State aid — Spain — State aid C 23/08 (ex N 281/07) — Aid for J. García Carrión La Mancha, SA — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty
Date: 2008-10-24
Institutions: European Commission
Subjects: Spain, State aid, agro-industry, control of State aid, exchange of information, fruit juice, grape, sparkling wine

C 269/2

EN

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24.10.2008

V

(Announcements)

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION
POLICY

COMMISSION

STATE AID — SPAIN

State aid C 23/08 (ex N 281/07) — Aid for J. García Carrión La Mancha, SA

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2008/C 269/02)

By letter dated 21 May 2008 reproduced in the authentic language on the pages following this summary,
the Commission notified Spain of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the
EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments within one month of the date of publication of this summary
and the following letter, to the following address:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Directorate H — Agricultural legislation
Unit H.2 — Competition
Rue de la Loi/Wetstraat 130 5/94A
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 296 76 72

These comments will be communicated to Spain. Confidential treatment of the identity of the interested
party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

By letters of 21 May 2007, Spain notified the Commission of
its intention to grant aid to J. García Carrión La Mancha, SA, a
large company in the agri-food sector. The aid will make it
possible to invest in expanding and improving the facilities for
producing grape juice and sparkling wine at its Daimiel factory
(Ciudad Real).

The Commission has decided to initiate the investigation proce-
dure provided for in Article 88(2) of the Treaty with respect to
the abovementioned measure since it could entail State aid to
the company in question which might be incompatible with
Article 87 of the Treaty.

the sectoral
The measure must be assessed in the light of
competition rules in force at
the notification,
namely the Community guidelines for State aid in the agri-
culture and forestry sector 2007 to 2013 (1). Point 43 of these

the time of

guidelines stipulates that the Commission will only authorise aid
for investment
for companies active in the processing and
marketing of agricultural products with 750 employees and
more and a turnover of EUR 200 million and more, if it fulfils
all the conditions of the Commission Guidelines on national
regional aid for 2007-2013 (2),
in the regions eligible for
regional aid. According to the information sent by the Spanish
authorities
than
in
medium-sized companies.

company

question

larger

the

is

the Guidelines on national

Point 38 of
regional aid for
2007-2013 states that it is important to ensure that regional aid
produces a real incentive effect to undertake investments which
would not otherwise be made in the assisted areas. To this end
it stipulates certain conditions which must be met for individual
aid to be authorised by the Commission. The Spanish authori-
investments have
ties have informed the Commission that
the
already begun. However,

they have not sent a copy of

(1) OJ C 319, 27.12.2006.

(2) OJ C 54, 4.3.2006.

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aid application submitted by the beneficiary, nor have they sent
a copy of the written communication to the beneficiary from
the authority responsible for managing the scheme; this had to
satisfy either the conditions laid down for individual aid or
those applicable to ad hoc aid. As a result, the Commission is
not in a position to check that all the conditions concerning the
incentive effect have been satisfied and it must, at this stage,
question the eligibility of the notified project.

In addition, point 51 of the Guidelines on national regional aid
for 2007-2013 provides that the costs of preparatory studies
and consultancy costs linked to the investment may not be
taken into account in the case of large companies. However, the
authorities state on the notification form that these costs have
been included. As the company in question is a large company,
the Commission must, at this stage, question whether these
costs are eligible for aid.

TEXT OF LETTER

‘Por la presente,
la Comisión tiene el honor de comunicar a
España que, tras haber examinado la información facilitada por
sus autoridades sobre las medidas arriba indicadas, ha decidido
incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2,
del Tratado CE.

I. PROCEDIMIENTO

(1) Mediante carta de 21 de mayo de 2007, registrada en esa
misma fecha,
la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea notificó a la Comisión Europea, de
conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado, el
proyecto mencionado en asunto. Se envió información
complementaria mediante cartas de 3 de julio, 10 de agosto
y 23 de octubre de 2007, y 21 de enero de 2008, esta
última registrada el 28 de marzo de 2008.

II. DESCRIPCIÓN

(2) Se trata de la notificación de una ayuda individual directa a
“J. García Carrión La Mancha, SA”, gran empresa del sector
agroalimentario que es más grande que las empresas inter-
medias.

(3) La producción a la que se destina la inversión es de zumo
de uva y vino. El proyecto objeto de la ayuda, de dos años
de duración, tiene por objeto la ampliación de una planta
de elaboración de zumo de uva y vino espumoso.

(4) Las inversiones, que consisten en la creación de nuevos
edificios y la adquisición de equipos, tienen por objeto
principal:

— la mejora de la calidad del producto […] (*) (los corch-

etes en el texto indican secreto profesional),

(*) Secreto comercial.

— la instalación de maquinaria de elaboración de zumo
de uva y vino espumoso, y líneas de envasado […].

(5) El cuadro siguiente, enviado por las autoridades españolas,
muestra los productos objeto de la inversión, así como su
repercusión en términos de producción.

Productos

Zumo

Vino

TOTAL

Cantidad (litros)

Antes de la
inversión

Después de
la inversión

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(6) Según las autoridades españolas, la ayuda excluye la adqui-
sición de equipos de segunda mano y de activos inmater-
iales.

(7) El régimen incluye el coste de estudios preparatorios y
servicios de asesoramiento relacionados con la inversión,
limitada al 50 % de los costes realmente sufragados.

(8) Los costes relacionados con la adquisición de activos
—con excepción de los terrenos y de los edificios— objeto
de arriendo financiero,
también están incluidos en los
gastos subvencionables. Además, el arriendo financiero
prevé la obligación de comprar el activo —con excepción
de los terrenos y los edificios— al
término de dicho
arriendo. Así, los bienes deben ser propiedad del benefi-
ciario en el momento de realizar las inversiones. Así
mismo,
inversiones deben mantenerse durante un
periodo mínimo de 5 años.

las

(9) La ayuda se abonará mediante un único pago. La subven-
ción se abonará al finalizar el proyecto, cuando la empresa
acredite debidamente la ejecución de la inversión y todas
las demás condiciones legalmente exigibles. Las inversiones
se habrán de mantener durante un período mínimo de
cinco años.

(10) Según las autoridades españolas, con este proyecto se
prevé la creación de ocho nuevos puestos de trabajo. En la
empresa se mantendrán los 110 puestos de trabajo de la
sede de Daimiel (Ciudad Real).

(11) Las autoridades españolas han explicado que, para evitar la
acumulación de ayudas o la superación de la intensidad de
ayuda autorizada, el beneficiario deberá presentar una
declaración de todas las ayudas solicitadas y, en su caso,
concedidas para este mismo proyecto. Han explicado
también que la ayuda no se puede acumular con otras
ayudas de minimis.

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(12) Según las autoridades españolas, el fundamento jurídico de

1. Artículo 87, apartado 1, del Tratado

la ayuda lo constituye la legislación siguiente:

— Ley no 50/85, de 27 de diciembre, de incentivos regio-
nales para la corrección de desequilibrios económicos
interterritoriales,

— Real Decreto no 1535/87, de 11 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
no 50/85 de incentivos regionales para la corrección de
desequilibrios económicos interterritoriales,

— Real Decreto no 489/88, de 6 de mayo, de delimitación
de la Zona de Promoción Económica de Castilla — La
Mancha (modificado por el Real Decreto no 1330/2001
y Real Decreto no 181/2007).

(13) El presupuesto previsto para la ayuda, pagadero por el
Ministerio de Economía y la Junta de Castilla — La
Mancha, es de 14 539 023,22 EUR, lo que representa el
28,70 % de la inversión total necesaria, que asciende a
50 665 198,04 EUR.

(14) Las autoridades españolas explicaban, mediante carta de
23 de octubre de 2007, que, el Ministerio de Economía no
había pagado ninguna ayuda en esa fecha, a la espera de la
decisión de la Comisión. No obstante, mediante carta de
21 de enero de 2008, explicaban también que las inver-
siones previstas en el proyecto ya se habían iniciado tras la
solicitud de ayuda por parte de la empresa.

(15) Las autoridades españolas consideran que la ayuda se
incluye en el marco de aplicación de las Directrices sobre
las ayudas de Estado de finalidad regional para el período
2007-2013 y que se concede en virtud de un régimen de
ayudas
la Comisión (ayuda
estatal N 38/87), por lo cual son aplicables las normas de
ese régimen.

regionales autorizado por

(16) También explican que esta ayuda ha sido autorizada
parcialmente, en lo que se refiere a su financiación por la
Comunidad Autónoma de Castilla — La Mancha, mediante
la ayuda N 348/2000 (3).

III. EVALUACIÓN

(17) Los artículos 87 y 88 del Tratado se aplican a todos los
productos agrarios de su anexo I que están sujetos a una
organización común de mercado (todos los productos
agrarios, salvo las patatas distintas de las patatas de fécula,
la carne equina, la miel, el café, el alcohol de origen agrí-
cola, el vinagre derivado de alcohol y el corcho), de confor-
midad con los distintos reglamentos que regulan las corre-
spondientes organizaciones comunes de mercado. La apli-
cación de estos artículos en el
sector vitivinícola es
también posible en virtud del artículo 71 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 del Consejo (4) por el que se establece
la organización común del mercado en este sector.

(3) Carta SG(2000) D/108277 de la Comisión de 8 de noviembre de 2000.
(4) DO L 179 de 14.7.1999.

(18) Según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del
Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la
medida en que afecten a los intercambios comerciales
entre Estados miembros,
las ayudas otorgadas por los
Estados o mediante fondos estatales, independiente de la
forma adoptada, que falseen o puedan falsear la compe-
tencia, favoreciendo a determinadas empresas o produc-
ciones.

(19) Según la jurisprudencia vigente, son contrarias a la norma-
tiva en materia de competencia y están sujetas a la aplica-
ción del artículo 87 (5) las ayudas estatales con respecto a
las cuales: la ventaja es concedida por el Estado o mediante
recursos estatales; la medida afecta a la competencia y a los
intercambios
la
medida procura a sus beneficiarios una ventaja que alivia
las cargas que, por regla general, gravan su presupuesto, y,
por último, la medida es específica o selectiva por benefi-
ciar a determinadas empresas o producciones, de manera
que falsea o puede falsear la competencia.

comerciales entre Estados miembros;

(20) En primer lugar, es preciso que la ventaja se conceda
directa o indirectamente mediante recursos estatales y que
sea imputable al Estado (6). La ayuda consiste en la transfer-
encia directa de recursos públicos en favor de la empresa
particular “J. García Carrión La Mancha, SA” (denominada
en lo sucesivo García Carrión), razón por la que la Comi-
sión considera que se cumple el criterio de “recursos esta-
tales”.

ejerce una

(21) La ayuda debe afectar también a la competencia y al
comercio entre los Estados miembros. Según jurispru-
dencia reiterada a los efectos de esta disposición, la condi-
ción de que los intercambios se vean afectados se cumple
cuando la empresa beneficiaria
actividad
económica que es objeto de intercambios entre los Estados
miembros, como es el caso de la empresa García Carrión,
que, efectivamente, opera en un sector muy expuesto a la
competencia, como es el de la producción vitivinícola. Los
intercambios comerciales de productos agrícolas entre la
Unión Europea y España son, además, muy importantes (7).
También hay que señalar que en el sector agrario existe
una enorme competencia entre los productores de los
Estados miembros cuyos productos son objeto de inter-
cambios comerciales intracomunitarios y que los produc-
tores españoles participan plenamente en esa competencia.
Parece, pues, que esta medida puede afectar a dichos inter-
cambios, algo que sucede cuando beneficia a un operador
activo en un Estado miembro en detrimento de los demás
Estados miembros. La medida en cuestión tiene una reper-
cusión directa e inmediata sobre los costes de producción
de los productos agrarios de la empresa en España. Por lo
tanto, la Comisión considera que afecta a la competencia y
a los intercambios entre Estados miembros.

(5) Sentencia del Tribunal de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00,

Altmark, Rec. p. I-07747.

(6) Asunto C-303/88, Italia contra Comisión, Rec. I-1433, apartado 11;
asunto C-482/99, Francia contra Comisión, Rec. I-4397, apartado 24,
y asunto C-126/91, GEMO, apartado 24.

(7) A título ilustrativo, en 2005, las exportaciones de productos agrícolas
españoles hacia países
ascendían a
16 553 millones EUR y las importaciones, a 12 002 millones EUR
(fuente: Eurostat).

la Unión Europea

de

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sin ser

(22) Para comprobar si la medida proporciona ventajas a sus
beneficiarios, hay que señalar que, según jurisprudencia
reiterada, el concepto de ayuda es más general que el de
subvención, dado que no sólo incluye prestaciones
concretas, como las subvenciones, sino también las inter-
venciones que, en distinta forma, reducen las cargas que
normalmente gravan el presupuesto de una empresa y que,
por consiguiente,
sentido
estricto de la palabra, son de la misma naturaleza y tienen
idénticos efectos (8). De ello se infiere que una medida por
la que las autoridades públicas conceden a una empresa
una ayuda que implica la transferencia de recursos estatales
coloca al beneficiario en una situación financiera más
favorable que la de las otras empresas y constituye una
ayuda estatal a efectos del Tratado CE. Efectivamente,
como consecuencia de la ayuda, la empresa García Carrión
se encontraría en una situación financiera más favorable
que la de sus competidores, razón por la cual la Comisión
considera que se cumple el criterio de “ventaja”.

subvenciones en el

(23) Por último, la medida debe ser tal que otorgue una ventaja
selectiva que beneficie exclusivamente a determinadas
empresas o determinados
actividad. El
artículo 87 contempla, en efecto, las ayudas que falsean o
pueden falsear la competencia “favoreciendo a determi-
nadas empresas o producciones” (9). En el caso que nos
ocupa,
la medida sólo beneficia a la empresa García
Carrión, razón por la cual la Comisión considera que se
cumple el criterio de “selectividad”.

sectores de

(24) La Comisión considera que, a la luz de las explicaciones
anteriores,
la medida en favor de la empresa García
Carrión supone una ventaja de la que no pueden benefi-
ciarse otros operadores y que falsea o puede falsear la
competencia al dar un trato de favor a determinadas
empresas y determinadas producciones, por lo que puede
afectar al comercio entre Estados miembros. Por consi-
guiente,
la Comisión concluye que, en este momento,
dicha medida entra en el ámbito de aplicación del artículo
87, apartado 1, del Tratado.

Estado miembro en el sentido del artículo 87, apartado 3,
letra b). Las ayudas tampoco están destinadas a promover
la cultura y la conservación del patrimonio en el sentido
del artículo 87, apartado 3, letra d).

(27) El artículo 87, apartado 3, letra a) prevé, no obstante, que
pueden considerarse compatibles con el mercado común
las ayudas destinada a favorecer el desarrollo económico
de regiones cuyo nivel de vida sea anormalmente bajo o en
las que exista una grave situación de subempleo.

(28) Así mismo, el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado
prevé, no obstante, que pueden considerarse compatibles
con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el
desarrollo de determinadas actividades o de determinadas
regiones económicas, siempre que no alteren las condi-
interés
ciones de los intercambios en forma contraria al
común. Para poder acogerse a esta excepción, las ayudas
deben contribuir al desarrollo del sector de que se trate.

2.1. Aplicabilidad de las Directrices agrarias 2007-2013

(29) La ayuda comunicada en 2007 consiste en una ayuda a la
inversión en favor de una empresa de transformación de
productos agrícolas a los que se refiere el anexo I del
Tratado. Así pues, es aplicable la normativa en materia de
competencia sectorial vigente en el momento de la notifi-
las Directrices comunitarias sobre
cación; en este caso,
ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (10).

(30) Teniendo en cuenta que la empresa beneficiaria no entra
en la categoría de PYME ni se dedica a la producción
primaria de productos agrícolas, es lógico que no sea aplic-
able el Reglamento (CE) no 1857/2006 sobre la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales
para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
producción de productos agrícolas y por el que se modifica
el Reglamento (CE) no 70/2001 (11).

2. Examen de la compatibilidad de la ayuda

2.2. Condiciones
2007-2013

generales

de

las Directrices

agrarias

(25) El artículo 87 del Tratado prevé excepciones al principio
general de la incompatibilidad de las ayudas estatales con
el Tratado.

(26) Parece en este punto que la ayuda no tiene carácter social
ni está destinada a reparar los perjuicios causados por
desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter
excepcional y que, por lo tanto, no cumple ninguna de las
condiciones para la aplicación de las excepciones previstas
en el artículo 87, apartado 2, letras a) y b) del Tratado CE.
Ni que están destinadas a fomentar la realización de un
proyecto importante de interés común europeo o a poner
remedio a una grave perturbación en la economía de un

de

un

igual

volumen

(31) El punto 43 de las Directrices agrarias establece que la
Comisión autorizará las ayudas a la inversión para
empresas dedicadas a la transformación y comercialización
de productos agrícolas, que tengan 750 empleados o más
a
negocio
y
200 millones EUR, cuando esas ayudan cumplan todas las
condiciones de las Directrices sobre las ayudas de Estado
de finalidad regional para el período 2007-2013 (12) en las
regiones que pueden optar a las ayudas regionales. Según
la
la información enviada por las autoridades españolas,
empresa García Carrión realiza un volumen de negocio
muy superior a 200 millones EUR anuales, por lo que
dichas condiciones son de aplicación y se examinan en el
punto 2.2.1 de la presente carta.

superior

o

(8) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 2006, asuntos

C-939/04 y C-41/05, Air Liquide Industries Belgium.

(9) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre

de 2006, asunto T -210/02, British Aggregates.

(10) DO C 319 de 27.12.2006.
(11) DO L 358 de 16.12.2006.
(12) DO C 54 de 4.3.2006.

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(32) Además, el punto 44 prevé que la Comisión sólo declarará
compatibles con el Tratado las ayudas concedidas para la
adquisición de material de segunda mano cuando dichas
ayudas se concedan a las pequeñas y medianas empresas.
En el caso que nos ocupa,
la Comisión observa que la
adquisición de material de segunda mano está excluido de
los costes subvencionables.

(33) El punto 46 prevé que las notificaciones para ayudas a la
inversión relacionadas con la transformación y comerciali-
zación de productos agrícolas deben ir acompañadas de
los documentos que justifiquen que la ayuda se destina a
objetivos claramente definidos que reflejan necesidades
estructurales y territoriales determinadas, así como desven-
tajas estructurales. Las autoridades españolas han remitido
al respecto a la decisión de la Comisión sobre la ayuda
estatal N 626/06 relativa al mapa español de ayudas regio-
nales 2007-2013, en el que está incluida la región de
Castilla — La Mancha (13).

(34) El punto 47 prevé que, cuando una organización común
de mercado,
incluidos los regímenes de ayuda directa,
financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA), fije restricciones a la producción o limitaciones a
la ayuda comunitaria a nivel de los agricultores indivi-
duales, las explotaciones o los centros de transformación,
no deberá financiarse ninguna inversión en virtud de
ayudas estatales que incrementen la producción superando
dichas restricciones o limitaciones. La Comisión observa
que dichas restricciones o limitaciones no se dan en el
caso de la producción en cuestión.

(35) Por otro lado, no parece que ninguna otra regla fijada por
las Directrices agrarias permita que se base en ella la
compatibilidad de las ayudas aquí examinadas con el
mercado común. Los puntos 15 y 16 de las Directrices
agrarias prevén que las ayudas, para ser compatibles con el
mercado común deben tener un factor de incentivación.
Una ayuda concedida de forma retroactiva a una actividad
ya realizada por el beneficiario no puede considerarse que
contenga el necesario factor de incentivación. La ayuda
solo puede concederse para actividades realizadas después
de que una solicitud de ayuda haya sido convenientemente
presentada a la autoridad competente de que se trate y la
solicitud haya sido aceptada por la autoridad competente
en cuestión de forma que obligue a dicha autoridad a
conceder la ayuda.

2.2.1. Condiciones específica s de la Directr ices

de finalida d regional 2007-2013

(36) Al tratarse de una empresa del sector de la transformación
de productos agrarios que emplea a más de 750 personas,
la Comisión debe comprobar que la ayuda cumple todas
las condiciones establecidas en las Directrices sobre las
ayudas de Estado de finalidad regional para el período
2007-2013. Las condiciones relativas a las ayudas a la
inversión de finalidad regional se recogen en los puntos 33
a 75 de las citadas Directrices.

(13) Carta C(2006) 6684 final
20 de diciembre de 2006.

a

las

autoridades

españolas de

(37) La ayuda parece respetar el punto 10 de las Directrices de
finalidad regional: en efecto, la ayuda parece concederse en
el marco de un régimen multisectorial coherente que tiene
como finalidad el desarrollo regional.

2.2.1.1. Forma de la ayuda

(38) Por lo que se refiere a la forma de las ayudas, los puntos 33
y 34 establecen que las ayudas regionales a la inversión
son ayudas concedidas para un proyecto de inversión
inicial, es decir, una inversión en activos materiales e inma-
teriales relativos a:
la creación de un nuevo estableci-
miento; la ampliación de un establecimiento existente; la
diversificación de la producción de un establecimiento para
atender a mercados de productos nuevos y adicionales; una
transformación fundamental en el proceso global de
producción de un establecimiento existente. Quedan
excluidas de este concepto las inversiones de sustitución
que no cumplan ninguna de estas condiciones. Según el
punto 36, las ayudas se calcularán, bien en función de los
costes de inversión material e inmaterial derivados del
proyecto de inversión inicial, bien en función de los costes
salariales (estimados) correspondientes a los puestos de
trabajo directos creados por el proyecto de inversión.
Según el punto 37,
las ayudas pueden adoptar diversas
formas, entre ellas la de subvención.

(39) La Comisión observa que la ayuda en cuestión cumple
estas condiciones, ya que consiste en una subvención
concedida para un proyecto de inversión inicial, a saber: la
ampliación de un establecimiento existente y la transfor-
mación fundamental en el proceso global de producción
de un establecimiento existente, a la empresa El Pozo, y
que está calculada en función de los costes de inversión
material derivados del proyecto de inversión inicial.

(40) Según los puntos 39 y 40, cuando las ayudas se calculen
en función de los costes de inversión material o inmaterial,
a fin de garantizar que la inversión sea viable, sólida y
respete los límites máximos de ayuda aplicables, el benefi-
ciario deberá aportar una contribución financiera mínima
del 25 % de los costes subvencionables, bien mediante sus
recursos, bien mediante financiación externa,
propios
exenta de cualquier tipo de ayuda pública. Asimismo, y a
fin de garantizar que la inversión suponga una contribu-
ción efectiva y sostenida al desarrollo regional, las ayudas
deberán supeditarse, ya sea a través de las condiciones
asociadas a las mismas o de su método de pago, al mante-
nimiento de la inversión en la región de que se trate a lo
largo de un período mínimo de cinco años desde su finali-
zación.

(41) La Comisión considera que estas condiciones se cumplen
en el presente caso, ya que, según las informaciones facili-
tadas por las autoridades españolas, el beneficiario aporta
una contribución financiera superior al 25 % de los costes
subvencionables. Además, las autoridades españolas se han
comprometido a que la inversión se mantenga durante un
período mínimo de cinco años después de su terminación.

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(42) El punto 41 dispone que el nivel de las ayudas se determi-
nará por su intensidad en comparación con los costes de
referencia. Todas las intensidades de la ayuda deberán
calcularse en equivalente de subvención bruto (ESB). La
intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto es
el valor actualizado de la ayuda expresado en porcentaje
del valor actualizado de los costes de inversión subven-
cionables. En el caso de las ayudas notificadas individual-
mente a la Comisión, el equivalente de subvención bruto
se calculará en el momento de realizarse la notificación.

(43) En el caso de esta ayuda individual,

la intensidad de la
ayuda en ESB se ha calculado en el momento de la notifi-
cación y asciende al 28,70 % de la inversión total.

2.2.1.2. Efecto de incentivación

(44) Por lo que se refiere al efecto de incentivación, las autori-
dades españolas han explicado que la ayuda se concede en
virtud de un régimen de ayudas regionales autorizado por
la Comisión [ayuda estatal N 38/87 — “Régimen general
de ayudas regionales” (14)] y que, por lo tanto, son aplic-
ables las normas de ese régimen.

(45) La Comisión señala al respecto que el punto 45 de las
Directrices agrarias prevé que las ayudas a la inversión en
favor de las empresas del sector de la transformación y la
comercialización de los productos agrícolas cuyos gastos
subvencionables superan los 25 millones EUR, o para los
que
los
12 millones EUR, deben ser notificadas específicamente a
la Comisión, de conformidad con el artículo 88, apar-
tado 3, del Tratado.

efectivo de

importe

supere

ayuda

la

el

(46) En el caso que nos ocupa, el importe efectivo de la ayuda
supera los 14 millones EUR, por lo que las autoridades
españolas han notificado la ayuda como ayuda individual.

(47) El punto 194 de las Directrices agrarias prevé que la Comi-
sión aplique dichas Directrices a las nuevas ayudas estatales
con efecto a partir del 1 de enero de 2007. La ayuda indi-
vidual en este caso se notificó en mayo de 2007 y, por
tratarse de una nueva ayuda, debe examinarse a la luz de
las normas vigentes en el momento de la notificación.

(48) Las autoridades españolas consideran, sin embargo, que se
ha de aplicar la normativa del régimen N 38/87, incluidas
las Normas transitorias sobre el “efecto de incentivación”
establecidas mediante la carta de la Comisión Europea de
12 de junio de 2006 sobre las Directrices sobre las ayudas
de
el período
2007-2013, elaboradas por los servicios de la Comi-
sión (15).

regional para

Estado de

finalidad

(49) Sobre este punto, la Comisión recuerda que, ya antes de la
entrada en vigor de las citadas Directrices, las ayudas a la
inversión en favor de las empresas del sector de la transfor-
mación y la comercialización de productos agrarios
siempre han estado sometidas a la normativa sectorial
agraria y, más concretamente, a las anteriores Directrices
comunitarias sobre las ayudas estatales en el sector agrí-
cola (16). Las Directrices sobre las ayudas de Estado de fina-
lidad regional, especialmente las adoptadas en 1998 (17),
nunca se han aplicado a las ayudas estatales concedidas a
este tipo de empresas, aunque las nuevas Directrices lo

(14) Carta SG(87) D/6759 final a las autoridades españolas de 1 de junio

de 1987.

(15) Carta D/54908 de la DG COMP.
(16) DO C 28 de 1.2.2000.
(17) DO C 74 de 10.3.1998.

sean desde 2007, si bien únicamente en la manera contem-
plada por las nuevas directrices agrarias.

(50) Por lo tanto, no es posible que las normas transitorias rela-
tivas a las directrices no aplicables al sector agrícola en ese
momento puedan aplicarse en este caso. La carta de los
servicios de la Comisión tenía por objeto únicamente el
paso de las antiguas Directrices sobre las ayudas de Estado
de finalidad regional a las nuevas, razón por la cual no
puede extrapolarse al sector agrícola, donde, por otra
parte, no se ha previsto ningún dispositivo transitorio en
lo relativo al efecto de incentivación.

(51) Además, las normas contenidas en la carta de la Comisión
sólo eran aplicables a los regímenes con respecto a los
cuales se hubiesen adoptado las decisiones de concesión de
ayuda, a más tardar, el 30 de junio de 2007, lo cual no
sucede en el caso que nos ocupa.

(52) Por otra parte, la carta de la Comisión a las autoridades
españolas enviada en el marco de la ayuda N 38/87
precisa, en su último apartado, que la Comisión llama la
atención del Gobierno español sobre el hecho de que la
aplicación de este régimen quedará sujeta a la normativa y
las limitaciones del Derecho comunitario relativas a deter-
minados sectores industriales y agrícolas.

(53) Por último, el

régimen de ayudas N 348/2000 para
mejorar la transformación de los productos alimentarios
en favor de la inversión en la producción y la transforma-
ción de los productos agrícolas de Castilla — La Mancha,
notificado y autorizado por la Comisión, y que las autori-
dades españolas citan como anterior a la ayuda actual, ha
sido examinado por la Comisión a la luz de las Directrices
comunitarias sobre las ayudas de Estado en el sector
agrario adoptadas en 2000.

(54) Así pues, la Comisión considera que, por lo que se refiere
al efecto de incentivación, en el presente caso sólo es de
aplicación el punto 38 de las Directrices sobre las ayudas
de
el período
2007-2013, debido a la remisión del punto 43 de dichas
Directrices.

regional para

Estado de

finalidad

(55) El punto 38 precisa que es importante garantizar que las
ayudas regionales produzcan verdaderos efectos de incenti-
vación de inversiones que de otro modo no se realizarían
en las regiones asistidas. A tal efecto, prevé dos condi-
ciones imprescindibles para la autorización de ayudas indi-
viduales por parte de la Comisión:

A. que el beneficiario haya presentado una solicitud de

ayuda; y

B. en el caso de las ayudas concedidas en virtud de un
régimen, que la autoridad responsable de administrar el
régimen haya confirmado por escrito al beneficiario
que, sin perjuicio de comprobaciones más detalladas, el
proyecto cumpla, en principio,
las condiciones de
subvencionabilidad establecidas en el régimen antes del
inicio de las labores del proyecto, precisando que la
confirmación de su subvencionabilidad está sujeta a la
autorización de la Comisión. Todos los regímenes de
ayuda deben incluir una referencia expresa a ambos
requisitos; o

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Official Journal of the European Union

24.10.2008

en caso de ayuda ad hoc, la autoridad competente debe
haber remitido una carta de intenciones, supeditada a
la autorización de la medida por la Comisión, relativa a
la concesión de ayudas antes del inicio de las labores
del proyecto.

Si
las labores (ya sea la construcción, ya sea el primer
compromiso en firme de encargar equipos) comienzan
antes de haberse cumplido estos requisitos, el proyecto en
su conjunto pierde el derecho a ayuda.

(56) Como se ha explicado anteriormente, las autoridades espa-
informaron, mediante carta de 23 de octubre
ñolas
de 2007, que el Ministerio de Economía no había pagado
ninguna ayuda en esa fecha, a la espera de la decisión de la
Comisión. No obstante, mediante carta de 21 de enero
de 2008, también explicaban que las inversiones previstas
en el proyecto ya se habían iniciado, previa solicitud de
ayuda por parte de la empresa.

(57) El tipo de ayuda notificada es importante en este caso, ya
que las condiciones relativas al efecto de incentivación
varían según se trate de una ayuda individual, concedida en
virtud de un régimen, o de una ayuda ad hoc. Las autori-
dades españolas afirman que la ayuda se concedió en
virtud de un régimen de ayudas regionales autorizado por
la Comisión (ayuda estatal N 38/87). Pero la Comisión no
tiene certeza en cuanto a la adaptación de ese régimen,
mediante la adopción de las medidas apropiadas, a las
normas aplicables a las ayudas estatales en el sector agrí-
cola, con arreglo a las modificaciones introducidas en la
normativa desde la autorización del régimen en 1987.

(58) Efectivamente, las autoridades españolas no han respaldado
sus argumentos con la documentación que permitiría a la
Comisión comprobar si
la ayuda constituye o no una
ayuda individual concedida en virtud de un régimen ante-
rior con respecto al cual se hubiesen adoptado las medidas
apropiadas. Al no disponer de esa información, la Comi-
sión debería considerar que se trata de una ayuda ad hoc.

(59) La Comisión observa también que las inversiones ya se
han iniciado, a pesar de que las autoridades españolas no
han enviado la copia de la solicitud de ayuda efectuada por
el beneficiario ni la de la notificación escrita de la auto-
ridad responsable de la administración del régimen al
beneficiario, que debía cumplir, bien las condiciones
previstas para las ayudas individuales, bien las previstas
para las ayudas ad hoc. Dicha información es indispensable
para que la Comisión pueda determinar la compatibilidad
del proyecto de ayuda con arreglo al punto 38 de las
Directrices.

(60) Por lo tanto, la Comisión no puede comprobar si se han
cumplido todas las condiciones relativas al efecto de incen-
tivación a que se refiere el punto 38 de las Directrices
sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el
período 2007-2013. Por esta razón,
la Comisión debe
poner en tela de juicio, en este momento, el derecho a la
ayuda del proyecto notificado.

2.2.1.3. Límites aplicables a las ayudas a grandes empresas

(61) Según el punto 44 de la Directrices de finalidad regional,
en el caso de las regiones del artículo 87, apartado 3,
letra a),
la Comisión considera que la intensidad de las
ayudas regionales no debe exceder del 30 % ESB para las

regiones cuyo PIB por habitante sea inferior al 75 % de la
media de la UE-25, para las regiones ultraperiféricas cuyo
PIB por habitante sea más elevado y, hasta el 1 de enero
de 2011, para las regiones de efecto estadístico.

(62) Según la decisión adoptada por la Comisión sobre la ayuda
estatal N 626/06 relativa al mapa español de ayudas regio-
nales de 2007-2013, la región de Castilla — La Mancha
entra en la categoría de región de efecto estadístico, con
una intensidad de ayuda autorizada del 30 % ESB. Esta
condición se cumple en el presente caso, ya que la inten-
sidad de la ayuda en ESB es del 28,70 % de la inversión
total necesaria.

2.2.1.4. Gastos subvencionables

(63) Según el punto 50 de las Directrices,

los gastos en
terrenos, edificios e instalaciones o maquinaria podrán
optar a ayudas a la inversión inicial. Sin embargo, según el
punto 51, los costes de los estudios preparatorios y los de
los servicios de asesoramiento relacionados con la inver-
sión no se pueden tomar en consideración en el caso de
las grandes empresas.

(64) Las autoridades españolas han explicado que los costes
subvencionables son los relativos a los edificios y el equipo
o la maquinaria. Los activos inmateriales no se incluyen en
la ayuda. Pero las autoridades españolas afirman en el
formulario de notificación que el régimen incluye el coste
de los estudios preparatorios y los servicios de asesora-
miento relacionados con la inversión, limitada al 50 % de
los costes realmente sufragados.

(65) Por lo tanto, la Comisión considera en este momento que
la inclusión del coste de estudios preparatorios y servicios
de asesoramiento relacionados con la inversión incumple
las condiciones establecidas para estas ayudas.

(66) El punto 53 prevé que los gastos relativos a la adquisición
de activos en leasing, salvo terrenos y edificios, únicamente
podrán contabilizarse si el leasing es de carácter financiero
y comprende la obligación de adquirir el activo al término
del contrato de arrendamiento. En caso de leasing de
terrenos y edificios, el arrendamiento debe continuar, al
menos, cinco años después de la fecha prevista de finaliza-
ción del proyecto de inversión, en el caso de las grandes
empresas.

(67) Las autoridades españolas han explicado que los costes
relacionados con la adquisición de activos —con excepción
de los terrenos y de los edificios— objeto de arriendo
financiero, también están incluidos en los gastos subven-
cionables. Además, el arriendo financiero prevé la obliga-
ción de comprar el activo —con excepción de los terrenos
y los edificios— al término de dicho arriendo. Así,
los
bienes deben ser propiedad del beneficiario en el momento
de justificar
las inversiones. Las autoridades españolas
también han precisado que las inversiones se habrán de
mantener durante un período mínimo de cinco años.

(68) La Comisión no puede comprobar si se han cumplido
todas las condiciones relativas a los gastos subvencionables
a que se refiere el punto 51 de las Directrices sobre las
ayudas de Estado de finalidad regional para el período
2007-2013. Por esta razón, la Comisión debe ahora poner
en tela de juicio el derecho a ayuda de dichos gastos.

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2.2.1.5. Acumulación de ayudas según el régimen

(69) Los límites de intensidad de la ayuda mencionada en el
punto 2.2.1.3 se aplica al conjunto de la ayuda, aun en
caso de intervención concomitante de varios regímenes de
finalidad regional o en caso de combinación con una
ayuda ad hoc, incluso cuando la ayuda procede de fuentes
locales, regionales, nacionales o comunitarias.

(70) El punto 74 de las Directrices establece que, cuando el
Estado miembro establezca que las ayudas estatales de un
régimen pueden acumularse con las de otros, deberá espe-
cificar, para cada régimen, el método empleado para velar
la observancia de las condiciones antes citadas.
por
Además, según el punto 75,
las ayudas a la inversión
regional no se acumularán con ayudas de minimis relativas
a los mismos gastos subvencionables a fin de sortear las
intensidades máximas de ayuda contempladas en las Direc-
trices de finalidad regional.

(71) Las autoridades españolas han explicado que, para evitar la
acumulación de ayudas o la superación de la intensidad de
ayuda autorizada, el beneficiario deberá presentar una
declaración de todas las ayudas solicitadas y, en su caso,
concedidas para este mismo proyecto. Han explicado
también que la ayuda no se puede acumular con otras
ayudas de minimis. La Comisión considera que se respeta,
por tanto, esta condición.

cionabilidad de algunos gastos,
la Comisión no está, en
este momento, en condiciones de comprobar la compatibi-
lidad de las medidas con arreglo al artículo 87 del Tratado.

(73) Por lo tanto, después de haber estudiado la información
facilitada por las autoridades españolas,
la Comisión ha
decidido incoar el procedimiento previsto en el artículo 88,
apartado 2, del Tratado CE en lo relativo a las ayudas
tratadas en la presente decisión.

(74) Teniendo en cuenta de las consideraciones anteriores,

la
Comisión invita a España, en el marco del procedimiento
del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, para que
presente sus observaciones y facilite toda la información
pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión
en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de
la presente. Insta asimismo a las autoridades españolas a
que transmitan inmediatamente una copia de la presente
carta al posible beneficiario de la ayuda.

(75) La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo
del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y se remite al
artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo,
que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente incompa-
tible podrá recuperarse de su beneficiario.

IV. CONCLUSIÓN

(72) Por las razones anteriormente expuestas, especialmente en
lo que se refiere al efecto de incentivación y a la subven-

(76) Por la presente, la Comisión comunica a España que infor-
mará a los interesados mediante la publicación de la
presente carta en el Diario Oficial de
las Comunidades
Europeas.’