El Progreso agrícola y pecuario (1899-11-22 00:00:00), página 7

estos artículos, para notar en qué condiciones se darán siempre los recursos, calidad de reingreso.

De la instrucción circulada por el Real y Supremo Consejo de Castilla a última del siglo pasado tomamos las siguientes líneas:

• Los gastos se harán del caudal de propios, y no habiendo, de los arbitrios, á falta de uno y otro, de los póitos, ó fondos sujetos á jurisdicción ordinaria, recurriendo también á los jueces eclesiásticos, para pedir los que estuviesen sujetos á suya, con calidad de reintegro.

• De los póitos vale más no acordarse, pues si se acude á ellos, tenemos la certeza de que nada nuevo se hará.

La ley vigente dispone en los arts. 18 y 19 que los pueblos que tienen infestado en sus términos municipales contribuyan á la extinción con un recargo en las contribuciones que no podrá exceder del 2 por 100 en la territorial y el 10 en la industrial.

Los pueblos comarcanos auxiliarán con el 1 y 5 por 100 respectivamente.

Siendo Ministro de Fomento el Sr. Canalejas, las cuestiones que con la plaga de langosta se relacionan se miraron con atención muy preferente, y es la época en que se consigue que algunos pueblos formaran expedientes para cumplir la ley en lo referente á los ingresos de que hemos hecho mérito; pero ni entonces ni ahora ha sido posible meter en cintura á la mayor parte de las corporaciones municipales á quienes alcanza el mandato legal.

Siempre hemos tenido que la solución del problema se trataba en declarar calamidad pública la plaga de langosta, á semejanza de lo h-h-cido con la filoxera, y deduciendo de esta declaración consecuencias análogas á las que deberían surtir efecto para los viticultores si la ley de defensa contra la filoxera hubiera tenido la debida aplicación.

Dice el art. 1.º de esta ley:
«Se declara calamidad pública la plaga que invade los viñedos de algunas provincias de España, conocida con el nombre de Phylloxera vastatrix. Se consideran de utilidad pública cuantas medidas se adopten para evitar, contener o combatir la invasión, difusión y propagación de la plaga.»

La filoxera ataca uno de los venceros principales de la riqueza agrícola; la langosta los destruye todos; la filoxera en raíces asiste se pro; aga lentamente, y procediendo con diligencia, podría localizar el mal; la langosta levanta vuelo y lleva la desolación y la ruina por todas partes, y en cuanto al desarrollo de la plaga de langosta, sabido es por todo el mundo la forma en que se reproduce y multiplica el insecto.

Reconociendo la existencia de la plaga filoxérea, la ley dice lo siguiente:
«Desde entonces, á la vez que se proceda á los trabajos preparatorios de extinción, se incoará un expediente breve y sumario de indemnizaciones en la forma que prescribe el reglamento.
Una vez acordada la indemnización, quedará sometida la villa infestada á la acción de las personas y corporaciones encargadas de llevar á cabo las disposiciones necesarias para combatir y destruir el insecto y evitar su propagación.»

• Art. 13. Quedarán libres de contribución las villas totalmente destruidas por la filoxera ó por las operaciones de defensa que se hubieren practicado.»

El art. 14 habla de lo que deben recaudar las diputaciones, y dispone después lo que sigue:
«Se abre un crédito de quinientos mil pesos á favor del Ministerio de Fomento, para que, de acuerdo con la Comisión central, se atienda á los gastos indispensables de estudios, ensayos, inspecciones, defensa general de la plaga, estadística filoxérea, reconocimientos, adquisición de semillas, sarmentos y barbados de fondos resistentes y demás servicios que origine el cumplimiento de la presente ley.
• En tanto se recauden los fondos á que se contrae el párrafo primero de este artículo, el Gobierno, con dicho crédito, podrá atendiendo al pago de las indemnizaciones, sin perjuicio de reintegrarse con el fondo nacional creado con este fin.»

Todas estas cosas están muy bien pensadas, pero detestablemente ejecutadas, pues por algo se dice en España que las leyes se hacen para tener el gusto de no cumplirlas.

La ley de filoxera, la de póitos y aun la misma que hoy rige sobre langosta, á pesar de ser muy defectuosa, darían resultados excelentes si los que deben aplicarlas tuvieran energías para hacerlas respetar, y los llamados á obedecerlas no dedicaran el tiempo y su ingenio á buscar los caminos por donde mejor pueden eludir el cumplimiento del mandato legal.

Urge tomar acuerdos de importancia, porque el mal reviste gravedad suma y el aplazamiento de los remedios traería consecuencias muy fatales; pero todo será baldío si en las Juntas locales y provinciales no se informan todos los actos por una independencia y buena fe que estén en abierta oposición con las debilidades y criminales tolerancias que se vienen te- niendo.

RIVAS MORANO.

Conflicto de Castellón.

A pesar de que la fuente principal de riqueza con que cuenta España es la agricultura, el espíritu rural ha llegado á estar tan adormecido que ni en los centros de mayor producción se revelan los entusiasmos que por la vida del campo se sienten en países más prósperos que el nuestro.

Las luchas de campesano se han llevado al último extremo en muchos puntos, y en más de un caso los frutos del campo han servido para premiar los servicios electorales prestados al caciquismo por gentes que, sin el menor escrúpulo, sacrifican los fueros de la justicia y la moral á los medios personales más reprochados.

Hace algunos lustros los gañanes de mi provincia, cuando el día terminaba y les quedaba labor para el siguiente en la misma finca, jamás sacaban de ella los arados, pues tenían la certeza de que durante la noche nadie tocaría á los instrumentos de labor que allí dejasen. Hoy las cosas suceden de muy distinto modo, por lo mismo que en el campo las raterías se repiten de una manera escandalosa, siendo poca toda la diligencia de los labriegos para impedir los hurtos y atropellos de todas clases que se cometen en sus propiedades.

La Guardia civil hace todo cuanto puede para corregir estos abusos; pero con la instalación de tantos puestos como se han creado en todas las provincias y las exigencias de algunos servicios, como, por ejemplo, el de ferrocarriles, la benemérita apenas si tiene tiempo para fijar su atención en lo que se relaciona con la policía rural. Para que dicho instituto pudiera llevar su benéfica influencia á la vida del campo, sería preciso que en todas las provincias se duplicara por lo menos el contingente que tienen de Guardia civil.

Hay que agregar á los males que hemos anotado, otros de importancia suma, entre los que merece ocupar lugar preferente el abandono en que los pueblos tienen los caminos vecinales, con daño de sus más caros intereses, pues dificultando el tráfico se ampara la demanda de productos y los precios bajan en la proporción consiguiente.

El Sr. Gamazo quiso poner remedio á estos males con la ley de 8 de Julio de 1898, habiéndose creado al amparo de ésta en varias provincias algunas Comunidades de labradores.

La de Orihuela (Alicante) solicitó ciertas aclaraciones del Ministerio de Fomento para poder aplicar rectamente algunos extremos de la ley, y oído el Consejo de Estado, se reconoció por éste la necesidad de publicar con toda urgencia el reglamento, á fin de conjurar dudas y equivocaciones que pudieran dar origen á graves entorpecimientos y disgustos. Por esta causa, el Consejo propuso, y el Ministro aprobó, que se dejase en suspensión la aprobación de nuevas O denanzas, así como la aplicación de las ya formadas; por las Comunidades de labradores, interin se dictan las disposiciones reglamentarias que aclaren y completen la ley.

Este ha sido el fundamento de la Real orden que ha motivado las inquietudes y protestas de los labradores de Castellón.

Se repite ahora un hecho que es muy frecuente en España, pues no hay más que pasar la visita por la vida provincial y municipal para registrar millón y medio de conflictos que nacen de la falta imperdonable de estar aún sin publicar los reglamentos de aquellas leyes que son de aplicación más constante.

El motivo principal de que aquí la labor oficial resulte siempre deficiente no es otro que la poca estabilidad de los Gobiernos, y de ahí que nosotros insistamos en la idea de que hay cargos en la Administración pública, como el de Director general de Agricultura, que deben colocarse fuera del influjo de la política, procurando, como en Italia y otros países, que tengan carácter técnico y toda clase de garantías los que los desempeñan.

Es indudable que en la ley del Sr. Gamazo hay algunos extremos que requieren aclaración, y que ésta debió darse antes de que las Comunidades entrasen en ejercicio; pero ya que esto no se hizo, bueno será que ahora se atienda al remedio de estos males, publicando el reglamento sin más dilaciones y procurando que éste se haga penetrándose bien del espíritu de la ley y conociendo la vida y necesidades que llevan en los pueblos las clases agrícolas.

RIVAS MORANO.