State Aid — Spain — State Aid No C 1/2006 (ex NN 103/2005) — Chupa Chups — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty   (Text with EEA relevance)
Date: 2006-04-25
Institutions: European Commission
Subjects: State aid, aid for restructuring, aid to undertakings, confectionery product, control of State aid

C 97/2

EN

Official Journal of the European Union

25.4.2006

STATE AID — SPAIN

State Aid No C 1/2006 (ex NN 103/2005) — Chupa Chups

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2006/C 97/02)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 25.1.2006 reproduced in the authentic language on the pages following this
summary, the Commission notified Spain of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2)
of the EC Treaty concerning the training aid linked with the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments on the training aid in respect of which the Commission is
initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following
letter, to:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Brussels
Fax No: (32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to Spain. Confidential treatment of the identity of the interested
party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

Procedure

ment covering a credit of EUR 4,4 million.; (3) a tax deferral
for EUR 12,96 million agreed in 2004;
(4) an interest-free
credit of EUR 2,8 million. granted by the Spanish ‘Ministerio
de Ciencia y Tecnología’; (5) additional non-specified subsidies
(‘subvenciones de explotación’) for EUR 1,58 million.

By letter registered on 22.4.2005, the Commission received a
complaint from a competitor about an alleged aid measure in
favour of Chupa Chups S.A. The Commission requested infor-
mation by letters dated 10.6.2005 and 7.9.2005, to which
Spain replied by letters registered on 11.8.2005, 26.10.2005,
18.11.2005 and 12.12.2005.

Description

Beneficiary of the aid would be Chupa Chups S.A., which is the
holding company of a family-owned industrial group estab-
lished in Spain in 1940. The main activity consists in the
production and commercialisation of candies, and notably lolly-
pops (70 % of sales), for which Chupa Chups is the main world
supplier (yearly production of 17 000 tons, or 12 million
units/day, commercialised in 150 countries). At this moment
the group operates 4 production centres,
located in Russia,
Mexico, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) and Villamayor
(Asturias).

In the context of the company's financial restructuring since
2002, on 5.9.2003 the Instituto Catalán de Finanzas (‘ICF’,
financial agency of
the Catalonian regional government)
granted a credit of EUR 35 million. On the other hand, the
information provided by the Spanish authorities has disclosed
further measures in favour of the company, namely:

(1) public subsidies amounting to EUR 12,57 million. at the
end of 2004; (2) a guarantee by the Asturias regional govern-

Assessment

this stage,

constitute State

the disputed
the Commission considers that
At
above-
the
In particular,
aid.
measures
mentioned ICF credit and tax deferral do not seem to be in
conformity with the behaviour of a private creditor under
normal market conditions. Although the company seems to be
eligible for aid in accordance with the Community Guidelines
on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, at
this stage the Commission cannot assess compliance with those
Guidelines, in the absence of any restructuring plan.

Conclusion

In view of the doubts mentioned above, the Commission has
decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of
the EC Treaty.

TEXT OF LETTER

‘Por la presente,
la Comisión tiene el honor de comunicar a
España que, tras haber examinado la información facilitada por
sus autoridades sobre la medida arriba indicada, ha decidido
incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2,
del Tratado CE.

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PROCEDIMIENTO

1. Por carta registrada el 22 de abril de 2005, la Comisión
recibió una denuncia de un competidor
sobre una
supuesta medida de ayuda a favor de Chupa Chups S.A.
La Comisión solicitó información por cartas de 10 de
junio de 2005 y de 7 de septiembre de 2005, a las que
España respondió por cartas registradas el 11 de agosto
de 2005, el 26 de octubre de 2005, el 18 de noviembre
de 2005 y el 12 de diciembre de 2005.

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE LAS MEDIDAS
DE AYUDA

2. Chupa Chups S.A. es una sociedad holding de un grupo
industrial familiar establecido en España en 1940, que
goza de importante presencia internacional. Su principal
actividad consiste en la fabricación y comercialización de
golosinas, especialmente de chupa-chups (70 % de las
ventas), de los que Chupa Chups es el mayor proveedor
mundial
(producción anual de 17 000 toneladas, o 12
millones de unidades/día, comercializados en 150 países).
Actualmente, el grupo cuenta con cuatro centros de
producción situados en Rusia, México, Sant Esteve de
Sesrovires (Barcelona) y Villamayor (Asturias).

3. En los últimos años, el grupo ha atravesado por graves
problemas económicos, con unas pérdidas consolidadas
de 22,5 millones de euros en 2002, 4,72 millones de
euros en 2003 y 5,95 millones de euros en 2004, así
como un volumen de negocios decreciente (1). Dada la
situación, la dirección lanzó un plan de reestructuración
en 2002, que condujo al cierre de las plantas de fabrica-
ción de Brasil, Francia y China y a la venta de algunas
marcas secundarias. Además, se llevó a cabo una reestruc-
turación financiera a fondo:

(1) En julio de 2002 se acordó con un grupo de bancos
privados un préstamo sindicado por un importe
máximo de 75 millones de euros. El contrato estipu-
laba una serie de obligaciones para la empresa y el
cumplimiento de algunos ratios financieros. La opera-
ción estaba garantizada por varias empresas pertene-
cientes al grupo. A finales de 2004, los reembolsos
pendientes de este préstamo eran de 14 millones de
euros con vencimiento en 2005, 8,56 millones de
euros en 2006, y 25,25 millones de euros en 2007.
En 2005,
la empresa recibió una propuesta de los
bancos agentes en el crédito sindicado para renovar la
financiación.

(2) En marzo de 2003, los propietarios aportaron fondos

extra por valor de 8 millones de euros.

(3) Una remodelación de la estructura empresarial hizo
surgir, y contabilizar como nuevos fondos, otros 6,9
millones de euros (2).

(1) 344 millones de euros en 2002; 294 millones de euros en 2003;

261 millones de euros en 2004.

(2) Varias operaciones entre junio y diciembre de 2004, incluida la divi-
sión de las actividades inmobiliarias y la incorporación de la
propiedad de las marcas mediante el incremento de capital.

4. En el contexto de esta reestructuración financiera, el 5 de
septiembre de 2003 el
Instituto Catalán de Finanzas
[“ICF”, entidad crediticia del Gobierno regional catalán (3)]
concedió a la empresa un crédito de 35 millones de euros.
De esta cantidad, 20 millones de euros estaban destinados
contractualmente a la cancelación parcial del mencionado
crédito sindicado. Los restantes 15 millones de euros
pretendían cubrir otras necesidades de tesorería de la
empresa. El crédito se concedió con un periodo de amorti-
zación de 12 años,
incluidos 2 años de periodo de
carencia. El tipo de interés se indexó a 6 meses Euribor,
más un margen de 1,125 %. El principal aval del crédito
consistía en una propiedad inmobiliaria (4), tasada por un
perito independiente en 71 millones de euros. Este crédito
es el motivo de la denuncia por supuesta ayuda estatal
presentada a la Comisión.

5. En respuesta a las preguntas de la Comisión a raíz de la
denuncia,
las autoridades españolas ofrecieron informa-
ción que ha revelado medidas adicionales a favor de
Chupa Chups. En concreto:

(1) La contabilidad anual del año 2004 pone de mani-
fiesto subvenciones públicas por valor de 12,57 mill-
ones de euros a finales de ese ejercicio. Esta cifra
incluye, en particular: 1,58 millones de euros del
Ministerio español de Agricultura y Pesca como ayuda
a la inversión en las instalaciones de Barcelona; 4,44
millones de euros de “otros organismos públicos” de
ayuda para la construcción de la planta de Asturias;
5,19 millones de euros de “diversos organismos
públicos” para la ampliación de esa misma planta de
Asturias durante el periodo 1999-2003. Las autori-
dades españolas no han facilitado información en
respuesta a las peticiones de la Comisión en cuanto a
la naturaleza y justificación de estas medidas.

(2) De los 12,57 millones de euros de subvenciones
públicas mencionados, unos 5 millones de euros
todavía quedaban por cobrarse a finales de 2004. El
17 de septiembre de 2004, la Dirección de la empresa
aprobó el compromiso de esta cantidad restante (es
decir, el crédito frente a las autoridades públicas) en el
contexto de un crédito firmado con un banco privado
por un máximo de 4,4 millones de euros (5). El crédito
fue avalado por el Gobierno regional de Asturias. Las
autoridades españolas no han respondido a las preg-
untas de la Comisión sobre las circunstancias de este
aval.

(3) El ICF es una entidad de capital público, adscrita a la Consejería de
Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, que tiene como
misión facilitar financiación a los sectores privado y público de la
economía catalana. Como institución de crédito público, está espe-
cializada en la financiación a medio y largo plazo con especial aten-
ción a la pequeña y mediana empresa. El ICF cuenta con persona-
lidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía
de gestión para el cumplimiento de sus fines. El ICF fue creado por
la Ley 2/1985 de 14 de enero.

(4) La “Casa Batlló” es un emblemático edificio de Gaudí en el centro de
Barcelona, declarado “Monumento Histórico-Artístico de Interés
Nacional” por España. No obstante, el crédito incluía garantías
adicionales para cubrir el riesgo de que algún organismo público
adujera un derecho de compra preferencial sobre el edificio. Al
final, esto no se produjo y se eliminaron las garantías adicionales.
Según las autoridades españolas, la hipoteca sobre la Casa Batlló por
el crédito del ICF es de primer grado.

(5) El crédito fue firmado con un plazo de reembolso de 3 años. A 31
de diciembre de 2004, el importe de 4,4 millones de euros había
sido totalmente utilizado.

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(3) En febrero de 2004,

la Agencia Tributaria española
autorizó a Chupa Chups a fraccionar el pago de su
deuda en concepto de IVA y de impuesto de socie-
dades en plazos trimestrales que expirarán el 20 de
febrero de 2008. Como garantía de este aplazamiento,
se constituyó una nueva hipoteca sobre la Casa Batlló.
Del total de la deuda aplazada (12,96 millones de
euros), 4,56 millones de euros seguían pendientes a
31 de diciembre de 2004. Los intereses aplicados
corresponden al tipo de interés oficial por intereses de
demora, establecido anualmente en la Ley de Presu-
puestos nacional (1).

(4) La contabilidad anual de 2004 de la empresa refleja
un crédito sin intereses de 2,8 millones de euros que,
al parecer,
le concedió el Ministerio español de
Ciencia y Tecnología el 30 de marzo de 2004 (2). No
las autoridades españolas han declarado
obstante,
desconocer la existencia de dicho crédito (3).

(5) En 2004 Chupa Chups recibió subvenciones adicio-
nales no especificadas
(“subvenciones de explota-
ción” (4)) por valor de 1,58 millones de euros. Las
autoridades españolas no han respondido a la solicitud
de información de la Comisión sobre la naturaleza y
la justificación de dichas subvenciones.

EVALUACIÓN DE LA AYUDA

1. Existencia de ayuda estatal

6. El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE declara que
serán incompatibles con el mercado común, en la medida
en que afecten a los intercambios comerciales entre
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o
mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma, que
falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas o producciones.

7. Todas las medidas enumeradas en los apartados 4 y 5
implican la asignación de fondos estatales. Puesto que la
ayuda está destinada a una empresa individual, se cumple
el criterio de selectividad. Además, puesto que Chupa
Chups está presente en el mercado de las golosinas, sector
en el que existe comercio entre Estados miembros, y es
una empresa con actividad internacional,
también se
cumple el criterio de que afecta al comercio dentro de la
Comunidad.

Crédito con el ICF

8. Por lo que se refiere al crédito del ICF, sigue por determi-
narse si distorsiona la competencia ya que confiere a
Chupa Chups una ayuda que no habría conseguido en el

(1) 5,5 % hasta el 31.12.2003; 4,75 % en 2004; 5 % a partir de 2005.
(2) El importe deberá rembolsarse en pagos bianuales en un plazo de 6

años y el primer pago se efectuará el 20 de enero de 2006.

(3) Además, el 29 de diciembre de 2000 ese mismo Ministerio concedió
un crédito sin intereses de 1,5 millones de euros en aplicación del
régimen aprobado “Actuaciones de Reindustrialización” (N 102/97,
N 72/98, N 35/99, N 182/01).

(4) Las “subvenciones de explotación” generalmente van destinadas a
compensar un déficit de actividades específicas o a aportar unos
ingresos mínimos.

mercado privado. En otras palabras, la Comisión tiene que
determinar si este organismo público actuó igual que
habría hecho un hipotético inversor en economía de
mercado en circunstancias similares.

9. Las autoridades españolas consideran que el crédito del
ICF debe considerarse teniendo presente la reestructura-
ción en curso del grupo. Sostienen que su objetivo era
ampliar los plazos de los pagos de la empresa y que la
calidad del riesgo del crédito no había cambiado desde el
préstamo de la banca privada. Además, señalan que el
grupo tiene actualmente deudas con entidades privadas
por valor de unos 30 millones de euros. Por tanto,
concluyen que las relaciones de Chupa Chups con los
mercados de capital son normales.

10. Sin embargo, algunos factores parecen indicar que la
empresa sí obtuvo ventajas con la financiación recibida
del ICF:

— El crédito no imponía ninguna condición restrictiva
(por ejemplo, en ratios
financieros) vinculada al
crédito sindicado contraído con la banca privada un
año antes, a pesar de que desde entonces había trans-
currido otro año más de pérdidas;

— Es evidente que las condiciones acordadas con el ICF
eran mejores para la empresa que las del crédito sindi-
cado, ya que aquél se asignó inmediatamente a la
cancelación parcial de éste.

11. La existencia de ayuda estatal según el principio del
inversor en la economía de mercado debe evaluarse a la
vista del riesgo y de las perspectivas de beneficio para el
acreedor:

— Por lo que se refiere al riesgo asumido por el ICF, las
autoridades españolas han declarado que el principal
aval del crédito es una hipoteca de primer grado sobre
una propiedad inmobiliaria valorada en unos 70 mill-
ones de euros. No obstante, a pesar de las solicitudes
de la Comisión,
las autoridades españolas no han
determinado: i) por qué, si la empresa era capaz de
proponer este aval, ningún banco privado al parecer
se mostró dispuesto a aportar financiación en condi-
ciones comparables a las del ICF; ii) cuáles eran las
condiciones (garantías, tipo de interés y otras) vincu-
ladas al crédito sindicado de 30 de julio de 2002; iii)
cuáles eran las condiciones de la propuesta de refinan-
ciación recibida en 2005 de los bancos participantes
en el crédito sindicado (y el resultado de esas negocia-
ciones);

— Por lo que se refiere al tipo de interés del crédito:
parece corresponder al tipo de mercado aplicable a
empresas saneadas; en concreto, no hay prima de
riesgo habida cuenta de los problemas del deudor.

12. Visto lo anterior,

la Comisión duda de que el crédito
concedido por el ICF cumpla el criterio del inversor en
una economía de mercado. En consecuencia, en esta fase
la Comisión no puede excluir que la medida constituya
ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del
Tratado CE.

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Moratoria fiscal

13. Consideraciones similares sobre la aplicación del criterio
del inversor en una economía de mercado se aplican a la
moratoria fiscal mencionada en el apartado 5.3. A este
respecto, los actos de la autoridad pública deben compar-
arse al comportamiento de un hipotético acreedor en una
economía de mercado cuyo único objetivo sea obtener la
devolución de las cantidades que se le adeudan en las
condiciones más ventajosas posibles en cuanto al grado de
satisfacción y al plazo.

14. No obstante, las autoridades españolas no han facilitado
información que muestre que la moratoria fiscal se debió
al deseo de proteger los intereses financieros de la agencia
tributaria, o que esto mejoró la posición de la misma
respecto a lo que podría haber obtenido mediante otros
procedimientos administrativos o civiles en virtud de la
legislación nacional, tales como la ejecución tributaria.

15. Por consiguiente, en esta fase la Comisión duda de que la
agencia tributaria española actuara como un acreedor dili-
gente en una economía de mercado. Y si no lo hizo, la
moratoria fiscal constituiría una ventaja que Chupa Chups
no podría haber conseguido en el mercado, causando así
una distorsión de la competencia. Por consiguiente,
la
medida constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 87,
apartado 1, del Tratado CE.

Subvenciones públicas, avales públicos y crédito subvencionado

16. Las intervenciones citadas en el apartado 5, puntos (1),
(2), (4) y (5) son, por su propia naturaleza, susceptibles de
falsear la competencia dentro de la Comunidad, al dar a
Chupa Chups una ventaja sobre sus competidores que no
reciben la ayuda. Las autoridades españolas no han apor-
tado elementos que contradigan esta conclusión. La Comi-
sión, por tanto, considera que estas medidas son ayudas
estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del
Tratado CE.

2. Excepciones al amparo del artículo 87, apartados 2

y 3, del Tratado CE

17. El objetivo primero de las medidas es ayudar a una
empresa en crisis. En tales casos, sólo puede aplicarse la
excepción del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado
CE, que permite autorizar ayudas estatales concedidas
para facilitar el desarrollo de determinadas actividades
siempre que no alteren las condiciones de los intercam-
bios en forma contraria al interés común, si se cumplen
las condiciones pertinentes.

18. Las ayudas de salvamento y de reestructuración para
empresas en crisis actualmente están reguladas por las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salva-
mento y de reestructuración de empresas en crisis (1) (en
lo sucesivo, “las Directrices”).

ratios

19. Dados sus resultados en los últimos 4 años y la evolución
de sus
financieros, Chupa Chups parece una
empresa en crisis con arreglo a la sección 2.1 de las Direc-
trices. En concreto, la contabilidad anual de 2004 muestra
pérdidas acumuladas de años anteriores por valor de
38,42 millones de euros que corresponden al 360 % del

(1) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.

capital suscrito a finales de ese año (10,66 millones de
euros). Los resultados negativos obtenidos en 2004 repre-
sentan un 55,8 % adicional de ese capital.

20. En esas circunstancias, Chupa Chups en principio podría
haberse acogido a una ayuda de reestructuración. Sin
embargo, en esta fase la Comisión considera que no se
respetan los criterios de compatibilidad de la ayuda esta-
blecidos en las Directrices. En concreto:

(1) Las autoridades españolas no han presentado ningún
plan de reestructuración, cuya aplicación sería una
condición para la concesión de la ayuda. Por tanto, no
las
existe relación entre la ayuda concedida por
distintas entidades públicas y las medidas de reestruc-
turación emprendidas por el beneficiario desde 2002;

la Comisión no ha podido evaluar si

(2) Al no existir una notificación y un plan de reestruc-
la
turación,
ayuda restablecerá la viabilidad a largo plazo, si se ha
limitado al mínimo ni si se han evitado falseamientos
indebidos a la competencia (especialmente dada la
significativa presencia en el mercado del beneficiario).

21. Habida cuenta de lo anterior, y con la información de que
se dispone en esta fase,
la Comisión duda de que las
medidas controvertidas sean compatibles con el mercado
común como ayuda de reestructuración. Además, no
parece ser de aplicación ninguna otra excepción estable-
cida en el Tratado CE.

DECISIÓN

22. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comi-
sión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el
artículo 88, apartado 2, del Tratado CE e insta a España,
de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Regla-
mentono 659/1999 del Consejo a aportar, en el plazo de
un mes desde el recibo de la presente, toda la documenta-
ción, información y datos necesarios para evaluar si las
medidas pertinentes no constituyen ayuda estatal, así
como toda la documentación, información y datos nece-
sarios para evaluar la compatibilidad de la ayuda. La
Comisión solicita a España que remita sin demora una
copia de la presente carta al beneficiario potencial de la
ayuda.

23. La Comisión desea recordar a España que el artículo 88,
apartado 3, del Tratado CE tiene efecto suspensorio y
llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento no
659/1999 del Consejo, que dispone que toda ayuda ilegal
deberá ser recuperada del beneficiario.

24. Por la presente, la Comisión comunica a España que infor-
mará a los interesados mediante la publicación de la
presente carta y de un resumen significativo en el Diario
informará a los
Oficial de la Unión Europea. Asimismo,
interesados en los Estados miembros de la AELC signa-
tarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una
comunicación en el suplemento EEE del Diario Oficial, y
al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la
presente. Se invitará a todos los interesados mencionados
a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a
partir de la fecha de publicación de la presente.’