El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 450

y mejorarlo: de fijar sus límites con una demarcación exacta; de aprovechar sus productos según viése conveniente; de establecer reglas para su buena administración, y de aplicar esta riqueza á la satisfacción de las atenciones generales con absoluta independencia, y sin trabas de ninguna especie. Bajo distintos respetos le corresponden todos los que antes administraba la Marina, generalmente conocidos con los nombres de Bal- díos y Realengos, hoy á cargo de la Gobernación, los que no tienen dueño conocido, y los que habiendo pertenecido al clero regular, se administran ahora por la Dirección general de fincas del Estado. Sometidos unos y otros de un modo mas ó menos absoluto á unas mismas ordenanzas, el Gobierno cuida directamente de su existencia y mejora por medio de un negociado que constituye parte del Ministerio de la Gobernación, y de los jefes políticos, los alcaldes de los pueblos y los agentes especiales, destinados á las localidades donde radican estas fincas.

Las correspondientes á los propios y comunes de los pueblos, así como las de dominio particular de las corporaciones y establecimientos públicos que dependen del Gobierno, deben sujetarse á las mismas ordenanzas, en cuanto á su régimen, conservación y mejoras. Con justo derecho al goce de sus productos, le tienen los ayuntamientos para destinarlos, como hasta aquí, á satisfacer las necesidades de la localidad, y nunca se separarán de tan importante objeto sin una violencia, tanto mas funesta, cuanto que afectaría á la vez la fortuna de los pueblos y la del Estado. Aquí la administración concedida á los cuerpos municipales es una consecuencia de la propiedad misma, un derecho de las localidades. Nunca, sin embargo, se haría absolutamente independiente del Gobierno sin graves inconvenientes. Bajo su tutela y protección, es como las municipalidades existen, como conservan sus atribuciones y sus derechos. El uso que de ellos hagan, necesita ser intervenido, no sólo por su propio interés, sino también por el general del Estado. Porque la riqueza de los pueblos forma en su conjunto una parte muy considerable de la de la nación; porque á merced de corporaciones, cuyos individuos se suceden y renuevan en un corto período, perdiendo su carácter público para conservar únicamente el de simples ciudadanos, es indispensable, si ha de perpetuarse y estenderse, una autoridad suprema que la vigile y proteja; porque los intereses de la localidad han de estar en armonía con los generales del Estado, y no pueden contrariarlos sin las mas desastrosas consecuencias; porque constituyen parte de un todo confiado á la administración central, y son uno de los objetos mas importantes de sus funciones. ¿Cómo, pues, conceder una independencia absoluta á las administraciones parciales, si no han de contraponerse á la general del Estado?

Pero intervenir, no es aquí coartar: es prevenir los abusos; es dejar libre el derecho de propiedad en todos sus efectos, menos en lo que pudiera perjudicarle; esto es, en el mal uso de la propiedad misma: por eso sin la autorización previa del Gobierno, no es dado á los ayuntamientos vender ó permutar sus montes; descuajarllos, variando su destino; poner en planta sus acerados sobre las cortas, limpias, entresacas y carboneos, invertir arbitrariamente sus productos; disponer, en fin, de estas propiedades de una manera absoluta.

Y si los buenos principios administrativos autorizan esta intervención en los montes de los propios y comunes de los pueblos, desgraciadamente la experiencia demuestra que es de todo punto necesaria. La ineficacia de las leyes, la opinión y los sucesos, el vasto desarrollo de las funciones municipales, contribuyeron siempre al deterioro de los bosques. Su tala ó su desmedro han sido muchas veces la consecuencia, no de odiosos manejos y reprochadas miras, sino la consecuencia inmediata de una necesidad del momento, que era preciso satisfacer por este medio, faltando absolutamente otra clase de recursos.

Estas tendencias destructoras, lejos de encontrar un término en los progresos mismos de la comunidad, ó en el vigor y fuerza de las leyes, son hoy tanto mas robustas, cuanto mas estensos los límites del cultivo, mas productivos los terrenos de montes, y mas numerosas las construcciones exigidas por el desarrollo y la conveniencia de los pueblos. La administración de los montes, embaraza ademas sobremanera á las municipalidades, complica y dificulta sus cuentas; supone recursos de que no siempre pueden disponer, harto apremiadas por muchas y urgentes atenciones, y da frecuentemente ocasión á muy difíciles compromisos. ¿Y por qué no evitar á los concejales ese obstáculo terrible, que tan penoso debe hacer el sacrificio de su propio reposo, cuando llevados de un celo digno de gratitud y aplauso, le consagran á la causa pública, sin otra recompensa que la satisfacción de servir lealmente á su país? El hombre de bien que le representa como concejal, ha de