El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 356

que una instruccion posible de repartimiento el catastro facultativa y oficialmente realiza- do. La percepcion del impuesto no puede obtenerse de otro modo. Fiar la averiguacion de las utilidades á declaraciones del contribuyente, sobre violento, es infructuoso. La cifra de la fortuna de una casa, es un secreto de familia. Inquiérale la administracion, midiendo y valorando las fincas, bueno; tal es su deber, cuando la ley manda que sobre las fincas se imponga. Pero arrancar ese secreto al padre de familia por la amenaza y el castigo, es muy dura coaccion. Arrancarsele á unos contribuyentes y á otros no, es monstruosa desigualdad. Y esta desigualdad y esta coaccion pesan con mano de hierro sobre los propietarios españoles, amargando su condicion y su existencia. Y sin ventaja real para la buena administracion. Nunca se averiguara la verdad por el sistema de las relaciones. ¿Cuántas se han denunciado como falsas? Quizá ninguna. ¿Y será porque son verdaderas todas las que se han dado? No habrá quien lo crea. ¿Qué recursos le quedan á la administracion para descubrir la verdad de las relaciones? Las comisiones de indagacion. ¿Cuál es la esencia de estas comisiones? La averiguacion catastral. ¿Cuenta la administracion acaso con sujetos idóneos y probos para mandar esas comisiones á todos los pueblos, como pudiera llegar el caso de serle necesario? Pues entonces mándelas de una vez para formalizar el catastro general. Mientras así no se haga las dichosas relaciones serán siempre un peligroso resbaladero para el contribuyente, un papel mojado para la administracion, una ficcion de sistema, y una ocasion de arbitrariedad para que los delegados del Gobierno quieran ó no quieran conformarse con lo relacionado, sin antecedentes oficiales, ciertos y seguros, para quererlo, ni dejarlo de querer.

Hay mas, señores; y tocamos este punto con íntimo pesar. Ni aun por el sistema de relaciones por el gobierno ya el repartimiento de la contribucion directa territorial. La circular de 10 de julio último las hace inecesarias, ya que no bastan para justificar que las rentas, á que se refieran, sean las que correspondan á la verdadera evaluacion de las fincas; ya que no se ha de imponer por el producto que rinda la finca, sino por el que la corresponda por su clase, situacion y circunstancias; ya que no basta justificar con escrituras y recibos que la finca produce una cantidad dada, sino que los peritos manifiesten si es la que le corresponde; y por último; ya que el administrador de provincia, por su parte, y el intendente, por la suya, están ilimitadamente, aunque no legalmente, autorizados para repartir á su leal saber y entender, con relacion á la efectiva riqueza, y con relacion á los verdaderos productos imponibles, y sin buscar el parapeito de datos inexactos, y guardando proporcion con la efectiva riqueza contribuyente, y deduciéndola de datos oficiales y extraoficiales (1).

¿Conoce la administracion la efectiva riqueza, los verdaderos productos imponibles los datos inexactos y verdaderos? Pues entonces... entonces ya está hecho el catastro! ¿No los conoce? Pues entonces, no debe decirlo: pues entonces no debe autorizar sobre un supuesto erroneo el proceder arbitrario de sus agentes; que arbitrariadad por arbitrariedad, tan mala es la de las diputaciones (y lo es mucho) como la de los administradores; y á fé, que cuando á estos no se les dá una pauta de conducta, ni están mas exentos de pasiones que los funcionarios populares ni, como hombres que son, están menos expuestos á las sugestiones de error. Por ejemplo: de provincia sabemos en la que la administracion después de amillar á los labradores los productos de la propiedad y del cultivo, les ha considerado como materia imponible el trabajo de sus yuntas de labor, al respecto de 300 días útiles al año y doce reales al dia, descontando la mitad por razon de gasto. Esto es un error de aquellos funcionarios. Las garantias, pues, de que al contribuyente no se le pedirá mas de lo justo; las garantías de desagravio para cuando se le pida, no han de librarse sobre el nombre ni sobre las personas; han de estar consignadas en la ley.

Y la Instruccion de 1845, con sus ampliaciones y aclaraciones, que son las leyes del caso, si hablan de esas garantías, las hacen imposibles. Porque imposible es que un particular, y menos forastero, conozca la riqueza de todos sus co-contribuyentes para reclamar de agravio, ni que un pueblo conozca la de otro pueblo. Si no lo sabe la administracion, ¿es acertado suponer que lo sepan un pueblo, y menos un particular? Se contestará: «El pueblo puede deducir el total de su riqueza sumando las relaciones de sus contribuyentes.» Pero si cuando se trata de esto se manda desconfiar de las relaciones, no se deben recomendar como datos cuando se trata de la localidad á que corresponden. Se contestará también, que «ya se manda á los pueblos comprobar su recla-

(1) Son citas tomadas literalmente del texto de la circular de 10 de Julio de este año.