El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 443

esta manera.

Si se prueba legalmente que en un préstamo hecho como gratuito se ha llevado interés o que el interés expresado en el contrato es inferior al que en realidad se llevó el documento no tendrá efecto en juicio á favor del prestador.

La comisión se apresura á prevenir una grave objeción que á esta doctrina podría oponerse. Efectivamente, esta probanza podría ser un subterfugio á que apelase el deudor para retardar el cumplimiento de su obligación, mientras estuviese pendiente su demanda, aun después de cumplido el plazo del reintegro. Es preciso, pues, que este caso la ley proteja al acreedor que puede muy bien ser inocente en la que culpa de que se le acusa, y con este fin se presenta á la consideración de la Junta el artículo siguiente:

Se entabla la prueba de que se habla en el artículo anterior, y durante el juicio, vencido el plazo, está obligado el demandante á depositar la cantidad pagadera: no haciéndolo, no progresará la demanda. Dicha cantidad quedará depositada hasta la decisión. Si el prestamista fuese absuelto, se le entregará la cantidad total, y el demandante será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios por la demora desde el día del plazo. En el caso contrario, se devolverá á éste el capital primitivo que recibió, y se dispondrá del importe de los intereses como multa por connivencia en la falsedad cometida.

Estas doctrinas están dichosamente conformes con autoridades pontificiales, que por mas recientes y acomodadas á los usos actuales de la sociedad se hallan mas autorizadas; observacion no fuera de propósito en una nación tan católica como la España. Sabida es la solicitud con que el Papa Benedicto XIV procuró poner en su debida claridad este punto de conciencia en que tan discordes han andado teólogos y canonistas.

En 1745 reuní una Junta de cardenales y doctores para que fijasen las reglas relativas á los préstamos con retribución. La Junta se declaró contra la usura sin distinción de tipos proporcionales; pero aquel prudentísimo Pontífice, en uso de su autoridad al comunicar esta declaración á los patriarcas, arzobispos, obispos y ordinarios de Italia, les previno entre otras cosas que si los que pretendan quedar limpios de toda nota de usura y dar á otro su dinero de modo que tan solamente perciban un interés ó fruto legítimo, se les debe amonestar que antes declaren el contrato que quieren celebrar, las condiciones que en él se han de poner y el fruto ó interés que por el mismo exijan.» Liber-

tad en el precio, verdad en el contrato: he aquí los principios de la comisión apoyados por tan grave autoridad.

La ley, al paso que debe amparar á los que se ven obligados á contraer una deuda, debe estender también su protección á los prestamistas de buena fe. La fuerza de su accion, según la forma de que están revestidos sus contratos, la realizacion de la hipoteca ó prenda, el curso á la fianza, son materias que la comisión considera reservadas al código civil, que no podrá discutirse parcialmente sin destruir la armonía que de su conjunto debe resultar; y en este punto se limitará á indicar la conveniencia de que la accion sea muy expedita y rápidos los procedimientos, porque también esto ha de influir en que sea mas médico el interés, que es el único punto de vista bajo el cual la comisión debe considerar los préstamos, según los términos de la cuestión propuesta en el programa. Pero cuando llega el caso de cumplir el plazo y no verificarse el reintegro, transcurre un término más ó menos largo hasta que la cantidad debida se hace efectiva. ¿Qué reglas se han de seguir entonces con respecto á los intereses? ¿Deben estos cesar? Es indudable que no. Pero, ¿cómo se calculan? El código de comercio señala el 6 por 100; pero es en la suposición de que existe la tasa del interés, y por esto señala el maximum permitido por vía de interés punitorio ó moratorio, como lo llaman los juristas. Pero en muchas épocas, y singularmente en la actual; lo que en la ley es el maximum, en la realidad es el minimum. Y levantada la tasa del interés, reconocida la irresistible variabilidad del precio usufructo, ¿podría fijarse la misma tasa ú otra para este caso en que no hay contra- espreso? Supuesta la doctrina explicada, esto no sería justo; pero desgraciadamente aquí lo justo es imposible. Todo viene á reducirse á la compensación de un perjuicio. Pero este perjuicio, ¿quién lo evalúa? ¿Quién puede calcular el trastorno, los sacrificios de aquél que, contando con el cobro de una cantidad para un dia determinado, viéndose repentinamente falto de todo recurso, tiene que renunciar á una operacion lucrativa que tenía preparada, ó lo que es peor, se halla imposibilitado de acudir á una obligacion percutoria, contraída con aquella seguridad? Por mas que se discurra, no se encuentra fácilmente una solución que reúna todas las condiciones de la estricta justicia.

En semejante duda la comisión ha creído que debía desistir de buscar lo mas perfecto, ateniéndose lo mas libre de inconvenientes.