El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 460

entre nosotros que pueda suplir los recursos por ella autorizados á la Cour de casation, en apoyo y auxilio de la autoridad administrativa. Antes de negarle el código el derecho de imponer y exigir multas correccionalmente, y de arrancarle la facultad de juzgar aquella clase de faltas, que por su misma naturaleza y poca importancia exigen un leve castigo y una pronta represion, debió crear para entender en ellas los jueces de paz y los tribunales de policía correccional, en vez de suplir estas instituciones con los juzgados de primera instancia. Porque ni su manera de proceder, ni su organización especial, acomodada al objeto para que fueron establecidos, se prestan á la celebridad de la actuacion, á los pronto resultados, á las decisiones rápidas e inmediatas, que exigen ciertas circunstancias, y que la administracion reclama en el castigo de las infracciones de sus actos, en la represion de aquellas contravenciones leves, cuya impunidad se asegura con la lentitud de los juicios, y cuyo buen efecto depende de la oportunidad y de la resolución del momento.

Tal fué también la inconveniencia de la ley francesa de 25 de diciembre de 1790, para el régimen de los montes, que al separar la administracion de la jurisdicción, reunidas por las ordenanzas de Luis XIV, si destruyó el antiguo sistema, no acertó á organizar oportunamente al que debía sustituirle con ventaja. Reconocido mas tarde este resultado por sus desfavorables efectos en los bosques de la Francia, dio lugar á las sabias disposiciones ya anunciadas por Martinac en su preámbulo al proyecto de ley presentado á las Cámaras de 1826, que vino al fin á producir el Código forestal de 1827, donde sin reducir á la nulidad la administracion pública, es la autoridad judicial lo que puede y debe ser para actuar en toda clase causas contra los dañadores de montes.

Así, pues, reconociendo la comision que en buenos principios los funcionarios administrativos carecen de la facultad de juzgar, opina, sin embargo, que mientras no haya entre nosotros jueces de paz y tribunales de policía correccional, mientras la administracion carezca del derecho de apelar en ciertos casos al tribunal supremo contra los fallos de los juzgados, hay una necesidad de que los alcaldes continúen como hasta aquí en el ejercicio de las funciones que les confieren el art. 173 de la ley de 1833, y el 73 de la de ayuntamientos.

Pero otras consideraciones emanadas del mismo código penal y del espíritu y tendencia, que constituyen nuestro sistema administrativo, confirmaban á la comision en este juicio. Tales son:

1.º Que mas de una vez los funcionarios encargados por la ley de la parte administrativa de las localidades serian interrumpidos en el libre ejercicio de sus atribuciones, dependiendo su existencia publica del fallo de los tribunales.

2.º Que la administracion carecería de la independencia indispensable á su objeto.

3.º Que para despojarla de las facultades que le niega el Código penal, sería preciso darle otra organización, variar parte de las leyes que hoy la constituyen, establecer, en fin, un sistema distinto del actual.

4.º Que no podía ser tal la intención de los legisladores y del Gobierno al formar el nuevo Código.

5.º Que para ser este apreciado en su justo valor no debe ser considerado aisladamente, sino en armonía y relación con los elementos constitutivos del régimen administrativo y del gobierno del Estado.

6.º Que tanto menos pueden obtenerse resultados seguros y positivos de las restricciones á que somete á la administración, prohibiendo á sus delegados reprimir con leves penas cierta clase de faltas, cuanto que carecemos de un código de procedimientos, y no se hallan cumplidamente determinadas las relaciones necesarias entre la justicia y la administracion pública.

Pero todavía las penas señaladas por Código penal, cualquiera que sea la autoridad que las aplique son insuficientes para contener los daños causados á los montes. Conviene desde luego la comision en que el escusivo rigor de la represion, además de ser injusto, y destruir la conveniente proporción entre el castigo y el delito, ó no produce resultados, ó los produce contrarios á las miras del legislador y al interés de la sociedad; pero sabe también que la misma facilidad con que son dañados los montes, el hábito y la opinión que en ellos produjeron desde muy antiguo un esquilmo reprobado y continuo, las talas e incendios que los destruyen exigen mayor severidad, que la permitida por el Código. Nadie como escasivas rechaza las penas que establece la ordenanza de 1833, si han de tomarse en cuenta las lecciones de la experiencia, los cuidados indispensables para la conservación del arbolado, las tendencias á disminuirle, la situación misma de los montes, que le producen á larga distancia de las poblaciones, la dificultad y el costo de su custodia en extensos abertales, los infinitos medios que emplean sus dañadores para talarlos y apro-