El Cultivador (Barcelona) (1849-01-01 00:00:00), página 454

vertirlas en daño de sus sucesores y de la sociedad entera.

A poco tienen que reducirse, y no seremos nosotros los primeros que las adoptaron. Si han de satisfacerse cierta clase de servicios públicos, por su naturaleza misma indispensables á la existencia de la sociedad, ó á su mejora bienestar, es indudable que, á lo menos mientras el arbolado no se reponga de sus continuadas pérdidas, y pueda esperar una completa restauración del cambio de los ideas agronómicas, y de los desengaños de sus cultivadores, conviene establecer comoley:

1.º Que en los montes de particulares se prohiba construir á cierta distancia de los del Estado y de los propios y comunes, hornos de cal y de carbon, fraguas, ó otra clase de artefactos que, empleando el fuego, den ocasión al incendio.

2.º Que los dueños de bosques no procedan á descuajarlos y destinar su suelo á otro cultivo, sin dar anticipadamente conocimiento al Gobierno, por si el interés general ó la conveniencia de poblaciones determinadas le obligasen á resistir este cambio en el uso de la propiedad.

3.º Que el Estado tenga el derecho de elegir en los montes particulares los árboles que, no encontrándose en los terrenos de la nación, ó en los de propios y comunes de los pueblos, proporcionen las maderas de construcción absolutamente precisas para la Marina y el surtido de los astilleros y arsenales, teniendo entonces lugar la ley de espropiación forzosa por causas de utilidad pública.

La primera de estas disposiciones se encuentra ya justamente consignada en las Ordenanzas vigentes en 1833, y nadie desconoce su necesidad y su importancia. Las otras dos, ni carecen de ejemplo en los tiempos modernos, ni de justificación en las circunstancias que los hiciesen inevitables. La ordenanza francesa de 1827, recordando la ley de 8 de mayo del segundo año de la República, las autorizó por un tiempo determinado, y en práctica estuvieron hasta 1838; esto es, hasta una época en que los recursos del Estado, el mismo progreso del arbolado, y la facilidad con que el comercio facilitaba madera de construcción, las hicieron innecesarias.

No podrá ciertamente ser desechada por nosotros esta conducta de la nación francesa, si con las circunstancias en que se vio precisada á seguirla, se comparan las de nuestra península actualmente. Proceder, en efecto, de otro modo, daria lugar á que por una ciega inconsideración, ó el cálculo egoísta del interés privado, careciesen las localidades de un elemento necesario á su conservación; sería comprometer en muchos casos la salubridad pública, cambiando con la desaparición del arbolado la naturaleza de los climas; sería llevar la esterilidad á estensos terrenos, ahora fecundos y productivos, despojar á la agricultura, á los talleres y á las fábricas, á la navegación y al comercio, de los materiales que los dan vida, y condenar las generaciones sucesivas á privaciones, que por ventura les reducirían á la miseria ó á una vergonzosa dependencia del extranjero.

III.

MEDIOS DE EJECUCION.

Por las indicaciones hechas hasta aquí sobre la diversa índole de la propiedad en los montes, se ve, pues, que la administración ha de reducirse su autoridad á cuidar y dirigir por sí misma los montes del Estado, aprovechando sus productos; á intervenir directamente en el buen régimen de los propios y comunes; y á vigilar los que son de propiedad particular, dispensándoles su protección. Mas estas funciones, determinadas en gran parte por los derechos de cada poseedor, suponen en la autoridad administrativa, que ha de ejercerlas, un orden y una serie de delegados especiales, que faciliten su ejecución eficaz y uniformemente en todas las provincias.

Desde muy temprano, mas dispuestos los gobernantes á dictar reglas para custodiar y entender el arbolado, que á procurar los medios de aplicarlas, se ocuparon primero en ocurrir al daño, multiplicando las leyes, que de hacerlas cumplir estableciendo la graduación necesaria en los mandatarios encargados de su observancia. Vieron solo el pensamiento, y cuidaron poco de las medidas oportunas para su realización. Uno de los principales defectos de las ordenanzas de 1748 consistía precisamente en la falta de funcionarios especiales, que independientes de las municipalidades, y recibiendo el impulso del Gobierno, vigilasen su cumplimiento en los mismos pueblos donde debieran sentirse inmediatamente sus resultados. Encargábase por ellas la administración de tan importante ramo á dos jueces conservadores, ministros del Consejo de Castilla, muy agenós por el carácter que los distinguía, de las funciones administrativas confiadas á su celo; y como si este error no