El Progreso agrícola y pecuario (1900-12-15 00:00:00), página 8

hablo de esta situación ni de la inmediata anterior, sino de todos sus predecesores, en vicio de origen que creo que todos se debían haber apresurado a corregir, y singularmente los que por espacio de tantos años vienen representando a las provincias aisladas con más frecuencia por la plata.

La experiencia ha demostrado que la ley de 1879, hecha con el mejor propósito, es, por desgracia, incumplible, porque contiene preceptos atentatorios al amparo que la Constitución concede a la propiedad particular, puesto que en alguno de los artículos de esa ley se establece hasta la facultad del repartimiento de tierras procedimiento parecido al que se usaba en tiempos de la antigua monarquía contra los moros. (El Sr. Fernández Blanco: El repartimiento no se refería más que a las tierras comunales, no a las particulares.)

Voy a leer á S. S. el artículo de la ley.

Dice así:

Los terrenos acotados, excepción hecha de las veredas pertenecientes al Estado ó á los ayuntamientos (esta es la única excepción, y me parece que no se refiere á la propiedad particular), serán repartidos para siembra, etc.

Creo que del texto de este artículo no se deriva ninguna protección á la propiedad particular. (El Sr. Fernández Blanco: Lea S. S. el art. 21 y el 22, y lo verá S. S. claro.)

El artículo que he leído va precedido de una serie de disposiciones acerca de los recursos con que ha de contribuir los pueblos á la extinción, y creo recordar á S. S. que por exigencia, si cumplen los pueblos las obligaciones que les impone la ley del 79, ni hay medio de hacerlas cumplir en la realidad.

Para salvar estas deficiencias de la ley de 1879, se han tenido una porción de arbitrios; uno de ellos el que nos recomienda el Sr. Fernández Blanco, que se estima en el decreto de 1888. Siendo recordar á S. S. que al censurar al Gobierno actual y á sus predecesores, por no haber aplicado ese decreto, no ha tenido presente que esa disposición, que prohíbe tanto las comisiones para la extinción de la langosta, ha sido modificada en esa parte por otros decretos posteriores; y, sobre todo, que esos comisionados antiguamente á las que S. S. atribuía eficacia un extraordinario poder, permanente, prohibidas por el Real decreto de 1892. Sería menester para volver á hablar, dentro de términos prácticos, de comisiones ambulantes, una nueva disposición que las restableciese, y yo no me siento con atentos para llevarla á la Cámara, sino para propugnarlas. Las Comisiones pueden los propios vecinos de esas comisiones todavía más que la langosta.

De suerte que este remedio que el Sr. Fernández Blanco me estaba apuntando como práctico, y de aplicación inmediata, que debe yo poner en juego, yo comprendo S. S. que tengo que descartarlo.

Al lado de esto, el Sr. Fernández Blanco, que á este respecto dirigió especialmente su intervención contra mí, ha hablado de la Real orden recientemente dictada por mí, contestando á una exposición de propietarios sobre el alcance de otra Real orden de últimos de Junio relativa á roturaciones.

Esta Real orden mía no ha sido para derogar la anterior de Junio. La anterior tenía una gran calidad y la actual coincidió por completo con algunas indicaciones que he hecho S. S., que consiste en reunir en manos de técnicos y de peritos, algo más despassionados en las luchas locales que estas Juntas que antes preconizaba S. S., la dirección de los trabajos que se habían de hacer para la extinción de la langosta. De modo que, esto era el principio cardinal de esa Real orden, lo parece que de 8 de Junio, yo lo he mantenido, pero también lo he mantenido cubierto, parte muy esencial para el amparo de la propiedad, la Real orden anterior como todo lo que viene legislándose en materia de extinción de la langosta, que era lo que quedaba en duda y en vaguedad, y que pudiera producir escenas como las que he apuntado, y que tanto portuaria y altamente la vida local, haciendo creer á los propietarios que se iban a apropiar directamente la propiedad particular y entrar en los terrenos del gran propietario y del ganadero que tienen sus tierras sin roturar.

Yo reconozco que la roturación puede ser uno de los procedimientos más eficaces para combatir la plaga de la langosta; pero que si un pueblo entiende que ese procedimiento es el que puede usar por salvación pública, debe usarlo, pero con aquellas garantías de prudencia que son indispensables en un país medianamente gobernado, que deben ser esta primera condición: el regular y estable gobierno de que se ampare la propiedad de los particulares.

Por tanto, la primera condición para seguir las roturaciones en la forma que han pretendido algunos pueblos es que se indemnice al propietario, por lo menos, de la renta que se le hace perder; y es manifiesto, porque cualquiera que tenga un poco de práctica en la vida agrícola y sepa lo que son esos comisionados, que es imposible que un propietario cuyas tierras se le paso se someta á roturación se le perjudique, por lo menos, en tres años de renta.

¿Quién va á pagar esto? El Sr. Fernández Blanco dice: «La indemnización está bien pero que la pague el Estado».

Eso sería servir de tal manera los criterios aceptados por todos, en materia de combate á la langosta, que no puedo acceder á esta indicación de S. S.

Desde que se ha hablado aquí de la plaga de la langosta se ha reconocido por todos los Gobiernos que al Estado corresponde una función tutelar supletoria; pero echar sobre sí la carga abrumadora de ser el quien principalmente combatirá la plaga, no habrá Gobierno que se haya atrevido á sentarse en ninguna de sus disposiciones legales, ni S. S. ha admitido nunca los extraordinarios para indemnizar á los propietarios. (El Sr. Fernández Blanco: Para la campaña de extinción; para cumplir la ley.) Si fuera para eso y con ese carácter, no sólo estoy de acuerdo con S. S., sino que reconozco que me está prestando S. S. un grandísimo servicio, ayudándome á hacer comprender á la Cámara la necesidad de tomar un arreglo de que cuanto antes venga un crédito extraordinario para hacer frente á este azote que está cogiendo á más de 300,000 hectáreas de nuestros cerros. (El Sr. Fernández Blanco: Muchas más: 300,000 son las denunciadas; 192,000 las reconocidas.)

De suerte, Sr. Fernández Blanco, que no puedo decir conformé con que se hagan las tierras sin indemnización, que son las propias propiedades. ¿De donde han de salir las indemnizaciones?

Me parece que el procedimiento mismo lo está determinando: los de recursos locales, que tienen tres conceptos: los dos indicados por S. S. y otro que no sé por qué S. S. ha olvidado antes, que es el de la prestación personal. La prestación personal puede ser de grande utilidad para combatir esta plaga, y ya que el rico se dé por cuenta de un 10% de la renta, los terratenientes, á mi juicio, muy natural es también que las clases menesterosas contribuyan al mismo servicio con su prestación personal. De modo que, combinando todos los elementos de fuerza contributiva, de fuerza local, es como la carga principal de la extinción de esta plaga podrá compartirse, y después vendrá la función propia del Estado con los créditos extraordinarios, con la dotación de sus grandes servicios agronómicos y el elemento pericial.

Todo este concurso quisiera yo emplearlo con la mayor eficacia que está á mi alcance. Ya comprendo el Sr. Fernández Blanco que en el tiempo que llevo de estar desempeñando este Ministerio, apenas he tenido tiempo de hacerme cargo sino del número y parque verdadero que producen las denuncias de hectáreas infestadas que á cada momento están llegando al Ministerio. Por eso, en esta intervención de la que me particular ha sido preguntar de qué créditos disponga, y me encuentro con que no dispongo más que de 5,000 pesetas.

Bien comprenderá el Sr. Fernández Blanco que con esto no hay para empezar; yo considero será menester un millón de pesetas, entendiendo que de este millón de pesetas para las 50,000 hectáreas que en definitiva temían que serían tratadas por la gama de operaciones que se me exige, se podrán movilizar 400,000 pesetas y lo que depende de mí en esto es tomar todas aquellas disposiciones y providencias de gobierno que evidencien al contribuyente, ya que tales sacrificios se le piden, que no se malgaste una sola peseta.

Esas son, hoy por hoy, las precauciones primarias que tengo que tomar; más adelante y meditándolo mucho, puesto que el escarniempo de lo que ha sucedido con la legislación de 1879 impone que sobre esto se dé con extraordinaria prontitud, y que se estudie el proyecto de ley, la aprobación de las Cámaras un proyecto de ley en el cual se encontrarán consignadas las aspiraciones de todos los representantes de esas provincias que son las más frecuentemente víctimas de esas plagas, y de acuerdo con ellos creo que podríamos venir á una solución perfecta.

El Sr. Fernández Blanco extenderá más porque he visto manifestarse señales de representantes de esas catóricas provincias, hoy invadidas por la langosta, con deseo de hacer presente su opinión, y cuando la haya oído, entonces, á modo de resumen, expondré las otras declaraciones que sean precisas por mi parte. (Muy bien.)

El Sr. Fernández Blanco: Pido la palabra, por favor.

El Sr. Vicepresidente (Marqués de Figueras): Falta un minuto para que transcurran las horas reglamentarias.

El Sr. Fernández Blanco: Se trata de un asunto de mucha importancia; pero, sin embargo, como no lo he concluido hoy este debate, ruego á la Presidencia nos resuelva el uso de la palabra para mantener el señor secretario.

El Sr. Vicepresidente (Marqués de Figueras): Se suspende esta discusión.

(Concluida.)

Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas.

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Adquiridos en el extranjero, en virtud de Real orden de 4 de Agosto último, cuatro aparatos completos para practicar, por cuenta de los agricultores que lo soliciten, los reconocimientos que sean necesarios para buscar agua con que regar sus campos, y siendo conveniente reglamentar el empleo de los mismos á fin de que el sacrificio que el Estado se impone al adquirirlos de los frutos que tan útil mejora ha de reportar;

S. M. el Rey (Q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las siguientes instrucciones:

1.º Los aparatos de sondeo, con sus cabrias, barreros, útiles diversos que lo forman y tubería que para la práctica de los reconocimientos sea necesaria en terrenos de poca consistencia, se entregarán bajo inventario á los ingenieros jefes del Servicio agronómico de las provincias ó á los directores de los establecimientos agrícolas del Estado donde se destinen.

2.º Tanto los Ingenieros citados como cualquiera otro del Servicio agronómico que la superioridad designe, saldrán con los referidos aparatos de sondeo cuando la misma lo ordene, debiendo practicar un ligero estudio de la configuración y composición geológica del terreno donde aquéllos hayan de aplicarse para que los trabajos de investigación se realicen con las mayores probabilidades de éxito.

3.º Para que los aparatos no sufran deterioro, si se entregan á personas inexpertas, se nombrará por el Ingeniero encargado del mismo un capataz ó peón inteligente que, previamente instruido en su manejo, dirigirá las operaciones que con aquél se efectúen y lo custodiará hasta su entrega en almacén, dando cuenta periódicamente al Ingeniero de los resultados que se obtengan e incidentes que puedan surgir.

4.º Todo propietario ó agricultor que desee practicar reconocimientos en sus terrenos con