"{\"id\": \"8343908\", \"name\": \"N\\u00c9STOR RAMOS ZAVALA Y GLADYS M\\u00c9NDEZ MOJICA, AMBOS POR SI Y COMO PARTE DE LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES QUE TIENEN CONSTITUIDA; FELICITA MUJICA ROSA Demandantes-Apelantes v. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, JOS\\u00c9 FUENTES AGOSTINI; SECRETARIO DE JUSTICIA, CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO; CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS; H\\u00c9CTOR SAURI, POR S\\u00cd Y COMO DIRECTOR DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS, SUS COMPA\\u00d1\\u00cdAS ASEGURADORAS DENOMINADAS ALPHA Y/O BETA Y/O SIGMA Y/O OMICRON, PERSONAS NATURALES Y/O JUR\\u00cdDICAS QUE PUEDAN SER RESPONSABLES Demandados-Apelados\", \"name_abbreviation\": \"Ramos Zavala v. Departamento de Justicia\", \"decision_date\": \"2005-09-14\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-04-01382\", \"first_page\": \"576\", \"last_page\": \"585\", \"citations\": \"11 T.C.A. 562\", \"volume\": \"11\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-11T00:49:35.870093+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidenta, la Juez Pesante Mart\\u00ednez, y los Jueces Escribano Medina y Salas Soler\", \"parties\": \"N\\u00c9STOR RAMOS ZAVALA Y GLADYS M\\u00c9NDEZ MOJICA, AMBOS POR SI Y COMO PARTE DE LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES QUE TIENEN CONSTITUIDA; FELICITA MUJICA ROSA Demandantes-Apelantes v. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, JOS\\u00c9 FUENTES AGOSTINI; SECRETARIO DE JUSTICIA, CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO; CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS; H\\u00c9CTOR SAURI, POR S\\u00cd Y COMO DIRECTOR DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS, SUS COMPA\\u00d1\\u00cdAS ASEGURADORAS DENOMINADAS ALPHA Y/O BETA Y/O SIGMA Y/O OMICRON, PERSONAS NATURALES Y/O JUR\\u00cdDICAS QUE PUEDAN SER RESPONSABLES Demandados-Apelados\", \"head_matter\": \"2005 DTA 129\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES REGI\\u00d3N JUDICIAL DE CAGUAS PANEL X\\nN\\u00c9STOR RAMOS ZAVALA Y GLADYS M\\u00c9NDEZ MOJICA, AMBOS POR SI Y COMO PARTE DE LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES QUE TIENEN CONSTITUIDA; FELICITA MUJICA ROSA Demandantes-Apelantes v. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, JOS\\u00c9 FUENTES AGOSTINI; SECRETARIO DE JUSTICIA, CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO; CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS; H\\u00c9CTOR SAURI, POR S\\u00cd Y COMO DIRECTOR DEL CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS, SUS COMPA\\u00d1\\u00cdAS ASEGURADORAS DENOMINADAS ALPHA Y/O BETA Y/O SIGMA Y/O OMICRON, PERSONAS NATURALES Y/O JUR\\u00cdDICAS QUE PUEDAN SER RESPONSABLES Demandados-Apelados\\nN\\u00fam. KLAN-04-01382\\nSan Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2005\\nPanel integrado por su Presidenta, la Juez Pesante Mart\\u00ednez, y los Jueces Escribano Medina y Salas Soler\\nPesante Mart\\u00ednez, Juez Ponente\", \"word_count\": \"4208\", \"char_count\": \"26419\", \"text\": \"TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA\\nAnte nos N\\u00e9stor Ramos Zavala, Gladys M\\u00e9ndez Mojica y la sociedad legal de gananciales por ambos constituida; y Felicita Mojica Rosa por s\\u00ed la Sociedad (en adelante, \\\"Ramos Zavala\\\" o apelante) interesan la revocaci\\u00f3n de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en adelante, \\\"777\\\") de 8 de septiembre de 2004. En dicha sentencia, el TPI desestim\\u00f3 la acci\\u00f3n sobre da\\u00f1os y peijuicios instada por los apelantes contra la parte apelada al concluir que las actuaciones del Estado Libre Asociado estuvieron enmarcadas dentro de los par\\u00e1metros legales y reglamentarios aplicables.\\nExaminado el expediente ante nuestra consideraci\\u00f3n, as\\u00ed como el derecho aplicable, confirmamos la sentencia apelada.\\nI\\nLos eventos pertinentes para atender estos planteamientos surgen de los hechos hilvanados y expuestos por el foro apelado, seg\\u00fan contenidos en la sentencia que nos ocupa, los cuales reproducimos a continuaci\\u00f3n.\\nEl se\\u00f1or N\\u00e9stor Ramos Zavala comenz\\u00f3 en el servicio p\\u00fablico el 22 de abril de 1987, en el puesto transitorio de Asistente de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas, adscrito a la Secretar\\u00eda Auxiliar de Emergencias M\\u00e9dicas del Departamento de Salud, espec\\u00edficamente a la Administraci\\u00f3n de Facilidades de Servicios de Salud, conocido tambi\\u00e9n como A.F.A.S.S.\\nEl 16 de junio de 1988, despu\\u00e9s de varias extensiones otorgadas a Ramos Zavala en el puesto transitorio que ocupaba, fue nombrado de manera tambi\\u00e9n transitoria al puesto de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEn el 1989, Ramos Zavala adquiri\\u00f3 el status de empleado regular, clasificado de carrera, por disposici\\u00f3n de la propia Ley N\\u00fam. 56 del 16 de agosto de 1989, seg\\u00fan enmendada, disposici\\u00f3n reguladora del otorgamiento de permanencia a empleados con nombramiento transitorio que cumplieran con ciertos requisitos a determinada fecha.\\nEfectivo el 1ro de julio de 1994, de conformidad con el Plan de Reorganizaci\\u00f3n N\\u00fam. 1, al amparo de la Ley N\\u00fam. 5 de 6 de abril de 1993, 3 L.P.R.A. see. 1551, el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas pas\\u00f3 a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. De esa manera, quedaron trasladados a dicho Cuerpo los funcionarios que laboraban en la Secretaria Auxiliar de Emergencias M\\u00e9dicas del Departamento de Salud.\\nMediante la Ley N\\u00fam. 114 de 6 de septiembre de 1997, se cre\\u00f3, como Administrador Individual, el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, la cual entr\\u00f3 en vigor el 1ro de julio de 1997.\\nEntre el 1989 y 1995, el se\\u00f1or Ramos llev\\u00f3 a cabo sus funciones sin tener desavenencias o \\\"problemas\\\" con sus supervisores. En el 1995, Ramos Zavala decidi\\u00f3 cursar estudios de Bachillerato en la Universidad del Turabo.\\nCon fecha anterior al 8 de mayo de 1996, el apelante fue diagnosticado con \\\"Depresi\\u00f3n Mayor Severa\\\", recomend\\u00e1ndosele reposo laboral. Sin embargo, el 8 de mayo de 1996, Ramos Zavala fue reevaluado por la Dra. Margarita Vargas del Interamerican Psychiatric Group, cuyo resultado fue una determinaci\\u00f3n favorable para poder regresar a su trabajo.\\nEl 11 de septiembre de 2001, el Dr. Jos\\u00e9 Rodr\\u00edguez Cay evalu\\u00f3 y diagnostic\\u00f3 al apelante como paciente con \\\"Desorden Bipolar Mixto\\\" (depresi\\u00f3n y man\\u00eda), catalogando su condici\\u00f3n como \\\"cr\\u00f3nica\\\" y sufrida desde la d\\u00e9cada de los '90. El Dr. Rodr\\u00edguez Cay manifest\\u00f3 que Ramos Zavala padec\\u00eda de conducta err\\u00e1tica y autodestructiva en distintas facetas de su vida. El galeno manifest\\u00f3, adem\\u00e1s, que la condici\\u00f3n del apelante no le permit\\u00eda \\\"funcionar\\\" en el \\u00e1rea laboral, ni social. Por tal raz\\u00f3n, seg\\u00fan el Dr. Rodr\\u00edguez Cay, Ramos Zavala no pod\\u00eda desempe\\u00f1arse como param\\u00e9dico, al menos desde el 11 de septiembre de 2001.\\nLa trayectoria laboral de la parte apelante en el servicio p\\u00fablico pareci\\u00f3 reflejar que \\u00e9ste hab\\u00eda tenido varias situaciones cr\\u00edticas de \\u00edndole laboral. Las mismas tuvieron el efecto de ocasionar investigaciones administrativas, algunas de ellas concluyendo en la imposici\\u00f3n de sanciones disciplinarias al apelante por alegadamente haber infringido las normas de ley y reglamentarias que rigen el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEntre las situaciones laborales que acarrearon la imposici\\u00f3n de sanci\\u00f3n disciplinaria al apelante se encuentran varias amonestaciones escritas, por situaciones referentes a un problema de tardanzas y de incorrecciones en e] Registro de Horas de Entrada y Salidas y de suspensiones de empleo y sueldo parciales, por haber infringido la reglamentaci\\u00f3n del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nLas acciones de investigaci\\u00f3n y de sanciones disciplinarias relacionadas a Ramos Zavala fueron efectuadas al tenor de la Ley 5 del 14 de octubre de 1975, conocida \\u00e9sta como la \\\"Ley de Personal del Servicio P\\u00fablico\\\", 3 L.P.R.A. see. 1301 y ss, con su Reglamento, el Reglamento de Normas y Procedimientos sobre Medidas Correctivas del Servicio de Carrera y de Rango del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el Reglamento de Normas y Procedimientos sobre Medidas Correctivas del Servicio de Carrera y de Confianza del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nEl 16 de noviembre 1999, le fue otorgado un ascenso a la parte apelante de T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas I a T\\u00e9cnico de Emergencias M\\u00e9dicas II, mediante el proceso de reclasificaci\\u00f3n por evoluci\\u00f3n del puesto, seg\\u00fan lo dispone la Ley de Personal del Servicio P\\u00fablico, supra, y el Reglamento de Personal del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, Adem\\u00e1s, se le concedi\\u00f3 una bonificaci\\u00f3n salarial, adicional a su salario, de $100 y un diferencial de $167.00.\\nLa parte apelante, en toda su trayectoria laboral, hasta el 15 de noviembre de 1999, nunca solicit\\u00f3 se le otorgara un ascenso, as\\u00ed como tampoco recibi\\u00f3 ninguna recomendaci\\u00f3n de ascenso de los supervisores inmediatos de dicha parte, seg\\u00fan lo disponen las normas establecidas por el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas para los ascensos sin oposici\\u00f3n.\\nDe las investigaciones efectuadas por la agencia, relacionadas a la parte apelante, s\\u00f3lo tres produjeron sanciones disciplinarias.\\nLa suspensi\\u00f3n de empleo mediante carta de 9 de diciembre de 1997, suscrita por el Director Ejecutivo del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas, y enviada al apelante, respondi\\u00f3 al incumplimiento por parte del se\\u00f1or Ramos Zavala de distintas normas administrativas dispuestas en el Reglamento de la agencia: tardanzas habituales, registro de entrada y salida cumplimentado incorrectamente, conducta desordenada, negligencia o descuido de la ejecuci\\u00f3n de tareas, deberes y obligaciones y conducta impropia. Ramos Zavala fue notificado por escrito de la raz\\u00f3n para la suspensi\\u00f3n y de su derecho a solicitar la correspondiente vista administrativa. Esta investigaci\\u00f3n fue llevada a cabo como resultado de un incidente ocurrido el 13 de agosto de 1996.\\nA saber, mediante la investigaci\\u00f3n se aleg\\u00f3 que el apelante no acudi\\u00f3 al auxilio de un paciente con dificultad respiratoria, quien falleciera m\\u00e1s adelante, en violaci\\u00f3n al reglamento de la agencia concernida. La agencia apelada suspendi\\u00f3 de empleo y sueldo por treinta d\\u00edas al apelante debido a dicho incidente.\\nComo consecuencia de lo anterior, el 29 de abril de 1999, la parte apelante inst\\u00f3 ante el TPI la acci\\u00f3n que nos ocupa. En la misma, se aleg\\u00f3 que mientras Ramos Zavala trabajaba en el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas Estatal, sufri\\u00f3 da\\u00f1os debido a la suspensi\\u00f3n de referencia, un supuesto ambiente hostil y hostigamiento laboral. A su vez, el apelante advirti\\u00f3 violaci\\u00f3n a sus derechos constitucionales al responsabilizar al patrono apelado por haber afectado su vida al punto de requerir tratamiento psiqui\\u00e1trico y sufrir p\\u00e9rdida de ingresos.\\nEntre la prueba documental estipulada, en gran parte relacionada con las acciones disciplinarias de la autoridad nominadora, se resaltan a continuaci\\u00f3n las siguientes, seg\\u00fan surgen de la sentencia apelada:\\n\\\"1. Hoja de tr\\u00e1mite, suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n2. Suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n3. Notificaci\\u00f3n de vista administrativa informal.\\n4. Comunicaci\\u00f3n sobre posible destituci\\u00f3n.\\n5. Suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n6. Reprimenda.\\n7. Solicitud de horario para estudios.\\n8. Violaci\\u00f3n al derecho a la educaci\\u00f3n 5/10/98.\\n9. Violaci\\u00f3n al derecho a la investigaci\\u00f3n.\\n10. Reprimenda escrita.\\n11. Solicitud de vista administrativa.\\n12. Citaci\\u00f3n a vista administrativa.\\n13. Amonestaci\\u00f3n escrita.\\n14. Reubicaci\\u00f3n.. -\\n15. Comunicaci\\u00f3n sobre suspensi\\u00f3n de empleo y sueldo.\\n16. Reglamento empleados de carrera.\\n17. Reglamento de normas y procedimientos.\\n18. Reglamento de normas y procedimientos (Bomberos).\\n19. Carta de renuncia. '\\nLa prueba de la paite apelante constituy\\u00f3 de los testimonios bajo juramento de Ramos Zavala, la se\\u00f1ora M\\u00e9ndez Mojica y del doctor Rodr\\u00edguez Cay. La apelante, se\\u00f1ora Mojica, no compareci\\u00f3 al juicio. Por la parte apelada testific\\u00f3 el se\\u00f1or H\\u00e9ctor Hiraldo Mat\\u00edas, t\\u00e9cnico de emergencias y oficial de investigaci\\u00f3n, y la se\\u00f1ora Ivette Rivera Fern\\u00e1ndez, t\\u00e9cnico de personal en el Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas.\\nDe los testimonios se pudo constatar que la parte apelante trabaj\\u00f3 catorce a\\u00f1os para la agencia apelada y nunca fue despedido de su empleo, contrario a lo alegado en la acci\\u00f3n civil instada. Ramos Zavala no s\\u00f3lo concluy\\u00f3, mientras trabajaba, sus estudios de Bachillerato, sino que adem\\u00e1s estudi\\u00f3 una Maestr\\u00eda en Administraci\\u00f3n P\\u00fablica la que termin\\u00f3 en el a\\u00f1o 1999.\\nA base de la prueba auscultada, el TPI advirti\\u00f3 como parte de sus determinaciones de hechos que los empleados del Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas afectados por una determinaci\\u00f3n de la agencia, que entienden les infringen sus derechos cobijados por la Ley del Servicio P\\u00fablico, se les reconoce el derecho de una vista administrativa informal. De ser desfavorable para dicha parte la determinaci\\u00f3n emitida por la parte aqu\\u00ed apelada, tiene ante su consideraci\\u00f3n el derecho de recurrir ante el foro administrativo adjudicativo especializado, la entonces Junta de Apelaciones del Sistema de Administraci\\u00f3n de Personal, para vindicar su alegada infracci\\u00f3n de sus derechos. En este caso, Ramos Zavala opt\\u00f3 por no seguir ese tr\\u00e1mite administrativo.\\nAs\\u00ed las cosas, el 8 de mayo de 2003, el Sr. N\\u00e9stor Ramos Zavala renunci\\u00f3 a su trabajo y acudi\\u00f3 al Fondo del Seguro del Estado reclamando tratamiento por \\\"accidente ocupacional\\\" descrito como \\\"dolor de cabeza y ansiedad, nerviosismo e hipertensi\\u00f3n El 11 de diciembre de 2002, el Fondo del Seguro del Estado emiti\\u00f3 la Decisi\\u00f3n del Administrador que lee como sigue:\\n\\\"Se trata, en este caso, de N\\u00e9stor Ramos Zavala, quien trabaja para el patrono Cuerpo de Emergencias M\\u00e9dicas Estatal, en calidad de T\\u00e9cnico II Emergencias M\\u00e9dicas, en Caguas, Puerto Rico.\\nEn el presente caso, fue radicado un informe patronal, el 20 de julio de 2001, donde describe como accidente ocupacional lo siguiente: Paciente alega dolor de cabeza y ansiedad, nervios e hipertensi\\u00f3n (170/110)\\\".\\nFue evaluado y tratado por los m\\u00e9dicos del Asegurador. El Psiquiatra diagnostic\\u00f3 una condici\\u00f3n emocional identificada en las Gu\\u00edas M\\u00e9dicas adoptadas por la Corporaci\\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado, bajo el C\\u00f3digo 75.027, no relacionada. Concluy\\u00f3 el mencionado especialista, en su informe m\\u00e9dico especial de fecha 10/8/2001, que la condici\\u00f3n emocional no est\\u00e1 relacionada, por entender que no ocurri\\u00f3 situaci\\u00f3n laboral alguna capaz de producir este cuadro.\\n[\\u2022..]\\\"\\u2022\\nA base de las anteriores determinaciones de hechos, el TPI concluy\\u00f3 que las actuaciones del Estado estuvieron enmarcadas dentro de la ley y la reglamentaci\\u00f3n de personal aplicable y que no medi\\u00f3 negligencia de parte de los funcionarios que aplicaron las sanciones disciplinarias. En su consecuencia desestim\\u00f3 la demandada.\\nInconformes con este curso decisorio, la parte apelante acudi\\u00f3 ante nos reclamando como \\u00fanico error cometido por el foro apelado el siguiente:\\n\\\"Err\\u00f3 el Honorable Tribunal de Instancia y cometi\\u00f3 un error manifiesto en la apreciaci\\u00f3n de la prueba que tuvo ante s\\u00ed al declarar sin lugar la demanda. \\\"\\nAl evaluar el expediente ante nuestra consideraci\\u00f3n, con particular \\u00e9nfasis en la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba que se presentara, es de rigor concluir que actu\\u00f3 correctamente el TPI al tomar la decisi\\u00f3n en controversia. Exponemos el por qu\\u00e9 a continuaci\\u00f3n.\\nII\\nA. La apreciaci\\u00f3n de la prueba y la adjudicaci\\u00f3n de credibilidad testifical\\nEs norma claramente establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que en ausencia de error manifiesto, pasi\\u00f3n, prejuicio o parcialidad no se intervendr\\u00e1 a nivel apelativo con las determinaciones de hechos y adjudicaci\\u00f3n de credibilidad hecha en instancia por el juzgador de los hechos. Trinidad Garc\\u00eda v. Chade, 2001 J.T.S. 10; Col\\u00f3n y otros v. K-Mart y otros, 2001 J.T.S. 98; Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras, 2001 J.T.S. 3; Monllor Arzola v. Soc. Legal de Gananciales, 138 D.P.R. 600 (1995)\\nM\\u00e1s a\\u00fan, dispone la Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A., Ap. III, en lo pertinente, que \\\"[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejar\\u00e1n sin efecto a menos que sean claramente err\\u00f3neas, y se dar\\u00e1 la debida consideraci\\u00f3n a la oportunidad que tuvo el Tribunal Sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos\\\".\\nUn foro apelativo no puede descartar y sustituir por su propia apreciaci\\u00f3n, basadas en un examen del expediente del caso, las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia. Arg\\u00fcello v. Arg\\u00fcello, supra. La determinaci\\u00f3n de credibilidad del tribunal sentenciador es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien, de ordinario, est\\u00e1 en mejor posici\\u00f3n para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que \\u00e9l fue quien oy\\u00f3 y vio declarar a los testigos. \\u00edd.; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).\\nEn esa misma l\\u00ednea de pensamiento, es el juez ante quien deponen los testigos quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, en fin, el comportamiento general mientras declaran, factores que van formando gradualmente en su conciencia la convicci\\u00f3n en cuanto a si dicen la verdad. Arg\\u00fcello v. Arg\\u00fcello, supra. \\\"[L]a declaraci\\u00f3n de un testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe merecer cr\\u00e9dito, a no ser que su versi\\u00f3n sea f\\u00edsicamente imposible, inveros\\u00edmil o que por su conducta en la silla testifical se haga indigno de cr\\u00e9dito\\\". Miranda Soto v. Mena Er\\u00f3, 109 D.P.R. 473 (1980) (Citas omitidas).\\nAunque de ordinario el foro apelativo no interviene con la apreciaci\\u00f3n de la prueba que hacen los foros judiciales de instancia, s\\u00ed lo hace cuando un balance racional, justiciero y jur\\u00eddico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran en autos lleva a conclusiones distintas a las del tribunal de instancia. Negr\\u00f3n Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61 (1987).\\nUn tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. S\\u00e1nchez Rodr\\u00edguez v. L\\u00f3pez Jim\\u00e9nez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985); P\\u00e9rez v. Hosp. La Concepci\\u00f3n, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). No obstante, est\\u00e1 claro que el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no absoluto. Por eso, una apreciaci\\u00f3n err\\u00f3nea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la funci\\u00f3n revisora de un tribunal apelativo. V\\u00e9ase, Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).\\nCon relaci\\u00f3n a la contenci\\u00f3n esbozada por la parte apelante, a saber, que el TPI no debi\\u00f3 resolver que las actuaciones del Estado estaban enmarcadas dentro de la Ley y la reglamentaci\\u00f3n de personal aplicable, al haber mediado, pues, negligencia por parte de los funcionarios que aplicaron las sanciones disciplinarias y haciendo caso omiso a la prueba que, seg\\u00fan dicha parte, tiende a demostrar el da\\u00f1o alegado, entendemos categ\\u00f3ricamente que no le asiste la raz\\u00f3n. Veamos.\\nB. Acci\\u00f3n de Da\\u00f1os y Perjuicios y Ley de Pleitos Contra el Estado\\nEn el caso que nos ocupa, se trata de una reclamaci\\u00f3n por las alegadas actuaciones negligentes de funcionarios del Estado al crear y no corregir un supuesto ambiente hostil permeante en su lugar de trabajo, raz\\u00f3n por la cual reclam\\u00f3 da\\u00f1os y perjuicios, de conformidad a lo establecido en el Art. 1803 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P. R.A. 5142. Dicho precepto, al igual que su contraparte, el Art. 1802 del C\\u00f3digo Civil, 31 L.P.R.A. 5141, incorpora la responsabilidad basada en culpa. Se trata, seg\\u00fan ha observado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de un concepto amplio que incluye actuaciones negligentes e intencionales; tan abarcador como pueda serlo la propia conducta humana que pretende reglamentar. P\\u00e9rez Vda. Mu\\u00f1iz v. Criado, 151 D.P.R. 335 (2000); Toro Aponte v. Estado Libre Asociado, 142 D.P.R. 464 (1997); Reyes v. Sucn. S\\u00e1nchez Soto, 98 D.P.R. 305, 310 (1970).\\nLa Ley N\\u00fam. 104 de 29 de junio de 1955, seg\\u00fan enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, 32 L.P.R.A. 3077 et seq., constituye una renuncia amplia, pero condicionada por parte del Estado a la protecci\\u00f3n que le brinda la inmunidad del soberano. El Art. 2 de la Ley 104, 32 L.P.R.A. 3077, autoriza, entre otras, la presentaci\\u00f3n contra el Estado de acciones de da\\u00f1os y perjuicios a la persona o a la propiedad \\\"causados por acci\\u00f3n u omisi\\u00f3n de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su funci\\u00f3n, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia\\\". Garc\\u00eda v. Estado Libre Asociado, 146 D.P.R. 725 (1998).\\nEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que para que un demandante pueda prevalecer en un pleito por da\\u00f1os y perjuicios contra el Estado por actuaciones de un funcionario, debe establecer: (1) que la persona que le caus\\u00f3 el da\\u00f1o era agente, funcionario o empleado del Estado y que estaba actuando en su capacidad oficial al momento de causar el da\\u00f1o; (2) que el funcionario, agente o empleado, actu\\u00f3 dentro del marco de su funci\\u00f3n; (3) que la actuaci\\u00f3n del empleado del Estado fue negligente y no intencional, y (4) que existe una relaci\\u00f3n causal entre la conducta culposa y el da\\u00f1o producido. Leyva et al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489, 510 (1993). V\\u00e9ase adem\\u00e1s, Art. 6(d) de la Ley N\\u00fam. 104, supra, 32 L.P.R.A. 3801(d).\\nEl demandante tiene la opci\\u00f3n de demandar directamente al empleado, al Estado o, en forma alternativa, a las dos partes, Garc\\u00eda v. Estado Libre Asociado, supra; V\\u00e1zquez Negr\\u00f3n v. E.L.A., 113 D.P.R. 148 (1982). La inmunidad que pueda asistir al empleado particular respecto a la actuaci\\u00f3n que da lugar a la demanda no beneficia al Estado. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 746 (1991).\\nNo obstante lo anterior, el Art. 6 de la Ley N\\u00fam. 104, supra, aclara que no est\\u00e1n autorizadas las acciones de da\\u00f1os y perjuicios contra el Estado por acciones u omisiones de un funcionario cuando, inter alia, dichas actuaciones son \\\"constitutivfas] de acometimiento, agresi\\u00f3n u otro delito contra la persona, .\\\". 32 L.P.R.A. 3081. V\\u00e9ase, Ba\\u00e9z Vega v. Estado Libre Asociado, 87 D.P.R. 67 (1963).\\nC. El derecho a la intimidad y el hostigamiento laboral\\nEn Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986), el Tribunal Supremo analiz\\u00f3, dentro del contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal, el \\u00e1mbito y el contorno de los derechos a la intimidad y a la dignidad del ser humano, y a estar protegido contra riesgos a la integridad personal en el trabajo, consagrados en el Art. II, Secs. 1, 8 y 16 de la Constituci\\u00f3n del Estado Libre Asociado, 1 L.P.R.A. Art. II, Secs. 1, 8 y 16. En ese caso, se resolvi\\u00f3 que el derecho a la intimidad opera exproprio vigore y puede hacerse valer aun entre personas privadas. Id., p\\u00e1g. 64.\\nEn Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998), el Tribunal Supremo discuti\\u00f3 ampliamente el derecho a la intimidad y reiter\\u00f3 los intereses protegidos por ese derecho, incluyendo aqu\\u00e9llos en el contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal. Qued\\u00f3 all\\u00ed expreso lo siguiente:\\n\\\"Los derechos a la intimidad y ala protecci\\u00f3n contra ataques abusivos a la honra y ala reputaci\\u00f3n personal consagrados en las Secs. 1 y 8 de nuestra Carta de Derechos, supra, tienen especial preeminencia seg\\u00fan nuestro esquema constitucional.\\nAl describir estos derechos en el esquema constitucional estadounidense, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que los intereses protegidos por el derecho a la intimidad son esencialmente dos (2): \\\"[u] no es el inter\\u00e9s individual de evitar la divulgaci\\u00f3n de asuntos personales y el otro es el inter\\u00e9s de poder tomar ciertas decisiones importantes con independencia\\\". (Escolios omitidos y traducci\\u00f3n nuestra.) Whalen v. Roe, 429 U.S. 589, 599-600 (1977).\\nEn nuestra jurisdicci\\u00f3n hemos afirmado que el derecho a la vida privada y familiar \\\"impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los dem\\u00e1s seres humanos\\\". (\\u00c9nfasis suplido.) Col\\u00f3n v. Romero Barcel\\u00f3, 112 D.P.R. 573, 576 (1982). Por su importancia, hemos reconocido que opera ex proprio vigore, sin necesidad de que concurra el requisito de acci\\u00f3n estatal para invocarlo frente a personas particulares. .\\nUn examen de nuestros previos pronunciamientos, as\\u00ed como de la jurisprudencia federal, revela que este derecho se lesiona, entre otras instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de tomar decisiones personales, familiares o \\u00edntimas, Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); cuando se requiere exponer p\\u00fablicamente la vida \\u00edntima de una pareja para poder divorciarse, Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), o cuando se limita la facultad de la decisi\\u00f3n de utilizar anticonceptivos, Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).\\nAsimismo, se lesionan los derechos a la intimidad y ala protecci\\u00f3n contra ataques abusivos a la honra y ala reputaci\\u00f3n personal cuando se viola la tranquilidad del hogar, Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P. R. 20 (1974), y E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); cuando se hostiga a una persona mediante el uso del sistema telef\\u00f3nico, P.R. Tel. Co. v. Mart\\u00ednez, 114 D.P.R. 328 (1983), o cuando la constante presencia de una foto en los medios de comunicaci\\u00f3n representa una indebida intromisi\\u00f3n en la vida familiar, Col\\u00f3n v. Romero Rarcel\\u00f3, supra.\\nPor tratarse de un derecho invocable frente a personas privadas, el patrono est\\u00e1 obligado a no infringir la zona de autonom\\u00eda individual de sus empleados, que protege el derecho a la intimidad. \\\" Supra, p\\u00e1gs. 201-203.\\nEn cuanto al derecho a la intimidad en el contexto de la relaci\\u00f3n obrero-patronal, el Tribunal Supremo se\\u00f1al\\u00f3 lo siguiente:\\n\\\"Un mero sentimiento de incomodidad en el empleo por alguna situaci\\u00f3n laboral no configura una violaci\\u00f3n del derecho a la intimidad imputable al patrono. .\\nMeros traslados de posiciones o el env\\u00edo de memorandos, en los cuales se eval\\u00fae la labor realizada, no configuran por s\\u00ed solos una violaci\\u00f3n a la protecci\\u00f3n constitucional a la intimidad. Es preciso que tales traslados o comunicaciones internas sean arbitrarias, irrazonables y caprichosas; que generen una atm\\u00f3sfera hostil para el obrero que impida del todo su sana estad\\u00eda en el trabajo; que sean originadas por un motivo ajeno al leg\\u00edtimo inter\\u00e9s de salvaguardar el efectivo desempe\\u00f1o en el empleo, o que contengan expresiones claramente difamatorias o lesivas. En esta determinaci\\u00f3n, los tribunales de instancia deben examinar la prueba que al respecto presente un empleado para determinar si queda configurada la violaci\\u00f3n constitucional alegada o si las actuaciones se\\u00f1aladas como tales por el obrero constituyen meramente gestiones administrativas leg\\u00edtimas. \\\"\\nSupra, p\\u00e1gs. 207 y 209.\\nEsbozada la doctrina aplicable, pasemos a conformar la misma con los hechos presentados.\\nIII\\nEn el caso de autos, no estamos ante alguna de las situaciones mencionadas anteriormente que son consideradas como nocivas al derecho a la intimidad, aptas para causar aquel da\\u00f1o que amerita un deber de responder por \\u00e9l. Al examinar las aseveraciones aducidas en la demanda para sustentar su causa de acci\\u00f3n por violaci\\u00f3n al derecho a la intimidad, el apelante hizo referencia a que sufri\\u00f3 los vej\\u00e1menes, la humillaci\\u00f3n y persecuci\\u00f3n por parte del patrono consistente en querellas, sanciones e investigaciones en su contra.\\nAsimismo, la parte apelante adujo que se le viol\\u00f3 su derecho a la intimidad por el hecho que las investigaciones llevadas a cabo por el patrono, en conjunci\\u00f3n con las consecuentes suspensiones lo mantuvieron en un estado de ansiedad y desasosiego emocional que desestabiliz\\u00f3 hasta su vida personal y entorno familiar. A su vez, acot\\u00f3 que dicho ambiente hostil lo forz\\u00f3 a renunciar a su trabajo al no poder soportar la supuesta persecuci\\u00f3n ocasionada por el patrono apelado.\\nEl TPI descans\\u00f3 acertadamente su criterio juzgador sobre la prueba testifical y documental apreciada y sentenci\\u00f3 que las actuaciones imputadas se ajustaron al ordenamiento jur\\u00eddico antes discutido y de conformidad con el debido proceso de ley. Compartimos el parecer de la ilustre sala de instancia en cuanto a que no s\\u00f3lo al se\\u00f1or Ramos Zavala se le notific\\u00f3 oportunamente sobre los derechos que le amparaban, sino que se le ofreci\\u00f3 la oportunidad de ser escuchado y de recurrir de la determinaci\\u00f3n de la agencia al foro adecuado.\\nTomando en consideraci\\u00f3n las circunstancias particulares de Ramos Zavala y los fundamentos esgrimidos por el TPI, no detectamos que el foro apelado cometiera error al apreciar la prueba o se equivocara en la aplicaci\\u00f3n del derecho.\\nIV\\nEn m\\u00e9rito a lo expuesto, confirmamos la sentencia dictada por el TPI.\\nLo acord\\u00f3 el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.\\nLeda. Laura M. V\\u00e9l'ez V\\u00e9l\\u00e9z\\nSecretaria del Tribunal de Apelaciones\"}"