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Gaceta agrícola del Ministerio de Fomento (), página 559

LA AGRICULTURA Y LOS IMPUESTOS. (1)

Señores:

Antes de entrar en materia, necesito dar, al ilustrado público que tiene la benevolencia de oírme, una explicación.

En mi anterior conferencia ofrecí que si algún día volvía á tocarme el turno, hablaría de cuestiones agrícolas esencialmente prácticas, propias del ingeniero agrónomo; os dije, entre otras cosas, que daría á conocer las modificaciones, buenas ó malas, que he introducido en los procedimientos de elaboración del vino de pasto seguidos en esta localidad, y que traería muestras de los productos obtenidos con arreglo á los nuevos procedimientos. Esta deuda la reconozco, y procuraré saldarla á la primera ocasión. Hoy habréis de permitirme que hable de otro asunto muy distinto, que desarrolle un tema elegido, puede decirse, por la misma clase labradora, que mira ciertamente con marcado interés la marcha de estas conferencias.

Apenas había tenido la honra de terminar la primera que dí en el Paraninfo de la Universidad Central, relativa á la Historia de la agricultura considerada como ramo del saber, y á las tendencias y objetivo del progreso agrícola moderno, recibí unas cuantas cartas de diferentes provincias de España, manifestándome la satisfacción con que se habían enterado, por medio de los periódicos, del contenido de mi conferencia, en la cual encontraban, sin embargo, un gran vacío. Después de prodigarme elogios inmerecidos, que agradezco, manifestaban con esa ingenuidad,

(1) Conferencia agrícola del domingo 28 de Abril de 1878, á cargo del Sr. D. Luis Casabona, Ingeniero agrónomo y catedrático de la Escuela general de Agricultura.
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tiempo, escribió un Tratado general de agricultura que aún se conserva, y se encuentra traducido en nuestro idioma; este libro, el más completo, elocuente y sabio de cuantos se escribieron sobre esta materia en la antigüedad, nos da una idea exacta de la agricultura romana, y sus documentos son más adaptables para nuestro clima y suelo que para otro alguno por la circunstancia de ser español y haberse educado en la misma Bética el que mereció ser llamado padre de la agricultura. Ojalá que aún hoy siguiesen los labradores españoles muchas de las doctrinas de Columela, que son excelentes y de todos los tiempos, habiéndose de considerar siempre como dignas del mayor aprecio las que expone en los capítulos sobre labores y abonos de las tierras, sobre el cultivo del olivo y en otros.

La historia nos demuestra que siendo España un país fértil y muy productivo durante los primeros tiempos de la dominación romana, principió á decaer su agricultura y á escasear las cosechas de granos después que perdieron su importancia las Curias, cuando se aumentaron enormemente los tributos, desaparecieron los pequeños propietarios y se fué acumulando la riqueza territorial en pocas e inhábiles manos, dándose origen á los latifundios de tan funestas y desastrosas consecuencias. Esta situación se agravó más luego que la Península quedó subyugada por los pueblos bárbaros del Norte de Europa, que en su irrupción violenta á principios del siglo V talaron e incendiaron cuanto hallaban á su paso, y destruyeron casi por completo las instituciones, los usos y costumbres y toda la civilización romana. En esta época triste y sangrienta tuvieron origen los baldíos, esto es, se abandonaron los terrenos que no pudieron vender ni repartirse los conquistadores y los destinaron al pasto espontáneo de la ganadería, que era la principal ocupación de aquellas gentes, pastores ántes de la invasión de estos dominios. Los godos contribuyeron también directamente al atraso y ruina de la agricultura, mirando con desprecio el trabajo manual, de que resultó hacer odiosa y baja á la más importante y necesaria ocupación del hombre. Andalucía, que había sido la provincia más agricultora de España, debió perder también más que ninguna otra por estos trastornos y variaciones: sus baldíos llegaron á ser inmensos, ocupando las tierras más pingües, que lejos de producir aquellas abundantes cosechas que sabia sacarles el trabajo y la inteligencia, solo daban algunos pastos apenas suficientes para sustentar escasos rebaños.

Mudó enteramente la faz del cultivo de este país en tiempo de la dominación agarena. Los árabes penetraron en la Península á principios del siglo VIII, conquistarán casi todo el país en breve tiempo con el ímpetu característico de los hijos del Oriente, y, como era natural, en los primeros momentos de la invasión no pensaron más que en asegurarse de la rica conquista que la suerte les había deparado, y trataron á los indígenas como á vencidos, sin concederles protección ni descanso para dedicarse con tranquilidad y confianza á las labores agrarias. Después ya dueños y
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propia de la clase labradora, que la principal causa del atraso de la agricultura son los impuestos; y que si no se modificaba nuestra legislación en esta parte, jamás alcanzaríamos el progreso agrícola en los términos halagüeños que yo lo pintaba en mi conferencia, añadiendo que este era el punto hacia el cual debíamos dirigir nuestros esfuerzos.

En todas aquellas cartas, señores, predominaba la misma idea; de modo que la cuestión de contribuciones es capitalísima para la clase labradora, que está plenamente convencida de que si esto no se modifica, serán poco méritos que inútiles las granjas-modelos, las escuelas regionales, la central de ingenieros, las mismas conferencias agrícolas, y cuantos medios intente el Gobierno para desarrollar tan importante ramo de la riqueza pública.

Prescindiendo, señores, del mayor ó menor grado de oportunidad que pudieran tener dichas observaciones, hechas con motivo de mi conferencia, consagrada, como sabeis, única y exclusivamente al progreso de la ciencia agronómica en general y no á la agricultura especial de España, yo no podía permanecer indiferente á esas excitaciones, no solo por espíritu de compañerismo, puesto que soy agricultor como ellos, sino también por el título de ingeniero agrónomo que llevo, y más que todo, por el de profesor de agricultura, que constituye en mí un verdadero sacerdocio con la obligación sagrada de defender la causa del progreso agrícola en general con toda la fuerza de mis convicciones, y especialmente el de la agricultura patria, señalando y procurando remover cuantos obstáculos se presenten.

Ya sabeis, pues, cuál es mi tema, elegido por los mismos labradores y aprobado por el Gobierno, que se ha dignado traerlo aquí á discusión:

La agricultura y los impuestos.—Grande es, señores, la responsabilidad que he contraído al aceptarlo; pero aun es mayor vuestra benevolencia: vengo á cumplir un deber y procuraré llegar hasta donde alcancen mis débiles fuerzas.

Dos caminos se me presentan, á primera vista, para demostrar si son ó no justas las quejas de la clase labradora; análogos á los que franquea la administración tratándose de las reclamaciones de agravios: el primero está basado en la justicia relativa, es decir, en la equidad, comparando la contribución que paga un industrial ó un comerciante, con la que paga un agricultor; el otro, basado en la justicia absoluta, es decir, sin comparaciones de ningún género, buscando la relación que hay entre la renta de que disfruta el labrador y el impuesto que se le obliga á satisfacer.

Desde luego debemos renunciar al primer procedimiento. Si yo pudiese citar los nombres propios de algunos comerciantes, industriales y banqueros, os llenaríais de asombro al ver que, á pesar de su gran fortuna, apenas pagan la contribución de un mediano propietario-agricultor; pero yo debo huir del terreno de las personalidades, impropio del carácter noble y levantado de estas conferencias.

Convendría publicar, suprimiendo los nombres de las personas, las
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cuotas de los doce primeros contribuyentes por industrial, de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y demás provincias de importancia para que los agricultores se enterasen y pudiesen comparar. Aunque poseo estos datos no puedo darlos á luz porque han llegado á mí por segunda mano en vez de venir directamente del ministerio de Hacienda donde los he pedido; y esta segunda mano no me ha autorizado todavía para publicarlos. Con el tiempo se publicarán y circularán con profusión por todas las provincias, y estoy seguro que constituirán la mejor defensa de la clase agricultora en materia de impuestos.

El segundo procedimiento, ó sea la relacion que guarda la renta de que disfruta el labrador con la contribucion que se le obliga á satisfacer, es una cuestion difícil y delicada, porque aun cuando me sería fácil presentaros algun ejemplo práctico que demostraría que hay propietario agrícola que paga el 50 y aun el 100 por 100 de su renta, no quiero fijarme en un caso concreto y determinado que podria dar á entender que confundiamos la excepcion, y aun el abuso, con la regla general. Por consiguiente, no citaré ningun caso particular.

Para resolver acertadamente esta cuestion, deberíamos sacar el término medio general, y esto es hoy imposible porque carecemos de verdadero catastro.

Resulta, por lo tanto, que no podemos seguir ninguno de los dos caminos que hemos dicho se nos presentaban á primera vista.

¿No habrá, pues, medio alguno de probar si son ó no justas las quejas de la clase labradora; si es ó no cierto lo que nos dice y repite á todas horas que la principal causa de su desgracia [y de su ruina son los impuestos? Sí, señores, hay un medio muy seguro y sencillísimo que creo no dará lugar á dudas de ningun género. Vamos á resolver el problema en términos generales y absolutos con arreglo á los principios de la ciencia económica y con la mayor elevacion de miras posible: examinaremos los procedimientos seguidos por la administracion para establecer y realizar el impuesto en cuanto se refiere á la agricultura. Si estos procedimientos y estas leyes responden al objeto que se proponía el Gobierno, á saber: que cada uno contribuya á las cargas del Estado según la fortuna de que disfruta, nada tendremos que decir; pero si carecen de una base fija y están plagadas de errores económicos, entonces tendremos que confesar que tiene razon la clase labradora, cuyos sagrados intereses quedan así completamente desamparados.

No es posible que yo examine una por una las infinitas disposiciones legislativas que se refieren á este asunto: pues esto daría de sí tema bastante para varias conferencias. No temais tampoco que haga una larga y erudita disertacion acerca de los diferentes sistemas tributarios que se conocen, ponderando las ventajas e inconvenientes de cada uno dellos; lo cual seria más propio de una academia ó de un Parlamento. Soy mucho más modesto.

Para que mi conferencia sea de algun resultado práctico, debo concre-
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tarme á lo que tenemos establecido en nuestro país, dividiéndola en tres partes: en la primera me ocuparé de las leyes relativas á la traslación del dominio ó de la propiedad territorial; en la segunda del nuevo reglamento de amillaramientos que debía constituir el principal objeto de esta conferencia, y en la tercera de los impuestos sobre cereales, consumos, portazgos y otros con que está gravada la agricultura. Confieso que al desarrollar este tema difícil y delicado, necesito toda la benevolencia de mi auditorio y especialmente del Gobierno si he de hablar con la libertad necesaria y sin hacer traicion á mi conciencia.

PRIMERA PARTE.

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS QUE SE REFIEREN Á LA TRASLACION DEL DOMINIO EN EL ÓRDEN DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL.

Antes de desarrollar esta parte de mi conferencia, voy hacer una observacion general que comprende toda clase de impuestos. Creo, señores, que la base del sistema tributario de nuestro país está completamente falseada; voy á demostrarlo.

Con arreglo al artículo 5.º de la ley de 23 de Mayo de 1845, se refundieron en un solo cupo general de contribucion ordinaria los variados tributos que se venían pagando hasta aquella fecha sobre el décimo de la produccion ó cuota gremial ó sobre los actos y contrataciones personales, cuya distribucion se hacia bajo distintas formas, á cual más injusta, puesto que se hacia, no con arreglo á la riqueza de que disfrutaba cada uno, sino conforme al capricho y arbitrariedad de los sindicos y procuradores. Aquella situacion anómala desapareció, logrando un gran progreso que España debe al talento financiero del Sr. D. Alejandro Mon, lo mismo que al de D. Juan Bravo Murillo, que vino más tarde á consolidar el sistema estableciendo útiles reformas, especialmente en lo relativo á la fiscalizacion y contabilidad.

El primer presupuesto basado en la referida ley de 1845, no pudo tener otra base que el cupo total de contribucion que venian pagando hasta aquella fecha las diferentes provincias de España: era el único dato que tenian, y, por consiguiente, no se les podia exigir otra cosa. Pero hoy ¿podríamos nosotros admitir aquel tipo general? De ningun modo. Y, en efecto, todos nuestros ministros de Hacienda, desde el año 1845, han venido aumentando el presupuesto de gastos, suponiendo, lo que aceptamos todos, que la riqueza general del país ha aumentado considerablemente. Sin embargo, ese aumento de gastos que consta en los presupuestos de nuestros tiempos, ¿es proporcional, como debiera ser, al aumento progresivo de la riqueza de la nacion? Por desgracia nuestra no es así.

¿Qué hacen nuestros ministros de Hacienda al presentar los presupuestos? Piden á las Cortes lo necesario para realizar su proyecto, más
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ménos acertado ó equivocado, porque no son infalibles. Es decir, que en vez de tomar como punto de partida la verdadera riqueza ó renta del país no se fijan más que en lo que el ministro se propone gastar con arreglo á su proyecto; como si la riqueza pública fuera clástica á voluntad de los ministros, como si se tratara de un manantial inagotable.

Yo creo que lo primero que hay que hacer es el catastro, sin el cual no podemos tener idea exacta de nuestra riqueza; pero no un catastro que sea tan costoso y casi usurio como el parcelario, sino por circunscripciones municipales, lo cual es muy factible. Háganse las valoraciones por un personal facultativo á la altura de su mision, y entonces podremos hacer el primer presupuesto verdadero que haya tenido España. Me creo autorizado, señores, para hablar en estos términos, porque el mismo señor ministro de Hacienda que formó el reglamento de amillaramiento dice en el preámbulo del decreto:

«La distribucion del cupo municipal entre los contribuyentes no reconoce otra base que la arbitrariedad de las corporaciones encargadas de realizarla.» Pero dejemos á un lado estas generalidades, por más que interesan directamente á la clase agricultora, y pasemos desde luego á tratar del impuesto sobre las traslaciones de dominio.

Toda contribucion, cualquiera que sea su nombre, debe referirse á una renta; esto es un principio fundamental de economia admitido ya por la opinion general.

Pues bien; ¿la finca rústica, objeto de una venta, que pagaba antes y seguirá pagando despues el 25 por 100, por ejemplo, de contribucion territorial como todas las demás fincas, producirá una renta mayor por el mero hecho de venderse? Es claro que no; por consiguiente, no hay motivo para sujetarla á un nuevo impuesto. Esta sencilla consideracion bastaría por sí sola para demostrar que semejante impuesto no tiene razon de ser.

Algunos lo defienden por la teoría de las contribuciones indirectas, mas aplican mal esa teoría. Los derechos de consumos, por ejemplo, gravan ciertamente sobre los productos de la agricultura al ser introducidos en una poblacion; pero no es el labrador el que paga este tributo, sino el habitante de la ciudad, mientras que en el caso anterior no hay más que uno que compra y otro que vende; el primero pagará desde aquel dia toda la contribucion correspondiente á la renta de la finca, y el segundo la ha estado pagando hasta el momento de venderla. Por lo tanto todo lo que se exija de más es altamente injusto.

Por otra parte, la consecuencia inmediata de esta contribucion es paralizar el movimiento de la propiedad territorial poniéndola en condiciones muy desventajosas respecto á todos los bienes muebles; por consiguiente es una verdadera rémora para el progreso de la agricultura.

Pero veamos hasta qué punto es gravosa dicha contribucion; y para mayor claridad nos fijaremos en un caso práctico relativo á la pequeña propiedad, que es la que más abunda en nuestro país. Supongamos que
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yo deseo vender una finca ó parcela de tierra de una fanega de extensión; que es de muy mala calidad y me dan por ella 300 reales. Pues bien, he aquí los gastos que ocasiona la venta:

    Rs. Cts.

    1.º Por traslacion de dominio, 3 por 100
    9

    2.º Por la matriz de la escritura, 2 por 100
    6

    3.º Papel para el protocolo y para la copia, 3 pliegos
    9

    4.º Importe de la copia
    3

    5.º Inscripcion en el registro
    4

    6.º Derechos del liquidador
    0'50

    TOTAL
    31'50

Resulta desde luego mermado el capital, en concepto de contribucion, más de un 10 por 100. Es decir, que si las fincas rústicas mudaran á menudo de dueño, lo cual convendría para equipararlas á los bienes muebles, bastaria este impuesto por sí sólo para arruinar la propiedad, puesto que antes de la décima venta habría ya pasado á manos de la administración todo el valor de la finca.

Esto, señores, sin tener en cuenta otra infinidad de gastos y molestias que suelen ocurrir, como es la presentación de la cédula; tener que esperar turno en casa del notario; llevar la escritura al registro de hipotecas, situado á veces á muchas leguas de distancia y cuyo viaje importa cantidades de consideración, relativamente hablando; las dudas que se ofrecen á los funcionarios públicos con respecto á la legitimidad de los títulos y otros muchos inconvenientes que en último resultado hacen subir en algunos casos los gastos de venta tanto ó más que lo que vale la finca; de lo cual podría citaros algunos ejemplos. Esta situación, señores, es gravísima y no necesita comentarios. Pero hay más todavía. Si el dueño de esta finca, al día siguiente de comprarla, tiene la desgracia de morirse, sobreviene en el acto un nuevo impuesto, de tanta consideración, que oscila entre el 1 y el 10 por 100 del capital.

De modo que, según la duración media de la vida del hombre, aún prescindiendo de las causas extraordinarias de mortalidad, como las epidemias y las guerras tan frecuentes en nuestro país, bien pronto ha de pasar á manos del Estado el valor de la propiedad territorial; pudiendo decir, por lo tanto, que no es realmente un impuesto el que se refiere á la traslación de dominio, tal como se cobra en nuestro país, sino un acto de verdadero socialismo, un despojo legal cuyas terribles consecuencias estamos ya tocando. Si un particular, que en vez de vivir de su renta vive del capital, camina rápidamente á su ruina, el Estado arruina también al país cuando administra á costa del capital del contribuyente.

¿Cómo podremos extrañar que se halle atrasada la agricultura y que se queje constantemente la pobre clase labradora que ve á un banquero,
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por ejemplo, que disfruta cómodamente de su fortuna en medio del regalo de los grandes centros de poblacion, realizar sus acciones de ferrocarril, las del Banco de España y demás valores cotizables en la Bolsa, sin ninguna de esas infinitas labores é innumerables gastos que acabamos de indicar, sólo con entregarlos á un corredor que inmediatamente pone en sus manos el importe del valor vendido?
    Mucho más pudiera decir del impuesto sobre la traslacion de dominio; pero no quiero abusar de vuestra benevolencia y paso desde luego á la

SEGUNDA PARTE.

DEL NUEVO REGLAMENTO PARA LA RECTIFICACION DE LOS AMILLARAMIENTOS.

Hé aquí, señores, el punto más importante de mi conferencia; pero este documento consta de 212 artículos y no es posible hacer el juicio crítico de cada uno de ellos. Nos contentaremos con examinar, muy á la ligera, los diez ó doce que se relacionan más directamente con mi tema.
    Prescindiendo de los defectos que pueda tener el Reglamento en la parte administrativa, por ejemplo, el del artículo 4.º donde se ordena que de diez individuos que constituyen una Junta municipal sólo uno de ellos podrá ser propietario forastero, mientras los nueve restantes deben ser vecinos del pueblo cuyos inconvenientes se comprenden fácilmente, puesto que así queda sin amparo la propiedad, nos concretaremos á las cuestiones puramente facultativas que son de nuestra competencia.
    Empezaremos por el artículo 6.º, que se refiere á la formacion de regiones agrícolas.
    Mucho pudiéramos decir acerca de esta importante cuestion; pero una circular del señor ministro de Hacienda nos ahorra este trabajo. Se ha convencido el Gobierno de que el tipo de evaluacion por regiones es completamente imposible de realizar y contrario á todas las leyes de la agronomía moderna, por cuyo motivo ha relevado á los pueblos de la obligacion que les imponía el artículo 6.º del Reglamento.
    Solo quiero llamar vuestra atencion acerca de las siguientes frases estampadas en dicha circular: «El objeto de las Juntas regionales es evitar por medio de estudios simultáneos y comparativos, las irritantes desproporciones que se observan en la distribucion del tributo y que nacen de haberse formado las cartillas evaluatorias por la Junta pericial de cada Municipio, sin relacion alguna con las de los Municipios circunstantes.... A establecer aquella relacion y á remediar por lo tanto el daño conocido se dirigen las prescripciones del mencionado artículo 6.º»
    Como la circular de 20 de Diciembre de 1876 ha venido á anular este artículo, es evidente que ya no se establece aquella relacion ni se remedia el mal conocido.
    Este mal, cuya existencia reconoce y confiesa nuestra administracion, depende de la mala clasificacion de las tierras labrantías, como luego de-