El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 448

tamientos; un orden de penas para prevenir ó castigar las infracciones de la ordenanza, en mucho preferible al que antes se seguía; la creacion de funcionarios encargados de la custodia y fomento de los montes, como otros tantos agentes para mantener viva en todas partes la accion del Gobierno.

Pero si estas apreciables cualidades se advierten en la ley de 1833, si á mucha distancia la colocan de todas las anteriores, y presenta ya un sistema basado sobre el conocimiento de las causas y la generalidad de los principios, no basta, sin embargo, á satisfacer las necesidades del ramo, y las exigencias de nuestros dias. Por desgracia contiene vicios esenciales que es preciso corregir, tendencias poco conciliables con el espíritu de la época; disposiciones inaplicables ó incompletas; vacíos que no pueden llenarse sin alterar su estructura. En ella se ven confundidos y amalgamados de una manera extraña los preceptos legales y puramente reglamentarios; se ve también la falta de método en la clasificación de las materias; y en el orden de enunciarlas; un personal escasivo; la vaguedad en sus atribuciones, y la inconveniencia en sus clases y categorías; el establecimiento de una Direccion general de todo punto innecesaria y, si se quiere, hasta incompatible con la organización actual de los Ministerios; finalmente, una manera de enjuiciar y de resolver las cuestiones relativas al ramo, que no se concilia con la existencia de los Consejos provinciales, y la índole especial de sus funciones.

Por otra parte, producidas estas Ordenanzas en circunstancias muy diversas de las actuales, acomodadas á una clase de gobierno cuyos principios no son los del existente, suponiendo otro sistema administrativo, ni muchas de sus disposiciones tienen ya cumplida aplicación, ni se acomodan sus tendencias á los progresos de la administración y el carácter de nuestras instituciones. Hay además en la ley de 1833 un nimio respeto á ciertas máximas equivocadas de los economistas del siglo XVIII, que la autoridad de un célebre magistrado hizo pasar entre nosotros con verdades inconcisas, cuando la piedra de toque de la experiencia no había venido á comprobar su inexactitud. Tal es la que limita únicamente la intervención del Gobierno en el fomento de la agricultura; á remover los obstáculos que se oponen á la libre accion del interés individual. Las Ordenanzas que examinamos, no proclaman ciertamente este principio; pero harto manifiestan hasta que punto le siguieron, no solo cuando le han fijado el régimen mas conveniente para los montes de los propios y comunes, sino cuando poco ó nada dispusieron respecto á los de propiedad particular.

Las Reales ordenes y decretos que se espidieron después, modificando notablemente esta legislacion especial, destruyeron el enlace y armonía de sus diversas partes, derogaron muchos de sus preceptos, y pue- de decirse que redujeron los restantes á fragmentos aislados, y á materiales incom- pletos para la formacion de una nueva ley de montes.

Esta breve reseña prueba suficientemente que las reformas en el régimen administra- tivo de los montes fueron todas mas ó me- nos viejosas, ya sea cuando el poder dejaba sin accion á los particulares y á los pueblos ó cuando les confiaba unos derechos de que nunca ha debido desprenderse. En el pri- mer caso, un sistema funesto de fiscaliza- cion, llevado mas allá de lo que permite el interes individual, y el de las localidades, no podia menos de producir desaliento y fraudes en la administracion del ramo, aver- sion, tal vez, al cultivo del arbolado, y el deseo de eludir las leyes, y de frustrar los conatos del Gobierno. En el segundo, con- fiadas á la buena fé y al calculo de los par- ticulars las funciones de la administracion de montes, renunciando el Gobierno una in- tervencion necesaria, ó desempeñándola sin los suficientes medios de ejecucion, autori- zaba los abusos; y los propietarios que pa- saban de una dependencia penosa á una es- tremenda libertad; sin trabas ya para satisfa- cer las privaciones de muchos años, no ha- llaban coto ni medidas á las roturaciones y descepos, á la devastacion de los bosques y al ruinoso empeño de cambiar por la utili- dad del momento la riqueza de muchos años.

Así fué como las ordenanzas, primero gravosas y opresivas, y despues inefficaces y débiles, poniendo en oposicion el interes individual con el del Estado, y la opinion con las medidas administrativas del ramo de montes, vinieron á convertirse en una pura formula, sin aplicacion ni consecuencia.

La comision rechaza uno y otro extremo: ni la odiosa fiscalizacion de 1748, ni la fu- nesta lenidad de 1833, ni el encadenamiento de la propiedad particular y de los pro- pios comunes, ni ese encogido y supersticio- so respeto que, á fuerza de acatarla, la aban- dona, al ciego favor de sus poseedores. Lo primero seria contrariar uno de los objetos mas importantes de la sociedad, destruir el mas sagrado de sus vinculos; lo segundo