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32 pulgadas de latitud. Hallándose sujeta á la presion de algunos centenares de toneladas, las fibras se condensan juntas de modo que el aire no puede penetrar en ellas y así como el carton es el peor conductor del calórico, del mismo modo una casa de este material es por consecuencia caliente en invierno y fria en verano.

COLONIAS AGRÍCOLAS.—En la República Argentina, la viuda del general Urquiza fundó en 1874 una colonia agrícola en los hermosos campos que circundan su espléndida morada de San José, invirtiendo en la empresa la suma de 70.000 pesos.

Segun dice nuestro ilustrado colega Anales de Agricultura, la referida colonia, que lleva el nombre de Caseros, tiene hoy unos 800 habitantes extranjeros, iglesia, escuela y autoridades locales y se cree que la presente cosecha de trigo ascenderá á 10.000 fánegas.

ENSEÑANZA AGRÍCOLA EN EL URUGUAY.—Segun nuestro apreciable colega titulado Boletin Oficial de la Comision central de Agricultura, que se publica en Montevideo, se han organizado cátedras para esta enseñanza por disposicion del gobierno central de aquélla república y bajo el patrocinio de dicha comision de agricultura, dando ahora los más felices resultados dicha institucion. Es sumamente notable el progresivo movimiento agrícola que se advierte en la indicada república, siendo una de sus instituciones más importantes, sin duda, la de los grandes premios que se conceden á los agricultores que mayor numero de reformas realizan, ó que se verifican plantaciones de árboles, etc. Las publicaciones periódicas de aquel país son tambien buena prueba de su cultura é ilustracion en la difícil ciencia de los campos.

El Administrador, F. Lopez.
Calle de Cervantes, núm. 19, cuarto bajo.

MADRID, 1879.—IMPRENTA DE MANUEL G. HERNANDEZ.
San Miguel, 23, bajo.
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LOS AMILLARAMIENTOS Y LA CONTRIBUCION TERRITORIAL.

«La contribucion territorial, que constituye el nervio de nuestro sistema tributario, no debe esforzarse ni exagerarse sus productos, puesto que á ella casi exclusivamente ha de acudirse en situaciones apuradas ó extremas en que la nacion pueda encontrarse. Todo lo que en favor de la propiedad se haga para llevarla á su mayor desarrollo y engrandecimiento, servirá para aumentar los veneros de riqueza de donde han de salir en tiempos normales los elementos de crédito é importancia del país, y en los excepcionales los recursos con que hacer frente á las necesidades extraordinarias.»

(D. Juan García de Torres.—Memoria de la direccion general de Contribuciones, 1872.)

I.

No puede existir equidad en la reparticion de un impuesto si se ignora ó se desconoce la base en que se funda, si se echan en olvido ó se miran con indiferencia las condiciones tributarias del mismo. Podrá recaudarse más ó menos, podrá hacerse efectiva la cantidad fijada por los poderes publicos, pero siempre á costa de la justicia y en todas ocasiones con perjuicio notorio de los contribuyentes. Por eso todos los partidos, todos los gobiernos y todas las situaciones politicas que se sucedieron en España han procurado, con buen ó mal éxito, pero con honrada intencion y con patriotico deseo, depurar la verdadera riqueza imponible y la verdadera capacidad tributaria del pais.

Se trata de la contribucion territorial, llamada en los modernos tiempos de inmuebles, cultivo y ganadería, que es la más impor-
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tante de nuestras contribuciones directas, y desde el gobierno absoluto hasta el constitucional ó parlamentario, buscaron con afan, ya por medio de catastros, ya de cartillas evaluatorias, ya de amillaramientos, los medios contributivos, la equidad en el reparto y el tipo imponible.

Se trata del impuesto industrial, ó sea de comercio y subsidio, y á pesar de la falta de manifestacion externa en muchos de los elementos que le constituyen, el poder público procuró remunerar el trabajo, proteger la industria naciente, rectificar los padrones de vecindario, mejorar el servicio de matrículas y constituir bajo bases aceptables la agremiacion.

Se trata de la tributacion por derechos reales, ó sea por traslaciones de dominio y trasmision de bienes, y la Hacienda hizo todo lo posible por comprender en sus tarifas los actos y contratos de la vida civil y asociar la fé pública y el registro de la propiedad á los actos administrativos.

Se trata de la industria minera y metalúrgica, que tambien contribuye al Estado bajo distintas formas, y la administracion pública reglamentó el transporte de minerales, averiguó las minas sujetas al pago del cánón de superficie, se fijó en la cantidad de primeras materias exportadas al extranjero, y hasta llamó á tributar los plomos nacionales.

En una palabra; las Córtes y los gobiernos reglamentaron los impuestos con tal lujo de detalles y con un espíritu de desconfianza, que era difícil sustraerse á la accion del fisco. No siempre la obra de los legisladores y de la administracion fué aprovechable y aprovechada, ya por la resistencia pasiva de los contribuyentes, ya por circunstancias políticas, ya por la escasa duracion de la paz pública, tan necesaria á los Estados como el trabajo lo es á todo ciudadano.

La contribucion territorial, á la que consagramos en el presente trabajo nuestra modesta inteligencia, tuvo el privilegio de atraer las miradas de los poderes públicos desde el reinado de Fernando VI, aquel óptimo príncipe que murió sin hijos, pero con una numerosa prole de virtudes patrias, como dice la lápida sepulcral en la iglesia de las Salesas de esta corte, hasta los momentos presentes que acaba de publicarse en la Gaceta un nuevo y ya rectificado reglamento de amillaramientos.
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En tiempo de aquel pacífico, ilustrado y virtuoso monarca, hermano de otro gran rey, Carlos III, ó sea en aquella época verdaderamente excepcional en que el presupuesto español se saldó con sobrante, solo comparable á la administracion de D. Pedro I, se mandó ejecutar el catastro de riqueza para establecer la única contribucion en las 22 provincias de Castilla. Esto pasaba en 1749, y trae á la memoria el recuerdo del ministro que tomó la iniciativa, que era un carácter y una ilustracion nacional, el marqués de la Ensenada.

Antes de Fernando VI y del marqués de la Ensenada se habian llevado á cabo trabajos muy importantes, si bien de carácter regional, por Felipe V, en el antiguo principado de Cataluña. El primer rey de la casa de Borbon, que era animoso en la guerra y resuelto en la paz, dispuso la formacion del catastro en 1715, catastro que hubo de rectificarse posteriormente. La resistencia de los catalanes á los derechos de Felipe V hizo que el monarca llevara la tributacion general á aquella porcion del territorio español, y obligara á los contribuyentes á sufrir las condiciones de la guerra, impuestas por el vencedor. Tuvo Felipe V entre los secretarios de Estado y del despacho de Hacienda á D. José Pariño, funcionario de valer y de valor, pero objeto en su tiempo de todos los epigramas y de todas las censuras de la malicia popular. Abrigaba el propósito de unificar la contribucion territorial, ó sea refundir en una las diversas que entonces existian y con diferentes nombres conocidas.

Además de los trabajos de Felipe V y Fernando VI existian tambien los que se hicieron en los antiguos reinos de Aragon y Valencia é Islas Baleares para los impuestos denominados de equivalente y talla, y el censo de la riqueza territorial é industrial formado en 1799 y publicado en 1803, este último en tiempo de Carlos IV.

Tales son los antecedentes que tenemos del siglo XVIII. Ven gamos ya á la edad contemporánea, ó sea desde la guerra de la Independencia en 1808 hasta el dia. Nuestros lectores saben que en 1814, á poco de obtener la libertad Fernando VII, y ya restituido en la corte el monarca, la administracion procuró recoger datos para el reparto de la contribucion directa, y que dos años más tarde, hallándose al frente de la Hacienda un ministro de
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gran iniciativa, D. Martin de Garay, se estableció, aunque no se llevó á cabo, la contribución general. Pues bien; para realizar ese deseo, que no pudo pasar de tal, se allegaron elementos valiosos, que hoy se hallan á disposición de los hombres de ciencia y de los gobernantes, en archivos y bibliotecas.

Pero además de la estadística del Sr. Garay y de los datos algun tanto imperfectos que registra el año de 1814, encontramos con posterioridad los antecedentes de las contribuciones territoriales que rigieron desde 1820 á 1823, los registros formados para la liquidación de frutos civiles, los amillaramientos para los repartos de los impuestos de paja y utensilios, extraordinarios de guerra, culto y clero y para la actual contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, los trabajos reunidos desde 1845 en adelante y los relativos al importe de la prestación decimal en el quinquenio de 1829 á 1833. Es decir, que contamos desde 1808 hasta el momento presente con una serie de datos, no todos utilizables, pero sí dignos de estudio y de particular atención.

El sistema tributario de 23 de Mayo de 1845, que tiene carácter y fuerza de ley por voluntad expresa del legislador, y el reglamento general de Estadística de 18 de Diciembre de 1846, constituyen las bases angulares de los amillaramientos. En esas disposiciones oficiales encontramos la naturaleza y el carácter de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, las condiciones del repartimiento general, provincial ó local, los bienes sujetos al pago del impuesto, la importancia y facultades de las juntas periciales y de las comisiones de evaluación y repartimiento, los principios cardinales para realizar la estadística parcelaria, ya afecte á la riqueza rústica, ya á la urbana, ya á la pecuaria, y las bases á que están sujetos la formación del repartimiento, las rebajas y perdones por efecto de calamidades públicas y las reclamaciones de agravio. Es verdad que algunos preceptos se modificaron, restringieron, ampliaron ó interpretaron en los últimos treinta años; pero no puede negarse que el sistema tributario de 1845 y el reglamento de Estadística continúan y continuarán siendo monumentos de previsión administrativa y de acierto gubernamental.

Una de las reformas más importantes, que ha sido y será objeto de controversia en la opinión, en la tribuna y en la prensa, es la realizada por el art. 2.º de la ley de 8 de Junio de 1870. ¿Qué
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preceptúa esa disposición legislativa? Lo siguiente: que durante el año económico de 1870-71, y á virtud de lo dispuesto en la ley de 23 de Febrero anterior (por la que se fijan arbitrios para atenciones municipales y provinciales), las contribuciones directas quedasen para el Estado en su totalidad; que la riqueza imponible en la territorial, reconocida por la administración y confesada por los pueblos, contribuyera con 18 por 100 y 1 por 100 para premio de cobranza y partidas fallidas, sin que ni los cupos ni las cuotas individuales pudiesen exceder del máximo de los expresados gravámenes, procediendo en otro caso la reclamación de agravio; que la administración continuara depurando la suma de riqueza imponible, á cuyo efecto debían rectificarse los amillaramientos, y que el aumento que produjera se acumulase á la riqueza imponible de los pueblos respectivos para exigir, como adición al cupo, la contribución correspondiente con arreglo á los tipos señalados en dicho artículo.

En su consecuencia, el repartimiento de 1870-71 no pudo ya girar sobre la base de una cantidad fija para el Tesoro, sino sobre la riqueza que se conocía en la dirección de contribuciones, imponiéndose el gravamen de 18 por 100 para el Tesoro y 1 por 100 para premio de cobranza y partidas fallidas. Consistía dicha riqueza en 756.092.567 pesetas 50 céntimos (3.024.370.270 reales) y la cantidad que se fijó en el repartimiento de dicho año para el Tesoro, al respecto de 18 por 100 de gravamen, era de 140.577.022 pesetas (562.308.088 reales), incluyéndose en esta suma lo señalado á las Provincias Vascongadas y Navarra, que por sus fueros no presentaban entonces repartimientos y se ignoraba su capacidad tributaria.

Pero no adelantemos el orden de nuestras observaciones. Síguamos el método que exige la claridad y recomienda la lógica.

La reforma acordada por la ley de 8 de Junio de 1870, ¿ofrece ventajas ó produce inconvenientes?

Séanos lícito discurrir brevísimos momentos acerca de ese punto, por ser muy interesante para el Estado y para los contribuyentes.

El sistema seguido desde el año natural de 1845 hasta el económico de 1869-70, consistía en señalar las Cortes anualmente un cupo fijo e invariable para el Tesoro, por ejemplo, 200, 300
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6 400 millones de reales, y con arreglo á él debia hacerse el repartimiento entre las provincias según la importancia de su riqueza.

El sistema iniciado y desarrollado en la ley de 8 de Junio de 1870, fija solo el tipo de grávamen, por ejemplo, el 18, el 20 ó el 22 por 100, y se exige indistintamente como cupo á toda la riqueza reconocida por la administracion.

El primero, según declara con laudable franqueza un hacendista muy discreto, tenía á su favor la opinión administrativa, porque el Tesoro contaba siempre con el importe de la suma que la ley había autorizado, toda vez que si la riqueza era menor en algún pueblo por resultado de la comprobación de reclamación de agravio ó cualquiera otra causa legal, no disminuía el cupo para el Tesoro, puesto que lo que se rebajara á unos pueblos se aumentaba á los demás de la provincia por haber refluido en su favor y no en el de aquéllos en que la municipalidad recargada no estuviese pagando de más. El Sr. García Torres consigna como circunstancia atendible la de que los pueblos no estaban tan interesados en la ocultación de su riqueza; sabemos por experiencia que aunque presentasen aumentos en sus repartos, y por ello saliese gravado su líquido imponible á menor tipo que el de otras localidades, y que el autorizado como máximo por la ley, no por eso sufrián mayor exacción. Es verdad; pero la misma administración reconoce espontáneamente que los resultados no han correspondido á los deseos del legislador. Si la riqueza contributiva aumentó en el trascurso de treinta años, débese al esfuerzo administrativo y á las comprobaciones sobre el terreno, sin que el sistema de 1845 haya facilitado ni avivado, ya espontánea, ya obligatoriamente, la declaración verdadera del haber social.

El segundo sistema, que fué el seguido desde 1870 á 1877, tiene para muchos la ventaja, y el Sr. García Torres es uno ellos, de que, como á la riqueza que se descubre debe imponérsele, desde luego, la contribución que le corresponda al tipo de grávamen que la ley haya fijado, los cupos para el Tesoro pueden ir experimentando un aumento progresivo, elevándose tal vez á una cifra muy superior á la que hoy se obtiene. Pero no puede desconocerse que este sistema, por su carácter de eventualidad, es más susceptible de quebrantos. Las bajas de riqueza que ocurran
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produce más con igualdad de gasto y la que cría carne más esquisita con igualdad de alimento.»

A la exactitud de estas reflexiones sobre la descripción de la ganadería española, que será parte de la Información que se ha de redactar, se puede añadir la razón incontrovertible de los números.

Según los datos oficiales publicados, tenemos en España en números redondos:

    Ganado caballar
    700.000 cabezas.

    Ganado asnal y mular
    2.500.000 »

    Ganado vacuno
    3.000.000 »

    Ganado lanar
    23.000.000 »

    Ganado cabrío
    4.500.000 »

    Ganado de cerda
    4.500.000 »

    TOTAL CABEZAS
    38.200.000 »

El valor del ganado se puede calcular, apreciando el caballo en 1.000 rs., la mula en 2.000, el asno en 100, la res vacuna en 300, la res lanar en 30, la cabría en 30 y la cerda en 100, en 5.041 millones.

Fijamos estos precios como punto de partida, no importando nada que se calculen algo más altos ó más bajos, aunque bien se puede asegurar que más altos es lo procedente y que la ganadería española vale 6.000 millones.

Ahora bien; en concepto de la Junta se puede prudentemente suponer que, con las mejoras que se alcanzaren reformando los sistemas de cría, manutención y pastoreo, y fomentando las industrias de carácter pecuario, se podría obtener en velocidad y fuerza en unas especies, en desarrollo y precocidad en otras, y en sobriedad y multiplicación en todas, por de pronto un 10 por 100 de valor, que diez años después se elevaría á un 20 por 100; con esto tendríamos un aumento de riqueza en el ramo de ganadería desde luego, de 600 millones, y más tarde de 1.200, aumento que sería enormemente acrecentado con las operaciones de comercio y manufactureras consiguientes.
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por resultado de las reclamaciones de agravio ó otras causas legítimas, harán disminuir aquel ingreso, toda vez que las cuotas que representen no pueden distribuirse, como ántes, entre los demás pueblos de la respectiva provincia, cuya materia imponible sufre ya el grávamen legal y cuyo límite no puede traspasarse. Además de que los pueblos se han de retraer en confesar su verdadera riqueza, persuadidos de que la importancia del grávamen á la localidad, ha de acrecer en la relacion consiguiente al aumento que ofrezca una exacta manifestacion de la masa imponible. Sin embargo, las ventajas de este sistema superan sin duda á los inconvenientes, si la administracion cuenta con la autoridad, con el prestigio y con los elementos que á la depuracion son necesarios.

Tal es el lenguaje de los hombres prácticos, de los que han vivido en las dependencias públicas y de los que consagran su inteligencia al servicio del Estado. Oigamos el parecer, siempre respetable, de los hombres de ciencia, de aquellos que viven en el mundo de los doctos, y que se fijan más en el rigorismo de los principios que en las necesidades de la vida real.

Dos medios existen para el repartimiento de los impuestos directos, el uno de cupo fijo y de cuota variable y el otro de cupo variable y de cuota fija. Nos explicaremos: el primero es el que se aplicaba en España desde 1845 hasta 1869-70, y el segundo es el que se aplicó desde 1870 á 1877. Aquél tiene su precedente histórico en el Estado, éste lo tiene en la Iglesia, por ejemplo, las derramas exigidas á los pueblos por los reyes y por los Parlamentos y el diezmo, ó sea el 10 por 100 de la produccion, que estableció la Iglesia en varias naciones, incluso en España. La derrama supone el sistema de reparticion, y el diezmo el sistema de cuota fija.

¿Cuál de los dos medios es preferible bajo el punto de vista científico? La distribucion igual del impuesto no depende directamente de uno ó otro sistema, sino de la exacta apreciacion de la materia imponible. Si veinte fincas produjeran una renta de 100 cada una, y fueran evaluados de distinta manera, dándose á unas aquel valor, á otras más y á otras méños, ya sea el impuesto de reparticion ó de cuota fija, habrá desigualdad y faltará el requisito de la justicia relativa, el primero de todos los requisitos,
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porque representa la igualdad. Y la desigualdad sólo desaparece por medio de un catastro, de un registro ó de un amillaramiento exacto y verdadero

Si la materia imponible no fuere justa y proporcionalmente evaluada, en relación á cada contribuyente con la debida igualdad, el impuesto no puede ser igual, ántes por el contrario, tendrá el defecto de la base, esto es, de la evaluación.

Los defensores del sistema de repartición aducen las siguientes razones: 1.ª El Estado presta los servicios por el precio del coste, y por eso debe recibir este precio solamente, es decir, una determinada cantidad, y sólo puede verificarse repartiéndolo entre los contribuyentes la cantidad votada por el Parlamento; 2.ª Es necesario distribuir á unas circunscripciones más y á otras menores, de manera que el pago en cada ayuntamiento sea diverso; 3.ª Que el repartir la cuota fija provoca una inspección recíproca entre los contribuyentes, pues nadie consiente en que su finca sea tasada en más ó en menos que la de su vecino, pues de consentirlo, satisface mayor contribución; y 4.ª Que el reparto de una cantidad determinada hace que el gravamen sea menor.

Los partidarios del sistema de cuota fija, sólo vigente desde 1870 á 1877, aducen los siguientes argumentos: 1.º El reparto de una cantidad determinada no es verdaderamente exacto, porque siempre resultan en la recaudación partidas fallidas ó créditos incobrables. 2.º La prestación de los servicios por el Estado, al precio de coste nada influye para que sea ó deje de ser variable el producto de las contribuciones, como sucede con las indirectas, pues una buena contabilidad ó un buen cálculo permite fijar las cantidades necesarias que impidan el déficit del presupuesto. 3.º La denuncia y la inspección de los contribuyentes, si bien se opone á la costumbre de los pueblos, es de todo punto conveniente; y 4.º Por el sistema de repartición, el Gobierno se cuida más de los detalles, á diferencia del de cuota fija, en que el poder público tiene un sólo objetivo, el conocer la verdadera renta del contribuyente.

Indudablemente la cuota fija es más útil que la de repartición, aun dado caso que los datos estadísticos sean incompletos ó deficientes. La repartición supone una gran estadística parcelaria y un amillaramiento exactísimo; la cuota fija, si bien tiene por
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base una buena valoracion, se amolda y domicilia más sin esas condiciones, que no á todos los pueblos es dado alcanzar. La cuota fija puede variar todos los años, y esta variación no lleva consigo vastas operaciones de contabilidad; en cambio, cuando varía el cupo repartible, se produce un trabajo complicadísimo en los ayuntamientos y en las dependencias públicas.

De todas suertes, siempre resultará que uno y otro sistema necesitan como base una valoracion exacta é imparcial de la renta del contribuyente, ya se fije el impuesto con carácter proporcional á la fortuna de los asociados, ya con el carácter progresivo, aumentando el tipo imponible de una manera limitada ó ilimitada.

No entraremos á discutir, porque nos apartaría de nuestro propósito, las teorías ó sistemas objetivo, de igualdad, de sacrificio y financiera, ó sea del impuesto proporcional y progresivo. Bastará dejar consignado el precepto de la Constitucion española que obliga á los ciudadanos á contribuir á las cargas públicas en proporcion á sus haberes.

Sentados ya los puntos de hecho y de derecho, dedúcese de ellos la necesidad imperiosa de proceder á la evaluacion de la riqueza. En 1846 la riqueza imponible declarada en los repartimientos alcanzaba á 2.084 millones de reales; en 1855, á 2.483; en 1871-72, á 3.024, y en 1877-78, á 3.150.

¿Pueden considerarse exactas las anteriores cifras? Indudablemente que distan bastante de la verdad. Ni el amillaramiento hecho á raíz del sistema tributario, ni el realizado en 1860, ni el censo de riqueza que dispuso el decreto de 19 de Agosto de 1871, ni las operaciones mandadas practicar en 1876, ofrecen resultados tales, que permitan creer en su rigorosa exactitud. La riqueza reconocida oficialmente es la única que existe para el Estado á los efectos de impuesto; es, digámoslo así, la verdad legal; pero dista bastante de ser la verdad misma. La imperfeccion de los procedimientos empleados para la formacion de los amillaramientos y de las cartillas agrarias, dió lugar á desigualdades entre provincia y provincia, entre pueblo y pueblo, entre contribuyente y contribuyente, y de aquí que se imponga á los poderes públicos, como una necesidad nacional, la depuracion eficaz de la riqueza inmueble.