El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 459

es bajo muchos respectos la legislación penal.

La establecida por las ordenanzas de 1833, producto de la experiencia y de la organización judicial y administrativa de la época en que fueron publicadas, si adolecía de vicios que podían y debían corregirse, superior con todo eso á la que hasta entonces se observaba, suficiente á las necesidades que la habían dado origen, calculada por ellas, en vano sería desconocer la influencia que ejerció constantemente en la conservación del arbolado, y en la represión de las faltas y delitos cometidos por sus dañadores. La rechazarán tal vez actualmente el rigorismo de los principios y la índole de las relaciones, que establecen una línea divisoria entre la autoridad administrativa y la judicial, reduciendo una y otra á sus verdaderos límites; pero es cierto que correspondía cumplidamente á su objeto; es cierto que tan lejos de un rigor escusivo como de una inconsiderada lenidad, llevaba la supresión hasta donde podía conciliarse con la justicia; es cierto que en armonía las penas con los delitos, y fácil y expedita la aplicación, ni faltaba á las exigencias de nuestras costumbres, ni á los progresos de la sociedad.

Dejando á los juzgados ordinarios las causas por daños ocasionados en los montes, cuando el valor del resarcimiento y de la pena excedía de cuarenta y cinco reales, si por el contrario no pasaba de esta cantidad, facultaba á los alcaldes para fallarlas. Así eran penadas y corregidas muchas faltas y contravenciones, y aquellos daños de menor cuantía, que siendo más comunes y frecuentes, tanto contribuyen á la ruina de los montes. Pero todavía estas facultades concedidas á los alcaldes como funcionarios de la administración, fueron llevadas más lejos por el artículo 75 de la ley de ayuntamientos; podían según él exigir multas hasta la cantidad de cien reales en los pueblos que no llegasen á quinientos vecinos; de trescientos en los de menos de cinco mil, y de quinientos en los restantes. Y como si esta atribución fuese inherente á la autoridad administrativa, y necesaria á su existencia, dispuso igualmente la ley de 2 de abril de 1845 sobre el gobierno de las provincias, en la disposición 3.ª de su artículo 5.º, que los jefes políticos impusiesen correccionalmente multas, cuyo máximo no excediese de mil reales, y en caso de insolencia la pena de detención.

Avezados los pueblos á considerar estas facultades como de la esencia misma de la autoridad administrativa, encontrando justas y legítimas las consecuencias de su ejercicio, les prestaron siempre una aquiescencia, tanto mas saludable y voluntaria, cuanto que veían en ellas un medio de represión indispensable, y tal vez imposible de suplirse por el poder judicial. Porque ejercida esta represión por los mismos que de cercaocaban el daño, menos vejatoria quizá que si fuese el resultado de un procedimiento criminal, mas eficaz en sus efectos, realizada casi tan pronto como la falta que la hacía necesaria, robustecía el prestigio de la autoridad, y daba fuerza á sus mandatos. Pregúntese qué es á los ojos de la multitud un alcalde á quien se niega el derecho de castigar aun aquellas faltas leves, que está llamado á prevenir. Le mirará solo como un consejero impertinente y débil que, presenciando el mal, y reducido á reprenderle con vanas amonestaciones, carece de medios para corregirle, un simple testigo de los estravíos, que otro no podrá apreciar debidamente, y cuya enmienda, ó demasiado tardía, ó tal vez incompleta, vendrá en todo caso á dar por resultado la impunidad.

Este deplorable efecto tiene que producir el nuevo código penal, al conceder únicamente á los jueces la facultad de imponer multas, y denegarla á los jefes políticos y á los alcaldes, aun procediendo administrativamente y por vía correccional, cuando se trata sólo de faltas. Desvirtuada así la autoridad administrativa, y reducida frecuentemente á la nulidad, sin la influencia mas enérgica que sostiene su prestigio, quedan privados los montes de una defensa, tanto mas necesaria, cuanto es mayor la facilidad de perjudicarlos. La gravedad de este cambio en la legislación del ramo exige de la comisión algunas observaciones.

No desconoce, antes confiesa desde luego, que la administración no debe juzgar; que las funciones del administrador y las del juez, encerradas por su diversa índole en distintas esferas, nunca se amalgaman en una sola sin perjudicarse mutuamente. ¿Mas por qué al admitirse de una manera absoluta este principio en el código, no se ha organizado el poder judicial de tal manera, que le hiciese aplicable sin menoscabo de la administración? Falta la ley que la autorice para recurrir al Tribunal Supremo, cuando ha sido mal interpretado alguno de sus actos por los tribunales civiles; falta esto garantía de su existencia, creada, por otra parte, en interes de la ley misma y para mantener la unidad de jurisprudencia. Justamente establecida por la legislación francesa; nada hay