State aid — Spain — Aid C 50/02 (ex N 373/2001) — Aid scheme for olive oil producer organisations — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty
Date: 2002-09-18
Institutions: European Commission
Subjects: Spain, State aid, olive oil, producer organisation, production aid, support policy

C 222/18

EN

Official Journal of the European Communities

18.9.2002

STATE AID — SPAIN

Aid C 50/02 (ex N 373/2001) — Aid scheme for olive oil producer organisations

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2002/C 222/03)

By means of the letter dated 17 July 2002, reproduced in the authentic language on the pages following
this summary, the Commission notified Spain of its decision to initiate the procedure laid down in Article
88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating
the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission
Directorate-General for Agriculture
Agricultural Legislation Directorate
Office: Loi 130 — 5/116
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51.

These comments will be communicated to Spain. Confidential treatment of the identity of the interested
party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

Procedure

By letter of 5 June 2001, the Spanish authorities notified the
aid scheme to the Commission,
in accordance with Article
88(3) of the Treaty.

Description

The draft regional decree provides for grants to olive oil
producer organisations, in addition to the aid provided for in
Regulation No 136/66/EEC of the Council, calculated on the
basis of the number of production aid applications submitted
for olive oil and table olives.

addition, it is aid which is likely to interfere with the mech-
anisms governing the common organisations of markets and to
be in breach of them and hence of Community legislation.

In view of the above, the measures in question seem not to
qualify for any of the exemptions provided for in Article 87(3)
of the EC Treaty. The Commission has therefore decided to
initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the Treaty.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No
659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the
recipient. Furthermore,
expenditure on national measures
directly affecting Community measures might not be eligible
for cover by the EAGGF budget.

Assessment

At this stage the Commission considers that a grant to olive oil
producer organisations calculated on the basis of the number
of production aid applications submitted for olive oil and table
olives is a State aid within the meaning of Article 87(1) of the
EC Treaty.

TEXT OF THE LETTER

‘Por la presente,
la Comisión tiene el honor de informar a
España de que, tras haber examinado la información propor-
cionada por sus autoridades sobre la ayuda citada en la refe-
rencia, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apar-
tado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

At this stage, on the basis of the available information, this aid
constitutes State aid which is intended to improve the financial
situation of enterprises but does not in any way contribute to
the development of the sector. Therefore, it is to be regarded as
In
operating aid incompatible with the common market.

Procedimiento

Mediante carta de 5 de junio de 2001, las autoridades españo-
las notificaron a la Comisión Europea, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado,
las
ayudas citadas en la referencia.

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EN

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Mediante fax de 28 de junio y 12 de septiembre de 2001, y de
29 de enero y 29 de abril de 2002, la Comisión pidió infor-
mación complementaria, que le fue remitida mediante cartas de
27 de julio de 2001 y de 17 de enero, 4 de marzo y 12 de
junio de 2002.

En su carta de 12 de junio de 2002, las autoridades españolas
afirmaban que la información proporcionada era completa y
suficiente y solicitaban a la Comisión que adoptara cuanto
antes una decisión respecto a su compatibilidad.

Según las autoridades españolas, las organizaciones de produc-
tores de aceite de oliva son un instrumento eficaz para la
gestión de las ayudas a la producción, pero en la región de
Extremadura la mayoría de las solicitudes de ayuda se efectúan
a título individual; las ayudas analizadas permitirían aumentar
el número de organizaciones y el número de miembros de las
organizaciones existentes.

La duración del régimen de ayudas es indefinida y el presu-
puesto para el año 2001 es de 20 millones pesetas españolas
(120 200 euros).

Descripción

El proyecto de Decreto regional prevé la concesión de ayudas a
las organizaciones de productores de aceite de oliva que se
ocupan de la gestión de las ayudas a la producción de aceite
y de aceitunas de mesa y del control; las ayudas adoptan la
forma de una subvención calculada en función del número de
solicitudes de ayudas transmitidas. Estas organizaciones desem-
peñan una actividad administrativa desprovista de carácter co-
mercial y no se ocupan de la comercialización del aceite.

Los beneficiarios son cuatro organizaciones que agrupan a
1 500 productores. Estas organizaciones están reconocidas
con arreglo al Reglamento no 136/66/CEE del Consejo, del
22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organi-
zación común de mercados en el sector de las materias gra-
sas (1).

Para las primeras 1 200 solicitudes transmitidas, la ayuda es de
1 500 pesetas españolas (9,02 euros), cifra que puede aumen-
tarse si las solicitudes tratadas han aumentado con relación al
año anterior, entre 1 600 pesetas españolas (9,62 euros) y
2 000 pesetas españolas (12,02 euros) por solicitud. A partir
de 1 200 solicitudes, la ayuda es de 2 000 pesetas españolas
(12,02 euros) por solicitud.

La financiación de estas organizaciones está regulada por el
Reglamento no 136/66/CEE que permite en su artículo 20
quinquis, que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción
se abone a las organizaciones y uniones reconocidas, con el fin
de contribuir a la financiación de los gastos que genera el
conjunto de sus actividades.

Según las autoridades españolas, actualmente en la región de
Extremadura este importe no se paga en su totalidad a las
organizaciones sino que éstas reciben solamente alrededor de
0,6 %. Esta situación se debe a dos factores. En primer lugar, a
la diferencia sustancial en el pago de los anticipos del 0,8 %,
entre las organizaciones y las uniones de organizaciones, según
el Reglamento (CE) no 647/2001 de la Comisión (2), de 2 euros
por solicitud de ayuda, en favor de uniones. España es el único
país de la Unión Europea que favorece a las uniones de orga-
nizaciones. En segundo lugar, al resultado del reparto del saldo
procedente del 0,8 % según el número de solicitudes tratadas
por cada organización, lo que genera diferencias entre regiones.

(1) DO 172 de 30.9.1966, p. 3025.
(2) DO L 91 de 31.3.2001, p. 44.

Evaluación de la ayuda

El apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE prevé que serán
incompatibles con el mercado común, en la medida en que
afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas
estatales concedidas por los Estados miembros o por medio de
recursos públicos en cualquiera de sus formas, que falseen o
que amenacen con falsear la competencia favoreciendo a de-
terminadas empresas o producciones. En el caso que nos
ocupa, estas ayudas proporcionan a sus beneficiarios una ven-
taja que disminuye los gastos que normalmente gravan su
presupuesto. Estas ventajas son concedidas por el Estado, o
por medio de recursos públicos. Las ayudas son específicas o
selectivas en el sentido de que favorecen a determinadas em-
presas o producciones, a saber, las organizaciones de los pro-
ductores de aceite de oliva.

Para que sea aplicable el apartado 1 del artículo 87 del Tratado
CE,
las ayudas deben además afectar a la competencia y los
intercambios entre Estados miembros. Este criterio implica que
los beneficiarios de las ayudas han de ejercer una actividad
económica. Según la jurisprudencia reiterada a efectos de esta
disposición, se considera que los intercambios quedan afectados
a partir del momento en que la empresa beneficiaria ejerce una
actividad económica que es objeto de intercambios entre los
Estados miembros. El simple hecho de que la ayuda refuerce la
posición de esta empresa con relación a otras empresas com-
petidoras en los intercambios intracomunitarios permite consi-
derar que quedan afectados los intercambios.

En el caso analizado, los beneficiarios, es decir, las organiza-
ciones de productores de aceite de oliva, están formadas por
productores que ejercen una actividad económica, que es ob-
jeto de intercambios entre los Estados miembros. Las exporta-
ciones de aceite de oliva virgen de España a la Unión Europea
en 2001 fueron de 592 051 000 euros y las importaciones
16 392 000 euros.

En la fase actual, la Comisión ha llegado a la conclusión de que
las medidas en curso son ayudas estatales en el sentido del
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

La letra c) del apartado 3 del artículo 87 prevé que podrán
considerarse compatibles con el mercado común las ayudas
destinadas a facilitar el desarrollo de algunas actividades o
algunas regiones económicas, cuando no alteren las condicio-
nes de los intercambios en una medida contraria al
interés
común.

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Official Journal of the European Communities

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El Reglamento 136/66/CEE permite, en su artículo 20 quinquis,
que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción se abone
a las organizaciones y uniones reconocidas con el fin de con-
tribuir a la financiación de los gastos causados por el conjunto
de sus actividades. Además, el apartado 2 del artículo 11 del
Reglamento (CEE) no 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de
1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la
concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las
organizaciones de productores (3) establece que los Estados
miembros productores se asegurarán de que las cantidades
destinadas a las uniones y organizaciones de productores son
utilizadas por éstas únicamente para la financiación de las
actividades que les incumben con arreglo a la legislación co-
munitaria, entre las cuales se encuentra la presentación de las
solicitudes de ayuda de sus miembros. El apartado 3 del artí-
culo 11 prevé que si los importes no se utilizan total o par-
cialmente de acuerdo con el apartado 2 deberán reembolsarse
al Estado miembro y se deducirán de los gastos financiados por
el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.

La concesión de una ayuda estatal a las organizaciones de
productores, suplementaria a la ayuda prevista por la norma-
tiva comunitaria, no está prevista por esta normativa y podría
causar distorsiones en el mercado y una posible discriminación
de los demás productores de la Unión Europea. En efecto, estas
organizaciones de productores que se ocupan de la gestión de
las ayudas se beneficiarían de dos ayudas: una ayuda comuni-
taria y una ayuda estatal añadida a la anterior. Aunque la
actividad de gestión de las ayudas a la producción no sea en
sí misma una actividad económica, puede suponer una ventaja
para los productores integrados en las organizaciones benefi-
ciarias de estas ayudas con respecto a productores que no estén
integrados en una organización o estén integrados en otras
organizaciones que no reciben ayudas estatales. Este será espe-
cialmente el caso cuando el importe total de las ayudas perci-
bidas supere los gastos de la gestión de las ayudas y el exce-
dente se destine a los productores o a actividades en beneficio
de los productores. Además los productores o las organizacio-
nes que no se benefician de la ayuda estatal podrán verse
obligados a sufragar una parte del coste de gestión de las
solicitudes de ayuda, a lo que no deberán hacer frente los
productores integrados en las organizaciones beneficiarias de
las ayudas.

Teniendo en cuenta que las autoridades españolas, en su carta
de 12 de junio de 2002, consideraron que la información
proporcionada era completa y suficiente y solicitaban a la Co-
misión que adoptara cuanto antes una decisión respecto a su
compatibilidad, la Comisión debe tomar su decisión sobre la
base de la información disponible.

Sobre la base de la información disponible, las ayudas previstas
parecen ser ayudas estatales destinadas a mejorar la situación
financiera de las organizaciones de productores de aceite de

oliva, que no contribuyen de ninguna manera al desarrollo del
sector [punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales al sector agrario (4)]. Por lo tanto, en esta fase, estas
ayudas se consideran ayudas al funcionamiento, incompatibles
con el mercado común. Este tipo de ayudas no tienen ningún
efecto duradero sobre el desarrollo del sector y su efecto in-
mediato desaparece con la propia medida [véase sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de
8 de junio de 1995, en el asunto T-459/93: Siemens S.A.
contra Comisión (5)]. Estas ayudas conducen directamente a
mejorar las posibilidades de producción y comercialización
de los productos por parte de los operadores afectados con
respecto a los que no se benefician de ayudas comparables
(en el territorio nacional o en otros Estados miembros).

También debe considerarse que estas ayudas a las organizacio-
nes de productores de aceite de aceituna se refieren a un pro-
ducto, el aceite de oliva, sujeto a una organización común de
mercado (6), que es competencia exclusiva de la Comunidad y
en cuyo funcionamiento la capacidad de intervención de los
Estados miembros está limitada. La jurisprudencia reiterada del
Tribunal de Justicia [véase, entre otras, la sentencia de 26 de
junio de 1979 en el asunto 177/78: Pigs and Bacon contra Mc
Carren (7)] establece que las organizaciones comunes de mer-
cado deben considerarse sistemas completos y exhaustivos que
excluyen cualquier competencia de los Estados miembros para
adoptar medidas que pudieran establecer excepciones o perju-
dicarlas. Por lo tanto, y en esta fase, cabe considerar estas
ayudas como una infracción a las organizaciones comunes de
mercado y en consecuencia a la normativa comunitaria.

Teniendo en cuenta cuanto se ha expuesto, y en esta fase, las
ayudas analizadas no pueden acogerse a ninguna de las excep-
ciones previstas en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado
CE. La Comisión, por lo tanto, ha decidido incoar el procedi-
miento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado
CE.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión,
en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 88
del Tratado CE, insta a España a que presente sus observaciones
y facilite toda la información pertinente para la evaluación de
la ayuda/medida en un plazo de un mes a partir de la fecha de
recepción de la presente.

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del
apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y llama su atención
sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del
Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente po-
drá recuperarse de su beneficiario. Además, el gasto relativo a
medidas nacionales que afecten directamente a medidas comu-
nitarias podrá no ser subvencionable con cargo al presupuesto
del FEOGA.’.

(3) DO L 208 de 3.8.1984, p. 3.

(4) Véase la nota a pie de página 1.
(5) Recopilación 1995, p. I-1675
(6) Reglamento no 136/66/CEE.
(7) Recopilación 1979, p. 2161.