El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 461

vecharse de sus despojos.

Con todo eso, tales son las penas marca-
das por el Código á estos escos, que lejos
de conseguir el objeto, sirven mas bien por
su ineffectiva para que las contravenciones á
la Ordenanza de 1833 se estiendan y multi-
pliquen. Comparada la legislacion penal que
en ellas se establece con la del Código rela-
tiva á los daños ocasionados á los montes,
se tocará desde luego esta verdad: un ejem-
plo para comprobarla. Que se trate de cas-
tigar la corta fraudulencia de cincuenta pi-
nos, en el supuesto de tener el tronco de
cada uno ocho y media pulgadas de circun-
ferencia.

En tal caso, la ordenanza de 1833, ade-
más de prescribir la restitucion de los ár-
boles y el resarcimiento de los daños y per-
juicios, impone la multa de seis reales por
árbol, resultando que por todos ellos habrá
de satisfacer el delincuente trescientos rea-
les. Ahora bien; valiendo, por lo común dos
reales cada pino, é importando ciento de
consiguiente los cincuenta del caso propues-
to, con arreglo al Código penal, solo podrá
impresionar al dañador una multa de cuaren-
ta á ciento veinte reales. Fíjese en sesenta
reales, y tendremos que el Código impone
únicamente la quinta parte de la pena de-
terminada por la ordenanza; esto es, una
cantidad que no cubre siquiera el valor de
los árboles cortados. ¿Será así como ha de
ponerse término á esta funesta devastacion,
que amenaza los restos deteriorados de nues-
tros bosques? No: semejante represion, los
abandona sin defensa al ciego furor de los
dañadores. Hay, pues, una necesidad de mo-
dificar en las nuevas ordenanzas del ramo
la legislacion penal del Código que con él
tiene relacion, proporcionando la pena á la
indole y trascendencia de los daños que en
vano se intentará evitar de otra manera.

V.

DEDUCCIONES.

En cuanto se ha manifestado hasta aqui se
deriván las reglas siguientes que pueden con-
siderarse como otras tantas bases de la refor-
ma que reclama nuestra legislacion de montes.

1.a Bajo la denominacion general de mon-
tes, se entiende para los efectos de la ley,
que tenga por objeto su conservacion y fo-
mento, todos aquellos terrenos destinados
principalmente á la produccion de árboles,
arbustos ó matorrales, que ni son de ornato
publico ni de fruto especial, ócultivo agrario.

2.a Se dividen en cuatro clases; á saber:
primera, los montes del Estado; segunda,
los de propios y comunes, y de las corpora-
ciones que dependen del Gobierno; tercera,
los de los particulares; y cuarta, los que se
hallan pro-indiviso.

3.a Se comprenden en la primera clase
los conocidos con el nombre de realengos,
baldis, y nacionales administrados antes por
la marina y actualmente por el ministerio de
la Gobernacion; los que pertenecieron á las
comunidades suprimidas, hoy á cargo del
de Hacienda; los que no tienen dueno co-
nocido, y los que aunque le tengan se hallan
secuestrados por el Gobierno.

4.a Corresponden á la segunda los mon-
tes y dehesas de los propios y arbitrios de
los pueblos; los comunes que son de su usu-
fructo, y los que forman el patrimonio parti-
cular de las corporaciones y establecimien-
tos publica con una dependencia mas ó menos
directa de la administracion suprema del
Estado.

5.a En la tercera se colocan todos los
que con justo título son del dominio priva-
do, y cuya posesion y aprovechamiento cons-
tituyen un derecho reconocido e incontes-
table.

6.a Por ultimo, se compone la cuarta de
aquello montes en que la propiedad y el
usufructo se dividen entre los particulares
y el Estado, ó los pueblos que los gozan
mancomunadamente, ya consista esta indi-
vision en porciones determinadas del suelo,
ó ya simplemente en el disfrute comun de
usos, servidumbres y aprovechamientos.

7.a Menos los montes de los particulares
todos los demas deben quedar sujetos al re-
gimen administrativo á las disposiciones de
unas mismas ordenanzas.

8.a El Gobierno administra directamen-
te los montes del Estado; interviene en los
de propios y comunes, y de las corporacio-
nes y establecimientos públicos; vigila sim-
plemente los de los particulares, y procuran-
do la consolidacion de los que se hallan pro-
indiviso, administra la parte que de ellos
corresponde al Estado, interviene en la que
es propiedad de los comunes, y vigila la que
pertenece á los particulares.

9.a Tiene á su cargo el Gobierno el re-
gimen de los montes del Estado; cuida di-
rectamente de su conservacion y mejora;
dirige su cultivo; dispone las cortas y las
podas; aprovecha los productos, todo con la
cooperacion de las autoridades locales ad-
ministrativas, y por medio de sus agentes y
delegados, bajo la dependencia de los jefes
politicos en las provincias