El Cultivador (Barcelona) (1848-01-01 00:00:00), página 148

El precio de la conversión será arreglado al valor que el jefe político, oyendo á los ayuntamientos y de acuerdo con el consejo provincial, fije anualmente á los jornales, según las localidades y estaciones.

La prestación personal no satisfecha en dinero podrá convertirse en tareas ó destajos, con arreglo á las bases y evaluaciones de trabajos establecidas de antemano por los ayuntamientos y aprobadas por el jefe político.

Siempre que en el término prescrito por el ayuntamiento respectivo no haya optado el contribuyente entre satisfacer su prestación de uno de los dos modos expresados en este artículo, se entiende aquella exigible en dinero.

El servicio personal no se prestará en ningún caso fuera del término del pueblo del contribuyente.

Art. 10. La distribución de los recursos votados por los ayuntamientos para las necesidades de sus caminos vecinales se hará de modo que los de primer orden no consuman en ningún caso más de la mitad de dichos recursos, invirtiéndose los restantes en los caminos de segundo orden.

Art. 11. Siempre que un camino vecinal, conservado por uno ó mas pueblos, sufra deterioro continuo ó temporalmente, á causa de la explotación de minas, bosques, canteras, ó de cualquiera otra empresa industrial perteneciente á particulares ó al Estado, se podrá exigir de los empresarios una prestación extraordinaria, proporcionada al deterioro que sufra el camino en razón á la explotación.

Estas prestaciones podrán satisfacerse en dinero ó en trabajo material, y se designarán exclusivamente á los caminos que las hayan exigido.

Para determinarlas se concertarán las partes entre sí, y en caso de desavenencia fallará el consejo provincial.

Art. 12. Las extracciones de materiales, las excavaciones, los depósitos y las ocupaciones temporales de terrenos, serán autorizadas por una orden del jefe político, el cual, oyendo al ingeniero de la provincia cuando lo juzgue conveniente, designará los parajes donde hayan de hacerse. Esta orden se notificará á los interesados quince días por lo menos antes de que se lleve á ejecución. No podrán extraerse materiales, hacerse excavaciones, ni imponerse otro género de servidumbre en terrenos acotados, con paredes, vallados ó cualquiera otra especie de cerca, según los usos del país, á menos de que sea con el consentimiento de sus dueños.

Art. 13. Los trabajos de abertura y rectificación de los caminos vecinales serán autorizados por órdenes de los jefes políticos.

Los caminos vecinales ya en uso se entiende que tienen la anchura de 18 pies que se les da en este decreto desde el momento en que el jefe político ó la diputación provincial los clasifican con arreglo al art. 2.º

Los perjuicios que con motivo de lo prevenido en la cláusula anterior se causen en paredes, cercas ó plantios colindantes se indemnizarán convencionalmente ó por decisión del consejo provincial.

Cuando por variar la dirección de un camino, ó haberse de construir uno nuevo, sea necesario recurrir á la expropiación, se procederá con sujeción á la ley de 17 de julio de 1836.

Art. 14. Los caminos vecinales de primer orden quedan bajo la autoridad y vigilancia directa de los jefes políticos y de los jefes civiles.

Los caminos vecinales de segundo orden quedan bajo la dirección y cuidado de los Alcaldes.

No obstante, los jefes políticos, como encargados de la administración superior de toda la provincia, cuidarán de que los fondos destinados á estos caminos se inviertan debidamente, de que se hagan las obras necesarias, y de que se ejecuten con la solidez y dimensiones convenientes.

Art. 15. Las contravenciones á los reglamentos de policía de los caminos vecinales serán corregidas por los alcaldes de los pueblos á que pertenezca el camino, ó por las autoridades á quienes las leyes concedieren estas atribuciones.

Art. 16. Los ingenieros de las provincias evacuarán gratuitamente, sin perjuicio de las atenciones de su peculiar instituto, los encargos que les dieran los jefes políticos, relativos á caminos vecinales, y sólo en el caso de que tengan que salir á mas de tres leguas de su residencia disfrutarán la indemnización de gastos que les está asignada por la instrucción vigente.

Art. 17. Se considerarán de utilidad pública las obras que se ejecuten para la construcción de los caminos de que trata el presente decreto.

Los negocios contenciosos que ocurrieren con ocasión de estas obras, se resolverán por los tribunales ordinarios ó administrativos á quienes compete, con arreglo á los principios, máximas y disposiciones legales relativas á las obras para los caminos generales costeados por el Estado.

Dado en Palacio á 7 de abril de 1848.— Está rubricado de la Real mano.— El ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, JUAN BRAVO MURILLO.