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 CASO dE lAS HErmANAS SErrANO Cruz. El SAlvAdOr
 que su bebé lloraba, y se escondió junto con su hijo en un lugar cercano. El señor dionisio Serrano y su hijo Enrique fueron a buscar agua a una quebrada cercana “por insistencia de sus hijas”. Al quedarse solas, las niñas Ernestina y Erlinda comenzaron a llorar y fueron descubiertas por “las patrullas de militares”. Según indicó la Comisión, la señora Suyapa Serrano Cruz tenía certeza de que los soldados se llevaron a sus hermanas, debido a que escuchó cuando un soldado preguntó a otros si debían llevarse a las niñas o matarlas, a lo cual otro soldado respondió que se las llevaran. En cuanto se dejaron de escuchar ruidos, la señora Suyapa empezó a buscar a sus dos hermanas y luego volvió su padre, quien también las buscó en los alrededores del lugar en el cual las había dejado. la Comisión señaló que Ernestina y Erlinda Serrano Cruz “fueron vistas por última vez hace 21 años, en el momento en que un helicóptero de las Fuerzas Armadas salvadoreñas las transportaba del lugar de los hechos a un lugar denominado “la Sierpe”, en la ciudad de Chalatenango. La Comisión afirmó que no hay elementos de convicción que permitan determinar de manera fehaciente si los militares que capturaron a las niñas las entregaron al Comité Internacional de la Cruz roja o a la Cruz roja salvadoreña. Asimismo, la Comisión señaló que estos hechos formaron parte de un patrón de desapariciones forzadas en el contexto del conflicto armado, presuntamente “perpetradas o toleradas por el Estado. la Comisión indicó que la señora Cruz Franco estuvo en Honduras “como refugiada en un campamento”, junto con su hija Suyapa. Asimismo, la Comisión señaló que debido a que “los hechos ocurrieron en momentos en que los recursos judiciales internos resultaban inoperantes”, recién el 30 de abril de 1993 la señora maría victoria Cruz Franco, madre de las presuntas víctimas, presentó una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango por la supuesta desaparición de Ernestina y Erlinda. la madre de las niñas interpuso la denuncia un mes y medio después de que se renovaran las esperanzas de la población salvadoreña en su Poder Judicial, debido a que el 15 de marzo de 1993 se publicó el informe de la Comisión de la verdad de Naciones unidas. Asimismo, el 13 de noviembre de 1995 la señora Cruz Franco interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador un recurso de exhibición personal o hábeas corpus, el cual fue desestimado por la referida Sala, por considerar que no era idóneo para investigar el paradero de las niñas. Al respecto, la Comisión señaló que “no se ha dado con el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, como tampoco se ha identificado ni sancionado a los responsables”.
 Fecha de interposición de la denuncia ante la comisión: 16 de febrero de 1999 Fecha de interposición de la demanda ante la Corte: 14 de junio de 2003 Etapa dE Fondo, REpaRacionEs y costas Corte IdH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y Costas, Sentencia del 1o. de marzo de 2005, Serie C, No. 120. voto disidente del Juez Antônio A. Cançado Trindade voto disidente del Juez ad hoc Alejandro montiel Argüello voto disidente del Juez manuel E. ventura robles Composición de la Corte: Sergio García ramírez, Presidente; Alirio Abreu Burelli, vicepresidente; Oliver Jackman, Juez; Antônio A. Cançado Trindade, Juez; Cecilia medina Quiroga, Jueza; manuel E. ventura robles, Juez, y Alejandro montiel Argüello, Juez ad hoc;1 presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares rodríguez, Secretaria Adjunta. Artículos en análisis: 4o. (Derecho a la vida), 7o. (Libertad personal), 18 (Derecho al nombre) y 19 (Derechos del niño) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de dicho tratado; 5o. (Integridad personal), 8o. (Garantías judiciales), 17 (Protección a la familia) y 25 (Protección judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) del referido tratado; 63.1 (Obligación de reparar) de la Convención Americana. Asuntos en discusión: B) Fondo: Consideraciones previas; Prueba (principio del contradictorio, oportunidad procesal, recepción y valoración): Prueba documental (testimonios, peritajes); Prueba testimonial; Valoración de la prueba: Valoración de la prueba testimonial y pericial; Garantías judiciales (articulo 8o.) y Protección judicial (artículo 25)
 1 El Juez diego García-Sayán se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto y 19 del reglamento de la Corte.
 en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1) (responsabilidad internacional del Estado, competencia ratione temporis, examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas, hábeas corpus, impunidad, derecho a la verdad, diligencia en la investigación, diligencia de funcionarios judiciales): a) Respeto al principio del plazo razonable; b) Efectividad del proceso de exhibición personal o hábeas corpus y del proceso penal; Derecho a la Integridad personal (artículo 5o.) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1) (integridad personal de los familiares de las victimas); Derecho a la Protección a la familia (artículo 17), Derecho al Nombre (artículo 18) y Derechos del Niño (artículo 19) en relación con la obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1); Derecho a la vida (artículo 4o.) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1). C) Reparaciones: Obligación de reparar: (aplicación del artículo 63.1 de la convención) (consideraciones generales, restitutio in integrum, medidas de carácter positivo, alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios): a) Beneficiarios; B) Daño material (concepto, alcance); C) Daño inmaterial (concepto, alcance); D) Otras formas de reparación (medidas de satisfacción y garantías de no repetición): a) Obligación de investigar los hechos denunciados, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas; b) Funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado y participación de la sociedad civil; c) Creación de una página web de búsqueda; d) Creación de un sistema de información genética; e) Acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y sus familiares; f) Publicidad de esta Sentencia; g) Designación de un día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno; h) Asistencia médica y psicológica; E) Costas y gastos; F) Modalidad de cumplimiento. B) Fondo Consideraciones previas 27. la Corte estima necesario establecer que, si bien no se pronunciará sobre la supuesta violación a la Convención por El Salvador respecto
 de algunos de los hechos planteados por la Comisión, los cuales se encuentran relacionados con la supuesta desaparición forzada de las niñas, tomará en consideración los hechos descritos en la medida en que sea necesario para contextualizar las alegadas violaciones que tuvieron lugar con posterioridad al 6 de junio de 1995, fecha en la cual el Estado reconoció la competencia de la Corte. 28. las anteriores consideraciones, en relación con la referencia a la alegada desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, son necesarias dado que en el ámbito interno en El Salvador existe una causa penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango “contra miembros del Batallón Atlacatl” para investigar lo sucedido a las hermanas Serrano Cruz. En cuanto al delito que se investiga, el Tribunal ha notado que en El Salvador no se encontraba tipificado el delito de desaparición forzada en la época de los hechos denunciados y que en el expediente interno se hacen diferentes calificaciones penales como “sustracción del cuidado personal de las menores Erlinda y Ernestina Serrano” y “secuestro”, así como que el Estado en el proceso internacional ha indicado que se investiga “el delito de Privación de libertad de las menores Ernestina y Erlinda Serrano”. Al pronunciarse sobre los hechos o actos acaecidos con posterioridad al 6 de junio de 1995, entre ellos los relacionados con las alegadas violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial, en algunas oportunidades el Tribunal requerirá hacer referencia a lo que se investiga en dicho proceso, sin que por ello deba entenderse que se está pronunciando sobre la responsabilidad estatal en lo sucedido antes del 6 de junio de 1995, pues carece de competencia para ello. 29. A lo anterior debe agregarse que el conflicto armado interno que tuvo lugar en El Salvador aproximadamente desde 1980 hasta 1991 constituye un hecho histórico que no se encuentra controvertido. Por ello, la Corte estima necesario destacar que, sin pronunciarse sobre la alegada desaparición forzada de las niñas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, tomará en cuenta el referido conflicto armado y los supuestos hechos descritos por las partes en la medida necesaria para dar contexto al presente caso. Prueba (principio del contradictorio, oportunidad procesal, recepción y valoración) 31. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. El artículo 44 del reglamento
 contempla este principio, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes.2 32. Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales contempladas en el artículo 45 de su reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente.3 33. la Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha establecido una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es válido para los tribunales internacionales de derechos humanos, que disponen de amplias facultades en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia.4
 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Serie C, No. 119, párr. 62; Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia del 22 de noviembre de 2004, Serie C, No. 117, párr, 54; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 19 de noviembre de 2004, Serie C, No. 116, párr. 27. 3 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 63; Caso Molina Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 3 de julio de 2004, Serie C, No. 108, párr. 22; y Caso Herrera Ulloa, Sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C, No. 107, párr. 56. 4 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 64; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 55; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 28.
 Prueba documental (testimonios, peritajes) 35. Entre la prueba documental presentada por las partes, tanto la Comisión, como los representantes y el Estado remitieron declaraciones testimoniales y dictámenes periciales rendidos ante fedatario público (affidávits) y declaraciones juradas (supra párrs. 8, 9 y 10), de conformidad con lo dispuesto por el Presidente en su resolución del 6 de agosto de 2004, [...] Prueba testimonial 36. El 7 y 8 de septiembre de 2004 la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana de derechos Humanos, por los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares y por el Estado (supra párr. 14). [...] Valoración de la prueba Valoración de la prueba documental (declaraciones juradas no rendidas ante fedatario público, Principio de la verdad histórica, documentos de prensa) 37. En este caso, como en otros,5 el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal, o como prueba para mejor resolver de conformidad con el artículo 45.2 de su reglamento, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. Por otra parte, la Corte admite, de conformidad con el artículo 44 del reglamento, la prueba presentada por los representantes y el Estado en relación con los hechos supervinientes a la presentación de la demanda (supra párrs. 7, 19 y 20).6
 5 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 77; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 70; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 39. 6 Cfr. Caso De la Cruz Flores, Sentencia del 18 de noviembre de 2004, Serie C, No. 115, párr. 58; Caso Myrna Mack Chang, Sentencia del 25 de noviembre de 2003, Serie C, No. 101, párr. 128; y Caso Bulacio, Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Serie C, No. 100, párr. 57.
 38. En relación con los testimonios y los peritajes escritos rendidos ante fedatario público (affidávits) por los testigos y peritos propuestos por la Comisión y hechos suyos por los representantes y el Estado (supra párrs. 8 y 9), así como con los videos de las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por el señor Fernando Serrano Cruz, por la señora Andrea dubón mejilla por la señora maría victoria Cruz Franco, los cuales fueron presentados por los representantes (supra párr. 9), de conformidad con lo dispuesto por el Presidente mediante resolución del 6 de agosto de 2004, la Corte los admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la referida Resolución y los valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por las partes (supra párrs. 11 y 12). 39. respecto de las declaraciones juradas no rendidas ante fedatario público por los peritos rosa América laínez villaherrera y david Ernesto morales Cruz propuestos por la Comisión y hechos suyos por los representantes, por la perito Ana C. deutsch propuesta por los representantes (supra párrs. 9 y 10), la Corte las admite y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica, tomando en consideración las objeciones del Estado.7 En este sentido, la Corte ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público y ha establecido que el proceso es un medio para realizar la justicia y ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades, sin que por ello se afecte la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes. Por referirse a alegadas violaciones a derechos humanos y acoger, en consecuencia, el principio de verdad histórica, el proceso ante este Tribunal internacional tiene un carácter menos formalista que el seguido ante las autoridades internas.8 40. El Estado manifestó que “la declaración jurada escrita [rendida por la señora María Victoria Cruz Franco,] difiere del video presentado, no obstante [que] se aduce que son simultáneos; en dos ocasiones la filmación se corta intempestivamente;[... y] la persona de CEJIl y la otra que realiza el interrogatorio, inducen a la testigo”. Al respecto, la Corte adCfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 78; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 72; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Serie C, No. 112, párr. 85. 8 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 82; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C, No. 110, párr. 58; y Caso Molina Theissen. Reparaciones, supra nota 2, párr. 23.
 mite el video remitido por los representantes y la respectiva declaración jurada (supra párr. 9), pero el Tribunal apreciará el contenido del referido video y la respectiva declaración jurada, tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado (supra párr. 12), dentro del contexto del acervo probatorio y aplicando las reglas de la sana crítica. Además, este Tribunal toma en cuenta que la señora maría victoria Cruz Franco falleció antes de que se realizara la audiencia pública ante la Corte, y que tanto la declaración jurada como la filmación de dicha declaración constituyen la única forma de que el Tribunal conozca el testimonio directo más reciente de la madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. En este sentido, por tratarse de la madre de las presuntas víctimas y tener un interés directo en este caso, sus manifestaciones no pueden ser valoradas aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso. Como ya ha señalado esta Corte, en materia tanto de fondo como de reparaciones, las declaraciones de las presuntas víctimas, así como las de sus familiares, son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones que pudieren haber sido perpetradas y sus consecuencias.9 41. la Corte considera útiles para la resolución del presente caso los documentos presentados por el Estado adjuntos a su escrito del 6 de septiembre de 2004 (supra párr. 13) y a sus alegatos finales escritos (supra párr. 17), máxime cuando no fueron controvertidos ni objetados, ni su autenticidad o veracidad fueron puestas en duda, por lo cual este Tribunal los agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del reglamento. 42. El Estado objetó el “Informe [de la Procuraduría para la defensa de los derechos Humanos del Estado emitido el 2 de septiembre de 2004] sobre las desapariciones forzadas de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, su impunidad actual y el patrón de la violencia en que ocurrieron tales desapariciones”, el cual fue remitido por la mencionada Procuraduría y por los representantes (supra párr. 16). Este Tribunal considera útil dicho informe y lo valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado. Por lo tanto, se agrega al acervo probatorio, conforme al artículo 45.1 del reglamento.
 9 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 78; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 71; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 46.
 43. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha considerado que aún cuando no tienen el carácter de prueba documental propiamente dicha, podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios, declaraciones de funcionarios del Estado o corroboren aspectos relacionados con el presente caso.10 44. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso la ley de Procedimientos Constitucionales emitida el 14 de enero de 1960, el Código Penal emitido el 13 de febrero de 1973 y el Código Procesal Penal emitido el 11 de octubre de 1973, ya que resultan útiles para la resolución del presente caso. Valoración de la prueba testimonial y pericial 45. En relación con las declaraciones rendidas por los tres testigos propuestos por la Comisión y hechos suyos por los representantes y los cuatro testigos presentados por el Estado en el presente caso (supra párr. 36), la Corte los admite en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio establecido por el Presidente mediante resolución del 6 de agosto de 2004 y les da valor probatorio, tomando en cuenta las observaciones realizadas por las partes. En este sentido, este Tribunal estima que el testimonio de la señora Suyapa Serrano Cruz (supra párr. 36), por tratarse de la hermana de las presuntas víctimas y tener un interés directo en este caso, no puede ser valorado aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso. Por las razones ya señaladas por el Tribunal (supra párr. 40), este testimonio resulta útil en el presente caso.11 46. Por lo expuesto, la Corte apreciará el valor probatorio de los documentos, declaraciones y peritajes presentados por escrito o rendidos ante ella. las pruebas presentadas durante el proceso han sido integradas a un solo acervo, que se considera como un todo.12
 10 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 80; Caso De la Cruz Flores, supra nota 2, párr. 70; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 6, párr. 81. 11 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 78; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 71; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 46. 12 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 87; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 75; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 48.
 Garantías judiciales (articulo 8o.) y Protección judicial (artículo 25) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1) (responsabilidad internacional del Estado, competencia ratione temporis, examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas, Hábeas corpus, impunidad, derecho a la verdad, diligencia en la investigación, diligencia de funcionarios judiciales) 54. la Corte recuerda que el derecho Internacional de los derechos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado (sus órganos, sus agentes, y todos aquellos que actúan en su nombre), y que es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el derecho Internacional de los derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.13 55. dado que la Corte carece de competencia para conocer de los hechos o actos anteriores o con principio de ejecución anterior al 6 de junio de 1995 (supra párr. 26), el aspecto sustancial de la controversia en este caso ante el Tribunal no es si las hermanas Serrano Cruz fueron hechas desaparecer por el Estado, sino si los procesos internos permitieron que se garantizara un acceso a la justicia conforme a los estándares previstos en la Convención Americana. 56. En la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna. 14 Como lo ha señalado en otras ocasiones,15 en el examen de las posibles violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, la Corte tiene atribuciones, no para investigar y sancionar la conducta individual de los agentes del Estado, sino para
 13 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párrs. 71-73; Caso 19 Comerciantes, Sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C, No. 109, párr. 181; y Caso Herrera Ulloa, supra nota 2, párr. 144. 14 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 73; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 181; y Caso Cesti Hurtado. Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de enero de 1999, Serie C, No. 49, párr. 47. 15 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 92; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 73; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 181.
 establecer la responsabilidad internacional del Estado con motivo de la alegada violación a dichos derechos. 57. En casos similares, esta Corte ha establecido que “el esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”.16 58. De tal manera, dadas las especificidades del caso y la naturaleza de las infracciones alegadas, la Corte debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas para obtener una percepción integral de las mismas y establecer si dichas actuaciones contravienen los estándares sobre las garantías y protección judiciales y el derecho a un recurso efectivo, consagrados en los artículos 8o. y 25 de la Convención. 59. Como ha quedado establecido en los hechos probados, ante el recurso de exhibición personal interpuesto por la madre de las hermanas Serrano Cruz (supra párr. 48.15), dos instancias judiciales internas han conocido del caso: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Justicia de El Salvador respecto del proceso de exhibición personal o hábeas corpus y el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango respecto del proceso penal. la Corte procederá a analizar a continuación la alegada violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención respecto de estos procesos. 60. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.17 Al respecto, la Corte ha advertido que
 [...] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.18
 16 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 133; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 182; y Caso Herrera Ulloa, supra nota 2, párr. 146. 17 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 148; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 175; y Caso Maritza Urrutia, Sentencia del 27 de noviembre de 2003, Serie C, No. 103, párr. 126. 18 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 126; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 95; y Caso Tibi, Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C, No. 114, párr. 255.
 61. Esta Corte ha señalado reiteradamente que la obligación de investigar debe cumplirse “con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”.19 la investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación “[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el [mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.20 62. Por otra parte, este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las presuntas víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los responsables de los respectivos hechos. la Corte ha reiterado que toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas, y la sociedad como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad se ha venido desarrollando por el derecho Internacional de los derechos Humanos;21 al ser reconocido y ejercido en una situación concreta constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las presuntas víctimas.22 63. Este Tribunal también ha señalado que
 del artículo 8o. de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos,
 Cfr. Caso Bulacio, supra nota 5, párr. 112; Caso Juan Humberto Sánchez, Sentencia del 7 de junio de 2003, Serie C, No. 99, párr. 144; y Caso Bámaca Velásquez, Sentencia del 25 de noviembre de 2000, Serie C, No. 70, párr. 212. 20 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 184; Caso Bulacio, supra nota 5, párr. 112; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 18, párr. 144; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 18, párr. 212. 21 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 128; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 97; y Caso Tibi, supra nota 17, párr. 257. 22 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 128; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 97; y Caso Tibi, supra nota 17, párr. 257.
 tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación.23
 64. En consecuencia, los familiares de las presuntas víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a estas últimas sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido.24 65. la investigación que deben emprender los Estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva. 25 Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener un resultado. la Corte examinará las acciones del Estado en el presente caso desde esos dos puntos de vista: a) respeto al principio del plazo razonable, y b) efectividad del proceso de exhibición personal o hábeas corpus y del proceso penal. a) Respeto al principio del plazo razonable 66. El derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de la presunta víctima o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.26 67. Con respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, este Tribunal ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del
 23 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 186; Caso Las Palmeras, Sentencia del 6 de diciembre de 2001, Serie C, No. 90, párr. 59; y Caso Durand y Ugarte, Sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C, No. 68, párr. 129. 24 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 187; Caso Las Palmeras, supra nota 22, párr. 65; y Caso Durand y Ugarte, supra nota 22, párr. 130. 25 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 129; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 98; y Caso Tibi, supra nota 17, párr. 258. 26 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 188; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 209; y Caso Bulacio, supra nota 5, párr. 114.
 asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales.27 68. la Corte ha constatado que desde la primera reapertura del proceso penal en abril de 1996 (supra párr. 48.23) hasta la fecha de emisión de la presente Sentencia, el proceso ha permanecido siempre en la fase de instrucción durante aproximadamente 7 años y 10 meses y, además, estuvo archivado durante un año. El proceso se encuentra abierto en fase de instrucción y hasta la fecha no se ha emitido una acusación. 69. la Corte considera que una demora prolongada, como la que se ha dado en este caso, constituye en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.28 la falta de razonabilidad, sin embargo, puede ser desvirtuada por el Estado, si éste expone y prueba que la demora tiene directa relación con la complejidad del caso o con la conducta de las partes en el caso. 70. Basándose en los antecedentes expuestos en el capítulo sobre Hechos probados, la Corte reconoce que el asunto que se investiga por los tribunales nacionales en este caso es complejo y que esto debe tenerse en consideración para apreciar la razonabilidad del plazo. 71. Sin embargo, el Tribunal advierte que las demoras en el proceso penal que se examina en este caso no se han producido por la complejidad del caso, sino por una inacción del órgano judicial que no tiene explicación. En diversas oportunidades durante la instrucción han transcurrido largos períodos de tiempo sin que el fiscal solicitara al juez que se practicara alguna diligencia y sin que el juez lo ordenara de oficio. Asimismo, tanto el fiscal como el juez han dejado transcurrir meses y hasta más de un año, antes de solicitar y ordenar que se practique una diligencia que no se realizó en la primera oportunidad señalada para evacuarse. [...]. 72. En cuanto a este aspecto del transcurso del tiempo sin que se realice ninguna actividad procesal, la Corte observa que, a pesar de que el 8 de septiembre de 2004 en la audiencia pública el Estado expresó que
 27 Cfr. Caso Tibi, supra nota 17, párr. 175; Caso Ricardo Canese, Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C, No. 111, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 190. En igual sentido cfr. Wimmer v. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 January 2005. 28 Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 26, párr. 142; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 191; y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, Sentencia del 21 de junio de 2002, Serie C, No. 94, párr. 145.
 tenía la “firme decisión [...] de continuar la búsqueda” de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, desde el 6 de septiembre de 2004 hasta el 21 de enero de 2005 no se realizó ninguna actuación en el proceso penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. Fue recién dos días después de que el Presidente de la Corte Interamericana solicitara al Estado que presentara información sobre cualquier otra actuación que se hubiere realizado en el referido proceso penal, que el fiscal del caso solicitó al juzgado que ordenara la realización de dos diligencias (supra párr. 48.49 y 48.67). 73. Por otra parte, el Estado no ha probado que la acción de los familiares de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz haya sido la causa de alguna de estas demoras. Por el contrario, esta Corte ha constatado que desde el proceso por el recurso de exhibición personal o hábeas corpus la madre de las presuntas víctimas aportó información, así como también lo hizo Suyapa Serrano Cruz, hermana de las presuntas víctimas (supra párr. 48.15 y 48.30). Como consecuencia de esta información, se allegó al proceso por el Jefe de la Oficina de Búsqueda de la Cruz Roja importante información que de haberse corroborado o investigado habría permitido una actuación más diligente, efectiva y rápida de las autoridades judiciales en cuanto a la investigación de lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, la determinación de su paradero y la sanción de los responsables (supra párr. 48.18, 48.43, 48.45, 48.46 y 48.47). Asimismo, la madre de las presuntas víctimas señaló el nombre de dos militares que podrían estar involucrados (supra párr. 48.15), quienes no declararon durante el proceso de exhibición personal “por no existir las direcciones exactas de sus residencias” (supra párr. 48.19) y no fueron citados durante el proceso penal (supra párr. 48.24 y 48.50). 74. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte considera que en el proceso penal que se ha seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se ha desconocido el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana. b) Efectividad del proceso de exhibición personal o hábeas corpus y del proceso penal 75. la garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de
 derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.29 Esta garantía de protección de los derechos de los individuos no supone sólo el resguardo directo a la persona presuntamente vulnerada sino, además, a los familiares, quienes por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes ejercen la reclamación en el orden interno.30 76. Asimismo, la Corte ha dicho que el artículo 25.1 de la Convención incorpora el principio de la efectividad de los instrumentos o mecanismos procesales de protección destinados a garantizar tales derechos. Como ya ha señalado el Tribunal, según la Convención,
 [l]os Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.31
 77. Al analizar la efectividad de los recursos internos en el presente caso, la Corte examinará en primer término la efectividad del recurso de hábeas corpus o exhibición personal y, en particular, el alegato del Estado de que dicho recurso no era el idóneo para dar con el paradero de las hermanas Serrano Cruz, debido a que el proceso penal era el indicado para establecer el paradero de aquellas y las consecuentes responsabilidades. 78. Al respecto, cabe reiterar que el recurso de exhibición personal fue interpuesto el 13 de noviembre de 1995 por la madre de las presuntas víctimas (supra párr. 48.15), y que el 14 de marzo de 1996 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió sobreseer el proceso de exhibición personal o hábeas corpus, con base en que “el hábeas corpus [...] no era un medio para investigar el paradero de una persona detenida ilegalmente hace trece años [...] por miembros del Batallón At29 Cfr. Caso Tibi, supra nota 17, párr. 131; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 193; y Caso Maritza Urrutia, supra nota 16, párr. 117. 30 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párrs. 78 y 82.f); Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 193; y Caso Maritza Urrutia, supra nota 16, párr. 119. 31 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 194; Caso Las Palmeras, supra nota 22, párr. 60; y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C, No. 3, párr. 93.
 lacatl, [cuyos jefes militares] no podían intimarse, dado que dicho Batallón ya no existía” (supra párr. 48.21). Como ha quedado establecido (supra párr. 48.22), el proceso penal que se encontraba archivado fue reabierto el 19 de abril de 1996 (supra párr. 48.23) como consecuencia de la referida resolución del la Sala de lo Constitucional sobre el hábeas corpus, ya que dispuso que se debía “remitir al Juez de Primera Instancia de Chalatenango la referida resolución, junto con el proceso 112/93, para que siguiera la investigación de los hechos denunciados” y luego le informara sobre la misma. 79. En su jurisprudencia, la Corte ha establecido que el hábeas corpus representa, dentro de las garantías judiciales indispensables, el medio idóneo tanto para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, como para proteger al individuo contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.32 la Corte considera que el hábeas corpus puede ser un recurso eficaz para localizar el paradero de una persona o esclarecer si se ha configurado una situación lesiva a la libertad personal, a pesar de que la persona a favor de quien se interpone ya no se encuentre bajo la custodia del Estado, sino que haya sido entregada a la custodia de un particular o a pesar de que haya transcurrido un tiempo largo desde la desaparición de una persona. 80. la Corte encuentra que, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 a 40 de la ley de Procedimientos Constitucionales salvadoreña, el objeto del recurso de hábeas corpus o exhibición personal en El Salvador no tiene características diferentes a las señaladas en el párrafo anterior. En dicho Estado, el recurso comprende la lesión al derecho a la libertad personal cuando la persona se encuentra en custodia de la autoridad o de un particular o bajo su dominio. de acuerdo con dicha ley, el “juez ejecutor” encargado de cumplir el auto de exhibición personal tiene amplias facultades para requerir información a las autoridades estatales y a los particulares, y en el artículo 74 de dicha ley, sobre “responsabilidad de los funcionarios en el auto de exhibición”, se establece que “no hay autoridad, tribunal, ni fuero alguno privilegiado en esta materia”. 81. Al respecto, el Tribunal considera importante hacer notar que en otro caso resuelto el 20 marzo de 2002, la Sala de lo Constitucional de la
 32 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 97; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 18, párr. 122; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 18, párr. 192.
 Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso de exhibición personal por la supuesta desaparición de dos hermanas por miembros del Batallón Atlacatl en un operativo realizado en 1981 en morazán, “reconoció la violación constitucional al derecho de libertad física” de las referidas personas, con base en que era procedente modificar el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional en relación con el recurso de hábeas corpus, “a fin de no ver excluidos del conocimiento de la garantía del hábeas corpus supuestos tan graves de lesión al derecho de libertad como son las desapariciones forzadas y otros que pueden surgir en la realidad”. la referida Sala señaló que el hábeas corpus “está a disposición de las personas con la finalidad de que pueda reaccionarse frente a la posible violación de su derecho de libertad física, siendo indefectible ampliar el radio de control del mismo, a fin de poder conocer de los casos de desapariciones forzadas de personas, cuyos efectos son variantes en razón de las condiciones fácticas que acompañen cada caso en particular”. 82. Finalmente, en cuanto al alegato del Estado de que el recurso de exhibición personal no era el idóneo para determinar quiénes fueron los autores de los hechos punibles, sino que lo que procedía era sólo un proceso penal, el artículo 76 de la ley de Procedimientos Constitucionales establece que el tribunal que haya decretado el auto de exhibición personal, una vez concluida su tramitación, “ordenará el procesamiento de la persona o autoridad que hubiese tenido en detención, custodia o restricción al favorecido, siempre que apareciere que hubiese cometido delito y remitirá certificación de los mismos autos al Tribunal competente si el propio no lo fuere, o al órgano o autoridad correspondiente si fuese necesaria la declaración previa de que hay lugar a formación de causa”. de esta forma, la utilización del recurso de hábeas corpus no excluye un eventual proceso penal a partir de la información que se recaba en él. 83. la Corte ya ha señalado (supra párr. 65) que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. de otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención. 84. un examen de la tramitación del recurso de hábeas corpus muestra, por una parte, que el tribunal que tramitaba este recurso tenía, dentro de las facultades que la propia ley nacional le confería, la posibilidad de avanzar en la tarea de descubrir el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y, por la otra, que la alegada falta de idoneidad del recurso no
 provenía necesariamente del tiempo transcurrido desde que se produjera el acontecimiento del que se reclamaba, sino que de la falta de una investigación eficiente y apropiada. 85. la Corte ha notado que en la investigación realizada en su tramitación el Jefe de la Oficina de Búsqueda de la Cruz Roja Salvadoreña mostró a la jueza ejecutora un documento en el cual constaba importante información sobre los lugares a los que la Cruz roja llevó a 52 niños, entre las edades de recién nacidos y doce años, encontrados en Chalatenango en junio de 1982 (supra párr. 48.18). No se encuentra en el expediente del proceso del hábeas corpus una copia de dicho documento, ya que la jueza ejecutora se limitó a levantar un acta de dicha diligencia y dejar constando una parte de lo que consignaba dicho documento. la jueza ejecutora realizó una investigación incompleta, ya que no se dirigió a los centros señalados, a los cuales podrían haber llevado a Ernestina y Erlinda. En el acta de la referida diligencia, la jueza ejecutora concluyó que “en dichos documentos no se encontraba mencionado el paradero de las menores Ernestina Serrano Cruz y Erlinda Serrano Cruz, ya que [la Cruz roja Salvadoreña] no hacía investigaciones [...] y sólo le daban auxilio a las personas que lo necesitaban; en consecuencia, no se encontraba en [esa] oficina ninguna clase de documento que [...] indicara el paradero de las menores”. En la sustanciación del proceso de exhibición personal o hábeas corpus tampoco se realizó un esfuerzo que permitiera localizar a los militares que la madre de las presuntas víctimas había indicado que se les podría requerir información (supra párr. 48.15 y 48.17) 86. la Corte estima que, a pesar del tiempo transcurrido desde que supuestamente desaparecieron Ernestina y Erlinda, el recurso de hábeas corpus podría haber resultado eficaz para determinar el paradero de las presuntas víctimas o realizar importantes adelantos al respecto, si se hubieran realizado de forma diligente las actuaciones procesales encaminadas a ello, tomando en cuenta las amplias facultades del juez ejecutor y la obligación de las autoridades estatales de brindarle la información requerida, aunado a que se podría haber investigado la información proporcionada por la Cruz roja y por la madre de Ernestina y Erlinda. Por el contrario, dicho proceso se sobreseyó una vez que la jueza ejecutora realizó escasas e insuficientes diligencias sobre dos de las solicitudes de búsqueda de información indicadas por la madre de las presuntas víctimas y ni siquiera logró intimar a los dos militares indicados por aquella (supra párr. 48.15 y 48.19). la jueza ejecutora no tomó la iniciativa de
 realizar ni una sola diligencia o solicitud de información más allá de lo señalado por la madre de las presuntas víctimas. 87. una vez establecido que el recurso de hábeas corpus podría haber resultado eficaz para determinar el paradero de las presuntas víctimas en este caso o realizar importantes adelantos al respecto (supra párr. 86), la Corte analizará la efectividad tanto del recurso de hábeas corpus como del proceso penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. Para ello, el Tribunal analizará la diligencia con que los jueces condujeron dichos procesos, así como la diligencia con que el fiscal y los jueces solicitaron y ordenaron las actuaciones probatorias necesarias para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda, ubicar su paradero e investigar y sancionar a los responsables. 88. Esta Corte ha establecido que el juez, como autoridad competente para dirigir el proceso, tiene el deber de encauzarlo,33 de manera que tome en cuenta los hechos denunciados y su contexto para conducir el proceso de la forma más diligente para lograr determinar lo sucedido y establecer las responsabilidades y reparaciones del caso, evitando las dilaciones y omisiones en el requerimiento de la prueba. El proceso penal por lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, el cual ha permanecido en fase de instrucción, se ha tramitado aplicando el Código Procesal Penal de 1973, de acuerdo al cual el juez compartía con la Fiscalía General de la república la obligación de impulsar la investigación de los delitos. 91. la Corte ha constatado que tanto en el proceso de hábeas corpus como en el proceso penal no se tomaron en cuenta las particularidades de los hechos denunciados y la situación de conflicto armado en que se encontraba El Salvador en la época en que supuestamente ocurrieron los hechos que investigaban, así como las distintas situaciones en las cuales se ha reencontrado a personas que desaparecieron durante el conflicto armado cuando eran niños o niñas (supra párr. 48.6). Por ejemplo, a pesar de que a muchos niños o niñas que ingresaron a hogares de acogida u orfanatos durante el conflicto armado y que carecían de documentos que los identificaran, se les inscribía en las Alcaldías con otros nombres y apellidos (supra párr. 48.11), los referidos jueces y la fiscalía no tomaron en consideración esta particularidad al momento de investigar sobre el paradero de las presuntas víctimas y al solicitar información al Comité Internacional de la Cruz roja, a la Cruz roja salvadoreña, a un hospital,
 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 207.
 a la Fuerza Armada y a la Procuraduría General de la república, de forma tal que basaron las indagaciones y solicitudes en los nombres y apellidos de las presuntas víctimas (supra párr. 48.18, 48.36, 48.37, 48.38, 48.40, 48.41, 48.42, 48.49 y 48.61). 92. Asimismo, en diversas oportunidades en que requirió información, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se conformó con los escasos datos que le brindaron como respuesta. Inclusive, en una oportunidad solicitó información a un hospital sobre el mes de junio de 1982 y el director del hospital le respondió sobre el mes de julio de 1982, ante lo cual el Juzgado no volvió a requerir la información sobre el mes de junio de 1982 (supra párr. 48.37). 95. Con respecto a las actuaciones procesales relacionadas con la Fuerza Armada, la Corte observa que las autoridades judiciales no asumieron una actitud diligente que permitiera aprovechar la información que se encuentra en los diversos archivos y libros de la Fuerza Armada, la cual podría ser de gran utilidad para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. En dichos archivos y libros se podría encontrar la información necesaria para identificar a los militares que participaron en operativos en la zona de los hechos denunciados en 1982 y recabar información sobre los lugares en donde encontraron niños en la época de los hechos denunciados. Al respecto, el testigo Jorge Alberto Orellana Osorio (supra párr. 36), quien es militar retirado, explicó en la audiencia pública ante la Corte que, durante el conflicto armado, el Ejército mantenía un registro escrito de los operativos militares que realizaba, en el cual se consignaba la misión que se iba a cumplir, la unidad o batallón encargado, el sector en que se realizaría y a partir de cuándo iniciaría, así como los procedimientos por seguir. El testigo indicó que después de concluida la operación militar, la unidad o el batallón hacía un informe para la unidad superior, en el cual se consignaba el número de personas civiles que habían sido evacuados, “tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños”, no se consignaban los nombres, pero sí se consignaba que habían encontrado a una población civil o determinado número de personas y habían decidido evacuarlos. 97. Como parte de la falta de diligencia en la investigación de lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, es preciso destacar que tanto el juez ejecutor del hábeas corpus, como la fiscalía y el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, no solicitaron actuación alguna en relación con orfanatos ni hogares infantiles, a pesar de la información proporcionada
 por la Cruz roja (supra párrs. 48.18 y 48.47), así como tampoco citaron a declarar a ningún militar. Asimismo, recién el 21 de enero de 2005, dos días después de que el Presidente de la Corte Interamericana solicitara al Estado que presentara información sobre cualquier otra actuación que se hubiere realizado en el proceso penal seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango después del 6 de septiembre de 2004 (supra párr. 22), el fiscal solicitó, por primera vez, que se librara oficio a la Procuraduría General de la república para que informara si en los registros de adopciones de mayo de 1982 a mayo de 1993 aparecían los nombres de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. En dicha solicitud no consta algún otro dato, además de los nombres, que permita buscar a las presuntas víctimas en base a otras circunstancias. El 27 de enero de 2005 el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango resolvió que se librara oficio a la Procuraduría General de la República, para solicitarle la mencionada información (supra párr. 48.49). Al respecto, cabe destacar que estas diligencias que se han omitido tienen gran importancia, debido a que existe la probabilidad de que Ernestina y Erlinda se encuentren con vida, ya que los niños desaparecidos en la “guinda de mayo” de 1982 que la Asociación Pro-Búsqueda ha reencontrado fueron localizados con vida. 98. El Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango tampoco realizó investigación alguna en las instituciones que en su declaración señaló la Presidenta de las damas voluntarias de la Cruz roja, a las que llevaban a los niños encontrados (supra párr. 48.47). Cabe destacar que el juzgado no ordenó la realización de ninguna diligencia sin que se lo pidiera la fiscalía y que incluso no ordenó varias que le fueron requeridas por la fiscalía en relación con la Fuerza Armada (supra párr. 48.53, 48.54 y 48.55). 99. la Corte ha notado que a partir de que la demanda interpuesta ante la Corte fue notificada al Estado, el fiscal y la jueza del proceso penal parecen haber orientado la investigación a la realización de actuaciones relacionadas con la determinación de la existencia e identidad de las presuntas víctimas y no con el delito que era objeto del proceso. Según explicó a la Corte dicho fiscal durante su testimonio en la audiencia pública (supra párrs. 36 y 48.69), en principio estaba enfocando la investigación en la búsqueda de información en los libros de la Fuerza Armada porque pensaba que “allí tenía que haber algo”. Sin embargo, en octubre de 2003 el Fiscal General Adjunto para los derechos Humanos le dijo que lo que tenía que hacer era constituirse en el lugar donde vivía la familia Serrano Cruz en 1982 y hablar con la gente.
 100. En relación con el cambio en la línea de investigación, cabe destacar que en octubre de 2003 el fiscal solicitó a la jueza que citara a declarar como testigos a cinco personas, ya que había “tenido conocimiento extrajudicial [... de que dichas] personas podían aportar datos que coadyuvarían al esclarecimiento de los hechos investigados”. dichas personas fueron citadas por la jueza el mismo día o al día siguiente de que el fiscal lo solicitara, y todos declararon al día siguiente o el mismo día de la citación que no tenían conocimiento de que Ernestina y Erlinda Serrano Cruz fueran hijas de la señora maría victoria Cruz Franco y que no las conocían. Observa el Tribunal que unos pocos días después dichas personas fueron propuestas como testigos ante la Corte Interamericana por los Agentes del Estado, en su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. 101. Asimismo, a finales de octubre de 2003 el fiscal solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango que citara nuevamente a declarar a la señora maría Esperanza Franco Orellana de miranda (supra párr. 48.35 y 48.71), dado que “tuvo conocimiento de forma extrajudicial que la mencionada testigo tenía elementos que conducían a esclarecer el [...] hecho investigado”. El mismo día en que el fiscal presentó la solicitud para que se tomara testimonio a la señora Franco Orellana de miranda, la jueza, en lugar de citarla a ella, citó a declarar a la madre de las presuntas víctimas; sin embargo, recibió la declaración de la persona que el fiscal había solicitado. En esta segunda declaración la señora Franco Orellana, en contradicción a lo señalado en su primera declaración rendida el 23 de septiembre de 1997 (supra párr. 48.35), declaró que “no era cierto que [...] hubiera visto a las menores ErlINdA y ErNESTINA SErrANO bajarse de un helicóptero o subirse a un carro de la Cruz roja, [...] ya que nunca conoció o vio a las [hermanas Serrano Cruz] ni tampoco oyó mencionar anteriormente ningún nombre de ellas”. los Agentes del Estado en el proceso ante la Corte también propusieron a esta señora como testigo. Por otra parte, la jueza, a solicitud del fiscal, ordenó la realización de peritajes dirigidos a verificar la autenticidad de los registros de bautismos de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz que lleva la Iglesia Católica, a pesar de que, además de dichos registros, Ernestina y Erlinda tienen registros civiles de su nacimiento, ya que durante la vigencia de la ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Civil de Personas Indocumentadas Afectadas por el Conflicto, la señora María Victoria Cruz
 Franco inscribió a sus hijas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz en las respectivas alcaldías (supra párr. 48.10). Inclusive se realizó el secuestro del libro de bautismo donde constaba el asiento bautismal de Erlinda Serrano Cruz, con base en el artículo 183 del Código Procesal Penal de 1973, el cual se refiere al secuestro de “objetos o instrumentos del delito” (supra párr. 48.76). 102. la Corte no puede menos que advertir que estos esfuerzos por acreditar la inexistencia de las presuntas víctimas son contradictorios con el hecho de que, en sus investigaciones sobre casos de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador se ha referido específicamente al caso de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz en dos resoluciones y un informe (supra párr. 48.3, 48.4 y 48.5). En la resolución que emitió el 30 de marzo de 1998 señaló, inter alia, que en la causa penal seguida por lo sucedido a Ernestina y Erlinda se estaba dando una violación “al debido proceso legal, mediante los hechos violatorios de negación de justicia e incumplimiento al derecho de recibir justicia sin demora, [...] atribuibles a la Jueza competente”, a quien recomendó “ser más diligente con el principio de oficiosidad procesal”. En su informe especial de 2 de septiembre de 2004 “sobre las desapariciones forzadas de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, su impunidad actual y el patrón de la violencia en que ocurrieron tales desapariciones”, la Procuraduría realizó un análisis detallado sobre la impunidad del caso de las hermanas Serrano Cruz. 103. Por otra parte, al rendir declaración en la audiencia pública ante esta Corte (supra párr. 36) el fiscal denotó con sus manifestaciones que no mantuvo su imparcialidad en la investigación y que en la línea de investigación del proceso penal no fue independiente de la defensa del Estado ante la Corte Interamericana. Al respecto, el fiscal explicó que tomó la decisión de no entrevistar a ninguno de los familiares directos de las presuntas víctimas porque “era una precaución que había que tener porque ya estaba un caso en la Corte Interamericana” y porque, según él, la madre y una de las hermanas de las presuntas víctimas “sentían como una apatía a la fiscalía”, a pesar de que aceptó no conocerlas. Otro acto que llama la atención al Tribunal es que cuando el Agente del Estado se dirigió a la señora Franco Orellana para solicitarle que accediera a comparecer ante la Corte Interamericana para rendir declaración, lo hizo acompañado del fiscal a cargo de la investigación ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, lo cual demuestra que este último no se
 mantuvo independiente en sus funciones de investigación en el proceso penal, sino que participaba de las funciones del agente estatal en la defensa de El Salvador en el proceso internacional. Asimismo, el referido fiscal reconoció en la audiencia pública ante la Corte que no había solicitado a la jueza que ordenara la realización de las inspecciones judiciales pendientes en los recintos militares porque “últimadamente no había hecho gestiones por motivo de la carga laboral” (supra párr. 36). Sin embargo, dicho fiscal urgió a la jueza que ordenara la realización de peritajes dirigidos a verificar la autenticidad de los asientos bautismales de las presuntas víctimas, e incluso le solicitó que adelantara la fecha de tales peritajes “por estar próxima la Audiencia en la Corte Interamericana”. Al respecto, en su resolución del 2 de septiembre de 2004 (supra párr. 48.5), la Procuraduría para la defensa de los derechos Humanos señaló que:
 [...] llama la atención que la representación fiscal, incluso formalmente (mediante petición escrita), reconoce que la motivación o interés de impulsar ágilmente la diligencia, obedece a la necesidad de ser presentada ante la Honorable Corte Interamericana de derechos Humanos, por lo que resulta evidente que no es la investigación del delito en sí misma, ni la obtención de justicia para las víctimas el centro de su actividad, sino más bien la defensa del Estado salvadoreño procesado ante la Corte Interamericana.
 104. Como ha quedado demostrado, durante el trámite del caso ante la Corte Interamericana, la investigación penal que se desarrolló ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se encontró dirigida principalmente a ayudar a la defensa del Estado en el proceso internacional ante la Corte y no a investigar los hechos denunciados en el proceso penal. 105. del análisis anterior esta Corte ha constatado que, tanto en el proceso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como en el proceso ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, han habido graves omisiones en la recabación de la prueba por la falta de voluntad por parte de la fiscalía y de los jueces para solicitar y ordenar las diligencias probatorias necesarias para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ubicar su paradero e investigar y sancionar a los responsables. la Corte entiende que se trata de un caso complejo por diversos motivos, lo cual implica que las autoridades judiciales debían de tomar en cuenta las particularidades de los hechos denunciados y la situación de conflicto armado en que se encontraba el país en la época en
 que supuestamente ocurrieron los hechos que se investigan. Sin embargo, el Tribunal encuentra que las investigaciones no fueron realizadas con la debida eficacia que ameritaba el caso y que los jueces no cumplieron con su deber de conducir con diligencia dichos procesos. 106. Con fundamento en todas las consideraciones precedentes, la Corte considera que el proceso de exhibición personal o hábeas corpus y el proceso penal no han cumplido con los estándares de acceso a la justicia y debido proceso consagrados en la Convención Americana. El Estado no observó el principio del plazo razonable en el proceso penal tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango y ninguno de los dos procesos han sido tramitados de manera diligente que permita su efectividad para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ubicar su paradero, e investigar y sancionar a los responsables. 107. Por lo anteriormente expuesto, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus familiares, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Derecho a la Integridad personal (artículo 5o.) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1) (integridad personal de los familiares de las victimas) 112. los familiares de Ernestina y Erlinda han vivido durante años con un sentimiento de desintegración familiar, inseguridad, frustración, angustia e impotencia ante la abstención de las autoridades judiciales de investigar los hechos denunciados diligentemente y en un plazo razonable, y de adoptar cualquier otro tipo de medida dirigida a determinar el paradero de Ernestina y Erlinda. El sufrimiento de los familiares de Ernestina y Erlinda se ha visto agravado debido a que inclusive han tenido que afrontar que, a partir de que el caso fue sometido al conocimiento de la Corte Interamericana, la investigación penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se encontró dirigida principalmente a brindar ayuda al Estado en su defensa en el proceso internacional ante la Corte y no a investigar los hechos denunciados en el proceso penal, y debido a que el fiscal y la jueza al parecer orientaron la indagación a la realización de actuaciones relacionadas con la determinación de la existencia e identidad de las presuntas víctimas y no con el delito que era objeto del proceso (supra párr. 99). los familiares de Ernestina y Erlinda han vis-
 to durante años cómo otras familias han reencontrado a familiares desaparecidos durante el conflicto armado, fundamentalmente debido a la búsqueda realizada por la Asociación Pro-Búsqueda, pero su familia no ha recibido la ayuda estatal para lograrlo. Al respecto, todos los jóvenes que desaparecieron durante al operativo militar denominado la “guinda de mayo” de 1982 que ha encontrado la Asociación Pro-Búsqueda fueron localizados con vida (supra párr. 48.8). 113. dicha falta de investigación respecto de lo sucedido a Ernestina y Erlinda y la determinación de su paradero ha sido y sigue siendo una fuente de sufrimiento para sus familiares, quienes han mantenido la esperanza de encontrarlas con vida y lograr un reencuentro familiar. Al respecto, la perito Ana deutsch indicó que la incertidumbre de los familiares de no saber dónde se encuentran Ernestina y Erlinda “se exacerbó cuando, después de terminada la guerra, la familia renovó la búsqueda con la ayuda de instituciones [...] y no hub[o] resultados que aclararan el paradero de ellas. Con el correr de los años el impacto traumático se hizo más severo. [...] Se desarrolló una espiral de eventos que llevaban a la frustración y dieron lugar a una exacerbación o empeoramiento de la condición emocional de cada uno”. Por ejemplo, Suyapa Serrano Cruz, hermana de Ernestina y Erlinda, en su testimonio rendido ante la Corte durante la audiencia pública, manifestó que para ella y su familia “significaría mucho” encontrar a Ernestina y Erlinda, que a pesar de que “las heridas ya no se curan”, sentirían “una felicidad”, dado que han habido “muchos casos de niños que se reencuentran” con sus familias y desea que eso suceda con sus hermanas (supra párr. 36). El señor José Fernando Serrano Cruz, hermano de Ernestina y Erlinda, en su declaración jurada del 19 de agosto de 2004, señaló que “como familia tenían esperanza de dar en algún momento con el paradero de las niñas, que en algún momento pudieran investigar. Eso era lo que les fortalecía para salir adelante, pero aunque no le daba mucho consuelo daba algunos espacios de tranquilidad, y con la esperanza de algún día encontrarlas”. Asimismo, la madre de Ernestina y Erlinda, casi cuatro meses antes de fallecer, expresó en su declaración jurada del 5 de diciembre de 2003 (supra párr. 35) que “lo único que deseaba era que les devuelvan a sus hijas, y si pudiera pedirle algo a los jueces era que al menos le enseñen a sus hijas”. El sacerdote Cortina, en su testimonio ante la Corte durante la audiencia pública (supra párr. 36), señaló que “poco tiempo antes de morir la madre de Erlinda y Ernestina estaba quedándose ciega como consecuencia de la
 diabetes y le dijo que “le gustaría no perder la vista porque tal vez todavía podría ver a sus hijas”. Asimismo, respecto a la madre de Ernestina y Erlinda, la perito Ana deutsch indicó que:
 la señora maría victoria presentaba los síntomas típicos del estrés posttraumático y de depresión. Ella no podía dormir bien, tuvo momentos de mucha irritación, su pensamiento no se desprendió nunca de sus hijas desaparecidas, guardaba una tristeza profunda, [... s]e quejaba de un dolor en el pecho[, ...] que es la descripción más acertada de la angustia.
 114. la madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz falleció con la esperanza de que sus hijas estuvieran con vida y de que algún día su familia se pudiera reunir nuevamente; murió sin que el Estado hubiera determinado lo sucedido a sus dos hijas y establecido su paradero. la imposibilidad de averiguar el destino de sus hijas y la constante sensación de poder encontrarlas con vida le provocó un sentimiento de culpabilidad e impotencia. la frustración de no contar con la ayuda y colaboración de las autoridades estatales para determinar lo sucedido con Ernestina y Erlinda y, en su caso, castigar a los responsables, así como determinar el paradero de aquellas y lograr el reencuentro familiar, ha provocado graves afectaciones en la integridad física y psicológica de los familiares. 115. Por lo anteriormente expuesto, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de los familiares de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5o. de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Derecho a la Protección a la familia (artículo 17), Derecho al Nombre (artículo 18) y Derechos del Niño (artículo 19) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1) 125. la Corte no se pronunciará sobre las alegadas violaciones a los artículos 17, 18 y 19 de la Convención, debido a que carece de competencia para pronunciarse sobre posibles violaciones que tienen su origen en hechos o actos sucedidos antes del 6 de junio de 1995 o cuyo principio de ejecución fue anterior a dicha fecha, en la cual El Salvador depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal en la Sentencia sobre excepciones preliminares (supra párr. 21).
 Derecho a la vida (artículo 4o.) en relación con la Obligación general de respetar los derechos (artículo 1.1) de la Convención Americana 130. la Corte considera que del análisis del acervo probatorio del presente caso no surgen elementos ciertos que conduzcan a la conclusión de que las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz hubieran sido privadas arbitrariamente del derecho a la vida. En este sentido, la Corte estima que, al carecer de competencia para pronunciarse sobre la alegada desaparición forzada de Ernestina y Erlinda, no puede presumir, como en otros casos en que los hechos alegados se basan en el delito de desaparición forzada, que el derecho a la vida se encuentra afectado. 131. Al respecto, tal como se ha señalado anteriormente en la presente Sentencia (supra párr. 97), existen posibilidades de que las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se encuentren con vida, dado que todos los jóvenes encontrados por la Asociación Pro-Búsqueda que desaparecieron en la “guinda de mayo” de 1982 cuando eran niños, fueron localizados con vida (supra párr. 48.8). 132. Por las anteriores consideraciones, la Corte no se pronunciará sobre la alegada violación al artículo 4o. de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, debido a que carece de competencia para pronunciarse sobre posibles violaciones que tienen su origen en hechos o actos sucedidos antes del 6 de junio de 1995 o cuyo principio de ejecución fue anterior a dicha fecha, en la cual El Salvador depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal en la Sentencia sobre excepciones preliminares (supra párr. 21). C) REpaRacionEs Obligación de reparar (aplicación del artículo 63.1 de la Convención) (restitutio in integrum, medidas de carácter positivo, alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) 133. de acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de Ernestina y Erlinda Se-
 rrano Cruz y sus familiares, y del artículo 5o. de la misma en perjuicio de estos últimos, todos en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. Este Tribunal ha establecido que es un principio de derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.34 A tales efectos,la Corte se ha basado en el articulo 63.1 de la Convención Americana[...] Por consiguiente, el Tribunal pasa a considerar las medidas necesarias para reparar los daños causados a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y a sus familiares por dichas violaciones a la Convención. 134. Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. de esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.35 135. la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. de no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados.36 Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso.37 la obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios)
 Cfr. Caso lori Berenson mejía, supra nota 1, párr. 230; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr, 85; y Caso de la Cruz Flores, supra nota 5, párr. 138. 35 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 86; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 52; y Caso De la Cruz Flores, supra nota 5, párr. 139. 36 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 87; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 53; y Caso Tibi, supra nota 17, párr. 224. 37 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 88; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 54; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 260.
 por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno.38 136. las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores.39 En este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas anteriormente. A) Beneficiarios 143. En primer término, la Corte considera como “parte lesionada” a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, en su carácter de víctimas directas de las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, por lo que serán acreedoras de las reparaciones que fije el Tribunal por concepto de daño inmaterial. 144. Además, los familiares de las víctimas serán acreedores de las reparaciones que el Tribunal fije en su carácter de víctimas directas de las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5o., 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. la Corte considera que la señora maría victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, y sus hermanos martha, Suyapa, Arnulfo, José Fernando, maría rosa y Oscar, todos de apellidos Serrano Cruz, tienen un derecho propio a la reparación, como parte lesionada en el presente caso. debido a que el padre de Ernestina y Erlinda falleció en 1985, antes de la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por El Salvador, y cuatro de los hermanos de Ernestina y Erlinda también fallecieron antes de dicha fecha, a saber Socorro, Irma, José Enrique y Juan, todos Serrano Cruz, ninguno de ellos es considerado víctima de las vio38 Cfr. Caso lori Berenson mejía, supra nota 1, párr. 231; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 87; y Caso masacre Plan de Sánchez. reparaciones, supra nota 1, párr. 53. 39 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 89; Caso Tibi, supra nota 17, párr. 225; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 261.
 laciones declaradas ni beneficiario de las reparaciones que se dispongan en esta Sentencia. 145. la madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, y sus hermanos martha, Suyapa, Arnulfo, José Fernando, maría rosa y Oscar, todos de apellidos Serrano Cruz, también serán beneficiarios de las reparaciones que fije la Corte en su carácter de lesionados como consecuencia directa de las violaciones cometidas en perjuicio de Ernestina y Erlinda. En este sentido, el Tribunal reitera que los sufrimientos de una persona ocasionan a sus padres y hermanos un daño inmaterial que se presume, por lo cual no es necesario demostrarlo.40 146. En cuanto a las indemnizaciones que correspondieren a la señora maría victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda, la Corte ha señalado y lo reitera, que el derecho a la indemnización por los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su muerte se transmite por sucesión a sus herederos, y que es una regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de una persona son sus hijos.41 B) Daño material (concepto, alcance) 150. la Corte se referirá en este acápite al daño material, el cual supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice,42 para lo cual, cuando corresponde, fija un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente Sentencia. Para resolver las pretensiones sobre el daño material, la Corte tendrá en cuenta el acervo probatorio de este caso, la jurisprudencia del propio Tribunal y los argumentos de las partes.
 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 197; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 229; y Caso Maritza Urrutia, supra nota 16, párrs. 169 y 169.b). 41 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 198; Caso Molina Theissen. Reparaciones, supra nota 2, párr. 49; y Caso Bulacio, supra nota 5, párr. 85. 42 Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 283; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 205; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 236.
 151. de conformidad con lo resuelto en la sentencia sobre excepciones preliminares (supra párr. 21), no es posible que el Tribunal se pronuncie sobre las solicitudes de reparaciones sobre daños materiales que se sustentan en las alegadas violaciones relacionadas con la supuesta desaparición de Ernestina y Erlinda o en hechos o actos sucedidos antes del 6 de junio de 1995 o cuyo principio de ejecución sea anterior a dicha fecha, en la cual el Estado depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte. 152. El Tribunal considera que en el presente caso la indemnización por el daño material debe comprender los gastos por medicinas y tratamientos psicológicos que requirieron los familiares de Ernestina y Erlinda como consecuencia del sufrimiento ocasionado por la desintegración familiar, inseguridad, frustración, angustia e impotencia ante la abstención de las autoridades judiciales de investigar diligentemente lo sucedido a Ernestina y Erlinda y determinar su paradero dentro de un plazo razonable. Asimismo, debe comprender los gastos en que incurrieron los familiares de Ernestina y Erlinda con el fin de indagar su paradero. Al respecto, la Corte toma nota de que algunos de dichos gastos fueron asumidos por la Asociación Pro-Búsqueda, representantes de las víctimas y sus familiares, y que se trata de gastos generados como consecuencia de las violaciones declaradas en esta Sentencia. la Corte estima que el Estado debe otorgar una indemnización por dichos gastos, pues tienen un nexo causal directo con los hechos violatorios de este caso, no se trata de erogaciones realizadas por motivo del acceso a la justicia (infra párrs. 206 y 207), sino de gastos dirigidos a buscar a Ernestina y Erlinda, así como a pagar las medicinas y tratamientos necesarios para tratar los daños a la salud física y psicológica de los familiares de las víctimas. A pesar de que no se aportaron comprobantes de la realización de dichos gastos, con base en los peritajes de las señoras Ana deutsch y laínez villaherrera y los testimonios rendidos por dos hermanos de Erlinda y Ernestina y por el sacerdote Juan Cortina, la Corte fija, en equidad, la cantidad de uS$ 555,00 (quinientos cincuenta y cinco dólares de los Estados unidos de América) o su equivalente en moneda salvadoreña, por concepto de los referidos gastos en que incurrieron los familiares, algunos de los cuales fueron sufragados por Pro-Búsqueda. dicha cantidad deberá ser entregada a la señora Suyapa Serrano Cruz, hermana de Erlinda y Ernestina, quien deberá reintegrar a la Asociación Pro-Búsqueda el monto que corresponda.
 C) Daño inmaterial (concepto, alcance) 156. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas o su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos.43 El primer aspecto de la reparación de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la sección d) en este capítulo. 157. la jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación.44 No obstante, por las circunstancias del caso sub judice, los sufrimientos que los hechos han causado a las personas declaradas víctimas en este caso y sus familiares, el cambio en las condiciones de existencia de todos ellos y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que sufrieron éstos, la Corte estima pertinente el pago de una compensación, conforme a la equidad, por concepto de daños inmateriales. 158. El daño inmaterial de las hermanas Serrano Cruz y de sus familiares resulta evidente, toda vez que la falta de una investigación seria y diligente por parte de las autoridades estatales para determinar lo sucedido a aquellas y, en su caso, identificar y sancionar a los responsables, y
 Cfr. Caso masacre Plan de Sánchez. reparaciones, supra nota 1, párr. 80; Caso Tibi, supra nota 17, párr. 242; y Caso “Instituto de reeducación del menor”, supra nota 9, párr. 295. 44 Cfr. Caso lori Berenson mejía, supra nota 1, párr. 235; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 117; y Caso masacre Plan de Sánchez. reparaciones, supra nota 1, párr. 81.
 la falta de adopción de medidas idóneas que coadyuvaran a la determinación de su paradero, impiden la recuperación emocional de los familiares y causan un daño inmaterial a todos ellos. 159. En cuanto a la madre y hermanos de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, la Corte ha presumido que los sufrimientos o muerte de una persona acarrean a sus padres y hermanos un daño inmaterial, por lo cual no es necesario demostrarlo.45 A partir de los testimonios de los familiares y de los peritajes, la Corte considera que todos ellos han sufrido como consecuencia de la incertidumbre sobre lo sucedido con Ernestina y Erlinda y su paradero. En este sentido, el Tribunal destaca que es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el desconocimiento de lo sucedido a un hijo o hermano, máxime cuando se ve agravado por la impotencia ante la falta de las autoridades estatales de emprender una investigación diligente sobre lo sucedido. Según ha establecido la Corte, el sufrimiento ocasionado a la víctima “se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima”.46 160. Teniendo en cuenta las distintas facetas del daño aducidas por la Comisión y los representantes, la prueba testimonial y pericial allegada al proceso y aplicando las anteriores presunciones, la Corte fija en equidad las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial, de conformidad con los siguientes parámetros:
 a) para fijar las indemnizaciones por los daños inmateriales sufridos por Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, la Corte tiene en cuenta que se trata de un caso en que los hechos investigados en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango hacen referencia al supuesto secuestro de aquellas por miembros del Batallón Atlacatl durante un operativo militar (supra párr. 48.22) y representa un ejemplo de las secuelas de la problemática de la niñez desaparecida durante el conflicto armado. El Tribunal estima que la falta de acceso a la justicia y a una investigación diligente durante los procesos de exhibición personal y penal (supra párrs. 106 y 107), ha impedido que se determine su paradero y que, en caso de encontrarse con vida, puedan restablecer sus relaciones familiares y conocer sus verdaderos orí45 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 197; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 229; y Caso Maritza Urrutia, supra nota 16, párr. 169. 46 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 218; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 249; y Caso Molina Theissen. Reparaciones, supra nota 2, párr. 48.
 genes, lo cual les ha causado un daño inmaterial que debe ser reparado. la Corte fija en equidad la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados unidos de América) o su equivalente en moneda salvadoreña, por concepto de daño inmaterial a favor de Ernestina Serrano Cruz, y la misma cantidad a favor de Erlinda Serrano Cruz; b) en la determinación de las indemnizaciones que corresponden a maría victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, y a sus hermanos, Suyapa y José Fernando, se debe tomar en cuenta que dichos familiares eran los que tenían mayor contacto con ellas antes de que sucedieran los hechos que se investigan en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. Además, Oscar Serrano Cruz ha sido el hermano de Ernestina y Erlinda que ha sufrido por haber vivido con su madre y tenido que acompañarla y cuidarla a lo largo del tiempo en que las ha buscado y realizado esfuerzos por lograr que las autoridades estatales determinen su paradero. dichos familiares emprendieron la búsqueda de Ernestina y Erlinda con el propósito de conocer su destino y, en el caso de que se encontraran vivas, lograr un reencuentro familiar. dicha búsqueda los ha afectado psíquicamente y ha intensificado el sentimiento de desintegración familiar, inseguridad, culpabilidad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades judiciales de investigar lo sucedido diligentemente y adoptar medidas para determinar su paradero. Asimismo, se debe tomar en cuenta que, a pesar de los obstáculos encontrados, la madre de Ernestina y Erlinda prosiguió con la búsqueda de sus hijas y conservó la esperanza de encontrarlas, hasta el momento de fallecer. Además, se han tomado en consideración los daños sufridos como consecuencia de la demora en la investigación y la falta de acceso a la justicia y de garantías al debido proceso durante los procesos de exhibición personal y penal (supra párrs. 106 y 107). Todas las anteriores situaciones generaron gran dolor, impotencia, inseguridad, angustia, tristeza y frustración en los familiares de las víctimas, lo cual ha causado una grave alteración en sus condiciones de existencia y sus relaciones familiares y sociales. La Corte fija en equidad la cantidad de uS$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados unidos de América) o su equivalente en moneda salvadoreña, por concepto del daño inmaterial sufrido por la señora maría victoria Cruz Franco, y la cantidad de uS$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados unidos de América) o su equivalente en moneda salvadoreña, por dicho concepto, a favor de cada uno de los siguientes hermanos: Suyapa, José Fernando y Oscar, todos Serrano Cruz; y c) en cuanto a sus hermanos martha, Arnulfo y maría rosa, todos de apellidos Serrano Cruz, a partir de los testimonios de los familiares y de los peritajes, así como de las presunciones anteriormente establecidas (su-
 pra párr. 159), puede concluirse que todos ellos han sufrido como consecuencia de la incertidumbre sobre lo sucedido con Ernestina y Erlinda y su paradero. La Corte fija en equidad la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados unidos de América) o su equivalente en moneda salvadoreña, por concepto del daño inmaterial sufrido por cada uno de los siguientes hermanos: martha, Arnulfo y maría rosa, todos Serrano Cruz.
 161. En cuanto al pago de las indemnizaciones, se aplicarán las previsiones dispuestas en los párrafos 208 a 216 de esta Sentencia. d) Otras formas de reparación (medidas de satisfacción y garantías de no repetición) 165. En este apartado el Tribunal entrará a determinar aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión pública.47 a) Obligación de investigar los hechos denunciados, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas 166. la Corte ha concluido, inter alia, que El Salvador violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus familiares, debido a que el proceso por el recurso de hábeas corpus interpuesto por la madre de Erlinda y Ernestina, así como el proceso penal reabierto como consecuencia de la decisión que resolvió el hábeas corpus, no han sido efectivos para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ubicar su paradero, e investigar y sancionar a los responsables, ya que fueron tramitados sin la debida diligencia (supra párrs. 106 y 107). Asimismo, en el proceso penal que se ha seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, que se encuentra en la etapa de instrucción, se ha desconocido el principio de plazo razonable
 47 Cfr. Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 93; Caso De la Cruz Flores, supra nota 5, párr. 164; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 314.
 consagrado en la Convención Americana. Además, a partir de que el caso fue sometido al conocimiento de la Corte Interamericana, la investigación penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se ha encontrado dirigida principalmente a defender al Estado en el proceso internacional ante la Corte y no a investigar los hechos denunciados en el proceso penal (supra párr. 104). 167. Por otra parte, además de no haber adoptado las medidas judiciales necesarias para determinar el paradero de Ernestina y Erlinda, el Estado tampoco ha adoptado otro tipo de medidas necesarias con tal fin. 168. los familiares de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz tienen el derecho de conocer lo que sucedió con aquellas y, si se hubiere cometido un delito, de que se sancione a los responsables.48 Tal como ha señalado la Corte, “la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”.49 169. Estas medidas no solo benefician a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a los hechos alegados tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro.50 170. la Corte ha establecido que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.51 171. En cuanto a la obligación estatal de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables, el proceso penal reabierto en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango se encuentra aún en trámite en la etapa de instrucción. Sin embargo, la Corte observa que al archivar el
 48 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 127; Caso masacre Plan de Sánchez. reparaciones, supra nota 1, párr. 96; y Caso Tibi, supra nota 17, párr. 256. 49 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 127; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 96; y Caso Tibi, supra nota 17, párr. 256. 50 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 259; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C, No. 91, párr. 77. 51 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 148; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 175; y Caso Maritza Urrutia, supra nota 16, párr. 126.
 mencionado proceso el 27 de mayo de 1998, dicho Juzgado fundamentó jurídicamente el archivo en los artículos 125.2 y 126 del Código Penal que se encontraba vigente, en los que se regulaba la prescripción de la acción penal (supra párr. 48.25), sin ahondar en este punto. Asimismo, el Tribunal nota que, tal como ha alegado el Estado (supra párr. 51.h), en el proceso penal interno no se ha aplicado la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la cual establece que no gozarán de amnistía, inter alia, quienes hubieren participado en la comisión de los delitos de secuestro y extorsión. Sin embargo, dicha ley se encuentra vigente en El Salvador y ha sido aplicada en otros casos. 172. la Corte advierte que el Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a investigar lo sucedido a Ernestina y Erlinda y, en su caso, sancionar a los responsables, surta sus debidos efectos. El Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria.52 Este Tribunal reitera que en cuanto al cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar:
 [...] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho Internacional de los derechos Humanos.53
 173. Asimismo, la Corte ha establecido que los funcionarios públicos y los particulares que entorpezcan, desvíen o dilaten indebidamente las investigaciones tendientes a aclarar la verdad de los hechos, deberán ser sancionados, aplicando al respecto, con el mayor rigor, las previsiones de la legislación interna.54
 52 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 148; Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 175; y Caso Maritza Urrutia, supra nota 16, párr. 126. 53 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr.130; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 233; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 262. 54 Cfr. Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 29 de agosto de 2002, Serie C, No. 95, párr. 119.
 174. Por otra parte, el Tribunal ha notado que, en cuanto al delito que se investiga en la causa penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango para investigar lo sucedido a Ernestina y Erlinda, en el expediente interno se han hecho diferentes calificaciones penales como “sustracción del cuidado personal”, “Privación de libertad” y “secuestro”. En la época de los hechos investigados en dicho proceso no se encontraba tipificada la desaparición forzada de personas. A partir de 1999 fue incorporado en el Código Penal salvadoreño como delito la “desaparición forzada de personas”. Sin embargo, la Corte observa que dicha tipificación no se adecuó a los estándares internacionales sobre desaparición forzada de personas, en lo atinente a la descripción de los elementos del tipo penal y la pena correspondiente a la gravedad del delito. la Corte estima que sería conveniente que El Salvador tipifique adecuadamente dicho delito y adopte las medidas que sean necesarias a fin de ratificar la Convención Interamericana sobre desaparición Forzada de Personas. 175. A la luz de las anteriores consideraciones, la Corte estima que El Salvador debe investigar efectivamente los hechos denunciados en este caso, con el fin de determinar el paradero de Ernestina y Erlinda, lo sucedido a éstas y, en su caso, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en su perjuicio, para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos. En el proceso penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango los familiares de Ernestina y Erlinda deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Finalmente, la Corte dispone que el resultado del proceso penal debe ser públicamente divulgado, para que la sociedad salvadoreña conozca la verdad de lo ocurrido. 176. Asimismo, es preciso que en la investigación de los hechos el Estado no repita las actuaciones y omisiones señaladas en las consideraciones de la Corte sobre la violación a los artículos 8.1 y 25 de la Convención (supra párrs. 52 a 107). Es preciso que se tomen en cuenta las particularidades de los hechos denunciados y la situación de conflicto armado en que se encontraba El Salvador en la época en que supuestamente ocurrieron los hechos que se investigan, de forma tal que las indagaciones no se basen únicamente en los nombres y apellidos de las víctimas, porque podría ser que por diversos motivos no hayan conservado tales nombres (supra párr. 48.11).
 177. El cumplimiento de las referidas obligaciones tiene gran importancia para la reparación de los daños sufridos durante años por los familiares de Ernestina y Erlinda, ya que han vivido con un sentimiento de desintegración familiar, inseguridad, frustración, angustia e impotencia ante la abstención de las autoridades judiciales de investigar diligentemente los hechos denunciados, así como ante la despreocupación del Estado por determinar dónde se encuentran mediante la adopción de otras medidas. 178. En caso de que al dar cumplimiento a su obligación de investigar y dar con el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, se determine que aquellas fallecieron, el Estado deberá satisfacer el derecho de sus familiares de conocer dónde se encuentran los restos mortales de éstas y, de ser posible, entregar dichos restos a sus hermanos para que puedan honrarlos según sus creencias y costumbres.55 El Tribunal ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos.56 179. A pesar de que han transcurrido más de veintidós años desde que Ernestina y Erlinda fueron vistas por sus familiares por última vez, la Corte ha considerado que es probable que se encuentren con vida, ya que los niños desaparecidos en la “guinda de mayo” de 1982 que la Asociación Pro-Búsqueda ha encontrado fueron localizados con vida, y se alega que Ernestina y Erlinda también desaparecieron en la “guinda de mayo” de 1982 (supra párr. 48.8). Como ha quedado demostrado según la información aportada en este proceso, la Asociación Pro-Búsqueda ha logrado encontrar aproximadamente 246 jóvenes que desaparecieron, por diversas razones, durante el conflicto armado, a pesar de que en esta búsqueda no ha recibido la cooperación estatal que se requiere. la Corte considera que la participación activa del Estado y todas sus autoridades e instituciones en esta búsqueda será muy importante en la solución del problema de los niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado. 180. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal estima justo y razonable ordenar a El Salvador que, en el cumplimiento de su
 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 265; Caso Molina Theissen. Reparaciones, supra nota 2, párr. 85; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 18, párr. 187. 56 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 12, párr. 265; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 27 de febrero de 2002, Serie C, No. 92, párr. 115; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 50, párr. 81.
 obligación de investigar los hechos denunciados, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas, elimine todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que impidan el cumplimiento de dichas obligaciones en el presente caso, de modo que utilice todas las medidas a su alcance, ya sea por medio del proceso penal o mediante la adopción de otras medidas idóneas.57 181. El Estado debe utilizar todos los medios económicos, técnicos, científicos y de otra índole idóneos para determinar el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, solicitando, en caso de ser necesario, la cooperación de otros Estados y organizaciones internacionales. 182. Seguidamente, el Tribunal se referirá a algunas de las medidas que el Estado necesariamente debe adoptar en aras de determinar el paradero de Ernestina y Erlinda. b) Funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado y participación de la sociedad civil 183. la Corte valora que el 5 de octubre de 2004 el Presidente de El Salvador emitió el decreto Ejecutivo No. 45, por medio del cual se creó la “Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos a consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador”. Sin embargo, la Corte nota que en dicho decreto no se regularon de forma específica las funciones ni la metodología de trabajo que dicha Comisión deberá observar para cumplir con su mandato, sino que se indicó que ello sería determinado en su “reglamento Interno de Organización y Funcionamiento”. No fue puesto en conocimiento de la Corte que se hubiere emitido el respectivo reglamento. 184. Seguidamente, el Tribunal realizará algunas consideraciones sobre los parámetros que debe cumplir una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado y su funcionamiento. Para cumplir con esta medida de reparación, el Estado podría hacerlo a través de la “Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador”, si ésta cumple con los parámetros establecidos
 57 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 134; y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 77.
 por la Corte para el cumplimiento de esta medida, o crear una nueva comisión que cumpla con ellos. 185. En el decreto que creó la referida comisión se estipuló que “tendrá como objeto colaborar junto con las instituciones públicas involucradas o encargadas de la protección de la niñez, en la búsqueda de niños y niñas que quedaron separados involuntariamente de sus familiares” (supra párr. 48.13). Sin embargo, la Corte observa que la función de la Comisión no puede limitarse a “colaborar”, sino que es preciso que tome la iniciativa de adoptar las medidas necesarias para investigar y recabar pruebas sobre el posible paradero de los jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado, y facilitar con ello la determinación de lo sucedido y el reencuentro con sus familiares. 186. Al respecto, el Tribunal destaca que, al implementar iniciativas con el objetivo de buscar y localizar a los niños desaparecidos y facilitar el reencuentro con sus familiares, el Estado debe evaluar las causas por las cuales la iniciativa desarrollada a instancias del Procurador General de la república, conocida como “mesa del Procurador” (supra párr. 48.12), no tuvo resultados positivos. Es preciso que se asegure que todas las instituciones y autoridades estatales se encuentren obligadas a prestar su cooperación en el suministro de información a la comisión nacional de búsqueda y en el acceso a todos los archivos y registros que pudieran contener datos sobre los posibles destinos de los jóvenes a que se hace referencia. 187. Asimismo, se debe garantizar la independencia e imparcialidad de los miembros de la comisión nacional de búsqueda, así como también se deben asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos y de otra índole necesarios para que pueda investigar y determinar el paradero de los jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado. 188. Por otro lado, la Corte nota con preocupación que el mencionado decreto No. 45 establece que la referida Comisión Interinstitucional de Búsqueda estará integrada solamente por autoridades estatales, pese a que “podr[ía] contar con la colaboración y acompañamiento de otras instituciones públicas como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría para la defensa de los derechos Humanos, [...] así como de instituciones privadas dedicadas a lograr el propósito de dicha Comisión”. Al respecto, cabe destacar que, según la prueba aportada en el presente caso, los
 resultados positivos en la búsqueda y localización de los jóvenes desaparecidos cuando eran niños durante el conflicto armado, y su reencuentro y recuperación de las relaciones familiares no fueron consecuencia del actuar diligente del Estado, sino de la Asociación Pro-Búsqueda y los familiares de las personas desparecidas (supra párr. 48.6 y 48.9). Por ello, el Tribunal estima necesario que en la composición de la comisión nacional de búsqueda se incluya a las instituciones estatales que han mostrado interés en la solución de este problema y a otras que correspondiere por las funciones que desempeñan, así como que se de participación a la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a dicha búsqueda o que están especializadas en el trabajo con jóvenes desaparecidos, como por ejemplo la Asociación Pro-Búsqueda. c) Creación de una página web de búsqueda 189. Este Tribunal considera necesaria la creación de una base de datos mediante el diseño de una página web de búsqueda de desaparecidos, en la cual, mediante la implementación de una base de datos, se difunda los nombres y apellidos, posibles características físicas, y todos los datos con los que se cuenta de las hermanas Serrano Cruz, así como de sus familiares. 190. En este sentido, en dicha página web se debe establecer direcciones y teléfonos de contacto de instituciones estatales (Procuraduría General de la república, Procuraduría para la defensa de los derechos Humanos, Policía Nacional Civil, migración, ministerio de relaciones Exteriores, Embajadas y Consulados de El Salvador, Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, Instituciones Estatales competentes para la protección de los niños, jóvenes y de la familia, entre otras), de la comisión nacional de búsqueda (supra párrs. 183 a 188), así como de asociaciones civiles como Pro-Búsqueda, con el propósito de que, en caso que las hermanas Serrano Cruz se encontraran con vida y contactaran dicha página, tanto ellas como cualquier persona que poseyeran datos sobre dichas hermanas, puedan ubicar a los familiares, a las instituciones estatales o no estatales pertinentes, o remitir información sobre Ernestina y Erlinda y su paradero. 191. En este sentido, la Corte considera indispensable que el Estado adopte las medidas necesarias para coordinar, desde la referida página
 web, enlaces nacionales con las diferentes autoridades e instituciones estatales y no estatales mencionadas anteriormente, así como enlaces internacionales con otras páginas web de otros Estados, de instituciones o asociaciones nacionales y de organismos internacionales dedicados a la búsqueda de niños y jóvenes desaparecidos, con el fin de propiciar, participar y colaborar con la formación y desarrollo de una red internacional de búsqueda.58 Para ello, el Estado cuenta con el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia. d) Creación de un sistema de información genética 192. El Tribunal destaca la importancia de la ayuda de la ciencia a los efectos de lograr la identificación de las personas que han desaparecido y de sus familiares, para determinar la filiación y establecer contactos entre quienes buscan a personas que desaparecieron, así como personas que se han separado involuntariamente de sus familias y que las buscan. En este sentido, el Tribunal ha notado que el sacerdote Juan Cortina Garaígorta manifestó en la audiencia pública ante la Corte que, entre las técnicas investigativas que ha utilizado Pro-Búsqueda “para poder encontrar a los niños y niñas que tuviesen algo que ver con el conflicto”, estaban “elaborando [...] un código genético de AdN [...]”. En este sentido, dicho sacerdote indicó que “se est[aban] tomando más de 1500 [a] 1800 pruebas de AdN”. Sin embargo, el Tribunal nota que el Estado no ha colaborado con el desarrollo de dicha técnica investigativa, sino que Pro-Búsqueda ha recibido ayuda del exterior. 193. Al respecto, la Corte considera que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para crear un sistema de información genética que permita obtener y conservar datos genéticos que coadyuven a la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y sus familiares y su identificación.59 El Estado deberá cumplir con esta reparación en un plazo razonable.
 Al respecto, se encuentran en funcionamiento páginas web que tienen el objetivo de buscar a personas desaparecidas, tal como la desarrollada por el proyecto coordinado y financiado por Save the Children de Suecia en el marco del Programa regional para América latina y el Caribe, en las cuales El Salvador podría participar. la página de ese proyecto tiene la siguiente dirección: www.latinoamericanosdesaparecidos.org. 59 Cfr. Caso Molina Theissen. Reparaciones, supra nota 2, párr. 91.b.
 e) Acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y sus familiares 194. Como lo ha dispuesto en otros casos,60 la Corte considera necesario, con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y sus familiares y de evitar que hechos como los de este caso se repitan, que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia y de desagravio a las víctimas y sus familiares. Este acto deberá realizarse en una ceremonia pública en la ciudad de Chalatenango, con la presencia de altas autoridades del Estado y de los miembros de la familia Serrano Cruz.61 El Estado debe disponer los medios necesarios para facilitar la presencia de dichas personas en el acto mencionado.62 Además, el Estado debe difundir dicho acto a través de los medios de comunicación,63 incluyendo internet. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. f) Publicidad de esta Sentencia 195. Asimismo, y como lo ha ordenado en otras oportunidades,64 la Corte estima que, como medida de satisfacción, el Estado debe publicar, al menos por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, los capítulos I, denominado “Introducción de la causa”, III, denominado “Competencia” y vI, denominado “Hechos Probados”, así como los puntos resolutivos de la presente Sentencia. En este mismo sentido, el Tribunal considera que en la página web de búsqueda de per60 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 136; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 100; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 316. 61 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 136; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 100; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 7, párr. 234. 62 Cfr. Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 100. 63 Cfr. Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 100; y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 278. 64 Cfr. Caso lori Berenson mejía, supra nota 1, párr. 240; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 138; y Caso masacre Plan de Sánchez. reparaciones, supra nota 1, párr. 103.
 sonas desaparecidas (supra párrs. 189 a 191) se debe establecer un enlace al texto completo de esta Sentencia. Para ello, el Estado cuenta con un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. g) Designación de un día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno 196. la Corte considera que El Salvador debe designar un día dedicado a los niños y niñas que, por diversos motivos, desaparecieron durante el conflicto armado interno, con el propósito de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de que “todos los salvadoreños [...] trabajen juntos para encontrar las mejores soluciones [...] que [l]os conduzca[n] a la verdad sobre el paradero de los menores”, tal como manifestó el Estado en la audiencia pública ante la Corte. El Estado debe cumplir con esta medida en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. h) Asistencia médica y psicológica 197. El señor José Fernando Serrano Cruz, hermano de Ernestina y Erlinda, en su declaración ante fedatario público (affidávit) se refirió a los problemas físicos y psicológicos que ha padecido su familia como consecuencia de los hechos de este caso, en particular a los daños sufridos por su madre. Igualmente, la perito Ana deutsch manifestó en su declaración jurada que es necesario que las víctimas y sus familiares reciban tratamiento psicológico para mejorar las condiciones de salud mental de aquellos. la Corte estima que es preciso que se disponga una medida que tenga el propósito de reducir los padecimientos físicos y psicológicos de los familiares de Ernestina y Erlinda derivados de la situación de la violación.65 198. Con el fin de contribuir a la reparación de los daños físicos y psicológicos, el Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializa65 Cfr. Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 106; Caso De la Cruz Flores, supra nota 5, párr. 168; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 318.
 das, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas, incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individual. la Corte estima conveniente que se brinde participación en dicha evaluación y en la implementación de dichos tratamientos a una institución no gubernamental especializada, como por ejemplo la Asociación Pro-Búsqueda. Asimismo, en caso de que Erlinda y Ernestina sean encontradas con vida, el Estado también deberá brindarles los referidos tratamientos médicos y psicológicos. 199. Tomando en cuenta la opinión de la experta rosa América laínez villaherrera, quien ha evaluado o tratado a muchos jóvenes que fueron reencontrados, a sus familiares y a familiares que continúan buscando a desaparecidos (supra párr. 35), es necesario que al proveer el referido tratamiento psicológico se consideren las circunstancias particulares y necesidades de cada persona, de manera que se les brinden tratamientos individuales, familiares y colectivos, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual. 200. En el plazo de seis meses El Salvador deberá informar a los familiares de Ernestina y Erlinda y a Pro-Búsqueda en cuáles establecimientos de salud o institutos especializados recibirán el referido tratamiento médico y psicológico, y deberá brindarles tal tratamiento. 201. Finalmente, la Corte estima que la presente Sentencia constituye per se una forma de reparación.66 E) Costas y gastos 205. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores,67 las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por los familiares de las víctimas o sus representantes con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la
 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 1, párr. 235; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 117; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 81. 67 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 143; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 115; y Caso De la Cruz Flores, supra nota 5, párr. 177.
 responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta la acreditación de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados por las partes, siempre que su quantum sea razonable. 206. En el concepto de costas, para los fines que ahora se examinan, quedan comprendidas tanto las que corresponden a la etapa de acceso a la justicia a nivel nacional, como las que se refieren a la justicia a nivel internacional ante dos instancias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos: la Comisión y la Corte.68 207. la Corte toma en cuenta que los familiares de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz actuaron a través de representantes, tanto ante la Comisión como ante la Corte. El Tribunal estima equitativo ordenar al Estado que reintegre la cantidad de uS$ 38.000,00 (treinta y ocho mil dólares de los Estados unidos de América) o su equivalente en moneda salvadoreña, a la Asociación Pro-Búsqueda por concepto de las costas y gastos en que incurrió en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y que reintegre la cantidad de uS$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados unidos de América) o su equivalente en moneda salvadoreña a CEJIl por concepto de las costas y gastos en que incurrió en el referido proceso internacional. F) Modalidad de cumplimiento 208. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, El Salvador deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial (supra párrs. 152 y 160), el reintegro de costas y gastos (supra párr. 207) y adoptar la medida de reparación referida a la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia y de desagravio a las
 68 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 1, párr. 144; Caso Tibi, supra nota 17, párr. 269; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 9, párr. 329.
 víctimas y sus familiares (supra párr. 194), dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la misma. El Estado deberá adoptar las medidas de reparación relativas al funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado y participación de la sociedad civil (supra párrs. 183 a 188), la creación de una página web de búsqueda (supra párr. 189 a 191), la publicidad de esta Sentencia (supra párr. 195), la designación de un día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno (supra párr. 196), y a brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de Ernestina y Erlinda (supra párrs. 197 a 200), dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la misma. El Salvador deberá cumplir con la obligación de investigar los hechos denunciados, e identificar y sancionar a los responsables (supra párrs. 166 a 182) y adoptar la medida de reparación relacionada con la creación de un sistema de información genética (supra párrs. 192 y 193), dentro de un plazo razonable. 209. El Estado deberá cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados unidos de América o su equivalente en moneda salvadoreña. 210. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se deberá consignar a favor aquellas en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria salvadoreña solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria salvadoreña. Si al cabo de diez años la indemnización no ha podido ser reclamada, la cantidad será entregada, con los intereses devengados, a los hermanos de Ernestina y Erlinda en partes iguales, quienes contarán con el plazo de dos años para reclamarlos, después de lo cual, si no han sido reclamados, serán devueltos al Estado. 211. El pago de la indemnización que corresponde a la señora maría victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda, por concepto de daño inmaterial (supra párr. 160.b), se deberá entregar a sus hijos por partes iguales. 212. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de los hermanos de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz será hecho directamente a éstos. Si alguno de ellos hubiere fallecido, el pago se hará a sus herederos. 213. los pagos correspondientes al reintegro de costas y gastos generados por las gestiones realizadas por la Asociación Pro-Búsqueda y
 CEJIl, tanto en el proceso interno como en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, serán efectuados a favor de dichos representantes, según lo dispuesto en el párrafo 207 de la presente Sentencia. 214. las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnizaciones por daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos, no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. Por ende, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia. 215. Si por causas atribuibles a los familiares de las víctimas que son beneficiarios de las indemnizaciones (supra párrs. 152 y 160) no fuera posible que éstos las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria salvadoreña solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los intereses devengados. 216. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en El Salvador. 217. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, El Salvador deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta Sentencia. D. Etapa dE intERpREtación dE la sEntEncia dEl Fondo, REpaRacionEs y costas Corte IdH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Interpretación de la Sentencia del Fondo, reparaciones y Costas, Sentencia del 9 de septiembre de 2005, Serie C, No. 131.
 Composición de la Corte:* Sergio García ramírez, Presidente; Alirio Abreu Burelli, vicepresidente; Oliver Jackman, Juez; Antônio A. Cançado Trindade, Juez; manuel E. ventura robles, Juez, y Alejandro montiel Argüello, Juez ad hoc; presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares rodríguez, Secretaria Adjunta. Asuntos en discusión: C) Interpretación de la sentencia: Admisibilidad (naturaleza de la demanda de interpretación); Sobre las cantidades de las indemnizaciones fijadas por la Corte; La indemnización por concepto del daño inmaterial sufrido por la madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. Admisibilidad (naturaleza de la demanda de interpretación) 13. la Corte ha constatado que el Estado interpuso la demanda de interpretación de sentencia del 26 de junio de 2005, dentro del plazo establecido en el artículo 67 de la Convención (supra párr. 10), ya que la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas fue notificada a El Salvador el 29 de marzo de 2005. 14. Por otro lado, tal como lo ha dispuesto anteriormente este Tribunal, una demanda de interpretación de una sentencia no debe utilizarse como un medio de impugnación, sino únicamente debe tener como objeto desentrañar el sentido de un fallo cuando una de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva y, por tanto, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una demanda de interpretación.69
 * El Juez diego García-Sayán se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto y 19 del reglamento de la Corte. la Jueza Cecilia medina Quiroga informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en la deliberación y firma de la presente Sentencia. 69 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas (art. 67 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 23 de junio de 2005, Serie C, No. 128, párr. 12; Caso Juan Humberto Sánchez. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. (art. 67 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 26 de noviembre de 2003, Serie C, No. 102, párr. 14; y Caso Cesti Hurtado. Interpretación de la Sentencia del Reparaciones. (art. 67 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 27 de noviembre de 2001, Serie C, No. 86, párr. 31.
 15. Asimismo, la Corte ha establecido que la demanda de interpretación de sentencia no puede consistir en el sometimiento de cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales el Tribunal ya adoptó una decisión.70 Sobre las cantidades de las indemnizaciones fijadas por la Corte 20. La Corte ha constatado que el tercer aspecto al que se refirió El Salvador en su demanda de interpretación, referente a “las razones que llevaron a [l]a Honorable Corte a fijar los montos que en concepto de indemnizaciones deberá el Estado desembolsar”, no busca que la Corte interprete el sentido o alcance de la Sentencia. Por el contrario, el Estado manifiesta que considera que los referidos montos “no están acorde al supuesto daño causado”, con lo cual está utilizando la demanda de interpretación como un medio para impugnar la Sentencia y pretendiendo que la Corte modifique las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones de los daños ocasionados como consecuencia de las violaciones declaradas en la Sentencia. 21. Además, el Estado expone argumentos sobre la tramitación del proceso penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango por la investigación de lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, que guardan relación con las violaciones declaradas por la Corte a los artículos 8.1 y 25 de la Convención (supra párr. 17.b). Con ello, el Estado somete a la consideración de la Corte cuestiones de hecho y de derecho que fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales este Tribunal ya adoptó una decisión en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas (supra párr. 1). 22. Al respecto, los fundamentos de la Corte para disponer en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas las indemnizaciones por concepto de los daños material e inmaterial producidos por las violaciones de los artículos 8.1, 25 y 5o. de la Convención, en relación con el artículo
 70 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 1, párr. 11; Caso Juan Humberto Sánchez. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, supra nota 1, párr. 40; y Caso Loayza Tamayo. Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones (art. 67 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 3 de junio de 1999, Serie C, No. 53, párr. 15.
 1.1 de la misma, y fijar en equidad las cantidades correspondientes, se encuentran claramente establecidos en los párrafos 133 a 137, 142 a 145, 152 y 156 a 160 del referido fallo, así como también se encuentran debidamente fundamentadas las violaciones declaradas por la Corte a las referidas normas de la Convención, en los párrafos 54 a 107 y 112 a 115 de la referida Sentencia. 23. Por las anteriores consideraciones, la Corte decide desestimar la demanda de interpretación en lo relativo al tercer aspecto expuesto, cual es “las razones que llevaron a [l]a Honorable Corte a fijar los montos que en concepto de indemnizaciones deberá el Estado desembolsar”, debido a que no se adecua en sus términos a lo previsto en los artículos 67 de la Convención y 29.3 y 59 del reglamento. La indemnización por concepto del daño inmaterial sufrido por la madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz 27. La Corte ha constatado que el primer aspecto al que se refirió El Salvador en su demanda de interpretación, cual es “[su] inquietud sobre el alcance de lo dispuesto por [la ...] Corte en materia de indemnización del daño inmaterial a la señora maría victoria Cruz Franco” (supra párr. 24), no busca que la Corte interprete el sentido o alcance de la Sentencia. Por el contrario, el Estado pretende que la Corte determine las indemnizaciones de acuerdo al derecho interno salvadoreño, para lo cual cita lo dispuesto en el Código de derecho Internacional Privado y en el Código Civil de El Salvador sobre la personalidad civil. El Estado está utilizando la demanda de interpretación como un medio para impugnar la Sentencia y pretende que la Corte modifique su decisión de fijar una indemnización por los daños sufridos por la señora maría victoria Cruz Franco. 28. los fundamentos de la Corte para disponer en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas una indemnización por concepto del daño inmaterial sufrido por la señora maría victoria Cruz Franco hasta antes de su muerte, como consecuencia de las violaciones declaradas a los artículos 8.1, 25 y 5o. de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, se encuentran claramente establecidos en los párrafos 133 a 137, 142 a 146 y 156 a 160 del referido fallo, así como también se encuentran debidamente fundamentadas las violaciones declaradas por la Corte a las citadas normas de la Convención en perjuicio de la señora Cruz Franco, en los párrafos 54 a 107 y 112 a 115 de la referida Sentencia.
 29. En su jurisprudencia la Corte ha establecido que el artículo 63.1 de la Convención, que dispone sobre la materia de reparaciones, refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Tal como ha establecido el Tribunal, la obligación de reparar se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones o dificultades de su derecho interno.71 Por ello, al disponer las distintas medidas de reparación el Tribunal no se encuentra limitado por el derecho interno del Estado responsable. 30. El referido artículo 63.1 de la Convención otorga a la Corte Interamericana la facultad de determinar las medidas que permitan reparar las consecuencias de la violación y regular todos sus aspectos.72 31. En el presente caso el Tribunal dispuso una indemnización por los daños ocasionados a la señora maría victoria Cruz Franco hasta antes de su muerte como consecuencia de las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8.1 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 5o. (Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En este sentido, el Tribunal consideró que los sufrimientos padecidos por dicha señora desde junio de 1995 hasta su fallecimiento el 30 de marzo de 2004 le habían ocasionado un daño inmaterial, y por lo tanto el derecho a recibir la reparación correspondiente.73 de esta forma, la Corte fijó una indemnización que se generó por los daños sufridos por la señora Cruz Franco mientras estuvo con vida, por lo cual dicha indemnización se transmite a sus sucesores, quienes en este caso son sus hijos. 32. desde sus primeras sentencias hasta su jurisprudencia más reciente, al determinar las reparaciones, la Corte ha dispuesto indemnizaciones por concepto del daño inmaterial sufrido por las víctimas hasta el momento de su muerte y por sufrido por las víctimas de desaparición forza71 Cfr. Caso Acosta Calderón, Sentencia del 24 de junio de 2005, Serie C, No. 129, párrs. 146 y 147; Caso YATAMA, Sentencia del 23 de junio de 2005, Serie C, No. 127, párrs. 231 y 232; y Caso Fermín Ramírez, Sentencia del 20 de junio de 2005, Serie C, No. 126, párrs. 122 y 123. 72 Cfr. Caso Acosta Calderón, supra nota 3, párr. 147; Caso YATAmA, supra nota 3, párr. 257; y Caso Fermín ramírez, supra nota 3, párr. 123. 73 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia del 1 de marzo de 2005, Serie C, No. 120, párrs. 48.80, 48.81, 159 y 160.b).
 da74 e incluso por el daño sufrido por familiares de las víctimas durante años aunque al momento en que la Corte emitiera la Sentencia hubieran fallecido.75 Inclusive, en casos en los que el Estado responsable y los re74 Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, Sentencia del 15 de junio de 2005, Serie C, No. 124, párrs. 179 y 191; Caso Huilca Tecse, Sentencia del 3 de marzo de 2005, Serie C, No. 121, párrs. 92, 98, 99 y 100; Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia del 22 de noviembre de 2004, Serie C, No. 117, párrs. 98, 118 y 120; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Serie C, No. 112, párr. 303.a; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C, No. 110, párrs. 216 y 217; Caso 19 Comerciantes, Sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C, No. 109, párrs. 248, 250.a) y 252; Caso Molina Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 3 de julio de 2004, Serie C, No. 108, párrs. 66, 67 y 73; Caso Myrna Mack Chang, Sentencia del 25 de noviembre de 2003, Serie C, No. 101, párrs. 261-263; Caso Bulacio, Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Serie C, No. 100, párrs. 96, 99, 103, 104 y 85; Caso Juan Humberto Sánchez, Sentencia del 7 de junio de 2003, Serie C, No. 99, párrs. 174, 178 y 164; Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 29 de agosto de 2002, Serie C, No. 95, párrs. 100, 101, 102 y 110; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 27 de febrero de 2002, Serie C, No. 92, párrs. 84, 85 y 89; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C, No. 91, párrs. 61 y 67; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 26 de mayo de 2001, Serie C, No. 77, párrs. 88-90 y 91.a); Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 25 de mayo de 2001, Serie C, No. 76, párr. 106; Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C, No. 43, párr. 86; Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 27 de agosto de 1998, Serie C, No. 39, párrs. 49 y 50; Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C, No. 31, párr. 52; Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 19 de septiembre de 1996, Serie C, No. 29, párrs. 56, 57, 58 y 61.b); Caso El Amparo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C, No. 28, párrs. 35-38 y 41.b); Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C, No. 22, párrs. 68 y 69; y Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C, No. 15, párrs. 52, 54 y 66. 75 Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 6, párrs. 179 y 191; Caso Huilca Tecse, supra nota 6, párrs. 91, 92, 98, 99 y 100; Caso Molina Theissen. Reparaciones, supra nota 6, párr. 70; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 6, párr. 264.c; Caso Bulacio, supra nota 6, párrs. 85, 102 y 104; Caso de Las Palmeras. Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre derechos Humanos), Sentencia del 26 de noviembre de 2002, Serie C, No. 96, párr. 57; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 53.f)
 presentantes de las víctimas han llegado a un acuerdo sobre reparaciones, el Estado se ha comprometido a pagar indemnizaciones por concepto del daño inmaterial ocasionado a víctimas que fallecieron.76 En todos esos casos la Corte ha dejado establecida la forma en que se deberán entregar esas indemnizaciones a los familiares. 33. la Corte Europea de derechos Humanos también ha seguido este criterio, al disponer indemnizaciones por los daños sufridos por víctimas que fallecieron, tomando en cuenta los daños inmateriales sufridos hasta el momento de su muerte, y ha establecido que el monto de las indemnizaciones se transmite por sucesión a sus herederos.77 34. Inclusive, en diversos casos la Corte Interamericana ha determinado la distribución de indemnizaciones utilizando criterios que no necesariamente coinciden con lo dispuesto en el derecho interno en materia sucesoria, para lo cual ha ponderado los efectos de sus fallos en función del marco fáctico del caso.78 35. Finalmente, la Corte recuerda que los Estados no pueden invocar las disposiciones del derecho interno para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales.79 En particular, el Tribunal ha establecido que
 y 88.d); y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 6, párr. 92.b. 76 Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 6, párr. 101; y Caso Benavides Cevallos, Sentencia del 19 de junio de 1998, Serie C, No. 38, párr. 48 y punto resolutivo tercero. 77 Cfr. Akdeniz v. Turkey, no. 25165/94, § 153, ECHr, judgment of 31 may 2005; Ipek v. Turkey, no. 25760/94, § 237; ECHr, judgment of 17 February 2004; Çiçek v. Turkey, no. 25704/94, § 204; ECHr, judgment of 27 February 2001; Taş v. Turkey, no. 24396/94, § 102; y ECHr, judgment of 14 November 2000; y X. v. France, judgment of 31 march 1992, Series A, no. 234-C, § 54. 78 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 6, párrs. 98 y 99; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 6, párr. 200; Caso 19 Comerciantes, supra nota 6, párr. 230; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 6, párrs. 164, 165 y 178; Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 91, 93, 101, 102 y 111; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 52, 53 y 67; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 6, párrs. 96 y 187; Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 6, párr. 90; Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 55, 56 y 65; Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 60 y 61; Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 60 y 61; Caso El Amparo. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 40, 41 y 42; y Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 6, párrs. 77 y 97. 79 Cfr. Caso YATAMA, supra nota 3, párr. 257; Caso Caesar, Sentencia del 11 de marzo de 2005, Serie C, No. 123, párr. 133; y Caso Ricardo Canese, Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C, No. 111, párr. 148.
 [e]n lo que atañe a la ejecución, en el ámbito del derecho interno, de las reparaciones ordenadas por la Corte, los Estados responsables no pueden modificarlas o incumplirlas invocando para ello disposiciones de su ordenamiento jurídico interno.80
 36. Por las anteriores razones, la Corte decide desestimar la demanda de interpretación en lo relativo al aspecto expuesto por el Estado respecto de “[su] inquietud sobre el alcance de lo dispuesto por [la ...] Corte en materia de indemnización del daño inmaterial a la señora maría victoria Cruz Franco” (supra párr. 24), debido a que no se adecua en sus términos a lo previsto en los artículos 67 de la Convención y 29.3 y 59 del reglamento. Distribución de la indemnización dispuesta por la Corte por concepto del daño inmaterial sufrido por la madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz 40. la Corte estima que es claro el alcance de lo dispuesto en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas respecto de las personas a quienes se deberá entregar la indemnización por el daño inmaterial sufrido por la señora maría victoria Cruz Franco. Sin embargo, en aras de disipar las dudas del Estado al respecto, el Tribunal considera conveniente establecer con mayor claridad el sentido de lo dispuesto en el párrafo 211 y en el punto resolutivo vigésimo de la referida Sentencia, en los cuales se estableció que el pago de la indemnización que corresponde a la referida señora por concepto de daño inmaterial “se deberá entregar a sus hijos por partes iguales”. 41. lo dispuesto en el párrafo 211 y en el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas debe entenderse tomando en cuenta lo declarado por la Corte en otras partes del mismo fallo, tales como los párrafos 48.2, 48.6, 48.8, 97 in fine, 112 in fine, 130, 131 y 210. 43. En el párrafo 97 in fine de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas, al referirse a la violación de los artículos 8o. (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, el Tribunal indicó que:
 80 Caso Baena Ricardo y otros. Competencia, Sentencia del 28 de noviembre de 2003, Serie C, No. 104, párr. 61. Asimismo, Cfr. Caso Acosta Calderón, supra nota 3, párr. 147; Caso YATAMA, supra nota 3, párr. 257; y Caso Fermín Ramírez, supra nota 3, párr. 123.
 [...] cabe destacar que estas diligencias que se han omitido tienen gran importancia, debido a que existe la probabilidad de que Ernestina y Erlinda se encuentren con vida, ya que los niños desaparecidos en la “guinda de mayo” de 1982 que la Asociación Pro-Búsqueda ha reencontrado fueron localizados con vida.
 44. En el párrafo 112 in fine, al referirse a la violación del artículo 5o. (derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, la Corte señaló que:
 [...] los familiares de Ernestina y Erlinda han visto durante años cómo otras familias han reencontrado a familiares desaparecidos durante el conflicto armado, fundamentalmente debido a la búsqueda realizada por la Asociación Pro-Búsqueda, pero su familia no ha recibido la ayuda estatal para lograrlo. Al respecto, todos los jóvenes que desaparecieron durante al operativo militar denominado la “guinda de mayo” de 1982 que ha encontrado la Asociación Pro-Búsqueda fueron localizados con vida [...].
 45. Asimismo, en los párrafos 130 y 131, al referirse a la alegada violación del artículo 4o. (derecho a la vida) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, la Corte consideró que:
 del análisis del acervo probatorio del presente caso no surgen elementos ciertos que conduzcan a la conclusión de que las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz hubieran sido privadas arbitrariamente del derecho a la vida. En este sentido, la Corte estima que, al carecer de competencia para pronunciarse sobre la alegada desaparición forzada de Ernestina y Erlinda, no puede presumir, como en otros casos en que los hechos alegados se basan en el delito de desaparición forzada, que el derecho a la vida se encuentra afectado. [...] Al respecto, tal como se ha señalado anteriormente en la [...] Sentencia (supra párr. 97), existen posibilidades de que las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se encuentren con vida, dado que todos los jóvenes encontrados por la Asociación Pro-Búsqueda que desaparecieron en la “guinda de mayo” de 1982 cuando eran niños, fueron localizados con vida [...].
 46. de conformidad con lo dispuesto en los referidos párrafos y en aplicación del artículo 63.1 de la Convención, el Tribunal dispuso una indemnización para Ernestina y Erlinda Serrano Cruz por los daños in-
 materiales sufridos como consecuencia de las violaciones a los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, declaradas en su perjuicio y, tomando en consideración que podrían encontrarse con vida, la Corte indicó en el párrafo 210 que:
 [...] El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se deberá consignar a favor de aquellas en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria salvadoreña solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria salvadoreña. Si al cabo de diez años la indemnización no ha podido ser reclamada, la cantidad será entregada, con los intereses devengados, a los hermanos de Ernestina y Erlinda en partes iguales, quienes contarán con el plazo de dos años para reclamarlos, después de lo cual, si no han sido reclamados, serán devueltos al Estado.
 47. El Tribunal ha dejado claramente establecido que existe la probabilidad de que Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se encuentren con vida, lo cual fue tomado en cuenta por la Corte tanto al pronunciarse sobre las violaciones a la Convención como al disponer las reparaciones. Por ello, en materia de reparaciones la Corte ha establecido la forma en que el Estado deberá consignar el pago de las indemnizaciones a favor de éstas. 48. Consecuentemente, al haber indicado en el párrafo 211 y en el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas que el pago de la indemnización que corresponde por concepto de daño inmaterial a la señora maría victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, “se deberá entregar a sus hijos por partes iguales”, la Corte entiende que Ernestina y Erlinda también deben ser tomadas en cuenta como hijas de la señora Cruz Franco, al igual que los otros seis hijos de la referida señora que se encuentran con vida, ya que el Tribunal ha dejado claramente establecido que existe la probabilidad de que aquellas se encuentren con vida. En el párrafo 210 y en el punto resolutivo decimonoveno el Tribunal dispuso la forma de proceder en caso de que las cantidades consignadas a favor de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz no sean reclamadas por éstas en el lapso de diez años. 49. de esta forma, el Tribunal deja establecido con claridad que la cantidad de uS$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados unidos de América) fijada en el párrafo 160.b) de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas por concepto de indemnización del daño inmaterial
 sufrido por la señora maría victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, deberá ser distribuida entre sus ocho hijos, a saber: martha, Suyapa, Arnulfo, José Fernando, maría rosa, Oscar, Ernestina y Erlinda, todos de apellidos Serrano Cruz. las cantidades de esta distribución correspondientes a Ernestina y Erlinda, es decir uS$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados unidos de América) para cada una, deben acrecentar las cantidades que les corresponden por concepto de la indemnización por el daño inmaterial sufrido por ellas fijadas en el párrafo 160.a) de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. El Estado debe consignar el pago de ambas cantidades en una cuenta o certificado de depósito a favor de aquellas, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 210 de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas, y si no las reclamaren al cabo de diez años, las cantidades totales, con los intereses devengados, serán entregadas a sus hermanos en partes iguales, según lo dispuesto en dicho párrafo 210. 50. de conformidad con lo anteriormente señalado, el Tribunal ha determinado el sentido y alcance de lo dispuesto en el párrafo 211 y en el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. MEdidas pRovisionalEs [El 27 de marzo de 2006 la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos (Pro-Búsqueda) y el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIl), representantes de las víctimas y sus familiares, sometieron a la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 25 del reglamento de la Corte, una solicitud de medidas provisionales “a favor de José mario Sánchez González -conocido como mario Sánchez-, quien actualmente es el Gerente General de Pro-Búsqueda”, con el propósito de que ordenara al Estado “detener cualquier posible deportación en contra del señor mario Sánchez González hasta tanto no se resuelva la solicitud de renovación de residencia temporal presentada”]. [mediante resolución o6-04-06 la Corte Interamericana considero:]
 4. Que las medidas provisionales que ordene el Tribunal deben fundamentarse en la existencia de una real situación de extrema gravedad y urgencia e irreparabilidad del daño a los derechos que se encuentran en riesgo de ser vulnerados.
 5. Que al presentar la solicitud de medidas provisionales el 27 de marzo de 2006 (supra visto 2) los representantes la fundamentaron principalmente en el “temor de [la Asociación] Pro-Búsqueda” de que el señor mario Sánchez González, Gerente General de dicha asociación, fuera “deportado inmediatamente después de acudir a la cita a la que ha[bía] sido convocado” el día 28 de marzo de 2006 ante la dirección General de migración de El Salvador, lo cual “pondría en riesgo la labor de Pro-Búsqueda” (supra Visto 3.d). Según los representantes, las notificaciones recibidas por el señor mario Sánchez y por el Presidente de la Junta directiva de la Asociación para comparecer ante la dirección General de migración “parecen estar relacionadas con [...] manifestaciones” efectuadas por Pro-Búsqueda respecto del cumplimiento por El Salvador de la Sentencia emitida por este Tribunal en el caso de las Hermanas Serrano Cruz. 6. Que el mismo día que se presentó la solicitud de medidas provisionales el Presidente de la Corte requirió, tanto al Estado como a la Comisión Interamericana, que remitieran observaciones a la solicitud de medidas provisionales en el plazo de 24 horas (supra visto 5). 7. Que al presentar observaciones a la solicitud de medidas provisionales del 28 de marzo de 2006 el Estado manifestó que no se daban los presupuestos para la adopción de medidas, dado que “en ningún momento se le ha informado al señor Sánchez González que estaría siendo sujeto de deportación a su país de origen, pues las infracciones cometidas por el mismo a la ley de migración no conllevan otra sanción más que la económica” (supra visto 6). Al respecto, El Salvador aportó una copia de un “Acta de derecho de Audiencia y Presentación del Término Probatorio” realizada ese mismo día, en la que consta que “se [...] h[izo] saber [al señor Sánchez González y a su apoderada], que [aquel] había infringido los artículos 29 y 66 de la ley de migración, por prorrogar extemporáneamente su residencia temporal y continuar laborando sin autorización; y que se le impondría una multa [...]” (supra visto 6). 8. Que en sus observaciones a la solicitud de medidas provisionales la Comisión manifestó que recibió información de que el 28 de marzo de 2006 no se concretó la posible deportación “que era identificada por los solicitantes como el factor de riesgo en este asunto” y “por lo tanto, no se darían los presupuestos para la aplicación del artículo 63.2 de la Convención” (supra visto 7). 9. Que con posterioridad a la presentación de las observaciones del Estado y la Comisión a la solicitud de medidas, los representantes remitieron un escrito, en el que solicitaron a la Corte que “dé por terminado el trámite de solicitud de medidas provisionales a favor del señor mario Sánchez” e informaron, inter alia, que dicho señor “no fue deportado el
 día 28 de marzo de 2006, como temían los miembros de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos” (supra visto 8). Además, según la información allegada a la Corte, las sanciones a las que el señor Sánchez González se podría ver sometido por una eventual infracción a la ley de migración son de carácter exclusivamente económico y no comprenden la deportación. [...] Resuelve: 1. Aceptar el pedido de los representantes de las víctimas y sus familiares en el caso de las Hermanas Serrano Cruz de que se “dé por terminado el trámite de [la] solicitud de medidas provisionales [interpuesta por ellos] a favor del señor mario Sánchez”. 2. Notificar la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de derechos Humanos y a los representantes de las víctimas y sus familiares que solicitaron la adopción de medidas provisionales.
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