El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 447

dian conocer su espíritu y perfeccionarlo. Los economistas del siglo XVII, al examinar las causas de nuestra decadencia, y vislumbrarlas donde realmente no existían, convirtiendo su atención hacia el fomento de los montes, ignoraron los verdaderos medios de procurarle; debían encontrarlos en los vicios de su administración misma, en la incoherencia de las leyes, en el enylicimiento de la propiedad; y los buscaron en las restricciones, en la fiscalización, en las trabas vejatorias, en las miras aisladas y los remedios eventuales. Los que siguieron su ejemplo y sus doctrinas, creyeron reparar el mal, no tanto determinando la índole de las leyes expresivas y conservadoras por las causas y los hechos que le produjeron, como aumentando su número sin concierto ni medida. Creció así la legislación de montes y plantíos, pero su falta de unidad y de enlace la diferencia de las épocas en que recibió un nuevo desarrollo, y su discordancia con los intereses materiales del particular y con los generales del Estado, vinieron á desquiciar la administración de este importante ramo, ya traído á la más deplorable decadencia.

En medio de tanto desconcierto, las célebres Ordenanzas de Luis XIV, publicadas el año de 1669, sirvieron como de tipo á las nuestras de 1748. El primer cuerpo legal de su especie donde bajo un mismo plan aparecía reunida y ordenada la legislación de montes, atacaba cruentamente los abusos sin alcanzar á repararlos. Porque adolecido del espíritu de su tiempo, y acomodado á las falsas ideas de administración que entonces dominaban, todo lo sometía á la fiscalización y al fallo de un Gobierno con un rigor inexorable. Se quiso que su poder y su acción fuese más allá de lo que exigían las necesidades del ramo; mas de lo que convenía á su fomento y protección. Las jurisdicciones privativas, los derechos de apreciación, visita, marca y tanteo se autorizaban por estas ordenanzas. Sujeta á una fiscalización odiosa, envilecida la propiedad individual, abandonaban á unas mismas manos la parte gubernativa, la administrativa y la judicial; y á fuerza de precauciones vejatorias, y de contrariar la índole de la riqueza misma que con ellas se pretendía fomentar, lejos de protegerla y aumentarla, la amenguaban y destruían, provocando directamente su desprecio.

Treinta años no interrumpidos de guerras extranjeras y de discordias civiles vinieron á vigorizar estos males, y cuando se conocíó bastante su naturaleza y estensión para pensar en repararlos, por un efecto constante de todas las reacciones, al huir de los abusos del poder, se ha tocado en un extremo no menos peligroso, pues dejándolo sin acción, sólo se ha conseguido perpetuar bajo otra forma los mismos daños, y con ellos la decadencia y destrucción del arbolado. Las Cortes de 1812 reconocieron el derecho de los particulares á los montes de su propiedad, y la libertaron de las estrechas trabas que la encadenaban; pero cediendo á las tendencias democráticas de su tiempo, y llevadas de un sentimiento de justicia y generosidad, que los sucesos y el espíritu de la época exageraban, no supieron ó no pudieron dispensar este beneficio al derecho de propiedad sin echar entre nosotros los primeros gérmenes de la excentralización, que empezando por halagar la inesperiencia de los pueblos, acabó por empeorar su condición en el desastroso aislamiento á que los reducía.

De la ley de ayuntamientos de 1823 recibieron más adelante las diputaciones provinciales y las municipalidades, casi sin restricciones ni condición alguna, el régimen y custodia de los montes de propios y comunes, pudiendo decirse que de hecho abdicó el Gobierno en esas corporaciones una parte tan esencial de la administración pública. Los cambios políticos derogaron y restablecieron alternativamente esta ley, muchas veces aplicada en grave perjuicio de los montes. Pero estos no obtuvieron, sin embargo, para su régimen en el espacio de algunos años, sino las antiguas ordenanzas, ya desacreditadas en la opinión pública, ó disposiciones aisladas e incompletas, ineficaces para obtener los resultados que de ellas se esperaban, y sin relación con el progreso de las ideas, y la clase de males que era preciso evitar.

Tal era el estado de nuestra legislación de montes cuando se publicaron las Ordenanzas de 22 de diciembre de 1833. En ellas vemos ya un conjunto bien ordenado de disposiciones administrativas, basadas en principios exactos; miras estensas y luminosas sobre la conservación y mejora del arbolado; diferencias importantes entre la administración de los montes que corresponden al Estado, y los que constituyen la propiedad de los pueblos y de los particulares; la oportuna distinción de las funciones administrativas y de las judiciales; acertadas medidas para promover la reunión en un mismo poseedor de los diversos disfrutes de los montes proindiviso; reglas positivas y justas apreciaciones, sin las cuales nunca se ejecutarán cumplidamente los deslinde y acó-