El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 470

mos que el Gobierno debía obligar á todos los regantes actuales á formar estas asociaciones, y presentar dentro de cierto tiempo sus reglamentos á la aprobación del Gobierno, estableciendo en ellos que las cuestiones de hecho entre los regantes, las diriman los tribunales de aguas; las de aplicación de los reglamentos, los consejos provinciales, las de derecho común, los tribunales ordinarios, y mandando la publicación anual de cuentas.

Penalidad. Siendo uno de los ramos más interesantes la penalidad, respecto á las infracciones de órdenes y usos de riegos, y demostrándonos la práctica ser insuficientes las penas que están en uso en algunos países, entendemos se deberían establecer otras más eficaces. Por falta de una penalidad bien entendida no se pueden impedir las usurpaciones de aguas, y esto es más difícil de lo que parece. Si las penas son grandes y las multas crecidas, duele el aplicarlas, y como los pobres son insolventes, no producen resultados; por esto no nos complace enteramente el sistema sardo por demasiado severo. Si son pequeñas, vale más el agua y no impide el hurto. Por estas razones y otras que no tenemos tiempo para desenvolver, entendemos:

Que toda usurpación de aguas debe castigarse con pena moderada, pero efectiva, por la primera vez en el año. El que reincidente en el mismo año, pagará el doble y devolverá el agua; y el que por tercera vez en el año defraudase, además de reintegrar el agua y pagar doble multa, se le formará causa criminal, porque si no se logra un gran respeto á la propiedad, ni hay industria, ni gobierno, ni sociedad. En toda reincidencia, pagará también alguna multa el guarda del agua, porque debía haber vigilado especialmente á aquel regante tenido por usurpador. El dueño del campo donde se encuentre el agua usurpada, es responsable de ella porque se supone con harta razón que él será el usurpador, á no ser que pruebe lo contrario.

En el reino de Valencia está en uso esta última parte; pero siendo las penas muy inferiores al valor del agua, no contienen las usurpaciones. Los tribunales deben ser jurados de labradores, como el de antiguo establecido en Valencia, y todo su procedimiento verbal y sin costas. Aunque las penas de robos de agua están bien dispuestas en algunas partes, los administradores no quieren aplicarlas por no adquirirse el odio particular. Esto es lo más necesario de corregir. Tal vez pudiera lograrse poniendo en cada provincia un inspector general gratuito y bajo sus órdenes un celador general pagado que diese cuenta al inspector, y este al jefe político, de las infracciones que se daban sin castigar, de las cuales sería punible también el administrador de las aguas.

Así podrá este escusar su severidad. Estos inspectores y celadores podrían ser muy útiles en los países que tienen mucho riego, pero no en los que tienen poco: la acequia real de Alcira ha establecido no ha mucho tiempo un empleo análogo, del que saca muy buenos resultados.

Pero cuando las usurpaciones de aguas no son de particular á particular, sino de una población á otra, entonces la dificultad sube de punto. Los procedimientos son muy difíciles y embarazosos; y como las disposiciones las debe tomar precisamente el jefe político y tal vez dependen de dos gajes, y los perjuicios son de mayor cuantía, es el fallo muy trascendental.

Pero como en estas ocasiones suelen las autoridades asesorarse de los facultativos, cree esta comisión que en los países donde hay muchos riegos debía tener el Gobierno un facultativo á sueldo que podría desempeñar como se ha dicho, el cargo de inspector general de riegos, y que resolverá o sólo asesorará sobre este ramo, según el Gobierno dispusiera.

Esta comisión tiene el gusto de poder decir que está muy uniente con los principios que el Gobierno de S. M. profesa con respecto á riegos, los que están consignados en las reales órdenes expedidas en estos últimos años, y el fomento de nuevos riegos en la real orden de 24 de agosto último, en que se obliga á la servidumbre forzosa de acueducto, aunque sea en beneficio particular.

También reconoce esta comisión el acierto con que el Gobierno de S. M. ha dispuesto la administración de las aguas de riego en la real orden de 4 de agosto de 1833 sobre el río Guadalhorce, y la de 28 de abril de 1848 haciendo concesión de las aguas del río Güines (en la isla de Cuba), finalmente, la de 4 de abril del corriente año concediendo á una compañía parte de las aguas del río Llobregat. En las condiciones de esta última real orden se ven recopilados los principios generalmente reconocidos por buenos en esta materia, y sobre ellos deseaba esta comisión que se formase una ley general que evitase los pleitos que se originan en este ramo.

Es de esperar del celo del Gobierno y de los conocimientos especiales del Consejo Real, que llenarán este vacío de nuestra legislación, tomando los informes que una medida de tanta monta reclama.