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PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION - PDF
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 Clara Cortés Escobar
 1 DIARIO OFICIAL 2 PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION ACUERDO que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior de la Federación. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Auditoría Superior de la Federación.- Cámara de Diputados. ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONSIDERANDO Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera que cuando las licitaciones públicas, no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Que de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reglamentaria del artículo 134 Constitucional, las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos. Que la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por los artículos 79 Constitucional y 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 97 de la misma Ley, ejerce autónomamente su presupuesto aprobado, con sujeción a las normas aplicables; Que en términos de lo dispuesto por los artículos 85, fracción I, III y XXII y 97, segundo párrafo de de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 5o., fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación debe administrar los bienes y recursos, así como resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la entidad, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional y a sus leyes reglamentarias. Por lo anteriormente expuesto, se ha tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo, denominado: ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 1.- Este Acuerdo tiene por objeto regular las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control que realice la Auditoría Superior de la
 2 DIARIO OFICIAL 3 Federación, es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos de esta entidad que intervengan directa o indirectamente en las operaciones que regula, para los licitantes y para los proveedores que contraten con ésta. Los convenios que celebre la Auditoría con cualquiera de alguno de los Poderes Federales, entes públicos autónomos, Entidades Federativas, Municipios y órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales del Gobierno del Distrito Federal, incluyendo los organismos públicos internacionales, no estarán dentro del ámbito de aplicación de este Acuerdo; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a éste, cuando alguno de los entes mencionados obligado a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí mismo y contrate un tercero para su realización. La ASF se abstendrá de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este Acuerdo. Artículo 2.- Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: I. Auditoría: Auditoría Superior de la Federación; II. Area requirente: Unidad administrativa o auditora que forma parte de la Auditoría en los términos de su Reglamento Interior, que requiere la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios; III. Autoridad competente: Instancia que podrá sancionar conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; IV. Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; V. Contrato: Acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades entre la Auditoría y los proveedores y que crea o transmite derechos y obligaciones; VI. Contrato plurianual: Acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades entre la Auditoría y los proveedores y que crea o transmite derechos y obligaciones, cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal; VII. Convenio: Es el acuerdo de voluntades para modificar o extinguir obligaciones y derechos; VIII. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información; IX. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas; X. Ofertas subsecuentes de descuentos: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica; XI. Proveedor: La persona que celebre contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios; XII. Programa anual: Programa Anual de de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; XIII. Tratados Internacionales: Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos, y XIV. PEF: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 3.- Para los efectos de este Acuerdo, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos: I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
 3 DIARIO OFICIAL 4 II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministre la Auditoría de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras públicas; III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación por parte del proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de la Auditoría, cuando su precio sea superior al de su instalación; IV. Las adquisiciones de bienes y/o servicios en materia de informática, redes de cómputo y/o demás proyectos que por sus características puedan impactar en el crecimiento informático institucional; V. Las adquisiciones de equipos informáticos, licencias, paquetería y consumibles; VI. La adquisición de infraestructura de cómputo, de seguridad y de comunicaciones; VII. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por una persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; VIII. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; IX. La contratación y administración de los seguros: institucional de vida e incapacidad total o permanente, de separación voluntaria, colectivo de retiro, gastos médicos mayores, patrimoniales y colectivo de viaje, así como la contratación de seguros para los bienes patrimoniales de la Auditoría; X. La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios; XI. La contratación de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones y capacitación; XII. La contratación de servicios especializados externos que sirvan de apoyo para el desarrollo de sistemas e instalación de servicios de comunicaciones, en aquellos casos donde la Auditoría no cuente con los recursos humanos para ello; XIII. La contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet, procesamiento y elaboración de programas, reproducción de información en medios magnéticos, mantenimiento y soporte a los sistemas y programas ya existentes; XIV. La contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados por la Auditoría para la ejecución de auditorías a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XV. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para la Auditoría, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposciones legales. Artículo 4.- La aplicación de este Acuerdo será, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales, celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5.- Será responsabilidad de la Auditoría contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. Artículo 6.- La Dirección General Jurídica interpretará para efectos administrativos el presente Acuerdo. Artículo 7.- Serán supletorias de este Acuerdo el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 8.- Podrá pactarse la entrega de anticipos en los contratos o pedidos siempre y cuando el área requirente cuente con los recursos presupuestales autorizados para ello, los cuales en todo caso deberán garantizarse en los términos del artículo 46 de este Acuerdo. En contrataciones en las que los bienes tengan un proceso de fabricación, se podrá otorgar un anticipo de hasta el 50%.
 4 DIARIO OFICIAL 5 La Auditoría no podrá financiar a proveedores. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso deberán garantizarse en los términos del artículo 46 de este Acuerdo. La Auditoría podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. Artículo 9.- El área requirente, previamente al arrendamiento de bienes muebles con opción a compra, deberá realizar un análisis de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su adquisición. Artículo 10.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional, y tratándose de bienes de procedencia extranjera, el proveedor deberá entregarlos en el domicilio de la Auditoría, además deberá pagar los derechos e impuestos de aduana para el ingreso de los bienes a territorio nacional, cubriendo fletes y riesgos hasta el destino de los bienes licitados. Artículo 11.- Los actos, contratos o pedidos que la Auditoría realice o celebre en contravención a lo dispuesto por este Acuerdo, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. La solución de las controversias se sujetará a lo previsto en la secciones novena y décima de este Acuerdo. Artículo 12.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables para la Auditoría y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. Sección Segunda De la Planeación Artículo 13.- La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá ajustarse a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el PEF, así como a los objetivos, metas y programas que defina la propia Auditoría. La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización por escrito del Auditor Superior de la Federación o aquel servidor público en quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen fundado y motivado del área requirente, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización y cumplir con lo señalado en los lineamientos correspondientes. En el supuesto de que se advierta la existencia de antecedentes de trabajos relacionados con los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones que se pretende contratar y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos del área solicitante, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento. Las áreas requirentes que necesiten contratar la prestación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones; así como para el desarrollo de sistemas e instalación de servicios de comunicaciones, previamente verificarán que no se cuenta con los recursos humanos, ni existen archivos o trabajos sobre la materia que se requiere. Además de la petición escrita, el área requirente justificará mediante un dictamen que no cuenta con personal capacitado o recursos humanos para su realización, manifestando las razones y motivos de su requerimiento, firmados ambos por el titular el área requirente. A fin de cumplir lo anterior, los interesados deberán remitir a la Dirección de Servicios Generales una descripción breve del objeto de los contratos que en estas materias se pretendan celebrar, así como dictamen, certificación de suficiencia presupuestal, escrito de autorización de erogación de recursos, programa de trabajo, fechas de entrega, productos y demás información que se requiera. Sección Tercera De la Programación
 5 DIARIO OFICIAL 6 Artículo 14. La Auditoría formulará el Programa Anual, incluyendo en éste los compromisos que abarquen más de un ejercicio presupuestal, considerando sus necesidades, el cual deberá presentar al Comité para su revisión, a más tardar en la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal. Artículo 15. La Dirección General de Administración coordinará la integración del Programa Anual, con base en la información del presupuesto autorizado en los capítulos Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, proporcionada por la Dirección General de Recursos Financieros, para someterlo a la consideración de la Unidad General de Administración, quién lo presentará al Comité para su revisión. Este Programa Anual, deberá considerar la partida, conceptos generales que la integran, monto y calendarización. En el supuesto de establecerse ajustes en el PEF respecto al presupuesto asignado a la Auditoría, y tuviese que modificarse el Proyecto del Programa Anual, éste podrá, en su caso ser modificado como corresponda. La Dirección General de Recursos Financieros informará trimestralmente al Comité de las modificaciones que haya sufrido el Programa Anual. Artículo 16.- La Auditoría publicará a través de su página de Internet el Programa Anual una vez revisado por el Comité, el cual estará a disposición de los interesados con excepción de aquella información que sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 17- El contenido del citado programa podrá ser adicionado o modificado, debiendo actualizarlo en forma trimestral en la página de internet. Sección Cuarta De la Presupuestación Artículo 18.- Los Auditores Especiales y los titulares de Unidad, en el ámbito de su competencia, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales de Adquisiciones, Arrendamientos y de Prestación de Servicios, siempre y cuando cumplan lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no contravengan otras disposiciones aplicables. En caso contrario se consideran nulos. Para la autorización de los contratos plurianuales, el área requirente deberá exponer de forma escrita los motivos y la justificación de los beneficios que se obtendrán con la adopción de esta medida ante la Dirección General de Recursos Financieros, mismos que serán necesarios para su autorización y además deberá contener lo siguiente: I. Justificar que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son favorables; II. El desglose del gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los subsecuentes; y III. Establezcan las partidas presupuestarias de afectación, las áreas administrativas responsables y el calendario estimado del ejercicio de los recursos para el año actual y el siguiente. Una vez autorizada la celebración del contrato plurianual correspondiente, es indispensable que el proveedor otorgue las garantías de cumplimiento en términos del contrato correspondiente. Artículo 19.- La Auditoría contará con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma que tendrá las siguientes funciones: I. Revisar el programa anual y tomar conocimiento de las modificaciones, para formular en su caso, las observaciones y recomendaciones convenientes; II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 38 de este Acuerdo; III. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del Acuerdo de normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios;
 6 DIARIO OFICIAL 7 IV. Analizar trimestralmente el Informe de la Conclusión y Resultados Generales de las Contrataciones que se realicen; V. Elaborar y aprobar el Lineamiento de Integración y Funcionamiento del Comité, en el cual se establecerán las bases para su funcionamiento; VI. Autorizar la Política de Firmas y Montos de Actuación para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el ejercicio de que se trate; VII. Autorizar el Informe Trimestral de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que deberá ser aprobado por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información para su publicación en la página de Internet de la Auditoría, y VIII. Autorizar a los servidores públicos que conducirán los actos derivados de los procedimientos de contratación y los que intervendrán en los mismos. Artículo 20.- La Auditoría podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente. En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, el titular del área requirente podrá solicitar al titular de la Unidad General de Administración su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos o pedidos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos o pedidos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las áreas requirentes deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Para los efectos del párrafo anterior, las áreas requirentes observarán lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la normativa interna emitida por la Auditoría, anexando la debida justificación de este tipo de contratos. La información sobre estos contratos se difundirá a través del informe que trimestralmente publica la Auditoría en su página de Internet. Sección Quinta De los Procedimientos de Contratación Artículo 21.- La Auditoría seleccionará de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, y III. Adjudicación directa. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún licitante. Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.
 7 DIARIO OFICIAL 8 La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la invitación a cuando menos tres personas, con la entrega del primer oficio de invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. A los actos derivados de los procedimientos de licitación e invitación a cuando menos tres personas deberán asistir alguno de los servidores públicos autorizados por el Comité para conducirlos, un representante del área requirente de los bienes o servicios; pudiendo asistir indistintamente los servidores públicos que para tal efecto, autorice el Comité. A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. Artículo 22.- En los procedimientos de licitación pública, los licitantes deberán presentar sus proposiciones por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes. El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en el lugar, forma y horario que prevea la convocatoria a la licitación. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados. Artículo 23.- La Dirección General de Administración determinará el carácter de las licitaciones públicas, las cuales podrán ser: I. Nacionales, en las cuales únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional. Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana, e II. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar. Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del inventario. En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que el área requirente justifique debidamente el uso de dicha modalidad y que constate que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado correspondiente. Artículo 24.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en las que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: I. El nombre de la Auditoría Superior de la Federación como convocante; II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que se consideren necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración, del acto de presentación y apertura de proposiciones, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, el señalamiento de que la licitación será presencial y la forma en la que se deberán presentar las proposiciones, así como la fecha y forma en que se comunicará el fallo.
 8 DIARIO OFICIAL 9 IV. El carácter de la licitación y si fuese el caso, el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como los anexos técnicos y folletos; V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 de este Acuerdo; IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Auditoría, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse; XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la justificación del área requirente para que dos o más personas puedan presentar proposiciones conjuntas sin constituir una nueva sociedad; XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos; XIV. El domicilio de las oficinas de la Autoridad Competente, ante quién podrá presentarse la inconformidad; XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, y XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual será propuesto por el área jurídica y deberá contener los requisitos del artículo 44 de este Acuerdo. Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Artículo 25.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de la página de Internet de la Auditoría y su obtención será gratuita. Además, enviará para su publicación simultánea en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y la fecha de publicación en la página de Internet y, asimismo, pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. Artículo 26.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet de la Auditoría.
 9 DIARIO OFICIAL 10 En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas debidamente acreditadas por el titular del área requirente de los bienes o servicios, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes. La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y programación previamente establecida. Artículo 27.- La Auditoría, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en la página de Internet de la Institución, a más tardar dos días hábiles siguientes a aquél en que se efectúen. Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. La Auditoría realizará al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. Artículo 28.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: El acto será presidido por el servidor público designado por la Auditoría, quién deberá ser asistido por un representante del área requirente, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse en la forma que la convocatoria del procedimiento lo determinen, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de juntas posteriores, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse. De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas por parte de los representantes de la Auditoría. Artículo 29.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se
 10 DIARIO OFICIAL 11 considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Auditoría podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se impedirá el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto. Artículo 30.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, y será conducido por el servidor público autorizado por el Comité con el apoyo del representante del área requirente y, en su caso, del área jurídica, conforme a lo siguiente: I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la Auditoría designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente se hayan determinado, y III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes. Artículo 31.- La Auditoría para la evaluación de las proposiciones utilizará el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. La Auditoría deberá verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación definido por el área requirente mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este supuesto, el área requirente evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Auditoría pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la Auditoría o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas. Artículo 32.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones por parte del área requirente, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso:
 11 DIARIO OFICIAL 12 I. La proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. II. De no haberse utilizado la modalidad mencionada en la fracción anterior, la proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio; III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente. En caso de empate entre los precios ofertados por dos o más licitantes, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación al que invariablemente deberá ser invitado un representante de la autoridad competente. En caso de errores aritméticos en las proposiciones, se aplicarán los criterios de rectificación que se indican a continuación: a) Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose el precio total. Sólo habrá lugar a la rectificación por parte de la convocante, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma. b) Si la discrepancia tiene lugar entre las cantidades expresadas en letra y las expresadas en número, prevalecerá lo expresado en letra, aplicando la corrección respectiva. Artículo 33.- La Auditoría emitirá por escrito el fallo, el cual deberá contener lo siguiente: I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno; III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente; IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen a la Auditoría indicando también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron. En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Con la comunicación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad conforme a lo establecido en la sección novena, de este Acuerdo. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos
 12 DIARIO OFICIAL 13 que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se comunicará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación. El fallo será comunicado a los licitantes vía fax o correo electrónico, mediante oficio dirigido a su representante legal, en los términos establecidos en la convocatoria. Artículo 34.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio de la Auditoría, por un término no menor de cinco días hábiles. Se dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. Artículo 35.- La Auditoría podrá declarar desierta una licitación cuando no se reciban proposiciones, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la Auditoría podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 38, fracción VI, de este Acuerdo. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. La Auditoría podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas o en la invitación a cuando menos tres personas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o bien que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Auditoría. La justificación deberá formularse por escrito fundado y motivado y firmarse por el servidor público que autorizó la solicitud de compra o por su superior jerárquico, lo cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad. En las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, la Auditoría Superior de la Federación previa solicitud por escrito de los licitantes, cubrirá a éstos los gastos no recuperables limitándose a los siguientes supuestos: pasajes y hospedaje debidamente comprobados de acuerdo a los montos y políticas que establezca la Auditoría, de la persona que haya asistido a la junta de aclaraciones, a las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones, al fallo de la licitación, y a la firma del contrato, en caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento, y costo de la garantía de cumplimiento. Artículo 36.- La Auditoría podrá utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto por la Auditoría en la convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición solvente más baja. Artículo 37.- En los supuestos que prevé el artículo 38, el área requirente bajo su responsabilidad podrá optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, el cual deberá presentarse para dictamen del Comité. La selección del procedimiento de excepción deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para la Auditoría. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito en el dictamen y ser firmado por el titular del área requirente de los bienes o servicios, debiendo contener adicionalmente: Descripción de los bienes o servicios; Plazos y condiciones de entrega de los bienes o prestación de servicios; Precio estimado de la adquisición o contratación;
 13 DIARIO OFICIAL 14 Forma de pago propuesta; El procedimiento de excepción propuesto; En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos y financieros que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato o pedido a celebrarse. En caso de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en el artículo 38 de este Acuerdo, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar acompañado de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla. A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 23 del presente Acuerdo. Artículo 38.- La Auditoría, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte; II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados para obtener los bienes y servicios para la Auditoría; IV. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; V. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen; VI. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento; VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, por inasistencia de participantes; VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada; IX. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se podrán incluir instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación; Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; X. Se trate de la contratación de despachos, habilitados por la Auditoría, para la ejecución de auditorías a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación XI. Se trate de la contratación de profesionales independientes, habilitados por la Auditoría, para la ejecución de auditorías a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
 14 DIARIO OFICIAL 15 XII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial; XIII. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción X del artículo 3 de este Acuerdo, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico, y XIV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes. La determinación de que la contratación se ubica en alguno de los supuestos contenidos en este artículo, será responsabilidad del área requirente. Las contrataciones a que se refieren las fracciones VI, VII, VIII y XIV de este artículo, se realizarán preferentemente a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas. En el caso de que se trate de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que haya sido dictaminado por el Comité y se declare desierto, se llevará a cabo un segundo procedimiento sin necesidad de someterlo a consideración de este Cuerpo Colegiado. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas que haya sido dictaminado por el Comité y se declare desierto, se podrá adjudicar directamente el contrato, informando de ello al Comité. Artículo 39.- La Auditoría, bajo su responsabilidad, independientemente de los supuestos del artículo anterior, puede contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos y los requisitos que al efecto establezca la Política de Firmas y Montos de Actuación para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría, la cual no deberá rebasar los montos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 37 de este Acuerdo, resultará aplicable a la contratación mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que se fundamenten en este artículo. La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la Auditoría en cada ejercicio presupuestario. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas por monto hayan sido declarados desiertos, se podrá adjudicar directamente el contrato. Artículo 40.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: I. Se difundirá la convocatoria en la página de Internet de la Auditoría; II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante de la autoridad competente; III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la última invitación; V. El carácter nacional o internacional, señalando que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de la prestación de servicios a contratar; y VI. A las demás disposiciones de este Acuerdo que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativa la realización de la junta de aclaraciones, cuando se determine no realizar la junta de aclaraciones, deberá indicarse en la convocatoria, la forma y los términos en que podrán solicitarse las aclaraciones respectivas, cuyas respuestas deberán informarse tanto al solicitante como al resto de los invitados.
 15 DIARIO OFICIAL 16 En caso de que se realice la junta de aclaraciones, se remitirá en la forma establecida en la convocatoria, copia a cada uno de los licitantes. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, o bien uno sólo cuando éste derive de una licitación pública declarada desierta, el titular del área requirente podrá adjudicar directamente el contrato o pedido, siempre que se mantengan los requisitos establecidos como causas de desechamiento en el procedimiento anterior. Sección Sexta De los Contratos Artículo 41.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio fijo. Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato o pedido se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato o pedido correspondiente, la Auditoría deberá reconocer incrementos o requerir reducciones. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos autorizados. Artículo 42.- Las contrataciones de servicios por un monto menor a setenta y siete salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal sin incluir el IVA, serán formalizadas a través de pedido. En el caso de adquisición de bienes, la Dirección de Servicios Generales evaluará la conveniencia y determinará la formalización a través de un contrato o pedido. Los contratos deberán ser suscritos por el Titular de la Unidad General de Administración, salvo en los casos de despachos o profesionales independientes, habilitados para la práctica de auditorías, en cuyo caso deberán ser firmados por los Auditores Especiales o el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, según corresponda. Los pedidos serán suscritos por los servidores públicos que autorice el Comité en la Política de Firmas y Montos de Actuación para el ejercicio que corresponda. Artículo 43.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: I. Denominación de la Auditoría y el nombre o denominación del proveedor; II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total; VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato o pedido; X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato o pedido; XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
 16 DIARIO OFICIAL 17 XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la Auditoría, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse; XVI. Las causales para la rescisión de los contratos o cancelación de los pedidos, en los términos previstos en esta Ley; XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la Auditoría; XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores; XX. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la Auditoría, en términos de las disposiciones legales aplicables; XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en este Acuerdo, y XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato o pedido de que se trate. Para los efectos de este Acuerdo, la convocatoria a la licitación, el contrato o pedido y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato o pedido no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. Artículo 44.- Con la comunicación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la Auditoría y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada comunicación. Si el interesado no firma el contrato o pedido por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la Auditoría, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato o pedido al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato o pedido no estará obligado a suministrar los bienes, arrendamientos o prestar el servicio, si la Auditoría, por causas imputables a la misma, no firma el contrato o pedido. En este supuesto, la Auditoría, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de contratación de que se trate. El atraso de la Auditoría en la formalización de los contratos o pedidos respectivos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, debiéndose solicitar a la Dirección General Jurídica las modificaciones correspondientes en el contrato a formalizar. En el caso de que el atraso de la Auditoría corresponda a la entrega de anticipos prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.
 17 DIARIO OFICIAL 18 Artículo 45.- La Auditoría podrá celebrar contratos o pedidos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requiera de manera reiterada conforme a lo siguiente: I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo. En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para la Auditoría, la cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca. Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial determinado por la Auditoría. No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios; La Auditoría con la aceptación del proveedor podrá realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 de este Acuerdo. Artículo 46.- Los proveedores que celebren los contratos, convenios o pedidos a que se refiere este Acuerdo, deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos; y II. El cumplimiento de los contratos o pedidos, por un monto que no podrá ser inferior al 10% ni superior al 20% del monto total de los mismos sin incluir el IVA, según determine el área requirente. Tratándose de contratos o pedidos abiertos, la garantía deberá constituirse por el porcentaje que se determine aplicado al monto máximo total de los mismos sin incluir el IVA. En los casos señalados en las fracciones II, IV, XI y XIII del artículo 38 y artículo 39 de este Acuerdo, el servidor público que firme en representación de la Auditoría el contrato o pedido, podrá exceptuar al proveedor de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo. La garantía de cumplimiento deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la firma del contrato o pedido; salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato o pedido. Artículo 47.- Se podrá garantizar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este Acuerdo a favor de la Auditoría en alguna de las formas siguientes en los términos que establezca la convocatoria: I. Fianza otorgada por institución autorizada; II. Billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada, y III. Cheque de caja expedido a favor de la Auditoría. Cuando la contratación incluya más de un ejercicio presupuestal, la garantía de cumplimiento deberá ser por el porcentaje que corresponda del monto total a erogar en el ejercicio que se trate y deberá ser renovada por cada uno de los siguientes ejercicios dentro de los diez días hábiles siguientes a su inicio. En el caso de que se haga efectiva la rescisión del contrato o la cancelación del pedido, se aplicará la garantía de cumplimiento, en forma proporcional al monto sin IVA de las obligaciones incumplidas de acuerdo a lo estipulado en estos instrumentos legales. La liberación de la garantía se realizará de acuerdo a lo estipulado en el pedido o contrato correspondiente. Artículo 48.- La Auditoría se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno, con las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que se mencionan a continuación:
 18 DIARIO OFICIAL 19 I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte; III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la Auditoría les hubiera rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá por un plazo no superior a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública o de autoridad competente; V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos o pedidos celebrados con la Auditoría, siempre y cuando ésta haya resultado gravemente perjudicada; VI. Aquéllas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna fígura análoga; VII. Aquéllas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales; VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones; IX. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámentes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte; X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por este Acuerdo sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual; XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado; XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; XIII. Aquéllos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la Auditoría. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Auditoría por el plazo de un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación, y XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. Artículo 49.- La Dirección General de Recursos Financieros llevará el control y registro de los pagos con cargo a cada contrato o pedido y será la responsable de aplicar cualquier concepto o descuento que le solicite el administrador del contrato. La fecha y forma de pago al proveedor quedará sujeta a las condiciones estipuladas en los contratos o pedidos; sin embargo, la fecha no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la
 19 DIARIO OFICIAL 20 factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato o pedido. En caso de incumplimiento de los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la Auditoría a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. Tratándose de pagos en exceso, que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Auditoría. En el caso de que las facturas presenten errores, el administrador del contrato deberá informar al proveedor dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción, las deficiencias que deben corregir, el trámite de pago se reiniciará en la fecha en la que el proveedor presente las facturas corregidas. En el caso de obligaciones pactadas en moneda extranjera, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago, de conformidad con el artículo 8o de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. La Dirección General de Recursos Financieros podrá realizar pagos por anticipado en aquéllos casos en los que éste no pueda ser cubierto después de que la prestación del servicio se realice, tales como seguros, suscripciones, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, pago de licencias, mantenimiento preventivo y correctivo de software. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, previa solicitud por escrito del proveedor dirigida a la Dirección General de Recursos Financieros. En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Auditoría. Artículo 50.- La Auditoría podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o pedido, o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a los contratos o pedidos vigentes, siempre que éstas no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. Igual porcentaje se podrá aplicar a las modificaciones que por ampliación a la vigencia o fecha de entrega se hagan a los contratos o pedidos, siempre y cuando exista necesidad fundada por parte de la Auditoría. Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo primero de este artículo, se aplicará para cada una de ellas. Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos o pedidos, la Auditoría podrá modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato o pedido respectivo. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito a través de un convenio, que será suscrito por el servidor público facultado para ello. Respecto a la garantía de cumplimiento, ésta deberá prorrogarse en los términos que determine el propio instrumento legal. La Auditoría se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.
 20 DIARIO OFICIAL 21 En el caso de los pedidos, las modificaciones se formalizarán por escrito a través de un nuevo pedido, que será suscrito por el servidor público facultado para ello. Respecto a la garantía de cumplimiento, ésta deberá prorrogarse en los términos que determine el propio instrumento legal. Los instrumentos legales a que hace referencia en este artículo deberán contar entre otros con lo siguiente: I Consentimiento de las partes; II Cantidades que se modifican; III Garantías adicionales; IV Nuevos plazos de cumplimiento, y V Ajuste de precios, si aplica. Artículo 51.- Si el proveedor entrega bienes con especificaciones diferentes a las solicitadas en el contrato o pedido, el administrador le otorgará un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación por parte de la Auditoría para la entrega de los bienes, en caso de no cumplir con ello se iniciará el procedimiento correspondiente como si no se hubiese realizado la entrega. Artículo 52.- La Auditoría deberá pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía del cumplimiento del contrato o pedido. El administrador será el responsable de determinar el monto de las penas convencionales, las cuales serán aplicadas por la Dirección General de Recursos Financieros al momento de programar el pago correspondiente. En el contrato o pedido se estipulará la forma en la que el proveedor deberá cubrir las penas convencionales. En las operaciones en las que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. Si existe garantía de cumplimiento se aplicará una sanción del 1%, por cada día de atraso sobre el monto sin incluir el IVA de los bienes o servicios no prestados oportunamente. En los casos en los que se haya exceptuado de la entrega de la garantía de cumplimiento, se aplicará una sanción del 2% por cada día de atraso sobre el monto de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente, la cual no podrá rebasar del 20% del monto total de contrato o pedido sin incluir el IVA. Los proveedores quedarán obligados ante la Auditoría a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato o pedido respectivo y en las disposiciones jurídicas aplicables. Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes objeto del contrato o pedido, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al pedido o contrato. Artículo 53.- La Auditoría podrá establecer en la convocatoria a la licitación, a las invitaciones a cuando menos tres personas y contratos o pedidos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato o pedido. En estos casos, el área requirente o el administrador del contrato establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo. Artículo 54.- La Auditoría podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito por parte del administrador del contrato el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la Auditoría contará con un plazo de quince días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de dicho plazo, y


text:
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra... 1205/2014 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®
 Du är här: Finlex › Lagstiftning › Ursprungliga författningar › 2014 › 1205/2014
 ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 9 § 2 och 4 mom., 12 § 3 mom. och 30 §,
 av dem 9 § 2 och 4 mom. samt 12 § 3 mom. sådana de lyder i lag 615/2014 som följer:
 Av ett meddelande som avses i 1 mom. ska framgå att i det fall att det sammanlagda beloppet av en insättares inlåning i de kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014), ska 5 kap. 13 § i den lagen tillämpas på insättningsgarantin. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, oberoende av de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt nämnda 8 § helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i denna paragraf ska inte tillämpas om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 5 kap. 8 § 6 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i den nämnda paragrafens 1 mom.
 Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid byte av kreditinstitutets hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt vid en fusion där det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en insättningsgaranti enligt lagen om myndigheten för finansiell stabilitet efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgarantin. I sitt meddelande till insättaren ska kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 5 kap. 18 i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet.
 Vad som i 21 kap. 17 § 6 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om det ursprungliga andelslagets skulder tillämpas inte på skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den insättningsgarantifond som avses i 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet eller ur den ersättningsfond som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012).
 När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut ska försättas i konkurs ska domstolen utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen ska skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter att ha mottagit det meddelande som avses i denna paragraf.
 Med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992), har vid ett kreditinstituts konkurs
 1) fysiska personers och andra juridiska personers än sådana som överskrider gränsvärdena i 5 § 2 punkten i revisionslagen (459/2007) ersättningsberättigade insättningar förmånsrätt i förhållande till osäkrade skulder utan förmånsrätt och sådana skulder som avses i 3 punkten i detta moment,
 2) den del av en insättning som med stöd av 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet ersätts i sin helhet, vid tillämpning av 1 punkten förmånsrätt i förhållande till den del av insättningen som inte omfattas av skyddet,
 3) ersättningar som avses i 7 kap. 2 § 3 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) förmånsrätt i förhållande till osäkrade skulder utan förmånsrätt.
 Vad som i denna paragraf föreskrivs om garanterad insättning ska också tillämpas på Verket för finansiell stabilitets regressfordringar enligt 5 kap. 15 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet.
 9 §12 §30 §


type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
 30.5.2022
 GA
 Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
 C 213/17
 Achomharc arna thabhairt an 15 Nollaig 2021 ag Wolfgang Kappes i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Ginearálta (an Deichiú Dlísheomra) a tugadh an 13 Deireadh Fómhair 2021 i gCás T-436/20, Sedus Stoll AG v Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh
 (Cás C-785/21 P)
 (2022/C 213/23)
 Teanga an cháis: an Ghearmáinis
 Páirtithe
 Achomharcóir: Wolfgang Kappes (ionadaithe: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, Rechtsanwälte)
 Páirtithe eile sna príomhimeachtaí: Sedus Stoll AG, Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh
 Trí ordú an 5 Aibreán 2022, níor cheadaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (Dlísheomra ag cinneadh an gceadófar d’achomhairc dul ar aghaidh) don achomharc dul ar aghaidh agus d’ordaigh sí don achomharcóir a chostais féin a íoc.


text:
C 102/24 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 8.4.2000
 DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS
 den 3. februar 2000
 den 16. december 1999
 i sag T-60/99, Malcolm Townsend mod Kommissionen
 for De Europæiske Fællesskaber (1)
 i sag T-198/98, Micro Leader Business mod Kommissionen
 for De Europæiske Fællesskaber (1)
 (Tjenestemand — den fælles sygeforsikringsordning —
 dækning af ægtefælle)
 (Konkurrence — klage — afvisning — EF-traktatens arti-
 kel 85 en 86 (nu artikel 81 og 82 EF) — forbud mod import (2000/C 102/48)
 af software, der sælges i et tredjeland — konsumption af
 ophavsret — direktiv 91/250/EØF)
 (Processprog: fransk)
 (2000/C 102/47) I sag T-60/99, Malcolm Townsend, tjenestemand ved Kommis-
 sionen for De Europæiske Fællesskaber, Sterrebeek (Belgien),
 ved advokaterne J.-N. Louis og G.-F. Parmentier, Bruxelles, og
 med valgt adresse i Luxembourg hos Fiduciaire Myson SARL,
 (Processprog: fransk) 30, rue de Cessange, mod Kommissionen for De Europæiske
 Fællesskaber (befuldmægtigede: J. Currall og F. Duvieusart-Clo-
 tuche), angående en påstand om annullation af et afslag af
 I sag T-198/98, Micro Leader Business, Aulnay-sous-Bois 12. marts 1998 fra Afregningskontoret i Bruxelles på at
 (Frankrig), ved advokat Silvestre Trandeau de Marsac, Paris, og godtgøre visse lægeudgifter, som sagsøgerens ægtefælle har
 med valgt adresse i Luxembourg hos advokaterne Brucher og afholdt, har Retten (en enkelt dommer), sat af V. Tiili som
 Seimetz, 10, rue de Vianden, mod Kommission for De eneste dommer; justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio Gonzá-
 Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: oprindelig José lez, den 3. februar 2000 afsagt dom, hvis konklusion lyder
 Crespo Carrillo, og Loïc Guérin, derefter Giuliano Marenco således:
 og Loïc Guérin), angående en påstand om annullation af
 Kommissionens belsutning af 15. oktober 1998 (sag 1) Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.
 IV/36.219 — Micro Leader/Microsoft) om endelig afvisning af
 sagsøgerns klage over, at selskaberne Microsoft France og 2) Hver part bærer sine omkostninger.
 Microsoft Corporation i strid med EF-traktatens artikel 85 og
 86 (nu artikel 81 og 82 EF) har udvist en adfærd, der har til
 (1) EFT C 160 af 5.6.1999.
 formål at forhindre import til Frankrig af fransksprogede
 Microsoft-programmer, der forhandles i Canada, har Reten
 (Tredje Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, M. Jaeger,
 og dommerne K. Lenaerts og J. Azizi; justitssekretær: fuldmæg-
 tig A. Mair, den 16. december 1999 afsagt dom, hvis konklu-
 sion lyder således:
 KENDELSE AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS
 1) Kommissionens beslutning af 15. oktober 1998 (sag
 IV/36.219 — Micro Leader/Microsoft) om endelig afvisning af
 sagsøgerens klage over, at selskaberne Microsoft France og den 7. februar 2000
 Microsoft Corporation i strid med EF-traktatens artikel 85 og
 86 (nu artikel 81 og 82 EF) har udvist en adfærd, der har til i sag T-168/94 (92): Blackspur DIY Ltd m.fl. mod Rådet
 formål at forhindre import til Frankrig af fransksprogede for Den Europæiske Union (1)
 Microsoft-programmer, der forhandles i Canada, annulleres.
 (Fastsættelse af sagsomkostninger)
 2) Kommissionen betaler sagens omkostninger.
 (2000/C 102/49)
 (Processprog: engelsk)
 (1) EFT C 71 af 13.3.1999.
 I sag T-168/94 (92), Blackspur DIY Ltd, Unsworth, Bury (Det
 Forenede Kongerige), Steven Kellar, J.M.A. Glancy og Ronald
 Cohen, Manchester (Det Forenede Kongerige), ved barrister
 K.P.E. Lasok, for solicitor C. Kahn, og med valgt adresse i
 Luxembourg hos advokat Maria Dennewald, 12, avenue de la