El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 453

los despojos vegetales, con siembras que no pueden reproducirse, y que son el último rendimiento de un suelo yermo e infecundo, abandonado después para aumentar el número de nuestros eriales.

Con el objeto de poner coto á tanta desolación, ya Felipe II., por la ley promulgada en Valladolid el año 1558, e inserta en el libro 7.º, título 24 de la Novísima Recopilación, prohibió que los ganados pastasen aquellos terrenos que hubiesen sido incendiados quitando así el aliciente á los que de intento los abandonaban á las llamas. La Real circular de 20 de enero de 1847 reproduce con nuevo vigor tan acertada disposición; pero esto no basta: se necesitan fuertes represiones; la responsabilidad de los ayuntamientos que toleren esta barbarie; estremada vigilancia de los guardias. Conviene pues:

1.º Que se prohíba terminantemente, con severas penas, el incendio de los baldíos, cualquiera que sea el pretexto y la antigüedad de esta práctica.

2.º Que ni aun los particulares hagan quemas en sus montes, cuando puede propagarse el incendio á los confinantes.

3.º Que donde se halla introducida la costumbre de procurar por tales medios la reproducción de un pasto más abundante, ya sea en los baldíos, ó ya en los comunes de los pueblos destinados á monte alto ó bajo, no se permita á los ganados la entrada en esos terrenos, sino que, por el contrario, se vigile su repoblación, favoreciendo del modo posible los nuevos retoños, y dejando á la naturaleza el cuidado de reparar los daños que ocasionaron los hombres.

4.º Que sea esta una de las principales atenciones de los guarda-montes, y el objeto especial de las autoridades encargadas del fomento especial del arbolado.

5.º Que una responsabilidad efectiva recaiga inmediatamente sobre los que hayan faltado á estas disposiciones.

Los montes de los particulares no pueden quedar como los del Estado y de los pueblos sometidos á las ordenanzas del ramo; pero todavía la administración tiene respecto á ellos deberes importantes que cumplir. Para determinarlos preciso es reconocer aquí una notable diferencia entre la propiedad particular, y la del Estado y de los pueblos. Aquella se administra directamente por el mismo propietario, siempre interesado en conservarla; esta otra se confía accidentalmente y por corto tiempo á manos extrañas, pocas veces dispuestas á sostenerle con empeño. Lleva la primera un carácter de estabilidad y permanencia, pues que constituye el patrimonio del individuo que la disfruta, y trasmite á sus sucesores. Falta esta circunstancia á la segunda, que siendo la propiedad de todos, á ninguno en particular ofrece el estímulo necesario para conservar la integra de generación en generación. Por estas diferencias se echa de ver que la intervención directa ejercida por la administración sobre los montes de los propios y de los comunes de los pueblos, no debe jamás tener lugar cuando se trata de los de propiedad particular. Dirá mas la comisión: si el Gobierno ha de vigilarla, será solo para pres- tarle su apoyo como protector de los intereses materiales.

Con todo eso, el mas escrupuloso en atacarla, no podrá negar que su uso ha de estar en armonía con el interés general, empleándole de tal modo, que lejos de perjudicarle contribuya á estenderle. Ni un solo género de propiedad se dará exento de esta ley conservadora. Pero la que consiste en los montes todavía se halla mas intimamente enlazada con las necesidades sociales. Constituyendo estas las relaciones de los ciudadanos con la comunidad, son para ellos imperiosos deberes, obligaciones sobre cuyo cumplimiento reposa la salud de todos, y su propia seguridad. Pues bien el Estado necesita maderas para la Marina y la construcción civil; los bosques que la producen, á diferencia de otras creaciones de la naturaleza, son la hechura lenta del tiempo, y su aplicación y su destino exigen, no ya el cuidado especial del individuo, sino también la protección del Gobierno. ¿Quién le negará aquí el derecho de vigilar tan importante ramo? Si, pues, en todo caso el uso de la propiedad ha de subordinarse el bienestar común; si en un derecho establecido por las leyes positivas, cuya fuerza y valor debe siempre ajustarse al interés de la comunidad; si no es un dominio tan exclusivo, que la salud de todos no pueda alterarle, nunca este principio parecerá mas justo y bienhechor, que aplicado á una riqueza absolutamente indispensable á la nación entera.

A pesar de eso, no se pretende aquí contrariar el derecho de propiedad: se quiere solo que la administración vigile simplemente el uso que de él se hace, y eso no para amenguarle, sino para sostenerle, conciliándole con las miras de la sociedad. Administre el propietario como le parezca; disfrute ampliamente de sus montes; sea suyo el beneficio, suya la utilidad que nadie limite el aprovechamiento de sus productos; pero no rechace las restricciones inevitables que le impiden abusar de estas facultades y con-