El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 458

IV.

PARTE CONTENCIOSA Y PENAL DEL RAMO DE MONTES.

Establecido el régimen administrativo, y determinados los funcionarios á quienes debe confiarse, resta ahora tomar en consideración la parte judicial, ó sea la legislación contenciosa y penal de este importante ramo. Si las ordenanzas y Reales decretos que sucedieron á las de 1748 nos manifiestan los abusos de los tribunales especiales y de las jurisdicciones privativas: si acertaron á sustituirlas con otras mas conformes al interés público y privado; si después las ordenanzas de 1833 separaron muy acertadamente las funciones de la administración de las de la judicatura, todavía la observancia de algunas leyes, ó ineficaces ó viciosas, su incoherencia y multiplicidad subordinaron la administración á los fallos de los tribunales comunes, amenguando su independencia.

Tropezábase hasta ahora en el grave inconveniente de que hallándose el Estado frente á frente del interés individual, al sostener contra él sus legítimos derechos tenía que someterse casi sin defensa á exigencias desmedidas. En la jurisdicción ordinaria y por los trámites y reglas prescritas para los juicios y demandas del simple particular se ventilaban siempre sus derechos y acciones; y ya se echa de ver, que puesto en pugna un cuerpo moral representando y obrando por delegación con el propietario, que por sí mismo dirige sus negocios, y directamente se propone conducirlos á su término, éste había de llevar la ventaja, escitar mayor interés, procurarse simpatías, que tarde se conceden al Estado y á los pueblos, y reunir en la defensa la actividad á la energía, y las consideraciones individuales á las que la manera de enjuiciar le procura.

Pero creados ya por la ley de 2 de abril de 1845 los consejos provinciales, establecida la conveniente igualdad en los medios empleados por las partes que litigán , uno mismo el palenque para todas, ante ellos deben desde luego ventilarse muchas de las cuestiones que , siendo puramente contenciosas-administrativas , se sometían hasta ahora á la jurisdicción ordinaria. Tales son las que pueden originarse de la verdadera interpretación de un acto administrativo, cuya inteligencia de lugar á dudas y diferentes versiones , ya se contraiga á los arriendos, subastas y aprovechamiento de los montes, ó ya á otros contratos entre el Estado y los pueblos, y los particulares, en cuyo caso los jueces ordinarios deberán remitir á los interesados al fallo de la administración.

A esta corresponde también en la actualidad , resolver aquellas cuestiones emanadas del deslinde y amojonamiento de los montes del Estado ; de los propios y comunes, y de los establecimientos públicos. Pero preciso es confessarlo: no se funda esa facultad en la naturaleza misma del juicio. El de apeo y deslinde es puramente civil, no puede menos de serlo , y corresponde como tal á los tribunales ordinarios. En el aparece el Estado y los pueblos con el simple carácter de un poseedor que ejerce actos de la vida civil, y sometido, como todos, á las leyes comunes. Hay, sin embargo, consideraciones de interés general, miras de conveniencia pública y de la más alta importancia , que á lo menos por un tiempo dado, constituyen, contra la generalidad del principio, en tribunales extraordinarios á los consejos provinciales para el juicio de deslinde y amojonamiento, aunque reservándose siempre á los comunes toda cuestión de propiedad. Bastará para concebir el fundamento de esta excepción, atender á los deberes que ha contraído el Gobierno respecto de los montes del Estado y de los pueblos, al deplorable deterioro de estas fincas, y á la urgente necesidad de restaurarlas. De su conservación y mejora depende el porvenir de muchos pueblos; no hay sin ellas made- ras para la construcción urbana y naval, defensa para las costas, diques y estacadas para los ríos, desarrollo posible para la agricultura, los talleres y las fábricas. Exige, pues, el cuidado y conservación de los bosques una acción rigurosa y energética, procedimientos rápidos , que aseguren su propiedad y fijen su extensión y sus límites, y pongan coto á las usurpaciones que los amenguan y deterioran.

Tan urgentes é importantes atenciones, colocando el Estado en situación muy diversa de la del simple particular, justifican sin duda, esa jurisdicción extraordinaria concedida á los consejos provinciales para los deslindes: jurisdicción ahora necesaria, y que dejará de serlo ya determinadas de una manera precisa la periferia y la demarcación de los montes pertenecientes á la nación, á los propios y comunes y á los establecimientos públicos.

De tanta ó mayor trascendencia que la parte contenciosa del ramo de montes, de mas frecuente aplicación, y de una influencia quizá más poderosa en su fomento y mejora,