"{\"id\": \"11084425\", \"name\": \"EL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. ECHEVARRIA COLON Apelante\", \"name_abbreviation\": \"Pueblo v. Echevarria Colon\", \"decision_date\": \"2000-06-22\", \"docket_number\": \"N\\u00fam. KLAN-99-00147\", \"first_page\": \"452\", \"last_page\": \"457\", \"citations\": \"6 T.C.A. 452\", \"volume\": \"6\", \"reporter\": \"Decisiones del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico\", \"court\": \"Puerto Rico Circuit Court of Appeals\", \"jurisdiction\": \"Puerto Rico\", \"last_updated\": \"2021-08-10T19:24:36.105256+00:00\", \"provenance\": \"CAP\", \"judges\": \"Panel integrado por su Presidente, el Juez Miranda De Hostos y los Jueces Rivera P\\u00e9rez y Rodr\\u00edguez Garc\\u00eda\", \"parties\": \"EL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. ECHEVARRIA COLON Apelante\", \"head_matter\": \"2000 DTA 164\\nTRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES CIRCUITO REGIONAL VII DE CAROLINA Y FAJARDO\\nEL PUEBLO DE PUERTO RICO Apelado v. JOSE M. ECHEVARRIA COLON Apelante\\nN\\u00fam. KLAN-99-00147\\nSan Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2000\\nPanel integrado por su Presidente, el Juez Miranda De Hostos y los Jueces Rivera P\\u00e9rez y Rodr\\u00edguez Garc\\u00eda\", \"word_count\": \"3094\", \"char_count\": \"18900\", \"text\": \"Rodr\\u00edguez Garc\\u00eda, Juez Ponente\\nTEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA\\nPor medio de un escrito de Apelaci\\u00f3n, comparece ante este Tribunal el convicto Jos\\u00e9 L. Echevarr\\u00eda Col\\u00f3n (\\\"Echevarr\\u00eda\\\"). Este nos solicita la revocaci\\u00f3n de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, el d\\u00eda 21 de enero de 1999. Mediante el referido dictamen, luego de que el d\\u00eda 9 de junio de 1998 un jurado lo encontrara culpable por haber cometido el delito de Homicidio Involuntario, Art. 86 del C\\u00f3digo Penal, el foro judicial de primera instancia, Dimas G. Padilla Bruno, J., sentenci\\u00f3 a Echevarr\\u00eda un a\\u00f1o de reclusi\\u00f3n, a ser cumplido bajo el r\\u00e9gimen de una sentencia suspendida y, adem\\u00e1s, le suspendi\\u00f3 la licencia de conducir por igual t\\u00e9rmino.\\nExaminado en sus m\\u00e9ritos el recurso que nos ha sido presentado, confirmamos la sentencia apelada.\\nI. Trasfondo F\\u00e1ctico y Procesal\\nEl d\\u00eda 20 de febrero de 1998, contra el apelante Jos\\u00e9 M. Echevarr\\u00eda Col\\u00f3n se present\\u00f3 una denuncia por la alegada comisi\\u00f3n del delito de Homicidio Involuntario mediando negligencia crasa o temeraria en la conducci\\u00f3n de un veh\\u00edculo de motor, Art. 87 del C\\u00f3digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4006. (Autos Originales, p\\u00e1g. 4). Por medio de la referida denuncia, a Echevarr\\u00eda se le imput\\u00f3 que, el d\\u00eda 5 de marzo de 1997, mientras conduc\\u00eda un veh\\u00edculo de motor propiedad de la Autoridad de Energ\\u00eda El\\u00e9ctrica y mediando imprudencia crasa o temeraria, entr\\u00f3 de manera s\\u00fabita y negligente a una v\\u00eda principal. Seg\\u00fan la denuncia, tales actos de Echevarr\\u00eda dieron lugar a que el peijudicado H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez Acevedo perdiera el control de la motocicleta en que viajaba y luego fuera a estrellarse contra el veh\\u00edculo conducido por el apelante, perdiendo la vida en el acto. Ibid. Adem\\u00e1s, surge del documento de Denuncia que el d\\u00eda 26 de febrero de 1998 se llev\\u00f3 a cabo una vista en la que se determin\\u00f3 causa probable para el arresto de Echevarr\\u00eda por el delito imputado y se le impuso una fianza de $100.00. Ibid.\\nPosteriormente, el d\\u00eda 20 de marzo de 1998, se celebr\\u00f3 la correspondiente vista preliminar. (Autos Originales, p\\u00e1g. 2). En la referida audiencia, se encontr\\u00f3 causa probable para acusar a Echevarr\\u00eda por el delito de Homicidio Involuntario, mediando mera negligencia en la conducci\\u00f3n de un veh\\u00edculo de motor. Art. 86 del C\\u00f3digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4005.\\nEl d\\u00eda 13 de abril de 1998, se llev\\u00f3 a cabo el acto de lectura de la acusaci\\u00f3n instada por el Ministerio P\\u00fablico contra Echevarr\\u00eda. (Autos Originales, p\\u00e1g. 14). En el transcurso de dicha audiencia, la defensa solicit\\u00f3 diez (10) d\\u00edas para que Echevarr\\u00eda sometiera su alegaci\\u00f3n, t\\u00e9rmino que le fue concedido. Adem\\u00e1s, en dicho acto, la defensa anunci\\u00f3 que el caso se ver\\u00eda por jurado y el tribunal anot\\u00f3 a Echevarr\\u00eda una alegaci\\u00f3n preliminar de no culpable. Ibid.\\nLuego de varios incidentes procesales, el d\\u00eda 13 de mayo de 1998, dio comienzo el proceso de desinsaculaci\\u00f3n del jurado ante el Tribunal de Primera Instancia. (Autos Originales, p\\u00e1g. 90). Dicho procedimiento de selecci\\u00f3n culmin\\u00f3 con la juramentaci\\u00f3n de los miembros del jurado en una vista efectuada el d\\u00eda 14 de mayo de 1998. (Autos Originales, p\\u00e1gs. 93-94). Durante la referida audiencia, Echevarr\\u00eda hizo alegaci\\u00f3n de no culpable y el Ministerio P\\u00fablico dio comienzo al desfile de su prueba. Ibid.\\nTerminado el acto del juicio y sometido el caso a la consideraci\\u00f3n del jurado, el d\\u00eda 9 de junio de 1998, el referido cuerpo deliberativo encontr\\u00f3 a Echevarr\\u00eda culpable del delito de Homicidio Involuntario, con una votaci\\u00f3n de nueve (9) jurados a favor de dicho fallo y tres (3) en contra, por lo que el caso fue asignado al Oficial Probatorio para el correspondiente Informe Presentencia. (Autos Originales, p\\u00e1g. 117). Posteriormente, el d\\u00eda 21 de enero de 1999, el Tribunal de Primera Instancia dict\\u00f3 sentencia contra Echevarr\\u00eda y lo conden\\u00f3 a un a\\u00f1o de reclusi\\u00f3n con el beneficio de una sentencia suspendida. (Autos Originales, p\\u00e1g. 250). Adem\\u00e1s, en su dictamen, el foro sentenciador suspendi\\u00f3 la licencia de conducir a Echevarr\\u00eda por el t\\u00e9rmino de un (1) a\\u00f1o.\\nInconforme con la referida sentencia, oportunamente Echevarr\\u00eda present\\u00f3 ante este Tribunal de Circuito de Apelaciones, el recurso apelativo que hoy nos ocupa y en el que nos solicita la revocaci\\u00f3n del dictamen apelado. En suma, Echevarr\\u00eda alega que ante el tribunal sentenciador no se demostraron los elementos del delito imputado ni la culpabilidad del acusado m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable y que no se estableci\\u00f3 en el acto del juicio que existiera identidad entre la persona perjudicada y el cad\\u00e1ver al que se practic\\u00f3 la autopsia. Adem\\u00e1s, el apelante arguye que el foro judicial de primera instancia err\\u00f3 en la apreciaci\\u00f3n de la prueba y al declarar no ha lugar las mociones de absoluci\\u00f3n presentadas por la defensa.\\nLuego de un an\\u00e1lisis de los errores se\\u00f1alados, a la luz de la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba que nos ha sido sometida y del derecho aplicable, confirmamos la sentencia apelada.\\nU. Derecho Aplicable\\nEs norma establecida en nuestra jurisdicci\\u00f3n que un tribunal apelativo no intervendr\\u00e1 con la apreciaci\\u00f3n que de la prueba haya hecho un tribunal de primera instancia, en ausencia de pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Mercado Rivera, et. al. v. Universidad Cat\\u00f3lica de Puerto Rico, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 106; Pueblo v. Meli\\u00e1 Le\\u00f3n, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 110; Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). Debe recordarse, sin embargo, que aunque el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, no es absoluto, y que una apreciaci\\u00f3n err\\u00f3nea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la funci\\u00f3n revisora de un tribunal apelativo. M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Gonz\\u00e1lez Molina, _ D.P.R. _ (1996), 96 J.T.S. 149; C\\u00e1rdenas Max\\u00e1n v. Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez, 125 D.P.R. 702 (1990); V\\u00e9lez v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Rivera P\\u00e9rez v. Cruz Corchado, supra; Vda. de Morales v. De Jes\\u00fas Toro, 107 D.P.R. 826 (1978). Aunque haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho de un tribunal, si de un an\\u00e1lisis de la totalidad de la evidencia el foro apelativo queda convencido de que se cometi\\u00f3 un error, como cuando las conclusiones est\\u00e1n en conflicto con el balance m\\u00e1s racional, justiciero y jur\\u00eddico de la totalidad de la evidencia recibida, las consideramos claramente err\\u00f3neas. M\\u00e9ndez de Rodr\\u00edguez v. Gonz\\u00e1lez Molina, supra. V\\u00e9ase adem\\u00e1s: C\\u00e1rdenas Max\\u00e1n v. Rodr\\u00edguez Rodr\\u00edguez, supra; Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977); Sanabria v. Sucn. Gonz\\u00e1lez, 82 D.P.R. 885 (1961).\\nEl Art. II, sec. 11 de la Constituci\\u00f3n de Puerto Rico, establece una presunci\\u00f3n de inocencia a favor de todo acusado, exigi\\u00e9ndose, para derrotar la misma, que toda convicci\\u00f3n siempre est\\u00e9 sostenida por prueba que establezca la culpabilidad del acusado m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable. Pueblo v. Gonz\\u00e1lez Rom\\u00e1n, _ D.P.R. _ (1995), 95 J.T.S. 86; Pueblo v. Pag\\u00e1n Santiago, 130 D.P.R. 470 (1992), 92 J.T.S. 56; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991). Sin embargo, no se exige que se destruya toda duda posible, especulativa o imaginaria a los fines de establecer la culpabilidad del acusado. Es suficiente que el fallo del tribunal est\\u00e9 sostenido por prueba suficiente y satisfactoria que establezca certeza y convicci\\u00f3n moral en una conciencia exenta de preocupaci\\u00f3n o en un \\u00e1nimo no prevenido. Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985). La duda razonable es aquella insatisfacci\\u00f3n o intranquilidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la culpabilidad del acusado, una vez desfilada la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Fiscal. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963). Sobre el criterio de duda razonable para determinar culpabilidad, en el caso de Pueblo v. De Le\\u00f3n Mart\\u00ednez, 132 D.P.R. 746 (1993), se expres\\u00f3:\\n\\\"Es principio fundamental de nuestro sistema de derecho que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974); Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). Esta m\\u00e1xima es consustancial con el principio de presunci\\u00f3n de inocencia y es un elemento del debido proceso de ley. Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984). Para cumplir con este requisito, se requiere que la prueba presentada sea \\\"suficiente en derecho\\\", lo que significa que la evidencia presentada tiene que producir certeza o convicci\\u00f3n moral en una conciencia exenta de preocupaci\\u00f3n o en un \\u00e1nimo no prevenido. Pueblo v. Carrasquillo, supra; Pueblo v. Rodr\\u00edguez Rom\\u00e1n, 128 D.P.R. _; 91 J.T.S. 26. La insatisfacci\\u00f3n con la prueba es lo que se conoce como duda razonable y fundada. Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963); Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, supra. La determinaci\\u00f3n de que se ha probado la culpabilidad m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable, es revisable en apelaci\\u00f3n como cuesti\\u00f3n de derecho. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966); Pueblo v. Pag\\u00e1n D\\u00edaz, 111 D.P.R. 608 (1981). Cuando un an\\u00e1lisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro de instancia nos produce duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad del apelante ha quedado establecida m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable, este Tribunal no ha vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio. Pueblo v. Cab\\u00e1n Torres, supra, p\\u00e1g. 657; Pueblo v. Rivero Lugo y Almod\\u00f3var, 121 D.P.R. [454] (1988). \\\"\\nAunque la determinaci\\u00f3n de culpabilidad de un acusado es una cuesti\\u00f3n mixta de hecho y (je derecho, Pueblo v. Echevarria I, 128 D.P.R. 299 (1991); Pueblo v. Cab\\u00e1n, supra, el foro apelativo concede gran deferencia a la determinaci\\u00f3n que hace el juzgador de hechos a nivel de primera instancia y, de ordinario, no interviene con la misma en ausencia de pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Somarriba, 131 D.P.R. 462 (1992); Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49 (1991); Pueblo v. Echevarr\\u00eda I, supra. La raz\\u00f3n de ser de esta norma es obvia, pues es el juzgador de los hechos quien tiene la oportunidad de observar el comportamiento de los testigos en la silla testifical, lo cual constituye un aspecto de vital importancia al momento de adjudicar credibilidad. Pueblo v. D\\u00e1vila Delgado, _ D.P.R. _ (1997), 97 J.T.S. 68; V\\u00e9lez Reboyras v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R 529 (1984); Ortiz v. Cruz Pab\\u00f3n, 103 D.P.R. 939 (1975); Rodr\\u00edguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970). Por otro lado, es norma trillada en nuestra jurisdicci\\u00f3n que la evidencia directa de un testigo que merezca entero cr\\u00e9dito al juzgador es pmeba suficiente para establecer la realidad de cualquier hecho. Regla 10 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10; El Pueblo de Puerto Rico v. Ch\\u00e9vere Heredia, _ D.P. R. _ (1995), 95 J.T.S. 115; P\\u00e9rez v. Acevedo Qui\\u00f1ones, 100 D.P.R. 894 (1972).\\nLuego de un an\\u00e1lisis detenido del presente recurso apelativo, somos del criterio de que no se cometieron los errores se\\u00f1alados y que procede confirmar la sentencia apelada. Del examen de la exposici\\u00f3n narrativa de la prueba estipulada por las partes, se desprende que ante el Tribunal de Primera Instancia y el Jurado asignado al caso se desfil\\u00f3 prueba que de ser cre\\u00edda, como en efecto lo fue, es suficiente en derecho para sustentar la culpabilidad de Echevarr\\u00eda m\\u00e1s all\\u00e1 de duda razonable.\\nDel testimonio vertido durante el acto del juicio por el testigo presencial de los hechos, Gabino Alicea S\\u00e1nchez, se desprende que, mientras \\u00e9ste viajaba por la Avenida 65 de Infanter\\u00eda en direcci\\u00f3n de R\\u00edo Grande hacia Can\\u00f3vanas, carril derecho, \\u00e9ste observ\\u00f3 c\\u00f3mo la camioneta de la Autoridad de Energ\\u00eda El\\u00e9ctrica (\\\"AEE\\\") conducida por Echevarr\\u00eda cruz\\u00f3 su carril de derecha a izquierda desde una calle marginal y que tuvo que detemerse para no impactarla. El testigo declar\\u00f3, adem\\u00e1s, que luego vio al motociclista perjudicado que viajaba por el carril izquierdo, tambi\\u00e9n de R\\u00edo Grande hacia Can\\u00f3vanas, tratando de esquivar la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda para no impactarla; que, al ver la motocicleta, Echevarr\\u00eda detuvo su marcha y volvi\\u00f3 a reanudarla; que el motociclista perjudicado perdi\\u00f3 el control de la motocicleta en que viajaba y cay\\u00f3 de la misma, impactando con su cuerpo a la camioneta de la AEE en su parte posterior izquierda. El testigo Alicea S\\u00e1nchez a\\u00f1adi\\u00f3, tambi\\u00e9n, que al momento del accidente, la parte delantera de la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda estaba entre las dos isletas que dividen la avenida y que la parte trasera del veh\\u00edculo ocupaba la mitad del carril izquierdo por donde transcurr\\u00eda el motociclista; que luego del accidente, baj\\u00f3 de su veh\\u00edculo, se aproxim\\u00f3 al occiso y observ\\u00f3 como \\u00e9ste \\\"solt\\u00f3 un buche de sangre y muri\\u00f3\\\" y que, posteriormente, \\\"movieron la guagua\\\".\\nPor su parte, del testimonio del polic\\u00eda que investig\\u00f3 el accidente, agente Nieves P\\u00e9rez Ortiz, surge que al llegar a la escena de los hechos pudo observar un cuerpo tendido en el carril izquierdo. M\\u00e1s adelante, a preguntas del Fiscal sobre cu\\u00e1l era la condici\\u00f3n del motociclista accidentado H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez, el testigo P\\u00e9rez Ortiz indic\\u00f3 que para su entender dicha persona estaba sin vida.\\nEl polic\\u00eda declar\\u00f3, en parte, que como \\u00fanico testigo de los hechos pudo entrevistar en el lugar del accidente a Gabino Alicea S\\u00e1nchez, quien identific\\u00f3 a Echevarr\\u00eda como la persona que conduc\\u00eda la camioneta de la AEE. El agente a\\u00f1adi\\u00f3 que el testigo Gabino Alicea S\\u00e1nchez le manifest\\u00f3 que la camioneta de la AEE se le cruz\\u00f3 de frente y que tuvo que parar para no chocarla; que el motociclista accidentado perdi\\u00f3 el balance, se cay\\u00f3 de la motocicleta, dio varias volteretas e impact\\u00f3 al cami\\u00f3n de la AEE que en esos momentos estaba cruzando la v\\u00eda de rodaje; y que el impacto no hab\\u00eda ocurrido donde estaba parado el veh\\u00edculo de la AEE en ese momento (en medio de las isletas de la avenida, fuera de la v\\u00eda de rodaje), sino m\\u00e1s atr\\u00e1s.\\nPor su parte, la Dra. Lyvia A. Alvarez, pat\\u00f3loga forense y Directora del Instituto de Ciencias Forenses, declar\\u00f3, en parte, haber realizado la autopsia al cuerpo del occiso H\\u00e9ctor Herminio Rodr\\u00edguez Acevedo el d\\u00eda 6 de marzo de 1997, un d\\u00eda despu\\u00e9s del accidente. Como resultado de dicho procedimiento, la Dra. Alvarez concluy\\u00f3 que el perjudicado Rodr\\u00edguez Acevedo muri\\u00f3 a ra\\u00edz de haber recibido un \\\"severo trauma corporal\\\".\\nEn cuanto a prueba documental se refiere, el Informe de Accidente preparado por el agente investigador Nieves P\\u00e9rez Ortiz el d\\u00eda de los hechos, identifica a H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez Acevedo como la persona que viajaba en la motocicleta accidentada. All\\u00ed se detalla que Echevarr\\u00eda cruz\\u00f3 la avenida sin tomar las debidas precauciones y que el motociclista H\\u00e9ctor Rodr\\u00edguez trat\\u00f3 de esquivarlo, por lo que perdi\\u00f3 el control de la motocicleta e impact\\u00f3 el veh\\u00edculo conducido por Echevarr\\u00eda, perdiendo la vida en el acto. Por su parte, las fotos tomadas en la escena de los hechos e identificadas como los Exhibits 3(c) por estipulaci\\u00f3n y 3(s) por estipulaci\\u00f3n, presentan la cartera y la licencia de conducir del occiso, identific\\u00e1ndolo como H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, n\\u00famero de seguro social [ XXX-XX-XXXX ] y n\\u00famero de licencia de conducir 1806143.\\nPor su parte, tanto el informe de autopsia como el informe toxicol\\u00f3gico admitidos en evidencia como Exhibit IV, nuevamente, por estipulaci\\u00f3n de las partes, indican que los mismos corresponden al occiso H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo.\\nFinalmente, las fotos identificadas como Exhibits 3(o) por estipulaci\\u00f3n y 3(i), tambi\\u00e9n por estipulaci\\u00f3n, tienden a confirmar lo declarado por el testigo Gabino Alicea S\\u00e1nchez en el sentido de que el accidente ocurri\\u00f3 dentro de la v\\u00eda de rodaje por donde transcurr\\u00eda el motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, y que luego del accidente, la camioneta de la AEE fue removida del lugar de impacto.\\nEntendemos que a la luz de la evidencia rese\\u00f1ada, ante los miembros del jurado y el tribunal sentenciador, se desfil\\u00f3 prueba suficiente en derecho para sutentar un veredicto de culpabilidad contra Echevarr\\u00eda. El testimonio de Gabino Alicea S\\u00e1nchez, unido al del agente Nieves P\\u00e9rez Ortiz y al de la pat\\u00f3loga Dra. Lyvia A. Alvarez, tuvieron el efecto de establecer los elementos del delito de homicidio, consistentes en que los elementos del delito de homicidio, consistentes en que la actitud negligente de Echevarr\\u00eda al cruzar una v\\u00eda p\\u00fablica sin tomar las debidas precauciones e invadir la v\\u00eda de rodaje, provoc\\u00f3 que el motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo perdiera el control de su motocicleta y fuera a estrellarse contra la camioneta conducida por Echevarr\\u00eda, perdiendo la vida.\\nPor otro lado, entendemos que la defensa no puede argumentar con \\u00e9xito que el Ministerio P\\u00fablico no haya establecido la identidad entre el cad\\u00e1ver del motociclista H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo y aqu\\u00e9l al cual la Pat\\u00f3loga Lyvia Alvarez realiz\\u00f3 la autopsia. Una vez la defensa estipul\\u00f3 el Informe de Autopsia y el Informe Toxicol\\u00f3gico rendido por personal del Instituto de Ciencias Forenses con respecto al cuerpo de una persona identificada en dichos documentos como H\\u00e9ctor H. Rodr\\u00edguez Acevedo, tambi\\u00e9n estipul\\u00f3 que el cad\\u00e1ver con respecto al cual se rindieron tales informes correspond\\u00eda al motociclista accidentado el d\\u00eda de los hechos. Si la defensa ten\\u00eda alguna duda en cuanto a dicho extremo, no debi\\u00f3 dar su anuencia a la estipulaci\\u00f3n de los referidos informes.\\nFinalmente, la defensa de Echevarr\\u00eda llev\\u00f3 a cabo amplios contrainterrogatorios contra los testigos de la fiscal\\u00eda y tuvo amplia oportunidad de confrontar a los mismos con alegadas contradicciones e inconsistencias en sus respectivos testimonios y, a su vez, de crear dudas en la mente del juzgador con respecto a la credibilidad y confiabilidad de aque\\u00e9los. El jurado, en este caso, tuvo ocasi\\u00f3n de evaluar toda la prueba que le fue presentada, de observar el comportamiento credibilidad que le mereci\\u00f3 cada uno de ellos, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada testimonio, luego de lo cual emiti\\u00f3 un veredicto de culpabilidad contra Echevarr\\u00eda.\\nPor otro lado, no existe indicaci\\u00f3n alguna de que el panel de jurados ante el cual se ventil\\u00f3 el caso que nos ocupa, actuara movido por pasi\\u00f3n, prejuicio, parcialidad ni que haya cometido manifiesto error al aquilatar la prueba que le fue presentada. Ante tales circunstancias, sus conclusiones merecen deferencia ante este foro apelativo, por lo que no intervendremos con las mismas.\\nPor los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia apelada.\\nLo acord\\u00f3 y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria General.\\nAida Ileana Oquendo Graulau\\nSecretaria General\"}"