecho preferente que les concede la ley, lo hagan por su cuenta e i los predios que les pertenezcan.

Pero viene luego la importante cuestión de los presupuestos de gastos, y estas Juntas es imposible que tengan conocimientos bastantes para apreciar con exactitud ó siquiera aproximadamente los gastos que se deben hacer en la extinción del insecto en un término municipal, donde los terrenos no son todos iguales, en donde, según cada clase de terreno, se necesita un procedimiento distinto, y cada procedimiento original, como es consiguiente, un diverso gasto. Por ejemplo, la ley misma que antes he citado nos permite que se hagan de preferencia el de la roturación, el de la esterilización, el de la recogida en canelo, y el del último extremo, en la campaña de primavera, el de combatir ya el insecto cuando se presenta en estado de mosquite, mosca, salón ó volador. Es un poco delicada esta función para estas Juntas, puesto que no las dice la ley que desde luego deben ser los contribuyentes con toda la cantidad que le resulta en el máximo caso para hacer un fondo de extinción. De modo que según la apreciación de estas Juntas, para extinguir esa plaga pueden extenderse sus facultades á poder exigir de los contribuyentes desde un centimo el 2 por 100 del líquido disponible sobre el terreno cultivado y activo, y el 4 por 100 industrial, y así hay más las facultades que se conceden á esas Juntas, son todavía mayores, puesto que si no hubiera bastante con esas cantidades, que es el máximo de lo que puede imponerse á los contribuyentes de un pueblo invadido, puede requerirse el auxilio de los pueblos limítrofes, en el 1 por 100 por la totalidad cultivo y ganadería, y en el 4 por 100 por la industria.

Pero la campaña se hizo, como he dicho, con carencia absoluta del personal técnico, y por consiguiente, la perturbación que se produjo fue inusitada y lamentable.

Las consecuencias tuvieron que ser completamente fatales, puesto que comprenderá el señor Ministro, como comprendemos todos, que la extinción de la langosta en un término municipal no se trata de un término municipal ni de una provincia, sino que, desgraciadamente, son ya 18 ó 20 las provincias invadidas, y á este paso podemos llegar, dentro de poco, á la completa invasión de España; la extinción, digo, de esta plaga, tiene que conseguirse por un esfuerzo colectivo, sin ninguna ayuda del gobierno individual, si en verdad se va á aplicar la ley de Enero de 1879 y el reglamento antes citado. Si el procedimiento con lo establecido en el Real decreto de 1.º de Septiembre de 1888, posible es que no hubiéramos encontrado en los graves conflictos por que hemos atravesado en el año último y que tenemos ya encima para el actual.

El Real decreto de 1.º de Septiembre de 1888 del cual el Gobierno ha hecho caso omiso, hubiera servido de complemento al reglamento antes citado en materia de procedimiento, dándonos indudables garantías que son muy necesarias.

En primer lugar establece la creación en la provincia de una Junta central que presidirá el señor Ministro de Agricultura, de la que formarán parte el Director general del ramo, un diputado á Cortes ó senador por cada provincia invadida y el personal técnico que se estime oportuno por el Sr. Ministro, para resolver como tribunal supremo, dignándose así, todas las incidencias que puedan surgir entre las Juntas locales o particulares. Establece dicho Real decreto que se cree una comisión ambulante, compuesta de un ingeniero agrónomo y cinco peritos agrícolas, que habrán de funcionar en cada 10,000 hectáreas de terreno infestado, dándole al mismo tiempo á uno de esos individuos el carácter de vocal nato de la Junta á que se refiere la ley de 10 de Enero de 1879, para que, con competencias que no tenga aquella Junta, pueda intervenir en la confección de los presupuestos e informárnoslos, para que la autoridad superior tenga esta garantía al concederles su aprobación; y para que no se grave al contribuyente más que en la parte necesaria, porque de otro modo, esas Juntas lo harán de su propio bolsillo. Establece también que aquellas cantidades que se incluyen en el fondo local, en vez de quedar en los pueblos, vayan á la caja provincial de langosta, que en la mayor parte de las provincias están á cargo del depositario de la Diputación provincial.

Establece también muy conveniente para evitar filtraciones que en los pueblos pueda haber, sin que esto implique acusación á los pueblos en general y menos para ninguno en concreto.

Conviendría, porque de este modo no podría disfrazarse, ni aun sacarse, fondo alguno de la caja provincial de langosta sin la intervención del personal técnico.

Y en un último extremo, una de las misiones de esos jefes agrícolas e ingenieros agrónomos que vienen á formar parte de la Junta local por el Real decreto es la importante dirección de todas las operaciones de campo, que es justamente lo que nos ha faltado en la campaña anterior. Nada de esto se ha hecho, ni por lo visto en la campaña actual, ni piensa hacer, puesto que en el consejo se hubiera ya constituido esa comisión ambulante, y que se hubieran intervenido en las funciones todas de las Juntas locales ya realizadas, desde que se inició el expediente de denuncia por la existencia de la langosta hasta su terminación.

En la campaña actual, cifraba sus esperanzas todo el cuerpo agrícola en la roturación de los terrenos, pero como se ha visto un año pasado, porque, á decir verdad, no concedió esa importancia como tuvo á última hora esta plaga, no pudiendo utilizar más que la campaña de primavera, que es la última instancia de los trámites en que se divide esta campaña.

La unanimidad de las Juntas locales también lo comprueban así; pero, á decir verdad, nos encontramos actualmente con las dificultades más una complicación de la que realmente viene á establecer el cumplimiento de una orden dada en 8 de Junio del presente año por mi muy querido y particular amigo el entonces Ministro de Agricultura, Sr. Gasset, y por la Real orden que del Sr. Ministro actual publica la Gaceta en 20 de noviembre última sobre indemnizaciones de los propietarios de terrenos que hayan de roturarse para extinguir la langosta, en cuyos puntos voy á fijarme para hacer complementar al Sr. Ministro de Agricultura que precisamente con el procedimiento seguido á destierro para cumplir lo preceptuado en la circular del señor Gasset y con el que se establece para la indemnización los propietarios en la Real orden de 20 de noviembre, no se ha hecho, ni hay compañía de olvido ni inverno, y se sigue seguramente, como no se adopten otras medidas, irremediablemente á un seguro fracaso y á la ruina segura de tan preciosos intereses.

La circular de 8 de Junio del Sr. Gasset se inspira en los altos móviles que indudablemente ha tomado la Real orden de 20 de Noviembre e de otro particular amigo el Sr. Sánchez de Teza; y una y otra medidas se han tomado con el deseo de armonizar toda clase de intereses, puesto que no es justo tampoco que por atender al bien público se lesionen injustamente los del propietario (El Sr. Cedrón de la Peña raya la palabra) pero sin quererlo, y aun estando conformes en principio, precisa reconoce el señor Ministro de Agricultura que el procedimiento que se establece hace completamente imposible el buen éxito de la campaña y el cumplimiento de la ley.

Determina la circular de 8 de Junio que los acotamientos no tengan eficacia si no se consideren definitivos interin el personal técnico no haga la comprobación correspondiente, y con esta indicación se trata de evitar que con el pretexto de la langosta se traten de expropiar propiedades particulares y se lesionen derechos que son dignos de toda clase de respeto. Esto es muy plausible, pero era bueno para que in-