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cumbido hayan dejado de ofrecer cierto período de resistencia; pero esta facultad ha ido extinguéndose por los efectos del cultivo, del suelo ó del clima: luego se deduce para ciertas de estas viñas, como para las francesas, que la resistencia es relativa, pero no absoluta é indefinida.

»Ahora bien; las variedades que todavía no han sucumbido, ni se han debilitado como el Jacquez, el Riparia-Fabra, la Viaalla y el Solonis, que parece irse abandonando después de haberla ensalzado tanto, ¿serán vides verdaderamente resistentes?

»Esta cuestion se planteó, como se recordará, en el Congreso de Montpellier, en 1879, y maestros de la ciencia vitícola, aplicados á las viñas americanas, han declarado que se puede afirmar la resistencia actual de algunas vides, pero que sería imprudente y aventurado asegurar su resistencia futura.

»Una observacion tenemos que hacer aquí.

»El grado de resistencia de la vid americana parece persistir ó debilitarse en proporcion de su mayor ó menor separacion del estado natural de las plantas sometidas á este exámen. Las especies cultivadas en los Estados Unidos para producir vino no son ciertamente las vides consideradas como resistentes, sino que se explotan las plantaciones hechas con los sarmientos cortados de las vides silvestres, ó de los híbridos obtenidos de semilla en los mismos bosques; lo cual no puede decirse que sea la forma típica del estado natural.

»Y se encuentra, precisamente, que la cepa francesa que se cita hoy como poseedora del grado de resistencia, relativa en su mayor grado, procede también de una parra encontrada en el estado silvestre, en St. Ismier (Isere), hace más de cien años.—Le Etrai-re de la Adui.

»Resulta de todo, que para las más variadas circunstancias, encontramos siempre la misma ley de resistencia que se manifiesta de idéntico modo, lo mismo en el antiguo que en el nuevo continente. No podía ser de otro modo, porque las sublimes leyes que rigen todos los seres de la creacion no admiten excepciones de tiempo y de lugar.

»Entonces llegamos forzosamente á esta conclusion, que emana de los hechos observados, no méños que de las leyes de la fisiología vegetal; la resistencia de la viña cultivada, cualesquiera que sea su origen, parece no poder ser más que relativa.

»Algunas veces parece demostrarse que ciertas especies americanas, al sacarlas del estado silvestre, adquieren un grado de resistencia superior.

»Esto no contradice en modo alguno la última consecuencia á que queremos llegar y que puede formularse así:

«La salud de la viña francesa se encontrará sola y exclusiva-
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mente en los procedimientos y métodos de plantacion, de direccion y de cultivo, que la aproximen lo más posible al estado de la naturaleza, sin quitarla, por supuesto, la facultad de producir muchos y muy buenos frutos.

»Esto, que es verdad de la viña francesa, lo es igualmente respecto de la viña americana.» Esta es la ley de la naturaleza.»

Merecen reflexionarse los hechos expresados, que vienen á corroborar cuanto hemos dicho acerca de la resistencia de ciertas vi- des; para multiplicar los esfuerzos en favor de un cultivo razonado, que concilie las ventajas de abundante produccion de vino, con la vigorizacion de las viñas, formando y sosteniendo las cepas en mejores condiciones de vitalidad, aproximándose en lo posible á sus tendencias naturales de crecimiento.

E. ABELA.

INFORME
DE LA
COMISION NOMBRADA PARA PROPONER LAS BASES DE UNA LEY GENERAL
DE
PLAGAS DE LA AGRICULTURA.

Hemos recibido impreso el informe á que alude el anterior epígrafe, presentado á la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Madrid por los vocales que suscriben el mismo y que sabemos ha sido aprobado por la expresada Junta, con ligeras variaciones, que no afectan más que á ligerísimos detalles de reglamentacion. El pensamiento es de la mayor importancia, como demuestra el preámbulo que precede al articulado de las bases dirigidas á uniformar la legislacion relativa á las plagas del campo, para conciliar los difíciles puntos del respeto que merece la propiedad territorial y la de los cultivos con la urgencia de facilitar á la administracion pública sus procedimientos, á fin de extirpar ó de contener la propagacion de tales plagas, como objeto indiscutible de utilidad pública. Es de desear que todas las corporaciones y so-
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ciedades agrícolas que tienen la alta misión de velar por tan preciosos intereses, acojan con benevolencia la idea iniciada en la Junta provincial de Agricultura de Madrid, á fin de que cesen las anomalías que se advierten en los preceptos legislativos acerca de la materia y que en las disposiciones que se establezcan domine un criterio más ajustado á la justicia y á la facilidad de los procedimientos necesarios.

Hé aquí ahora el texto del referido informe, que dice como sigue:

«La agricultura, ha dicho algun autor, es un verdadero combate, en el cual las plantas útiles tienen que luchar contra numerosos enemigos.

Muchos vegetales parásitos, y porción de insectos dañosos originan principalmente los más considerables estragos; ofreciendo á veces tan extraordinaria multiplicacion, que las plantas atacadas llegan á sucumbir bajo la presion del número de sus enemigos, cuando en normales circunstancias resiste el natural vigor vegetativo, sobreponiéndose á los daños sufridos.

Esa plaga asoladora de langostas que, en ciertos períodos de años, causan la ruina de los agricultores, no desaparece nunca por completo; pero su existencia pasa inadvertida mientras es corto el número de los mosquitos que avivan, y sólo se mira en la langosta al que pasa por inofensivo saltamonte.

Otro tanto ocurre con las píralas ó revoltonas, con el eumolpo ó rosquilla, con el pulgon de la vid y tantos otros que atacan al precioso arbusto, ó á otras plantas cultivadas, y cuyos daños, al propagarse anormalmente, acarrean la pérdida de cuantiosos intereses, ó llegan á asolar extensas plantaciones, de un modo tan efectivo y doloroso como los insectos que hoy más se lamentan, la langosta y la filoxera; que en los últimos tiempos han llamado tan justamente la atención de los hombres de gobierno en España, que han promovido el dictar y promulgar leyes contra sus estragos.

Ahora bien: son tantos los insectos temibles y tan enormes los daños que éstos pueden causar, no méños que otros accidentes patológicos, que la plausible solicitud advertida en dictar leyes contra la filoxera y la langosta, resulta como procedimiento anómalo, por lo excepcional, cuando la oportuna defensa de las plantas contra las plagas agrícolas requiere disposiciones más generales y más en armonía con la porción de contingencias que pueden ocurrir.

Si la viña merece defenderse con gran empeño, en nuestro país, no hay razon para que haya una ley contra uno sólo de sus enemigos, modernamente conocido, y se deje desamparada para otros 39
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insectos dañosos, que desde mucho tiempo se sabe producen daños de consideración. Antes del descubrimiento de la filoxera, se consideraba que los insectos perjudiciales á la vid, eran:

Coleópteros............................. 25
Ortópteros............................... 1
Hemípteros............................... 4 { 39
Lepidópteros............................ 9

Añadiendo ahora la filoxera, resulta que se conocen 40 insectos que merecen ser perseguidos, en cuanto se refiere á la viña. Y si se tienen en cuenta algunos centenares de plantas únicamente cultivadas, podrá deducirse que pasan de miles los insectos que conviene perseguir para defender la agricultura. ¿Es, pues, razonable que exista ley contra uno y se haga caso omiso del ejército más numeroso y temible? Ciertamente que no; pero por lo mismo que son tantos los enemigos, preciso es que haya una ley general en que se recopilen las disposiciones comunes para combatirlos. Esta ley es la llamada á fijar las bases á que han de ajustarse las disposiciones particulares que en cada caso pueda hacer necesarias la especialidad del modo de ser, desarrollarse y dañar de aquellos enemigos. Las disposiciones aludidas son accidentes que deben subordinarse al principio comun. Para precisar más la idea: la ley de plagas debe ser, por decirlo así, el género; las disposiciones particulares aplicables á cada clase, la especie. Estas pueden reclamar modificaciones en la aplicación de la base; pero nunca contradecirla, so pena de romper la unidad, y violar la justicia en que aquélla descansa, y que es la primer necesidad de todos los pueblos.

Ante todo, y tratando de este particular, debe tenerse en cuenta el respeto que se merece la propiedad, que es la representación del premio ó utilidad del trabajo. Reconocido por el derecho natural, está sancionado por nuestras antiguas leyes, y proclamado el derecho inviolable del propietario por los códigos de todos los pueblos. No es, sin embargo, absoluto; tiene, como todos los demás, limitaciones. Son necesarias para que coexistan los que puedan contraponérsele, y para que no se convierta en dañoso para la colectividad, y se sacrifique su interés al privado. Si á nadie ha ocurrido que aquélla no tenga derecho de imponer limitaciones á la libertad personal, estableciendo lazaretos, cuarentenas y medidas preventivas que la afectan en casos de peste, por ejemplo, méños podría negársele el de establecerlas en beneficio del comun, y previa la competente indemnización en lo que á la propiedad se refiere, regulando de este modo el ejercicio del derecho dominico, en cambio de la garantía de seguridad que le otorga. Limitaciones de la propiedad son las contribuciones. Más que éstas todavía las servi-
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dumbres públicas, tales como la de no ejecutar construcciones en las zonas militares, la de sujetarlas en las poblaciones á ciertas reglas, la prohibicion de cortar árboles colindantes con las carreteras generales; y sin reconocimiento del ingeniero dentro de zona determinada, los situados en los terrenos costaneros, que impiden los arrastres de tierras á la vía pública; la de hacer zanjas y ciertas labores en terrenos propios cuando pueden impedir el curso de las aguas, que provengan de los caminos públicos, y otras muchas que sería prolijo enumerar. Hasta la propiedad mueble y semoviente está sujeta á estas limitaciones.

El derecho absoluto del propietario cede ante el principio de que nunca puede prevalecer el interés particular sobre el general, siempre que la limitacion, ó cortapisa, que á éste se imponga, no exceda los límites de la conveniencia y de la justicia.

Casos hay, sin embargo, en que la propiedad privada opone un obstáculo insuperable al desarrollo de la sociedad. Cuando así sucede, no fuera justo ni racional que por impartirle un respeto exagerado, hubiera de renunciarse á aquél. El dominio eminente del Estado, protector del de todos los asociados, exige que se venza entonces aquella resistencia, y que se obligue al particular á vender su propiedad por su justo precio, indemnizándole además del perjuicio que por la forzosa enagenacion se le irogue. La continuacion ó ensanche de una calle, la prolongacion de un camino ó vía férrea, son ejemplos que la práctica diaria nos ofrece. No sería cuero renunciar al beneficio general que de la ejecucion de estas obras puede resultar por la tenacidad de un particular, que quisiera á todo trance conservar su propiedad, negándose á vendérsela al Estado. Esto, que sucede respecto de los inmuebles, acontece tambien en cuanto se refiere á los muebles ó semovientes. La prohibicion de exportar sustancias alimenticias y ganados en casos de carestía ó guerra, la requisas de mulas y caballos en determinadas circunstancias, son medidas adoptadas en todas las naciones del mundo. La generalidad con que se observan prueba que la enagenacion forzosa, por causa de utilidad pública, y con justa indemnizacion, es un principio aceptado y universalmente practicado, que reconoce por motivo la necesidad de la propia conservacion y de progreso, que es una ley fatal de las colectividades del mismo modo que de los individuos.

El principio, como hemos dicho, de proteger y garantir el derecho sagrado de propiedad privada, se proclama por todas las legislaciones, conjuntamente con el que tiene el Estado, para expropiarla por causa de utilidad pública, prévia indemnizacion.

Le vemos establecido en la romana, que es una de las fuentes ú origenes de nuestro derecho patrio. Acordábala en su origen el Senado. Más tarde, constituido el imperio, pasó esta atribucion á los
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procónsules, si el valor de lo expropiado no excedía de 10 libras; porque, en otro caso, era atribución reservada á los emperadores. En el Digesto y en el Código Teodosiano se encuentran recopiladas las disposiciones que se refieren al particular.

Esos mismos estatutos rigieron en España en aquella época.
No es preciso demostrarlo. Sabido es que muchas de sus ciudades gozaron del jus-italicum.

Después de la invasión goda, encontramos en nuestros códigos la ley 2.ª del Tít. I, Part. II. Proclama la doctrina que venimos desarrollando en las siguientes palabras: «Non puede el Rey tomar á ninguno lo suyo sin su placer, et si por aventura gelo oviese há tomar por razon que oviese menester alguna en eyo, que se tornase á pro-comunal de la tierra, tenudo es por derecho de le dar ante, buen cambio, que vala tanto, ó más, de guisa que él quede bien pagado, á vista de homes buenos.» Desde esta época no se han dictado disposiciones concretas sobre este importante punto, hasta la ley de expropiación, de 17 de Julio de 1836. Consagran el principio las Constituciones del 37, 45, 69 y 76. Han resuelto accidentes de aplicación, entre otras, la real orden de 10 de Octubre de 1845, 6 Mayo 48, 25 Enero y 27 Julio 1853. No descenderemos á detalles. Nos basta consignar la regularidad con que ha venido aceptándose y desenvolviéndose el principio que sustentamos en la sucesión de nuestras leyes patrias, desde su más remota antigüedad. Tampoco nos detendremos en la exposición de los preceptos de la ley de Julio del 36, y real decreto de 1853. Han sido reformados por el artículo 14 de la Constitución de 1869, y por el decreto de 12 de Agosto de dicho año, que, estableciendo un procedimiento mixto de gubernativo y judicial, han sido á la vez reformados por el art. 10 de la Constitución del 76 y decreto de 3 de Febrero subsecuente. El derecho novísimo y vigente está consignado en la ley de 10 de Enero de 1879, y el reglamento de 13 de Julio de dicho año.

Según aquélla, los procedimientos de expropiación son administrativos. La autoridad judicial no tiene otra atribución que la que le confiere el art. 30. Se reduce á nombrar el tercer perito que haya de proceder al justiprecio en casos de discordia entre los de la Administración y del particular. Tenemos, pues, una legislación precisa y terminante en la materia. Su carácter es general. Rige todos los casos de enajenación forzosa. No es del caso, ni de la competencia de la comisión, analizarla como derecho constituyente. Debemos respetarla como derecho constituido.

No encontramos, por otra parte, razón que determine á aconsejar un orden distinto de procedimiento, cuando la expropiación sea motivada por la existencia de una plaga. Que éstas, destruyendo los plantíos en que la población libra su subsistencia son una
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calamidad pública, y que es de utilidad común combatirlas, no cabe dudarlo.

Sentado esto, no es discutible tampoco que á la Administración incumbe preavertirlas, en cuanto fuere posible, y una vez presentadas, tratar de anularlas.

Dentro de la esfera de las medidas preventivas entra el allanamiento por virtud de reconocimientos. Para que éstos sean provechosos, es preciso que se realicen por personas que poseyendo propiedad análoga que proteger en la provincia, tengan un interés directo en el asunto, auxiliadas por otras, que aunque no sean propietarios, acrediten su suficiencia por sus conocimientos periciales. Este pensamiento es una de las bases que desenvuelve la comisión en su articulado. No cabe en un proyecto de esta especie detallar cuáles hayan de ser aquellas medidas preventivas. Las determinan las circunstancias y la especialidad de cada caso. Las disposiciones que las acuerden no pueden considerarse como bases de una ley general. Son un detalle.

Una vez declarada la plaga que ha invadido la finca de un particular, peligra la producción del territorio en que se ha manifestado. Ya, no se trata de preavertir, sino de remediar. Dos medios hay de realizarlo: bien obligar al particular á hacer las labores necesarias al efecto, dentro de las que puede caber la destrucción absoluta del plantío y el cambio de cultivo, ó bien ejecutarlas el Estado por su cuenta obligando á aquél á permitir la ocupación de su predio para el efecto, indemnizándole del perjuicio y hasta expropiarle, si fuera necesario. En pocos casos podrá ser más justificado el motivo de esta medida.

La utilidad pública es manifiesta: no se trata, como en la generalidad de aquéllas á que la ley se refiere, de realizar un progreso, sin el que, aunque con méños perfección ó desarrollo, pueden existir la industria, agricultura ó comercio, sino de evitar la ruina de un territorio y acaso la de otros, más ó méños apartados. Consumada ésta, toda idea de desarrollo sería imposible, porque no puede mejorarse lo que no existe.

Respetando la comisión, sin embargo, el derecho dominico, deja al propietario del fundo infestado la elección del temperamento que mejor convenga á sus intereses. Si opta por el primero, como que la sociedad tiene el deber de hacer que se extinga la plaga, le impone la obligación de ejecutar bajo la vigilancia de la Administración las labores que ésta hubiere estimado indispensables al efecto. En tal caso habrán de ser de su cuenta, toda vez que como dueño le corresponde el provecho ó daño de su cosa.

En la negativa ó resistencia á ejecutar aquellos trabajos sería ciertamente duro apremiarle á realizarlos, porque siguiendo este sistema y prolongada aquélla, llegaría acaso á ser forzoso que la
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Administracion los llevara á cabo por cuenta de aquél. Para cobrarle los costos, habría quizás que proceder á la venta de la finca misma en pública subasta. Con ello se le inferiría un perjuicio indubitable, puesto que rara vez percibiría la integridad del precio. Sabido es que los dos tercios de la tasacion son postura legítima. El medio más expedito para subvenir á este inconveniente, que ha encontrado la comision, es aceptar el otro extremo del dilema propuesto; la ocupacion temporal en el orden prescrito en el título tercero de la ley de 10 de Enero de 1879.

Las leyes vigentes sobre plagas no obedecen á un pensamiento comun. Hay, por tanto, en sus disposiciones falta de armonía y relacion. Contrarián las bases propuestas, y al hacerlo, dejan de ajustarse en la razon filosófica é histórica de nuestro derecho. Ambas son elemento necesario de toda reforma legislativa. Para demostrarlo hasta donde los límites de un informe de la naturaleza del presente permite, ha sido precisa la reseña histórica que precede.

Con efecto, el art. 9.º de la ley contra la filoxera dispone que se proceda al arranque de las cepas atacadas por la enfermedad y al de las sanas que se encuentren dentro de los 20 m del foco filoxérico. El 10 acuerda al propietario de las últimas la indemnización del importe de dos cosechas; ninguna otorga al de las primeras. No diremos que hay contradicción en establecer esta diferencia; pero importa en realidad una pena impuesta al dueño de una viña infestada, que más que digno de castigo lo es de protección y ayuda. No haremos resaltar la que existe en reconocer derecho á indemnización, y no acordarla por completo, ni llamaremos la atención sobre la divergencia en el principio y procedimiento fundamental entre las leyes de filoxera y langosta. Basta al propósito de la comision hacer notar que estas anomalías encuentran su correctivo en las bases que propone, y muy particularmente en la ocupación temporal del predio infestado, si el propietario no ejecuta las labores de desinfección para hacerlas el Estado, indemnizando á aquél del daño en la forma que acuerda el derecho comun, y en la expropiación en el caso previsto por el art. 60 de la ley de la materia. La doctrina que ha sostenido la comision concuerda con el espíritu que viene informando nuestra legislación patria. El que exista una ley especial que se le opone (la de filoxera), no destruye la exactitud del razonamiento en que se funda este informe.

Propone, pues, la comision como bases:

PRIMER PERÍODO.—DE PREVENCION.

I.ª Vigilancia permanente y prevencion, ejercida la primera
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INFORME SOBRE PLAGAS DE LA AGRICULTURA

y realizada la segunda por el concurso del interés privado y el de la Administracion.

2.a Medidas preventivas acordadas por ambos, con la consulta de las Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Comercio.

SEGUNDO PERÍODO.—DE DESINFECCION.

1.a Medidas conducentes á la extincion de la plaga.
2.a Proteccion al propietario que quiera practicar las labores necesarias para extinguirla en su predio.
3.a En la negativa á ejecutarlas, ocupacion temporal con arreglo á la ley vigente de 10 de Enero de 1879.
Estas bases pueden detallarse en el siguiente articulado:

PRIMER PERÍODO.—PREVENCION.

1.º Se autoriza á la Administracion activa para que, sin menoscabo del derecho de propiedad territorial, pueda determinar el reconocimiento facultativo de las fincas rústicas, cualesquiera que fuese su género de explotacion agrícola, siempre que se juzguen infestadas por una enfermedad contagiosa, á virtud de denuncia de uno ó más propietarios de la localidad ó de términos municipales inmediatos.

2.º Para ejercer la necesaria vigilancia á los efectos de esta ley, habrá en cada término municipal una comision permanente, compuesta del alcalde, el síndico, dos contribuyentes por riqueza rústica y pecuaria que residan en la localidad, y el perito agrícola que determina la ley municipal, en cada ayuntamiento. Esta comision se denominará de Vigilancia y extincion de las plagas agrícolas y tendrá el encargo de ejercer dicha vigilancia con auxilio de los guardas municipales de campo y seccion de la Guardia civil afecta á la custodia de tales campiñas; cumpliendo por lo demás las órdenes que le trasmita al efecto la autoridad superior de la provincia.

3.º Tan luego como haya peligro de invasion de una plaga, ó se descubra algun foco que pueda originarla, dará parte circunstanciado de todo dicha comision al señor Gobernador civil, quien oyendo á la comision provincial consultiva de este ramo, podrá determinar el reconocimiento facultativo del terreno denunciado por un ingeniero agrónomo y otro de montes de la provincia.

4.º En delegacion de las Juntas de Agricultura, Industria y Comercio, encargadas de velar por los intereses de sus respectivas comarcas, habrá en todas las capitales una comision especial de plagas, elegida por la misma Junta con los miembros siguientes: un comisario de agricultura, que posea bienes rústicos en la provincia respectiva, presidente, y como vocales, un diputado provincial