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Informe de la Comisión de Paz y Verificación caso San Pablo de Amalí by FIAN Ecuador - Issuu
 Caso “San Pablo de Amalí Central Hidroeléctrica San José del Tambo”
 Situación de los Derechos Humanos y de la Naturaleza
 Informe preparado por: Comisión de Paz y Verificación para el caso San Pablo de Amalí (conformada por Acción Ecológica, Cedhu, Cdes, Fian-Ecuador, Inredh, Red Tierra y Vida, Red de Ecologistas Populares, CDH-Guayaquil, Redlar
 Contenido 1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 1.1. Descripción cronológica de los hechos 1.2. Impactos psicosociales del proyecto San José del Tambo en la comunidad de San Pablo de Amalí
 2. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS VULNERADOS 2.1. Violaciones del Derecho al Agua 2.2. Violaciones del Derecho a la alimentación, la tierra, el trabajo y la soberanía alimentaria Derecho a la Alimentación Derechos Campesinos Derecho a la Tierra Derecho al Trabajo La Soberanía Alimentaria en riesgo 2.3. Violaciones del Derecho a la Participación y la Consulta 2.4. Violaciones del Derecho a la Resistencia (Criminalización)
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 Pobladores de San Pablo de AmalĂ ejercen su derecho constitucional a la Resistencia
 ANTECEDENTES A partir de los años 2004 - 2005 surgió un conflicto entre la comunidad de San Pablo de Amalí (cantón Chillanes, provincia de Bolívar) y la compañía Hidrotambo S.A. interesada en la construcción de la central hidroeléctrica San José del Tambo, proyecto rechazado por la población en razón de la vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza. Posteriormente, a partir de marzo de 2012, la confrontación entre comunidad y empresa se agrava por la reactivación del proyecto que se encontraba suspendido desde el 2008 que trajo consigo una serie de atropellos a la integridad personal, incluyendo detenciones arbitrarias, por parte de la fuerza pública. En este contexto, surge la iniciativa de llevar a cabo una visita a San Pablo de Amalí para verificar el estado de amenazas y vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza en la zona y construir herramientas que aporten a garantizar su pleno ejercicio. Con este propósito, nos articulamos como Misión de Paz y Verificación para este caso las siguientes organizaciones y redes: Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Foodfirst Information and Action Network (FIANEcuador), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Unión de Organizaciones Tierra y Vida, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), Red de Ecologistas Populares, Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de sus Ríos, (REDLAR-Ecuador). La visita a la comunidad efectuada el 21 de Agosto de 2012 tuvo como objetivo evaluar la situación de los derechos humanos y de la naturaleza a través de testimonios de personas afectadas por la incidencia del proyecto y la documentación obtenida de varias fuentes. Se recorrieron los sitios que serán impactados por la construcción de canales y tendido de tubería contemplados en el proyecto (fuentes de agua, cultivos y viviendas). Mientras este Informe estaba siendo elaborado ocurrieron varios hechos que dan cuenta de las vulneraciones de derechos que provoca el proyecto San José del Tambo y las implicaciones para la comunidad, su organización y sus líderes. Los acontecimientos referidos son, por un lado, las órdenes de detención emitidas el 12 de Noviembre de 2012 por el Juzgado Quinto de lo Penal del Cantón Chillanes, contra dos dirigentes de San Pablo de Amalí -Manuel Trujillo y Manuela Pacheco-, quienes debieron pasar a la clandestinidad, y por otro, el logro de que dichas órdenes sean revocadas el día 5 de Diciembre de ese mismo año, por la movilización de la comunidad y la presión de diversos actores sociales. Con estos insumos, la documentación oficial disponible y aquella relacionada con las acciones jurídicas interpuestas por la comunidad, así como el registro de los hechos de agresión y judicialización ocurridos en el 2012, se elaboró el presente informe como primer resultado de las preocupaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza frente al caso.
 1.1. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS La Comunidad de San Pablo de Amalí ha denunciado que durante los últimos meses del año 2012, se estarían repitiendo situaciones de amenaza, hostigamiento y agresiones contra su población, como resultado de los conflictos generados por el reinicio del Proyecto de la Central Hidroeléctrica San José del Tambo. En esta comunidad existen antecedentes de conflicto que se manifestaron por primera vez entre los años 2004-2005 y se extendieron hasta el año 2008, cuando la Asamblea Nacional Constituyente intervino en beneficio de los comuneros y reconoció la legitimidad de sus acciones de resistencia y protesta, por considerar que estaban defendiendo la vida, los recursos naturales y el medio ambiente; y que habían sido víctimas de represión violenta y persecución mediante el enjuiciamiento por delitos políticos y comunes conexos con los políticos; en consecuencia, el 14 de marzo y el 22 de julio del año 2008 resolvió otorgar Amnistía General a los afectados en los procesos de judicialización surgidos en el marco del conflicto. El proyecto hidroeléctrico fue abandonado después de la resolución de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, actualmente el proyecto se ha retomado, con la preocupante constatación de nuevas denuncias de violación de derechos humanos que afectan a la población. El proyecto de la central hidroeléctrica está impulsado por la empresa Hidrotambo S.A., conformada por cuatro firmas de derecho privado: dos nacionales (Plasticaucho Industrial S.A. y Corporación para la Investigación Energética -CIE-) una de capital nacional y canadiense (Electrogen S.A.) y la española Ingehydro SL. Esta compañía ha sido beneficiada con la concesión del agua de la Cuenca Hidrográfica del Río Dulcepamba, que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y uso productivo de las familias campesinas de la comunidad de San Pablo de Amalí. La cuenca hidrográfica está ubicada en la Provincia de Bolívar y tiene una extensión de 39.500 hectáreas sobre la circunscripción territorial de las parroquias San José del Tambo y San Pablo de Atenas, de los cantones Chillanes y San Miguel. En esta área están asentadas más de 70 comunidades formadas por pequeñas unidades de producción familiar campesinas, que están articuladas a los mercados locales de alimentos. Para el año 2003, la empresa tenía la concesión de 1.960 litros por segundo en época seca y 5.400 litros por segundo en época lluviosa, reservando 860 litros por segundo para la conservación de la flora y fauna. La comunidad de San Pablo de Amalí ha denunciado que la reducción del caudal no permitirá satisfacer sus necesidades de consumo humano y tampoco será suficiente para realizar las actividades agrícolas que sostienen su subsistencia económica.
 HECHOS ACAECIDOS EN EL PERÍODO 2002-2007 Con el objetivo de construir la Central Hidroeléctrica San José del Tambo, en el año 2002, la Corporación para la Investigación Energética (CIE) solicitó la concesión de la cuenca hidrográfica ubicada dentro de los cantones Chillanes y San Miguel. 1 La CIE es una entidad privada que ha desempeñado una función protagónica en el impulso del proyecto. El señor Alfredo Mena Pachano fue director de la CIE en el año 2002; tres años después pasó a ser el gerente general de la Compañía Hidrotambo S.A., desde donde solicitó la transferencia de los derechos de concesión del agua que fue aprobada por la Agencia de Aguas de Guaranda mediante Resolución del 28 de febrero del año 2005 (otorgada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos) La Compañía Hidrotambo S.A. fue constituida el 12 de septiembre de 2005, entre las firmas privadas CEI, Plasticaucho Industrial S.A, Electrogen S.A e Ingehidro S.L. La compañía obtuvo el 1
 Se otorgó la concesión el 12 de noviembre del 2.003, (ejecutoriada 27 noviembre 2003) dispuesta por el Consejo Nacional De Recursos Hídricos CNRH, Agencia de Aguas de Guaranda.
 contrato de permiso para autogeneración y venta de excedentes, con el propósito de producir 8 megavatios (MW) de energía.2 La transferencia de la concesión se realizó en nuevos términos, más favorables para la compañía, que incluían disposiciones para concesionar un mayor caudal que ascendió de 5.400 Lts/seg, en la primera concesión, a 6.500 Lts/seg, en el segundo acuerdo. Además se incrementó el plazo de la concesión al establecer que durará el tiempo de vida económicamente útil del proyecto, mientras que el pago de la empresa por la concesión se acordó en un monto de USD 3 681,22 al año. La concesión del agua reduce el caudal para consumo de las comunidades asentadas en el sector. La comunidad de San Pablo de Amalí es especialmente vulnerable debido a que se encuentra ubicada en el sitio de captación, donde la empresa prevé la construcción de las obras de conducción, tanque de presión, tubería de presión, casa de máquinas, reservorio y el canal de restitución o descarga de las aguas turbinadas.3 En cuanto a la construcción de estas obras, existen irregularidades en el cumplimiento del contrato, al no cumplir los plazos de término de la obra establecidos en el numeral 7 del proceso No. 1551-02 –de la Agencia de Aguas-, que señala: “Para la efectivización de la presente concesión la Corporación para la Investigación Energética deberá construir las obras de captación, conducción, tanque de presión, tubería de presión, casa de máquinas, reservorio y canal de restitución o descarga de las aguas turbinadas, (...) para el efecto se le concede el plazo de ciento veinte días y además en el mismo plazo presentará la aprobación del estudio definitivo de Hidrología e Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente, y la autorización definitiva para la construcción del proyecto por parte del CONELEC, de no cumplir con esta disposición de conformidad con la norma establecida en los Artículos 15, 31, 32, 71 literal a) de la Ley de Aguas y 149 de su Reglamento General de Aplicación, se declarará la caducidad de la concesión.” (el subrayado es nuestro) Actualmente han transcurrido más de seis años y las obras citadas en el numeral no han sido terminadas, tampoco se han presentado los Estudios de Impacto Ambiental. Sin embargo, no se declaró la caducidad de la concesión. Tampoco se cumplió con los mecanismos de participación ciudadana para la presentación de los Estudios Ambientales. Con el documento “Acta de la reunión de participación ciudadana”, del 16 de noviembre del 2004, la Compañía Hidrotambo intenta justificar una presunta consulta a las comunidades de la parroquia San José del Tambo. Este proceso ha sido cuestionado por la población por incumplir condiciones necesarias para validarlo. A la reunión no asistieron los delegados del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), tampoco los representantes del Ministerio de Ambiente y no contó con la presencia de representantes de las comunidades afectadas, en su lugar asistieron residentes de comunidades alejadas al área de influencia del proyecto. En Enero de 2005, la
 empresa constructora Coandes se convierte en el contratista de la
 El 12 de septiembre del 2005, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 33 del cantón Quito, el CONELEC suscribió el “Contrato de permiso de autogeneración y venta de excedentes de energía eléctrica”. 3
 En la Providencia de la Agencia de Aguas de Guaranda, 12 de noviembre del 2003, RESUELVE, “1.- dentro del citado proceso No. 1551-02, conceder el derecho de aprovechamiento de las aguas del río Dulcepamba, cuyo sitio de captación será .... En el sector de San Pablo de Amalí, jurisdicción de la parroquia San José del tambo, cantón Chillanes, provincia de Bolívar, a favor de la Corporación para la Investigación Energética CIE”.
 Hidrotambo S.A., pero en abril del 2006, las actividades de construcción fueron suspendidas debido a la oposición de la población. En Octubre de ese año Hidrotambo S.A. suscribe un nuevo contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que posteriormente también suspendió las obras por orden del Ministerio de Defensa considerando la persistencia del conflicto con la comunidad. Entre el 2006 y el 2008 se dieron múltiples enfrentamientos entre la población y militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Durante estos hechos se enfrentaron 300 militares a pobladores de varias comunidades de la zona. Un informe de la Defensoría del Pueblo registra varias personas heridas como consecuencia de estos acontecimientos (ANEXO 1). Mientras que un informe del INNFA de Bolívar estableció la existencia de graves impactos psico-sociales en niños, niñas y adolescentes de la comunidad como consecuencia de la violencia ejercida contra la población (ANEXO 2). Otro resultado de los enfrentamientos fue la apertura de numerosos procesos penales contra pobladores; así como la detención temporal de algunos dirigentes acusados de rebelión y otros delitos4. Más tarde, la personas procesadas penalmente fueron beneficiadas con el otorgamiento de amnistías por parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi mediante las Resoluciones de Marzo (ANEXO 3) y Julio (ANEXO 4) del año 2008; en cuyos considerandos se señala que la lucha de comunidades como la de San Pablo de Amalí es legítima en tanto la población se movilizó “en defensa de la vida, los recursos naturales y el ambiente”5. Estas Resoluciones en su Art. 1 resuelven: “Conceder amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de los recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal” El precedente marcado por estas amnistías implicó que en septiembre del 2008 la Compañía Hidrotambo S.A. solicite a Conelec terminar con el contrato debido a la negativa de su contratista -el Cuerpo de Ingenieros del Ejército- de continuar con la ejecución del trabajo. Esto dio lugar a un proceso de Arbitraje y Mediación a través de la Cámara de Comercio de Quito que finalmente dio por terminado el contrato en agosto del 2011. Según declaraciones difundidas en la prensa, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército suspendió los trabajos por orden del Ministerio de Defensa “para prevenir una posible confrontación con un grupo de opositores al proyecto” (El Universo, 25 de noviembre de 2012). En este contexto, los reclamos de la población no encontraron mecanismos para canalizar sus demandas y observaciones al proyecto en función de que se respeten sus derechos.
 ACONTECIMIENTOS RECIENTES, AÑO 2012 El 8 de marzo del 2012 se suscribe un nuevo contrato entre Conelec e Hidrotambo S.A. Entre las cláusulas se indica que el 1 de junio del 2012 se inicien las obras civiles, que el 1 de julio del 2013 4
 Informes de petición de amnistía preparados por la Mesa de Justicia de la Asamblea Constituyente, 11 de marzo y 11 de julio de 2008 5
 Asamblea Constituyente de Montecristi, Registro Oficial, a catorce día del mes de marzo del 2008.
 está ordenado el inicio de las pruebas de equipo electromecánico y el siguiente 1 de octubre inicia la operación comercial. (ANEXO 5) En las cláusulas también se establece que Hidrotambo es “propietario absoluto de la energía que produzca la futura central de generación” (ANEXO 5) que, sin embargo, es producida bajo el cambio de figura del contrato de permiso de “autogeneración” a contrato de permiso de “generación”, e implica la venta de toda la energía producida al Sistema Nacional Interconectado. La poca accesibilidad a información no permite confirmar las fuentes de financiamiento de la inversión pero, de acuerdo al contrato entre Conelec e Hidrotambo, el proyecto tiene carácter privado y no estatal. No obstante, en una carta enviada al Presidente de la República, los moradores de San Pablo de Amalí señalan que el proyecto recibe respaldo directo de instituciones públicas como el Conelec y otros organismos estatales. 6 La población también ha denunciado que el Director Ejecutivo del Conelec y el señor Eduardo Speck Andrade, Gerente de Hidrotambo S.A., amenazan y engañan a la población realizando visitas casa por casa. Un poblador de San Pablo de Amalí expresa que estas personas le comunicaron: “El proyecto va porque va, vea señor o señora solo Usted falta de solucionar en este problema, arreglemos, cuánto quieren que les pague, porque los demás dueños de los terrenos afectados como por ejemplo los señores Galeas, Manuel Trujillo, Elisa Guanulema, entre otros, ya han aceptado e incluso ya les hemos pagado su dinero; si no se va a quedar sólo usted sin arreglar y por lo tanto vamos a seguir con los juicios de expropiación de los predios, ya que desde el mes de abril del presente año empieza a construirse el proyecto” (ANEXO 6) . La población manifiesta que el día sábado 24 de marzo del 2012, el Director Ejecutivo del Conelec y otras instituciones públicas, además de representantes de Hidrotambo, 7 llegaron al sector para entregar a la población documentos relacionados al actual contrato firmado entre el Conelec y la compañía, e ingresaron a la comunidad con resguardo policial y con un grupo de 30 personas aproximadamente. De esta manera, sin participación de representantes de San Pablo de Amalí, intentaron realizar la reunión de socialización y participación ciudadana, con personas ajenas a la comunidad que incitaron con palabras ofensivas contra la población y gritando a favor de la empresa8. Las irregularidades en la concesión del nuevo contrato son significativas y evidentes. Entre los incumplimientos de requisitos y condiciones importantes, está el hecho de que después de seis años no se ha realizado ninguna actualización de la Licencia Ambiental que mantiene todavía el permiso caducado No. 004-05, publicado en el Registro Oficial No. 138 de fecha 4 de noviembre del 2005. En cuanto al “Contrato de permiso de generación para la construcción, instalación y operación del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo”, se pueden hacer las siguientes observaciones: 1. Se incumple con los plazos de contrato permitidos por la normativa pertinente. En la cláusula séptima del contrato se establece que “(...) el plazo para el permiso es de 50 años contados a 6
 Carta enviada el 4 de mayo de 2012 por la organización de San Pablo de Amalí al Presidente R. Correa, en la que refieren la presencia de “Francisco Vergara, director Ejecutivo del CONELEC, interino, él personalmente con otros funcionarios de dicho organismo del Estado y representantes de la compañía Privada denominada HIDROTAMBO SA, están retomando el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo...” 7 Llegaron acompañados de Paola Marola Andino Alarcón, Jefe de la Unidad Ambiental; Ángel Olivio Bayas Durán, Gobernador de Bolívar; Javier Horacio Valencia Zambrano, Subsecretario Social del Agua; y Daniel Orlando Villacís Chávez, Líder CZ-Guaranda; 8 Op cit Carta enviada el 4 de mayo de 2012 por la organización de San Pablo de Amalí al Presidente R. Correa
 partir de la suscripción del presente contrato (...)” 9 Este plazo de contrato fue concedido desconociendo la regulación emitida por el Directorio del Conelec que mediante Regulación No. 003-1110 establece que los proyectos con generación entre 05 a 10 MW de potencia se les puede conceder solo un plazo de tiempo limitado entre 23 a 40 años. 2. Por otra parte, la cláusula décima primera del contrato faculta incrementar en el futuro la capacidad de las instalaciones eléctricas con el consecuente aumento de la demanda de agua y la mayor concentración de los caudales y afluentes del Río Dulcepamba en manos de la compañía privada , en detrimento de las posibilidades de consumo de agua de las comunidades aledañas que se encontrarían sin garantía de protegerse contra una nueva concesión. Esta cláusula establece que: “(...) Previa autorización del CONELEC, el TITULAR DEL PERMISO podrá incrementar la capacidad de sus instalaciones. En caso de incremento de capacidad de generación de las instalaciones existentes, el TITULAR DEL PERMISO presentará para aprobación del CONCEDENTE el proyecto de incremento de capacidad, el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, la nueva autorización para el uso del agua y el cronograma de ejecución (...)” 11 (subrayado y mayúsculas son nuestras)
 3. La cláusula vigésima séptima libera de responsabilidad ambiental a Hidrotambo S.A. por los daños ambientales causados con anterioridad al contrato. Esta disposición también impide compensar a las familias de San Pablo de Amalí por los perjuicios generados a sus fincas o propiedades afectadas. La cláusula lo dispone en los siguientes términos: “Liberación de Responsabilidad.- El CONCEDENTE libera al TITULAR DEL PERMISO de toda responsabilidad por los daños y pasivos ambientales causados con anterioridad a la celebración del Contrato de Permiso de Autogeneración con Venta de Excedentes, que se celebró el doce de septiembre del 2005 (...)”12
 VIOLACIONES A JUDICIALIZACIÓN
 La comunidad también ha denunciado el ingreso ilegal y arbitrario de maquinaria de la compañía en predios privados. Hasta la presente fecha se encuentran en trámite los juicios de expropiación de los terrenos que podrían ser declarados de utilidad pública en beneficio del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo. Esto no ha sido impedimento para que la empresa ingrese en varios predios sin contar con la sentencia de expropiación, ni haber realizado los pagos por la propiedad y sin el consentimiento de los propietarios. La maquinaria ingresó 50 metros en la propiedad del señor Eladio Fermín Galeas Arias, para excavar el paso de agua que desviará el Río Dulcepamba hacia el reservorio contemplado en el proyecto. (ANEXO 7) Otra denuncia de violación de propiedad privada, indica que existen terrenos que a pesar de no 9
 Op cit. Contrato de Permiso de Generación para la construcción, instalación y operación del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ... 10 Esta Regulación fue aprobada a través de la Resolución No. 022/11 de 14 de abril del 2011 y está establecida en su numeral 4 relacionado a la “Metodología para la determinación de los Plazos”, numeral 4.1. referente a los “Proyectos de generación delegados a la iniciativa privada” 11 Ibid Contrato de Permiso de Generación para la construcción, instalación y operación del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ... 12. Ibid Contrato de Permiso de Generación para la construcción, instalación y operación del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo ...
 estar mencionados en los planes de declaración de utilidad pública del Conelec, están siendo afectados por el proyecto. Este es el caso de los terrenos de Cristóbal Danilo Galeas Gaybor, Eladio Fermín Galeas Arias y Carmen Elisa Guanulema Albán que tiene amenazada su vivienda frente a la posibilidad de ser demolida por encontrarse ubicada en los planos del paso del canal de agua, aunque no constan en la planificación del Conelec, tal como reconoce el mismo Director Ejecutivo Interino del Consejo Nacional de Electricidad en el oficio Nro. CONELEC- DE- 20121519-OF del 18 de septiembre del 2012, de igual manera el Juzgado Séptimo de lo Civil del Cantón Chillanes certifica que no existen juicios de expropiación. Pese a las irregularidades descritas, la maquinaria no ha cesado de operar en terrenos privados, provocando enfrentamientos con la población. El 27 de junio del 2012 , frente a una nueva incursión de la empresa en la comunidad, los hermanos Socorro y Danilo Galeas (éste último con capacidades especiales) intentaron impedir el paso de la maquinaria en la finca de su padre Fermín Galeas, y por esta razón fueron llevados a Guaranda donde permanecieron detenidos ilegalmente por más de 24 horas. (ANEXO 8) El día 11 de Julio, se produjeron nuevos hechos de enfrentamiento entre la población, la guardianía privada de la compañía y la Policía Nacional -al mando del Mayor Roosevelt Vinicio Albán Moreta-. El conflicto se produjo cuando la maquinaria de la empresa y una docena de policías ingresaron a la zona pasando sobre varios cultivos de propiedad privada, hasta que la señora Carmen Elisa Guanulema se interpuso frente a la maquinaria con el objetivo de impedir que desplomen su vivienda. La policía reaccionó con agresión física y verbal contra la señora de 72 años y su hijo discapacitado. Ante esta agresión, varias personas de la comunidad acudieron en apoyo a la anciana. Esta acción provocó un enfrentamiento que dejó a varias personas agredidas, entre ellas, dos mujeres: Rosa Añamañay y Blanca Quinatoa. La policía también agredió verbal y físicamente al joven de 14 años Diego Joaquín Hernández, quien filmó el incidente con su celular. Los dirigentes de San Pablo de Amalí denunciaron estos hechos ante la Inspectoría General de la Policía Nacional y responsabilizaron particularmente al Mayor Roosevelt Vinicio Albán Moreta (ANEXO 9). Desde el 29 de junio 2.012, varias denuncias judiciales fueron presentadas contra cerca de 20 personas de San Pablo de Amalí, acusadas de haber cometido supuestos actos de violencia, sabotaje y otros. Entre los acusados se encuentran el alcalde y síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes; el presidente de la comunidad, Manuel Trujillo; los agricultores Manuela Pacheco, Fermín Galeas y Ovidio Sacán. En respuesta a las denuncias realizadas por la comunidad en relación al Mayor Albán Moreta, por orden del Ministerio del Interior, la Comandancia de Policía organizó una comisión para investigar lo ocurrido. El día 14 de agosto, horas antes de la llegada de esta comisión, un grupo de policías al mando del Mayor Albán Moreta, con trabajadores de la empresa y varias personas presuntamente contratadas, recorrieron la comunidad agrediendo verbal y físicamente a la población. Ante la reacción de las personas, la policía utilizó gas lacrimógeno y destruyó el puente que utiliza la comunidad para cruzar el Río Dulcepamba. La comisión se entrevistó únicamente con el personal de Hidrotambo S.A., pese a que era esperada por una asamblea de pobladores de toda la cuenca del Río Dulcepamba. Los comuneros sólo pudieron dar su testimonio a un agente de policía y al asambleísta Hólger Chávez Canales del movimiento oficialista Alianza País. Tampoco el alcalde del Municipio de Chillanes fue entrevistado, por tal motivo elaboró un informe al comandante de la Policía Nacional el 18 de Septiembre del 2012 (ANEXO 10)
 Los comuneros han sido claros en denunciar que se han violado derechos humanos de la comunidad y que los procesos administrativos del proyecto San José del Tambo no son transparentes y evidencian irregularidades que deben ser investigadas. La población recuerda que el actual presidente de la República, en el año 2006, mientras se encontraba en campaña electoral, se comprometió a consultar a la comunidad antes de realizar el proyecto hidroeléctrico, tal como lo dictan las leyes del país. En el período de mayo a noviembre del 2012 las comunidades del sector a través de sus dirigentes han presentado sendas comunicaciones solicitando una atención sobre este conflicto a la Presidencia de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerios del Interior, Electricidad, Conelec, Inspectoría General de la Policía Nacional, Secretaría de Transparencia de Gestión, Juzgados, Tenencia Política, Comisaría de la Provincia de Bolívar. (ANEXO 11) El lunes 29 de Octubre de 2012 el joven comunero Edison Trujillo Quito, de 24 años, hijo del presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí, fue víctima de graves agresiones físicas y amenazas verbales de parte de personas vinculadas a la empresa (ANEXO 12); el miércoles 31 de octubre se dieron hechos de violencia contra varias personas, incluyendo niños y mujeres (ANEXO 13). El lunes 12 de noviembre el juzgado quinto de lo penal de Chillanes emite órdenes de prisión preventiva contra dos dirigentes principales de San Pablo de Amalí, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, los mismos que se ven forzados a pasar a la clandestinidad para proteger su vida. El pasado 5 de Diciembre, una importante movilización de la comunidad logró que dichas órdenes de prisión sean revocadas, aun cuando el proceso judicial continúa.
 1.2. IMPACTOS PSICOSOCIALES DEL PROYECTO SAN JOSÉ DEL TAMBO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO DE AMALÍ Las afecciones psico-sociales en comunidades afectadas por conflictos sociales y ambientales se expresan en tres niveles: comunitario, familiar e individual. En el caso específico de San Pablo de Amalí encontramos:
 EN LA SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA Sin lugar a dudas, en San Pablo de Amalí se ha implantado un estado intimidación para legitimar el despojo y la criminalización de la resistencia.
 La comunidad ha vivido una suerte de invasión de varios años, en los cuales ha debido convivir con la presencia de militares y policías en su territorio, amenazas permanentes y acciones múltiples de agresión. Todo esto ha devenido en un estado de afección generalizada de la población que se evidencia en presencia de ansiedad y temores colectivos. La necesidad de instalar un sistema de alerta permanente, por un lado ha fortalecido la cohesión comunitaria pero por otro ha generado alteraciones psico-emocionales que se expresan en procesos de estrés crónico, ansiedad, angustia y sufrimiento mental directamente relacionados con la incertidumbre y las expresiones de violencia. Las y los comuneros quienes han vivido en estos territorios por varias décadas dependen de un modelo de agricultura campesina con crianza de animales menores, por lo que han manifestado su profunda preocupación frente a la pérdida del agua. Con la construcción del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo las consecuencias del despojo a la población se expresarían en múltiples secuelas psico-sociales, culturales y económicas. La privación de agua devendría en la imposición de que los comuneros desalojen sus propiedades y esto genera intenso sufrimiento mental. Su economía, actividad laboral, alimentación, dinámica familiar y comunitaria están articuladas en función de la organización territorial, por ello, la intensidad del sufrimiento mental y de la afección psico-emocional es severa en tanto se pone en juego no solamente su supervivencia económica sino también los sistemas de soporte y apoyo familiar y comunitario, es decir todas las certezas que los individuos tienen en la vida. Actualmente, a nivel comunitario el estado de salud mental refleja niveles exponencialmente incrementados de depresión y ansiedad frente a poblaciones en condiciones “normales”. Podemos concluir que este incremento es una consecuencia directa de las condiciones de amenaza que vive la comunidad. Las comunidades viven un estado de pérdida de la credibilidad en el gobierno, puesto que el año 2006, el entonces candidato a la Presidencia y actual primer mandatario Econ. Rafael Correa se comprometiera a respetar la voluntad de las comunidades para retirar este proyecto hidroeléctrico. En medio de una promesa no cumplida y con las múltiples presencias de funcionarios del gobierno con un discurso a favor del proyecto, según testimonios locales, las comunidades se sienten desesperanzadas y con una sensación de no saber en quién confiar.
 A NIVEL INDIVIDUAL A nivel individual existen grupos poblacionales más afectados, en este caso los niños y niñas de la comunidad para quienes la afección resulta evidente tanto porque se han desajustado sus dinámicas vitales cuanto por los niveles de ansiedad y temor que representan estos procesos. En distintas magnitudes se reportan estados de ansiedad severa, depresión, insomnio y manifestaciones de estrés post-traumático en relación a los actos de violencia sistemáticos.
 AFECCIONES DIRECTAMENTE TRAUMÁTICOS
 También existen afecciones directamente vinculadas al estado de sitio que han vivido estas comunidades. Las múltiples agresiones, caracterizadas por actos de violencia y acoso durante los años 2005 2007 con actos de represión propiciados a partir de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que actuaba como la constructora del Proyecto, gestionó la militarización del territorio para garantizar la viabilidad de las obras. Durante estos años se registraron varios episodios de violencia y agresión severas en las que se denunciaron heridos de gravedad de todas las edades incluyendo niños/as. Las denuncias se encuentran respaldadas en documentos presentados a diversas instituciones13 así como en archivos fotográficos y de video. En uno de los enfrentamientos un comunero perdió la visión de un ojo y un riñón14 y un niño fue abandonado en medio de la vía pública luego de que los militares se lo llevaran . En el marco de estas acciones se abrieron varios procesos judiciales que fueron amnistiados por la Asamblea Constituyente, en 2008. En el año 2012, a partir de marzo la empresa ha intentado reiteradamente ingresar su maquinaria protegida por la Policía Nacional. En junio del 2012, los dueños de las fincas en las que irrumpió Hidrotambo intentaron impedir este ingreso y por esta razón fueron reprimidos y detenidos durante dos días en Guaranda. Uno de los detenidos tiene discapacidades. Últimamente, en el mes de Noviembre de 2012 se emitió en el Juzgado Quinto del Cantón Chillanes la orden de prisión preventiva, bajo el supuesto delito de sabotaje, contra dos dirigentes de San Pablo de Amalí, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, quienes se encuentran en la clandestinidad. Frente a estos hechos, las comunidades viven un proceso de terror colectivo, de pérdida de la credibilidad en el Estado como garante de derechos, de sufrimiento intenso por las heridas y las pérdidas, y de impotencia frente a los nuevos procesos penales. El terror colectivo tiene relación con que los episodios de violencia se mantienen sistemáticos, impunes, y que la lógica de criminalización y judicialización de la resistencia se expresa nuevamente en un proceso penal que busca provocar a nivel comunitario y familiar afecciones profundas, más aún cuando 2 líderes comunitarios se encuentran en condiciones de clandestinidad, con el fin de generar un proceso de desgaste en la estructura de soporte comunitario tanto a nivel socio-económico como emocional.
 Ver. Anexos 11 Ver testimonios en video “No nos quitarán el Río”
 2. ANALISIS DE LOS DERECHOS VULNERADOS
 2.1. VIOLACIONES DEL DERECHO AL AGUA En el Ecuador las luchas reivindicatorias del derecho al agua, expresadas en numerosas jornadas de movilización del movimiento indígena y sectores campesinos, han tenido una larga historia de denuncia frente a la concentración del agua por parte de las haciendas a más de nuevos mecanismos de despojo como son las actividades extractivas -el petróleo y la minería-, las agroindustriales, o la construcción de represas e hidroeléctricas, que contaminan y acaparan el agua. La escasez de agua así provocada puede convertir en inviables las actividades agrícolas y pecuarias de una comunidad, incluso puede provocar que una comunidad se vea forzada a dejar su tierra. No en vano la defensa del agua lleva implícita la defensa de la tierra, el territorio, la identidad cultural, la vida. A nivel internacional se han dado pasos importantes en relación con el derecho al agua. Uno es la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de Julio de 2010, que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento por ser esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Antes, en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nro. 15 sobre el derecho al agua, cuyo artículo 1 establece: "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna y es condición previa para la realización de otros derechos humanos". En el nivel nacional, la Constitución no sólo reconoce al agua como derecho humano fundamental (artículo 12 ) también establece garantías para su cumplimiento. Por ejemplo, reconoce entre los deberes primordiales del Estado garantizar “... el efectivo goce de los derechos establecidos en la
 Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes...” (Art. 3.1). Además señala: “El agua es un derecho humano irrenunciable .... y esencial para la vida”. (Art. 12) (subrayado es nuestro) Si bien el proyecto San José del Tambo inició en el año 2003, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, en ese momento debió regirse a la prelación que establece la Ley de Aguas, que coloca el uso de agua con fines energéticos en último lugar. Además estaba obligado a responder a requerimientos relacionados con la concesión de agua, como la consulta, entre otros. Con la firma de un nuevo contrato entre el Estado (CONELEC) y la empresa Hidrotambo S.A. en marzo de 2012, ambas partes deben responder al nuevo marco constitucional del país. En el caso del Estado por aprobar, apoyar, la construcción del proyecto San José del Tambo, incluyéndolo en los planes de hidroelectricidad del Conelec y autorizar a través del Consejo Nacional de Recursos Hídricos (Agencia de Aguas de Guaranda) -hoy Senagua- la concesión a Hidrotambo S.A. de un caudal de 1.196 Lts/seg. en verano y 6.500 Lts/seg en invierno, lo que deja un supuesto caudal ecológico de 196 Lts/seg -cantidad de agua que no existe en determinadas épocas del año, debido a que los estudios sobre caudales y aforos no son serios ni confiables-. El resultado será dejar sin acceso al agua a miles de familias que habitan en las más de 70 comunidades ubicadas en los 39.500 hectáreas de la cuenca hidrográfica del Río Dulcepamba, principalmente aquellas que se encuentran en la parte alta. Este despojo del agua tiene implicaciones directas sobre la vida de las comunidades. Una de ellas es un probable deterioro de la salud de la población, “un derecho ... cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre otros el derecho de agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir...”. (Art. 32, Constitución). Así mismo, por la falta de acceso al agua habrá un debilitamiento de las actividades agrícolas locales que son la base de la soberanía alimentaria de estas comunidades-, que constan en el artículo 281 de la Constitución como una garantía de la que es responsable el Estado. La concesión de ese caudal de agua a la empresa Hidrotambo S.A. constituye una acción velada de privatización, lo que está expresamente prohibido por la Constitución: “... Se prohíbe toda forma de privatización del agua” (Art. 318). Según testimonios de campesinos de la zona ya existe una restricción en el acceso al agua, de parte de la empresa Hidrotambo y de la Agencia de Aguas de Guaranda -Senagua-, institución que no responde a solicitudes de concesión de agua de los habitantes de este sector. Sobre la prelación en el uso del agua la Constitución dice: “El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación....” (Art. 318) pero en este caso vemos que se prioriza la concesión de agua para una central hidroeléctrica, y subordina el acceso al agua de miles de familias. Ni siquiera una supuesta búsqueda de soberanía energética validaría a este proyecto, considerando que el artículo 15 de la Constitución señala al respecto: “... La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”, sin embargo, como se ha visto, miles de familias serán vulneradas en su derecho al agua y perderán soberanía alimentaria a causa del proyecto San José del Tambo. En cuanto a legislación secundaria, si bien todavía no es aprobada una Ley de Aguas acorde con la nueva Constitución, la ley vigente en esta materia también revela aspectos de ilegalidad del
 proyecto, como es el plazo de la concesión de agua. El artículo 23 de esta Ley establece que “Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de aguas son: a) "Ocasionales", sobre recursos sobrantes; b) "De plazo determinado", para riego, industrias y demás labores productivas; y, c) "De plazo indeterminado", para uso doméstico.” La concesión de aguas para el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo es de plazo indeterminado o hasta que dure la vida útil del proyecto, lo que constituye una clara ilegalidad. Igual sucede con la prelación en el uso del agua señalada en el Art. 36 de la citada Ley de Aguas: “Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: a) Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero de animales; b) Para agricultura y ganadería; c) Para usos energéticos, industriales y mineros; y, d) Para otros usos. En casos de emergencia social y mientras dure ésta, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos podrá variar el orden antes mencionado, con excepción del señalado en el literal a). ...”. Durante el tiempo transcurrido desde que el referido proyecto fuera planteado no ha habido ninguna declaratoria de emergencia social, y por tanto se ha violado el orden de preferencia al otorgar todo el caudal de agua para uso energético. Más preocupante todavía resulta el hecho de desconocer sistemáticamente las acciones de denuncia emprendidas por la población frente a las evidentes violaciones de normas ambientales de parte de las autoridades de control, a pesar de que todas las acciones tienen fundamento en el Art. 21 de la Ley de Gestión Ambiental: “Concesión de acción pública para denunciar la violación de normas ambientales.- con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acciones legales previstas en la Constitución Política de la República”. En consecuencia, las autoridades de control han cerrado la posibilidad de establecer sanciones a la empresa Hidrotambo S.A y a instancias públicas por el incumplimiento de normas ambientales, como se expresa en el artículo 44 de la misma Ley de Gestión Ambiental. El camino a seguir por parte de la empresa y el Estado ha sido la utilización de fuerzas de seguridad para reprimir, perseguir y judicializar a la población, tanto en el primer ciclo de este conflicto, entre 2004-2007 y últimamente a partir de marzo de este año 2012, incluyendo las órdenes de prisión para dos líderes y dirigentes de San Pablo de Amalí (Manuel Trujillo y Manuela Pacheco). El Art. 44 de la L.G.A. dice: “Sanciones administrativas por incumplimiento de normas de protección ambiental.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar”.
 SIN AGUA ES IMPOSIBLE EL SUMAK KAWSAY Uno de los mayores avances en la Constitución fue la incorporación del sumak kawsay -o vida en plenitud- como nuevo referente para toda la población del Ecuador. No se trata de un cambio retórico sino de profundas implicaciones para la defensa de derechos. En el caso de San Pablo de Amalí, cabe preguntarse si con la construcción de la hidroeléctrica la comunidad estará en condiciones de aspirar al disfrute de una vida en plenitud, o más bien debido a la serie de impactos ambientales, sociales y culturales provocados por la imposición del proyecto hidroeléctrico, para esta comunidad y otras que también van a perder el acceso al agua en la parte alta de la micro-cuenca, será más difícil impulsar propuestas para un sumak kawsay en sus espacios de vida, aun cuando tienen derecho a ello. De acuerdo con la Constitución toda la población ecuatoriana tiene derecho a ser parte de un “Régimen del Buen Vivir”, que incluye el cuidado del agua a partir de un papel activo del Estado: Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. ...”. El desvío de casi 4 kilómetros del río Dulcepamba en el área donde se encuentra la comunidad de San Pablo de Amalí, es un grave atentado a la estructura del río, a las funciones y ciclos vitales conectados con él, según establece el texto constitucional referente a los derechos de la naturaleza: Art. 71.- “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. La imposición del proyecto San José del Tambo, frente al cual San Pablo de Amalí y otras comunidades han expresado un legítimo rechazo, constituye una fuente de violaciones de derechos humanos fundamentales y de la naturaleza, comprometiendo seriamente el presente y futuro de miles de familias.
 2.2. VIOLACIONES DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, LA TIERRA, EL TRABAJO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DERECHO A LA ALIMENTACIÓN La construcción del proyecto San José del Tambo dentro de la comunidad de San Pablo de Amalí pone en peligro el derecho a la alimentación de sus pobladores y por ende al país, ya que estas tierras son fértiles y producen gran variedad de productos agrícolas, como por ejemplo: cítricos y otras frutas, cacao, café, maíz, plátano, yuca, papachina, entre otros. El Derecho a la Alimentación es un derecho fundamental de todo ser humano, el mismo que se encuentra consagrado en la Constitución del Ecuador en su Art. 13 numeral 2: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” Además es importante considerar en el presente informe la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) que establece: Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley. Instalar dentro de tierras campesinas una central hidroeléctrica sin haber tomado en cuenta el impacto que se producirá sobre una fuente esencial de vida como es la alimentación local y nacional vulnera el derecho de toda persona y colectividades al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos que preferentemente deben ser producidos en correspondencia con sus formas de vida. Además, la pérdida de acceso al agua en San Pablo de Amalí y a otras comunidades del sector afectará la producción de alimentos que sostienen la soberanía alimentaria local. El Estado ecuatoriano ha ratificado varios instrumentos internacionales que protegen 15 el Derecho 15
 La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 (preámbulo), la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 (artículos 6 y 24), la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 (artículo 28), el Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de “San Salvador” de 1988 (artículo 12), entre otros. Sobre el derecho a la alimentación concretamente,
 a la Alimentación -DaA- como un derecho humano. Esto puede verse principalmente en el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) que en su Art. 12.1 señala que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, y en el Art. 12.2. manifiesta que para hacer efectivo el derecho a la alimentación y erradicar la desnutrición, los Estados se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, así como promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.16 De igual manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra en su artículo 11.1, el deber de los Estados de reconocer a toda persona una calidad de vida adecuada incluyendo una sana alimentación y el derecho fundamental a ser protegida contra el hambre17. En este sentido el Comité DESC considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada
 la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos, haciendo referencia a que los individuos tengan acceso a alimentos adecuados, tanto en términos económicos como físicos. Tanto la disponibilidad de alimentos como el acceso sostenible a ellos, están determinados, entre otros factores, por las condiciones de sostenibilidad ambiental18. La accesibilidad incluye la posibilidad de que las poblaciones accedan físicamente a una alimentación adecuada a través de que se garanticen condiciones como el derecho a la tierra, al agua.19. En este caso, la construcción de la central hidroeléctrica San José del Tambo implicará pueden mencionarse los siguientes: Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición de 1974, la Declaración Mundial sobre la Nutrición de 1992, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1966, la Resolución 2004/19 de la Asamblea general de las Naciones Unidas y las Directrices Voluntarias de la FAO de 2004. 16 Cfr. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-348/12 17
 “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”. 18 Cfr. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-348/12, párr. 2.5.2 19
 Cfr. Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 12, El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), (20o período de sesiones, 1999), U.N. Doc. E/C.12/1999/5 (1999). Párr. 9-13
 afectaciones a las condiciones físicas para el ejercicio de la soberanía alimentaria de la población de San Pablo de Amalí y las otras comunidades asentadas en la microcuenca del río Dulcepamba. En este orden de ideas, la FAO manifiesta que la construcción de proyectos como la central hidroeléctrica San José del Tambo ocasionan un detrimento en las prácticas tradicionales de agricultura provocando un aislamiento o marginación de esta forma de producción en los mercados locales y nacional de alimentos, y con ello, la afectación de las economías tradicionales de subsistencia20. En conclusión, el Estado ecuatoriano al permitir la ejecución del proyecto San José del Tambo pone en peligro el derecho a la alimentación de los habitantes de San Pablo de Amalí y además viola el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales al no cumplir con la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 Movilización campesina en San Pablo de Amalí (Mayo 2012)
 El acaparamiento de tierras es resultado de la discriminación histórica del campesinado y se expresa en la violación de sus derechos a la tierra, el agua, las semillas y sus saberes tradicionales, con los cuales es posible el ejercicio pleno de la soberanía alimentaria. En estas condiciones de vulnerabilidad, es imprescindible que el Estado respete, proteja y cumpla con sus obligaciones para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. 20
 Cfr. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. “Examen Mundial de la Pesca y la Acuicultura”. Parte 1, 201 Disponible en: http://www.fao.org/docrep/005/y7300s/y7300s04.htm
 La Constitución ecuatoriana reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, sus prácticas y conocimientos ancestrales, la propiedad de las tierras y territorios, la participación en el uso y administración del agua, los bosques, etc. que se encuentren en el territorio; además reconoce el derecho de estos sujetos sociales a ser consultados en caso de una posible afectación ambiental por proyectos de desarrollo, y el derecho a la reparación integral en caso de sufrir daños sociales, culturales, económicos y ambientales. Sin embargo de las garantías existentes para el cumplimiento de los derechos, persiste la práctica del despojo sistemático de las bases de la soberanía alimentaria a miles de familias campesinas con el objetivo de dar paso a la construcción de proyectos como es la ejecución del proyecto que motiva este informe. Acompañado de esto los campesinos y campesinas son acusados de varios delitos por el hecho de defender su derecho a la tierra, al agua y la vida, así podemos citar lo ocurrido el lunes 12 de noviembre del 2012 en el Juzgado Quinto de lo Penal del Cantón Chillanes, el que emitió órdenes de prisión preventiva contra dos dirigentes principales de San Pablo de Amalí, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, que se han visto forzados a pasar a la clandestinidad para proteger su vida, pero gracias a que la comunidad se movilizó, el 5 de diciembre la Corte Provincial de Justicia de Bolívar cambia esta decisión. En el PIDESC el Estado ecuatoriano se comprometió a tomar medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento del derecho de la población a condiciones de vida digna, incluyendo el derecho a la alimentación y el derecho fundamental a estar libre de hambre, especialmente mediante un replanteo de los modelos agrarios que se imponen sobre los campesinos y que contradicen sus formas de producción21. Por otro lado, el Estado ecuatoriano debe apoyar a la promulgación de la declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas, impulsado por Vía Campesina ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y considerado un instrumento jurídico enmarcado en el Tratado Internacional de Derechos Humanos el cual otorga una orientación a los estados acerca de las políticas a desarrollar a favor de este sector social. Entre los puntos que proponen dicha declaración consta: Artículo 2.- Derechos de los campesinos 1. Todos los campesinos, sean hombres o mujeres, tienen los mismos derechos. 2. Los campesinos tienen derecho a disfrutar plenamente, en forma individual y colectiva, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos del derecho internacional de derechos humanos. 3. Los campesinos son libres e iguales a todas las demás personas y tienen derecho a estar libres de cualquier tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular, de la discriminación por motivos de su condición económica, social, sexual y cultural. 4. Los campesinos tienen derecho a participar en el diseño de políticas, en la toma de decisiones, la implementación y el monitoreo de todo proyecto, programa o política que afecte sus tierras y territorios. Artículo 3.- Derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado 1. Los campesinos tienen derecho a la integridad física, y a no ser asediados, desalojados, perseguidos, arrestados arbitrariamente o asesinados por defender sus derechos. 21
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 2
 4. Los campesinos tienen derecho a una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y accesible, y a mantener sus culturas alimentarias tradicionales. 6. Los campesinos tienen derecho a acceder al agua potable, servicios sanitarios, medios de transporte, electricidad, medios de comunicación y tiempo libre. Artículo 11.- Derecho a la preservación del medio ambiente 3. Los campesinos tienen derecho a rechazar todas las formas de explotación que causen daños ambientales. 4. Los campesinos tienen derecho a litigar y reclamar compensaciones por daños ambientales. 5. Los campesinos tienen derecho a obtener reparaciones por la deuda ecológica, y por el despojo histórico y actual de sus tierras y territorios. Si se considera que el Estado ecuatoriano, en la sesión 21 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrada el 24 de septiembre de 2012, votó favorablemente para que se conforme un Grupo de Trabajo que analice la propuesta de Vía Campesina, resulta contradictorio que internamente el Estado dé un alto apoyo a un proyecto como el de la central hidroeléctrica San José del Tambo, responsable de provocar graves violaciones de los derechos de las familias campesinas de San Pablo de Amalí.
 DERECHO A LA TIERRA En el ámbito internacional, el Ecuador ha ratificado varios instrumentos de protección de derechos humanos, entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el PIDESC 22, así como el Protocolo de San Salvador23 y la Convención Americana de Derechos Humanos 24. Esto implica que el Estado debe abstenerse de llevar a cabo, auspiciar o tolerar cualquier práctica política o medida legal, solo o en asociación con otros, que pongan en peligro o vulneren los derechos, como es el derecho a la tierra de las familias campesinas de San Pablo de Amalí. En línea con la directriz 7.1 y la 7.6 de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, aprobadas por los Estados miembros del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, incluyendo al Ecuador, es obligación estatal garantizar la tenencia de la tierra y no llevar a cabo o promover prácticas de desalojos forzosos y desplazamientos arbitrarios, acompañados de represión y hechos violentos por parte de la fuerza pública, que contravienen sus obligaciones en el marco del derecho nacional e internacional.
 DERECHO AL TRABAJO Varios proyectos hidroeléctricos que incentiva el gobierno actual han provocado gran preocupación por las afectaciones ambientales y sociales que implican. En el caso de la comunidad de San Pablo de Amalí la realización del proyecto San José del Tambo pone en inminente peligro, a más del derecho a la tenencia de la tierra, los derechos del buen vivir y los derechos económicos, sociales y culturales. La mayor parte de los habitantes de San Pablo de Amalí y otras comunidades, tanto mujeres 22 23
 Ratificado por el Ecuador el 6 de marzo de 1969
 Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ratificado por el Ecuador el 2 de octubre de 1993 24 Ratificado por el Ecuador el 12 de agosto de 1977
 como hombres, se dedican a las labores del campo en sus diferentes ámbitos de agricultura y ganadería, siendo la tierra y el agua sus principales bases para el ejercicio de la soberanía alimentaria. Si bien, la central hidroeléctrica que se plantea construir generaría electricidad en un contexto en que se promociona la hidroenergía como “limpia” y “sustentable”, también es cierto que no se permite ampliar el debate considerando los impactos sociales y ambientales que traen estos proyectos para las comunidades a las que se les priva del acceso al agua por las concesiones de caudales en las cuencas hidrográficas, el desvió de ríos, y la construcción de infraestructura en los territorios campesinos. En este contexto, se quiebran las lógicas locales de colaboración y trabajo agrícola durante las siembras y cosechas, y para el cuidado y mantenimiento de las fincas. En este sentido la Constitución del Ecuador establece en su art. 33 que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, el mismo que es fuente de realización personal y base de la economía de la sociedad. Además se garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. En este mismo orden de ideas el Art. 6.1 del PIDESC y el Art. 6.1 del Protocolo de San Salvador, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, señalan que los Estados reconocen el derecho a trabajar, el cual comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, el mismo que estará garantizado por el Estado. Si bien no existe una normativa vinculante para los Estados en relación a los derechos de los campesinos y las campesinas es importante traer a colación las Directrices voluntarias de la FAO sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional donde se manifiesta en la directriz número 2.4 que los Estados deben garantizar los DESC a más de los derechos civiles y políticos. También el proyecto de Declaración de los derechos de las Campesinas y Campesinos en su Art. 1 establece que una característica de las campesinas y campesinos es que trabajan la tierra por sí mismos y que dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo. De igual manera el Art. 4.2 recalca que las campesinas y los campesinos tienen derecho a trabajar su propia tierra y a obtener productos agrícolas, criar ganado, cazar, recolectar y pescar en sus territorios. La Observación General No. 18 del Comité DESC de las Naciones Unidas establece que el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para vivir con dignidad. En el presente caso, al generar el Estado condiciones que obligan a los campesinos de San Pablo de Amalí a dejar sus tierras, que son su fuente de trabajo, a causa de la construcción del proyecto hidroeléctrico que dañará fincas y viviendas y dejará sin agua a miles de familias a lo largo de la cuenca, está vulnerando otros derechos económicos, sociales y culturales. Al limitar el Estado el derecho a la tierra y el agua, influye directamente en una vulneración en el derecho al trabajo de la comunidad, provocando su indefensión, forzándoles a emigrar y a escoger un trabajo distinto a su identidad campesina.
 LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN RIESGO La tierra constituye un espacio geográfico donde se desarrolla la vida, las actividades agropecuarias, forestales, en base a las relaciones culturales, sociales, materiales, ambientales y espirituales. Este complejo entramado no sería posible sin el agua, por eso acceder a él constituye
 un derecho humano fundamental e irrenunciable25 La concesión por parte del Estado ecuatoriano del uso del agua para la producción de energía eléctrica desde una visión de sectores estratégicos, como ocurre en lo concerniente al Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo,26 violenta varios derechos humanos fundamentales de las más de 70 comunidades ubicadas a lo largo de las 39,500 hectáreas (395 Km2) que abarca la microcuenca del río Dulcepamba. Entre otros, se violenta el derecho a la propiedad privada de la tierra 27, en la que las comunidades desarrollan sus actividades agropecuarias, cuidan celosamente el ambiente, obteniendo los medios para la subsistencia, entre ellos la alimentación 28, educación y capacitación, salud, vestimenta, actividades deportivas y recreativas, movilidad, implementación de servicios básicos que las instituciones del Estado no proveen adecuadamente, es decir todas aquellas destinadas a garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir. Las familias campesinas vienen produciendo en el marco del respeto a la pachamama, una variedad de cultivos de ciclo corto y permanentes, tales como: una gran variedad de frutales, a más de plátano, yuca, maíz, ganadería, aves de corral, entre otros, que sirven para la alimentación de las familias y el mercado, obteniendo los recursos para la subsistencia. Al privárseles del líquido vital dejarían de contar con un elemento fundamental para hacer parir la tierra y producir para garantizar la soberanía alimentaria 29 . A la empresa Hidrotambo S.A. nada le importa que la Constitución de la República prohíbe expresamente la confiscación30 al extremo que, sin preceder el pago, previa justa valoración e indemnización de las tierras expropiadas, conforme manda la ley, violentando las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica, ha emprendido, utilizando maquinaria pesada como enormes retro excavadoras y tractores, a realizar labores de desbroce de la vegetación y el bosque nativo, haciendo remoción de tierras que pone en riesgo viviendas de los pobladores, atentando gravemente al ambiente. A la afectación de las comunidades ubicadas aguas arriba por el despojo del agua, dentro de las coordenadas de intervención del proyecto en su conjunto 31 también se verán afectadas las comunidades asentadas en el sector por donde se construyan las obras para el desvío del caudal 25
 Art. 12, Constitución de la República del Ecuador:. “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” 26
 Proyecto hidroeléctrico denominado San José del Tambo es un proyecto de iniciativa privada que obtiene la concesión del 90% del caudal de agua de la cuenca hidrográfica del Río Dulcepamba. 27
 Art. 321, Constitución de la República del Ecuador: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental“ 28
 Art. 13, Constitución de la República del Ecuador: -“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.” 29
 Art. 281, Constitución de la República del Ecuador: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente...” 30
 Art. 323, Constitución de la República: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.” 31
 Hidrotambo S.A. recibió como concesión un caudal ecológico de 196 Lts/Seg, de toda la Cuenca Hidrográfica, que tienen una extensión de 395 Km2 (39.500 has), con un plazo no especificado.
 del río Dulcepamba a lo largo de casi 4 kilómetros32. La protección del suelo y el agua que contempla la Soberanía Alimentaria, uno de los avances importantes de la Asamblea Constituyente de Montecristi, significa también una extraordinaria protección a campesinos y campesinas y a la población consumidora, lo que debe ser normado por la legislación secundaria para su desarrollo pleno. No obstante, la Ley de Aguas quedó detenida en la Asamblea Nacional por no ser prioridad del régimen, la Ley de Tierras33 y Territorios que se debatía en esa función del Estado ha quedado también detenida; mientras a pretexto de la soberanía energética, se otorga la concesión del uso de agua a la empresa Hidrotambo S.A.34 violentando los derechos constitucionales. Estas tierras, dadas la variedad de sus usos y cultivos, dedicadas a la producción agropecuaria, pastoreo y cuidado del bosque, históricamente vienen garantizando la soberanía alimentaria 35 de las comunidades que tienen asentamiento en la zona, aprovechando el agua que proviene del río Dulcepamba y otros afluentes para riego, uso humano y animal, no hacen más que dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza y el buen vivir. Sin bien al agua es un derecho humano fundamental, no puede ser vista como un negocio, una mercancía, objeto de la especulación capitalista; es un bien nacional estratégico36 en beneficio de las actuales y futuras generaciones, esencial para la vida de todas las especies que, en el caso que nos ocupa se estarían contraviniendo estos principios que constituyen verdaderos avances en términos constitucionales. Son tierras donde las comunidades vienen haciendo cumplir la función social y ambiental 37 y el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar. Si la concesión del uso del agua del río Dulcepamba y sus afluentes otorgada por el Estado a favor de la compañía Hidrotambo S.A. afecta a las poblaciones que habitan en las tierras dentro de las áreas de influencia que contempla el proyecto 38, más aún si se les niega el derecho a tener concesiones para el uso del caudal 32
 Los impactos que se prevén se están sintiendo especialmente en el sector de captación en San Pablo de Amalí, donde se realizarán las obras de conducción, tanque de presión, tubería de presión, casa de máquinas, reservorio y canal de restitución o descarga de las aguas turbinadas. 33
 “Art. 71, Constitución de la República del Ecuador: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza...” 34 La concesión fue otorgada por la Agencia de Aguas de Guaranda, -del Consejo Nacional de Recursos Hídricos – CNRH- mediante resolución del 12 de noviembre del 2003. 35 Art. 281 de la Constitución Política de la República del Ecuador: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.....” 36 Art. 313, inciso 3 de la Constitución de la República del Ecuador: “...Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. “ 37 Art. 6, Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: “El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la función social y ambiental. La función social de la tierra implica la generación de empleo, la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. La función ambiental de la tierra implica que ésta procure la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas; que permita la conservación y manejo integral de cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques, ecosistemas frágiles como humedales, páramos y manglares, que respete los derechos de la naturaleza y del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del entorno y del paisaje ...” 38 Art. 12. Constitución de la República del Ecuador: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”
 necesario para sus necesidades de producción y para la propia vida, restringiéndoles un derecho humano fundamental e irrenunciable garantizado por nuestra Constitución y Convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Si bien no debe ponerse en riesgo la soberanía alimentaria o el equilibrio ecológico, siendo el agua un patrimonio nacional estratégico, vital para la naturaleza y la existencia de los seres humanos, siendo además prohibida toda forma de privatización, y estando establecido el orden de prelación en el uso del agua, que otorga el primer lugar para consumo humano, 39 en el caso de San Pablo de Amalí se ignoran estos derechos, privilegiando otros intereses en marcada contradicción con las normas de la Constitución.
 Art. 318, inciso 4, Constitución de la República del Ecuador: “...los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas,..”
 2.3. VIOLACIONES AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
 Movilización en Quito de San Pablo de Amalí pidiendo audiencia con la Presidencia de la República (2012)
 DESARROLLO NORMATIVO INTERNACIONAL DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN TEMAS AMBIENTALES El momento inicial en que el derecho al medio ambiente se desarrolla en el plano internacional sería con la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, que en su principio primero establece que el ser humano tiene el derecho fundamental “al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. Este
 reconocimiento es previo a la incorporación de este derecho a las constituciones estatales, lo que muestra el carácter pionero que tiene el Derecho internacional público tiene en esta materia. Posteriormente, el derecho al medio ambiente será acogido en documentos de carácter regional, como es el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este reconocimiento, unido a su progresiva constitucionalización, se proyectará en el contenido de la Declaración de Río, cuya expresión más relevante es la configuración del medio ambiente como un derecho y la específica referencia a la dimensión procedimental del derecho, aludiendo tanto al derecho a la información, como a la legitimación procesal y a la participación en la toma de decisiones, lo que refuerza los argumentos de aquéllos que defienden la posibilidad de articular una auténtica exigibilidad jurídica para dicho derecho. En cuanto al derecho a la participación, la Declaración de Estocolmo de 1972, en el principio 23 establece lo siguiente: “Todas las personas, de acuerdo con su legislación nacional, tendrán la oportunidad de participar, individualmente o con otras, en la adopción de decisiones que tengan implicación directa en el medio ambiente y en el acceso a los medios de corrección cuando su medio ambiente haya sufrido daño o degradación” En este mismo sentido, la Declaración de Río, en el principio 10 proclama: “El mejor medio de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos... En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, en éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Otro principio aportado por el derecho internacional es el “deber de información y consulta previa respecto de las actividades que puedan causar impacto, lo que acarrea la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental”, principio formulado en la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, que además en el apartado 23 señala: “Toda persona, de conformidad con la legislación nacional tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización”.
 EL DERECHO A LA CONSULTA EN EL ECUADOR En el Ecuador, desde 1998 se reconocen dos tipos de consulta. Una, referida a la consulta previa, libre e informada como derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades indígenas, para el caso de medidas normativas o administrativas que los afecten. Otra, relacionada con la consulta ambiental como derecho difuso de todas las personas, con la finalidad de contar previamente con los criterios de la comunidad sobre toda decisión estatal que pueda afectar el ambiente. La Constitución de 2008 incluye algunos avances en cuanto a la ampliación de derechos individuales y colectivos, como es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y la declaratoria del Estado plurinacional. Se ratifica el derecho de consulta previa frente a proyectos de explotación de recursos naturales no renovables en territorios de pueblos y nacionalidades y el
 derecho de consulta como derecho ambiental para toda la población. La consulta previa libre e informada es una forma de participación ciudadana, por tanto constituye un derecho que puede ser ejercido por cualquier ciudadano, y su instrumentalización constituye el mecanismo garante de la exigibilidad de los derechos ambientales en los procesos o proyectos impulsados por instituciones del Estado o empresas concesionarias que puedan afectar al medio ambiente. La consulta, según Gutiérrez Rivas, es “una herramienta jurídica diseñada con la intención de frenar la discrecionalidad y arbitrariedad que ha caracterizado la intervención del Estado y de las empresas en zonas indígenas, y al mismo tiempo asegurar que las comunidades puedan emitir su opinión y formar parte de los procesos estatales de toma de decisiones y elegir sus propias prioridades en lo que se refiere a su desarrollo.” Ahora bien, para que la consulta previa, libre e informada se efectivice en la práctica es necesario que este derecho sea visto de forma integral y atendiendo la unidad sistémica del texto constitucional así como el estatus de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por integralidad de la Constitución se entiende la necesidad de que el derecho de consulta previa sea interpretado en relación con el conjunto de los derechos colectivos y, más ampliamente, con el resto de derechos reconocidos en la Constitución de tal manera que el derecho de consulta previa no sea entendido sólo como una norma procedimental y de información sino como parte del catálogo de derechos fundamentales, íntimamente ligado con la consecución del régimen del buen vivir o sumak kawsay y el carácter plurinacional e intercultural del Estado. La importancia de los instrumentos internacionales para el ejercicio de derechos está reconocida por la Constitución y forman parte del ordenamiento jurídico nacional (art. 11, num. 3 y 426), con prevalencia sobre cualquier otra norma jurídica o decisión del poder público; en este sentido la Constitución manifiesta que cualquier duda o conflicto deberá resolverse respetando la preeminencia del marco constitucional y los instrumentos internacionales (art. 424 y 425) de manera que la consulta previa como parte del conjunto de derechos individuales y colectivos debe ajustarse a los términos señalados en la Constitución y los pactos y convenios internacionales ratificados por el Estado.40
 DERECHO A LA CONSULTA AMBIENTAL GENERAL Como ya se mencionó, el derecho a la participación y consulta ambiental general fue incorporado en el artículo 88 de la Constitución del Ecuador de 1998, y posteriormente se reafirma en la actual Constitución que en su artículo 398 señala: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado... El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos...” En cuanto a la regulación de este derecho en la normativa secundaria, la Ley de Gestión Ambiental, (en lo posterior LGA), expedida en julio de 1999 41, constituye el primer paso para regular el derecho a la consulta ambiental para todas las actividades que provoquen impactos en el ambiente. El Art. 28 de esta ley dispone que Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental..., entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 40
 La comunidad de San Pablo de Amali es filial a la organización indígena ECUARUNARI
 Publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999, fue codificada y nuevamente publicada en el Registro Oficial No. 418, suplemento, de 10 de septiembre de 2004, y sigue vigente hasta la actualidad.
 asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. Así también el Art. 29 del mismo cuerpo legal indica: Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. Lo más relevante en estos artículos son los efectos jurídicos de la inobservancia de este derecho, la inejecutabilidad de la actividad de que se trate y la nulidad de los contratos respectivos. Es importante mencionar que el desarrollo normativo referente a la consulta ambiental no se ha caracterizado por ser un mecanismo adecuado de consulta y participación con el fin de llegar a un acuerdo, por el contrario se ha estipulado una serie de reglamentos en diferentes materias para limitar este derecho: en 2001 se promulgó el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas (D.E. 1215) que menciona la necesidad de consulta para proyectos del sector. En 2002 se expidió el Reglamento de Consulta de Actividades Hidrocarburíferas (D.E. 3401). En materia de electricidad, en agosto de 2001 se expidió el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas42. que regulaba la participación previa la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al establecer que se incorporarán los criterios de la población afectada siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. En marzo de 2003 se expide el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) que establece el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 43 para regular el procedimiento de consulta ambiental previo a la aprobación de los EIA para toda actividad que ocasione impactos ambientales. En el Art. 20 del Libro VI se señala igualmente que los criterios de la población afectada serán tomados en cuenta siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. En el año 2006 se expide el Reglamento al Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental (LGA)sobre la Participación Ciudadana y la Consulta Previa.44 La normativa secundaria deja ver claramente el sometimiento del principio de la consulta previa -como derecho colectivo- a la consulta -como derecho ambiental general- y por tanto, la sustancial restricción al ejercicio del primero.
 EL DECRETO 1040 En el actual gobierno, en abril de 2008, se expide el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la LGA 45 .Este reglamento elimina la consulta previa de 42
 Decreto Ejecutivo No. 1761, publicado en el Registro Oficial No. 396 de 23 de agosto de 2001. El Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008 derogó el Art. 21 de este reglamento relativo a participación ciudadana. 43 Texto Unificado de la Legislación Ambiental, Libro VI. Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003. El Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008 derogó el literal a) del Art. 20 del Libro Vi del SUMA relativo a los momentos de la consulta ambiental. 44
 Decreto Ejecutivo No. 1897, publicado en el Registro Oficial No. 380 de 19 de octubre de 2006. Fue derogado por el Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008. 45 Decreto Ejecutivo No. 1040 de 22 de abril de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008.
 pre-ejecución, limitándola a considerar e incorporar los criterios de la comunidad previo a la aprobación de los EIA y planes de manejo ambiental. El sujeto consultante es la autoridad ambiental competente. El sujeto consultado es la comunidad ubicada en el área de influencia de los proyectos que provoquen riesgo ambiental. Se determina que si en el proceso de consulta los sujetos de participación social no ejercen su derecho habiendo sido convocados o se opongan a su realización, esto no constituye causal de nulidad del proceso de consulta ni suspende la continuación del mismo. Respecto al resultado de la consulta recalca lo ya señalado en normas anteriores referente a que la consideración e incorporación de los criterios emitidos por los sujetos consultados se hará siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. Como efecto de la consulta se dispone que de existir oposición social a la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, esta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad competente insista en su realización, es decir, podrá llevarse a cabo si la autoridad así lo decide.
 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, la Asamblea Nacional expidió en abril de 2010 la Ley Orgánica de Participación Ciudadana46 que regula la consulta ambiental general y la consulta previa, libre e informada como derecho colectivo. En relación a la primera, se plantea que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada por el Estado a la comunidad. Sobre la segunda modalidad de consulta, esta ley reconoce el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, y a los pueblos afroecuatoriano y montubio, respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, y que provoquen perjuicios sociales, culturales y ambientales. En este ámbito, si de los procesos de consulta deriva una oposición mayoritaria de la comunidad consultada, “la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente.”47
 VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA POR PARTE DE HIDROTAMBO Luego de analizar el alcance del derecho a la consulta reconocido en los instrumentos internacionales y en nuestra legislación es necesario demostrar cómo la compañía Hidrotambo S.A. ha violentado el derecho a la participación y consulta de la población de San Pablo de Amalí y demás comunidades del sector. El Consejo Nacional de Electricidad CONELEC mediante resolución N.° DE- 05-016 de fecha 30 de septiembre de 2005, publicada en el Registro Oficial N.° 138 del 4 de noviembre de 2005, concede licencia ambiental N.°004-05 para la construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo a ubicarse entre la parroquia San José del Tambo y el Recinto San Pablo de Amalí, catón Chillanes, provincia de Bolívar, a favor de la compañía Hidrotambo S.A. A la fecha de expedición de la licencia ambiental, se encontraba vigente la Constitución Política de 46.
 Publicada en el Registro Oficial No. 175, suplemento, de 20 de abril de 2010. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 83
 la República del Ecuador de 1998, que en el artículo 88 reconoce el derecho de participación de la comunidad en decisiones estatales que pudieran afectar su medio ambiente y la obligación de “contar previamente con los criterios de la comunidad”, la que sería “debidamente informada”. Este derecho se lo regula en la Ley de Gestión Ambiental, vigente desde 1999, que establece que toda persona natural o jurídica debe participar en los procesos de gestión ambiental a través de consultas y audiencias públicas.48 Más aun, la Ley establece que el incumplimiento de la consulta ambiental “tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos”. Esta ley también obliga a la instituciones del Estado a “Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales49”; así como a “garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente50”. En concordancia con el precepto constitucional y la reglamentación secundaria en el sector eléctrico, se expide el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas (RAAE) que en el artículo 21 prescribe: “Participación ciudadana.- Previo a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental EIA se tomará en consideración e incorporarán los criterios de la ciudadanía, en especial de la población que podría ser directamente afectada o beneficiada, en cumplimiento del Art. 88 de la CPR y el Artículo 28 de la LGA. Para el efecto el titular del proyecto facilitará el acceso al estudio respectivo, promoverá su difusión y conducirá audiencias públicas u otros mecanismos de información y recolección de criterios, cuyas actas se incorporarán al EIA correspondiente. Las audiencias deberán contar con la participación de un delegado del CONELEC y del Ministerio del Ambiente y serán realizadas de acuerdo al procedimiento que establezca el CONELEC mediante la regulación pertinente. Se incorporarán los criterios de la ciudadanía siempre que ellos sean económicamente viables y que redunden en una mejora de las condiciones ambientales para la implementación del proyecto”. En consecuencia la expedición por parte del CONELEC de la Licencia que permite la construcción de la central Hidroeléctrica San José del Tambo nunca fue debidamente consultada con la Comunidad de San Pablo de Amalí de conformidad con la Constitución y la normativa que garantiza este derecho a las comunidades afectadas por la incidencia del proyecto, la misma que tampoco conoció en debida forma el EIA, el Plan de Manejo Ambiental y los impactos derivados de la ejecución del proyecto. Es decir el Estado omitió su obligación de consultar a las poblaciones afectadas y recoger sus criterios previamente a la toma de decisiones que pueden afectar el ambiente, en flagrante vulneración del artículo 88 de la Constitución de 1998, en vigencia a la época de concesión de este proyecto hidroeléctrico, y del Art. 12, 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental y Articulo 21 del RAAE. Como se puede ver, la exigencia de comunidades y pueblos para que se respete su derecho a ser consultados está presente en aquellos proyectos energéticos y extractivos a gran escala donde el ejecutivo tiene marcado interés para ejecutarlos sin tomar en cuenta las graves consecuencias ambientales, sociales y culturales que implican para las comunidades afectadas. Del análisis del caso de San Pablo de Amalí se concluye la tendencia a consultar decisiones 48 49. 50
 Art. 28 de la Ley de Gestión Ambiental. Art. 12, lit. f) de la LGA Art. 12, lit. f) de la LGA
 tomadas de forma unilateral por parte del Estado, lo cual desvirtúa el principio de consulta previa restringiéndolo a un mero proceso de información. De manera que la delimitación de áreas de concesión, los estudios técnicos, la formulación de programas de exploración y explotación y los procesos de licitación fueron decisiones tomadas por los actores estatales junto con la empresa. Irónicamente la consulta previa se efectuó en la fase final de ese proceso, si se considera que la consulta a las comunidades ocurre después de la firma del contrato con la empresa encargada de la ejecución del proyecto hidroeléctrico. Peor aún, esta consulta tardía se desarrolla en otras localidades y no con las comunidades directamente afectadas, es decir no contó con la participación y criterio de las personas afectadas así como en la presunta acta de participación ciudadana de fecha 16 noviembre del 2004 no contaron con la presencia de los delegados del CONELEC ni del Ministerio del Ambiente y no hay registro de firmas de estos funcionarios en la citada acta, violentando el artículo 21 del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas. Lo efectuado por Hidrotambo S.A. permite señalar que se ha convertido en una práctica generalizada que las autoridades públicas crean que el derecho a la consulta previa se desarrolla como proceso informativo y formalidad administrativa, por cuanto las autoridades estatales asumen que la entrega de información del proyecto y los registros que avalen su recepción son suficientes para considerar como cumplido un proceso de consulta previa. Lo dicho se evidencia en el presente caso. Según las normas del CONELEC y la LGA determinaron que en el Estudio de Impacto Ambiental se deben incorporar las informaciones y comentarios recibidas en el proceso de socialización con los diferentes actores sociales. Sin embargo el proceso de socialización con San Pablo de Amalí que por derecho les correspondía nunca fue efectuado y en su lugar se entregaron las actas de audiencias públicas del EIA realizadas en localidades distintas a la zona de incidencia del proyecto y con otros actores sociales, sin una real participación de las comunidades afectadas, hecho que no es tomado en cuenta por las autoridades encargadas de verificar los procesos de licenciamiento y aprobación de los EIA. Es importante revisar la sentencia 0761-2004-RA del año 2005 del Tribunal Constitucional en relación a la participación social en la gestión ambiental que señala lo siguiente: “Una correcta y legítima gestión pública ambiental está integrada por las acciones gubernamentales y ciudadanas orientadas al desarrollo sustentable. La consulta pública es otro de los aspectos importantes vinculados al manejo ambiental. La participación de la población debe expresarse en las diferentes etapas de este manejo, esto es, en la planificación, en la elaboración normativa, en el desarrollo de estudios de impacto ambiental, en la vigilancia y legitimidad procesal. La participación debe estar habilitada para accionar diferentes demandas ante las instancias administrativas y judiciales” La problemática sobre los mecanismos implementados para el desarrollo de procesos de consulta previa, libre e informada está relacionada con los principios y características del derecho de participación y los principios de interculturalidad que favorezcan a los pueblos y comunidades consultados. En especial si se tiene en cuenta que las garantías para el ejercicio de este derecho deben verificarse y concretarse en los pasos y recursos que se utilicen para su aplicación. En relación al tema que nos ocupa, es importante resaltar que la Comisión Interamericana dictó una medida cautelar para las comunidades de la cuenca del Río Xingú, en el estado brasileño de Pará, en la que solicita al gobierno de Brasil suspender de inmediato el proceso de licenciamiento y construcción de la mega represa hidroeléctrica Belo Monte, debido a que no hubo un proceso adecuado de consulta a las comunidades afectadas, se pone en peligro la vida e integridad de las comunidades de esa cuenca, entre ellas, comunidades en aislamiento voluntario, requiriendo al Estado que en el plazo de 15 días informe sobre el cumplimiento de la resolución y en lo medular exige al gobierno el cumplimiento de 4 requisitos antes de iniciar cualquier obra relacionada a la construcción de la represa.
 1.- Realizar procesos de consulta previa, libre e informada que sean culturalmente adecuadas, cuyo objetivo sea llegar a un acuerdo, con cada una de las comunidades beneficiarias de la medida cautelar. 2.- Garantizar de forma previa la realización de consultas, el acceso de las comunidades a los Estudios de Impacto Ambiental y Social del proyecto, en un formato accesible en cuanto al contenido, y traducidos a los respectivos idiomas indígenas. El 8 de marzo de 2012, luego de 4 años que el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo fuera suspendido, el CONELEC suscribe un nuevo “Contrato de Permiso de Generación para la construcción, instalación y operación del Proyecto Hidroeléctrico San José del Tambo” que modifica únicamente la figura de Autogeneración que constaba en el contrato original por la de generación. Según la información proporcionada por miembros de la comunidad, el día sábado 24 de marzo de 2012, el Director Ejecutivo del CONELEC, varios representantes del la empresa Hidrotambo, acompañados de más de 30 personas de comunidades distintas a la comunidad ingresan con protección policial al recinto San Pablo de Amalí con el objetivo de entregar los documentos relacionados al actual contrato de generación eléctrica. Esta reunión se realiza sin la participación de los actores locales de San Pablo de Amalí que son los directamente afectados por el proyecto; sólo participan personas pertenecientes a otros sectores, que apoyaban la iniciativa de la empresa y ofenden a la comunidad. Para que un proceso de consulta sea considerado tal, necesita cumplir ciertos requisitos, que no se dieron. Es decir que en este nuevo proceso de legalización del contrato entre el Estado y la empresa Hidrotambo, nuevamente se pretende violentar el derecho a la participación y consulta de la comunidad de San Pablo de Amalí, transgrediendo disposiciones establecidas en el Artículo 398 de la Constitución vigente y de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social que reconoce el derecho a la gestión ambiental de las comunidades. En el caso que nos ocupa vemos que no existe una verdadera voluntad política por parte de las autoridades competentes para realizar un verdadero proceso de participación y consulta con la comunidad de San Pablo de Amalí. La consulta se realiza de forma unilateral luego que se firmara por segunda vez un convenio de generación eléctrica entre el Estado y la Empresa Hidrotambo, donde se verifican una serie de irregularidades y cuando la decisión del Estado para desarrollar el proyecto ya está tomada. Nuevamente, se realiza un supuesto proceso de socialización, con actores distintos a los afectados51 sin contar con la real participación de la comunidad, restringiendo este proceso a una mera entrega de información a fin de cumplir con un requerimiento formal para la ejecución del proyecto hidroeléctrico. Los criterios de la comunidad no son vinculantes; no se busca recabar su consentimiento, puesto que dichos criterios serán tomados en cuenta siempre y cuando sean técnica y económicamente viables, prevaleciendo el interés económico de los gobiernos y empresas en desmedro de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
 Ver anexo 6.
 2.5. VIOLACIONES AL DERECHO A LA RESISTENCIA (CRIMINALIZACIÓN)
 La presencia policial en San Pablo de Amalí ha sido permanente desde marzo de 2012
 “En la actualidad, una de las causas sociales más importantes mediante la cual los pueblos campesinos y ancestrales (indígenas, montubios, afroecuatorianos) del país se expresan, es la defensa de sus territorios y recursos naturales frente a las actividades extractivas y otras ambientales no sustentables ni socialmente equitativas”52 52
 CEDHU, INREDH, ACCION ECOLOGICA, Personas Criminalizadas y Víctimas de Violencia a Causa de la Defensa de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Petición de Amnistía, febrero del 2008, Pág. 3.35
 Los pobladores de San Pablo de Amalí, inmersos en la defensa de sus territorios y otros derechos constitucionales afectados por la construcción de la hidroeléctrica han ejercido el derecho a la Resistencia que se encuentra establecida en el Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.” (subrayado es nuestro)
 De acuerdo con lo señalado por Wilton Guaranda, el derecho a la Resistencia “...en su significado actual, puede ser entendido como aquella garantía, en virtud de la cual los ciudadanos pueden tomar medidas de presión, en sí mismas no violentas, que tiendan a restaurar la plenitud del ejercicio de los Derechos Humanos cuando las garantías institucionales resultan insuficientes o inaplicables53” Amparados en este derecho, los pobladores de San Pablo de Amalí y otras comunidades han realizado acciones y medidas de presión, tendientes a defender y proteger sus derechos constitucionales que han sido vulnerados, con el fin de ser escuchados y hacer válidos sus derechos y no quedar en la indefensión. La Comisión Interamericana en su Informe sobre Defensores de Derechos Humanos del año 2006, realizó recomendaciones a los Estados de América para “...asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipularan el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentren dedicados a actividades legitimas como es el caso de las defensoras y defensores de derechos humanos.” Los Estados partes deben propender a que el acceso a la justicia no sea utilizado como un medio de persecución y represión en contra de quienes ejercen una defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Muy ligado al derecho a la Resistencia está el reconocimiento de las formas organizativas para incidir en las decisiones y políticas públicas como parte de un Estado democrático, conforme lo señala el Art. 96 de la Constitución que establece: “Se reconoce a todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.” Por tanto, es legítimo y constitucional que la comunidad de San Pablo de Amalí y otras comunidades de la zona en forma colectiva y organizada realicen marchas, reuniones, asambleas, pronunciamientos, denuncias, defensa activa de sus fincas, en rechazo de la construcción de la central hidroeléctrica San José del Tambo, y defender el ejercicio de otros derechos 53
 Guaranda Mendoza Wilton, Nuevas Instituciones del Derecho Constitucional Ecuatoriano. La Consulta Previa y el Derecho a la resistencia. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, serie investigación No 14, Julio de 2009, Pág. 146.
 constitucionales como el derecho humano al agua (Art. 12), derecho a la alimentación (Art. 13), derecho al ambiente sano (Art. 14), sin embargo está siendo objeto de agresiones, maltratos y judicialización. Además la comunidad San Pablo de Amalí ha hecho uso del derecho a la Resistencia para cumplir con sus deberes y responsabilidades establecidos en el Artículo 83 numerales 3, 5, 6, 7: 3. Defender la territorialidad del Ecuador y sus recursos naturales. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir.
 NATURALEZA POLÍTICA DE LOS ACTOS DE RESISTENCIA Miembros de la comunidad San Pablo de Amalí fueron parte de las amnistías otorgadas por la Asamblea Constituyente, el 14 de marzo y 22 de julio del 2008, debido a que el Estado ecuatoriano reconoció su labor en defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, pues sus acciones fueron asimiladas como actos políticos “...en la medida en que se orientan al bien público, aunque quienes los enfrentan los combaten caracterizándolos como delictivos...” y por tanto susceptibles de amnistía (ANEXOS 3 Y 4). Al referirse a las actuaciones de los defensores de Derechos Humanos la Asamblea analizó que “En suma, los actos de resistencia de la comunidad son actos esencialmente de interés público, es decir políticos, cuya finalidad es el bienestar del colectivo que se revela, sin espacio de la imputación de los delitos comunes. Procede por lo tanto disponer una amnistía general a favor de todas las personas criminalizadas por su participación en la resistencia, por tratarse en realidad de delitos políticos, tal como la doctrina nacional e internacional los concibe.54” Por esta razón se extinguieron todos los procesos penales iniciados en contra de líderes, dirigentes y miembros de San Pablo de Amalí, pues la amnistía significa olvido, por tanto la figura jurídica extingue una acción penal y la pena establecida. La facultad que tiene la Asamblea Nacional para otorgar amnistía se encuentra reconocida expresamente en el Art. 120, numeral 13: “Art. 13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.” A mediados del año 2012, el ingreso de maquinaria de Hidrotambo S.A. a la comunidad con el apoyo de la Policía Nacional , produjo una serie de agresiones violentas contra las familias -incluyendo niños, niñas, adultos mayores, personas con capacidades especiales- que haciendo nuevamente el ejercicio del Derecho a la Resistencia, rechazaron tales medidas desencadenándose un proceso de criminalización que incluye requisas a los domicilios de dirigentes y líderes de San Pablo de Amalí, detenciones arbitrarias, entre otros Socorro R. Galeas G. y Cristóbal D. Galeas G. (persona discapacitada) judicializaciones que obligaron a dos líderes a abandonar sus tierras como medida de protección de sus vidas. Esta actividad legítima de Resistir como se destacó con anterioridad ya fue considerada por la 54
 Asamblea Constituyente, Informe Favorable para Amnistía, Ciudad Alfaro, Montecristi 11 de marzo del 2008.
 Asamblea como un hecho político como parte del derecho a la Resistencia sin embargo, líderes de la comunidad como Manuel Trujillo, Presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí, y mujeres como Manuela Pacheco, han sido objeto una vez más de persecución, hostigamiento y judicialización, poniendo bajo amenaza la vida e integridad física de los defensores y sus familias, limitando de esta forma el ejercicio de la defensa de los derechos de las personas y de la Naturaleza como se describe en las paginas siguientes. “...acciones (de resistencia) que se enmarcan dentro de procesos políticos en las cuales comunidades y pobladores cuestionan determinadas intervenciones y buscan transparentar las actuaciones del poder público” Los actos de resistencia realizados por la comunidad son actos esencialmente políticos, cuya finalidad es el bienestar del colectivo que se rebela, sin espacio para la imputación pervertida de los delitos políticos55”
 JUDICIALIZACIÓN DE LOS CASOS Amenazas a la vida e integridad física de los defensores y defensoras y sus familias. La Policía Nacional como actor principal en la criminalización Como se ha argumentado a lo largo de este informe, los procesos de criminalización que sufren los pobladores de San Pablo de Amalí son propiciados por los actores que impulsan el proyecto: la empresa a través de sus empleados y trabajadores, y el Estado mediante funcionarios públicos, representantes de ministerios, secretarías, gobiernos seccionales -como CONELEC, Ministerio del Interior, Gobernación y otros- además de administradores de justicia (jueces, fiscalía, tenencia política, comisaría, etc.) y los miembros de la fuerza pública. Se puede hablar de dos momentos en el proceso de criminalización, el primero entre 2005-2007, cuando se inician los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica y se presentan denuncias judiciales contra dirigentes y miembros de la comunidad, principalmente por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; además del Alcalde de Chillanes de ese entonces, Rolando Colina, y miembros de la policía del Comando Provincial de Bolívar. Se llegó a presentar contra una misma persona más de 10 denuncias en la fiscalía principalmente por terrorismo y sabotaje. Esta medida fue un medio de represión y hostigamiento en contra de los habitantes de la Comunidad de San Pablo de Amalí, la misma que se logró resolver temporalmente por las amnistías otorgadas por la Asamblea Constituyente en el 2008.56 El segundo momento se inició a principios de 2012 y se mantiene hasta la fecha de elaboración de este informe, hecho que permite confirmar que se repite el mismo patrón de agresión, hostigamiento, persecución, detenciones arbitrarias y judicialización a los miembros de la comunidad, especialmente a aquellos que han sido identificados como líderes. En este período el rol del Estado es más activo pues se destaca su total apoyo a la construcción de la Hidroeléctrica San José del Tambo, así por ejemplo funcionarios de los Ministerios del Interior, Agricultura, Inclusión Social, de la Gobernación y de Conelec, llegan a la comunidad San Pablo de Amalí para promocionar expresamente el proyecto57. 55
 CEDHU, INREDH, ACCION ECOLOGICA, Personas Criminalizadas y Víctimas de Violencia a Causa de la Defensa de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Petición de Amnistía, febrero del 2008, Pag.9. 56 Ver anexos 3; 4 57 Carta enviada el 4 de mayo de 2012 por la organización de San Pablo de Amalí al Presidente R. Correa, en la que refieren la presencia de “Francisco Vergara, director Ejecutivo del CONELEC, interino, él personalmente con otros funcionarios de dicho organismo del Estado y representantes de la compañía Privada denominada HIDROTAMBO SA, están retomando el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo...”
 A ello se suma que la Policía Nacional otorga apoyo permanente a la compañía Hidrotambo S.A, acompañando diariamente a los obreros, desplegando violencia para impedir cualquier acción de resistencia local y presentando denuncias ante la Fiscalía y Tenencia Política, a diferencia del primer periodo que fue exclusivamente ocupada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. A pesar de que el papel de la Policía es proteger el orden y la seguridad interna, y es la encargada de mediar incluso en casos de conflictos para que se mantenga un dialogo, en este caso su actuación ha sido la de protector de los intereses de la compañía Hidrotambo S.A. cometiendo actos que expresan el uso indebido o excesivo de la fuerza contra los defensores. Un ejemplo es el hecho sucedido el miércoles 27 de Junio del 2012. Socorro del Rocío y Danilo Cristóbal Galeas Gaibor, éste último discapacitado, fueron detenidos arbitrariamente en su domicilio por miembros de la Policía, por tratar de impedir que los trabajadores de Hidrotambo y la Policía ingresen a la propiedad de su padre en forma arbitraria y sin autorización, por lo que fueron esposados y detenidos por más de 24 horas sin formula de juicio; posteriormente fueron liberados al no existir ninguna demanda ni una orden judicial. (ANEXO 8)
 CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO, HOSTIGAMIENTO Y CONFLICTOS INTERNOS En muy común que se hagan campañas de desprestigio contra los líderes y dirigentes locales con la finalidad de que pierdan credibilidad ante su comunidad y provocar desmovilizarla. Un mecanismo empleado por las empresas o el Estado es presentar denuncias ante las autoridades más cercanas a la comunidad como es la Tenencia Política, la Intendencia, la Fiscalía, como un acto de hostigamiento a los defensores y defensoras. Así tenemos que varias denuncias fueron presentadas contra líderes, dirigentes y comuneros de San Pablo de Amalí a quienes no se les reconoce como defensores del agua y los derechos humanos sino catalogados como “opositores al Proyecto Hidrotambo”:
 Denunciante Autoridad Denunciado Ledesma Tenencia Política de la Eladio Fermín Galeas Arias Ledesma Parroquia de San José del Isaías Tambo, 4 junio del 2012 Francisco, trabajador de Hidrotambo Guapulema Tenencia Política de a Manuel Trujillo Secaira Galarza Parroquia de San José del Tambo, 26 de junio del 2012 Cecilia Tenencia Política de la Edison Trujillo Quito y Manuel Cornelio Jakeline Parroquia de San José del Trujillo Secaira Guamán Tambo, 28 de junio del LLamuco 2012
 Pachay Ponce Darwin Stalin, trabajador de la Empresa Hidrotambo (levantamient o topográfico) José Mino asistente de topografía en el Proyecto Hidrotambo David Wilson Chaquinga Orozco Galeas Gaibor Jesús Mesías Cecilia Jakeline Guaman Llamuco (esposo trabaja en la Hidrotambo) Herdoíza Burbano David Sebastián, trabajador de Hidrotambo
 Tenencia Política de la Parroquia de San José del Tambo, 29 de junio del 2012.
 Ramiro Trujillo Mena, Alcalde del Municipio del Cantón Chillanes, Edgar Zurita (Síndico del Municipio de Chillanes), Manuel Cornelio Trujillo Secaira, Elsa Bonilla, Socorro Galeas Gaibor, Manuela Pacheco Zapata, Vicente Pacheco, Regulo Quinatoa, Geovanny Quinatoa Estrella, Enerio, Marín Quinatoa y Elisa Guanulema y otros. Estuardo Pacheco Caiza
 Tenencia Política de la Parroquia de San José del Tambo, 2 de julio del 2012 Tenencia Política del a Parroquia de San José del Tambo, 9 de julio del 2012 Tenencia Política de la Parroquia de San José del Tambo, 30 de julio del 2012
 Manuel Cornelio Secaira, Ramiro Trujillo Mena, Manuela Pacheco Zapata y Gerardo Chaquinga Lara
 Tenencia Política de la Parroquia de San José del Tambo, 16 de agosto del 2012.
 Socorro Galeas y Danilo Galeas Gaibor
 Manuel Cornelio Secaira Luis Humberto Hernández Cayambe, Manuela Pacheco Zapata y Carlos Salazar Rosa Añamañay Tumailla y Manuela Pacheco Zapata
 Además de las denuncias que constan en la tabla anterior, el Teniente Político de S.J.T, Carlos Raúl Veloz Abril, con fecha 16 de Agosto del 2012, dirige el Oficio No. 113-T.P.S.J.T, al Lic. Ovidio Bayas Durán, Gobernador de la Provincia de Bolívar, a Manuel Trujillo y a Manuela Pacheco, para informarles que el 14 de agosto del 2012, se produjo una agresión entre los trabajadores de la Empresa Constructora ESEICO, la Policía Nacional que se encontraba bajo el mando del Mayor Roosevelt Albán y habitantes de la comunidad de San Pablo de Amalí, en su parte principal señala que “Nuestra posición ha sido de mantener y propiciar un ambiente de paz y tranquilidad, pero ya no ha sido posible conseguir este sano propósito; tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Es tiempo de que las Autoridades competentes apliquen la Ley ordenando las respectivas capturas para estos falsos dirigentes que están causando daño de incalculables consecuencias y lo paradójico es que siempre asoman como las víctimas.” (resaltado es nuestro) (ANEXO 13)
 Empleado de la compañía Hidrotambo utiliza una moto policial (2012, archivo de la comunidad) Según este texto las autoridades encargadas de propiciar la “paz y tranquilidad”, de forma inquisitiva solicitan que se aplique la ley, califican a los dirigentes de “falsos” sin tener un fundamento, evidenciando el hostigamiento y persecución del cual son objeto las y los defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza. En cuanto a los casos que constan en la Fiscalía, por encontrarse en etapa investigativa no se obtuvo mayor información, sin embargo destacamos dos casos que por su avanzado estado están en etapa de instrucción fiscal y por ende es información accesible al público.
 ACTOR 1) MAYOR ROOSEVEL T ALBÁN MORETA
 DENUNCIADO MANUEL CORNELIO TRUJILLO SECAIRA y MANUELA NARCISA PACHECO ZAPATA
 MANUEL CORNELIO TRUJILLO 2)MAYOR SECAIRA Y ROOSEVEL MANUELA T ALBÁN NARCISA MORETA PACHECO ZAPATA
 Autoridad Fiscalía: El Dr. Hernán Cherres Andagoya, Agente Fiscal del cantón Chillanes
 Estado del proceso Acusación Indagación Previa Presunta No. 2012-0029 Rebelión Corte Provincial de Justicia de Bolívar
 No. Causa: 2012Juez Ponente al 0201 Dr. Washington Primera Sala Penal, Bazantes Colusorio y Transito. Presunto Escobar Sabotaje Terrorismo
 Contra los denunciados MANUEL CORNELIO TRUJILLO SECAIRA y MANUELA NARCISA PACHECO ZAPATA se emitió orden de detención, por lo que para resguardar su vida e integridad debieron mantenerse por varias semanas en la clandestinidad, separados de sus familias y viviendo en una situación de incertidumbre hasta que se les revocó la orden de prisión preventiva por falta de pruebas para dicha medida.
 DENUNCIAS DE SABOTAJE A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LA NATURALEZA (Arts. 156 al 166 Código Penal) El delito de sabotaje y terrorismo es uno de los más utilizados en la persecución penal contra líderes, dirigentes y miembros de la comunidad de San Pablo de Amalí, por su actuación como defensores y defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza. Las diferentes acciones de resistencia local son interpretadas como actos de sabotaje y terrorismo, a partir de lo cual la Fiscalía busca reunir elementos que le permitan establecer la existencia del delito y la presunción de responsabilidad de los acusados. Manuel Trujillo Secaira y Manuela Pacheco, son acusados en forma reiterada porque han sido identificados como líderes del proceso de resistencia iniciado por San Pablo de Amalí y estigmatizados como “opositores al proyecto Hidrotambo.” Para que una conducta se subsuma en el tipo penal del sabotaje y terrorismo, son indispensables dos elementos: 1) la destrucción e interrupción de cualquier servicio público o privado y del proceso de producción; y, 2) la conducta dolosa dirigida a producir alarma colectiva. Si falta cualquiera de estos elementos no es posible determinar que se ha cometido el delito de sabotaje. En tal virtud, muchas veces una conducta podría equipararse a este tipo penal, sin embargo la sola falta del elemento subjetivo que contiene la intención dolosa de cometer el delito con fines de satisfacción estrictamente individual, torna inaplicable el delito de sabotaje y terrorismo. Es importante resaltar que si los administradores de justicia (sean fiscales, jueces, tribunales, u otros que conocen los casos) se pronunciaren emitiendo órdenes de prisión preventiva, dictámenes acusatorios, audiencias de formulación de cargos, autos de llamamiento a juicio, sentencias, etc., sin analizar el contexto general y sin determinar las verdaderas causas de los hechos, lejos de cumplir con su función primordial de administrar justicia, ellos pasan a ser un mero instrumento funcional a la criminalización. Por su parte, también la organización de San Pablo de Amalí ha llevado a cabo una serie de acciones jurídicas presentando denuncias ante los operadores de justicia por los atropellos sufridos (detenciones, represión reiterada, destrucción del puente de uso público, invasión a la propiedad privada, etc.). Sin embargo estas iniciativas no han tenido la respuesta ágil y diligente de parte del sistema judicial, como cuando se trata de los procesos interpuestos por la empresa Hidrotambo S.A. a través de otros actores que respaldan el proyecto.58 Las acciones de resistencia comunitarias demandan del Estado que se inicie un proceso de análisis e investigación sobre las numerosas irregularidades cometidas durante las fases de concesión y ejecución del proyecto, que incluyen graves violaciones de derechos humanos y de la Naturaleza.
 3. CONCLUSIONES 1. La comunidad de San Pablo de Amalí y otras vienen sufriendo desde hace 8 años graves violaciones de sus derechos humanos a causa de la imposición de un proyecto hidroeléctrico denominado San José del Tambo que es rechazado por la población debido fundamentalmente a la pérdida del acceso al agua que conlleva dicha obra. Las diversas acciones de movilización y reclamos por parte de San Pablo de Amalí y otras comunidades del sector han sido respondidas con reiteradas agresiones a niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades especiales, y a líderes y dirigentes locales. Existe, por esta causa, profundos impactos psico-sociales a nivel individual, familiar y comunitario. 2. El Estado a través de varios actores ha permitido el avance del citado proyecto a pesar de las numerosas irregularidades constatadas en el proceso de concesión de agua, en la presentación de estudios de impacto ambiental y plan de manejo, en los contratos de permiso de los años 2005 y 2012, entre otras. El proyecto de la central hidroeléctrica genera graves vulneraciones de derechos constitucionales y demás normas legales, y es técnicamente inviable.
 3. Con la misma intencionalidad de dar viabilidad al proyecto, el Estado ecuatoriano ha recurrido al despliegue de fuerzas de seguridad -militares y Policía Nacional - con el objetivo de proteger al personal, la maquinaria e instalaciones d e la compañía Hidrotambo S.A., y mantener permanentes señales de amedrentamiento ante la población, buscando su inacción. 4. En su mayoría, los administradores de justicia no han dado señales de actuar con independencia, celeridad e imparcialidad. Se constata su agilidad al resolver denuncias presentadas contra líderes y dirigentes del sector por parte del Estado o personas cercanas a la compañía, propiciando que personas que se han movilizado en defensa de su derecho al agua sean judicial izadas, acusadas de supuesto terrorismo, sabotaje y otros delitos. Mientras, se desechan sin suficiente fundamentación, o se dan respuestas tardías a las denuncias presentadas por los pobladores afectados. Estos operadores de justicia desconocen además el hecho de que varias de las personas actualmente acusadas fueron amnistiadas por la Asamblea Constituyente el 14 de marzo y el 22 de julio de 2008 por su rol de defensores de la naturaleza por las mismas causas y en los mismos contextos. 5. La Constitución del Ecuador, así como instrumentos internacionales de protección de derechos humanos constituyen un cuerpo normativo que garantiza el pleno goce y ejercicio de los derechos al agua, soberanía alimentaria, tierra, alimentación, trabajo, consulta ambiental, de la naturaleza y resistencia. Sin embargo, los actos del Estado en el caso sobre el cual se informa, demuestran evidentes contradicciones con los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional. La sola omisión de un verdadero proceso de participación y consulta a las comunidades afectadas, especialmente en San Pablo de Amalí, debe ser motivo suficiente para que el Estado declare la nulidad del contrato. 6. Los proyectos hidroeléctricos provocan acaparamiento del agua debido a que reciben concesiones que involucran en la práctica todo el caudal de una cuenca hidrográfica. Dichas concesiones, como es el caso de la central hidroeléctrica San José del Tambo, duran 50 años o más. Por esta causa las comunidades asentadas en estas zonas, sin conocer adecuada y oportunamente de esta violación a un derecho fundamental, son despojadas del agua para consumo humano, riego y cualquier actividad económica, siendo proclives al desplazamiento y que su tejido social se debilite profundamente.
 7. Con el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo se ha violentado el derecho a la propiedad privada de los habitantes del sector, al no haberse impuesto servidumbres de tránsito, la no declaración de utilidad pública y no existir expropiaciones en algunos predios
 RECOMENDACIONES 1. A fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza en San Pablo de Amalí conformar de manera inmediata una instancia independiente en la que participen organismos e instituciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, además de la Contraloría General del Estado y Defensoría del Pueblo, con el objetivo de realizar una auditoría social y ambiental, incluyendo el papel de la Secretaría Nacional del Agua y el Consejo Nacional de Electricidad en el otorgamiento de concesiones de agua, autorizaciones y firmas de contratos a la compañía Hidrotambo S.A. Mientras dure este proceso investigativo y se establezcan responsabilidades civiles, penales y administrativas, todas las actividades del proyecto deben suspenderse. 2. Solicitar al sistema judicial que se investigue la actuación de los miembros de la fuerza pública en San Pablo de Amalí durante el tiempo del conflicto, para establecer las responsabilidades civiles o penales respectivas por atentar contra la vida e integridad física de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. 3. Exigir un programa de reparación integral que garantice a la población de San Pablo de Amalí y otros sectores la restitución de los derechos violentados, la indemnización por los daños causados, la rehabilitación a las personas afectadas, la garantía de no repetición. Esta reparación debe incluir la resolución de los procesos administrativos planteados ante la Comandancia General de la Policía y el Ministerio del Interior por el uso indebido de la fuerza o la fuerza excesiva por parte de ciertos miembros de las fuerzas de seguridad. 4. La Asamblea Nacional debe otorgar amnistía a miembros de la comunidad de San Pablo de Amalí y otras comunidades aledañas por su condición de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y en consecuencia ordenar el archivo de los procesos judiciales abiertos en su contra. 5. Abrir un debate nacional sobre los fundamentos con los que se construye la “soberanía energética”, en el marco del pleno ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza y la soberanía alimentaria 6. Enviar este informe a instituciones públicas y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para un mayor conocimiento y difusión del caso de San Pablo de Amalí.
 Informe de la Comisión de Paz y Verificación caso San Pablo de Amalí
 Violencia de la Energía Limpia y resistencia de San Pablo de Amalí en defensa del Agua