type: legislation

text:
 COMISIÓN EUROPEA
 Bruselas, 26.12.2020
 COM(2020) 855 final/2
 2020/0381(NLE)
 COM(2020) 855 final of 25.12.2020 downgraded on 26.12.2020
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 relativa a la firma, en nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA
 ·Razones y objetivos de la propuesta
 El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea («TUE»), su intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
 El 30 de enero de 2020, tras la aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/135, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Acuerdo de Retirada»)
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 . El Acuerdo de Retirada entró en vigor el 1 de febrero de 2020 y establece un período transitorio durante el cual el Derecho de la Unión se aplica al Reino Unido y en el Reino Unido, de conformidad con dicho Acuerdo. Este período concluirá el 31 de diciembre de 2020.
 En las Orientaciones de 23 de marzo de 2018, el Consejo Europeo reiteró la determinación de la Unión de mantener una asociación lo más estrecha posible con el Reino Unido en el futuro. Según estas Orientaciones, dicha asociación debe abarcar la cooperación comercial y económica, al igual que otros ámbitos, en particular la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional, así como la seguridad, la defensa y la política exterior. El Consejo Europeo estableció dichas Orientaciones con vistas al acuerdo general sobre el marco de las relaciones futuras que debía desarrollarse en una declaración política adjunta al Acuerdo de Retirada y al que este debía hacer referencia.
 La declaración política adjunta al Acuerdo de Retirada expone el marco para las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido
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 («Declaración Política»). Establece los parámetros de «una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible en materia de cooperación comercial y económica que tenga como eje central un acuerdo de libre comercio amplio y equilibrado, en cuestiones policiales y de justicia penal, en la política exterior, la seguridad y la defensa y en otros ámbitos de cooperación».
 El artículo 184 del Acuerdo de Retirada dispone que la Unión y el Reino Unido, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, se esforzarán al máximo para tomar las medidas necesarias para negociar con celeridad los acuerdos que regulen sus relaciones futuras a que se refiere la Declaración Política y para llevar a cabo los procedimientos pertinentes para la ratificación o la celebración de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final del período transitorio.
 El 25 de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE, Euratom) 2020/266
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 , por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación. Se designó a la Comisión como la negociadora de la Unión. La Decisión del Consejo incluía asimismo una adenda con las directrices para la negociación de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («directrices de negociación»).
 La Comisión ha llevado a cabo las negociaciones en consulta con el comité especial designado por el Consejo (el Grupo «Reino Unido» del Consejo). Se han tenido debidamente en consideración las Resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2020 y 18 de junio de 2020, y la Comisión ha informado cumplidamente al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, en particular a través de su Grupo de Coordinación sobre el Reino Unido.
 Se ha prestado especial atención a garantizar la transparencia en el proceso, en consonancia con los principios rectores aprobados por el Consejo el 22 de enero de 2020 en materia de transparencia en las negociaciones sobre las relaciones futuras. Habida cuenta de lo anterior, todos los documentos de negociación de la negociadora de la Unión (la Comisión) compartidos con el Consejo, el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales o el Reino Unido se hicieron públicos, dentro de los límites del Derecho de la Unión. Además, el negociador principal mantuvo cumplida y regularmente informado al Consejo y al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales, así como al Ecosoc y al Comité de las Regiones sobre la evolución de la situación.
 Los negociadores principales concluyeron las negociaciones y concertaron el Acuerdo de Comercio y Cooperación, junto con el Acuerdo sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada («Acuerdo para la Seguridad de la Información») en Bruselas el 24 de diciembre de 2020.
 El Acuerdo para la Seguridad de la Información es un acuerdo complementario del Acuerdo de Comercio y Cooperación y, de conformidad con el artículo COMPROV.2 del Acuerdo de Comercio y Cooperación, es parte integrante de las relaciones bilaterales globales entre la Unión y el Reino Unido, regidas por el Acuerdo de Comercio y Cooperación, y forma parte del marco general. El Acuerdo para la Seguridad de la Información está vinculado al Acuerdo de Comercio y Cooperación por la misma fecha de inicio de aplicación y por la misma disposición sobre su extinción.
 Paralelamente al Acuerdo de Comercio y Cooperación y al Acuerdo para la Seguridad de la Información, la Comisión ha negociado el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de los usos seguros y pacíficos de la energía nuclear. La Recomendación de Decisión del Consejo relativa a la aprobación de dicho Acuerdo se transmite junto con la presente propuesta con arreglo a un procedimiento independiente. Además de la celebración del Acuerdo de cooperación en el ámbito de los usos seguros y pacíficos de la energía nuclear, dicho procedimiento abarca también la celebración del Acuerdo de Comercio y Cooperación en lo que respecta a las cuestiones que son competencia de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en particular, a la participación del Reino Unido como tercer país en el Programa de Investigación y Formación de Euratom y en las actividades europeas de fusión, entre las que se incluyen las actividades del ITER, a través de su pertenencia, como tercer país, a la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (Fusion for Energy).
 El inicio de la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación es una cuestión de especial urgencia. El Reino Unido, como antiguo Estado miembro, tiene vínculos muy extensos con la Unión en una amplia gama de ámbitos económicos y de otro tipo. Si no existe un marco aplicable que regule las relaciones entre la Unión y el Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020, dichas relaciones se verán gravemente perturbadas, en detrimento de los particulares, las empresas y otras partes interesadas. Las negociaciones solo pudieron concluirse en una fase muy tardía antes de la finalización del período transitorio. Este retraso no debe poner en peligro el control democrático que debe ejercer el Parlamento Europeo de conformidad con los Tratados. A la luz de estas circunstancias excepcionales, la Comisión propone aplicar los Acuerdos de forma provisional hasta el 28 de febrero de 2021 u otra fecha decidida por el Consejo de Asociación o hasta el primer día del mes siguiente al de la fecha en que las Partes se hayan notificado mutuamente que han cumplido sus respectivos procedimientos y requisitos internos para establecer su consentimiento a vincularse, si esta fecha es anterior.
 ·Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
 Tanto las Orientaciones del Consejo Europeo de 23 de marzo de 2018 como la Declaración Política instaban a una estrecha asociación entre la Unión y el Reino Unido.
 Las negociaciones del Acuerdo de Comercio y Cooperación y del Acuerdo para la Seguridad de la Información fueron precedidas por la celebración del Acuerdo de Retirada, que entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El Acuerdo de Retirada establece un período transitorio durante el cual el Derecho de la Unión se aplica al Reino Unido y en el Reino Unido, de conformidad con dicho Acuerdo. Este período transitorio finaliza el 31 de diciembre de 2020. El Acuerdo de Comercio y Cooperación y el Acuerdo para la Seguridad de la Información tienen por objeto regular la nueva relación entre la Unión y el Reino Unido y, por lo tanto, evitar perturbaciones significativas que, de otro modo, podrían producirse en dicha relación una vez finalizado el período transitorio.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación establece una base sólida para una asociación equilibrada y mutuamente beneficiosa entre la Unión y el Reino Unido. También refleja el hecho de que, como país no perteneciente a la Unión, el Reino Unido no tiene los mismos derechos ni disfruta de los mismos beneficios que un país miembro.
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 Coherencia con otras políticas de la Unión
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación y el Acuerdo para la Seguridad de la Información respetan plenamente los Tratados y preservan la integridad y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión. No requerirán la modificación de las normas, las regulaciones o los estándares de la Unión en ningún ámbito regulado. Además, promueven los valores, los objetivos y los intereses de la Unión, y garantizan la coherencia, la eficacia y la continuidad de sus políticas y actuaciones.
 Todas las importaciones procedentes del Reino Unido deberán cumplir la normativa de la Unión (por ejemplo, las normas técnicas y las normas de los productos, las normas sanitarias y fitosanitarias, las normas sobre alimentos y seguridad, las normas en materia de salud y seguridad, protección del medioambiente y protección de los consumidores).
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación incluye títulos específicos sobre normas en materia de comercio y de condiciones de competencia equitativas en los ámbitos del trabajo, el medioambiente, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible, que vinculan la parte económica del Acuerdo de Comercio y Cooperación con los objetivos generales de la Unión en materia de desarrollo sostenible y con los objetivos específicos en el ámbito del trabajo, el medioambiente y el cambio climático.
 La participación del Reino Unido en programas de la Unión se ajustará plenamente a los actos de base por los que se definen los programas y a la normativa vigente de la Unión en materia de gestión financiera, como el Reglamento Financiero.
 2.BASE JURÍDICA
 La base jurídica sustantiva para la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma es el artículo 217 del TFUE. Se trata de la base jurídica más adecuada habida cuenta del amplio alcance de la asociación prevista.
 La base jurídica procedimental es el artículo 218, apartado 5, del TFUE, leído en relación con el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo, del TFUE, que prevé la votación por unanimidad en el Consejo.
 Así pues, la base jurídica de la Decisión del Consejo propuesta es el artículo 217 del TFUE, leído en relación con el artículo 218, apartado 5, y el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo, del TFUE.
 3.OTROS ELEMENTOS
 ·Ejecución por los organismos creados en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación
 El título III de la primera parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación establece un Consejo de Asociación que supervisará la consecución de los objetivos de dicho Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario. El Consejo de Asociación está compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido a nivel ministerial, que se reunirán al menos una vez al año, y supervisará y facilitará la ejecución y aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación y de todo acuerdo complementario, como el Acuerdo para la Seguridad de la Información.
 El Consejo de Asociación podrá adoptar decisiones con respecto a todos los asuntos para los que el Acuerdo de Comercio y Cooperación o cualquier acuerdo complementario así lo prevean. El Consejo de Asociación solo puede adoptar sus decisiones y formular recomendaciones de mutuo acuerdo entre la Unión y el Reino Unido. En ningún caso puede restringir la toma de decisiones a nivel de la Unión. La Unión y el Reino Unido podrán decidir, a través del Consejo de Asociación o de los Comités especializados, modificar determinados aspectos del Acuerdo de Comercio y Cooperación o de cualquier acuerdo complementario, únicamente en los casos previstos específicamente en tales acuerdos. Si las Partes aprueban tal decisión, esta debe estar sujeta a sus respectivos requisitos y procedimientos internos aplicables.
 En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Asociación estará asistido por el Comité de Asociación Comercial, que a su vez estará asistido por Comités especializados en comercio y por otros Comités especializados.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación establece los siguientes Comités especializados en comercio:
 a)el Comité Especializado en Comercio en materia de Mercancías;
 b)el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen;
 c)el Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;
 d)el Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio;
 e)el Comité Especializado en Comercio en materia de Servicios, Inversión y Comercio Digital;
 f)el Comité Especializado en Comercio en materia de Propiedad Intelectual;
 g)el Comité Especializado en Comercio en materia de Contratación Pública;
 h)el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Reglamentaria;
 i)el Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible;
 j)el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Administrativa en lo que respecta al IVA y al cobro de impuestos y tributos atrasados.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación establece los siguientes Comités especializados:
 k)el Comité Especializado en Energía;
 l)el Comité Especializado en Transporte Aéreo;
 m)el Comité Especializado en Seguridad Operacional de la Aviación;
 n)el Comité Especializado en Transporte por Carretera;
 o)el Comité Especializado en Coordinación de la Seguridad Social;
 p)el Comité Especializado en Pesca;
 q)el Comité Especializado en Cooperación Judicial y Policial;
 r)el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión.
 El Consejo de Asociación podrá crear o disolver Comités especializados en comercio o Comités especializados, y el Comité de Asociación Comercial podrá crear o disolver Comités especializados en comercio.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación también prevé un papel para el Consejo de Asociación y los Comités especializados en la solución de diferencias, que se aborda en la sexta parte, título I, del Acuerdo de Comercio y Cooperación.
 ·Ejecución y aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación en la Unión
 De conformidad con el artículo 216, apartado 2, del TFUE, los acuerdos celebrados por la Unión son vinculantes para las instituciones de la Unión y sus Estados miembros.
 A fin de que la Unión pueda reaccionar oportunamente cuando dejen de cumplirse las condiciones pertinentes, la Comisión debe estar facultada para adoptar determinadas decisiones por las que se suspendan los beneficios concedidos al Reino Unido en virtud del anexo sobre productos ecológicos y el anexo sobre productos médicos. Antes de hacerlo, la Comisión debe informar a los representantes de los Estados miembros, que podrán oponerse a la posición planteada por la Comisión mediante una minoría de bloqueo. La Comisión también debe estar facultada para adoptar, con arreglo al mismo procedimiento, cualesquiera otras disposiciones de aplicación necesarias para el funcionamiento eficaz de dichos anexos.
 Además, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Comercio y Cooperación, existen sólidos mecanismos de ejecución. El Acuerdo de Comercio y Cooperación ofrece la posibilidad de que las Partes adopten medidas rápidas, autónomas y operativas para proteger sus intereses, en particular en los ámbitos de igualdad de condiciones (es decir, medidas de reequilibrio y medidas correctoras) y pesca (es decir, medidas compensatorias y medidas correctoras), así como, de manera más general, en casos de graves dificultades económicas, sociales o medioambientales de carácter sectorial o regional.
 Es importante que la Unión sea plenamente capaz de aplicar estas medidas de ejecución con rapidez y eficacia. A tal fin, debe facultarse a la Comisión para suspender las obligaciones en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación de conformidad con el artículo GOODS.19, sobre medidas en caso de incumplimiento o elusión de la legislación aduanera, el artículo LPFOFCSD.3.12, sobre medidas correctoras en el ámbito de las condiciones de competencia equitativas, el artículo ROAD.11, sobre medidas correctoras en el transporte por carretera, el artículo AIRTRN.8, sobre denegación, revocación, suspensión o limitación de la autorización de explotación en el transporte aéreo, el artículo FISH.14, sobre medidas correctoras en el ámbito pesquero, el artículo FISH.9, sobre medidas compensatorias en caso de retirada o reducción del acceso, los artículos UNPRO.3.1 y UNPRO.3.20, sobre la suspensión y cese de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión, y el artículo INST.24, sobre compromisos temporales; o para tomar las medidas de salvaguardia adecuadas de conformidad con el artículo INST.36.
 De conformidad con los Tratados, la Comisión también actuará en nombre de la Unión en todas las fases del procedimiento relativo a la solución de diferencias en virtud de la sexta parte, título I, del Acuerdo de Comercio y Cooperación.
 ·Explicación detallada de las disposiciones específicas de los proyectos de Acuerdos
 La cooperación amplia y ambiciosa entre la Unión y el Reino Unido prevista en el Acuerdo de Comercio y Cooperación refleja las Conclusiones y Orientaciones del Consejo Europeo de 23 de marzo de 2018 y se basa en la Declaración Política.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación es un paquete único que consta de cuatro componentes principales:
 –disposiciones generales e institucionales,
 –disposiciones económicas (incluidas disposiciones sobre comercio y garantías de condiciones de competencia equitativas),
 –disposiciones sobre cooperación judicial y policial en materia penal, y
 –disposiciones en materia de solución de diferencias, valores de base y medidas de salvaguardia.
 La asociación prevista se basa en el reconocimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como en la lucha contra el cambio climático y la proliferación de armas de destrucción masiva. El incumplimiento de cualquiera de estos elementos esenciales permitirá a las Partes denunciar o suspender la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación o de cualquier acuerdo complementario, en su totalidad o en parte. Las Partes también afirman su voluntad de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales.
 El ámbito de aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación es exhaustivo. Incluye los ámbitos de interés señalados en la Declaración Política: cooperación comercial y económica, cooperación judicial y policial en materia penal, participación en programas de la Unión y ámbitos temáticos de cooperación. El Acuerdo de Comercio y Cooperación no incluye disposiciones de cooperación en los ámbitos de la política exterior, la seguridad exterior y la defensa, dada la posición del Reino Unido de no negociar ni incluir tales disposiciones en el Acuerdo de Comercio y Cooperación. El Acuerdo de Comercio y Cooperación respeta la autonomía de la Unión en lo tocante al poder de decisión y su ordenamiento jurídico, así como la integridad del mercado único y de la unión aduanera y la indivisibilidad de las cuatro libertades de circulación (personas, mercancías, servicios y capitales). Además, no solo abarca el libre comercio de bienes y servicios, sino también las formas de evitar distorsiones y ventajas competitivas desleales. El Acuerdo de Comercio y Cooperación refleja el hecho de que el Reino Unido abandona el sistema de normas comunes, supervisión y mecanismos de ejecución de la Unión, por lo que ya no puede disfrutar de los beneficios de la pertenencia a la Unión o del mercado único.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación establece un marco general de gobernanza que abarca todos los ámbitos de cooperación en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación y de cualquier acuerdo complementario, como el Acuerdo para la Seguridad de la Información, al tiempo que incluye ciertas adaptaciones con el fin de dar respuesta a necesidades sectoriales justificadas.
 Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Comercio y Cooperación, existen sólidos mecanismos de ejecución. El Acuerdo de Comercio y Cooperación contempla la posibilidad de que las Partes adopten medidas rápidas, autónomas y operativas para proteger sus intereses, en particular en los ámbitos de igualdad de condiciones (es decir, medidas de reequilibrio y medidas correctoras) y pesca (es decir, medidas compensatorias y medidas correctoras), así como, de manera más general, en casos de graves dificultades económicas, sociales o medioambientales de carácter sectorial o regional.
 Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación territorial, el Acuerdo de Comercio y Cooperación comprende, en lo que respecta a la Unión, los territorios a los que se aplican los Tratados y, con respecto al Reino Unido, el territorio del Reino Unido. El Acuerdo de Comercio y Cooperación también prevé una cobertura limitada para las Islas del Canal y la Isla de Man en lo que respecta al comercio de mercancías y al acceso a las aguas. De conformidad con las Declaraciones incluidas en el acta del Consejo Europeo de 25 de noviembre de 2018 y con las directrices de negociación del Consejo, el Acuerdo de Comercio y Cooperación no se aplica a Gibraltar.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación consta de siete partes (divididas a su vez en epígrafes, títulos, capítulos y secciones), tres protocolos y una serie de anexos, tal y como consta a continuación:
 La primera parte (Disposiciones comunes e institucionales) contiene las disposiciones generales, los principios de interpretación del Acuerdo de Comercio y Cooperación y las definiciones, así como el marco institucional.
 La primera parte contiene las disposiciones sobre gobernanza y aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación y establece órganos conjuntos de gobernanza (el Consejo de Asociación, el Comité de Asociación Comercial, Comités especializados en comercio y otros Comités especializados).
 Las disposiciones sobre gobernanza aclaran cómo se gestionará y controlará el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Se han concebido de modo que resulten flexibles y adaptables a las necesidades específicas que puedan surgir en diferentes ámbitos. Habida cuenta del alcance y la complejidad del Acuerdo de Comercio y Cooperación, la Unión insistió en un marco de gobernanza único que abarcara la totalidad del Acuerdo. De este modo, se proporciona seguridad jurídica a las empresas, los consumidores y los ciudadanos, al tiempo que se evita la existencia de múltiples estructuras paralelas y la creación de burocracia adicional.
 El Consejo de Asociación supervisará la aplicación del Acuerdo. Compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido a nivel ministerial, el Consejo de Asociación se reunirá en diferentes formaciones, en función de la cuestión de que se trate. Será el foro en el que las Partes debatirán cualquier cuestión que pueda surgir, con la facultad de adoptar decisiones vinculantes de mutuo acuerdo. En el cumplimiento de sus tareas estará asistido por el Comité de Asociación Comercial, los comités especializados en comercio y otros comités especializados.
 La segunda parte (Comercio, Transporte, Pesca y Otras disposiciones) consta de seis epígrafes:
 –Epígrafe primero: Comercio, que consta de doce títulos: título I (Comercio de mercancías), título II (Servicios e inversiones), título III (Comercio digital), título IV (Movimientos de capital, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia), título V (Propiedad intelectual), título VI (Contratación pública), título VII (Pequeñas y medianas empresas), título VIII (Energía), título IX (Transparencia), título X (Buenas prácticas reguladoras y cooperación reglamentaria), título XI (Condiciones de competencia equitativas para una competencia abierta y leal y el desarrollo sostenible), título XII (Excepciones).
 –Epígrafe segundo: Aviación, que consta de dos títulos: título I (Transporte aéreo) y título II (Seguridad operacional de la aviación).
 –Epígrafe tercero: Transporte por carretera, que consta de dos títulos: título I (Transporte de mercancías por carretera) y título II (Transporte de pasajeros por carretera).
 –Epígrafe cuarto: Coordinación de la seguridad social y visados para viajes de corta duración;
 –Epígrafe quinto: Pesca.
 –Epígrafe sexto: Otras disposiciones.
 Tal y como se desprende de sus epígrafes y títulos, la segunda parte abarca el comercio de mercancías y servicios, así como una extensa gama de ámbitos de cooperación económica y más amplia, como la inversión, la competencia, la transparencia fiscal, la energía, el transporte aéreo y por carretera, la no discriminación con respecto a ciertas disposiciones de movilidad y la coordinación de la seguridad social, y la pesca.
 La segunda parte establece una política comercial moderna y sostenible. Ambas Partes se comprometen a aplicar normas comunes rigurosas en ámbitos como las normas laborales y sociales, la protección del medioambiente, la lucha contra el cambio climático, incluida la tarificación del carbono, y las normas pertinentes en materia de elusión fiscal y transparencia fiscal
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 . También contiene principios sobre subvenciones para impedir que cualquiera de las Partes conceda subvenciones que tengan un efecto sustancial en el comercio o la inversión entre las Partes. Estas normas y principios acordados van aparejados a mecanismos nacionales de aplicación y solución de diferencias para garantizar que las empresas de la UE y del Reino Unido compitan en igualdad de condiciones. La segunda parte prevé que cada una de las Partes pueda adoptar medidas unilaterales, según proceda, a efectos de protegerse frente a los efectos sobre el comercio o la inversión derivados de subvenciones o divergencias significativas en los respectivos sistemas de control de las subvenciones o en los respectivos niveles de protección laboral, social, medioambiental o climática.
 En cuanto al comercio de mercancías, las disposiciones de la segunda parte van más allá de los recientes acuerdos de libre comercio de la UE con socios como Canadá y Japón, al establecer la inexistencia de aranceles y de contingentes para todas las mercancías. A efectos de beneficiarse de estas preferencias excepcionales, las empresas deben garantizar que sus productos son originarios de la Unión o del Reino Unido. Estas «normas de origen» son esenciales para asegurar la integridad del mercado de la Unión. El Acuerdo de Comercio y Cooperación también facilitará, en la medida en que lo permita el código aduanero de la Unión, los trámites aduaneros aplicables a cualquier tercer país fuera de la unión aduanera. Eliminará, además, los obstáculos técnicos innecesarios al comercio, pero seguirá garantizando que todas las mercancías del Reino Unido que entren en la Unión cumplan plenamente las estrictas normas reguladoras de la Unión, entre las que se incluyen aquellas relativas a la calidad de los alimentos (por ejemplo, las normas sanitarias y fitosanitarias) y la seguridad de los productos.
 Asimismo, se ha acordado un nivel significativo de apertura en relación con el comercio de servicios, que va más allá de las disposiciones básicas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, al tiempo que refleja el hecho de que el Reino Unido ya no se beneficia de la libre circulación de personas ni, por tanto, de la libre prestación de servicios. Los proveedores de servicios del Reino Unido que deseen ofrecer servicios en la Unión tendrán que cumplir todos los requisitos reglamentarios pertinentes en la Unión, pero no recibirán un trato menos favorable que los operadores de la Unión en los ámbitos cubiertos por el Acuerdo de Comercio y Cooperación, y viceversa
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 . Los inversores del Reino Unido también pueden establecer entidades jurídicas en la Unión para ofrecer servicios en todo el mercado único y viceversa. El Acuerdo incluye un marco para la futura negociación de acuerdos de reconocimiento en relación con las cualificaciones profesionales.
 El Acuerdo de Comercio y Cooperación contiene disposiciones destinadas a facilitar el comercio digital, luchando contra las barreras injustificadas y garantizando un entorno de línea abierto, seguro y fiable para las empresas y los consumidores, así como un alto nivel de protección de los datos personales. El Acuerdo contiene igualmente disposiciones que garantizan la protección de los derechos de propiedad intelectual. Además, incluye disposiciones sobre oportunidades mutuas en los respectivos mercados de contratación pública de las Partes y sobre normas de contratación que van más allá de sus compromisos en el marco del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC.
 En el ámbito de la energía, dado que el Reino Unido dejará de participar en el mercado único de la electricidad y en las plataformas de negociación de la UE, el Acuerdo de Comercio y Cooperación establece un nuevo marco para la cooperación bilateral en materia de energía, destinado a garantizar un suministro de energía eficiente en términos de coste, limpio y seguro, esencial para el funcionamiento de ambas economías, y a establecer nuevos mecanismos para la cooperación en lo referente a las energías renovables, en particular en el mar del Norte, y la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, se integran en el Acuerdo disposiciones sustantivas sobre condiciones de competencia equitativas y liberalización, incluso en lo tocante a las condiciones para las subvenciones en el sector de la energía. Al igual que en los demás ámbitos, las disposiciones sobre energía no reproducen todos los beneficios del mercado único para el Reino Unido, teniendo en cuenta su condición de tercer país.
 En cuanto al transporte, el Acuerdo de Comercio y Cooperación prevé una conectividad aérea y vial continua y sostenible, respetando al mismo tiempo la integridad del mercado único. Incluye disposiciones para garantizar que la competencia entre los operadores de la Unión y del Reino Unido tenga lugar en igualdad de condiciones, de modo que no se menoscaben los derechos de los pasajeros ni la seguridad del transporte.
 La segunda parte también contiene un marco para la gestión conjunta y sostenible de las poblaciones de peces en aguas de la Unión y del Reino Unido. El Reino Unido, en tanto que Estado ribereño independiente, tendrá control sobre sus aguas y podrá seguir desarrollando las pesquerías británicas, pero los pescadores y pescadoras europeos seguirán teniendo acceso a las aguas británicas para llevar a cabo sus actividades pesqueras.
 La tercera parte (Cooperación judicial y policial en materia penal) establece un marco para la cooperación policial y judicial en materia penal. Reconoce la necesidad de una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y judiciales nacionales, así como las agencias, órganos y organismos de la Unión, en particular para combatir la delincuencia transfronteriza y el terrorismo y enjuiciar los delitos.
 La tercera parte abarca los siguientes ámbitos clave:
 –Intercambio de datos disposiciones para el intercambio oportuno, efectivo y eficiente de datos de los pasajeros aéreos (conocidos como registros de nombres de los pasajeros o PNR), datos de ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos (los denominados «datos Prüm», que nunca hasta ahora han sido objeto de intercambio alguno entre la Unión y un tercer país no perteneciente al espacio Schengen), información de los registros de antecedentes penales e información operativa, de manera complementaria a los canales internacionales, como la Interpol.
 –Europol y Eurojust: cooperación eficaz entre el Reino Unido y Europol y Eurojust, en consonancia con las normas de cooperación con terceros países establecidas en la legislación de la Unión.
 –Entrega: disposiciones destinadas a permitir la rápida entrega de delincuentes entre los Estados miembros de la Unión y el Reino Unido a través de procedimientos simplificados, unos plazos estrictos, garantías sólidas (entre las que se incluyen los motivos adecuados para denegar la entrega), derechos procesales y un control judicial.
 –Asistencia mutua: disposiciones concebidas para facilitar y completar los Convenios del Consejo de Europa en materia penal, por ejemplo, a través de procedimientos simplificados, con plazos e infraestructuras tecnológicas, en relación con una amplia gama de medidas, tales como el embargo y el decomiso de bienes.
 –Prevención del blanqueo de capitales: disposiciones para la cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 La tercera parte respeta el estatuto del Reino Unido como país no perteneciente a la Unión y no perteneciente al espacio Schengen. Por ejemplo, el Reino Unido dejará de tener acceso directo y en tiempo real a las bases de datos sensibles de la Unión que sirven de apoyo para su espacio de libertad, seguridad y justicia, ya que solo disfrutan de ese acceso los Estados miembros y los países muy estrechamente asociados que aceptan todas las obligaciones conexas.
 La estrecha y completa cooperación policial y judicial se sustenta en garantías de respeto de la democracia y del Estado de Derecho, para proteger eficazmente los derechos y libertades fundamentales de las personas, incluidos los consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en su aplicación nacional, así como en el compromiso de ambas Partes de mantener unos niveles elevados de protección de datos. Se trata de una demanda especialmente importante por parte de la Unión con vistas a garantizar la protección tanto de la seguridad como de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La tercera parte establece asimismo disposiciones específicas sobre la suspensión de la cooperación en caso de deficiencias graves y sistémicas a la hora de garantizar cualquiera de estas salvaguardias, así como un mecanismo específico de solución de diferencias.
 La cuarta parte (Cooperación temática) consta de dos títulos: título I: Seguridad sanitaria y título II: Ciberseguridad. La cuarta parte establece disposiciones para la cooperación entre las Partes en materia de seguridad sanitaria y ciberseguridad, en particular mediante la participación temporal y limitada del Reino Unido en una serie de estructuras de la Unión, únicamente previa invitación de la Unión, y siempre que surjan amenazas comunes específicas.
 La quinta parte (Participación en programas de la Unión, buena gestión financiera y disposiciones financieras) establece disposiciones relativas a la participación continuada del Reino Unido como tercer país en una serie de programas emblemáticos de la Unión, supeditada a la contribución financiera del Reino Unido al presupuesto de la Unión. La lista precisa de dichos programas será adoptada con posterioridad por el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión. Además, el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión también podrá establecer una lista de servicios prestados a través de la ejecución de programas de la Unión a los que el Reino Unido podrá tener acceso.
 Todavía no se han adoptado las bases jurídicas (actos de base) de los programas y actividades de la Unión en los que podrá participar el Reino Unido. No obstante, el Reino Unido y la Unión han llegado a un entendimiento común acerca de los programas en los que el Reino Unido podrá participar y de las condiciones específicas en las que lo haría, siempre que se respeten las condiciones establecidas en las bases jurídicas definitivas. Por consiguiente, la Declaración Conjunta adjunta al Acuerdo de Comercio y Cooperación proporciona un marco para los protocolos que el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión añadirá a dicho Acuerdo cuando se adopten las bases jurídicas de tales programas.
 La sexta parte (Solución de diferencias y disposiciones horizontales) consta de tres títulos: título I (Solución de diferencias), título II (Base de cooperación) y título III (Cumplimiento de obligaciones y medidas de salvaguardia).
 En cuanto a la solución de diferencias, si surge un desacuerdo y las Partes no logran hallar una solución, el Acuerdo de Comercio y Cooperación prevé la posibilidad de crear un tribunal de arbitraje independiente para resolver el asunto mediante una resolución vinculante. Este mecanismo de solución de diferencias se aplica a la mayoría de los ámbitos del Acuerdo de Comercio y Cooperación, incluida la competencia en igualdad de condiciones y la pesca. Va acompañado de mecanismos creíbles y sólidos de aplicación y cumplimiento, incluida la posibilidad de suspender las obligaciones de la Parte reclamante en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación, por ejemplo, la de reintroducir aranceles o cuotas. Además, cada Parte podrá, en determinadas condiciones, tomar represalias cruzadas cuando la otra Parte no cumpla la resolución del tribunal de arbitraje. Por ejemplo, ante un incumplimiento persistente por una de las Partes que afecte a un sector económico específico, la otra Parte podrá tomar represalias en otros sectores económicos. Cada Parte podrá igualmente adoptar unilateralmente medidas de salvaguardia adecuadas en casos de graves dificultades económicas, sociales o medioambientales de carácter sectorial o regional.
 La séptima parte (Disposiciones finales) contiene las disposiciones finales, en particular sobre la entrada en vigor, la revisión y la denuncia del Acuerdo de Comercio y Cooperación.
 Dos protocolos prevén la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, así como la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos, y la asistencia administrativa mutua en cuestiones aduaneras.
 El Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social establece una serie de medidas de coordinación de la seguridad social destinadas a proteger los derechos en materia de seguridad social de los ciudadanos de la UE y los nacionales del Reino Unido que se encuentren en una situación transfronteriza entre el Reino Unido y la UE a partir del 1 de enero de 2021. También se protege a los ciudadanos de terceros países, los apátridas y los refugiados. Abarca una amplia gama de prestaciones, entre las que se incluyen las pensiones de vejez y de supervivencia, los subsidios por defunción, las prestaciones por enfermedad, las prestaciones de maternidad/paternidad relacionadas con el nacimiento de un hijo, las prestaciones por accidentes laborales o las prestaciones de prejubilación. El Protocolo garantiza que las disposiciones de coordinación de la seguridad social en él establecidas se basen en el principio de no discriminación entre los Estados miembros de la Unión.
 El Acuerdo sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada establece normas y modalidades para el intercambio de información sensible clasificada y no clasificada. En consonancia con otros acuerdos relativos a la seguridad de la información celebrados por la Unión con otros terceros países, el Acuerdo para la Seguridad de la Información garantiza el tratamiento seguro de la información sensible, sobre la base del principio del consentimiento del autor previo a la divulgación de la información intercambiada. El Acuerdo para la Seguridad de la Información se aplicará a partir de la fecha de aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación, o a partir de la fecha en que las Partes se hayan notificado mutuamente que han cumplidos sus procedimientos y requisitos internos respectivos para la divulgación de información clasificada en virtud de dicho Acuerdo, si esta fecha fuera posterior.
 2020/0381 (NLE)
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 relativa a la firma, en nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), y en particular su artículo 217, en relación con su artículo 218, apartado 5, y con su artículo 218, apartado 8, párrafo segundo,
 Vista la propuesta de la Comisión Europea,
 Considerando lo siguiente:
 (1)El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea («TUE»), su intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
 (2)El 30 de enero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/135, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Acuerdo de Retirada»)
 6
 . El Acuerdo de Retirada entró en vigor el 1 de febrero de 2020.
 (3)El 25 de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE, Euratom) 2020/266
 7
 , por la que se autoriza a la Comisión la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación. Las negociaciones se han llevado a cabo a la luz de las directrices de negociación de 25 de febrero de 2020.
 (4)Las negociaciones concluyeron el 24 de diciembre de 2020. Han dado lugar al Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra («Acuerdo de Comercio y Cooperación»), y al Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada («Acuerdo para la Seguridad de la Información»).
 (5)El Acuerdo de Comercio y Cooperación establece la base para una amplia relación entre la Unión y el Reino Unido, que implica derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y procedimientos especiales. El Acuerdo para la Seguridad de la Información es un acuerdo complementario del Acuerdo de Comercio y Cooperación, intrínsecamente vinculado a este último, en particular por lo que se refiere a la fecha de comienzo de la aplicación y a su extinción. La decisión relativa a la firma del Acuerdo de Comercio y Cooperación y del Acuerdo para la Seguridad de la Información («Acuerdos») debe tener, por lo tanto, como base jurídica la que permite el establecimiento de una asociación que faculte a la Unión para contraer compromisos en todos los ámbitos cubiertos por los Tratados.
 (6)La firma del Acuerdo de Comercio y Cooperación en lo que respecta a los asuntos que son competencia de la Comunidad Europea de la Energía Atómica es objeto de un procedimiento aparte.
 (7)Procede definir las modalidades de la representación de la Unión en el Consejo de Asociación y en los Comités establecidos por el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Según dispone el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), corresponde a la Comisión representar a la Unión y expresar las posiciones de la Unión establecidas por el Consejo de conformidad con los Tratados. Corresponde al Consejo ejercer sus funciones de definición de políticas y de coordinación según dispone el artículo 16, apartado 1, del TUE, mediante el establecimiento de las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de Asociación y en los Comités establecidos por el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Asimismo, cuando el Consejo de Asociación o los Comités establecidos por el Acuerdo de Comercio y Cooperación deban adoptar actos con efectos jurídicos, las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en dichos organismos han de establecerse de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 218, apartado 9, del TFUE.
 (8)Uno o varios Estados miembros podrán solicitar que el representante de la Comisión vaya acompañado, como parte de la delegación de la Unión, por un representante de ese Estado o Estados miembros a una reunión del Consejo de Asociación o de cualquiera de los órganos mixtos establecidos por el Acuerdo.
 (9)A fin de que la Unión pueda reaccionar oportunamente cuando dejen de cumplirse las condiciones pertinentes, la Comisión debe estar facultada para adoptar determinadas decisiones por las que se suspendan los beneficios concedidos al Reino Unido en virtud del anexo sobre productos ecológicos y el anexo sobre productos médicos. Antes de hacerlo, la Comisión debe informar a los representantes de los Estados miembros, que podrán oponerse a la posición planteada por la Comisión mediante una minoría de bloqueo. La Comisión también debe estar facultada para adoptar, con arreglo al mismo procedimiento, cualesquiera otras disposiciones de aplicación necesarias para el funcionamiento eficaz de dichos anexos.
 (10)Con el fin de que la Unión pueda tomar medidas rápidas y eficaces para proteger sus intereses de conformidad con el Acuerdo de Comercio y Cooperación, y hasta que se adopte un acto legislativo específico que regule la adopción de medidas correctoras en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación y que entre en vigor en la Unión, la Comisión debe poder adoptar medidas correctoras, como la suspensión de obligaciones en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación o cualquier acuerdo complementario en caso de infracción de determinadas disposiciones del Acuerdo de Comercio y Cooperación o de incumplimiento de determinadas condiciones, en particular, en el ámbito del comercio de bienes, de las condiciones de competencia equitativas, del transporte por carretera y aéreo, de la pesca y de programas de la Unión, tal y como se especifica en el Acuerdo de Comercio y Cooperación, así como las medidas correctoras, medidas de reequilibrio o contramedidas necesarias.
 (11)Cuando la Unión deba actuar para dar cumplimiento a las disposiciones de los Acuerdos, su actuación ha de ser conforme con las disposiciones de los Tratados, respetando al mismo tiempo los límites de las competencias atribuidas a cada institución. Por consiguiente, corresponde a la Comisión facilitar al Reino Unido la información o las notificaciones exigidas en los Acuerdos, excepto cuando estos se refieran a otras instituciones, órganos y organismos específicos de la Unión, y consultar al Reino Unido sobre cuestiones específicas. Corresponde asimismo a la Comisión representar a la Unión ante el tribunal de arbitraje cuando se haya sometido una diferencia a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Comercio y Cooperación.
 (12)Se recuerda que, de conformidad con las directrices de negociación de 25 de febrero de 2020, el ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de Comercio y Cooperación celebrado entre la Unión y el Reino Unido no incluye a Gibraltar. Esto no excluye la posibilidad de celebrar acuerdos independientes entre la Unión y el Reino Unido con respecto a Gibraltar, de conformidad con la declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea incluida en el acta de la reunión del Consejo Europeo de 25 de noviembre de 2018.
 (13)Al ser un país que se ha retirado de la Unión, el Reino Unido se encuentra en una situación diferente y excepcional con respecto a la Unión en comparación con otros terceros países con los que la Unión ha negociado y celebrado acuerdos. En virtud del Acuerdo de Retirada, el Derecho de la Unión se aplica al y en el Reino Unido durante el período transitorio y, al final de dicho período, la base para la cooperación con los Estados miembros de la Unión se encuentra, por tanto, en un nivel muy remoto, en particular en los ámbitos del mercado interior, la política pesquera común y la libertad, la seguridad y la justicia. Si los Acuerdos no entran en vigor desde el 1 de enero de 2021, la cooperación entre la Unión y el Reino Unido estará en un nivel que ni es deseable, ni redunda en interés de la Unión, lo que perturbará la relación entre la Unión y el Reino Unido. Estas perturbaciones pueden limitarse mediante la aplicación provisional de los Acuerdos.
 (14)Por consiguiente, dada la situación excepcional del Reino Unido con respecto a la Unión, la urgencia de la situación, a saber, que el período transitorio finaliza el 31 de diciembre de 2020, y la necesidad de dar tiempo suficiente al Parlamento Europeo y al Consejo para examinar adecuadamente los textos de los Acuerdos, estos deben aplicarse provisionalmente, durante un período de tiempo limitado, tal como se establece en el apartado 2 del artículo FINPROV.11 [Entrada en vigor y aplicación provisional] del Acuerdo de Comercio y Cooperación y en el artículo 19 del Acuerdo para la Seguridad de la Información.
 (15)Debido a la conclusión sumamente tardía de las negociaciones de los Acuerdos, a escasos días del final del período transitorio, no ha sido posible proceder a la revisión jurídico-lingüística final de los textos de los Acuerdos antes de su firma. Por consiguiente, las Partes deben proceder a la revisión jurídico-lingüística final de los textos de los Acuerdos en las veinticuatro lenguas auténticas desde el momento en que los Acuerdos se hayan firmado. Dicha revisión jurídico-lingüística debe terminarse, a más tardar, el 30 de abril de 2021. No obstante lo dispuesto en la frase anterior, el proceso de revisión jurídica final de la versión inglesa del Acuerdo debe terminarse el día mencionado en el apartado 1 del artículo FINPROV.11 [Entrada en vigor y aplicación provisional] si ese día es anterior al 30 de abril de 2021. Las Partes deberán proceder entonces, mediante canje de notas diplomáticas, a establecer los textos jurídicamente revisados de los Acuerdos en todas las lenguas como auténticos y definitivos. Estos textos revisados sustituirán inicialmente a las versiones firmadas de los Acuerdos.
 (16)Los Acuerdos deben firmarse en nombre de la Unión, a reserva del cumplimiento de los procedimientos necesarios para su celebración en una fecha posterior.
 HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
 Artículo 1
 Se autoriza la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, en lo que respecta a las partes que no son competencia de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, a reserva de la celebración de dicho Acuerdo.
 Se autoriza la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada, a reserva de la celebración de dicho Acuerdo.
 Los textos de ambos Acuerdos se adjuntan a la presente Decisión.
 Artículo 2
 Cuando la Comisión represente a la Unión en organismos creados por el Acuerdo de Comercio y Cooperación, deberá informar oportunamente al Consejo sobre los debates y el resultado de las reuniones y de los actos adoptados mediante procedimiento escrito y, previa solicitud, deberá aportar las actas y demás documentos relativos a dichas reuniones o procedimientos. La Comisión informará asimismo al Parlamento Europeo, según proceda.
 Artículo 3
 1.La Comisión estará autorizada a tomar, en nombre de la Unión, cualquier decisión a fin de:
 a)confirmar o suspender el reconocimiento de equivalencia previa reevaluación de la equivalencia que debe llevarse a cabo a más tardar el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 [Reconocimiento de la equivalencia] del anexo TBT-4 [Productos ecológicos];
 b)suspender el reconocimiento de la equivalencia de conformidad con los apartados 5 y 6 del artículo 3 [Reconocimiento de la equivalencia] del anexo TBT-4 [Productos ecológicos];
 c)aceptar documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación expedidos por una autoridad del Reino Unido para instalaciones de fabricación situadas fuera del territorio de la autoridad emisora y determinar las condiciones en las que la Unión acepta dichos documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 5 [Reconocimiento de inspecciones] del anexo TBT-2 [Productos médicos];
 d)para adoptar cualesquiera disposiciones de aplicación para el intercambio de documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación con la autoridad del Reino Unido de conformidad con el artículo 6 [Intercambio de documentos de prácticas correctas de fabricación] del anexo TBT-2 [Productos médicos] y para el intercambio de información con la autoridad del Reino Unido sobre inspecciones de instalaciones de fabricación con arreglo al artículo 7 [Salvaguardias] del anexo TBT-2 [Productos médicos];
 e)suspender el reconocimiento de inspecciones o la aceptación de documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación emitidos por el Reino Unido y notificar al Reino Unido su intención de aplicar el artículo 9 [Suspensión] del anexo TBT-2 [Productos médicos] y entrar en consultas con el Reino Unido de conformidad con el apartado 3 del artículo 8 [Cambios en la legislación aplicable] del anexo TBT-2 [Productos médicos];
 f)suspender total o parcialmente, para todos o algunos de los productos enumerados en el apéndice C del anexo TBT-2 [Productos médicos], el reconocimiento de inspecciones y la aceptación de documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación de la otra Parte de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 [Suspensión] del anexo TBT-2 [Productos médicos].
 2.La Comisión adoptará las decisiones propuestas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4, apartado 2, de la presente Decisión.
 Artículo 4
 1.Hasta que se adopte y entre en vigor en la Unión un acto legislativo específico que regule la adopción de tales medidas, la decisión de la Unión de adoptar las siguientes medidas en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación será acogida por la Comisión, de conformidad con las condiciones establecidas en las correspondientes disposiciones del Acuerdo de Comercio y Cooperación, en lo que respecta a:
 a)la suspensión del trato preferencial pertinente del producto o productos afectados establecida en el artículo GOODS.19 [Medidas en caso de incumplimiento o elusión de la legislación aduanera];
 b)la aplicación de medidas correctoras y la suspensión de las obligaciones establecidas en el artículo LPFOFCSD.3.12 [Medidas correctoras];
 c)la aplicación de medidas de reequilibrio y contramedidas establecida en el artículo LPFOFCSD.9.4 [Reequilibrio];
 d)la aplicación de medidas correctoras establecida en el artículo ROAD.11 [Medidas correctoras];
 e)la denegación, revocación, suspensión o limitación de la autorización de explotación de una compañía aérea establecida en el artículo AIRTRN.8 [Denegación, revocación, suspensión o limitación de la autorización de explotación];
 f)la aplicación de medidas correctoras establecida en el artículo FISH.14 [Medidas correctoras y resolución de diferencias];
 g)las medidas compensatorias establecidas en el artículo FISH.9 [Medidas compensatorias en caso de retirada o reducción del acceso];
 h)la suspensión o el cese de la participación del Reino Unido en programas de la Unión establecida en el artículo UNPRO.3.1 [Suspensión de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión por parte de la Unión Europea] y el artículo UNPRO.3.20 [Cese de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión por parte de la Unión Europea];
 i)una oferta o aceptación de compensación temporal o la suspensión de obligaciones en el contexto del cumplimiento a raíz de un procedimiento de arbitraje o grupo de expertos con arreglo al artículo INST.24 [Compromisos temporales], a reserva de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 654/2014;
 j)la aplicación de medidas de salvaguardia y medidas de reequilibrio establecida en el artículo INST.36 [Medidas de salvaguardia].
 2.La Comisión informará cumplida y oportunamente al Consejo de su intención de adoptar las medidas propuestas a que se refiere el apartado 1 y tendrá en cuenta las posibles opiniones expresadas. La Comisión informará asimismo al Parlamento Europeo, según proceda.
 3.
 La Comisión también podrá adoptar medidas para restablecer los derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo de Comercio y Cooperación tal como existían antes de la adopción de las medidas previstas en el apartado 1.
 Artículo 5
 En condiciones de reciprocidad, el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada se aplicarán de forma provisional a partir del 1 de enero de 2021. La aplicación provisional cesará en una de las fechas siguientes, aquella que sea anterior:
 a) el 28 de febrero de 2021 u otra fecha que decida el Consejo de Asociación; o
 b) el primer día del mes siguiente al de la fecha en que las Partes se hayan notificado mutuamente que han cumplido sus respectivos procedimientos y requisitos internos para establecer su consentimiento a vincularse.
 Artículo 6
 El/La presidente/a del Consejo designará a la persona facultada para proceder, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo LAW.OTHER.134 [Notificaciones] y en el artículo SSC.11 del Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social del Acuerdo de Comercio y Cooperación.
 Artículo 7
 Las declaraciones adjuntas a la presente Decisión deberán aprobarse en nombre de la Unión.
 Artículo 8
 Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a la persona o las personas facultadas para firmar los Acuerdos en nombre de la Unión.
 Artículo 9
 La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
 Hecho en Bruselas, el
 Por el Consejo
 El Presidente / La Presidenta
 (1)
 Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO L 29 de 31.1.2020, p. 1).
 (2)
 Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido (DO C 34 de 31.1.2020, p. 1).
 (3)
 Decisión (UE, Euratom) 2020/266 del Consejo, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación (DO L 58 de 27.2.2020, p. 53).
 (4)
 La Unión y el Reino Unido también tienen la intención de refrendar una Declaración Conjunta sobre la lucha contra los regímenes fiscales perniciosos en el momento de la celebración de los Acuerdos.
 (5)
 De conformidad con la política comercial de la UE, se excluye un número limitado de sectores (servicios públicos, así como algunos servicios de transporte y los servicios audiovisuales, con el fin de preservar la diversidad cultural).
 (6)
 Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO L 29 de 31.1.2020, p. 1).
 (7)
 Decisión (UE, Euratom) 2020/266 del Consejo, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para un nuevo acuerdo de asociación (DO L 58 de 27.2.2020, p. 53).
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 COMISIÓN EUROPEA
 Bruselas, 27.12.2020
 COM(2020) 855 final
 COM(2020) 855 final of 25.12.2020 downgraded on 26.12.2020
 ANEXO
 de la
 Propuesta de Decisión del Consejo
 relativa a la firma, en nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
 ACUERDO DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, POR UNA PARTE, Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR OTRA
 PREÁMBULO
 PRIMERA PARTE: DISPOSICIONES COMUNES E INSTITUCIONALES
 Título I: Disposiciones generales
 Título II: Principios de interpretación y definiciones
 Título III: Marco institucional
 SEGUNDA PARTE: COMERCIO, TRANSPORTE, PESCA Y OTRAS DISPOSICIONES
 EPÍGRAFE PRIMERO: COMERCIO
 Título I: Comercio de mercancías
 Título II: Servicios e inversión
 Título III: Comercio digital
 Título IV: Movimientos de capitales, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia
 Título V: Propiedad intelectual
 Título VI: Contratación pública
 Título VII: Pequeñas y medianas empresas
 Título VIII: Energía
 Título IX: Transparencia
 Titulo X: Buenas prácticas reguladoras y cooperación reglamentaria
 Título XI: Igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa y el desarrollo sostenible
 Título XII: Excepciones
 EPÍGRAFE SEGUNDO: AVIACIÓN
 Título I: Transporte aéreo
 Título II: Seguridad aérea
 EPÍGRAFE TERCERO: TRANSPORTE POR CARRETERA
 Título I: Transporte de mercancías por carretera
 Título II: Transporte de viajeros por carretera
 EPÍGRAFE CUARTO: COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y VISADOS PARA VISITAS DE CORTA DURACIÓN
 Título I: Coordinación en materia de seguridad social
 Título II: Visados para visitas de corta duración
 EPÍGRAFE QUINTO: PESCA
 EPÍGRAFE SEXTO: OTRAS DISPOSICIONES
 TERCERA PARTE: COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA PENAL
 Título I: Disposiciones generales
 Título II: Intercambio de datos de ADN, impresiones dactilares y matriculación de vehículos
 Título III: Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros
 Título IV: Cooperación en materia de información operativa
 Título V: Cooperación con Europol
 Título VI: Cooperación con Eurojust
 Título VII: Entregas
 Título VIII: Asistencia mutua
 Título IX: Intercambio de información de antecedentes penales
 Titulo X: Lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo
 Título XI: Embargo preventivo y decomiso
 Título XII: Otras disposiciones
 Título XIII: Solución de diferencias
 CUARTA PARTE: COOPERACIÓN TEMÁTICA
 Título I: Seguridad sanitaria
 Título II: Ciberseguridad
 QUINTA PARTE: PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA UNIÓN, BUENA GESTIÓN FINANCIERA Y DISPOSICIONES FINANCIERAS
 SEXTA PARTE: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y DISPOSICIONES HORIZONTALES
 Título I: Solución de diferencias
 Título II: Base de la cooperación
 Título III: Cumplimiento de obligaciones y medidas de salvaguardia
 SÉPTIMA PARTE: DISPOSICIONES FINALES
 ANEXOS
 ANEXO INST: REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN Y LOS COMITÉS
 ANEXO ORIG-1: NOTAS INTRODUCTORIAS A LAS NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS
 ANEXO ORIG-2: NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS
 ANEXO ORIG-2A: CONTINGENTES DE ORIGEN Y ALTERNATIVAS A LAS NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS QUE FIGURAN EN EL ANEXO ORIG-2 [NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS]
 ANEXO ORIG-2B: NORMAS TRANSITORIAS ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
 ANEXO ORIG-3:DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR
 ANEXO ORIG-4: TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE ORIGEN
 ANEXO ORIG-5: DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA AL PRINCIPADO DE ANDORRA
 ANEXO ORIG-6: DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LA REPÚBLICA DE SAN MARINO
 ANEXO SPS-1: CRITERIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SPS.19, LETRA d)
 ANEXO TBT-1: VEHÍCULOS DE MOTOR, EQUIPOS Y SUS COMPONENTES
 ANEXO TBT-2:Medicamentos
 ANEXO TBT-3:PRODUCTOS QUÍMICOS
 ANEXO TBT-4:PRODUCTOS ECOLÓGICOS
 ANEXO TBT-5: COMERCIO DE VINO
 ANEXO TBT-XX. MECANISMO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 4, PARA EL INTERCAMBIO PERIÓDICO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS Y CORRECTORAS CONEXAS
 ANEXO TBT-ZZ. MECANISMO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 5, PARA EL INTERCAMBIO PERIÓDICO DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS DISTINTOS DE LOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 4
 ANEXO CUSTMS-1: OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS
 ANEXO SERVIN-1: MEDIDAS VIGENTES
 ANEXO SERVIN-2: MEDIDAS FUTURAS
 ANEXO SERVIN-3: PERSONAS EN VISITA DE NEGOCIOS CON FINES DE ESTABLECIMIENTO, PERSONAS TRASLADADAS DENTRO DE UNA MISMA EMPRESA Y PERSONAS EN VISITA DE NEGOCIOS DE CORTA DURACIÓN
 ANEXO SERVIN-4: PROVEEDORES DE SERVICIOS CONTRACTUALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES
 ANEXO SERVIN-5: CIRCULACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS
 ANEXO SERVIN-6: DIRECTRICES PARA LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES
 ANEXO PPROC-1:CONTRATACIÓN PÚBLICA
 ANEXO ENER-1: LISTAS DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS, HIDROCARBUROS Y MATERIAS PRIMAS
 ANEXO ENER-2: SUBVENCIONES A LA ENERGÍA Y AL MEDIO AMBIENTE
 ANEXO ENER-3: NO APLICACIÓN DEL ACCESO DE TERCEROS Y SEPARACIÓN DE LA PROPIEDAD A NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
 ANEXO ENER-4: ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN EL HORIZONTE TEMPORAL DEL MERCADO DIARIO
 ANEXO AVSAF-1: CERTIFICACIÓN DE LA AERONAVEGABILIDAD Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
 ANEXO ROAD-1: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
 ANEXO ROAD-2: Modelo de autorización de un servicio internacional regular o regular especial
 ANEXO ROAD-3: MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UN SERVICIO INTERNACIONAL REGULAR O REGULAR ESPECIAL
 ANEXO ROAD-4: MODELO DE HOJA DE RUTA PARA SERVICIOS DISCRECIONALES
 ANEXO FISH.1
 ANEXO FISH.2:
 ANEXO FISH.3
 ANEXO FISH.4: PROTOCOLO SOBRE EL ACCESO A LAS AGUAS
 ANEXO LAW-1: Intercambio de datos de ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos
 ANEXO LAW-2: DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS
 ANEXO LAW-3: FORMAS DE DELICUENCIA RESPECTO DE LAS CUALES EUROPOL ES COMPETENTE
 ANEXO LAW-4: Formas de delincuencia grave respecto de las cuales Europol es competente
 ANEXO LAW-5: ORDEN DE DETENCIÓN
 ANEXO LAW-6: Intercambio de información de antecedentes penales – especificaciones técnicas y de procedimiento
 ANEXO LAW-7: Definición de terrorismo
 ANEXO LAW-8: Embargo y decomiso:
 ANEXO UNPRO-1:APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS
 ANEXO INST: NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
 ANEXO INST: CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ÁRBITROS
 PROTOCOLO RELATIVO A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA DE COBRO DE LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A DETERMINADOS IMPUESTOS Y DERECHOS
 TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
 TÍTULO II: COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN MATERIA DE IVA
 TÍTULO III: ASISTENCIA EN MATERIA DE COBRO
 TÍTULO IV: EJECUCIÓN Y APLICACIÓN
 TÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES
 ANEXO DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA DE COBRO DE LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A DETERMINADOS IMPUESTOS Y DERECHOS
 PROTOCOLO SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA ADUANERA
 PROTOCOLO RELATIVO A LA COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
 TÍTULO II: DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE
 TÍTULO III: DISPOSICIONES PARTICULARES APLICABLES A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE PRESTACIONES
 TÍTULO IV: DISPOSICIONES VARIAS
 TÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES
 ANEXO SSC-1: DETERMINADAS PRESTACIONES EN METÁLICO A LAS QUE NO SE APLICARÁ EL PROTOCOLO
 ANEXO SSC-2: RESTRICCIÓN DE DERECHOS A LAS PRESTACIONES EN ESPECIE PARA MIEMBROS DE LA FAMILIA DE UN TRABAJADOR FRONTERIZO
 ANEXO SSC-3: DERECHOS ADICIONALES PARA LOS PENSIONISTAS QUE REGRESAN AL ESTADO COMPETENTE
 ANEXO SSC-4: CASOS EN LOS QUE NO SE PUEDE EFECTUAR O NO SE APLICA EL CÁLCULO PRORRATEADO
 ANEXO SSC-5: PRESTACIONES Y ACUERDOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SSC.49 [Acumulación de prestaciones de la misma naturaleza]
 ANEXO SSC-6: DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DEL REINO UNIDO
 ANEXO SSC-7: PARTE RELATIVA A LA APLICACIÓN
 ANEXO SSC-8: DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SSC.11 [Trabajadores desplazados]
 ACUERDO DE COMERCIO Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA, POR UNA PARTE, Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR OTRA
 PREÁMBULO
 LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
 Y
 EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
 REAFIRMANDO su firme adhesión a los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la lucha contra la proliferación de las armas de destrucción masiva y contra el cambio climático, que constituyen elementos esenciales de este y otros acuerdos complementarios,
 RECONOCIENDO la importancia de cooperar a escala mundial para abordar las cuestiones que presentan un interés común,
 RECONOCIENDO la importancia de la transparencia en el comercio y la inversión internacionales en beneficio de todas las partes interesadas,
 PROCURANDO establecer normas claras y ventajosas para ambas Partes que rijan el comercio y la inversión entre ellas,
 CONSIDERANDO que, para garantizar la gestión eficiente y la interpretación y aplicación correctas del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de tales acuerdos, es esencial establecer disposiciones que aseguren la gobernanza general, en particular normas de solución de controversias y de garantía del cumplimiento que respeten plenamente la autonomía de los ordenamientos jurídicos respectivos de la Unión y del Reino Unido así como la condición de país no perteneciente a la Unión Europea del Reino Unido,
 SOBRE LA BASE de sus respectivos derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho el 15 de abril de 1994, y de otros instrumentos de cooperación multilaterales y bilaterales,
 RECONOCIENDO la autonomía respectiva de las Partes y los derechos a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos públicos legítimos, como la protección y la promoción de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente (incluso en lo tocante al cambio climático), la moral pública, la protección social o de los consumidores, el bienestar de los animales, la privacidad y la protección de datos y la promoción y la protección de la diversidad cultural, esforzándose al mismo tiempo por mejorar sus elevados niveles respectivos de protección,
 CREYENDO en los beneficios de un entorno comercial predecible que propicie el comercio y la inversión entre ellos y prevenga el falseamiento de la competencia y las ventajas competitivas desleales, de un modo que favorezca el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental,
 RECONOCIENDO la necesidad de que una asociación económica ambiciosa, amplia y equilibrada se sustente en la igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal y un desarrollo sostenible, a través de marcos eficaces y sólidos para las subvenciones y la competencia y el compromiso de mantener sus respectivos altos niveles de protección en los ámbitos de las normas laborales y sociales, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la fiscalidad,
 RECONOCIENDO la necesidad de garantizar un mercado abierto y seguro para las empresas, incluidas las medianas empresas, y sus bienes y servicios, abordando los obstáculos injustificados al comercio y la inversión,
 OBSERVANDO la importancia de facilitar nuevas oportunidades a las empresas y los consumidores a través del comercio digital y de hacer frente a los obstáculos injustificados a los flujos de datos y al comercio posibilitados por medios electrónicos, respetando al mismo tiempo las normas de protección de datos personales de las Partes,
 DESEANDO que el presente Acuerdo contribuya al bienestar de los consumidores gracias a políticas que garantizan un elevado nivel de protección de los consumidores y de bienestar económico, así como a una cooperación estimulante entre las autoridades pertinentes,
 CONSIDERANDO la importancia de la conectividad transfronteriza por aire, tierra y mar, para los pasajeros y las mercancías, y la necesidad de garantizar niveles elevados en la prestación de servicios de transporte entre las Partes,
 RECONOCIENDO los beneficios del comercio y la inversión en energía y materias primas, y la importancia de apoyar el suministro de energía rentable, limpia y segura a la Unión y al Reino Unido,
 CONSTATANDO el interés de las Partes por establecer un marco para facilitar la cooperación técnica y desarrollar nuevos regímenes comerciales para interconectores que ofrezcan resultados robustos y eficientes en todas sus modalidades,
 CONSTATANDO que la cooperación y el comercio entre las Partes en estas áreas debe basarse en una competencia leal en los mercados de la energía y un acceso no discriminatorio a las redes,
 RECONOCIENDO los beneficios de la energía sostenible, la energía renovable, en particular la generación marina en el mar del Norte, y la eficiencia energética,
 DESEANDO promover el uso pacífico de las aguas adyacentes a sus costas y la utilización óptima y equitativa de los recursos marinos vivos de dichas aguas, en particular la gestión sostenible continua de las poblaciones de peces compartidas,
 OBSERVANDO que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea y que, con efectos a partir del 1 de enero de 2021, es un Estado ribereño independiente con los derechos y obligaciones correspondientes en virtud del Derecho internacional,
 AFIRMANDO que los derechos soberanos de los Estados ribereños ejercidos por las Partes con el fin de explorar, explotar, conservar y gestionar los recursos vivos en sus aguas deben ejercerse en virtud de los principios del Derecho internacional y de conformidad con dichos principios, en particular con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,
 RECONOCIENDO la importancia de la coordinación de los derechos de seguridad social de que disfrutan las personas que se desplazan entre las Partes para trabajar, permanecer o residir, así como los derechos de que disfrutan los miembros de sus familias y supervivientes,
 CONSIDERANDO que la cooperación en ámbitos de interés compartido, como la ciencia, la investigación y la innovación, la investigación nuclear o el espacio, en forma de participación del Reino Unido en los programas de la Unión correspondientes en condiciones justas y apropiadas, beneficiará a ambas Partes,
 CONSIDERANDO que la cooperación entre el Reino Unido y la Unión en relación con la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales y con la ejecución de sanciones penales, incluida la prevención de amenazas a la seguridad pública y la protección contra ellas, permitirá reforzar la seguridad del Reino Unido y la Unión,
 DESEANDO que se celebre un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión que proporcione una base jurídica para dicha cooperación,
 RECONOCIENDO que las Partes podrán complementar el presente Acuerdo con otros acuerdos que formen parte integrante de sus relaciones bilaterales globales regidas por el presente Acuerdo y que el Acuerdo sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de la información clasificada se celebra como acuerdo complementario de ese tipo y permite el intercambio de información clasificada entre las Partes en virtud del presente Acuerdo o de cualquier otro acuerdo complementario,
 HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
 PRIMERA PARTE: DISPOSICIONES COMUNES E INSTITUCIONALES
 Título I: Disposiciones generales
 Artículo COMPROV.1: Objetivo
 El presente Acuerdo establece la base para una amplia relación entre las Partes, dentro de una zona de prosperidad y buena vecindad caracterizada por unas relaciones estrechas y pacíficas basadas en la cooperación, con respeto por la autonomía y la soberanía de las Partes.
 Artículo COMPROV.2: Acuerdos complementarios
 1.
 Cuando la Unión y el Reino Unido concluyan otros acuerdos bilaterales entre ellos, dichos acuerdos constituirán acuerdos complementarios del presente Acuerdo, salvo que en dichos acuerdos se disponga otra cosa. Estos acuerdos complementarios serán parte integrante de las relaciones bilaterales globales regidas por el presente Acuerdo y formarán parte del marco general.
 2.
 El apartado 1 también se aplicará a:
 (a)los acuerdos entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Unido, por otra; y
 (b)los acuerdos entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido, por otra.
 Artículo COMPROV.3: Buena fe
 1.
 Las Partes, con pleno respeto mutuo y de buena fe, se prestarán asistencia mutua en el desempeño de las tareas que se deriven del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario.
 2.
 Adoptarán todas las medidas adecuadas, ya sean generales o particulares, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario, y se abstendrán de adoptar medidas que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario.
 Título II: Principios de interpretación y definiciones
 Artículo COMPROV.13: Derecho internacional público
 1.
 Las disposiciones del presente Acuerdo y de todos los acuerdos complementarios se interpretarán de buena fe de conformidad con su sentido corriente en su contexto y a la luz del objeto y el propósito del acuerdo conforme a las normas habituales de interpretación del Derecho internacional público, incluidas las codificadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969.
 2.
 Para mayor certeza, ni el presente Acuerdo ni ningún acuerdo complementario establece una obligación de interpretar sus disposiciones de conformidad con el Derecho interno de las Partes.
 3.
 Para mayor certeza, una interpretación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario ofrecida por los órganos jurisdiccionales de una Parte no será vinculante para los órganos jurisdiccionales de la otra Parte.
 Artículo COMPROV.16: Derechos privados
 1.
 Sin perjuicio del artículo MOBI.SSC.67 [Protección de los derechos individuales] y con la excepción, con respecto a la Unión, de la tercera parte [Cooperación policial y judicial], ningún elemento del presente Acuerdo o de los acuerdos complementarios se interpretará en el sentido de que confiera derechos o imponga obligaciones a las personas distintos de los creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público, ni de que permita la invocación directa del presente Acuerdo o de los acuerdos complementarios en los ordenamientos jurídicos internos de las Partes.
 2.
 Una Parte no establecerá un derecho de acción en virtud de su legislación contra la otra Parte basándose en que esta ha actuado en contravención del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario.
 Artículo COMPROV.17: Definiciones
 1.
 A los efectos del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario, y salvo disposición en contrario, se aplicarán las definiciones siguientes:
 (a)«interesado»: una persona física identificada o identificable; se considerará persona identificable una persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como, por ejemplo, un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
 (b)«día»: día natural;
 (c)«Estado miembro»: un Estado miembro de la Unión Europea;
 (d)«datos personales»: toda información relativa a un interesado;
 (e)«Estado»: un Estado miembro o el Reino Unido, según el contexto;
 (f)«territorio» de una Parte, respecto de cada Parte: los territorios a los que se aplica el Acuerdo de conformidad con el artículo FINPROV.1 [Ámbito de aplicación territorial];
 (g)«período transitorio»: el período transitorio establecido en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada; y
 (h)«Acuerdo de Retirada»: el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, incluidos sus protocolos.
 2.
 Se entenderá que toda referencia a la «Unión», «Parte» o «Partes» en el presente Acuerdo o en cualquier acuerdo complementario no incluye a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, salvo disposición en contrario o que el contexto exija otra interpretación.
 Título III: Marco institucional
 Artículo INST.1: Consejo de Asociación
 1.
 Se establece un Consejo de Asociación. Estará compuesto por representantes de la Unión y del Reino Unido. El Consejo de Asociación podrá reunirse en diferentes formaciones en función de los asuntos que se debatan.
 2.
 El Consejo de Asociación estará copresidido por un miembro de la Comisión Europea y un representante del Gobierno del Reino Unido a nivel ministerial. Se reunirá a petición de la Unión o del Reino Unido y, en cualquier caso, al menos una vez al año, y fijará de común acuerdo su calendario de reuniones y su orden del día.
 3.
 El Consejo de Asociación supervisará la consecución de los objetivos del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario. Supervisará y facilitará la ejecución y aplicación del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario. Cada una de las Partes podrá remitir al Consejo de Asociación cualquier cuestión relativa a la ejecución, aplicación e interpretación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario.
 4.
 El Consejo de Asociación tendrá competencia para:
 (a)adoptar decisiones respecto de todas las cuestiones cuando el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario así lo establezcan;
 (b)formular recomendaciones a las Partes sobre la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario;
 (c)adoptar, mediante decisión, modificaciones del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario en los casos previstos en el presente Acuerdo o en el acuerdo complementario;
 (d)salvo en relación con el título III [Marco institucional] de la primera parte [Disposiciones comunes e institucionales], hasta el final del cuarto año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, adoptar decisiones que modifiquen el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario, siempre que dichas modificaciones sean necesarias para corregir errores o resolver omisiones u otras deficiencias;
 (e)debatir cualquier asunto relacionado con los ámbitos abarcados por el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario;
 (f)delegar algunas de sus competencias al Comité de Asociación Comercial o a un Comité Especializado, excepto las competencias y responsabilidades mencionadas en el artículo INST.1 [Consejo de Asociación], apartado 4, letra g);
 (g)establecer, mediante decisión, Comités Especializados en Comercio y Comités Especializados distintos de los mencionados en el artículo INST.2 [Comités], apartado 1, disolver cualquier Comité Especializado en Comercio o Comité Especializado, o modificar las tareas que se les hayan asignado; y
 (h)formular recomendaciones a las Partes sobre la transferencia de datos personales en los ámbitos específicos cubiertos por el presente Acuerdo o por cualquier acuerdo complementario.
 5.
 Los trabajos del Consejo de Asociación se regirán por el reglamento interno que figura en el ANEXO INST-1 [Reglamento Interno del Consejo de Asociación y los Comités]. El Consejo de Asociación podrá modificar dicho anexo.
 Artículo INST.2: Comités
 1.
 Se establecen los siguientes Comités:
 (a)el Comité de Asociación Comercial, que se ocupa de las cuestiones incluidas en los títulos I a VII, el capítulo 4 [Productos energéticos y materias primas] del título VIII, los títulos IX a XII del epígrafe primero [Comercio] de la segunda parte, el epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte, y el anexo ENER-2 [ENERGÍA Y SUBVENCIONES AMBIENTALES];
 (b)el Comité Especializado en Comercio en materia de Mercancías, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el capítulo 1 del título I del epígrafe primero de la segunda parte y el capítulo 4 [Productos energéticos y materias primas] del título VIII del epígrafe primero de la segunda parte;
 (c)el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen, que se ocupa de las cuestiones incluidas en los capítulos 2 y 5 del título I del epígrafe primero de la segunda parte, el Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas y las disposiciones relativas a la observancia aduanera de los derechos de propiedad intelectual, las tasas y cargas, la valoración en aduana y las mercancías reparadas;
 (d)el Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el capítulo 3 del título I del epígrafe primero de la segunda parte;
 (e)el Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el capítulo 4 del título I del epígrafe primero de la segunda parte y el artículo ENER.25 [Cooperación en materia de normas] del título VIII [Energía] del epígrafe primero de la segunda parte;
 (f)el Comité Especializado en Comercio en materia de Servicios, Inversión y Comercio Digital, que se ocupa de las cuestiones incluidas en los títulos II a V del epígrafe primero de la segunda parte y el capítulo 4 [Productos energéticos y materias primas] del título VIII del epígrafe primero de la segunda parte;
 (g)el Comité Especializado en Comercio en materia de Propiedad Intelectual, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el título V del epígrafe primero de la segunda parte;
 (h)el Comité Especializado en Comercio en materia de Contratación Pública, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el título VI del epígrafe primero de la segunda parte;
 (i)el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Reglamentaria, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el título X del epígrafe primero de la segunda parte;
 (j)el Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el título XI del epígrafe primero de la segunda parte y el anexo ENER-2 [ENERGÍA Y SUBVENCIONES AMBIENTALES];
 (k)el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Administrativa en lo que respecta al IVA y al Cobro de Impuestos y Tributos Atrasados, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos;
 (l)el Comité Especializado en Energía,
 (I)que se ocupa de las cuestiones incluidas en el título VIII del epígrafe primero de la segunda parte, con la excepción del capítulo 4 [Productos energéticos y materias primas], el artículo ENER-25 [Cooperación en materia de normas] y el anexo ENER-2 [ENERGÍA Y SUBVENCIONES AMBIENTALES], y
 (II)que puede debatir y aportar conocimientos técnicos al Comité Especializado en Comercio pertinente sobre las cuestiones relacionadas con el capítulo 4 [Productos energéticos y materias primas] y el artículo ENER.25 [Cooperación en materia de normas] del título VIII del epígrafe primero de la segunda parte;
 (m)el Comité Especializado en Transporte Aéreo, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el título I del epígrafe segundo de la segunda parte;
 (n)el Comité Especializado en Seguridad Operacional de la Aviación, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el título II del epígrafe segundo de la segunda parte;
 (o)el Comité Especializado en Transporte por Carretera, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el epígrafe tercero [Transporte por carretera] de la segunda parte;
 (p)el Comité Especializado en Coordinación de la Seguridad Social, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el epígrafe cuarto de la segunda parte y el Protocolo relativo a la coordinación de la seguridad social;
 (q)el Comité Especializado en Pesca, que se ocupa de las cuestiones incluidas en el epígrafe quinto [Pesca] de la segunda parte;
 (r)el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial, que se ocupa de las cuestiones incluidas en la tercera parte [Cooperación policial y judicial en materia penal]; y
 (s)el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión, que se ocupa de las cuestiones incluidas en la quinta parte [Programas de la Unión].
 2.
 Con respecto a las cuestiones relacionadas con los títulos I a VII, el capítulo 4 [Productos energéticos y materias primas] del título VIII, los títulos IX a XII del epígrafe primero [Comercio] de la segunda parte, el epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte y el anexo ENER-2 [ENERGÍA Y SUBVENCIONES AMBIENTALES], el Comité de Asociación Comercial a que se refiere el apartado 1 del presente artículo tendrá competencia para:
 (a)ayudar al Consejo de Asociación en el desempeño de sus tareas y, en particular, informar al Consejo de Asociación y llevar a cabo cualquier tarea que este le haya asignado;
 (b)supervisar la aplicación del presente Acuerdo y de los acuerdos complementarios;
 (c)adoptar decisiones o formular recomendaciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo o en cualquiera de los acuerdos complementarios o cuando el Consejo de Asociación le haya delegado esa competencia;
 (d)supervisar la labor de los Comités Especializados en Comercio a que se refiere el apartado 1 del presente Artículo;
 (e)buscar la forma más adecuada de prevenir o resolver cualquier dificultad que pueda surgir en relación con la interpretación y aplicación del presente Acuerdo o de cualquiera de los acuerdos complementarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el título I [Solución de diferencias] de la sexta parte;
 (f)ejercer las competencias que le delegue el Consejo de Asociación de conformidad con el artículo INST.1 [Consejo de Asociación], apartado 4, letra f);
 (g)establecer, mediante decisión, Comités Especializados en Comercio distintos de los mencionados en el apartado 1 del presente artículo, disolver cualquier Comité Especializado en Comercio o modificar las tareas que se le hayan asignado; y
 (h)establecer, supervisar, coordinar y disolver grupos de trabajo, o delegar su supervisión a un Comité Especializado en Comercio.
 3.
 Con respecto a las cuestiones relacionadas con su ámbito de competencia, los Comités Especializados en Comercio estarán facultados para:
 (a)supervisar y revisar la aplicación y garantizar el correcto funcionamiento del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario;
 (b)ayudar al Comité de Asociación Comercial en el desempeño de sus tareas y, en particular, informar al Comité de Asociación Comercial y llevar a cabo cualquier tarea que este les haya asignado;
 (c)realizar los trabajos técnicos preparatorios necesarios para apoyar las funciones del Consejo de Asociación y del Comité de Asociación Comercial, incluso cuando esos órganos tengan que adoptar decisiones o recomendaciones;
 (d)adoptar decisiones respecto de todas las cuestiones cuando el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario así lo establezcan;
 (e)debatir las cuestiones técnicas derivadas de la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario, sin perjuicio de lo dispuesto en el título I [Solución de diferencias] de la sexta parte; y
 (f)proporcionar un foro para que las Partes intercambien información, debatan las mejores prácticas y pongan en común su experiencia en materia de aplicación.
 4.
 Con respecto a las cuestiones relacionadas con su ámbito de competencia, los Comités Especializados estarán facultados para:
 (a)supervisar y revisar la aplicación y garantizar el correcto funcionamiento del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario;
 (b)ayudar al Consejo de Asociación en el desempeño de sus tareas y, en particular, informar al Consejo de Asociación y llevar a cabo cualquier tarea que este les haya asignado;
 (c)adoptar decisiones, incluidas modificaciones, y formular recomendaciones respecto de todos los asuntos en los que el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario así lo establezca o para los que el Consejo de Asociación haya delegado sus competencias a un Comité Especializado de conformidad con el artículo INST.1 [Consejo de Asociación], apartado 4, letra f);
 (d)debatir las cuestiones técnicas que se deriven de la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario;
 (e)proporcionar un foro para que las Partes intercambien información, debatan las mejores prácticas y pongan en común su experiencia en materia de aplicación;
 (f)establecer, supervisar, coordinar y disolver grupos de trabajo; y
 (g)proporcionar un foro de consulta de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas], apartado 7, del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte.
 5.
 Los Comités estarán integrados por representantes de cada una de las Partes. Cada una de las Partes velará por que sus representantes en los Comités tengan los conocimientos técnicos adecuados sobre las cuestiones abordadas.
 6.
 El Comité de Asociación Comercial estará copresidido por un alto representante de la Unión y un representante del Reino Unido encargado de los asuntos comerciales o por sus delegados. Se reunirá a petición de la Unión o del Reino Unido y, en cualquier caso, al menos una vez al año, y fijará de común acuerdo su calendario de reuniones y su orden del día.
 7.
 Los Comités Especializados en Comercio y los Comités Especializados estarán copresididos por un representante de la Unión y un representante del Reino Unido. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, o salvo que los copresidentes decidan otra cosa, se reunirán al menos una vez al año.
 8.
 Los Comités fijarán de común acuerdo su calendario de reuniones y su orden del día.
 9.
 Los trabajos de los Comités se regirán por el reglamento interno que figura en el ANEXO INST-X [Reglamento Interno del Consejo de Asociación y los Comités].
 10.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 9, un Comité podrá adoptar y posteriormente modificar las normas que regularán su trabajo.
 Artículo INST.3: Grupos de Trabajo
 1.
 Se establecen los siguientes Grupos de Trabajo:
 a) el Grupo de Trabajo sobre Productos Ecológicos, bajo la supervisión del Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio;
 b) el Grupo de Trabajo sobre Vehículos de Motor y sus Componentes, bajo la supervisión del Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio;
 c) el Grupo de Trabajo sobre Medicamentos, bajo la supervisión del Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio;
 d) el Grupo de Trabajo sobre Coordinación de la Seguridad Social bajo la supervisión del Comité Especializado en Coordinación de la Seguridad Social;
 2.
 Los Grupos de Trabajo, bajo la supervisión de los Comités, asistirán a los Comités en el desempeño de sus tareas y, en particular, prepararán los trabajos de los Comités y llevarán a cabo las tareas que estos les asignen.
 3.
 Los Grupos de Trabajo estarán compuestos por representantes de la Unión y del Reino Unido y estarán copresididos por un representante de la Unión y un representante del Reino Unido.
 4.
 Los Grupos de Trabajo establecerán de común acuerdo sus propios reglamentos internos, calendarios de reuniones y órdenes del día.
 Artículo INST.4: Decisiones y recomendaciones
 1.
 Las decisiones adoptadas por el Consejo de Asociación o, en su caso, por un Comité, serán vinculantes para las Partes y para todos los órganos creados en virtud del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario, incluido el tribunal de arbitraje mencionado en el título I [Solución de diferencias] de la sexta parte. Las recomendaciones no tendrán carácter vinculante.
 2.
 El Consejo de Asociación o, en su caso, un Comité, adoptará decisiones y formulará recomendaciones de común acuerdo.
 Artículo INST.5: Cooperación parlamentaria
 1.
 El Parlamento Europeo y el Parlamento del Reino Unido podrán establecer una Asamblea Parlamentaria de Asociación, integrada por miembros del Parlamento Europeo y los miembros del Parlamento del Reino Unido, como foro para intercambiar opiniones sobre la asociación.
 2.
 Tras su creación, la Asamblea Parlamentaria de Asociación:
 (a)podrá solicitar información pertinente sobre la aplicación del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario al Consejo de Asociación, que a continuación facilitará a dicha Asamblea la información solicitada;
 (b)será informada de las decisiones y recomendaciones del Consejo de Asociación; y
 (c)podrá hacer recomendaciones al Consejo de Asociación.
 Artículo INST.6: Participación de la sociedad civil
 Las Partes consultarán a la sociedad civil sobre la aplicación del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario, en particular mediante la interacción con los grupos consultivos internos y el Foro de la Sociedad Civil a que se refieren los artículos INST.7 [Grupos consultivos internos] e INST.8 [Foro de la Sociedad Civil].
 Artículo INST.7: Grupos consultivos internos
 1.
 Cada Parte consultará sobre las cuestiones cubiertas por el presente Acuerdo y cualquier acuerdo complementario a su grupo o grupos consultivos internos de reciente creación o existentes que incluyan una representación de organizaciones independientes de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y patronales, y sindicatos, activas en asuntos económicos, de desarrollo sostenible, sociales, de derechos humanos, ambientales y de otra índole. Cada Parte podrá convocar a su grupo o grupos consultivos internos en diferentes formaciones para debatir la aplicación de las distintas disposiciones del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario.
 2.
 Cada una de las Partes considerará las opiniones o las recomendaciones presentadas por su grupo o grupos consultivos internos. Los representantes de cada Parte tratarán de consultar a sus respectivos grupos consultivos internos al menos una vez al año. Las reuniones podrán celebrarse por medios virtuales.
 3.
 A fin de sensibilizar a la opinión pública sobre los grupos consultivos internos, cada Parte procurará publicar la lista de las organizaciones que participen en su grupo o grupos consultivos internos, así como el punto de contacto para dicho grupo o grupos.
 4.
 Las Partes fomentarán la interacción entre sus respectivos grupos consultivos internos, en particular intercambiando, cuando sea posible, los datos de contacto de los miembros de sus grupos consultivos internos.
 Artículo INST.8: Foro de la Sociedad Civil
 1.
 Las Partes facilitarán la organización de un Foro de la Sociedad Civil para entablar un diálogo sobre la aplicación de la segunda parte del presente Acuerdo. El Consejo de Asociación adoptará directrices operativas para la conducta del Foro.
 2.
 El Foro de la Sociedad Civil se reunirá al menos una vez al año, salvo que las Partes acuerden otra frecuencia. El Foro de la Sociedad Civil podrá reunirse mediante medios virtuales.
 3.
 El Foro de la Sociedad Civil estará abierto a la participación de organizaciones independientes de la sociedad civil establecidas en los territorios de las Partes, incluidos los miembros de los grupos consultivos internos contemplados en el artículo INST.7 [Grupos consultivos internos]. Cada una de las Partes promoverá una representación equilibrada que incluya organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y patronales, y sindicatos, activos en cuestiones económicas, de desarrollo sostenible, sociales, de derechos humanos, ambientales y de otra índole.
 SEGUNDA PARTE: COMERCIO, TRANSPORTE, PESCA Y OTRAS DISPOSICIONES
 EPÍGRAFE PRIMERO: COMERCIO
 Título I: Comercio de mercancías
 Capítulo 1: Trato nacional y acceso de las mercancías a los mercados (incluidas soluciones comerciales)
 Artículo GOODS.1: Objetivo
 El objetivo del presente capítulo es facilitar el comercio de mercancías entre las Partes y mantener el comercio liberalizado, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.
 Artículo GOODS.2: Ámbito de aplicación
 Salvo disposición en contrario, este capítulo se aplica al comercio de mercancías de una Parte.
 Artículo GOODS.3: Definiciones
 A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
 (a)«formalidades consulares»: el procedimiento para obtener de un cónsul de la Parte importadora en el territorio de la Parte exportadora, o en el territorio de un tercero, una factura consular o un visado consular para una factura comercial, un certificado de origen, un manifiesto, una declaración de exportación del expedidor o cualquier otra documentación aduanera relacionada con la importación de la mercancía;
 (b)«código sobre la valoración de mercancías en aduana»: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994;
 (c)«procedimiento para el trámite de licencias de exportación»: un procedimiento administrativo, al que se haga o no referencia como concesión de licencias, utilizado por una Parte para el funcionamiento de los regímenes de trámite de licencias de exportación, que requiera la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que se suele exigir a efectos del despacho de aduanas, al órgano administrativo pertinente como condición previa para la exportación a partir de dicha Parte;
 (d)«procedimiento para el trámite de licencias de importación»: un procedimiento administrativo, al que se haga o no referencia como concesión de licencias, utilizado por una Parte para el funcionamiento de los regímenes de trámite de licencias de importación, que requiera la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la que se suele exigir a efectos del despacho de aduanas, al órgano u órganos administrativos pertinentes como condición previa para la importación al territorio de la Parte importadora;
 (e)«mercancía originaria»: salvo que se disponga lo contrario, una mercancía que cumpla las normas de origen establecidas en el capítulo 2 [Normas de origen] del presente título;
 (f)«requisito de desempeño», el requisito de que:
 (I)se exporte una cantidad, un valor o un porcentaje determinados;
 (II)determinadas mercancías de la Parte que concede una licencia de importación sean sustituidas por mercancías importadas;
 (III)una persona que se beneficie de una licencia de importación adquiera otras mercancías en el territorio de la Parte que concede dicha licencia, u otorgue una preferencia a las mercancías producidas internamente;
 (IV)una persona que se beneficie de una licencia de importación produzca mercancías en el territorio de la Parte que concede dicha licencia, con una cantidad, un valor o un porcentaje de contenido interno determinados; o
 (V)haya un vínculo, de cualquier tipo, con el volumen o el valor de las importaciones, con el volumen o el valor de las exportaciones, o con los flujos de divisas;
 (g)«mercancía remanufacturada»: una mercancía clasificada en los capítulos 32, 40, 84 a 90, 94 o 95 del SA que:
 (I)esté total o parcialmente compuesta de piezas obtenidas de mercancías usadas;
 (II)tenga una durabilidad y un rendimiento similares a los de las mismas mercancías cuando son nuevas; y
 (III)sea objeto de una garantía equivalente a la aplicable a dichas mercancías cuando son nuevas; y
 (h)«reparación»: toda operación de transformación a la que se someta una mercancía para subsanar defectos de funcionamiento o daños materiales y restablecer su función original o para garantizar su conformidad con las normas técnicas establecidas para su uso. La reparación de una mercancía incluye la restauración y el mantenimiento, con un posible aumento del valor de la mercancía a partir de la restauración de la funcionalidad original de dicha mercancía, pero no incluye una operación o proceso que:
 (I)destruya las características esenciales de una mercancía o cree una mercancía nueva o diferente desde el punto de vista comercial;
 (II)transforme un producto no acabado en un producto acabado; o
 (III)se utilice para mejorar o actualizar el rendimiento técnico de una mercancía.
 Artículo GOODS.3A: Clasificación de mercancías
 La clasificación de las mercancías objeto de comercio entre las Partes en virtud del presente Acuerdo se expone en la nomenclatura arancelaria respectiva de cada una de las Partes, de conformidad con el Sistema Armonizado.
 Artículo GOODS.4: Trato nacional en materia de imposición y reglamentación internas
 Cada Parte concederá trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad con el artículo III del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias. Con este fin, el artículo III del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.
 Artículo GOODS.4A: Libertad de tránsito
 Cada una de las Partes concederá libertad de tránsito por su territorio, a través de las vías más convenientes para el tránsito internacional, para el tráfico en tránsito hacia o desde el territorio de la otra Parte o de cualquier otro tercer país. Con este fin, el artículo V del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo. Las Partes entienden que el artículo V del GATT de 1994 incluye el movimiento de productos energéticos a través de gasoductos o redes eléctricas, entre otros.
 Artículo GOODS.5: Prohibición de derechos de aduana
 Salvo que se disponga lo contrario en el presente Acuerdo, se prohibirán los derechos de aduana de todas las mercancías originarias de la otra Parte.
 Artículo GOODS.6: Derechos de exportación, impuestos y otras cargas
 1.Una Parte no podrá adoptar ni mantener ningún derecho, impuesto u otro tipo de carga que se aplique a la exportación de una mercancía a la otra Parte o en relación con dicha exportación; o cualquier impuesto interno u otra carga sobre una mercancía exportada a la otra Parte que sea superior al impuesto o carga que se aplicaría a mercancías similares destinadas al consumo interior.
 2.A efectos del presente artículo, «otro tipo de carga» no incluirá las tasas u otras cargas permitidas en virtud del artículo GOODS.7 [Tasas y formalidades].
 Artículo GOODS.7: Tasas y formalidades
 1.Las tasas y otras cargas aplicadas por una Parte a la importación o la exportación de una mercancía de la otra Parte, o en relación con ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una protección indirecta de los productos interiores o aplicarse a las importaciones o exportaciones con fines fiscales. Una Parte no aplicará derechos u otras cargas a la importación o la exportación, o en relación con ellas, sobre una base ad valorem.
 2.Cada una de las Partes podrá aplicar cargas o recuperar costes únicamente en el caso de que se presten servicios específicos, en particular, pero no exclusivamente:
 (a)la presencia que pueda solicitarse del personal de aduanas fuera del horario oficial o en locales que no sean los de aduanas;
 (b)análisis o informes periciales sobre mercancías y tasas postales para la devolución de mercancías a un solicitante, en particular en lo que respecta a las decisiones relacionadas con información vinculante o a la divulgación de información relativa a la aplicación de las leyes y reglamentos relativos a aduanas;
 (c)el examen o muestreo de las mercancías para fines de verificación, o la destrucción de estas, en caso de que se produzcan costes distintos de los de la utilización del personal de aduanas; y
 (d)las medidas de control excepcionales en caso de que sean necesarias debido a la naturaleza de las mercancías o a riesgos potenciales.
 3.Cada una de las Partes publicará sin demora a través de un sitio web oficial todos los derechos y cargas que apliquen en relación con la importación o la exportación, de tal manera que permita que las Administraciones Públicas, los operadores económicos y otras partes interesadas se familiaricen con ellos. Dicha información incluirá el motivo de la tasa o gravamen por el servicio prestado, la autoridad responsable, las tasas y gravámenes que se aplicarán, así como cuándo y cómo debe hacerse el pago. No se impondrán tasas ni gravámenes, nuevos o modificados, hasta que la información mencionada en el presente apartado se haya publicado y sea fácil acceder a la misma.
 4.Una Parte no exigirá formalidades consulares, entre ellas tasas y cargas conexas, en relación con la importación de mercancías de la otra Parte.
 Artículo GOODS.8: Mercancías reparadas
 1.Una Parte no aplicará un derecho de aduana a una mercancía, independientemente de su origen, que vuelva a entrar en el territorio de la Parte después de que la mercancía se haya exportado temporalmente desde su territorio al territorio de la otra Parte para su reparación.
 2.El apartado 1 no se aplica a una mercancía importada en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar, que se exporte posteriormente para su reparación y no se reimporte en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar.
 3.Ninguna Parte aplicará un derecho de aduana a una mercancía, independientemente de su origen, que haya sido importada temporalmente desde el territorio de la otra Parte para su reparación.
 Artículo GOODS.9: Mercancías remanufacturadas
 1.Una Parte no concederá a las mercancías remanufacturadas de la otra Parte un trato menos favorable que el que conceda a las mercancías equivalentes nuevas.
 2.El artículo GOODS.10 [Restricciones a la importación y a la exportación] se aplica a las prohibiciones o restricciones a la importación y la exportación de mercancías remanufacturadas. Si una Parte adopta o mantiene prohibiciones o restricciones a la importación y la exportación sobre los productos usados, no aplicará estas medidas a los productos remanufacturados.
 3.Una Parte podrá exigir que las mercancías remanufacturadas se identifiquen como tales para su distribución o venta en su territorio y que cumplan todos los requisitos técnicos aplicables a las mercancías equivalentes nuevas.
 Artículo GOODS.10: Restricciones a la importación y a la exportación
 1.Una Parte no adoptará o mantendrá ninguna prohibición o restricción sobre la importación de mercancías de la otra Parte o sobre la exportación o la venta para la exportación de mercancías destinadas al territorio de la otra Parte, excepto de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias. Con este fin, el artículo XI del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.
 2.Una Parte no adoptará ni mantendrá:
 (a)requisitos relativos a los precios de exportación e importación, salvo lo permitido en las órdenes y compromisos en materia de aplicación de derechos compensatorios y antidumping; o
 (b)trámites de licencias de importación condicionadas al cumplimiento de un requisito de funcionamiento.
 Artículo GOODS.11: Monopolios de importación y exportación
 Una Parte no designará ni mantendrá un monopolio de importación o exportación. A los efectos del presente artículo, se entenderá por monopolio de importación o exportación el derecho exclusivo o la concesión de autoridad por una Parte a una entidad para importar una mercancía de la otra Parte o exportarla a la otra Parte.
 Artículo GOODS. 13: Procedimientos para el trámite de licencias de importación
 1.Cada una de las Partes se asegurará de que todos los procedimientos para el trámite de licencias de importación respecto del comercio de mercancías se apliquen de manera neutral y se gestionen de forma justa, equitativa, no discriminatoria y transparente.
 2.Una Parte solo podrá adoptar o mantener procedimientos para el trámite de licencias como condición para la importación en su territorio desde el territorio de la otra Parte si no se dispone razonablemente de otros procedimientos adecuados para lograr un fin administrativo.
 3.Una de las Partes no adoptará ni mantendrá procedimientos no automáticos para el trámite de licencias de importación, salvo que sea necesario para aplicar una medida compatible con el presente Acuerdo. Una Parte que adopte procedimientos no automáticos para el trámite de licencias de importación indicará claramente la medida que se aplica mediante dicho procedimiento.
 4.Cada una de las Partes introducirá y administrará los procedimientos para la tramitación de licencias de importación de conformidad con los artículos 1 a 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo sobre Licencias de Importación»). A tal fin, los artículos 1 a 3, del Acuerdo sobre Licencias de Importación se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.
 5.La Parte que introduzca o modifique un procedimiento para la tramitación de licencias de importación deberá facilitar toda la información pertinente en un sitio web oficial en línea. Siempre que sea posible, esa información estará disponible como mínimo veintiún días antes de la fecha de aplicación del procedimiento de concesión de licencias nuevo o modificado y, en cualquier caso, no más tarde de la fecha de aplicación. Dicha información contendrá los datos exigidos en virtud del artículo 5 del Acuerdo sobre Licencias de Importación.
 6.A petición de la otra Parte, esta facilitará sin demora toda la información pertinente relativa a los procedimientos para la tramitación de licencias de importación que tenga la intención de adoptar o que mantenga, en particular la información mencionada en los artículos 1 a 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación.
 7.Para mayor certeza, ninguna disposición del presente artículo exige que una Parte conceda una licencia de importación, o impide que una Parte cumpla sus obligaciones o compromisos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en virtud de los regímenes multilaterales de no proliferación y los acuerdos sobre el control de las importaciones.
 Artículo GOODS. 14: Procedimientos para el trámite de licencias de exportación
 1.Cada una de las Partes publicará un nuevo procedimiento para la tramitación de licencias de exportación o las modificaciones de un procedimiento ya existente, de tal manera que las Administraciones Públicas, los operadores económicos y otras partes interesadas se familiaricen con ellos. Esta publicación tendrá lugar, siempre que sea posible, cuarenta y cinco días antes de la entrada en vigor del procedimiento o de la modificación y, en cualquier caso, no más tarde de la fecha de entrada en vigor de dicho procedimiento o modificación y, según proceda, en cualquier sitio web pertinente de las Administraciones Públicas.
 2.La publicación de los procedimientos para la tramitación de licencias de exportación incluirá la siguiente información:
 (a)los textos de sus procedimientos para la tramitación de licencias de exportación o de las modificaciones que se produzcan en dichos procedimientos;
 (b)las mercancías sujetas a cada procedimiento de concesión de licencias;
 (c)para cada procedimiento, una descripción del proceso para solicitar una licencia y los criterios que un solicitante debe cumplir para poder solicitarla, como disponer de una licencia de actividad, establecer o mantener una inversión u operar a través de una forma particular de establecimiento en el territorio de una Parte;
 (d)el punto o los puntos de contacto a través de los cuales las personas interesadas pueden obtener información adicional sobre las condiciones para la obtención de una licencia de exportación;
 (e)el organismo o los organismos administrativos a los que se debe presentar una solicitud u otra documentación pertinente;
 (f)una descripción de las medidas que se estén aplicando mediante el procedimiento para la tramitación de licencias de exportación;
 (g)el período durante el cual estará en vigor cada procedimiento de concesión de licencias de exportación, a menos que el procedimiento permanezca en vigor hasta su retirada o se revise en una nueva publicación;
 (h)si la Parte pretende utilizar un procedimiento para la tramitación de licencias de exportación a fin de administrar un contingente de exportación, la cantidad global y, cuando sea posible, el valor del contingente y las fechas de apertura y cierre de este; y
 (i)las exenciones o excepciones que sustituyan al requisito de obtener una licencia de exportación, la forma de solicitar o utilizar dichas exenciones o excepciones y los criterios para concederlas.
 3.En el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes notificará a la otra Parte sus procedimientos vigentes para la tramitación de licencias de exportación. Cada una de las Partes notificará a la otra Parte todo nuevo procedimiento para la tramitación de licencias de exportación y toda modificación de los procedimientos existentes en un plazo de sesenta días a partir de su publicación. La notificación incluirá una referencia a las fuentes en las que se publique la información requerida en el apartado 2 y, en su caso, incluirá la dirección de los sitios web de las Administraciones Públicas pertinentes.
 4.Para mayor certeza, ninguna disposición del presente artículo requiere que una Parte conceda una licencia de exportación o impide que una Parte aplique sus compromisos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en virtud de los regímenes multilaterales de no proliferación y los acuerdos sobre control de las exportaciones, entre ellos el Arreglo de Wassenaar sobre control de exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble uso, el Grupo de Australia, el Grupo de Suministradores Nucleares y el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles, o que adopte, mantenga o aplique regímenes sancionadores independientes.
 Artículo GOODS.15: Valoración en Aduana
 Cada una de las Partes determinará el valor en aduana de las mercancías de la otra Parte importadas en su territorio, de conformidad con el artículo VII del GATT de 1994 y el Código sobre la valoración de mercancías en aduana. A tal efecto, el artículo VII del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias, así como los artículos 1 a 17 del Código sobre la valoración de mercancías en aduana y sus notas interpretativas se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.
 Artículo GOODS.16: Utilización de las preferencias
 1.Con el fin de supervisar el funcionamiento del presente Acuerdo y calcular los índices de utilización de las preferencias, las Partes intercambiarán anualmente estadísticas de importación durante un período de diez años que comenzará un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Salvo que el Comité de Asociación Comercial decida lo contrario, este período se prorrogará automáticamente por cinco años y, a partir de entonces, el Comité de Asociación Comercial podrá decidir prorrogarlo nuevamente.
 2.El intercambio de estadísticas de importación incluirá los datos correspondientes al año más reciente disponible, incluido el valor y, cuando proceda, el volumen, a nivel de la línea arancelaria de las importaciones de mercancías de la otra Parte que se beneficien de un tratamiento arancelario preferencial en virtud del presente Acuerdo y de las que reciban un trato no preferencial.
 Artículo GOODS.17: Instrumentos de defensa comercial
 1.Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo antidumping, el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, el artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias y el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura.
 2.El capítulo 2 [Normas de origen] del presente título no se aplica a las investigaciones y las medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia.
 3.Cada una de las partes aplicará las medidas antidumping y compensatorias de conformidad con las disposiciones previstas en el Acuerdo antidumping y el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, y con arreglo a un proceso justo y transparente.
 4.Siempre que ello no retrase innecesariamente la realización de la investigación, se concederá a cada una de las partes interesadas en una investigación antidumping o sobre derechos compensatorios
 1
 una oportunidad plena para defender sus intereses.
 5.La autoridad investigadora de cada Parte podrá, con arreglo a la legislación de dicha Parte, considerar si la cantidad del derecho antidumping que debe imponerse será el margen de dumping íntegro o una cantidad menor.
 6.La autoridad investigadora de cada Parte podrá, con arreglo a la legislación de dicha Parte, considerar la información facilitada para comprobar si la imposición de un derecho antidumping o compensatorio sería contraria al interés público.
 7.Ninguna de las Partes aplicará o mantendrá, al mismo tiempo, respecto a la misma mercancía:
 (a)una medida conforme al artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura; y
 (b)una medida conforme al artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias.
 8.El título I [Solución de diferencias] de la sexta parte no se aplica a los apartados 1 a 6 del presente artículo.
 Artículo GOODS.18: Utilización de los contingentes arancelarios vigentes de la OMC
 1.Los productos originarios de una Parte no podrán ser importados en la otra Parte en virtud de los contingentes arancelarios de la OMC vigentes definidos en el apartado 2. Esto incluirá los contingentes arancelarios que se repartan entre las Partes de conformidad con el artículo XXVIII de las negociaciones del GATT iniciadas por la Unión Europea en el documento G/SECRET/42/Add.2 de la OMC y por el Reino Unido en el documento G/SECRET/44 de la OMC y según lo establecido en la legislación interna respectiva de cada Parte. A los efectos del presente artículo, el carácter originario de los productos se determinará sobre la base de las normas de origen no preferenciales aplicables en la Parte importadora.
 2.A los efectos del apartado 1, por «contingentes arancelarios de la OMC vigentes» se entienden los contingentes arancelarios que son concesiones de la Unión Europea en la OMC incluidos en el proyecto de Lista de concesiones y compromisos de la EU-28 en virtud del GATT de 1994 presentado a la OMC en el documento G/MA/TAR/RS/506 modificado por los documentos G/MA/TAR/RS/506/Add.1 y G/MA/TAR/RS/506/Add.2].
 Artículo GOODS.19: Medidas en caso de infracción o elusión de la legislación aduanera
 1.Las Partes cooperarán en la prevención, la detección y la lucha contra las infracciones o la elusión de la legislación aduanera, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del capítulo 2 [Normas de origen] del presente título y del Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas. Cada una de las Partes adoptará medidas oportunas y comparables para proteger sus propios intereses financieros y los de la otra Parte en relación con la imposición de derechos a las mercancías que entren en los territorios aduaneros del Reino Unido o de la Unión.
 2.Sin perjuicio de la posibilidad de exención para los comerciantes que cumplan lo dispuesto en el apartado 7, una Parte podrá, de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 3 y 4, suspender temporalmente el trato preferencial pertinente del producto o productos de que se trate si:
 a) dicha Parte haya llegado a la conclusión, sobre la base de información objetiva, convincente y verificable, de que se han cometido infracciones sistemáticas y a gran escala, o se ha eludido la legislación aduanera, y;
 b) la otra Parte se niegue de forma reiterada e injustificada a cumplir las obligaciones mencionadas en el apartado 1, o las incumpla de otro modo.
 3.La Parte que haya llegado a la conclusión a que se refiere el apartado 2, notificará al Comité de Asociación Comercial y entablará consultas con la otra Parte en el seno de dicho Comité con miras a lograr una solución aceptable para ambas Partes.
 4.Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre una solución mutuamente aceptable en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación, la Parte que haya formulado la constatación podrá decidir suspender temporalmente el trato preferencial pertinente del producto o productos de que se trate. En este caso, la Parte que haya formulado la constatación notificará sin demora la suspensión temporal, incluido el período durante el que se pretende aplicar dicha suspensión, al Comité de Asociación Comercial.
 5.La suspensión temporal se aplicará únicamente durante el período necesario para contrarrestar las infracciones o las elusiones y para proteger los intereses financieros de la Parte de que se trate y, en cualquier caso, no por más de seis meses. La Parte de que se trate seguirá examinando la situación y, cuando decida que la suspensión temporal ha dejado de ser necesaria, pondrá fin a dicha suspensión antes de que finalice el período notificado al Comité de Asociación Comercial. En el caso de que las condiciones que dieron lugar a la suspensión persistan al término del período notificado al Comité de Asociación Comercial, la Parte de que se trate podrá decidir renovar la suspensión. Toda suspensión estará sujeta a consultas periódicas en el Comité de Asociación Comercial.
 6.Cada una de las Partes publicará, de conformidad con sus procedimientos internos, anuncios destinados a los importadores sobre todas las decisiones relativas a las suspensiones temporales a que se hace referencia en los apartados 4 y 5.
 7.No obstante lo dispuesto en el apartado 4, si un importador puede demostrar satisfactoriamente a la autoridad aduanera de importación que dichos productos cumplen plenamente la legislación aduanera de la Parte importadora, los requisitos del presente Acuerdo y cualquier otra condición apropiada relacionada con la suspensión temporal establecida por la Parte importadora de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, dicha Parte permitirá que el importador solicite el trato preferencial y recupere los derechos pagados en exceso respecto de los tipos arancelarios preferenciales aplicables en el momento de la importación de los productos.
 Artículo GOODS.20: Gestión de los errores administrativos
 En caso de errores sistemáticos por parte de las autoridades competentes o de problemas relacionados con la gestión adecuada del sistema preferencial en la exportación, y en particular en cuanto a la aplicación de las disposiciones del capítulo 2 del presente título o a la aplicación del Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas, cuando estos errores o problemas tengan consecuencias en materia de derechos de importación, la Parte que se enfrente a tales consecuencias podrá pedir al Comité de Asociación Comercial que examine la posibilidad de adoptar decisiones, según proceda, con el fin de resolver la situación.
 Artículo GOODS.21: Bienes culturales
 1.Las Partes cooperarán para facilitar la devolución de los bienes culturales que hayan salido de forma ilícita del territorio de una Parte, teniendo en cuenta los principios consagrados en la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de la UNESCO, firmada en París el 17 de noviembre de 1970.
 2.A efectos del presente artículo, se entenderá por:
 (a)«bien cultural»: un bien clasificado o definido como patrimonio cultural, que posea un valor artístico, histórico o arqueológico en virtud de las respectivas normas y procedimientos de cada Parte; y
 (b)«que haya salido de forma ilícita del territorio de una Parte»:
 i) que haya salido del territorio de una Parte el 1 de enero de 1993 o con posterioridad a esa fecha, contraviniendo las normas de protección del patrimonio nacional o las normas de exportación de bienes culturales de dicha Parte; o
 ii) que no haya sido devuelto al término de una salida temporal realizada legalmente, o que se infrinja cualquier otra condición de dicha salida temporal el 1 de enero de 1993 o con posterioridad a esa fecha.
 3.Las autoridades competentes de las Partes cooperarán entre sí, en particular:
 a) notificando a la otra Parte cuando en su territorio se encuentre un bien cultural y existan motivos razonables para creer que ha salido de forma ilícita del territorio de la otra Parte;
 b) atendiendo a las solicitudes de devolución de bienes culturales que hayan salido de forma ilícita del territorio de dicha Parte;
 c) evitando acciones para eludir la devolución de los bienes culturales por medio de las medidas provisionales necesarias; y
 d) adoptando las medidas necesarias para la conservación física de los bienes culturales que hayan salido de forma ilícita del territorio de la otra Parte.
 4.Cada una de las Partes identificará un punto de contacto responsable de la comunicación con el punto de contacto de la otra Parte sobre cualquier asunto que surja en virtud del presente artículo, incluso con respecto a las notificaciones y solicitudes a que se refiere el apartado 3, letras a) y b).
 5.La cooperación prevista entre las Partes implicará a las autoridades aduaneras de las Partes que sean responsables de la gestión de los procedimientos de exportación de bienes culturales según sea conveniente y necesario.
 6.
 El título I [Solución de diferencias] de la sexta parte no se aplica al presente artículo.
 Capítulo 2: Normas de origen
 Sección 1: Normas de origen
 Artículo ORIG.1: Objetivo
 El objetivo del presente capítulo es establecer las disposiciones que determinan el origen de las mercancías a efectos de la aplicación del tratamiento arancelario preferencial en virtud del presente Acuerdo y establecer los procedimientos conexos en materia de origen.
 Artículo ORIG.2: Definiciones
 A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
 (a)«clasificación»: la clasificación de un producto o de una materia en un determinado capítulo, partida o subpartida del Sistema Armonizado;
 (b)«envío»: los productos que o bien se envían simultáneamente de un exportador a un destinatario o se envían al amparo de un documento único de transporte que cubra su expedición del exportador al destinatario o se envían, en ausencia de dicho documento, acompañados de una factura única;
 (c)«exportador»: persona establecida en una Parte que, de conformidad con los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias de dicha Parte, exporta o produce el producto originario y formula una comunicación sobre el origen;
 (d)«importador»: persona que importa el producto originario y solicita para dicho producto un tratamiento arancelario preferencial;
 (e)«materia»: toda sustancia utilizada en la producción de un producto, incluidos todos los componentes, ingredientes, materias primas, o partes;
 (f)«materia no originaria»: una materia que no reúne las condiciones para considerarse originaria de conformidad con el presente capítulo, incluida la materia cuyo carácter originario no pueda determinarse;
 (g)«producto»: el producto resultado de la producción, incluso si está destinado a utilizarse como materia en la producción de otro producto;
 (h)«producción»: toda elaboración o transformación, incluido el montaje.
 Artículo ORIG.3: Requisitos generales
 1.
 A los efectos de la aplicación del tratamiento arancelario preferencial por una Parte a la mercancía originaria de la otra Parte de conformidad con el presente Acuerdo, siempre y cuando los productos cumplan todos los demás requisitos aplicables del presente capítulo, los siguientes productos se considerarán originarios de la otra Parte:
 (a)los productos enteramente obtenidos en dicha Parte a tenor del artículo ORIG.5 [Productos enteramente obtenidos];
 (b)los productos producidos en esa Parte exclusivamente a partir de materias originarias de dicha Parte; y
 (c)los productos producidos en dicha Parte que incorporen materias no originarias siempre que cumplan los requisitos establecidos en el ANEXO ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 2.
 Si un producto ha adquirido carácter originario, las materias no originarias utilizadas en su producción no se considerarán no originarias cuando dicho producto se incorpore como materia a otro producto.
 3.
 La adquisición del carácter originario deberá cumplirse sin interrupción en el Reino Unido o en la Unión.
 Artículo ORIG.4: Acumulación del origen
 1.Un producto originario de una Parte se considerará originario de la otra Parte si dicho producto se utiliza como materia en la producción de otro producto en esta última Parte.
 2.La producción llevada a cabo en una Parte con materia no originaria podrá tomarse en consideración para determinar si un producto es originario de la otra Parte.
 3.Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si la producción llevada a cabo en la otra Parte se limita a una o varias de las operaciones a que se refiere el artículo ORIG.7 [Producción insuficiente].
 4.Para que un exportador complete la comunicación sobre el origen a que se refiere el artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial], apartado 2, letra a), para un producto contemplado en el apartado 2 del presente artículo, el exportador obtendrá de su proveedor una declaración del proveedor conforme a lo dispuesto en el anexo ORIG-3 [Declaración del proveedor] o un documento equivalente que contenga la misma información descriptiva sobre las materias no originarias de que se trate con el suficiente detalle para que puedan ser identificadas.
 Artículo ORIG.5: Productos enteramente obtenidos
 1.
 Los siguientes productos se considerarán enteramente obtenidos en una de las Partes:
 (a)los productos minerales extraídos o recogidos de su suelo o del fondo de sus mares;
 (b)las plantas y los productos vegetales plantados o recolectados en su territorio;
 (c)los animales vivos nacidos y criados en su territorio;
 (d)los productos obtenidos de animales vivos criados en su territorio;
 (e)los productos obtenidos de animales sacrificados nacidos y criados en su territorio;
 (f)los productos de la caza y de la pesca practicadas en su territorio;
 (g)los productos obtenidos de la acuicultura en su territorio si los organismos acuáticos, incluidos peces, moluscos, crustáceos, otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas, nacen o se crían a partir de elementos de reproducción como huevos, lechas, crías, alevines, larvas, pintos, esguines y otros peces inmaduros que se encuentren en una fase postlarvaria, mediante intervenciones en los procesos de cría o crecimiento para aumentar la producción, tales como repoblaciones periódicas, alimentación y protección contra los depredadores;
 (h)los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar por un buque de una Parte fuera de las aguas jurisdiccionales;
 (i)los productos elaborados exclusivamente en un buque factoría de una Parte, a partir de los productos mencionados en la letra h);
 (j)los productos extraídos del fondo marino o del subsuelo fuera de las aguas jurisdiccionales, siempre que tenga derechos para explotar o trabajar dicho fondo marino o subsuelo;
 (k)los desperdicios y desechos derivados de operaciones de producción realizadas en su territorio;
 (l)los desperdicios y desechos derivados de productos usados recogidos en su territorio, siempre que dichos productos sean aptos únicamente para la recuperación de materias primas;
 (m)los productos producidos en su territorio a partir exclusivamente de los productos mencionados en las letras a) a i).
 2.
 Los términos «buque de una Parte» y «buque factoría de una Parte» en el apartado 1, letras h) e i), se refieren a un buque y un buque factoría que:
 a)
 estén registrados en un Estado miembro o en el Reino Unido;
 b)
 naveguen bajo pabellón de un Estado miembro o del Reino Unido; y
 c)
 cumplan una de las siguientes condiciones:
 i)
 sean propiedad, en al menos un 50 %, de nacionales de un Estado miembro o del Reino Unido; o
 ii)
 sean propiedad de personas jurídicas que:
 A) tengan su domicilio social o su centro de actividad principal en la Unión o el Reino Unido; y
 B) sean propiedad, en al menos un 50 %, de entidades públicas, nacionales o personas jurídicas de un Estado miembro o del Reino Unido.
 Artículo ORIG.6: Tolerancias
 1.Si un producto no cumple los requisitos establecidos en el ANEXO ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] debido a la utilización de una materia no originaria en su producción, dicho producto se considerará, no obstante, originario de una Parte, siempre que:
 a)
 el peso total de las materias no originarias utilizadas en la producción de los productos clasificados en virtud de los capítulos 2 y 4 a 24 del Sistema Armonizado, excepto los productos de la pesca transformados contemplados en el capítulo 16, no exceda del 15 % del peso del producto;
 b)
 el valor total de las materias no originarias para todos los demás productos, excepto los clasificados en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, no exceda del 10 % del precio franco fábrica del producto; o
 c)
 para un producto clasificado en los capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, se aplicarán los márgenes de tolerancia establecidos en las notas 7 y 8 del ANEXO ORIG-1 [Notas introductorias a las Normas de origen específicas por productos].
 2.
 El apartado 1 no se aplica si el valor o el peso de las materias no originarias utilizadas en la producción de un producto supera cualquiera de los porcentajes correspondientes al valor o peso máximo de las materias no originarias que se especifican en los requisitos establecidos en el ANEXO ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 3.
 El apartado 1 del presente artículo no se aplica a los productos enteramente obtenidos en una Parte a tenor del artículo ORIG.5 [Productos enteramente obtenidos]. Si el ANEXO ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] requiere que las materias utilizadas en la producción de un producto sean enteramente obtenidas, se aplicarán los apartados 1 y 2 del presente artículo.
 Artículo ORIG.7: Producción insuficiente
 1.
 No obstante lo dispuesto en el artículo ORIG.3 [Requisitos generales], apartado 1, letra c), un producto no se considerará originario de una Parte si la producción del producto en una Parte consiste únicamente en una o varias de las siguientes operaciones realizadas con materias no originarias:
 a)
 las operaciones de conservación, como el secado, la congelación, la conservación en salmuera u otras operaciones similares cuando su único objetivo sea garantizar que los productos permanezcan en buen estado durante su transporte y almacenamiento;
 2
 b)
 las operaciones de división o agrupación de bultos;
 c)
 el lavado, la limpieza; la eliminación de polvo, óxido, aceite, pintura u otros revestimientos;
 d)
 el planchado o el prensado de textiles y artículos textiles;
 e)
 las operaciones de pintura y pulido simples;
 f)
 el descascarillado o la molienda parcial o total del arroz; el pulido y el glaseado de los cereales y el arroz; el blanqueo del arroz;
 g)
 la coloración o aromatización de azúcar o la formación de terrones de azúcar; el molido total o parcial de azúcar en estado sólido;
 h)
 el descascarillado, extracción de pipas o huesos y pelado de frutas, frutos de cáscara y legumbres y hortalizas;
 i)
 las operaciones de afilado, rectificado simple o corte simple;
 j)
 el tamizado, el cribado, la selección, la clasificación, el calibrado, la preparación de surtidos, incluida la formación de juegos de artículos;
 k)
 el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas o la colocación sobre cartulinas o tableros, etc. y cualquier otra operación sencilla de envasado;
 l)
 la colocación o impresión de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos similares en los productos o en sus envases;
 m)
 la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes; la mezcla de azúcar con cualquier otra materia;
 n)
 la simple adición de agua o la dilución con agua u otra sustancia que no altere sustancialmente las características del producto, la deshidratación o la desnaturalización de productos;
 o)
 el montaje simple de partes de artículos para formar un artículo completo o el desmontaje de productos en sus piezas;
 p)
 el sacrificio de animales.
 2.
 A los efectos del apartado 1, las operaciones se considerarán simples si para su ejecución no se requieren capacidades especiales ni máquinas, aparatos o equipos fabricados o instalados especialmente para ese fin.
 Artículo ORIG.8: Unidad de calificación
 1.
 A los efectos del presente capítulo, la unidad de calificación será el producto concreto que se considere unidad básica en el momento de su clasificación con arreglo al Sistema Armonizado.
 2.
 Para un envío que esté formado por varios productos idénticos clasificados en la misma partida del Sistema Armonizado, deberá tenerse en cuenta cada producto individual para la aplicación de las disposiciones del presente capítulo.
 Artículo ORIG.9: Materiales de embalaje y envases para expedición
 Los materiales de embalaje y los envases para expedición que se utilizan para proteger un producto durante el transporte no se tendrán en cuenta para determinar si un producto es originario.
 Artículo ORIG.10: Materiales de embalaje y envases para venta al por menor
 Los materiales de embalaje y los envases del producto para la venta al por menor, si se clasifican con el producto, no se tendrán en cuenta a la hora de determinar el origen del producto, excepto a efectos del cálculo del valor de las materias no originarias en el caso de un producto que esté sujeto a un valor máximo de materias no originarias, de conformidad con el ANEXO ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 Artículo ORIG.11: Accesorios, repuestos y herramientas
 1.
 Los accesorios, repuestos, herramientas e instrucciones u otros materiales informativos se considerarán como un solo producto con la pieza de equipo, máquina, aparato o vehículo en cuestión si:
 (a)se clasifican y se entregan con el producto y no se facturan por separado; y
 (b)corresponden a los tipos, cantidades y valores que son habituales para dicho producto.
 2.
 Los accesorios, repuestos, herramientas e instrucciones u otros materiales informativos mencionados en el apartado 1, no se tendrán en cuenta a la hora de determinar el origen del producto, excepto para el cálculo del valor de las materias no originarias en el caso de un producto que esté sujeto a un valor máximo de materias no originarias establecido en el ANEXO ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 Artículo ORIG.12: Surtidos
 Los surtidos, según se definen en la regla general n.o 3 para la interpretación del Sistema Armonizado, se considerarán originarios de una Parte si todos los productos que entran en su composición lo son. Un surtido compuesto de productos originarios y no originarios se considerará originario en su conjunto de una Parte si el valor de los componentes no originarios no excede del 15 % del precio franco fábrica del surtido.
 Artículo ORIG.13: Elementos neutros
 Para determinar si un producto es originario de una Parte, no será necesario determinar el origen de los siguientes elementos que pudieran haberse utilizado en su producción:
 a)
 combustible, energía, catalizadores y disolventes;
 b)
 instalaciones, equipos, repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de los equipos y de los edificios;
 c)
 máquinas, herramientas, troqueles y moldes;
 d)
 lubricantes, grasas, compuestos y otras materias utilizadas en la fabricación o para hacer funcionar los equipos y los edificios;
 e)
 guantes, gafas, calzado, prendas de vestir, equipos y suministros de seguridad;
 f)
 equipos, dispositivos y suministros utilizados para los ensayos o la inspección del producto; y
 g)
 otras materias utilizadas en la producción que no estén incorporadas en el producto ni destinadas a incorporarse en la composición final del producto.
 Artículo ORIG.14: Separación contable
 1.
 Las materias fungibles o «productos fungibles» originarios y no originarios estarán separados físicamente durante su almacenamiento con el fin de mantener su carácter originario y no originario.
 2.
 A efectos del apartado 1, se entenderá por «materias fungibles» o «productos fungibles» las materias o productos del mismo tipo y calidad comercial, con las mismas características técnicas y físicas y que no se puedan distinguir unos de otros a efectos de su origen.
 3.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrán utilizarse materias fungibles originarias y no originarias en la producción de un producto sin estar físicamente separadas durante el almacenamiento si se utiliza un método de separación contable.
 4.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos fungibles originarios y no originarios clasificados en los capítulos 10, 15, 27, 28, 29, epígrafe 32.01 a 32.07, o epígrafe 39.01 a 39.14 del Sistema Armonizado podrán almacenarse en una Parte antes de la exportación a la otra Parte sin estar físicamente separados siempre que se utilice un método de separación contable.
 5.
 El método de separación contable mencionado en los apartados 3 y 4 se aplicará de conformidad con un método de gestión de existencias con arreglo a los principios contables generalmente aceptados en la Parte.
 6.
 El método de separación contable consistirá en cualquier método que garantice que en ningún momento reciban el carácter originario más materias o productos que los que lo recibirían si las materias o productos se hubieran separado físicamente.
 7.
 Una Parte podrá exigir, en las condiciones establecidas en sus disposiciones legales y reglamentarias, que la utilización de un método de separación contable se someta a la autorización previa de las autoridades aduaneras de dicha Parte. Las autoridades aduaneras de la Parte controlarán el uso de dicha autorización y podrán retirar una autorización si el titular hace un uso incorrecto del método de separación contable o no cumple alguna de las demás condiciones establecidas en el presente capítulo.
 Artículo ORIG.15: Productos devueltos
 En el caso de que un producto originario de una Parte exportado a un tercer país sea devuelto a esa Parte, se considerará como un producto no originario a menos que pueda demostrarse a satisfacción de la autoridad aduanera de dicha Parte que el producto devuelto:
 (a)es el mismo que el producto exportado; y
 (b)no ha sufrido más operaciones que las que fueron necesarias para su conservación en buen estado mientras se encontraba en dicho tercer país o durante su exportación.
 Artículo ORIG.16: No alteración
 1.
 Un producto originario declarado para consumo interno en la Parte importadora no podrá, tras su exportación y antes de ser declarado para consumo interno, ser alterado, transformado de ninguna forma ni sometido a operaciones distintas de las destinadas a mantenerlo en buen estado, o añadir o fijar marcas, etiquetas, sellos u otra documentación destinada a garantizar el cumplimiento de los requisitos internos específicos de la Parte importadora.
 2.
 Un producto podrá almacenarse o exponerse en un tercer país, siempre que dicho producto permanezca bajo vigilancia aduanera en ese tercer país.
 3.
 El fraccionamiento de envíos podrá tener lugar en un tercer país si lo lleva a cabo el exportador o se hace bajo la responsabilidad del exportador, y siempre que los envíos se mantengan bajo supervisión aduanera en dicho tercer país.
 4.
 En caso de duda sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 a 3, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar al importador pruebas del cumplimiento de dichos requisitos, que podrán aportarse por cualquier medio, incluidos documentos de transporte contractuales, como conocimientos de embarque o pruebas factuales o materiales basadas en el marcado o la numeración de los paquetes, o cualquier prueba relacionada con el propio producto.
 Artículo ORIG.17: Revisión de la devolución o la exención de los derechos de aduana
 A más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, a petición de cualquiera de las Partes, el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen revisará los respectivos sistemas de devolución de derechos y de perfeccionamiento activo de las Partes. A tal fin, a petición de una de las Partes, en un plazo máximo de 60 días a partir de dicha petición, la otra Parte facilitará a la Parte requirente la información disponible y las estadísticas detalladas relativas al período a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, o a los 5 años anteriores si este es más corto, sobre el funcionamiento de su sistema de devolución de derechos de aduana y de perfeccionamiento activo. A la luz de esta revisión, el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen podrá formular recomendaciones al Consejo de Asociación para la modificación de las disposiciones del presente capítulo y sus anexos, con vistas a introducir limitaciones o restricciones con respecto a la devolución o la exención de los derechos de aduana.
 Sección 2: Procedimientos en materia de origen
 Artículo ORIG.18: Solicitud de tratamiento arancelario preferencial
 1.En el momento de la importación, la Parte importadora concederá un tratamiento arancelario preferencial a un producto originario de la otra Parte en el sentido del presente capítulo sobre la base de una solicitud de tratamiento arancelario preferencial presentada por el importador. El importador será responsable de la exactitud de la solicitud de tratamiento arancelario preferencial y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.
 2.Las solicitudes de tratamiento arancelario preferencial se basarán en los elementos siguientes:
 (a)una comunicación sobre el origen en la que el exportador declare que el producto es originario; o
 (b)el conocimiento por parte del importador de que el producto es originario.
 3.El importador que presente la solicitud de tratamiento arancelario preferencial sobre la base de una comunicación sobre el origen a que se refiere el apartado 2, letra a), deberá conservar la comunicación sobre el origen y, previa solicitud de la autoridad aduanera de la Parte importadora, facilitar una copia a dicha autoridad.
 Artículo ORIG.18a: Momento de la solicitud de tratamiento arancelario preferencial
 1.En la declaración de importación se incluirá una solicitud de tratamiento arancelario preferencial y los elementos en los que se basa dicha solicitud a los que se hace referencia en el artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento aduanero preferencial], apartado 2, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte importadora.
 2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, si el importador no ha presentado una solicitud de tratamiento arancelario preferencial en el momento de la importación, la Parte importadora concederá el tratamiento arancelario preferencial y devolverá o abonará todo exceso de derechos de aduana pagados, siempre que:
 (a)la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se presente a más tardar en un plazo de tres años a partir de la fecha de importación, o en un plazo más largo que se especifique en las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte importadora;
 (b)el importador fundamente la solicitud a que se refiere el artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial], apartado 2; y
 (c)el producto habría sido considerado originario y habría satisfecho todos los demás requisitos aplicables en el sentido de la sección 1 [Normas de origen] del presente capítulo si el importador lo hubiera solicitado en el momento de la importación.
 Las demás obligaciones que incumben al importador, de conformidad con el artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial], permanecen sin cambios.
 Artículo ORIG.19: Comunicación sobre el origen
 1.Un exportador de un producto podrá formular una comunicación sobre el origen en función de información que demuestre que el producto es originario, incluida información sobre el carácter originario de las materias utilizadas en la producción del producto. El exportador será responsable de la exactitud de la comunicación sobre el origen y de la información facilitada.
 2.Se formulará una comunicación sobre el origen, en una de las versiones lingüísticas del texto establecidas en el ANEXO ORIG-4 [Texto de la comunicación sobre el origen], en una factura o en cualquier otro documento que describa el producto originario con suficiente detalle para permitir su identificación. El exportador será responsable de proporcionar suficiente detalle para permitir la identificación del producto originario. La Parte importadora no pedirá al importador que presente una traducción de la comunicación sobre el origen.
 3.Una declaración sobre el origen tendrá una validez de doce meses desde la fecha en que fuera realizada o durante un período más largo indicado por la Parte importadora, hasta un máximo de veinticuatro meses.
 4.Una comunicación sobre el origen podrá aplicarse a:
 (a)un único envío de uno o varios productos importados en una Parte; o
 (b)múltiples envíos de productos idénticos importados en una Parte en el período especificado en la comunicación sobre el origen, que no será superior a doce meses.
 5.Si, a petición del importador, se importan escalonadamente productos sin montar o desmontados en el sentido de la Regla general 2, letra a), para la interpretación del Sistema Armonizado, clasificados en sus secciones XV a XXI, para dichos productos podrá utilizarse una sola comunicación sobre el origen, de conformidad con los requisitos establecidos por la autoridad aduanera de la Parte importadora.
 Artículo ORIG.20: Discrepancias
 La autoridad aduanera de la Parte importadora no rechazará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial por pequeños errores o discrepancias en la comunicación sobre el origen, o únicamente porque se haya expedido una factura en un tercer país.
 Artículo ORIG.21: Conocimiento del importador
 1.A efectos de una solicitud de tratamiento aduanero preferencial realizada en virtud del artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial], apartado 2, letra b), el conocimiento por parte del importador de que un producto es originario de la Parte exportadora se basará en información que demuestre que el producto es originario y cumple los requisitos establecidos en el presente capítulo.
 2.Antes de solicitar el tratamiento preferencial, en caso de que un importador sea incapaz de obtener la información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo debido a que el exportador la considere información confidencial o por cualquier otra razón, el exportador podrá proporcionar una comunicación sobre el origen para que el importador pueda solicitar el tratamiento arancelario preferencial sobre la base del artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial], apartado 2, letra a).
 Artículo ORIG.22: Requisitos en materia de conservación de información
 1.Durante un mínimo de tres años después de la fecha de importación del producto, un importador que realice una solicitud de tratamiento arancelario preferencial para un producto importado en la Parte importadora conservará:
 (a)si la solicitud estaba basada en una comunicación sobre el origen, la comunicación sobre el origen formulada por el exportador; o
 (b)si la solicitud estaba basada en el conocimiento del importador, todos los registros que demuestren que el producto cumple los requisitos para obtener el carácter originario.
 2.Un exportador que haya formulado una comunicación sobre el origen conservará, durante un mínimo de cuatro años después de la formulación de dicha comunicación sobre el origen, una copia de este documento y de todos los demás registros que demuestren que el producto cumple los requisitos para obtener el carácter originario.
 3.Los registros que deban conservarse con arreglo al presente artículo podrán tener formato electrónico.
 Artículo ORIG.23: Pequeños envíos
 1.No obstante lo dispuesto en los artículos ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial] a ORIG.21 [Conocimiento del importador], siempre que el producto haya sido declarado conforme a los requisitos previstos en el presente capítulo y la autoridad arancelaria de la Parte importadora no albergue ninguna duda sobre la veracidad de dicha comunicación, la Parte importadora concederá tratamiento arancelario preferencial a:
 (a)un producto enviado en un pequeño paquete de particulares a particulares; y
 (b)un producto que forme parte del equipaje personal de un viajero; y
 (c)en el caso del Reino Unido, además de las letras a) y b), otros envíos de escaso valor.
 2.Los siguientes productos quedan excluidos de la aplicación del apartado 1 del presente artículo:
 (a)los productos cuya importación forme parte de una serie de importaciones con respecto a las cuales pueda, razonablemente, considerarse que se han efectuado por separado con el fin de evitar los requisitos establecidos en el artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial];
 (b)en el caso de la Unión:
 (I)un producto importado con carácter comercial; las importaciones ocasionales y que consistan exclusivamente en productos para el uso personal de los destinatarios, los viajeros o sus familiares se considerarán importaciones desprovistas de todo carácter comercial si, por su naturaleza y cantidad, resulta evidente que a estos productos no se les piensa dar una finalidad comercial; y
 (II)los productos cuyo valor total exceda de 500 EUR para los productos enviados en pequeños paquetes, o de 1 200 EUR para los productos que formen parte del equipaje personal de un viajero. Los importes que se utilicen en una moneda nacional determinada serán los equivalentes en esa moneda a los importes expresados en euros el primer día laborable de octubre. El tipo de cambio será el que publique para ese día el Banco Central Europeo, salvo que se comunique un importe distinto a la Comisión Europea a más tardar el 15 de octubre, y será aplicable a partir del 1 de enero del año siguiente. La Comisión Europea notificará al Reino Unido los importes pertinentes. La Unión podrá establecer otros límites que comunicará al Reino Unido; y
 (c)en el caso del Reino Unido, los productos cuyo valor total exceda los límites establecidos en el Derecho interno del Reino Unido. El Reino Unido comunicará estos límites a la Unión.
 3.El importador será responsable de la exactitud de la declaración y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo. Los requisitos en materia de conservación de información establecidos en el artículo ORIG.22 [Requisitos en materia de conservación de información] no se aplicarán al importador en virtud del presente artículo.
 Artículo ORIG.24: Verificación
 1.La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá verificar si un producto es originario o si se cumplen los demás requisitos del presente capítulo sobre la base de métodos de evaluación de riesgos, entre los que se puede incluir la selección aleatoria. Dichas verificaciones podrán llevarse a cabo mediante una solicitud de información del importador que presentó la solicitud a que se refiere el artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial], en el momento de presentar la declaración de importación, antes o después del despacho de los productos.
 2.La información solicitada de conformidad con el apartado 1 se referirá como máximo a los elementos siguientes:
 (a)si la solicitud estaba basada en una comunicación sobre el origen, dicha comunicación sobre el origen; y
 (b)la información relativa al cumplimiento de los criterios de origen, es decir:
 (I)si el criterio de origen es ser «enteramente obtenido», la categoría aplicable (tales como la recolección, la explotación minera, la pesca) y el lugar de producción;
 (II)si el criterio de origen está basado en un cambio de la clasificación arancelaria, una lista de todas las materias no originarias, incluida su clasificación arancelaria (en formato de 2, 4 o 6 dígitos, según el criterio de origen);
 (III)si el criterio de origen está basado en un método relacionado con el valor, el valor del producto final, así como el valor de todas las materias no originarias utilizadas en la producción de dicho producto;
 (IV)si el criterio de origen está basado en el peso, el peso del producto final, así como el peso de las materias no originarias pertinentes utilizadas en el producto final;
 (V)si el criterio de origen está basado en un proceso de específico de producción, una descripción de dicho proceso específico.
 3.Al facilitar la información solicitada, el importador podrá añadir cualquier otra información que considere pertinente a efectos de verificación.
 4.Si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basa en una comunicación sobre el origen, el importador facilitará dicha comunicación sobre el origen, pero podrá responder a la autoridad aduanera de la Parte importadora que el importador no puede facilitar la información a que hace referencia el apartado 2, letra b).
 5.Si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basa en el conocimiento del importador, después de, en primer lugar, haber solicitado la información de conformidad con el apartado 1, la autoridad aduanera de la Parte importadora que lleve a cabo la verificación podrá solicitar al importador información adicional si dicha autoridad aduanera considera que para verificar el carácter originario del producto o si se cumplen los demás requisitos del presente capítulo es necesaria información adicional. La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar al importador documentación e información específica, si procede.
 6.Si la autoridad aduanera de la Parte importadora decide suspender la concesión del tratamiento arancelario preferencial a los productos en cuestión a la espera de los resultados de la verificación, se ofrecerá al importador el despacho de los productos, condicionado a la aplicación de medidas cautelares adecuadas, incluidas garantías. Toda suspensión del tratamiento arancelario preferencial finalizará en el plazo más breve posible después de que la autoridad aduanera de la Parte importadora haya determinado el carácter originario de los productos de que se trate o el cumplimiento de los demás requisitos del presente capítulo.
 Artículo ORIG.25: Cooperación administrativa
 1.Con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente capítulo, las Partes cooperarán a través de la autoridad aduanera de cada una de ellas para verificar si un producto es originario y cumple los demás requisitos establecidos en el presente capítulo.
 2.Si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basaba en una comunicación sobre el origen, después de, en primer lugar, haber solicitado información de conformidad con el artículo ORIG.24 [Verificación], apartado 1, y en función de la respuesta del importador, la autoridad aduanera de la Parte importadora que lleve a cabo la verificación también podrá solicitar información a la autoridad aduanera de la Parte exportadora en un plazo de dos años a partir de la importación de los productos, o desde el momento en que se presente la solicitud de conformidad con el artículo ORIG.18a [Momento de la solicitud de tratamiento arancelario preferencial], apartado 2, si la autoridad aduanera de la Parte importadora que lleve a cabo la verificación considera que, para verificar el carácter originario del producto o si se cumplen los demás requisitos previstos en el presente capítulo, se necesita información adicional. La solicitud de información incluirá los siguientes elementos:
 (a)la comunicación sobre el origen;
 (b)la identidad de la autoridad aduanera que presenta la solicitud;
 (c)el nombre del exportador;
 (d)el objeto y el alcance de la verificación; y
 (e)cualquier otra documentación pertinente.
 Además, cuando sea necesario, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá solicitar documentación e información específicas a la autoridad aduanera de la Parte exportadora.
 3.La autoridad aduanera de la Parte exportadora podrá, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, solicitar documentación o exámenes y, para ello, pedir pruebas o visitar las instalaciones del exportador con el fin de examinar los registros y observar el equipo utilizado en la producción del producto.
 4.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, la autoridad aduanera de la Parte exportadora que reciba la solicitud a que se refiere el apartado 2, facilitará a la autoridad aduanera de la Parte importadora la siguiente información:
 (a)la documentación solicitada, si está disponible;
 (b)un dictamen sobre el carácter originario del producto;
 (c)la descripción del producto que es objeto del examen y la clasificación arancelaria pertinente para la aplicación del presente capítulo;
 (d)una descripción explicativa del proceso de producción que acredite el carácter originario del producto;
 (e)información sobre la manera en que se ha llevado a cabo el examen del producto; y
 (f)documentación justificativa, en su caso.
 5.La autoridad aduanera de la Parte exportadora no facilitará la información a que se refiere el apartado 4, letras a), d) y f), a la autoridad aduanera de la Parte importadora si el exportador la considera confidencial.
 6.Cada una de las Partes notificará a la otra Parte la información de contacto de las autoridades aduaneras, así como toda modificación de dicha información en el plazo de treinta días a partir de la fecha de la modificación.
 Artículo ORIG.26: Denegación del tratamiento arancelario preferencial
 1.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial si:
 (a)en el plazo de tres meses a partir de la fecha de una solicitud de información con arreglo al artículo ORIG.24 [Verificación], apartado 1:
 (I)el importador no ha proporcionado respuesta alguna;
 (II)la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basaba en una comunicación sobre el origen, pero no se ha presentado dicha comunicación; o
 (III)la solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basaba en el conocimiento del importador, pero la información aportada por el importador no es adecuada para confirmar que el producto es originario;
 (b)en el plazo de tres meses a partir de la fecha de una solicitud de información con arreglo al artículo ORIG.24 [Verificación], apartado 5:
 i)
 el importador no ha proporcionado respuesta alguna; o
 ii)
 la información aportada por el importador no es adecuada para confirmar que el producto es originario;
 c)
 dentro de los diez meses
 3
 siguientes a la solicitud de información de conformidad con el artículo ORIG.25 [Cooperación administrativa], apartado 2:
 i)
 la autoridad aduanera de la Parte exportadora no ha proporcionado respuesta alguna; o
 ii)
 la información aportada por la autoridad aduanera de la Parte exportadora no es adecuada para confirmar que el producto es originario.
 2.La autoridad aduanera de la Parte importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial solicitado por un importador para un producto si dicho importador incumple requisitos del presente capítulo distintos de los relacionados con el carácter originario de los productos.
 3.Si la autoridad aduanera de la Parte importadora tiene motivos suficientes que justifiquen la denegación de un tratamiento arancelario preferencial con arreglo al apartado 1 del presente artículo, en los casos en que la autoridad aduanera de la Parte exportadora haya proporcionado un dictamen con arreglo al artículo ORIG.25 [Cooperación administrativa], apartado 4. letra b), que confirme el carácter originario de los productos, la autoridad aduanera de la Parte importadora notificará a la autoridad aduanera de la Parte exportadora su intención de denegar el tratamiento arancelario preferencial en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de dicho dictamen.
 Si se produce tal notificación, se celebrarán consultas a petición de cualquiera de las Partes en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación. El período de las consultas podrá prorrogarse, caso por caso, mediante acuerdo mutuo entre las autoridades aduaneras de las Partes. Las consultas podrán realizarse de conformidad con el procedimiento establecido por el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen.
 Una vez expirado el período de consultas, si la autoridad aduanera de la Parte importadora no puede confirmar que el producto es originario, esta podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial si cuenta con las suficientes justificaciones para hacerlo, después de conceder al importador el derecho a ser oído. No obstante, cuando la autoridad aduanera de la Parte exportadora confirme el carácter originario de los productos y justifique dicha conclusión, la autoridad aduanera de la Parte importadora no denegará el tratamiento arancelario preferencial a un producto por el único motivo de que se haya aplicado el artículo ORIG.25 [Cooperación administrativa], apartado 5.
 4.En todos los casos, las diferencias entre el importador y las autoridades aduaneras de la Parte importadora se resolverán con arreglo al ordenamiento jurídico de esta última.
 Artículo ORIG.27: Confidencialidad
 1.Cada una de las Partes mantendrá, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, la confidencialidad de toda información que le haya facilitado la otra Parte en virtud del presente capítulo, e impedirá su divulgación.
 2.No obstante lo dispuesto en el artículo ORIG.25 [Cooperación administrativa], apartado 5, no se divulgará la información comercial confidencial que la autoridad aduanera de la Parte exportadora o de la Parte importadora haya obtenido del exportador mediante la aplicación de los artículos ORIG.24 [Verificación] y ORIG.25 [Cooperación administrativa].
 3.Cada una de las Partes se asegurará de que la información confidencial obtenida de conformidad con el presente capítulo no se utilice para otros fines distintos de la administración y ejecución de decisiones y determinaciones relacionadas con el origen y de las cuestiones aduaneras, salvo que la persona o Parte que haya facilitado la información confidencial dé su permiso.
 4.No obstante lo dispuesto en el apartado 3, una de las Partes podrá permitir que la información obtenida de conformidad con el presente capítulo se utilice en todo procedimiento administrativo, judicial o cuasijudicial incoado por incumplimiento de la normativa aduanera por la que se aplique el presente capítulo. La Parte en cuestión notificará este uso por adelantado a la persona o Parte que haya facilitado la información.
 Artículo ORIG.28: Medidas y sanciones administrativas
 Cada una de las Partes garantizará la aplicación efectiva del presente capítulo. Cada una de las Partes garantizará que las autoridades competentes puedan imponer medidas administrativas y, en su caso, sanciones, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, a toda persona que redacte o haga redactar un documento que contenga información incorrecta que fuera facilitada con el fin de obtener un tratamiento arancelario preferencial para un producto que no cumpla los requisitos establecidos en el artículo ORIG.22 [Requisitos en materia de conservación de información] o que no aporte las pruebas o rechace la visita a que se refiere el artículo ORIG.25 [Cooperación administrativa], apartado 3.
 Sección 3: Otras disposiciones
 Artículo ORIG.29: Ceuta y Melilla
 1.A efectos del presente capítulo, en el caso de la Unión el término «Parte» no incluye a Ceuta ni a Melilla.
 2.Los productos originarios del Reino Unido, cuando se importen en Ceuta o Melilla, estarán sujetos, en todos los aspectos, al mismo tratamiento arancelario en virtud del presente Acuerdo que el aplicado a los productos originarios del territorio aduanero de la Unión en virtud del Protocolo n.o 2 del Acta de Adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Unión. El Reino Unido concederá a las importaciones de productos cubiertos por el Acuerdo y originarias de Ceuta y Melilla el mismo régimen aduanero que el que concede a los productos importados de la Unión y originarios de esta.
 3.Las normas de origen y los procedimientos en materia de origen con arreglo al presente capítulo se aplican, mutatis mutandis, a los productos exportados del Reino Unido a Ceuta y Melilla y a los productos exportados de Ceuta y Melilla al Reino Unido.
 4.Ceuta y Melilla se considerarán un territorio único.
 5.El artículo ORIG.4 [Acumulación del origen] se aplica a la importación y la exportación de productos entre la Unión, el Reino Unido y Ceuta y Melilla.
 6.Los exportadores introducirán «el Reino Unido» o «Ceuta y Melilla» en el campo 3 del texto de la comunicación sobre el origen, según el origen del producto.
 7.La autoridad aduanera del Reino de España será responsable de la aplicación y ejecución del presente capítulo en Ceuta y Melilla.
 Artículo ORIG.30: Disposiciones transitorias para productos en tránsito o almacenamiento
 Las disposiciones del presente Acuerdo podrán aplicarse a los productos que cumplan las disposiciones del presente capítulo y que, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, se encuentren en tránsito entre la Parte exportadora y la Parte importadora o bajo control aduanero en la Parte importadora, sin pago de los derechos e impuestos de entrada, siempre que se presente la solicitud de tratamiento arancelario preferencial a que se refiere el artículo ORIG.18 [Solicitud de tratamiento arancelario preferencial] del presente capítulo a la autoridad aduanera de la Parte importadora en un plazo de doce meses a partir de esa fecha.
 Artículo ORIG.31: Modificación del presente capítulo y de sus anexos
 El Consejo de Asociación podrá modificar el presente capítulo y sus anexos.
 Capítulo 3: Medidas sanitarias y fitosanitarias
 Artículo SPS.1: Objetivos
 Los objetivos del presente capítulo son:
 a) proteger la vida o la salud humana, animal y vegetal en los territorios de las Partes, facilitando al mismo tiempo el comercio entre las Partes;
 b) promover la aplicación del Acuerdo MSF;
 c) garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias («MSF») de las Partes no creen obstáculos innecesarios al comercio;
 d) promover una mayor transparencia y comprensión sobre la aplicación de las MSF de cada Parte;
 e) mejorar la cooperación entre las Partes en materia de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, promoción de sistemas alimentarios sostenibles, protección del bienestar de los animales y certificación electrónica;
 f) mejorar la cooperación en las organizaciones internacionales pertinentes con el fin de elaborar normas, orientaciones y recomendaciones internacionales en materia de sanidad animal, seguridad de los alimentos y fitosanidad; y
 g) promover la aplicación por cada una de las Partes de las normas, las orientaciones y las recomendaciones internacionales.
 Artículo SPS.2: Ámbito de aplicación
 1.El presente capítulo se aplica a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias de una Parte que puedan afectar, directa o indirectamente, al comercio entre las Partes.
 2.El presente capítulo también establece disposiciones separadas relativas a la cooperación en materia de bienestar animal, resistencia a los antimicrobianos y sistemas alimentarios sostenibles.
 Artículo SPS.3: Definiciones
 1.A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones siguientes:
 (a)las definiciones que figuran en el anexo A del Acuerdo MSF;
 (b)las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Comisión del Codex Alimentarius (el «Codex»);
 (c)las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (la «OIE»); y
 (d)las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (la «CIPF»).
 2.A los efectos del presente capítulo, se entenderá por:
 (a) «condiciones de importación»: todas las MSF que deben cumplirse para la importación de los productos; y
 (b)«zona protegida» para una plaga de vegetales reglamentada específica: área geográfica oficialmente definida en la que no esté establecida una plaga, a pesar de la existencia de condiciones favorables y de su presencia en otras partes del territorio de la Parte, y en la que no se permite la introducción de dicha plaga.
 3.El Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias podrá adoptar otras definiciones para la aplicación del presente capítulo teniendo en cuenta los glosarios y las definiciones de las organizaciones internacionales pertinentes, como el Codex, la OIE y la CIPF.
 4.Las definiciones del Acuerdo MSF prevalecen en la medida en que exista una incoherencia entre las definiciones adoptadas por el Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias o las adoptadas bajo los auspicios del Codex, la OIE, la CIPF y las definiciones del Acuerdo MSF. En caso de incompatibilidad entre las definiciones adoptadas por el Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y las definiciones establecidas en el Acuerdo MSF, el Codex, la OIE o la CIPF, prevalecerán las definiciones establecidas en el Acuerdo MSF, el Codex, la OIE o la CIPF.
 Artículo SPS.4: Derechos y obligaciones
 Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo MSF. Este incluye el derecho a adoptar medidas de conformidad con el artículo 5, apartado 7, del Acuerdo MSF.
 Artículo SPS.5: Principios generales
 1.Las Partes aplicarán medidas sanitarias y fitosanitarias para lograr un nivel adecuado de protección que se basen en la evaluación de riesgos, de conformidad con las disposiciones pertinentes, en particular el artículo 5 del Acuerdo MSF.
 2.Las Partes no utilizarán las MSF para crear obstáculos injustificados al comercio.
 3.En lo que respecta a los procedimientos y aprobaciones de las MSF relacionados con el comercio establecidos en virtud del presente capítulo, cada una de las Partes se asegurará de que estos procedimientos y medidas MSF conexas:
 (a)se inicien y completen sin demoras indebidas;
 (b)no incluyan solicitudes de información innecesarias, injustificadas desde el punto de vista científico y técnico o indebidamente gravosas ni solicitudes de información que puedan retrasar el acceso a los mercados de la otra Parte;
 (c)no se apliquen de manera que constituyan discriminación arbitraria o injustificable contra todo el territorio de la otra Parte o contra partes del territorio de la otra Parte en las que existan condiciones sanitarias y fitosanitarias idénticas o similares; y
 (d)sean proporcionales a los riesgos identificados y no impongan más restricciones al comercio de lo necesario para lograr un nivel de protección considerado adecuado por la Parte importadora.
 4.Las Partes no utilizarán los procedimientos mencionados en el apartado 3 ni las peticiones de información adicional para retrasar el acceso a sus mercados sin justificación científica y técnica.
 5.Cada una de las Partes velará por que cualquier procedimiento administrativo que exija en relación con las condiciones de importación relativas a la seguridad de los alimentos, la salud animal y la fitosanidad no sea más gravoso o restrictivo de lo necesario para el comercio con vistas a dar a la Parte importadora la confianza adecuada de que se cumplen dichas condiciones. Cada una de las Partes se asegurará de que los efectos negativos de cualquier procedimiento administrativo en el comercio sean los mínimos y de que los procesos de despacho de aduana sigan siendo sencillos y rápidos y cumplan, al mismo tiempo, las condiciones de la Parte importadora.
 6.La Parte importadora no implantará sistemas administrativos adicionales ni procedimientos que obstaculicen el comercio de forma innecesaria.
 Artículo SPS.6: Certificación oficial
 1.Cuando la Parte importadora exija certificados oficiales, los modelos de certificados serán:
 (a)conformes con los principios establecidos en las normas internacionales del Codex, la CIPF y la OIE; y
 (b)aplicables a las importaciones de todas las partes del territorio de la Parte exportadora.
 2.El Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias podrá acordar los casos específicos en los que los modelos de certificados a que se refiere el apartado 1 se establezcan solo en una parte o partes del territorio de la Parte exportadora. Cada una de las Partes promoverá la aplicación de la certificación electrónica y otras tecnologías para facilitar el comercio.
 Artículo SPS.7: Condiciones y procedimientos de importación
 1.Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de cada una de las Partes con arreglo al Acuerdo MSF y el presente capítulo, las condiciones de importación de la Parte importadora se aplicarán de forma coherente a todo el territorio de la Parte exportadora.
 2.La Parte exportadora velará por que los productos exportados a la otra Parte, como animales y productos de origen animal, vegetales y productos vegetales, u otros objetos conexos, cumplan los requisitos MSF de la Parte importadora.
 3.La Parte importadora podrá exigir que las importaciones de productos concretos estén sujetas a autorización. Dicha autorización se concederá cuando la solicitud sea presentada por la autoridad competente pertinente de la Parte exportadora que demuestre de manera objetiva, a satisfacción de la Parte importadora, que se cumplen los requisitos de autorización de la Parte importadora. La autoridad competente pertinente de la Parte exportadora podrá presentar una solicitud de autorización con respecto a todo el territorio de la Parte exportadora. La Parte importadora concederá dichas solicitudes sobre esa base, cuando se cumplan los requisitos de autorización de la Parte importadora según se establece en el presente apartado.
 4.La Parte importadora no introducirá requisitos de autorización que sean adicionales a aquellos que se aplican al final del período transitorio, salvo que la aplicación de dichos requisitos a otros productos esté justificada para reducir un riesgo importante para la salud humana, animal o vegetal.
 5.La Parte importadora establecerá y comunicará a la otra Parte las condiciones de importación para todos los productos. La Parte importadora velará por que sus condiciones de importación se apliquen de manera proporcionada y no discriminatoria.
 6.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 7, del Acuerdo MSF, en el caso de productos u otros objetos conexos que susciten preocupación en materia fitosanitaria, las condiciones de importación se limitarán a medidas para proteger frente a plagas reglamentadas de la Parte importadora y se aplicarán a todo el territorio de la Parte exportadora.
 7.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 3, en el caso de solicitudes de autorización de importación de un producto específico en las que la Parte exportadora haya solicitado que se examine solo una parte o determinadas partes de su territorio (en el caso de la Unión, los Estados miembros individuales), la Parte importadora procederá sin demora al examen de dicha solicitud. Cuando la Parte importadora reciba solicitudes con respecto al producto específico de más de una parte de la Parte exportadora, o, cuando se reciban más solicitudes con respecto a un producto que ya haya sido autorizado, la Parte importadora agilizará la culminación del procedimiento de autorización, teniendo en cuenta el régimen MSF idéntico o similar aplicable en las distintas partes de la Parte exportadora.
 8.Cada Parte velará por que todos los procedimientos de control, inspección y aprobación de MSF se inicien y culminen sin demoras indebidas. Los requisitos de información se limitarán a lo necesario para que en el proceso de aprobación se tenga en cuenta la información que ya está disponible en la Parte importadora, por ejemplo, sobre el marco legislativo y los informes de auditoría de la Parte exportadora.
 9.Salvo en circunstancias debidamente justificadas relacionadas con su nivel de protección, cada una de las Partes concederá un período transitorio entre la publicación de un cambio en sus procedimientos de aprobación y su aplicación para que la otra Parte se familiarice con dichos cambios y se adapte a ellos. Cada una de las Partes no prolongará de forma indebida el proceso de aprobación de las solicitudes presentadas antes de la publicación de los cambios.
 10.En relación con los procesos establecidos en los apartados 3 a 8, se adoptarán las siguientes medidas:
 (a)tan pronto como la Parte importadora haya concluido su evaluación de forma positiva, esta adoptará con rapidez todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para que el comercio pueda producirse sin demoras indebidas;
 (b)la Parte exportadora:
 (I)facilitará toda la información pertinente que pida la Parte importadora; y
 (II)dará un acceso razonable a la Parte importadora para realizar auditorías y otros procedimientos pertinentes.
 (c)La parte importadora establecerá una lista de plagas reglamentadas para productos, u otros objetos conexos, que susciten preocupación en materia fitosanitaria. Dicha lista incluirá:
 (I)las plagas consideradas ausentes de todas las zonas de su territorio;
 (II)las plagas consideradas presentes en su territorio y bajo control oficial;
 (III)las plagas consideradas presentes en partes de su territorio y para las que se establecen zonas libres de plagas o zonas protegidas; y
 (IV)las plagas no cuarentenarias consideradas presentes en su territorio y bajo control oficial para simientes y plantones específicos.
 11.La Parte importadora aceptará los envíos sin exigir que la Parte importadora verifique el cumplimiento de esos envíos antes de su salida del territorio de la Parte exportadora.
 12.Las Partes podrán cobrar tasas con el fin de cubrir los costes incurridos para realizar los controles fronterizos específicos para las MSF, que no deberán exceder de la recuperación de los costes.
 13.La Parte importadora tendrá derecho a efectuar controles de importación de los productos importados de la Parte exportadora con el fin de garantizar el cumplimiento de sus requisitos de importación en materia de MSF.
 14.Los controles de importación efectuados en los productos importados procedentes de la Parte exportadora se basarán en el riesgo sanitario y fitosanitario relacionado con dichas importaciones. Los controles de las importaciones se efectuarán únicamente en la medida necesaria para proteger la vida y la salud de las personas, de los animales o de los vegetales, sin demoras indebidas y con un efecto mínimo para el comercio entre las Partes.
 15.La Parte importadora, a petición de la Parte exportadora, facilitará información sobre el porcentaje de productos de la Parte exportadora controlados en el momento de la importación.
 16.En caso de que de los controles de las importaciones se desprenda un incumplimiento de las condiciones de importación pertinentes, la medida adoptada por la Parte importadora deberá basarse en la evaluación del riesgo correspondiente y no será más restrictiva de lo necesario con el comercio para lograr un nivel adecuado de protección en materia de MSF de la Parte.
 Artículo SPS.8: Listas de establecimientos autorizados
 1.Siempre que esté justificado, la Parte importadora podrá mantener una lista de establecimientos autorizados que cumplan sus requisitos de importación como condición para permitir las importaciones de productos animales procedentes de dichos establecimientos.
 2.A menos que esté justificado para reducir un riesgo importante para la salud humana o animal, las listas de establecimientos autorizados solo se exigirán respecto de los productos para los que se exigían al final del período transitorio.
 3.La Parte exportadora informará a la Parte importadora de su lista de establecimientos que cumplen las condiciones de la Parte importadora, que se basará en las garantías proporcionadas por la Parte exportadora.
 4.A petición de la Parte exportadora, la Parte importadora aprobará los establecimientos que estén situados en el territorio de la Parte exportadora sobre la base de las garantías proporcionadas por la Parte exportadora, sin inspección previa de los establecimientos individuales.
 5.A menos que la Parte importadora solicite información adicional y con sujeción a las garantías proporcionadas por la Parte exportadora, la Parte importadora adoptará las medidas legislativas o administrativas necesarias, de conformidad con sus procedimientos jurídicos aplicables, para permitir las importaciones procedentes de dichos establecimientos sin demoras indebidas.
 6.La Parte importadora pondrá la lista de los establecimientos autorizados a disposición del público.
 7.Cuando la Parte importadora decida rechazar la solicitud de la Parte exportadora de aceptar la inclusión de un establecimiento en la lista de establecimientos autorizados, informará sin demora a la Parte exportadora y presentará una respuesta, que incluirá información sobre los incumplimientos que dieron lugar al rechazo de la autorización del establecimiento.
 Artículo SPS.9: Transparencia e intercambio de información
 1.Cada una de las Partes perseguirá la transparencia en lo que respecta a las MSF aplicables al comercio y, a esos efectos, adoptará las siguientes medidas:
 a) comunicar sin demora a la otra Parte cualquier cambio en sus medidas sanitarias y fitosanitarias y en sus procedimientos de autorización, en particular los cambios que puedan afectar a su capacidad para cumplir los requisitos de importación relativos a las medidas sanitarias y fitosanitarias de la otra Parte para determinados productos;
 b) aumentar la comprensión mutua de las MSF de cada una de las Partes y de su aplicación;
 c) intercambiar información con la otra Parte sobre cuestiones relacionadas con la elaboración y la aplicación de las MSF, incluida la evolución de nuevas pruebas científicas disponibles que afecten o puedan afectar al comercio entre las Partes, con objeto de minimizar los efectos comerciales negativos;
 d) a petición de la otra Parte, comunicar las condiciones aplicables a la importación de productos específicos en un plazo de veinte días hábiles;
 e) a petición de la otra Parte, comunicar la situación del procedimiento de autorización de productos específicos en un plazo de veinte días hábiles;
 f) comunicar a la otra Parte todo cambio significativo en la estructura o la organización de la autoridad competente de una Parte;
 g) previa solicitud, comunicar los resultados de un control oficial de una Parte y un informe sobre los resultados del control llevado a cabo;
 h) previa solicitud, comunicar los resultados de un control de importación realizado en caso de rechazo o incumplimiento de un envío; y
 i) previa solicitud, comunicar, sin demora indebida, una evaluación de riesgos o un dictamen científico producido por una Parte que sea pertinente para este capítulo.
 2.Cuando una Parte haya facilitado la información prevista en el apartado 1 mediante notificación al Registro Central de Notificaciones de la OMC o al organismo internacional de normalización competente, de conformidad con sus normas pertinentes, se cumplirán los requisitos del apartado 1, en la medida en que se apliquen a dicha información.
 Artículo SPS.10: Adaptación a las condiciones regionales
 1.Las Partes reconocerán el concepto de zonas libres de enfermedades o plagas, zonas protegidas y zonas de escasa prevalencia de enfermedades o plagas y lo aplicarán en el comercio entre las Partes, de conformidad con el Acuerdo MSF, en particular las directrices para fomentar la aplicación práctica del artículo 6 del Acuerdo MSF (Decisión G/SPS/48 del Comité MSF de la OMC) y las recomendaciones, normas y directrices pertinentes de la OIE y la CIPF. El Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias podrá definir estos procedimientos de forma más detallada, teniendo en cuenta las normas, directrices o recomendaciones pertinentes del Acuerdo MSF, de la OIE y de la CIPF.
 2.Las Partes también podrán acordar cooperar en relación con el concepto de compartimentalización en el sentido de los capítulos 4.4 y 4.5 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y los capítulos 4.1 y 4.2 de Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE.
 3.A la hora de establecer o mantener las zonas a que se refiere el apartado 1, las Partes considerarán factores tales como la ubicación geográfica, los ecosistemas, la vigilancia epidemiológica y la eficacia de los controles MSF.
 4.Con respecto a los animales y los productos de origen animal, cuando se establezcan o mantengan las condiciones de importación a petición de la Parte exportadora, la Parte importadora reconocerá las zonas libres de enfermedades establecidas por la Parte exportadora como base para el análisis en el proceso de determinación de la autorización o el mantenimiento de la importación, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 8 y 9.
 5.La Parte exportadora identificará las partes de su territorio a que hace referencia el apartado 4 y, si se le solicita, proporcionará una explicación completa y datos de apoyo según las normas de la OIE u otras formas establecidas por el Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias sobre la base del conocimiento adquirido a través de la experiencia de las autoridades pertinentes de la Parte exportadora.
 6.Por lo que respecta a los vegetales, los productos vegetales y otros objetos conexos, a la hora de establecer o mantener condiciones fitosanitarias de importación, previa solicitud de la Parte exportadora, la Parte importadora deberá reconocer las zonas libres de plagas, los centros de producción libres de plagas, los sitios de producción libres de plagas, las zonas de escasa prevalencia de plagas y las zonas protegidas que haya establecido la Parte exportadora como base para el análisis en el proceso de determinación de la autorización o el mantenimiento de la importación, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 8 y 9.
 7.La Parte exportadora determinará sus zonas libres de plagas, lugares de producción libres de plagas, centros de producción libres de plagas, zonas de escasa prevalencia de plagas o zonas protegidas. A petición de la Parte importadora, la Parte exportadora dará una explicación completa y datos justificativos basados en las Normas Internacionales para medidas fitosanitarias desarrolladas en el marco de la CIPF, o en otras formas establecidas por el Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias sobre la base de los conocimientos adquiridos gracias a la experiencia de las autoridades fitosanitarias pertinentes de la Parte exportadora.
 8.Las partes reconocerán las zonas libres de enfermedad y las zonas protegidas implantadas al final del período transitorio.
 9.El apartado 8 también se aplicará a las adaptaciones posteriores de las zonas libres de enfermedad y las zonas protegidas (en el caso de las zonas libres de plagas del Reino Unido), salvo en casos de cambios significativos en las situaciones de enfermedad o plaga.
 10.Las Partes podrán llevar a cabo auditorías y comprobaciones de conformidad con el artículo 11 para aplicar los apartados 4 a 9 del presente artículo.
 11.Las Partes establecerán una estrecha cooperación con el objetivo de mantener la confianza en los procedimientos relativos al establecimiento de zonas libres de enfermedades o plagas, lugares de producción libres de plagas, centros de producción libres de plagas y zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades y zonas protegidas, con el fin de reducir al mínimo la perturbación del comercio.
 12.La Parte importadora basará su propia determinación de la situación zoosanitaria o fitosanitaria de la Parte exportadora o de partes de la misma en la información facilitada por la Parte exportadora de conformidad con las normas del Acuerdo MSF, la OIE y la CIPF, y tomará en consideración toda determinación efectuada por la Parte exportadora.
 13.Cuando la Parte importadora no acepte la determinación efectuada por la Parte exportadora a que se hace referencia en el apartado 12 del presente artículo, la Parte importadora justificará y explicará de manera objetiva a la Parte exportadora los motivos de dicho rechazo y, previa petición, mantendrá consultas, conforme al artículo MSF 12, apartado 2.
 14.Cada una de las Partes garantizará que las obligaciones que se establecen en los apartados 4 a 9, 12 y 13 se lleven a cabo sin demora indebida. La Parte importadora agilizará el reconocimiento de la situación de enfermedad o plaga después de la recuperación tras un brote.
 15.Cuando una Parte considere que una región específica tiene un estatus especial con respecto a una enfermedad específica y que cumple los criterios previstos en el capítulo 1.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE o en el capítulo 1.2 del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE, podrá solicitar el reconocimiento de este estatus. La Parte importadora podrá solicitar garantías adicionales respecto a la importación de animales vivos y de productos de origen animal acordes con el estatus zoosanitario reconocido.
 Artículo SPS.11: Auditorías y comprobaciones
 1.La Parte importadora podrá realizar auditorías y comprobaciones de los siguientes sistemas:
 (a)la totalidad o parte del sistema de inspección y certificación de la Parte exportadora;
 (b)los resultados de los controles efectuados en el marco del sistema de inspección y certificación de la Parte exportadora.
 2.Las Partes llevarán a cabo estas auditorías y comprobaciones de conformidad con las disposiciones del Acuerdo MSF, teniendo en cuenta las normas, directrices y recomendaciones internacionales pertinentes del Codex Alimentarius, la OIE o la CIPF.
 3.A los efectos de llevar a cabo dichas auditorías y comprobaciones, la Parte importadora podrá realizar auditorías y comprobaciones mediante solicitudes de información de la Parte exportadora o visitas de auditoría y comprobación a la Parte exportadora, que podrán incluir:
 (a)una evaluación total o parcial del programa de control de las autoridades responsables que incluya, cuando proceda, revisiones de las actividades de auditoría reglamentaria e inspección;
 (b)controles sobre el terreno; y
 (c)la recopilación de información y datos para evaluar las causas de los problemas recurrentes o incipientes en relación con las exportaciones de productos.
 4.La Parte importadora deberá compartir con la Parte exportadora los resultados y las conclusiones de las auditorías y las comprobaciones efectuadas con arreglo al apartado 1. La Parte importadora podrá hacer públicos estos resultados.
 5.Antes del inicio de una auditoría o comprobación, las Partes debatirán los objetivos y el alcance de la auditoría o la comprobación, los criterios o los requisitos con respecto a los cuales se evaluará a la Parte exportadora, y el itinerario y los procedimientos para llevar a cabo la auditoría o la comprobación, que se establecerán en un plan de auditoría o comprobación. Salvo que las Partes lo acuerden de otro modo, la Parte importadora proporcionará a la Parte exportadora un plan de auditoría o comprobación como mínimo treinta días antes del comienzo de la auditoría o la comprobación.
 6.La Parte importadora ofrecerá a la Parte exportadora la oportunidad de formular observaciones acerca del proyecto de informe de la auditoría o la comprobación. La Parte importadora proporcionará un informe final por escrito a la Parte exportadora, por lo general en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de dichas observaciones.
 7.Cada una de las Partes correrá con sus propios gastos en relación con dicha auditoría o comprobación.
 Artículo SPS.12: Notificación y consultas
 1.Una Parte notificará a la otra Parte, sin dilación indebida:
 a) un cambio significativo en la situación relativa a las plagas o enfermedades;
 b) la aparición de una nueva enfermedad animal;
 c) una constatación de importancia epidemiológica con respecto a una enfermedad animal;
 d) un problema importante en materia de seguridad alimentaria detectado por una Parte;
 e) las normas suplementarias que rebasen los requisitos básicos de sus respectivas MSF, adoptadas con el objeto de controlar o erradicar enfermedades de los animales o de proteger la salud humana, así como cualquier cambio en las políticas de prevención, incluidas las de vacunación;
 f) previa solicitud, los resultados de un control oficial de una Parte y un informe sobre los resultados del control llevado a cabo; y
 g) todo cambio significativo relativo a las funciones de un sistema o base de datos.
 2.Si una Parte tiene una preocupación importante relacionada con la seguridad de los alimentos, la fitosanidad, la salud animal, o con una MSF que la otra Parte haya propuesto o aplicado, dicha Parte podrá solicitar la celebración de consultas técnicas con la otra Parte. La Parte requerida debe responder a la solicitud sin demora indebida. Cada una de las Partes procurará aportar toda la información necesaria para evitar perturbaciones del comercio y, en su caso, llegar a una solución aceptable para ambas partes.
 3.Las consultas a que hace referencia el apartado 2 podrán celebrarse mediante conferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación que las Partes hayan acordado mutuamente.
 Artículo SPS.13: Medidas de emergencia
 1.Si la Parte importadora considera que existe un riesgo grave para la vida y la salud de las personas, los animales o las plantas, podrá adoptar, sin notificación previa, las medidas necesarias para la protección de la vida y la salud de las personas, los animales o las plantas. En lo que se refiere a los envíos en situación de tránsito entre las Partes, la Parte importadora considerará la solución más conveniente y proporcionada para evitar perturbaciones del comercio innecesarias.
 2.La Parte que adopte las medidas, notificará a la otra Parte una MSF de emergencia tan pronto como sea posible tras su decisión de aplicar dicha medida y, a más tardar, en un plazo de veinticuatro horas a partir de la adopción de la decisión. Si una Parte solicita consultas técnicas para abordar la MSF de emergencia, las consultas técnicas deberán celebrarse en un plazo de diez días a partir de la notificación de la MSF de emergencia. Las Partes tomarán en consideración toda la información facilitada durante las consultas técnicas. Estas consultas se llevarán a cabo para evitar perturbaciones del comercio innecesarias. Las Partes podrán contemplar opciones para facilitar la aplicación o la sustitución de las medidas.
 3.La Parte importadora considerará de una manera oportuna la información facilitada por la Parte exportadora al tomar su decisión con respecto a los envíos que, en el momento de la adopción de la MSF de emergencia, se estén transportando entre las Partes con el fin de evitar perturbaciones del comercio innecesarias.
 4.La Parte importadora velará por que toda medida de emergencia adoptada sobre la base a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no se mantenga sin evidencia científica o, en los casos en los que la evidencia científica sea insuficiente, se adopte de conformidad con el artículo 5, apartado 7, del Acuerdo MSF.
 Artículo: SPS.14: Foros internacionales multilaterales
 Las Partes acuerdan cooperar en los foros internacionales multilaterales sobre la elaboración de normas, directrices y recomendaciones internacionales en los ámbitos del presente capítulo.
 Artículo SPS.15: Aplicación y autoridades competentes
 1.A los efectos de la aplicación del presente capítulo, cada Parte tendrá en cuenta todo lo siguiente:
 (a)las decisiones del Comité MSF de la OMC;
 (b)la labor de los organismos internacionales de normalización pertinentes;
 (c)todo conocimiento y experiencia previa que tenga en el comercio con la Parte exportadora; y
 (d)la información proporcionada por la otra Parte.
 2.Las Partes se proporcionarán, sin demora, una descripción de las autoridades competentes de las Partes para la aplicación del presente capítulo. Las Partes se notificarán mutuamente cualquier cambio significativo relativo a dichas autoridades competentes.
 3.Cada una de las Partes velará por que sus autoridades competentes cuenten con los recursos necesarios para aplicar de manera efectiva el presente capítulo.
 Artículo SPS.16: Cooperación en materia de bienestar de los animales
 1.Las Partes reconocen que los animales son seres sintientes. También reconocen la conexión entre la mejora del bienestar de los animales y los sistemas sostenibles de producción de alimentos.
 2.Las Partes se comprometen a cooperar en los foros internacionales para promover el desarrollo de las mejores prácticas de bienestar animal posibles y su aplicación. En particular, las Partes cooperarán para reforzar y ampliar el alcance de las normas de bienestar animal de la OIE, así como su aplicación, con una atención particular a los animales de granja.
 3.Las Partes intercambiarán información, conocimientos técnicos y experiencias en el ámbito del bienestar animal, en particular los relativos a la cría, el mantenimiento, la manipulación, el transporte y el sacrificio de los animales destinados a la producción de alimentos.
 4.Las Partes reforzarán su cooperación en materia de investigación en el ámbito del bienestar animal en relación con la cría y el tratamiento de los animales en las granjas, durante el transporte y el sacrificio.
 Artículo SPS.17: Cooperación en materia de resistencia a los antimicrobianos
 1.Las Partes proporcionarán un marco para el diálogo y la cooperación con vistas a reforzar la lucha contra el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos.
 2.Las Partes reconocen que la resistencia a los antimicrobianos constituye una amenaza grave para la salud humana y animal. El uso indebido de antimicrobianos en la producción animal, en particular el uso no terapéutico, puede contribuir a la resistencia a los antimicrobianos, que puede representar un riesgo para la vida humana. Las Partes reconocen que la naturaleza de la amenaza requiere un concepto de «Una sola salud» y transnacional.
 3.Con vistas a combatir la resistencia a los antimicrobianos, las Partes tratarán de cooperar a escala internacional con programas de trabajo regionales o multilaterales para reducir el uso innecesario de antibióticos en la producción animal y para trabajar por el cese del uso de antibióticos como estimulantes del crecimiento en todo el mundo con el fin de combatir la resistencia a los antimicrobianos, en consonancia con el concepto de «Una sola salud», y de conformidad con el Plan de Acción Global.
 4.Las Partes colaborarán en la elaboración de directrices, normas, recomendaciones y acciones internacionales en las organizaciones internacionales pertinentes con el fin de promover el uso prudente y responsable de los antibióticos en la ganadería y en las prácticas veterinarias.
 5.El diálogo a que se refiere el apartado 1 abarcará, entre otros:
 (a)la colaboración para el seguimiento de las directrices, normas, recomendaciones y acciones existentes y futuras elaboradas en las organizaciones internacionales pertinentes, las iniciativas existentes y futuras, y los planes nacionales destinados a promover el uso prudente y responsable de los antibióticos y en relación con la producción animal y las prácticas veterinarias;
 (b)la colaboración para aplicar las recomendaciones de la OIE, la OMS y el Codex, en particular el documento CAC-RCP61/2005;
 (c)el intercambio de información sobre buenas prácticas agrícolas;
 (d)la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo;
 (e)la promoción de enfoques multidisciplinarios para combatir la resistencia a los antimicrobianos, incluido el concepto «Una sola salud» de la OMS, la OIE y el Codex Alimentarius.
 Artículo SPS.18: Sistemas alimentarios sostenibles
 Cada una de las Partes alentará a sus servicios de seguridad de los alimentos y de sanidad animal y vegetal a cooperar con sus contrapartes de la otra Parte con el fin de promover métodos de producción de alimentos y sistemas alimentarios sostenibles.
 Artículo SPS.19: Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
 El Comité Especializado en Comercio en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias supervisará la aplicación y la ejecución del presente capítulo y desempeñará las siguientes funciones:
 a) clarificar y tratar rápidamente, en la medida de lo posible, toda cuestión que plantee una Parte en relación con la elaboración, la adopción o la aplicación de recomendaciones, normas y requisitos sanitarios y fitosanitarios con arreglo al presente capítulo y al Acuerdo MSF;
 b) debatir los procesos en curso sobre el desarrollo de nuevos reglamentos;
 c) debatir lo antes posible las inquietudes planteadas por una Parte con respecto a las condiciones y los procedimientos de importación MSF aplicados por la otra Parte;
 d) revisar con regularidad las medidas MSF de las Partes, incluidos los requisitos de certificación y los procesos de despacho fronterizo, y su aplicación, con vistas a facilitar el comercio entre las Partes, de conformidad con los principios, los objetivos y los procedimientos establecidos en el artículo 5 del Acuerdo MSF. Cada Parte determinará las medidas apropiadas que adoptará, incluso en relación con la frecuencia de los controles de identidad y físicos, teniendo en cuenta los resultados de esta revisión y sobre la base de los criterios previstos en el ANEXO SPS-1: los criterios a que se hace referencia en la letra d) del artículo SPS.19.
 e)
 intercambiar puntos de vista, información y experiencias en relación con las actividades de cooperación en materia de protección del bienestar animal y lucha contra la resistencia a los antimicrobianos llevadas a cabo en el marco de los artículos SPS. 16 y 17;
 f) a petición de una Parte, considerar qué constituye un cambio significativo en la situación de enfermedad o plaga a que se refiere al artículo SPS 10, apartado 9;
 g) adoptar decisiones para:
 (I)añadir las definiciones contempladas en el artículo 3, apartado 3;
 (II)definir los casos concretos a que se refiere el artículo SPS 6, apartado 2;
 (III)definir los detalles de los procedimientos a que se refiere el artículo SPS 10, apartado 1;
 (IV)establecer otras formas de respaldar las explicaciones a que se refiere el artículo SPS 10, apartados 5 y 7.
 Capítulo 4: Obstáculos técnicos al comercio
 Artículo TBT.1: Objetivo
 El objetivo del presente capítulo es facilitar el comercio de mercancías entre las Partes mediante la prevención, la identificación y la eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio.
 Artículo TBT.2: Ámbito de aplicación
 1.El presente capítulo se aplica a la elaboración, la adopción y la aplicación de todas las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad que puedan afectar al comercio de mercancías entre las Partes.
 2.El presente capítulo no se aplica a:
 (a)las especificaciones de compra elaboradas por los organismos gubernamentales para los requisitos de producción o consumo de dichos organismos; o
 (b)las MSF que entran en el ámbito de aplicación del capítulo 3 [Medidas sanitarias y fitosanitarias].
 3.Los anexos del presente capítulo se aplican, con respecto a los productos incluidos en su ámbito de aplicación, además del presente capítulo. Ninguna disposición de un anexo del presente capítulo, en el sentido de que una norma u organismo internacional deba considerarse o reconocerse como pertinente, impide que una norma elaborada por cualquier otro organismo u organización sea considerada una norma internacional pertinente con arreglo al artículo TBT.4, apartados 4 y 5.
 Artículo TBT.3: Relación con el Acuerdo OTC
 1.Los artículos 2 a 9 y los anexos 1 y 3 del Acuerdo OTC se incorporan al presente Acuerdo y se convierten en parte de este mutatis mutandis.
 2.Los términos a que hace referencia el presente capítulo y sus anexos tendrán el mismo significado que tienen en el Acuerdo OTC.
 Artículo TBT.4: Reglamentos técnicos
 1.Cada Parte llevará a cabo evaluaciones de impacto de los reglamentos técnicos planificados de conformidad con sus respectivas reglas y procedimientos. Las reglas y procedimientos a que se refiere el presente apartado y el apartado 8 podrán establecer excepciones.
 2.Cada una de las Partes evaluará las alternativas regulatorias y no regulatorias disponibles para el reglamento técnico propuesto que puedan cumplir los objetivos legítimos de la Parte, de conformidad con el Artículo 2.2 del Acuerdo OTC.
 3.Cada una de las Partes utilizará las normas internacionales pertinentes como base para sus reglamentos técnicos, excepto cuando pueda demostrar que dichas normas internacionales serían un medio ineficaz o inadecuado para el cumplimiento de los objetivos legítimos perseguidos.
 4.Las normas internacionales elaboradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión del Codex Alimentarius (Codex) serán las normas internacionales pertinentes en el sentido de los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo OTC.
 5.Una norma elaborada por otras organizaciones internacionales también podría considerarse una norma internacional pertinente en el sentido de los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo OTC, siempre que:
 a)
 haya sido elaborada por un organismo de normalización que pretenda llegar a un consenso:
 (I)entre las delegaciones nacionales de los miembros participantes de la OMC que representen a todos los organismos nacionales de normalización de su territorio que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, normas para el asunto al que se refiera la actividad internacional de normalización, o
 (II)entre los organismos gubernamentales de los miembros participantes de la OMC, y
 b)
 se haya elaborado de conformidad con la Decisión relativa a los principios para el desarrollo de normas, guías y recomendaciones internacionales del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, en relación con los artículos 2 y 5 y el anexo 3 del Acuerdo OTC
 4
 .
 6.Cuando una Parte no utilice normas internacionales como base para un reglamento técnico, deberá, a petición de la otra Parte, identificar las desviaciones sustanciales de la norma internacional pertinente, explicar los motivos por los que dichas normas se consideraron inapropiadas o ineficaces en relación con el objetivo perseguido y proporcionar los datos científicos o técnicos en los que se base esa evaluación.
 7.Cada una de las Partes revisará sus reglamentos técnicos con el fin de aumentar la convergencia de dichos reglamentos técnicos con las normas internacionales pertinentes, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las novedades respecto de las normas internacionales pertinentes o los cambios en las circunstancias que hayan dado lugar a la divergencia con respecto a cualquier norma internacional pertinente.
 8.De conformidad con sus respectivas normas y procedimientos y sin perjuicio de lo dispuesto en el título X [Buenas prácticas reguladoras y cooperación reglamentaria], cuando se elaboren reglamentos técnicos importantes que puedan tener un efecto significativo en el comercio, cada una de las Partes velará por que existan procedimientos que permitan a las personas expresar su opinión en una consulta pública, salvo cuando se planteen o se puedan plantear problemas urgentes en materia de seguridad, salud, medio ambiente o seguridad nacional. Cada una de las Partes permitirá que personas de la otra Parte participen en dichas consultas en términos no menos favorables que los acordados a sus propios nacionales y hará públicos los resultados de esas consultas.
 Artículo TBT.5: Normas
 1.Cada una de las Partes alentará a los organismos de normalización establecidos en su territorio, así como a los organismos regionales de normalización de los que una Parte o los organismos de normalización establecidos en su territorio sean miembros a que:
 (a)participen, dentro de los límites de sus recursos, en la elaboración de normas internacionales por los organismos internacionales de normalización pertinentes;
 (b)utilicen las normas internacionales pertinentes como base de las normas que elaboren, excepto cuando dichas normas internacionales resulten ineficaces o inadecuadas, por ejemplo, debido a un nivel insuficiente de protección, a factores climáticos o geográficos esenciales o a problemas tecnológicos fundamentales;
 (c)eviten duplicaciones o solapamientos con el trabajo de los organismos internacionales de normalización;
 (d)revisen periódicamente las normas nacionales y regionales que no estén basadas en las normas internacionales pertinentes, para lograr un aumento de la convergencia de dichas normas con las normas internacionales pertinentes;
 (e)cooperen con los organismos de normalización pertinentes de la otra Parte en actividades internacionales de normalización, incluso mediante la cooperación en los organismos de normalización internacionales o a escala regional;
 (f)fomenten la cooperación bilateral con los organismos de normalización de la otra Parte; e
 (g) intercambien información entre organismos de normalización.
 2.
 Las Partes intercambiarán información sobre:
 (a)su respectivo uso de las normas en apoyo de los reglamentos técnicos; y
 (b)sus respectivos procesos de normalización y sobre el grado en el que utilizan las normas internacionales, regionales o subregionales como base para sus normas nacionales.
 3.
 Cuando las normas se hagan obligatorias en un proyecto de reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de la conformidad, mediante su incorporación o referencia, se aplicarán las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo TBT.7 [Transparencia] y en los artículos 2 o 5 del Acuerdo OTC.
 Artículo TBT.6: Evaluación de la conformidad
 1.El artículo TBT.4 [Reglamentos técnicos] relativo a la preparación, adopción y aplicación de reglamentos técnicos se aplicará también, mutatis mutandis, a los procedimientos de evaluación de la conformidad.
 2.Cuando una Parte exija la evaluación de la conformidad como garantía positiva de que un producto es conforme a un reglamento técnico, esta deberá:
 (a)seleccionar procedimientos de evaluación de la conformidad que sean proporcionados a los riesgos que entrañe, según se determine sobre la base de una evaluación de riesgos;
 (b)considerar como prueba del cumplimiento de los reglamentos técnicos el uso de la declaración de conformidad del proveedor, es decir, una declaración de conformidad emitida por el fabricante bajo su exclusiva responsabilidad sin una evaluación obligatoria por terceros como garantía de conformidad entre las opciones para demostrar el cumplimiento de los reglamentos técnicos;
 (c)cuando lo solicite la otra Parte, facilitar información sobre los criterios utilizados para seleccionar los procedimientos de evaluación de la conformidad para productos específicos.
 3.Cuando una Parte exija una evaluación de la conformidad por terceros como garantía positiva de que un producto se ajusta a un reglamento técnico y no haya reservado esta tarea a una autoridad gubernamental según lo especificado en el apartado 4, esta deberá:
 (a)usar la acreditación, según proceda, como un medio para demostrar la competencia técnica que exigen los órganos de evaluación de la conformidad. Sin perjuicio de su derecho de establecer requisitos para los órganos de evaluación de la conformidad, cada una de las Partes reconoce el valioso papel que la acreditación operada con autoridad derivada del gobierno y con carácter no comercial puede desempeñar en la cualificación de los órganos de evaluación de la conformidad;
 (b)utilizar las normas internacionales pertinentes para la acreditación y la evaluación de la conformidad;
 (c)alentar a los organismos de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad situados en su territorio a que se adhieran a todo acuerdo o mecanismo internacional pertinente en vigor para armonizar o facilitar la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad;
 (d)en el caso de que una Parte autorice a dos o más organismos de evaluación de la conformidad a llevar a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad necesarios para la puesta en el mercado de un producto, garantizar que los operadores económicos puedan elegir entre los organismos de evaluación de la conformidad designados por las autoridades de una Parte para un determinado producto o conjunto de productos;
 (e)velar por que los organismos de evaluación de la conformidad sean independientes de los fabricantes, los importadores y los operadores económicos en general y por que no existan conflictos de interés entre los organismos de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad;
 (f)permitir que los organismos de evaluación de la conformidad utilicen subcontratistas para realizar pruebas o inspecciones en relación con la evaluación de la conformidad, en particular los subcontratistas situados en el territorio de la otra Parte, y podrán exigir a los subcontratistas que cumplan los mismos requisitos que debe cumplir el organismo de evaluación de la conformidad para efectuar él mismo dichas pruebas o inspecciones; y
 (g)publicar en un único sitio web una lista de los organismos que haya designado para realizar la evaluación de la conformidad y la información pertinente sobre el alcance de la designación de cada uno de esos organismos.
 4.
 Ninguna disposición del presente artículo será óbice para que una Parte exija que la evaluación de la conformidad en relación con productos específicos sea realizada por sus autoridades gubernamentales específicas. Si una Parte exige que la evaluación de la conformidad sea realizada por sus autoridades gubernamentales específicas, dicha Parte deberá:
 (a)limitar las tasas de evaluación de la conformidad al coste aproximado de los servicios prestados y, a petición de un solicitante de evaluación de la conformidad, explicará cómo las tasas que impone en relación con dicha evaluación de la conformidad se limitan al coste aproximado de los servicios prestados; y
 (b)publicar las tasas de evaluación de la conformidad.
 5.No obstante lo dispuesto en los apartados 2 a 4, cada una de las Partes aceptará la declaración de conformidad del proveedor como prueba del cumplimiento de sus reglamentos técnicos en las áreas de productos en que lo haga en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
 6.Cada una de las Partes publicará y mantendrá una lista de las áreas de productos a que se refiere el apartado 5, con carácter informativo, junto con las referencias a los reglamentos técnicos aplicables.
 7.No obstante lo dispuesto en el apartado 5, cualquiera de las Partes podrá establecer requisitos en materia de ensayos o certificación obligatorios por terceros para las áreas de productos a que se refiere dicho apartado, siempre que dichos requisitos estén justificados por objetivos legítimos y sean proporcionados respecto a la finalidad de ofrecer a la Parte importadora la confianza adecuada de que los productos son conformes a los reglamentos técnicos o normas aplicables, habida cuenta de los riesgos que crearía la no conformidad.
 8.La Parte que se proponga establecer los procedimientos de evaluación de la conformidad a que se refiere el apartado 7 lo notificará a la otra Parte en una fase temprana y tendrá en cuenta sus observaciones a la hora de elaborar dichos procedimientos de evaluación de la conformidad.
 Artículo TBT.7: Transparencia
 1.Salvo cuando se planteen o puedan plantearse problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional, cada una de las Partes permitirá que la otra Parte presente observaciones por escrito sobre los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos notificados en un plazo de, por lo menos, sesenta días a partir de la fecha de transmisión de la notificación de dichos reglamentos o procedimientos al Registro Central de Notificaciones de la OMC. Las Partes estudiarán con predisposición favorable toda solicitud razonable de ampliar ese plazo para formular observaciones.
 2.Cada una de las Partes proporcionará la versión electrónica de la totalidad del texto notificado junto con la notificación. En caso de que el texto notificado no esté en una de las lenguas oficiales de la OMC, la Parte notificante proporcionará una descripción completa y detallada del contenido de la medida en el formato de notificación de la OMC.
 3.Si una Parte recibe de la otra Parte observaciones por escrito sobre su propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad, esta deberá:
 (a)si lo solicita la otra Parte, comentar las observaciones por escrito con la participación de su autoridad de reglamentación competente, en un momento en que sea posible tenerlas en cuenta; y
 (b)responder por escrito a las observaciones a más tardar en la fecha de la publicación del reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad.
 4.Cada una de las Partes hará lo posible por publicar en un sitio web sus respuestas a las observaciones que reciba a raíz de la notificación a que hace referencia el apartado 1, a más tardar en la fecha de publicación del reglamento técnico o del procedimiento de evaluación de la conformidad adoptado.
 5.Cada una de las Partes, cuando así lo solicite la otra Parte, informará acerca de los objetivos, la base jurídica y la justificación de cualquier reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad que la Parte haya adoptado o proponga que sea adoptado.
 6.Cada una de las Partes velará por que los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad que haya adoptado se publiquen en un sitio web gratuito que sea accesible.
 7.Cada una de las Partes proporcionará información sobre la adopción y la entrada en vigor de los reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad y los textos definitivos adoptados mediante una adición a la notificación original a la OMC.
 8.Cada una de las Partes permitirá que transcurra un tiempo razonable entre la publicación de reglamentos técnicos y su entrada en vigor para que los operadores económicos de la otra Parte puedan adaptarse. Por «tiempo razonable» se entenderá un período de al menos seis meses, a menos que este período resulte ineficaz para el cumplimiento de los objetivos legítimos perseguidos.
 9.Una Parte estudiará con predisposición favorable una solicitud razonable de la otra Parte, recibida antes de que finalice el período de presentación de observaciones establecido en el apartado 1, de ampliar el plazo entre la adopción del reglamento técnico y su entrada en vigor, salvo que la demora sea ineficaz para el cumplimiento de los objetivos legítimos perseguidos.
 10.Cada una de las Partes garantizará que el servicio de información establecido de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo OTC proporcione información y respuestas en una de las lenguas oficiales de la OMC a preguntas razonables de la otra Parte o de personas interesadas de la otra Parte acerca de los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad adoptados.
 Artículo TBT.8: Marcado y etiquetado
 1.Los reglamentos técnicos de una Parte pueden incluir o abordar de forma exclusiva los requisitos de marcado o etiquetado obligatorios. En tales casos, se aplican a estos reglamentos técnicos los principios del artículo 2.2 del Acuerdo OTC.
 2.Cuando una Parte exija el marcado o etiquetado obligatorio de los productos, se aplicarán todas las condiciones siguientes:
 (a)requerirá únicamente información que sea pertinente para los consumidores o los usuarios del producto o información que indique que el producto es conforme con los requisitos técnicos obligatorios;
 (b)no exigirá ninguna aprobación, registro o certificación previos de las etiquetas o marcados de los productos, ni el desembolso de ninguna tasa como condición para la puesta en su mercado de productos que cumplan sus requisitos técnicos obligatorios, salvo que sea necesario a la luz de objetivos legítimos;
 (c)en caso de que la Parte exija el uso de un número de identificación único a los operadores económicos, expedirá dicho número a los operadores económicos de la otra Parte sin demoras indebidas y de forma no discriminatoria;
 (d)a menos que la información enumerada en los incisos i), ii) o iii) sea errónea, contradictoria o confusa en relación con la información que Parte importadora exija con respecto a las mercancías, la Parte importadora permitirá:
 (I)información en otros idiomas, además del idioma exigido en la Parte importadora de las mercancías;
 (II)nomenclaturas, pictogramas, símbolos o gráficos aceptados internacionalmente; e
 (III)información adicional a la exigida en la Parte importadora de las mercancías;
 (e)la Parte aceptará que el etiquetado, incluido un etiquetado complementario o correcciones del etiquetado, tenga lugar en depósitos aduaneros u otras zonas designadas en el país de importación como alternativa al etiquetado en el país de origen, salvo que dicho etiquetado deba ser efectuado por personas autorizadas por motivos de salud pública o de seguridad; y
 (f)salvo que considere que ello pondría en peligro los objetivos legítimos, procurará aceptar el uso de etiquetas no permanentes o extraíbles, o bien el marcado o el etiquetado en la documentación adjunta en lugar de exigir el marcado o etiquetas físicamente adheridos al producto.
 Artículo TBT.9: Cooperación en materia de vigilancia del mercado y seguridad y cumplimiento de los productos no alimentarios
 1.Las Partes reconocen la importancia de la cooperación en materia de vigilancia del mercado, cumplimiento y seguridad de los productos no alimentarios para facilitar el comercio y proteger a los consumidores y otros usuarios, así como la importancia de fomentar la confianza mutua sobre la base de la información compartida.
 2.Con el fin de garantizar el funcionamiento independiente e imparcial de la vigilancia del mercado, las Partes garantizarán lo siguiente:
 (a)la separación de las funciones de vigilancia del mercado de las funciones de evaluación de la conformidad; y
 (b)la ausencia de intereses que afecten a la imparcialidad de las autoridades de vigilancia del mercado para llevar a cabo su control o supervisión de los operadores económicos.
 3.Las Partes cooperarán e intercambiarán información en el ámbito de la seguridad y el cumplimiento de los productos no alimentarios, que, en particular, podrá incluir lo siguiente:
 (a)actividades y medidas de vigilancia del mercado y de aplicación de la legislación;
 (b)métodos de evaluación de riesgos y ensayos de productos;
 (c)recuperaciones coordinadas de productos u otras acciones similares;
 (d)cuestiones científicas, técnicas y reglamentarias, con el fin de mejorar la seguridad y el cumplimiento de los productos no alimentarios;
 (e)cuestiones emergentes de gran importancia para la salud y la seguridad;
 (f)actividades relacionadas con la normalización;
 (g)intercambios de funcionarios.
 4.El Consejo de Asociación hará todo lo posible por establecer en el anexo TBT-XX, lo antes posible y preferiblemente en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, un acuerdo para el intercambio periódico de información entre el sistema de alerta rápida para los productos no alimentarios (RAPEX), o su sucesor, y la base de datos relativa a la vigilancia del mercado y la seguridad de los productos establecida en virtud de los Reglamentos sobre la seguridad general de los productos de 2005, o su sucesora, en relación con la seguridad de los productos no alimentarios y las medidas preventivas, restrictivas y correctoras conexas.
 El acuerdo establecerá las modalidades con arreglo a las cuales:
 a) la Unión debe proporcionar al Reino Unido acceso a determinada información seleccionada de su sistema de alerta RAPEX, o de su sucesor, a que se refiere la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos o su sucesora;
 b) el Reino Unido debe proporcionar a la Unión Europea determinada información seleccionada de su base de datos relativa a la vigilancia del mercado y la seguridad de los productos establecida en virtud de los Reglamentos sobre la seguridad general de los productos de 2005, o su sucesora; y
 c) las Partes se informarán mutuamente sobre las acciones de seguimiento y las medidas adoptadas como consecuencia de la información intercambiada.
 5.El Consejo de Asociación podrá establecer en el anexo TBT-ZZ un acuerdo sobre el intercambio periódico de información, incluido el intercambio de información por medios electrónicos, sobre las medidas adoptadas en relación con los productos no alimentarios no conformes distintas de las contempladas en el apartado 4.
 6.Cada una de las Partes utilizará la información obtenida de conformidad con los apartados 3, 4 y 5 con el único propósito de proteger a los consumidores, la salud, la seguridad o el medio ambiente.
 7.Cada una de las Partes tratará la información obtenida en virtud de los apartados 3, 4 y 5 como confidencial.
 8.Los acuerdos mencionados en los apartados 4 y 5 especificarán el tipo de información que se intercambiará, las modalidades de intercambio y la aplicación de las normas de confidencialidad y de protección de datos personales. El Consejo de Asociación tendrá competencia para adoptar decisiones al objeto de determinar o modificar los acuerdos establecidos en los anexos TBT-XX y TBT-ZZ.
 9.A los efectos del presente artículo, se entenderá por «vigilancia del mercado» las actividades realizadas y las medidas adoptadas por las autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades encargadas de la aplicación, incluidas las actividades realizadas y las medidas adoptadas en cooperación con los operadores económicos, sobre la base de los procedimientos de una Parte para que esta pueda vigilar o abordar la seguridad de los productos o su cumplimiento de los requisitos establecidos en sus disposiciones legales y reglamentarias.
 10.Cada una de las Partes velará por que las medidas adoptadas por sus autoridades de vigilancia del mercado y las autoridades encargadas de la aplicación para recuperar o retirar del mercado, o para prohibir o restringir la disponibilidad en su mercado de un producto importado del territorio de la otra Parte, por razones relacionadas con el incumplimiento de la legislación aplicable, sean proporcionadas, indiquen sus fundamentos exactos y se comuniquen sin demora al operador económico pertinente.
 Artículo TBT.10: Debates técnicos
 1.
 Si una Parte considera que un proyecto o propuesta de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad de la otra Parte podría tener un efecto significativo en el comercio entre las Partes, podrá solicitar debates técnicos sobre el asunto. La solicitud se hará por escrito a la otra Parte y determinará:
 (a)la medida de que se trate;
 (b)las disposiciones del presente capítulo o del anexo del presente capítulo a que se refieren las preocupaciones; y
 (c)las razones de la solicitud, incluida una descripción de las preocupaciones de la Parte requirente respecto a la medida.
 2.Una Parte entregará su solicitud al punto de contacto de la otra Parte, designado de conformidad con el artículo TBT.12 [Puntos de contacto].
 3.A solicitud de cualquiera de las Partes, estas se reunirán para debatir sobre las preocupaciones planteadas en la solicitud, en persona o a través de videoconferencia o teleconferencia, en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de la solicitud y procurarán resolver el asunto tan rápidamente como sea posible. Si una Parte requirente considera que el asunto es urgente, podrá pedir la celebración de una reunión en un plazo más breve. En estos casos, la Parte requerida estudiará con predisposición favorable dicha solicitud.
 Artículo TBT.11: Cooperación
 1.Las Partes cooperarán en el ámbito de los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad cuando sirva al interés mutuo y sin perjuicio de la autonomía de sus propias facultades legales y de toma de decisiones respectivas. El Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio podrá intercambiar opiniones con respecto a las actividades de cooperación realizadas en virtud del presente artículo o de los anexos del presente capítulo.
 2.A los efectos del apartado 1, las Partes procurarán determinar, desarrollar y promover actividades de cooperación de interés mutuo. Estas actividades podrán estar relacionadas, en particular, con:
 (a)el intercambio de información, experiencia y datos en relación con los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad;
 (b)la garantía de la interacción y cooperación eficaces de sus respectivas autoridades reguladoras a escala internacional, regional o nacional;
 (c)el intercambio de información, en la medida de lo posible, sobre acuerdos y arreglos internacionales sobre obstáculos técnicos al comercio a los que se hayan adherido una o ambas Partes; y
 (d)el establecimiento de iniciativas de promoción del comercio o la participación en las mismas.
 3. A efectos del presente artículo y de las disposiciones sobre cooperación previstas en los anexos del presente capítulo, la Comisión Europea actuará en nombre de la Unión Europea.
 Artículo TBT.12: Puntos de contacto
 1.
 En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes designará un punto de contacto para la aplicación del presente capítulo y comunicará a la otra Parte los datos del punto de contacto, incluida la información sobre los funcionarios pertinentes. Las Partes se comunicarán con prontitud cualquier cambio relativo a dichos datos de contacto.
 2.
 El punto de contacto facilitará toda la información y las explicaciones solicitadas por el punto de contacto de la otra Parte en relación con la aplicación del presente capítulo en un plazo razonable y, a ser posible, dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.
 Artículo TBT.13: Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio
 El Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio supervisará la aplicación y el funcionamiento del presente capítulo y sus anexos y aclarará y abordará con prontitud, cuando sea posible, cualquier cuestión planteada por una Parte en relación con el desarrollo, la adopción o la aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad en virtud del presente capítulo o del Acuerdo OTC.
 Capítulo 5: Aduanas y facilitación del comercio
 Artículo CUSTMS.1: Objetivo
 Los objetivos del presente capítulo son:
 a) reforzar la cooperación entre las Partes en el ámbito de las aduanas y la facilitación del comercio y respaldar o mantener, en su caso, niveles adecuados de compatibilidad de su legislación y prácticas aduaneras con vistas a garantizar que la legislación y los procedimientos pertinentes, así como la capacidad administrativa de las administraciones competentes, cumplan los objetivos de promover la facilitación del comercio y, al mismo tiempo, aseguren la eficacia de los controles aduaneros y la aplicación de la legislación aduanera y las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el comercio, la adecuada protección de la seguridad de los ciudadanos, así como el respeto de las prohibiciones y las restricciones y los intereses financieros de las Partes;
 b) reforzar la cooperación administrativa entre las Partes en el ámbito del IVA y la asistencia mutua en materia de reclamaciones relacionadas con impuestos y derechos;
 c) garantizar que la legislación de cada una de las Partes no sea discriminatoria y que los regímenes aduaneros se basen en la utilización de métodos modernos y controles eficaces para luchar contra el fraude y promover el comercio legítimo; y
 d) asegurar que los objetivos legítimos de política pública, en particular en relación con la seguridad, la protección y la lucha contra el fraude, no se vean comprometidos en modo alguno.
 Artículo CUSTMS.1a: Definiciones
 A efectos del presente capítulo y del ANEXO CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados] y del Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia de adunas y del Protocolo sobre cooperación administrativa y lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos, se entenderá por:
 (a)«Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición»: el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, que figura en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;
 (b)«ATA y Convenios de Estambul»: el Convenio Aduanero relativo al Cuaderno ATA para la importación temporal de mercancías, hecho en Bruselas el 6 de diciembre de 1961, o el Convenio relativo a la Importación Temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990;
 (c)«Convenio relativo a un régimen común de tránsito»: el Convenio de 20 de mayo de 1987 sobre un procedimiento común de tránsito;
 (d)«Modelo de Datos Aduaneros de la OMA»: la biblioteca de componentes de datos y plantillas electrónicas para el intercambio de datos comerciales y la compilación de normas internacionales sobre datos e información utilizados en relación con la aplicación de la facilitación y los controles reglamentarios en el comercio mundial, publicadas por el Equipo de Proyecto del Modelo de Datos de la OMA cada cierto tiempo;
 (e)«legislación aduanera»: las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el territorio de cualquiera de las Partes que regulen la entrada o importación de mercancías, la salida o exportación de mercancías, el tránsito de mercancías y su inclusión en cualquier otro régimen o procedimiento aduanero, incluidas las medidas de prohibición, restricción y control;
 (f)«información»: cualquier dato, documento, imagen, informe, comunicación o copia autenticada, incluso en formato electrónico, esté o no tratado o analizado;
 (g)«persona»: toda persona tal como se define en el artículo OTH.1 [Definiciones], letra m), del título XVII [OTRAS DISPOSICIONES]
 5
 ;
 (h) «Marco SAFE»: el marco SAFE de normas para garantizar y facilitar el comercio mundial adoptado en la sesión de junio de 2005 de la Organización Mundial de Aduanas celebrada en Bruselas, con sus correspondientes modificaciones; y
 (i)«Acuerdo sobre facilitación del comercio de la OMC»: el Acuerdo sobre facilitación del comercio anexo al Protocolo de enmienda del Acuerdo de la OMC (Decisión de 27 de noviembre de 2014).
 Artículo CUSTMS.2: Cooperación aduanera
 1.Las autoridades competentes de las Partes cooperarán en materia aduanera para garantizar el logro de los objetivos establecidos en el artículo CUSTMS.1 [Objetivo], teniendo en cuenta los recursos de sus respectivas autoridades. A los efectos del presente título [Comercio de mercancías], se aplica el Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a la simplificación de formalidades en los intercambios de mercancías.
 2.Las Partes desarrollarán la cooperación, en particular en los siguientes ámbitos:
 (a)el intercambio de información en materia de legislación aduanera, la aplicación de la legislación aduanera y los regímenes aduaneros; en particular en los siguientes ámbitos:
 i) la simplificación y modernización de los regímenes aduaneros;
 ii) la facilitación de las operaciones de tránsito y transbordo;
 iii) las relaciones con la comunidad empresarial; y
 iv) la seguridad de la cadena de suministro y la gestión de riesgos;
 (b)el trabajo conjunto en aspectos aduaneros relacionados con la seguridad y la facilitación de la cadena de suministro comercial internacional de conformidad con el Marco SAFE;
 (c)el estudio de la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas relativas a la importación, la exportación y otros regímenes aduaneros, incluida la asistencia técnica, así como para garantizar un servicio eficaz a la comunidad empresarial;
 (d)el refuerzo de su cooperación en el ámbito de las aduanas en organizaciones internacionales como la OMC y la OMA, y el intercambio de información o la participación en debates con vistas a establecer, en la medida de lo posible, posiciones comunes en dichas organizaciones internacionales, así como en la UNCTAD y la CEPE;
 (e)el esfuerzo por armonizar sus necesidades de datos para la importación, la exportación y otros regímenes aduaneros mediante la aplicación de normas y elementos de datos comunes, de conformidad con el Modelo de Datos Aduaneros de la OMA;
 (f)la mejora de la cooperación en materia de técnicas de gestión de riesgos, en particular el intercambio de las mejores prácticas y, en su caso, de la información sobre riesgos y resultados de los controles. Cuando sea pertinente y adecuado, las Partes también podrán considerar el reconocimiento mutuo de las técnicas de gestión de riesgos, las normas sobre riesgos y los controles, así como las medidas de seguridad aduanera; las Partes también pueden considerar, en su caso, el desarrollo de criterios y normas de riesgo, medidas de control y áreas de control prioritarias compatibles;
 (g)el establecimiento del reconocimiento mutuo de los regímenes de operador económico autorizado para garantizar y facilitar el comercio;
 (h)la promoción de la cooperación entre las autoridades aduaneras y otras autoridades o agencias gubernamentales en relación con los regímenes de operador económico autorizado, que deberá conseguirse, entre otros, mediante el acuerdo de las normas más elevadas, la facilitación del acceso a los beneficios y la minimización de la duplicación innecesaria;
 (i)la observancia de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras, incluido el intercambio de información y de mejores prácticas en las operaciones aduaneras, con una atención particular a la observancia de los derechos de propiedad intelectual;
 (j)el mantenimiento de regímenes aduaneros compatibles, si procede y es posible hacerlo, incluida la aplicación de un documento administrativo único para la declaración en aduana; y
 (k)el intercambio, cuando sea pertinente y adecuado, mediante futuros acuerdos, de determinadas categorías de información relacionada con las aduanas entre las autoridades aduaneras de las Partes a través de una comunicación estructurada y periódica, a los efectos de mejorar la gestión de riesgos y la eficacia de los controles aduaneros, centrarse en las mercancías en situación de riesgo en lo que respecta a la recaudación de ingresos o la seguridad y facilitar el comercio legítimo; dichos intercambios podrán incluir los datos de declaraciones de exportación e importación sobre el comercio entre las Partes, con la posibilidad de explorar, por medio de iniciativas piloto, el desarrollo de mecanismos interoperables para evitar la duplicación en la presentación de dicha información. Los intercambios en virtud de este punto se realizarán sin perjuicio de los intercambios de información que puedan tener lugar entre las Partes, de conformidad con el Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas.
 3.Sin perjuicio de otras formas de cooperación previstas en el presente Acuerdo, las autoridades aduaneras de las Partes se prestarán asistencia administrativa mutua en las cuestiones contempladas en el presente capítulo, de conformidad con el Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas.
 4.Todo intercambio de información entre las Partes en virtud del presente capítulo estará sujeto a la confidencialidad y la protección de la información establecidas en el artículo 12 del Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia de aduanas [Intercambio de información y confidencialidad], mutatis mutandis, así como a cualquier requisito de confidencialidad establecido en la legislación de las Partes.
 Artículo CUSTMS.3: Legislación y regímenes aduaneros y otros relacionados con el comercio
 1.Cada una de las Partes se asegurará de que sus disposiciones y regímenes aduaneros:
 (a)sean compatibles con los instrumentos y normas internacionales aplicables en el ámbito de las aduanas y el comercio, en particular el Acuerdo sobre facilitación del comercio de la OMC, los elementos sustantivos del Convenio de Kyoto revisado para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, así como el Marco SAFE y el Modelo de Datos Aduaneros de la OMA;
 (b)garanticen la protección y la facilitación del comercio legítimo, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas comerciales mediante una aplicación efectiva, incluso en caso de infracción de sus disposiciones legales y reglamentarias, de elusión de derechos y contrabando, y mediante la garantía del cumplimiento de los requisitos legislativos;
 (c)se basen en una legislación proporcionada y no discriminatoria, que evite cargas innecesarias para los operadores económicos, prevea una mayor facilitación para los operadores con un alto nivel de cumplimiento, incluido un trato favorable con respecto a los controles aduaneros previos al levante de mercancías y garantice salvaguardias contra el fraude y las actividades ilícitas o perjudiciales, asegurando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la seguridad de los ciudadanos y el respeto de las prohibiciones, las restricciones y los intereses financieros de las partes; y
 (d)contengan normas que garanticen que las sanciones por infracción de la normativa aduanera o los requisitos de procedimiento sean proporcionadas y no discriminatorias, y que la imposición de dichas sanciones no dé lugar a retrasos injustificados.
 Cada una de las Partes deberá examinar periódicamente su legislación y sus regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros también deberán aplicarse de una manera previsible, coherente y transparente.
 2.A fin de mejorar los métodos de trabajo y de asegurar la no discriminación, transparencia, eficiencia, integridad y responsabilidad de las operaciones, cada una de las Partes:
 (a)simplificará y revisará los requisitos y las formalidades cuando sea posible, con vistas a garantizar el levante y despacho de mercancías rápido;
 (b)procurará simplificar y normalizar los datos y documentos requeridos por las aduanas y otras agencias; y
 (c)fomentará la coordinación entre todos los organismos fronterizos, tanto a nivel interno como transfronterizo, con el fin de facilitar el cruce de fronteras y mejorar el control, considerando la posibilidad de realizar controles fronterizos conjuntos, en los casos en que sea factible y apropiado;
 Artículo CUSTMS.4: Levante de mercancías
 1.Cada Parte adoptará o mantendrá regímenes aduaneros que:
 a)
 permitan el rápido levante de las mercancías en el plazo mínimo necesario para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones legales y reglamentarias;
 b)
 permitan la presentación electrónica anticipada y la tramitación de la documentación, así como de cualquier otra información necesaria antes de la llegada de las mercancías, con vistas a permitir el levante de las mercancías en cuanto lleguen si no se ha detectado ningún riesgo por medio del análisis de riesgos, y si no han de realizarse controles por muestreo u otros controles;
 c)
 brinden la posibilidad, si procede y se cumplen las condiciones necesarias, de levantar las mercancías para su libre circulación en el primer punto de llegada; y
 d)
 permitan el levante de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas, si dicha determinación no se hace antes o en el momento de la llegada, o lo más rápidamente posible después de la llegada y siempre que se hayan cumplido todos los demás requisitos reglamentarios.
 2.Como condición para el levante, cada una de las Partes podrá exigir una garantía por una cuantía aún por determinar en forma de fianza, depósito u otro instrumento adecuado establecido en sus disposiciones legales y reglamentarias. Dicha garantía no será superior a la cuantía que la Parte requiera para asegurar el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por la garantía. La garantía se liberará cuando ya no sea necesaria.
 3.Las Partes velarán por que las autoridades aduaneras y de otro tipo responsables de los controles y procedimientos fronterizos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el comercio y agilizar el levante de las mercancías.
 Artículo CUSTMS.5: Regímenes aduaneros simplificados
 1.Cada Parte trabajará en pro de la simplificación de sus requisitos y trámites en los procedimientos aduaneros con el fin de reducir el tiempo y el coste de estos para los comerciantes u operadores, incluidas las pequeñas y medianas empresas.
 2.Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que permitan a los comerciantes u operadores que cumplan los criterios especificados en sus disposiciones legales y reglamentarias beneficiarse de una mayor simplificación de los regímenes aduaneros. Dichas medidas pueden incluir, entre otras:
 (a)declaraciones aduaneras que contengan un conjunto reducido de datos o documentos justificativos;
 (b)declaraciones aduaneras periódicas para la determinación y el pago de los derechos y las tasas de aduana que abarquen múltiples importaciones en un período de tiempo especificado, tras el levante de las mercancías importadas;
 (c)la autoliquidación de los derechos de aduana o el pago diferido de los mismos hasta después del levante de las mercancías importadas; y
 (d)el uso de un aval con una cantidad reducida o una exención de la obligación de proporcionar un aval.
 3.Cuando una Parte decida adoptar una de estas medidas, ofrecerá, si lo considera adecuado y posible, y de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, estas simplificaciones a todos los comerciantes que cumplan los criterios pertinentes.
 Artículo CUSTMS.6: Tránsito y transbordo
 1.A los efectos del artículo GOODS.4a [Libertad de tránsito], se aplicará el Convenio relativo a un régimen común de tránsito.
 2.Cada una de las Partes asegurará la facilitación y el control efectivo de las operaciones de transbordo y los movimientos de tránsito en sus territorios respectivos.
 3.Cada una de las Partes promoverá y aplicará acuerdos regionales de tránsito con vistas a facilitar el comercio en cumplimiento del Convenio relativo a un régimen común de tránsito.
 4.Cada una de las Partes garantizará la cooperación y coordinación de todas las autoridades y organismos competentes en sus territorios respectivos, a fin de facilitar el tráfico en tránsito.
 5.Cada una de las Partes permitirá que las mercancías destinadas a la importación se trasladen en su territorio bajo el control de la aduana desde una aduana de entrada hasta otra aduana de su territorio desde la que se levantarían o despacharían las mercancías.
 Artículo CUSTMS.7: Gestión de riesgos
 1.Cada una de las Partes adoptará o mantendrá un sistema de gestión de riesgos para los controles aduaneros con el fin de reducir la probabilidad y el impacto de un acontecimiento que impida la correcta aplicación de la legislación aduanera, comprometa los intereses financieros de las partes o suponga una amenaza para la seguridad y la protección de las Partes y sus residentes, para la salud humana, animal o vegetal, para el medio ambiente o para los consumidores.
 2.Los controles aduaneros, distintos de los controles aleatorios, se basarán principalmente en el análisis de los riesgos a través de técnicas de tratamiento de datos electrónico.
 3.Cada una de las Partes establecerá y aplicará la gestión de riesgos de tal forma que se eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas del comercio internacional.
 4.Cada una de las Partes concentrará los controles aduaneros y otros controles fronterizos pertinentes en los envíos de alto riesgo y acelerará el levante de los envíos de bajo riesgo. Cada una de las Partes también podrá seleccionar, de forma aleatoria, los envíos que someterá a dichos controles en el marco de su gestión de riesgos.
 5.Cada una de las Partes basará la gestión de riesgos en una evaluación del riesgo mediante criterios de selección adecuados.
 Artículo CUSTMS.8: Auditorías posteriores al despacho de las mercancías
 1.Con vistas a agilizar el levante de las mercancías, cada una de las Partes adoptará o mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aduaneras y otras disposiciones conexas.
 2.Cada una de las Partes seleccionará las personas y los envíos a efectos de las auditorías posteriores al despacho de las mercancías según un método basado en el riesgo, que podrá incluir criterios de selección adecuados. Cada una de las Partes llevará a cabo auditorías posteriores al despacho de las mercancías de manera transparente. Si una persona participa en el proceso de auditoría y se ha llegado a resultados concluyentes, la Parte notificará, sin demora, los resultados a la persona cuyo registro se audita, así como sus derechos y obligaciones y los motivos que justifican los resultados.
 3.La información obtenida en las auditorías posteriores al despacho de aduana podrá ser utilizada en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores.
 4.Siempre que sea posible, las Partes utilizarán los resultados de la auditoría posterior al despacho de las mercancías para fines de gestión de riesgos.
 Artículo CUSTMS.9: Operadores económicos autorizados
 1.Cada una de las Partes mantendrá un programa de asociación para los operadores que cumplan los criterios especificados en el anexo CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados].
 2.Las Partes reconocerán sus programas respectivos para los operadores económicos autorizados de conformidad con el anexo CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados].
 Artículo CUSTMS.10: Publicación y disponibilidad de la información
 1.Cada una de las Partes se asegurará de que su legislación aduanera y otras disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el comercio, sus procedimientos administrativos generales y la información pertinente de aplicación general que se relaciona con el comercio estén publicados y sean fácilmente accesibles para toda persona interesada, incluso, en su caso, por internet.
 2.Cada una de las Partes publicará sin demora toda nueva legislación y procedimientos generales relacionados con las cuestiones aduaneras y la facilitación del comercio tan pronto como sea posible antes de su entrada en vigor, y publicará de inmediato las modificaciones e interpretaciones de dicha legislación y procedimientos. Dicha publicación abarcará:
 (a)las notificaciones de carácter administrativo pertinentes;
 (b)los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos;
 (c)los tipos de derecho aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas;
 (d)los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;
 (e)las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;
 (f)las disposiciones legislativas y reglamentarias y las resoluciones administrativas de aplicación general relacionadas con las normas de origen;
 (g)las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;
 (h)las disposiciones sobre sanciones contra infracciones de las formalidades de importación, exportación o tránsito;
 (i)los procedimientos de recurso;
 (j)los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la exportación o el tránsito;
 (k)los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios;
 (l)los horarios de funcionamiento y los procedimientos operativos de las aduanas en los puertos y pasos fronterizos; y
 (m)los puntos de contacto para solicitudes de información.
 3.Cada una de las Partes se asegurará de que exista un plazo razonable entre la publicación de la legislación, los procedimientos y las tasas o cargas nuevos o modificados y su entrada en vigor.
 4.Cada una de las Partes pondrá lo siguiente a disposición a través de Internet:
 (a)una descripción de sus procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los procedimientos de recurso, en la que se informe sobre las medidas prácticas necesarias para la importación, la exportación y el tránsito;
 (b)los formularios y documentos exigidos para la importación en el territorio de esa Parte, la exportación desde ella y el tránsito por ella; y
 (c)la información de contacto de los servicios de información.
 Cada una de las partes velará por que las descripciones, los formularios, los documentos y la información a que se refieren las letras a), b) y c) del párrafo primero se mantengan actualizados.
 5.Cada una de las Partes establecerá o mantendrá uno o más servicios de información para responder a las solicitudes de información de los gobiernos, los operadores económicos y otras partes interesadas sobre las aduanas y otras cuestiones relacionadas con el comercio en un plazo razonable. Las Partes no exigirán el pago de una tasa por responder a las consultas.
 Artículo CUSTMS.11: Resoluciones anticipadas
 1.Cada una de las Partes, por medio de sus autoridades aduaneras, emitirá resoluciones anticipadas, previa solicitud de los operadores económicos, en las que se establecerá el trato que debe acordarse a las mercancías de que se trate. Dichas resoluciones se emitirán por escrito o en formato electrónico en un plazo determinado e incluirán toda la información necesaria de conformidad con la legislación de la Parte emisora.
 2.Las resoluciones anticipadas tendrán una validez mínima de tres años a partir de la fecha de inicio de su vigencia, a menos que la resolución deje de ser conforme a la ley o que hayan cambiado los hechos o circunstancias en que se basó la resolución original.
 3.Una Parte podrá negarse a emitir una resolución anticipada si la cuestión que plantea la solicitud es objeto de una revisión administrativa o judicial, o si la solicitud no está relacionada con ningún uso previsto de la resolución anticipada o con ningún uso previsto de un régimen aduanero. Si una Parte se niega a emitir una resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.
 4.Cada una de las Partes publicará como mínimo lo siguiente:
 (a)los requisitos para solicitar una resolución anticipada, incluida la información que ha de presentarse y su formato;
 (b)el plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y
 (c)el período de validez de la resolución anticipada.
 5.Cuando una Parte revoque, modifique, invalide o anule la resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Una Parte solo revocará, modificará, invalidará o anulará una resolución anticipada con efecto retroactivo si la resolución se basó en información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa.
 6.Una resolución anticipada emitida por una Parte será vinculante para dicha Parte con respecto al solicitante que la haya pedido. La Parte podrá disponer que la resolución anticipada sea vinculante para el solicitante.
 7. Cada Parte facilitará, previa petición por escrito del titular, una revisión de la resolución anticipada o de la decisión de revocar, modificar o invalidar la resolución anticipada.
 8. Cada una de las Partes pondrá a disposición del público información sobre las resoluciones anticipadas, teniendo en cuenta la necesidad de proteger la información personal y comercial confidencial.
 9. Se emitirán resoluciones anticipadas con respecto a lo siguiente:
 a) la clasificación arancelaria de mercancías;
 b) el origen de las mercancías; y
 c) cualquier otro asunto que las Partes puedan acordar.
 Artículo CUSTMS.12: Agentes de aduanas
 Las disposiciones y regímenes aduaneros de una Parte no exigirán la obligatoriedad de utilizar agentes de aduanas u otros agentes. Cada una de las Partes publicará sus medidas sobre la utilización de agentes de aduanas. Cada una de las Partes aplicará normas transparentes, no discriminatorias y proporcionadas cuando concedan licencias a los agentes de aduanas.
 Artículo CUSTMS.13: Inspecciones previas a la expedición
 Una Parte no exigirá el uso obligatorio de inspecciones previas a la expedición, tal como se define en el Acuerdo de la OMC sobre Inspección Previa a la Expedición, ni ninguna otra actividad de inspección realizada en el lugar de destino por empresas privadas antes del despacho de aduana.
 Artículo CUSTMS.14: Revisión y recurso
 1.Cada una de las Partes establecerá procedimientos efectivos, rápidos, no discriminatorios y fácilmente accesibles que garanticen el derecho de recurso contra acciones, resoluciones y decisiones administrativas de las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes que afecten a la importación o exportación de mercancías o a las mercancías en tránsito.
 2.Los procedimientos a que se refiere el apartado 1 incluirán:
 (a)un recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al funcionario u oficina que haya emitido la decisión, o independiente de estos, o una revisión administrativa por tal autoridad; y
 (b)un recurso o revisión judicial de la decisión.
 3.Cada una de las Partes velará por que, en los casos en los que la decisión sobre el recurso o la revisión previstos en el apartado 2, letra a), no se produzcan en el plazo previsto en sus disposiciones legales y reglamentarias o sin demora indebida, el solicitante tenga derecho a un nuevo recurso o revisión de carácter administrativo o judicial o a cualquier otra revisión o cualquier otro recurso ante una autoridad judicial, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de esa Parte.
 4.Cada una de las Partes se asegurará de que se comuniquen al solicitante los motivos de la decisión administrativa a fin de que el solicitante pueda entablar procedimientos de recurso o revisión en caso necesario.
 Artículo CUSTMS.15: Relaciones con la comunidad empresarial
 1.Cada una de las Partes celebrará consultas periódicas y oportunas con los representantes de los operadores económicos sobre las propuestas legislativas y los procedimientos generales relacionados con cuestiones aduaneras y de facilitación del comercio. A tal fin, cada una de las Partes mantendrá consultas apropiadas entre las administraciones y la comunidad empresarial.
 2.Cada una de las partes garantizará que sus respectivos requisitos y regímenes aduaneros y conexos continúen respondiendo a las necesidades de la comunidad empresarial, sigan las mejores prácticas y restrinjan el comercio lo menos posible.
 Artículo CUSTMS.16: Admisión temporal
 1.A los efectos del presente artículo, por «admisión temporal’ se entiende el régimen aduanero en virtud del cual determinadas mercancías, incluidos los medios de transporte, pueden introducirse en un territorio aduanero con la exención condicional del pago de derechos e impuestos de importación y sin la aplicación de prohibiciones o restricciones de importación de carácter económico, a condición de que las mercancías sean importadas para un fin concreto y se destinen a la reexportación en un plazo especificado sin haber sufrido ningún cambio, salvo la depreciación normal debido a su uso.
 2.Cada una de las Partes concederá la admisión temporal, con la exención condicional total de derechos e impuestos a la importación y sin aplicación de restricciones a la importación o de prohibiciones de carácter económico, según lo dispuesto en sus disposiciones legales y reglamentarias, a los siguientes tipos de mercancías:
 (a)las mercancías destinadas a ser expuestas o utilizadas en exposiciones, ferias, reuniones o actos similares (mercancías destinadas a la exposición o demostración en un evento; las mercancías destinadas a ser utilizadas en relación con la exposición de productos extranjeros en un evento; el material de equipamiento, incluidos los equipos de interpretación, los aparatos de grabación de sonido e imagen y las películas de carácter educativo, científico o cultural destinados a ser utilizados en reuniones, conferencias o congresos internacionales); los productos obtenidos incidentalmente durante el evento a partir de mercancías importadas temporalmente, como resultado de la demostración de las máquinas o aparatos expuestos;
 (b)el material profesional (equipo de prensa, para la radiodifusión sonora o televisiva que sea necesario para los representantes de la prensa, de las organizaciones de radiodifusión o de televisión que visiten el territorio de otro país con el fin de informar, transmitir o grabar material para determinados programas; el equipo cinematográfico necesario para una persona que visita el territorio de otro país con el fin de realizar una o varias películas específicas; cualquier otro equipo necesario para el ejercicio de la vocación o la actividad profesional de una persona que visite el territorio de otro país para realizar una tarea determinada, en la medida en que no se utilice para la fabricación industrial o el envasado de mercancías o (excepto en el caso de las herramientas manuales) la explotación de recursos naturales, la construcción, reparación o mantenimiento de edificios o el traslado de tierras y proyectos similares; los aparatos auxiliares para el equipo mencionado anteriormente y sus accesorios); los componentes importados para la reparación de material profesional admitido temporalmente;
 (c)las mercancías importadas en el marco de una operación comercial, pero cuya importación no constituye en sí misma una operación comercial (envases que se importan llenos para su reexportación vacíos o llenos, o que se importan vacíos para su reexportación llenos; los envases, llenos o no de mercancías, y los accesorios y el equipamiento para los envases admitidos temporalmente, que se importen con un envase para ser reexportados por separado o con otro envase, o que se importen por separado para ser reexportados con un envase y sus componentes destinados a la reparación de los envases admitidos temporalmente; los palés; las muestras; las películas publicitarias; otras mercancías importadas en relación con una operación comercial);
 (d)las mercancías importadas en relación con una operación de fabricación (matrices, bloques, placas, moldes, dibujos, planos, modelos y otros artículos similares; los instrumentos de medida, control y verificación y otros artículos similares; las herramientas e instrumentos especiales, importados para su utilización durante un proceso de fabricación); los medios de producción de sustitución (instrumentos, aparatos y máquinas puestos a disposición de un cliente por un proveedor o reparador, en espera de la entrega o reparación de mercancías similares);
 (e)las mercancías importadas exclusivamente con fines educativos, científicos o culturales (equipo científico, material pedagógico, material de bienestar para la gente de mar y cualquier otra mercancía importada en relación con actividades educativas, científicas o culturales); los repuestos para el equipo científico y el material pedagógico que haya sido objeto de una admisión temporal; las herramientas especialmente diseñadas para el mantenimiento, control, calibración o reparación de dicho equipo;
 (f)los efectos personales (todos los artículos nuevos o usados que un viajero pueda necesitar razonablemente para su uso personal durante el viaje, teniendo en cuenta todas las circunstancias de dicho viaje, con exclusión de cualquier mercancía importada con fines comerciales); las mercancías importadas con un fin deportivo (los artículos de deporte y otros materiales destinados para su utilización por los viajeros en competiciones o demostraciones deportivas o con fines de entrenamiento en el territorio de la admisión temporal);
 (g)el material publicitario turístico (mercancías que tengan por objeto inducir al público a visitar un país extranjero, en particular con el fin de asistir en el mismo a reuniones o manifestaciones de carácter cultural, religioso, turístico, deportivo o profesional);
 (h)las mercancías importadas con fines humanitarios (material médico, quirúrgico y de laboratorio y envíos de socorro, como vehículos y otros medios de transporte, mantas, tiendas, casas prefabricadas u otros bienes de primera necesidad, enviados como ayuda a los afectados por desastres naturales y catástrofes similares); y
 (i)los animales importados con fines específicos (doma, entrenamiento, cría, herraje o pesaje, tratamiento veterinario, pruebas (por ejemplo, con vistas a la compra), participación en espectáculos, exposiciones, concursos, competiciones o demostraciones, entretenimiento (animales de circo, etc.), giras (incluidos los animales de compañía de los viajeros), ejercicio de funciones (perros o caballos de policía; los perros detectores, perros para invidentes, etc.), operaciones de salvamento, trashumancia o pastoreo, realización de trabajos o transportes, fines médicos (obtención de veneno de serpiente, etc.).
 3.Cada una de las Partes aceptará, para la admisión temporal de las mercancías a que se refiere el apartado 2 e independientemente de su origen, un carnet según lo previsto a los efectos de la ATA y los Convenios de Estambul expedidos en la otra Parte, aprobados allí y garantizados por una asociación que forme parte de la cadena de garantía internacional, certificados por las autoridades competentes y válidos en el territorio aduanero de la Parte importadora.
 Artículo CUSTMS 17. Ventanilla única
 Cada una de las Partes procurará establecer un sistema de ventanilla única que permita a los operadores económicos presentar a las autoridades u organismos participantes la documentación y la información exigidas para la importación, la exportación o el tránsito de mercancías a través de un punto de entrada único.
 Artículo CUSTMS 18. Facilitación del tráfico roll-on roll-off
 1.
 Reconociendo el elevado volumen de travesías marítimas y, en particular, el elevado volumen del tráfico roll-on roll-off entre sus respectivos territorios aduaneros, las Partes acuerdan cooperar para facilitar dicho tráfico, así como otros modos de tráfico alternativos.
 2.
 Las Partes reconocen:
 (a)el derecho de cada una de las Partes a adoptar formalidades y regímenes aduaneros que faciliten el comercio en relación con el tráfico entre las Partes dentro de sus respectivos marcos jurídicos; y
 (b)el derecho de los puertos, las autoridades portuarias y los operadores a actuar, dentro de los ordenamientos jurídicos de sus respectivas Partes, de conformidad con sus normas y sus modelos operativos y de negocio.
 3.
 A tal efecto, las Partes:
 a)
 adoptarán o mantendrán procedimientos que permitan la presentación de la documentación correspondiente a la importación y otra información requerida, incluidos los manifiestos, a fin de que se comiencen a tramitar antes de la llegada de las mercancías con miras a agilizar el levante de las mercancías a su llegada; y
 b)
 se comprometerán a facilitar el uso por parte de los operadores del procedimiento de tránsito, incluidas las simplificaciones de dicho procedimiento según lo previsto en el Convenio relativo a un régimen común de tránsito.
 4.
 Las partes se comprometen a promover la cooperación entre sus respectivas autoridades aduaneras en rutas de travesía marítima bilaterales, y a intercambiar información sobre el funcionamiento de los puertos que gestionan el tráfico entre ellos y sobre las normas y los procedimientos aplicables. Harán pública la información sobre las medidas implantadas y los procesos establecidos por los puertos para facilitar dicho tráfico, y harán lo posible para que los operadores conozcan dicha información.
 Artículo CUSTMS.19: Cooperación administrativa en el ámbito del IVA y de la asistencia mutua en materia de cobro de impuestos y derechos
 Las autoridades competentes de las Partes cooperarán entre sí para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre el IVA y para el cobro de créditos correspondientes a impuestos y derechos, de conformidad con el Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos.
 Artículo CUSTMS. 20: Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen
 1.
 El Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen:
 a)
 celebrará consultas regulares; y
 b)
 en relación con la revisión de las disposiciones del anexo CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados]:
 (I)validará conjuntamente a los miembros del programa para determinar los puntos fuertes y débiles en la aplicación del anexo CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados]; e
 (II)intercambiará opiniones sobre los datos que deben compartirse y el tratamiento de los operadores.
 2.El Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen podrá adoptar decisiones o recomendaciones:
 a)
 sobre el intercambio de información relacionada con aduanas, el reconocimiento mutuo de las técnicas de gestión de riesgos, las normas y controles de riesgos, las medidas de seguridad aduanera, las resoluciones anticipadas, los enfoques comunes de la valoración de mercancías en aduana y otros asuntos relacionados con la aplicación del presente capítulo;
 b)
 sobre los acuerdos relativos al intercambio de información automático a que hace referencia el artículo 10 [Intercambio de información automático] del Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia de aduanas, y sobre otros asuntos relacionados con la aplicación de dicho Protocolo;
 c)
 sobre cualesquiera asuntos relacionados con la aplicación del anexo CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados]; y
 d)
 sobre los procedimientos de consulta establecidos en el artículo ORIG.26 [Denegación del tratamiento arancelario preferencial] sobre cualquier cuestión técnica o administrativa relacionada con la aplicación del capítulo 2 [Normas de origen] del presente título, incluidas las notas interpretativas destinadas a garantizar una administración uniforme de las normas de origen.
 Artículo CUSTMS.21: Modificaciones
 1.
 El Consejo de Asociación podrá modificar:
 a) el anexo CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados], el Protocolo sobre asistencia mutua en materia de aduanas y la lista de mercancías prevista en el artículo CUSTMS.16 [Admisión temporal], apartado 2; y
 b) el Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos.
 2.
 El Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Administrativa en lo que respecta al IVA y al Cobro de Impuestos y Tributos Atrasados podrá modificar el valor a que se refiere el artículo 33, apartado 4, del Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos.
 Título II: Servicios e inversión
 Capítulo 1: Disposiciones generales
 Artículo SERVIN.1.1: Objetivo y ámbito de aplicación
 1.Las Partes afirman su compromiso de establecer un clima favorable para el desarrollo del comercio y la inversión entre ellas.
 2.Las Partes reafirman el derecho a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos legítimos, como: la protección de la salud pública; los servicios sociales; la educación pública; la seguridad; el medio ambiente, incluido el cambio climático; la moral pública; la protección social o de los consumidores; la protección de la privacidad y de los datos, o la promoción y la protección de la diversidad cultura.
 3.El presente título no será aplicable a las medidas que afecten a las personas físicas de una Parte que traten de acceder al mercado de trabajo de la otra Parte ni a las medidas de carácter permanente relativas a la nacionalidad, la ciudadanía, la residencia o el empleo.
 4.El presente título no impedirá que una Parte aplique medidas para regular la entrada o la estancia temporal de personas físicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas físicas por ellas, siempre que esas medidas no se apliquen de manera que anulen o menoscaben las ventajas que las disposiciones del presente título aporten a la otra Parte. No se considerará que el mero hecho de exigir un visado a las personas físicas de determinados países y no a las de otros anule o menoscabe las ventajas resultantes del presente título.
 5.El presente título no se aplicará a:
 (a)los servicios aéreos o servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos
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 , salvo los siguientes:
 (I)los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves;
 (II)los servicios de sistemas de reserva informatizados;
 (III)los servicios de asistencia en tierra;
 (IV)los siguientes servicios prestados con una aeronave tripulada, a reserva del cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y reglamentarias de las Partes que rigen la admisión, la salida y la operación de aeronaves en su territorio: la extinción aérea de incendios; el entrenamiento de vuelo; la pulverización; la agrimensura; la cartografía: la fotografía; y otros servicios aéreos agrícolas, industriales y de inspección; y
 (V)la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo;
 (b)los servicios audiovisuales;
 (c)el cabotaje marítimo nacional
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 ; y
 (d)el transporte por vías navegables interiores.
 6.El presente título no se aplicará a ninguna medida de una Parte con respecto a la contratación pública de un bien o un servicio que se adquieran para fines oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de un bien o un servicio para la venta comercial, incluso si la contratación pública es una «contratación cubierta» a tenor del artículo PPROC.2 [Incorporación de determinadas disposiciones del ACP y contrataciones cubiertas].
 7.Con excepción del artículo SERVIN.2.6 [Requisitos de funcionamiento], el presente título no se aplica a los subsidios o subvenciones otorgados por las Partes, en particular los préstamos, las garantías y los seguros que cuenten con el apoyo de las Administraciones Públicas.
 Artículo SERVIN.1.2: Definiciones
 A efectos del presente título, se entenderá por:
 (a)«servicios y otras actividades llevadas a cabo en el ejercicio de facultades gubernamentales»: las actividades y los servicios que no se llevan a cabo ni sobre una base comercial ni en competencia con uno o más operadores económicos
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 ;
 (b)«servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves»: tales actividades cuando se realizan en una aeronave o en parte de ella mientras la aeronave está fuera de servicio y no incluyen el llamado mantenimiento de la línea;
 (c)«servicios de sistemas de reserva informatizados»: los servicios prestados mediante sistemas informatizados que contienen información acerca de los horarios de los transportistas aéreos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas de tarificación y por medio de los cuales se pueden hacer reservas o expedir billetes;
 (d)«empresa cubierta»: una empresa establecida en el territorio de una Parte de conformidad con la letra h), por un inversor de la otra Parte, y existente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo o establecida posteriormente, de conformidad con el Derecho aplicable;
 (e)«comercio transfronterizo de servicios»: prestación de un servicio:
 (I)desde el territorio de una Parte, en el territorio de la otra Parte; o
 (II)en el territorio de una Parte, al consumidor de servicios de la otra Parte;
 (f)«actividad económica»: toda actividad de carácter industrial, comercial o profesional o las actividades artesanales, incluido el suministro de servicios, salvo las actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales;
 (g)«empresa»: persona jurídica, sucursal u oficina de representación de una persona jurídica;
 (h)«establecimiento»: creación o adquisición de una persona jurídica, incluso mediante participación de capital, o creación de una sucursal o una oficina de representación en el territorio de una de las Partes con objeto de establecer o mantener vínculos económicos duraderos;
 (i)«servicios de asistencia en tierra»: suministro en un aeropuerto, mediante pago de una tasa o por contrato, de los siguientes servicios: representación, administración y supervisión de la compañía aérea; asistencia a los pasajeros; asistencia de equipajes; servicios de pista; catering; asistencia de carga y correo aéreos; repostaje de combustible de aeronaves; mantenimiento y limpieza de aeronaves; transporte de superficie; operaciones de vuelo, administración de tripulación y planificación de vuelos; los servicios de asistencia en tierra no incluyen: la autoasistencia; la seguridad; la reparación y el mantenimiento de aeronaves; la gestión o explotación de infraestructuras aeroportuarias centralizadas esenciales, como las instalaciones de deshielo, los sistemas de distribución de combustible, los sistemas de asistencia de equipajes y los sistemas de transporte dentro del aeropuerto.
 (j)«inversor de una Parte»: persona física o jurídica de una Parte que pretenda establecer, esté estableciendo o haya establecido una empresa, de conformidad con la letra h), en el territorio de la otra Parte;
 (k)«persona jurídica de una Parte»
 9
 :
 (I)en el caso de la Unión:
 A)
 una persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de la Unión o de al menos uno de sus Estados miembros y que lleve a cabo, en el territorio de la Unión, operaciones empresariales sustantivas, entendidas por la Unión, de conformidad con su notificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a la OMC (WT/REG39/1), como equivalentes al concepto de «vinculación efectiva y continua» con la economía de un Estado miembro consagrado en el artículo 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); y
 B)
 las compañías navieras establecidas fuera de la Unión y controladas por personas físicas de un Estado miembro, cuyos buques estén registrados en un Estado miembro y enarbolen su pabellón;
 (II)en el caso del Reino Unido:
 A)
 una persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho del Reino Unido y que lleve a cabo operaciones empresariales sustantivas en su territorio; y
 B)
 las compañías navieras establecidas fuera del Reino Unido y controladas por personas físicas del Reino Unido, cuyos buques estén registrados en el Reino Unido y enarbolen su pabellón;
 (l)«explotación»: dirección, gestión, mantenimiento, utilización, disfrute o venta u otra forma de traspaso de una empresa;
 (m)«cualificaciones profesionales»: las cualificaciones acreditadas por un título de formación, experiencia profesional o un certificado de competencia;
 (n)«venta y comercialización de servicios de transporte aéreo»: las oportunidades del transportista aéreo de que se trate de vender y comercializar libremente sus servicios de transporte aéreo, incluidos todos los aspectos de la comercialización, como los estudios de mercado, la publicidad y la distribución, pero sin incluir la fijación de precios de los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables;
 (o)«servicio», todo servicio de cualquier sector, excepto los prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales;
 (p)«servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales», todo servicio no prestado en condiciones comerciales, ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios;
 (q)«proveedor de servicios»: toda persona física o jurídica que trate de suministrar o suministre un servicio;
 (r)«prestador de servicios de una de las Partes»: toda persona física o jurídica de una de las Partes que intente prestar o preste un servicio.
 Artículo SERVIN.1.3: Denegación de ventajas
 1.Una Parte podrá denegar las ventajas del presente título y del título IV [Movimientos de capitales, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia] del presente epígrafe a un inversor o proveedor de servicios de la otra Parte, o a una empresa cubierta, si la Parte que deniega las ventajas adopta o mantiene medidas relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluida la protección de los derechos humanos, que:
 (a)prohíban las transacciones con dicho inversor, proveedor de servicios o empresa cubierta; o
 (b)serían infringidas o eludidas en caso de que las ventajas del presente título y del título IV [Movimientos de capitales, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia] del presente epígrafe se concedieran a dicho inversor, proveedor de servicios o empresa cubierta, aun cuando las medidas prohíban transacciones con la persona física o jurídica que posee o controla cualquiera de ellos.
 2.Para mayor certeza, el apartado 1 es aplicable al título IV [Movimientos de capitales, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia] del presente epígrafe en la medida en que esté relacionado con los servicios o la inversión con respecto a los cuales una Parte haya denegado las ventajas del presente título.
 Artículo SERVIN.1.4: Revisión
 1.Con vistas a la introducción de posibles mejoras en las disposiciones del presente título y de conformidad con sus compromisos en el marco de acuerdos internacionales, las Partes revisarán su marco jurídico en relación con el comercio de servicios y la inversión, incluido el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo FINPROV.3 [Revisión].
 2.Cuando proceda, las Partes tratarán de revisar las medidas no conformes y las reservas establecidas en el anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes], el anexo SERVIN-2 [Medidas futuras], el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de la misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración] y el anexo SERVIN-4 [Prestadores de servicios contractuales y profesionales independientes], así como las actividades para personas en visita de negocios de corta duración establecidas en el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de la misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración], con vistas a acordar posibles mejoras en interés mutuo.
 3.
 El presente artículo no se aplicará a los servicios financieros.
 Capítulo 2: Liberalización de las inversiones
 Artículo SERVIN.2.1: Ámbito de aplicación
 El presente capítulo es aplicable a las medidas adoptadas por una Parte que afecten al establecimiento de una empresa para realizar actividades económicas y a su explotación por parte de:
 (a)inversores de la otra Parte;
 (b)empresas cubiertas; y
 (c)a los efectos del artículo SERVIN.2.6 [Requisitos de funcionamiento], toda empresa establecida en el territorio de la Parte que adopte o mantenga la medida.
 Artículo SERVIN.2.2: Acceso a los mercados
 Una Parte no adoptará ni mantendrá, con respecto al establecimiento de una empresa por parte de un inversor de la otra Parte o de una empresa cubierta, o a la explotación de una empresa cubierta, ya sea sobre la base de una subdivisión territorial o sobre la base de todo su territorio, medidas que:
 (a)impongan limitaciones sobre:
 i)
 el número de empresas que pueden ejercer una actividad económica concreta, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios, derechos exclusivos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;
 ii)
 el valor total de las transacciones o los activos en forma de contingentes numéricos o la exigencia de una prueba de necesidades económicas;
 iii)
 el número total de operaciones o la cuantía total de la producción, expresada en unidades numéricas determinadas en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas
 10
 ;
 11
 iv)
 la participación de capital extranjero, expresada como límite porcentual máximo de la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas; o
 v)
 el número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector o que una empresa pueda emplear y que sean necesarias para la realización de una actividad específica y estén directamente relacionadas con ella, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; o
 (b)restrinjan o exijan determinados tipos de entidad jurídica o empresa conjunta mediante las cuales un inversor de la otra Parte pueda realizar una actividad económica.
 Artículo SERVIN.2.3: Trato nacional
 1.Con respecto al establecimiento y a la explotación en su territorio, cada una de las Partes concederá a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a sus propios inversores y a sus empresas.
 2.El trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa:
 (a)respecto a una Administración regional o local del Reino Unido, un trato no menos favorable que el régimen más favorable que tal administración concede, en situaciones similares, a los inversores del Reino Unido y a sus empresas en su territorio; y
 (b)respecto a una Administración de, o en, un Estado miembro, un trato no menos favorable que el régimen más favorable que tal Administración concede, en situaciones similares, a los inversores de dicho Estado miembro y a sus empresas en su territorio.
 Artículo SERVIN.2.4: Trato de nación más favorecida
 1.Con respecto al establecimiento en su territorio, cada una de las Partes concederá a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a los inversores de un tercer país y a sus empresas con respecto al establecimiento en su territorio.
 2.Con respecto a la explotación en su territorio, cada una de las Partes concederá a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a los inversores de un tercer país y a sus empresas.
 3.Los apartados 1 y 2 no se interpretarán de forma que obliguen a una Parte a ampliar a los inversores de la otra Parte y a las empresas cubiertas el beneficio de todo trato que resulte de:
 (a)un acuerdo internacional para la prevención de la doble imposición o un acuerdo o arreglo internacional relacionado total o parcialmente con la fiscalidad; o
 (b)medidas que prevén el reconocimiento, incluido el reconocimiento de las normas o criterios para la autorización, obtención de licencias o certificación de una persona física o empresa para realizar una actividad económica, o el reconocimiento de las medidas prudenciales a que se refiere el apartado 3 del anexo al AGCS sobre servicios financieros.
 4.Para mayor certeza, el «trato» al que se refieren los apartados 1 y 2 no incluye los procedimientos de solución de diferencias entre inversores y Estados establecidos en otros acuerdos internacionales.
 5.Para mayor certeza, la existencia de disposiciones sustantivas en otros acuerdos internacionales formalizados entre una Parte y un tercer país, o la mera transposición formal de dichas disposiciones al Derecho interno en la medida que sea necesario para incorporarlas al ordenamiento jurídico interno, no constituyen en sí el «trato» al que se refieren los apartados 1 y 2. Las medidas adoptadas por una Parte de conformidad con dichas disposiciones podrán constituir dicho trato y, por tanto, dar lugar a una infracción del presente artículo.
 Artículo SERVIN.2.5: Altos directivos y consejos de administración
 Una Parte no exigirá a una empresa cubierta que nombre a personas de una nacionalidad concreta como directivos, administradores o miembros de los consejos de administración.
 Artículo SERVIN.2.6: Requisitos de funcionamiento
 1.Una Parte no impondrá ni hará cumplir ninguno de los requisitos siguientes ni hará cumplir ningún compromiso o pacto en relación con el establecimiento o la explotación de una empresa en su territorio:
 (a)exportar un nivel o porcentaje determinado de mercancías o servicios;
 (b)alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;
 (c)comprar, utilizar o dar preferencia a mercancías producidas o servicios prestados en su territorio, o comprar mercancías o servicios a personas físicas o jurídicas o a cualquier otra entidad en su territorio;
 (d)vincular de alguna forma el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las exportaciones o con las cantidades entrantes de divisas relacionadas con esa empresa;
 (e)limitar las ventas de las mercancías o servicios en su territorio que produzca o preste esa empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus exportaciones o entradas de divisas;
 (f)transferir tecnología, un proceso de producción u otros conocimientos protegidos por derechos de propiedad industrial a una persona física o jurídica o a cualquier otra entidad en su territorio
 12
 ;
 (g)suministrar exclusivamente, desde el territorio de dicha Parte, una mercancía producida o un servicio prestado por la empresa a un mercado mundial o regional determinado;
 (h)situar la sede de una región específica del mundo que es mayor que el territorio de la Parte o el mercado mundial en su territorio;
 (i)emplear un determinado número o porcentaje de personas físicas de esa Parte;
 (j)alcanzar un determinado nivel o valor de investigación y desarrollo en su territorio;
 (k)limitar las exportaciones o las ventas para exportación; o
 (l)en relación con todo contrato de licencia existente en el momento en el que se imponga o se haga cumplir el requisito, o se haga cumplir cualquier compromiso o pacto, o en relación con todo futuro contrato de licencia celebrado voluntariamente entre la empresa y una persona física o jurídica o cualquier otra entidad en su territorio, si el requisito se impone o se hace cumplir o si el compromiso o pacto se hace cumplir, de forma que constituya una interferencia directa con dicho contrato de licencia, mediante el ejercicio de facultades gubernamentales no judiciales de una Parte, adoptar:
 i)
 una tasa o un importe de un derecho de autor inferior a un determinado nivel; o
 ii)
 una determinada duración de un contrato de licencia.
 Esta letra no se aplicará si el contrato de licencia se celebra entre la empresa y la Parte. A los efectos de la presente letra, por «contrato de licencia» se entiende todo contrato sobre la concesión de una licencia de tecnología, proceso de producción u otro conocimiento protegido por derechos de propiedad industrial.
 2.Una Parte no podrá poner como condición, para recibir o seguir recibiendo una ventaja relacionada con el establecimiento o la explotación de una empresa en su territorio, el cumplimiento de ninguno de los requisitos siguientes:
 (a)alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;
 (b)comprar, utilizar o dar preferencia a mercancías producidas o servicios prestados en su territorio, o comprar mercancías o servicios a personas físicas o jurídicas o a cualquier otra entidad en su territorio;
 (c)vincular de alguna manera el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las exportaciones, o con el importe de la entrada de divisas en relación con esa empresa;
 (d)limitar las ventas de las mercancías o servicios en su territorio que produzca o preste esa empresa vinculando de alguna forma esas ventas con el volumen o el valor de sus exportaciones o entradas de divisas; o
 (e)limitar las exportaciones o las ventas para exportación.
 3.El apartado 2 no podrá interpretarse de forma que impida a una Parte poner como condición, para recibir o seguir recibiendo una ventaja relacionada con el establecimiento o la explotación de una empresa en su territorio, el cumplimiento del requisito de situar en su territorio la producción, la prestación de un servicio, la formación o el empleo de trabajadores, la construcción o ampliación de determinadas instalaciones o la realización de actividades de investigación y desarrollo.
 4.El apartado 1, letras f) y l), no serán aplicables si:
 (a)un órgano jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad de competencia impone o hace cumplir el requisito o hace cumplir el compromiso o pacto para prevenir o subsanar una restricción o un falseamiento de la competencia; o
 (b)una Parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el artículo 31 o el artículo 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC, o adopta o mantiene medidas que exijan la divulgación de datos o información de dominio privado que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 39, apartado 3, del Acuerdo sobre los ADPIC y sean compatibles con él.
 5.El apartado 1, letras a) a c), y el apartado 2, letras a) y b), no se aplican a los requisitos de cualificación para mercancías o servicios por lo que respecta a la participación en programas de promoción de las exportaciones y de ayuda exterior.
 6.
 Para mayor certeza, el presente artículo no se opone a la ejecución por parte de las autoridades competentes de una Parte de los compromisos otorgados entre personas distintas de una Parte que no fueran impuestos o requeridos directa o indirectamente por dicha Parte.
 7.
 Para mayor certeza, el apartado 2, letras a) y b), no se aplica a los requisitos que imponga una Parte importadora en relación con el contenido de mercancías que se precisen para poder beneficiarse de aranceles preferenciales o de contingentes preferenciales.
 8.
 El apartado 1, letra l), no se aplicará si un órgano jurisdiccional impone o hace cumplir el requisito o hace cumplir el compromiso o pacto en concepto de remuneración equitativa de conformidad con la legislación sobre derechos de autor de la Parte.
 9.
 Una parte no impondrá ni aplicará ninguna medida incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (Acuerdo sobre las MIC), aunque dicha medida haya sido incluida por dicha Parte en el ANEXO SERVIN-1 [Medidas vigentes] o en el ANEXO SERVIN-2 [Medidas futuras].
 10.
 Para mayor certeza, el presente artículo no se interpretará como una exigencia hacia una Parte para que permita que un servicio determinado se suministre a escala transfronteriza cuando tal Parte adopte o mantenga restricciones o prohibiciones sobre dicha prestación de servicios que sean compatibles con las reservas, condiciones o cualificaciones especificadas en relación con un sector, subsector o actividad enumerada en el ANEXO SERVIN-1 [Medidas vigentes] o en el ANEXO SERVIN-2 [Medidas futuras].
 11.
 Una condición para beneficiarse o seguir beneficiándose de una ventaja mencionada en el apartado 2 no constituye un requisito o un compromiso o pacto a efectos del apartado1.
 Artículo SERVIN.2.7: Medidas no conformes y excepciones
 1.Los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados], SERVIN.2.3 [Trato nacional], SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida], SERVIN.2.5 [Altos directivos y consejos de administración] y SERVIN.2.6 [Requisitos de funcionamiento], no son aplicables a:
 (a)ninguna medida no conforme existente que mantenga una Parte a nivel de:
 i)
 en el caso de la Unión:
 A)
 la Unión, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN.1 [Medidas vigentes];
 B)
 el gobierno central de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN.1 [Medidas vigentes];
 C)
 un gobierno regional de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN.1 [Medidas vigentes]; o
 D)
 un gobierno local, distinto del mencionado en la letra C); y
 ii)
 en el caso del Reino Unido:
 A)
 el gobierno central, tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN.1 [Medidas vigentes];
 B)
 un [gobierno regional], tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN.1 [Medidas vigentes];
 o
 C)
 un gobierno local;
 (b)la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a); o
 (c)una modificación de cualquiera de las medidas no conformes mencionadas en las letras a) y b) del presente apartado, siempre que no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados], SERVIN.2.3 [Trato nacional], SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida], SERVIN.2.5 [Altos directivos y consejos de administración] o SERVIN.2.6 [Requisitos de funcionamiento].
 2.Los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados], SERVIN.2.3 [Trato nacional], SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida], SERVIN.2.5 [Altos directivos y consejos de administración] y SERVIN.2.6 [Requisitos de funcionamiento] no se aplicarán a una medida adoptada por una Parte que sea compatible con las reservas, condiciones o cualificaciones especificadas en relación con un sector, subsector o actividad enumerada en el anexo SERVIN.2 [Medidas futuras].
 3.Los artículos SERVIN.2.3 [Trato nacional] y SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida] no se aplicarán a ninguna medida que constituya una excepción o exención con respecto a los artículos 3 o 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, tal como se establece específicamente en los artículos 3 a 5 de dicho Acuerdo.
 4.Para mayor certeza, los artículos SERVIN.2.3 [Trato nacional] y SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida] no se interpretarán de manera que impida a una Parte establecer requisitos de información, incluso con fines estadísticos, en relación con el establecimiento la explotación de inversores de la otra Parte o de las empresas cubiertas, siempre que no constituya un medio para eludir las obligaciones de dicha Parte en virtud de esos artículos.
 Capítulo 3: Comercio transfronterizo de servicios
 Artículo SERVIN.3.1: Ámbito de aplicación
 El presente capítulo es aplicable a las medidas adoptadas por una Parte que afecten al comercio transfronterizo de servicios de los proveedores de la otra Parte.
 Artículo SERVIN.3.2: Acceso a los mercados
 Una Parte no adoptará ni mantendrá, en todo su territorio ni en una subdivisión territorial, medidas que:
 (a)impongan limitaciones sobre:
 i)
 el número de proveedores de servicios que puede prestar un servicio determinado, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios, proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;
 ii)
 el valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes numéricos, o la exigencia de una prueba de necesidades económicas; o
 iii)
 el número total de operaciones de servicios o la cuantía total de la producción de servicios, expresada en unidades numéricas designadas en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas
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 ; o
 b)
 restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio.
 Artículo SERVIN.3.3: Presencia local
 Una Parte no exigirá a un proveedor de servicios de la otra Parte que establezca o mantenga una empresa o que resida en el territorio de la Parte como condición para la prestación transfronteriza de un servicio.
 Artículo SERVIN.3.4: Trato nacional
 1.Cada una de las Partes concederá a los servicios y los proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que concedan, en situaciones similares, a sus propios servicios y proveedores de servicios.
 2.Una Parte podrá cumplir los requisitos del apartado 1 otorgando a los servicios y a los prestadores de servicios de la otra Parte un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que otorgue a sus propios servicios y prestadores de servicios.
 3.Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia a favor de los servicios o proveedores de servicios de la Parte, en comparación con los servicios o proveedores de servicios de la otra Parte.
 4.Ninguna disposición del presente artículo se interpretará de forma que se exija a una Parte que compense las desventajas competitivas intrínsecas que resulten del carácter extranjero de determinados servicios o proveedores de servicios.
 Artículo SERVIN.3.5: Trato de nación más favorecida
 1.Cada Parte concederá a los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que conceda, en situaciones similares, a los servicios y proveedores de servicios de un tercer país.
 2.El apartado 1 no se interpretará de forma que se obligue a una Parte a ampliar a los servicios y proveedores de servicios de la otra Parte el beneficio de todo trato que resulte de:
 (a)un acuerdo internacional para la prevención de la doble imposición o un acuerdo o arreglo internacional relacionado total o parcialmente con la fiscalidad; o
 (b)medidas que prevén el reconocimiento, incluidas las normas o criterios para la autorización, obtención de licencias o certificación de una persona física o empresa para realizar una actividad económica, o de las medidas prudenciales a que se refiere el apartado 3 del anexo al AGCS sobre servicios financieros.
 3.Para mayor certeza, la existencia de disposiciones sustantivas en otros acuerdos internacionales formalizados entre una Parte y un tercer país, o la mera transposición formal de dichas disposiciones al Derecho interno en la medida que sea necesario para incorporarlas al ordenamiento jurídico interno, no constituyen en sí el «trato» al que se refiere el apartado 1. Las medidas adoptadas por una Parte de conformidad con dichas disposiciones podrán constituir dicho trato y, por tanto, dar lugar a una infracción del presente artículo.
 Artículo SERVIN.3.6: Medidas no conformes
 1.Los artículos SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados], SERVIN.3.3 [Presencia local], SERVIN.3.4 [Trato nacional] y SERVIN.3.5 [Trato de nación más favorecida] no serán aplicables a:
 (a)ninguna medida no conforme vigente que mantenga una Parte a nivel de:
 i)
 en el caso de la Unión:
 A)
 la Unión, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 B)
 el gobierno central de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 C)
 un gobierno regional de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes]; o
 D)
 un gobierno local, distinto del mencionado en la letra C); y
 ii)
 en el caso del Reino Unido:
 A)
 el gobierno central, tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 B)
 un gobierno regional, tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes]; o
 C)
 un gobierno local;
 (b)la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a); o
 (c)una modificación de cualquiera de las medidas no conformes a las que se refieren las letras a) y b) del presente apartado, siempre que no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con los artículos SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados], SERVIN.3.3 [Presencia local], SERVIN.3.4 [Trato nacional] y SERVIN.3.5 [Trato de nación más favorecida].
 2.Los artículos 3.2 [Acceso a los mercados], SERVIN.3.3 [Presencia local], SERVIN.3.4 [Trato nacional] y SERVIN.3.5 [Trato de nación más favorecida] no se aplicarán a ninguna medida adoptada por una Parte que sea compatible con las reservas, condiciones o cualificaciones especificadas en relación con un sector, subsector o actividad enumerada en el anexo SERVIN-2 [Medidas futuras].
 Capítulo 4: Entrada y estancia temporal de personas físicas con fines empresariales
 Artículo SERVIN.4.1: Ámbito de aplicación y definiciones
 1.El presente capítulo es aplicable a las medidas de una Parte que afecten al rendimiento de actividades económicas mediante la entrada y estancia temporal de personas físicas de la otra Parte, que sean personas en visita de negocios con fines de establecimiento, prestadores de servicios contractuales, profesionales independientes, personas trasladadas dentro de la misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración.
 2.En la medida en que no se asuman compromisos con arreglo al presente capítulo, seguirán aplicándose todos los requisitos establecidos en la legislación de una Parte relativa a la entrada y la estancia temporal de las personas físicas, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias sobre la duración de la estancia.
 3.Sin perjuicio de las disposiciones del presente capítulo, seguirán aplicándose todos los requisitos establecidos en la legislación de una Parte en relación con las medidas sobre el trabajo y la seguridad social, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias sobre salarios mínimos y los convenios colectivos sobre salarios.
 4.Los compromisos sobre la entrada y estancia temporal de personas físicas con fines empresariales no se aplicarán en los casos en los que la intención o el efecto de la entrada y la estancia temporal sea influir o incidir de algún modo en el resultado de una diferencia o una negociación laboral o de gestión, o en el empleo de toda persona física implicada en dicha diferencia.
 5.A los efectos del presente capítulo, se entenderá por:
 (a)«personas en visita de negocios con fines de establecimiento»: personas físicas que ocupen un cargo superior en una persona jurídica de una Parte y que:
 i)
 estén encargadas de constituir una empresa de dicha persona jurídica en el territorio de la otra Parte;
 ii)
 no ofrezcan ni presten servicios ni ejerzan ninguna otra actividad económica distinta de las requeridas para el establecimiento de dicha empresa; y
 iii)
 no reciban remuneración de una fuente situada en la otra Parte;
 (b)«prestadores de servicios contractuales»: las personas físicas empleadas por una persona jurídica de una de las Partes (que no sea a través de una agencia de colocación y prestación de servicios de personal), que no se hayan establecido en el territorio de la otra Parte y que hayan celebrado un contrato de buena fe cuya duración no sea superior a doce meses, para prestar servicios cuyo consumidor final se encuentre en la otra Parte, por el que se exija una presencia temporal de sus empleados, que:
 i)
 hayan ofrecido el mismo tipo de servicios que los empleados de la persona jurídica por un período no inferior a un año inmediatamente anterior a la fecha de su solicitud de entrada y estancia temporal;
 ii)
 posean, en esa fecha, al menos tres años de experiencia profesional, obtenidos después de haber alcanzado la mayoría de edad, en el sector de actividad objeto del contrato, una titulación universitaria o una cualificación que acredite conocimientos de un nivel equivalente y las cualificaciones profesionales que la ley exija para ejercer dicha actividad en la otra Parte
 14
 ; y
 iii)
 no reciban remuneración de una fuente situada en la otra Parte;
 (c)«profesionales independientes»: las personas físicas que se dediquen a prestar un servicio, estén establecidas como trabajadores por cuenta propia en el territorio de una Parte y que:
 i)
 no estén establecidas en el territorio de la otra Parte;
 ii)
 hayan celebrado un contrato de buena fe (que no sea a través de una agencia de colocación y prestación de servicios de personal) cuya duración no sea superior a doce meses, para prestar servicios cuyo consumidor final se encuentre en la otra Parte, por el que se exija su presencia temporal; y
 iii)
 posean en la fecha de su solicitud de entrada y estancia temporal, al menos seis años de experiencia profesional en el sector de actividad pertinente, una titulación universitaria o una cualificación que acredite conocimientos de un nivel equivalente y las cualificaciones profesionales que la ley exija para ejercer dicha actividad en la otra Parte
 15
 ;
 (d)«personas trasladadas dentro de la misma empresa»: las personas físicas que:
 i)
 hayan estado empleadas por una persona jurídica de una Parte o hayan sido socias de la misma, durante un período, inmediatamente anterior a la fecha del traslado dentro de la misma empresa, que no sea inferior a un año en el caso de los directivos y especialistas y seis meses, en el caso de los trabajadores en formación;
 ii)
 residan fuera del territorio de la otra Parte cuando presenten la solicitud;
 iii)
 se trasladen temporalmente a una empresa de la persona jurídica en el territorio de la otra Parte que sea miembro del mismo grupo que la persona jurídica de origen, incluida su oficina de representación, filial, sucursal o la empresa principal
 16
 ; y
 iv)
 pertenezcan a una de las categorías siguientes:
 A)
 directivos
 17
 ;
 B)
 especialistas; o
 C)
 trabajadores en formación;
 (e)«directivo»: una persona física que ocupe cargos superiores, que dirija fundamentalmente la gestión de la empresa en la otra Parte, bajo la supervisión o dirección general principalmente del consejo de administración o los accionistas de la empresa o sus equivalentes y cuyas responsabilidades incluyan las siguientes:
 i)
 dirigir la empresa o uno de sus departamentos o subdivisiones;
 ii)
 supervisar y controlar el trabajo de otros empleados que ejerzan funciones de supervisión, técnicas o de gestión; y
 iii)
 estar facultado para recomendar la contratación o el despido u otras actuaciones relacionadas con el personal;
 (f)«especialista»: persona física que posea conocimientos especializados esenciales para los ámbitos de actividad, las técnicas o la gestión de la empresa, que se valorarán teniendo en cuenta no solo los conocimientos específicos de la empresa, sino también el nivel de competencias de la persona, especialmente la experiencia profesional adecuada en un tipo de trabajo o actividad que requiera conocimientos técnicos específicos, incluida su posible pertenencia a una profesión acreditada; y
 (g)«trabajador en formación»: persona física que posea una titulación universitaria y sea desplazada de forma temporal a efectos del desarrollo de su carrera o a fin de obtener una formación en técnicas o métodos relacionados con la actividad de la empresa y reciba remuneración durante el período de desplazamiento
 18
 .
 6.El contrato de servicios a que se refiere el apartado 5, letras b) y c), deberá cumplir los requisitos legales de la Parte donde se ejecute.
 Artículo SERVIN.4.2: Personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios con fines de establecimiento
 1.Sin prejuicio de las condiciones y cualificaciones pertinentes especificadas en el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración]:
 (a)cada Parte permitirá:
 i)
 la entrada y la estancia temporal de personas trasladadas dentro de una misma empresa;
 ii)
 la entrada y la estancia temporal de personas en visita de negocios con fines de establecimiento sin exigir un permiso de trabajo ni ningún otro procedimiento de autorización previa de finalidad similar; y
 iii)
 el empleo en su territorio de las personas de la otra Parte trasladadas dentro de la misma empresa;
 (b)una Parte no mantendrá ni adoptará, ya sea en forma de contingente numérico o mediante una prueba de necesidades económicas, limitaciones sobre el número total de personas físicas, en un sector específico, a las que se permite la entrada como personas en visita de negocios con fines de establecimiento o a las que un inversor de la otra Parte pueda emplear como personas trasladadas dentro de una misma empresa, ya sea sobre la base de una subdivisión territorial o sobre la base de todo su territorio; y
 (c)cada una de las Partes concederá a las personas trasladadas dentro de una misma empresa y a las personas en visita de negocios con fines de establecimiento, durante su estancia temporal en su territorio, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus propias personas físicas.
 2.La duración permisible de la estancia será de un período no superior a tres años en el caso de los directivos y especialistas, hasta un año en el caso de los trabajadores en formación y no superior a noventa días por semestre en el caso de las personas en visita de negocios con fines de establecimiento.
 Artículo SERVIN.4.3: Personas en visita de negocios de corta duración
 1.Sin prejuicio de las condiciones y cualificaciones pertinentes especificadas en el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración], cada una de las Partes permitirá la entrada y la estancia temporal de personas en visita de negocios de corta duración de la otra Parte a fin de que realicen las actividades enumeradas en el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración], siempre que:
 (a)las personas en visita de negocios de corta duración no vendan sus mercancías ni suministren sus servicios al público en general;
 (b)las personas en visita de negocios de corta duración no reciban una remuneración, en su propio nombre, en la Parte en la que se encuentren temporalmente; y
 (c)las personas en visita de negocios de corta duración no suministren un servicio en el marco de un contrato celebrado entre una persona jurídica que no esté establecida en el territorio de la Parte donde se encuentren temporalmente y un consumidor de dicha Parte, salvo en los casos contemplados en el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración].
 2.Salvo disposición en contrario en el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración], una Parte autorizará la entrada de personas en visita de negocios de corta duración sin exigir un permiso de trabajo, una prueba de necesidades económicas u otro procedimiento de autorización previa de finalidad similar.
 3.Si las personas en visita de negocios de corta duración de una Parte participan en la prestación de un servicio a un consumidor en el territorio de la Parte en la que se encuentran temporalmente de acuerdo con el anexo SERVIN-3 [Personas en visita de negocios con fines de establecimiento, personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios de corta duración], dicha Parte concederá a estas personas, con respecto a la prestación de dicho servicio, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus propios prestadores de servicios.
 4.La duración permisible de la estancia será de un período no superior a noventa días cada seis meses.
 Artículo SERVIN.4.4: Proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes
 1.En los sectores, subsectores y actividades especificados en el anexo SERVIN-4 [Prestadores de servicios contractuales y profesionales independientes] y sin prejuicio de las condiciones y cualificaciones pertinentes especificadas en el mismo:
 (a)una Parte permitirá la entrada y estancia temporal de proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes en su territorio;
 (b)una Parte no adoptará ni mantendrá limitaciones sobre el número total de proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes de la otra Parte cuya entrada y estancia temporal se autorice, ya sea en forma de contingente numérico o mediante una prueba de necesidades económicas; y
 (c)cada una de las Partes concederá a los proveedores de servicios contractuales y a los profesionales independientes de la otra Parte un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus propios prestadores de servicios.
 2.El acceso concedido conforme a lo dispuesto en el presente artículo se refiere únicamente al servicio objeto del contrato y no faculta para ejercer la profesión en la Parte donde se preste el servicio.
 3.El número de personas contempladas por el contrato de servicios no deberá ser superior al necesario para ejecutar el contrato, de acuerdo con lo que pueda exigir el Derecho de la Parte en la que se preste el servicio.
 4.La duración permisible de la estancia será de un período acumulativo de doce meses, o por la duración del contrato, cualquiera que sea inferior.
 Artículo SERVIN.4.5: Medidas no conformes
 En la medida en que la medida pertinente afecte a la estancia temporal de personas físicas con fines empresariales, los artículos SERVIN.4.2 [Personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios con fines de establecimiento] apartado 1, letras b) y c), SERVIN.4.3 [Personas en visita de negocios de corta duración], apartado 3, y SERVIN.4.4 [Prestadores de servicios contractuales y profesionales independientes], apartado 1, letras b) y c), no se aplicarán a:
 (a)ninguna medida no conforme vigente que mantenga una Parte a nivel de:
 i)
 en el caso de la Unión:
 A)
 la Unión, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 B)
 el gobierno central de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 C)
 un gobierno regional de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes]; o
 D)
 un gobierno local, distinto del mencionado en la letra C); y
 ii)
 en el caso del Reino Unido:
 A)
 el gobierno central, tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 B)
 una [subdivisión regional], tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes]; o
 C)
 un gobierno local;
 (b)la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a);
 (c)una modificación de cualquiera de las medidas no conformes a las que se refieren las letras a) y b) del presente artículo, siempre que no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con el artículo SERVIN.4.2 [Personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios con fines de establecimiento], apartado 1, letras b) y c), el artículo SERVIN.4.3 [Personas en visita de negocios de corta duración], apartado 3, y el artículo SERVIN.4.4 [Prestadores de servicios contractuales y profesionales independientes], apartado 1, letras b) y c); o
 (d)cualquier medida adoptada por una Parte que sea compatible con una condición o cualificación especificada en el anexo SERVIN-2 [Medidas futuras].
 Artículo SERVIN.4.6: Transparencia
 1.Cada una de las Partes pondrá a disposición del público la información relativa a las medidas pertinentes relacionadas con la entrada y la estancia temporal de personas físicas de la otra Parte a que se refiere el artículo SERVIN.4.1 [Ámbito de aplicación y definiciones], apartado 1.
 2.La información a que hace referencia el apartado 1 incluirá, en la medida de lo posible, la siguiente información pertinente sobre la entrada y la estancia temporal de personas físicas:
 (a)las categorías de visados, permisos u otro tipo similar de autorización en relación con la entrada y la estancia temporal;
 (b)la documentación necesaria y las condiciones que deben cumplirse;
 (c)el método de presentación de una solicitud y las opciones sobre dónde presentarla, por ejemplo en las oficinas consulares o en línea;
 (d)las tasas de solicitud y un calendario indicativo de la tramitación de una solicitud;
 (e)la duración máxima de la estancia para cada tipo de autorización descrito en la letra a);
 (f)las condiciones de toda posible prórroga o renovación;
 (g)las reglas sobre las personas dependientes que acompañen a la persona física;
 (h)los procedimientos de revisión o recurso disponibles; y
 (i)la legislación pertinente de aplicación general sobre la entrada y la estancia temporal de personas físicas con fines empresariales.
 3.En lo que concierne a la información mencionada en los apartados 1 y 2, cada Parte se esforzará por informar sin demora a la otra Parte de la introducción de nuevos requisitos y procedimientos o de cambios en los requisitos y procedimientos que afecten a la solicitud efectiva de la concesión de entrada y estancia temporal y, en su caso, de permiso para trabajar en el territorio de la anterior Parte.
 Capítulo 5: Marco reglamentario
 Sección 1: Reglamentación interna
 Artículo SERVIN.5.1: Ámbito de aplicación y definiciones
 1.La presente sección es aplicable a las medidas de una Parte relativas a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias, los requisitos y procedimientos de cualificación, las formalidades y las normas técnicas que afecten:
 (a)al comercio transfronterizo de servicios;
 (b) al establecimiento o la explotación; o
 (c)al suministro de un servicio mediante la presencia de una persona física de una Parte en el territorio de la otra Parte, tal como figura en el artículo SERVIN.4.1 [Ámbito de aplicación y definiciones].
 En lo que concierne a las medidas relativas a normas técnicas, la presente sección solo será aplicable a las medidas que afecten al comercio de servicios. A los efectos de la presente sección, el término «normas técnicas» no incluye las normas técnicas de regulación o de ejecución de servicios financieros.
 2.La presente sección no se aplicará a los requisitos y procedimientos de concesión de licencias, los requisitos y procedimientos de cualificación, las formalidades, ni las normas técnicas con arreglo a una medida:
 (a)que no sea conforme con el artículo SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados] o 2.3 [Trato nacional] y se mencione en el artículo SERVIN.2.7 [Medidas no conformes y excepciones], apartado 1, letras a) a c), o con el artículo SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados], el artículo SERVIN.3.3 [Presencia local] o el artículo SERVIN.3.4 [Trato nacional] y se mencione en el artículo SERVIN.3.6 [Medidas no conformes y excepciones], apartado 1, letras b) y c), o con el artículo SERVIN 4.2 [Personas trasladadas dentro de una misma empresa y personas en visita de negocios con fines de establecimiento], apartado 1, letras b) y c), o el artículo SERVIN 4.3 [Personas en visita de negocios de corta duración], apartado 3, o con el artículo SERVIN 4.4 [Proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes], apartado 1, letras b) y c), y se mencione en el artículo SERVIN 4.5 [Medidas no conformes], apartado 1; o
 (b)a que se refiera el artículo SERVIN.2.7 [Medidas no conformes], apartado 2, o el artículo SERVIN.3.6 [Medidas no conformes], apartado 2.
 3.A los efectos de la presente sección, se entenderá por:
 (a)«autorización»: el permiso para realizar cualquiera de las actividades mencionadas en las letras a) a c) del apartado 1, que resulta de un procedimiento al que la persona física o jurídica debe adherirse para demostrar el cumplimiento de los requisitos de concesión de licencias, los requisitos de cualificación, las normas técnicas o las formalidades al objeto de obtener, mantener o renovar dicho permiso; y
 (b)«autoridad competente»: una Administración o autoridad central, regional o local, u organismo no gubernamental en el ejercicio de facultades delegadas por cualquier Administración o autoridad central, regional o local, que tiene facultades para tomar una decisión relativa a la autorización mencionada en la letra a).
 Artículo SERVIN.5.2: Presentación de solicitudes
 Cada una de las Partes evitará, en la medida de lo posible, exigir que un solicitante se dirija a más de una autoridad competente para presentar cada solicitud de autorización. En caso de que la actividad para la que se solicita autorización sea competencia de múltiples autoridades competentes, podrán exigirse múltiples solicitudes de autorización.
 Artículo SERVIN.5.3: Plazos de la solicitud
 Si una Parte requiere una autorización, se asegurará de que, en la medida de lo posible, sus autoridades competentes permitan la presentación de una solicitud en cualquier momento a lo largo del año. Si existen plazos específicos para solicitar una autorización, la Parte garantizará que las autoridades competentes concedan al solicitante un plazo razonable para presentar la solicitud.
 Artículo SERVIN.5.4: Solicitudes electrónicas y aceptación de copias
 Si una Parte requiere autorización, garantizará que sus autoridades competentes:
 (a)en la medida de lo posible, procuren que las aplicaciones se cumplimenten por medios electrónicos, incluso desde el territorio de la otra Parte; y
 (b)acepten, en lugar de documentos originales, copias de documentos autenticados de conformidad con el Derecho interno de la Parte, salvo que dichas autoridades competentes requieran documentos originales para proteger la integridad del proceso de autorización.
 Artículo SERVIN.5.5: Tramitación de las solicitudes
 1.Si una Parte requiere autorización, garantizará que sus autoridades competentes:
 (a)tramiten las solicitudes a lo largo del año. Cuando eso no sea posible, esta información se hará pública por anticipado, siempre que sea viable;
 (b)proporcionen, en la medida de lo posible, un plazo indicativo de la tramitación de una solicitud; Ese plazo será razonable en la medida de lo posible;
 (c)a petición del solicitante, faciliten sin demora injustificada información sobre el estado de la solicitud;
 (d)en la medida de lo posible, determinen sin demora injustificada la integridad de una solicitud para su tramitación de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte;
 (e)si consideran que una solicitud está completa para su tramitación de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias internas de la Parte
 19
 , en un plazo razonable tras su presentación, se aseguren de:
 i)
 completar el proceso de solicitud; y
 ii)
 comunicar al solicitante la decisión relativa a la solicitud, a ser posible por escrito
 20
 ;
 (f)si consideran que una solicitud está incompleta para su tramitación de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias internas de la Parte, en un plazo razonable, en la medida de lo posible, se aseguren de:
 i)
 informar al solicitante de que la solicitud está incompleta;
 ii)
 identificar, a petición del solicitante, la información adicional necesaria para completar la solicitud o indicar por qué la solicitud se considera incompleta; y
 iii)
 ofrecer al solicitante la oportunidad de presentar la información adicional necesaria para completar la solicitud
 21
 ;
 no obstante, si nada de lo anterior es factible y se rechaza la solicitud por estar incompleta, las autoridades competentes velarán por que el solicitante sea informado en un plazo razonable; y
 (g)si se rechaza una solicitud, ya sea por iniciativa propia o a petición del solicitante, informar al solicitante de los motivos del rechazo, del plazo para recurrir la decisión y, en su caso, de los procedimientos para volver a presentar una solicitud; no se impedirá a un solicitante que presente otra solicitud únicamente sobre la base de una solicitud rechazada previamente.
 2.Las Partes velarán por que sus autoridades competentes concedan una autorización tan pronto como se determine, sobre la base de un examen adecuado, que el solicitante cumple los requisitos para su obtención.
 3.Las Partes garantizarán que, una vez concedida, la autorización surta efecto sin demora injustificada, sin perjuicio de los términos y las condiciones aplicables
 22
 .
 Artículo SERVIN.5.6: Tasas
 1.En el caso de las actividades económicas distintas de los servicios financieros, cada una de las Partes garantizará que las tasas de autorización que sus autoridades competentes cobran sean razonables y transparentes y no restrinjan por sí solas el suministro del servicio pertinente o el ejercicio de cualquier otra actividad económica. Teniendo en cuenta el coste y la carga administrativa, se insta a las Partes a aceptar el pago de las tasas de autorización por medios electrónicos.
 2.En lo que respecta a los servicios financieros, cada una de las Partes garantizará que, en lo que atañe a las tasas de autorización que cobran, sus autoridades competentes proporcionen a los solicitantes una lista de tasas o información sobre la manera en que se determinan sus cantidades, y que no utilicen las tasas como una forma de evitar cumplir los compromisos u obligaciones de la Parte.
 3.Las tasas de autorización no incluirán las tasas en concepto de utilización de recursos naturales, pagos de subastas, licitaciones u otras formas no discriminatorias de adjudicar concesiones, ni contribuciones obligatorias para la prestación de servicios universales.
 Artículo SERVIN.5.7: Evaluación de las cualificaciones
 Si una Parte requiere un examen para evaluar las cualificaciones de la persona que solicita la autorización, garantizará que sus autoridades competentes programen dicho examen a intervalos razonablemente frecuentes y establezcan un plazo razonable para que los solicitantes puedan solicitar presentarse al mismo. Cada una de las Partes aceptará, en la medida de lo posible, solicitudes en formato electrónico para realizar dichos exámenes y considerará el uso de medios electrónicos en otros aspectos de los procesos de examen.
 Artículo SERVIN.5.8: Publicación e información disponible
 1.Si una Parte requiere autorización, la Parte publicará sin demora la información necesaria para que las personas que realicen o pretendan realizar las actividades mencionadas en el artículo SERVIN.5.1 [Ámbito de aplicación y definiciones], apartado 1, que están sujetas a autorización puedan cumplir los requisitos, las formalidades, las normas técnicas y los procedimientos para obtener, mantener, modificar y renovar dicha autorización. Dicha información incluirá, en la medida en que exista:
 (a)los requisitos y procedimientos de concesión de licencias y de cualificación, y las formalidades;
 (b)la información de contacto de las autoridades competentes pertinentes;
 (c)las tasas de autorización;
 (d)las normas técnicas aplicables;
 (e)los procedimientos de recurso o revisión de las decisiones relativas a las solicitudes;
 (f)los procedimientos de seguimiento o vigilancia del cumplimiento de los términos y las condiciones de las licencias o cualificaciones;
 (g)las oportunidades de participación pública, por ejemplo, a través de audiencias o de la presentación de observaciones; y
 (h)los plazos indicativos para la tramitación de una solicitud.
 A los efectos de la presente sección, se entenderá por «publicar» la inclusión en una publicación oficial, como un diario o sitio web oficial. Las partes consolidarán las publicaciones electrónicas en un único portal en línea o garantizarán de otro modo que las autoridades competentes las pongan fácilmente al alcance del público a través de medios electrónicos alternativos.
 2.Cada una de las Partes exigirá a cada una de sus autoridades competentes que respondan todas las solicitudes de información o asistencia, en la medida de lo posible.
 Artículo SERVIN.5.9: Normas técnicas
 Cada una de las Partes alentará a sus autoridades competentes a que, cuando adopten normas técnicas, lo hagan mediante procesos abiertos y transparentes, y alentará a todo organismo designado para la elaboración de normas técnicas, incluidas las organizaciones internacionales, a que utilicen procesos abiertos y transparentes.
 Artículo SERVIN.5.10: Condiciones de autorización
 1.Cada una de las Partes velará por que las medidas relacionadas con la autorización se basen en criterios que impidan a las autoridades competentes ejercer sus facultades de evaluación de forma arbitraria y podrán incluir, entre otras, la competencia y la habilidad para prestar un servicio o cualquier otra actividad económica, incluso hacerlo en cumplimiento de los requisitos reglamentarios de una Parte, como los requisitos en materia de salud y medio ambiente. Para evitar cualquier duda, las Partes entienden que, a la hora de tomar decisiones, una autoridad competente podrá equilibrar criterios.
 2.Los criterios contemplados en el apartado 1 serán:
 (a)claros e inequívocos;
 (b)objetivos y transparentes;
 (c)preestablecidos;
 (d)hechos públicos con antelación;
 (e)imparciales; y
 (f)fácilmente accesibles.
 3.Si una Parte adopta o mantiene una medida con respecto a la autorización, garantizará que:
 (a)la autoridad competente en cuestión tramite las solicitudes, adopte y aplique decisiones objetiva e imparcialmente, y de forma independiente y libre de toda influencia indebida de cualquier persona que realice la actividad económica y a la que se exija la autorización; y
 (b)los procedimientos no impidan por sí mismos el cumplimiento de los requisitos.
 Artículo SERVIN.5.11: Número limitado de licencias
 Si el número de licencias disponibles para una determinada actividad está limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, la Parte aplicará un procedimiento de selección entre los posibles candidatos en el que se den todas las garantías de imparcialidad, objetividad y transparencia y, en concreto, se haga la publicidad adecuada del inicio, el desarrollo y la finalización del procedimiento. Al establecer las normas del procedimiento de selección, una Parte podrá tener en cuenta objetivos políticos legítimos, incluidas consideraciones sobre la salud, la seguridad, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural.
 Sección 2: Disposiciones de aplicación general
 Artículo SERVIN.5.12: Procedimientos de revisión de decisiones administrativas
 Una Parte mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, de arbitraje o administrativos que dispongan, a petición del inversor o proveedor de servicios afectado de la otra Parte, una revisión rápida de las decisiones administrativas que afecten a la prestación de un servicio o a la realización de cualquier otra actividad económica y, cuando esté justificado, las medidas correctivas adecuadas. A los efectos de la presente sección, se entenderá por «decisión administrativa», una decisión o acción con efecto jurídico que se aplica a una persona, un bien o un servicio específico en un caso concreto e incluye el hecho de no adoptar una decisión administrativa o una acción cuando así lo requiera la legislación de una Parte. En caso de que tales procedimientos no sean independientes de la autoridad competente encargada de la decisión administrativa de que se trate, las Partes se asegurarán de que los procedimientos permitan, de hecho, una revisión objetiva e imparcial.
 Artículo SERVIN.5.13: Cualificaciones profesionales
 1.Ninguna disposición del presente artículo impedirá a cualquiera de las Partes exigir que las personas físicas posean las cualificaciones profesionales necesarias especificadas en el territorio donde se realice la actividad para el sector de la actividad en cuestión
 23
 .
 2.Los organismos profesionales o las autoridades que sean pertinentes para el sector de la actividad en cuestión en sus respectivos territorios podrán desarrollar y ofrecer recomendaciones conjuntas sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales al Consejo de Asociación. Dichas recomendaciones conjuntas serán respaldadas por una evaluación basada en pruebas de:
 (a)el valor económico de una disposición prevista sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales; y
 (b)la compatibilidad de los regímenes respectivos, es decir, la medida en que son compatibles los requisitos aplicados por cada Parte para la autorización, la concesión de licencias, el funcionamiento y la certificación.
 3.Al recibir una recomendación conjunta, el Consejo de Asociación revisará su coherencia con el presente título en un plazo razonable. Después de dicha revisión, el Consejo de Asociación podrá desarrollar y adoptar una disposición sobre las condiciones para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales mediante decisión en forma de anexo del presente Acuerdo, que se considerará que forma parte integral de este título
 24
 .
 4.Las disposiciones a que se refiere el apartado 3 proporcionarán las condiciones para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en la Unión y de las cualificaciones profesionales adquiridas en el Reino Unido en relación con la actividad cubierta por el presente título y por el título III [Comercio digital] del epígrafe primero.
 5.Las Directrices para las disposiciones relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales establecidas en el anexo SERVIN-6 [Directrices para las disposiciones relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales] se tendrán en cuenta en el desarrollo de las recomendaciones conjuntas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo y por el Consejo de Asociación al evaluar la conveniencia de adoptar dicha disposición, como se contempla en el apartado 3 del presente artículo.
 Sección 3: Servicios de entrega
 Artículo SERVIN.5.14: Ámbito de aplicación y definiciones
 1.La presente sección se aplica a las medidas de una Parte que afecten a la prestación de servicios, además de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente título, y de las secciones 1 y 2 del presente capítulo.
 2.A los efectos de la presente sección, se entenderá por:
 (a)«servicios de entrega»: los servicios postales, servicios de mensajería, servicios de entrega urgente o servicios de correo rápido, que incluyen las actividades siguientes: la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales;
 (b)«servicios de entrega urgente»: la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales a mayor velocidad y de forma más fiable, que puede incluir elementos de valor añadido como la recogida desde el punto de origen, la entrega personal al destinatario, el seguimiento, la posibilidad de cambiar el destino y el destinatario en tránsito o la confirmación de la recepción;
 (c)«servicios de correo rápido»: los servicios internacionales de entrega urgente prestados a través de la Cooperativa EMS, que es la asociación voluntaria de operadores postales designados de la Unión Postal Universal (UPU);
 (d)«licencia»: autorización que una autoridad de reglamentación de una Parte puede exigir a un proveedor concreto para poder ofrecer servicios postales o de mensajería;
 (e)«envío postal»: un envío de hasta 31,5kg presentado en la forma definitiva en que deba ser transportado por cualquier tipo de proveedor de servicios de entrega, público o privado, que puede incluir, por ejemplo, una carta, un paquete, un diario o un catálogo;
 (f)«monopolio postal»: el derecho exclusivo a prestar servicios de entrega determinados dentro del territorio de una Parte o una subdivisión del mismo de conformidad con el Derecho de dicha Parte; y
 (g)«servicio universal»: suministro permanente de un servicio de entrega de calidad específica en todos los puntos del territorio de una Parte a precios asequibles para todos los usuarios.
 Artículo SERVIN.5.15: Servicio universal
 1.Cada una de las Partes tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desea mantener y a decidir su ámbito de aplicación y ejecución. Toda obligación de servicio universal se administrará de forma transparente, no discriminatoria y con neutralidad para todos los proveedores sujetos a la obligación.
 2.Si una Parte requiere que los servicios de entrega urgente entrantes se presten sobre la base de un servicio universal, no otorgará un trato preferencial a dichos servicios sobre otros servicios internacionales de entrega urgente.
 Artículo SERVIN.5.16: Financiación del servicio universal
 Una Parte no impondrá tasas ni otras cargas por la prestación de un servicio de entrega que no sea universal a los efectos de financiar la prestación de un servicio universal. El presente artículo no será aplicable a las medidas tributarias ni las tasas administrativas de aplicación general.
 Artículo SERVIN.5.17: Prevención de prácticas distorsionadoras del mercado
 Cada una de las Partes velará por que un prestador de servicios de entrega sujeto a una obligación de servicio universal o a monopolios postales no incurra en prácticas distorsionadoras del mercado, tales como:
 (a)la utilización de los ingresos derivados de la prestación del servicio sujeto a una obligación de servicio universal o a un monopolio postal para subvencionar la prestación de un servicio de entrega urgente o cualquier servicio de entrega que no esté sujeto a una obligación de servicio universal; o
 (b)la distinción injustificada entre consumidores con respecto a las tasas u otros términos y condiciones de la prestación de un servicio sujeto a un servicio universal o a un monopolio postal.
 Artículo SERVIN.5.18: Licencias
 1.Si una parte requiere una licencia para la prestación de un servicio de entrega, deberá hacer público:
 (a)todos los criterios de concesión de licencias y los plazos normalmente requeridos para tomar una decisión relativa a una solicitud de licencia; y
 (b)los términos y las condiciones de las licencias.
 2.Los procedimientos, obligaciones y requisitos de una licencia deberán ser transparentes, no discriminatorios, y basados en criterios objetivos.
 3.Si la autoridad competente rechaza una solicitud de licencia, informará al solicitante por escrito de los motivos de la denegación de la licencia. Cada una de las Partes establecerá un procedimiento de apelación ante un organismo independiente que esté a disposición de los solicitantes cuya licencia haya sido denegada. Este órgano puede ser un tribunal.
 Artículo SERVIN.5.19: Independencia del organismo regulador
 1.Cada una de las Partes establecerá o mantendrá un organismo regulador que sea jurídicamente distinto y funcionalmente independiente de cualquier proveedor de servicios de entrega. Si una Parte posee o controla un prestador de servicios de entrega, velará por que exista una separación estructural efectiva entre la función de regulación y las actividades relacionadas con la propiedad o el control.
 2.Los organismos reguladores realizarán sus tareas de forma transparente y a su debido momento y dispondrán de recursos financieros y humanos adecuados para poder llevar a cabo las tareas que les han confiado. Sus decisiones serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.
 Sección 4: Servicios de telecomunicaciones
 Artículo SERVIN.5.20: Ámbito de aplicación
 La presente sección se aplicará a las medidas de una Parte que afecten a la prestación de servicios de telecomunicaciones, además de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente título, y de las secciones 1 y 2 del presente capítulo.
 Artículo SERVIN.5.21: Definiciones
 A los efectos de la presente sección, se entenderá por:
 (a)«recursos asociados»: los servicios, las infraestructuras físicas y otras instalaciones o elementos asociados con una red o servicio de telecomunicaciones que permiten o respaldan el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tienen el potencial para hacerlo;
 (b)«usuario final»: un consumidor final o un abonado a un servicio público de telecomunicaciones, incluido un proveedor de servicios que no sea un proveedor de un servicio público de telecomunicaciones;
 (c)«instalaciones esenciales»: instalaciones de una red o servicio público de telecomunicaciones:
 i)
 que sean suministradas exclusiva o predominantemente por un único proveedor o por un número limitado de proveedores; y
 ii)
 cuya sustitución para prestar un servicio no sea viable económica o técnicamente;
 (d)«interconexión»: el enlace de las redes públicas de telecomunicaciones utilizadas por el mismo o distintos proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones, con objeto de que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y acceder a los servicios prestados por otro proveedor, con independencia de si dichos servicios son prestados por los proveedores interesados o por cualquier otro proveedor que tenga acceso a la red;
 (e)«servicio de itinerancia móvil internacional»: servicio móvil comercial prestado de conformidad con un acuerdo comercial entre proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones que permita a un usuario final utilizar su teléfono móvil de origen u otro dispositivo para servicios de voz, datos o mensajería fuera del territorio en el que se encuentre la red pública de transporte de telecomunicaciones nacional del usuario;
 (f)«servicio de acceso a internet»: servicio público de telecomunicaciones que proporciona acceso a internet y, por ende, conectividad entre prácticamente todos los puntos extremos conectados a internet, con independencia de la tecnología de red y del equipo terminal utilizados;
 (g)«circuito arrendado»: servicios o instalaciones de telecomunicaciones, incluidos los que tienen carácter virtual, que reservan, o ponen a disposición de un usuario, capacidad entre dos o más puntos designados para su uso exclusivo;
 (h)«proveedor principal»: un proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones con capacidad de afectar de manera importante a las condiciones de participación, desde el punto de vista de los precios y del suministro, en el mercado pertinente de redes o servicios públicos de telecomunicaciones, como resultado del control de instalaciones esenciales o del aprovechamiento de su posición en el mercado;
 (i)«elemento de la red»: una instalación o equipo utilizado para prestar un servicio de telecomunicaciones, incluidas las características, funciones y capacidades de dicha instalación o equipo;
 (j)«portabilidad del número»: la capacidad de los suscriptores que así lo soliciten para mantener, en la misma localidad en el caso de una línea fija, los mismos números de teléfono sin deterioro alguno de la calidad, la fiabilidad o la comodidad al cambiar entre proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de la misma categoría;
 (k)«red pública de telecomunicaciones»: cualquier red de telecomunicaciones que se utilice, en su totalidad o en parte, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, que respalda la transmisión de información entre puntos de terminación de la red;
 (l)«servicio público de telecomunicaciones»: cualquier servicio de telecomunicaciones que se ofrezca al público en general;
 (m)«suscriptor»: cualquier persona física o jurídica que sea parte de un contrato con un proveedor de servicios de telecomunicaciones para la prestación de dichos servicios;
 (n)«telecomunicaciones»: la transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético;
 (o)«red de telecomunicaciones»: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento («routers») y demás recursos, incluidos los elementos de red que no estén activos, que permitan la transmisión y recepción de señales por cable, radio, medios ópticos u otros medios electromagnéticos;
 (p)«autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones»: el organismo u organismos a los que una Parte ha encomendado la regulación de las redes y los servicios de telecomunicaciones contemplados en la presente sección;
 (q)«servicio de telecomunicaciones»: un servicio que consiste, en su totalidad o principalmente, en la transmisión y recepción de señales, incluidas las señales de radiodifusión, a través de redes de telecomunicaciones, incluidas las utilizadas para radiodifusión, pero no un servicio que suministre los contenidos transmitidos mediante redes y servicios de telecomunicaciones o ejerza control editorial sobre ellos;
 (r)«servicio universal»: el conjunto mínimo de servicios de una calidad determinada que debe ponerse a disposición de todos los usuarios en el territorio de una Parte, o en una subdivisión del mismo, independientemente de su localización geográfica y a un precio asequible; y
 (s)«usuario»: persona física o jurídica que utiliza un servicio público de telecomunicaciones.
 Artículo SERVIN.5.22: Autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones
 1.Cada una de las partes establecerá o mantendrá una autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones que:
 (a)sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de los proveedores de redes, servicios y equipos de telecomunicaciones;
 (b)utilice procedimientos y emita decisiones que sean imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado;
 (c)actúe de forma independiente y no solicite ni acepte instrucciones de otro organismo en relación con el ejercicio de las tareas asignadas a ella por ley para ejecutar las obligaciones previstas en los artículos SERVIN.5.24 [Interconexión], SERVIN.5.25 [Acceso y uso], SERVIN.5.26 [Solución de diferencias en materia de telecomunicaciones], SERVIN.5.28 [Interconexión con los proveedores principales] y SERVIN.5.29 [Acceso a las instalaciones esenciales de los proveedores principales];
 (d)tenga la facultad reguladora, así como los recursos financieros y humanos adecuados, para llevar a cabo las tareas mencionadas en la letra c);
 (e)tenga la facultad de asegurarse de que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones le proporcionen, de forma rápida tras su petición, toda la información
 25
 , incluso financiera, necesaria para que pueda realizar las tareas mencionadas en la letra c); y
 (f)ejerza sus facultades de forma transparente y oportuna.
 2.Cada una de las partes garantizará que las tareas asignadas a la autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones se hagan públicas de forma clara y fácilmente accesible, especialmente cuando dichas tareas se asignen a más de un organismo.
 3.La Parte que mantenga la propiedad o el control de los proveedores de redes o de servicios de telecomunicaciones velará por que exista una separación estructural efectiva entre la función de reglamentación y las actividades relacionadas con la propiedad o el control.
 4.Cada una de las Partes garantizará que cualquier usuario o proveedor afectado por la decisión de una autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones tenga derecho a recurrirla ante un organismo de recurso que sea independiente de dicha autoridad y de las partes afectadas. En tanto no se resuelva el recurso, la decisión seguirá siendo válida, a menos que se concedan medidas provisionales con arreglo al Derecho de la Parte.
 Artículo SERVIN.5.23: Autorización para suministrar redes o servicios de telecomunicaciones
 1.Cada una de las Partes permitirá el suministro, sin una autorización formal previa, de redes o servicios de telecomunicaciones.
 2.Cada una de las Partes hará públicos todos los criterios, así como los procedimientos aplicables y los términos y las condiciones bajo los que se permite a los proveedores suministrar redes o servicios de telecomunicaciones.
 3.Los criterios de autorización y los procedimientos aplicables serán tan simples como sea posible, objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. Todas las obligaciones y condiciones que se impongan a una autorización o que estén asociadas con ella serán no discriminatorias, transparentes y proporcionadas, y estarán relacionadas con los servicios prestados o las redes suministradas.
 4.Cada una de las Partes garantizará que el solicitante de la autorización reciba por escrito las razones de cualquier denegación o revocación de una autorización o la imposición de condiciones específicas al proveedor. En tales casos, el solicitante tendrá derecho a recurrir ante un órgano de apelación.
 5.Las tasas administrativas que se impongan a los proveedores serán objetivas, transparentes, no discriminatorias y acordes con los costes administrativos en que se haya incurrido razonablemente para gestionar, controlar y aplicar las obligaciones establecidas en el presente artículo
 26
 .
 ARTÍCULO SERVIN.5.24: Interconexión
 Cada una de las Partes garantizará que los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones tengan el derecho y, a petición de otro proveedor de redes o servicios públicos de telecomunicaciones, la obligación de negociar la interconexión a efectos del suministro de redes o servicios públicos de telecomunicaciones.
 Artículo SERVIN.5.25: Acceso y uso
 1.Cada una de las Partes garantizará que se concede a las empresas cubiertas o a los proveedores de servicios de la otra Parte un acceso a redes o servicios públicos de telecomunicaciones razonable y en condiciones no discriminatorias
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 , así como el uso de tales redes o servicios. Esta obligación será aplicable según lo dispuesto, entre otros, a los apartados 2 a 5.
 2.Cada una de las Partes se asegurará de que las empresas cubiertas o los proveedores de servicios de la otra Parte tengan acceso a cualquier red o servicio público de telecomunicaciones ofrecido dentro o más allá de sus fronteras, así como de que puedan utilizar tales redes o servicios, incluidos los servicios de circuitos privados arrendados, y a tal fin garantizarán, sin perjuicio del apartado 5, que estas empresas y proveedores estén autorizados a:
 (a)comprar o arrendar y conectar el equipo terminal u otro equipo que sirva de interfaz con la red y que sea necesario para llevar a cabo sus operaciones;
 (b)interconectar circuitos privados, arrendados o propios, con redes públicas de telecomunicaciones o con circuitos arrendados de otra empresa cubierta o proveedor de servicio; y
 (c)utilizar en las operaciones protocolos de funcionamiento de su elección, distintos de los necesarios para garantizar la disponibilidad de redes y servicios de telecomunicaciones al público en general.
 3.Cada una de las Partes garantizará que todas las empresas cubiertas o los proveedores de servicios de la otra Parte puedan utilizar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones para la circulación de información dentro de su territorio y a través de las fronteras, incluidas las comunicaciones intraempresariales, y para el acceso a la información contenida en bases de datos o almacenada de otro modo en un formato legible por máquina en el territorio de cualquiera de las Partes.
 4.No obstante lo dispuesto en el apartado 3, una Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones, a reserva de que tales medidas no se apliquen de una forma que constituya una restricción encubierta del comercio de servicios, un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una forma de anular o menoscabar las ventajas del presente título.
 5.Cada una de las Partes garantizará que no se impongan al acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos más condiciones de las necesarias para:
 (a)salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las redes o servicios públicos de telecomunicaciones en cuanto servicios públicos, en particular su capacidad para poner sus redes o servicios a disposición del público en general; o
 (b)proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de telecomunicaciones.
 Artículo SERVIN.5.26: Solución de diferencias en materia de telecomunicaciones
 1.Cada una de las Partes garantizará que, en caso de que surjan diferencias entre los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones en relación con los derechos y las obligaciones que se derivan de la presente sección, la autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones emita, a petición de cualquiera de las partes interesadas, una decisión vinculante dentro de un plazo razonable a fin de resolver estas diferencias.
 2.La decisión adoptada por la autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones se hará pública, respetando, no obstante, las exigencias que impone el secreto comercial. Se deberán exponer detalladamente a las partes interesadas los motivos en los que se basa y estas tendrán el derecho de apelación mencionado en el artículo SERVIN.5.22 [Autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones] , apartado 4.
 3.El procedimiento a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 no impedirá que cualquier Parte afectada interponga una acción ante las autoridades judiciales.
 Artículo SERVIN.5.27: Salvaguardias competitivas respecto a los proveedores principales
 Cada una de las Partes introducirá o mantendrá medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones que, individual o conjuntamente, sean un proveedor principal, empleen o sigan empleando prácticas contrarias a la competencia. Entre dichas prácticas contrarias a la competencia figurarán, en particular, las siguientes:
 (a)conceder subvenciones cruzadas contrarias a la competencia;
 (b)utilizar información obtenida de competidores, con resultados contrarios a la competencia; y
 (c)no poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercialmente pertinente que estos necesiten para suministrar servicios.
 Artículo SERVIN.5.28: Interconexión con los proveedores principales
 1.Cada una de las Partes garantizará que los proveedores principales de redes o servicios públicos de telecomunicaciones faciliten la interconexión en cualquier punto técnicamente viable de la red. Esta interconexión se facilitará:
 (a)en condiciones (incluidas las tarifas, normas técnicas, especificaciones, calidad y mantenimiento) que no sean discriminatorias, y de una calidad no inferior a la facilitada para los propios servicios similares de dicho proveedor principal, o para servicios similares de sus sucursales u otras sociedades afiliadas;
 (b)de manera oportuna, en condiciones (incluidas las tarifas, normas técnicas, especificaciones, calidad y mantenimiento) que sean transparentes y razonables, tengan en cuenta la viabilidad económica y estén suficientemente desagregadas para que el prestador no deba pagar por elementos o instalaciones de la red que no necesite para la prestación del servicio; y
 (c)previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red ofrecidos a la mayoría de los usuarios, con tarifas que reflejen el coste de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.
 2.Se pondrán a disposición del público los procedimientos aplicables a la interconexión con un proveedor principal.
 3.Los proveedores principales harán públicos sus acuerdos de interconexión o sus ofertas de interconexión de referencia cuando proceda.
 Artículo SERVIN.5.29: Acceso a las instalaciones esenciales de los proveedores principales
 Cada una de las Partes garantizará que los proveedores principales de su territorio pongan sus instalaciones esenciales a disposición de los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones, en condiciones razonables, transparentes y no discriminatorias, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, salvo que, sobre la base de los hechos recopilados y la evaluación del mercado realizada por la autoridad de reglamentación de telecomunicaciones, se determine que no es necesario para lograr una competencia efectiva. Las instalaciones esenciales del proveedor principal pueden incluir elementos de la red, los servicios de circuitos arrendados y los recursos asociados.
 Artículo SERVIN.5.30: Escasez de recursos
 1.Cada una de las Partes velará por que la asignación y la concesión de los derechos de uso de recursos escasos, incluido el espectro radioeléctrico, los números y los derechos de paso, se lleven a cabo de una forma abierta, objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y proporcionada, y teniendo en cuenta los objetivos de interés general. Los procedimientos y las condiciones y obligaciones que corresponden a los derechos de uso, se basarán en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
 2.Se pondrá a disposición del público el uso actual de las bandas de frecuencia asignadas, pero no es preciso identificar detalladamente el espectro radioeléctrico asignado a usos oficiales específicos.
 3.Las partes podrán confiar en los enfoques basados en el mercado, como los procedimientos de licitación, para asignar espectro para uso comercial.
 4.Las Partes entienden que las medidas adoptadas por una Parte que asigna espectro y gestiona frecuencia han de ser coherentes con los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados] y SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados]. Cada Parte mantiene el derecho a establecer y aplicar medidas de gestión del espectro y de las frecuencias que pueden tener el efecto de limitar el número de prestadores de servicios de telecomunicaciones, siempre que lo haga de manera compatible con el presente Acuerdo. Este derecho comprende la posibilidad de asignar bandas de frecuencias teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras y la disponibilidad de espectro.
 Artículo SERVIN.5.31: Servicio universal
 1.Cada una de las Partes tendrá derecho a definir el tipo de obligación de servicio universal que desea mantener, así como el ámbito de aplicación y ejecución.
 2.Cada una de las Partes administrará las obligaciones de servicio universal de forma proporcionada, transparente, objetiva, no discriminatoria y con neutralidad que sea neutra con respecto a la competencia y no más gravosa de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por la Parte.
 3.Cada una de las Partes se asegurará de que los procedimientos para designar a los proveedores de un servicio universal estén abiertos a todos los proveedores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones. Dicha designación se hará por medio de un mecanismo eficaz, transparente y no discriminatorio.
 4.Si una Parte decide compensar a los proveedores de un servicio universal, garantizará que dicha compensación no exceda el coste neto ocasionado por la obligación de servicio universal.
 Artículo SERVIN.5.32: Portabilidad de los números
 Cada una de las Partes velará por que los prestadores de servicios de telecomunicaciones públicas ofrezcan la portabilidad de los números en condiciones razonables.
 Artículo SERVIN.5.33: Acceso a una internet abierta
 1.Cada una de las Partes garantizará que, con sujeción a su legislación y su normativa, los proveedores de servicios de acceso a internet permitan a los usuarios de esos servicios:
 (a)acceder y distribuir información y contenidos, utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios de su elección, sujeto a una gestión de la red no discriminatoria, razonable, transparente y proporcionada; y
 (b)utilizar dispositivos de su elección, siempre que no dañen la seguridad de otros dispositivos, de la red o de los servicios prestados a través de ella.
 2.Para mayor certeza, ninguno de los elementos del presente artículo impedirá que las Partes adopten medidas destinadas a proteger la seguridad pública con respecto a los usuarios en línea.
 Artículo SERVIN.5.34: Confidencialidad de la información
 1.Cada una de la Partes garantizará que los proveedores que obtengan información de otro proveedor en el proceso de negociación de acuerdos de conformidad con los artículos SERVIN.5.24 [Interconexión], SERVIN.5.25 [Acceso y uso], SERVIN.5.28 [Interconexión con los proveedores principales] y SERVIN.5.29 [Acceso a las instalaciones esenciales de los proveedores principales] utilicen dicha información únicamente para los fines para los que fue facilitada y respeten en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada.
 2.Cada una de las Partes garantizará la confidencialidad de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a las mismas transmitidos al utilizar las redes o los servicios públicos de telecomunicaciones, a reserva de que las medidas con tal fin no se apliquen de una forma que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta del comercio de servicios.
 Artículo SERVIN.5.35: Tenencia de acciones por extranjeros
 En lo que respecta al suministro de redes o servicios de telecomunicaciones mediante el establecimiento y sin perjuicio del artículo SERVIN.2.7 [Medidas no conformes y excepciones], una Parte no impondrá requisitos para las empresas conjuntas ni limitará la participación de capital extranjero, expresada como límite porcentual máximo de la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas.
 Artículo SERVIN.5.36: Itinerancia móvil internacional
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 1.Las Partes procurarán cooperar para promover tarifas transparentes y razonables de los servicios de itinerancia móvil internacional de formas que contribuyan a promover el crecimiento del comercio entre las Partes y mejorar el bienestar de los consumidores.
 2.Las Partes podrán optar por adoptar medidas para mejorar la transparencia y la competencia con respecto a las tarifas de itinerancia móvil internacional y las alternativas tecnológicas a los servicios de itinerancia, tales como:
 (a)garantizar que los usuarios finales puedan acceder fácilmente a la información relativa a las tarifas al por menor; y
 (b)minimizar los obstáculos al uso de alternativas tecnológicas a la itinerancia que permitan a los usuarios finales procedentes del territorio de una Parte que visiten los territorios de otras Partes acceder a los servicios de telecomunicaciones utilizando los dispositivos que deseen.
 3.Cada Parte animará a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones establecidos en su territorio a hacer pública la información sobre las tarifas al por menor de los servicios de itinerancia móvil internacional de voz, datos y mensajes de texto ofrecidos a sus usuarios finales cuando visiten el territorio de la otra Parte.
 4.Ninguna disposición del presente artículo exigirá a una Parte que regule las tarifas o las condiciones de los servicios de itinerancia móvil internacional.
 Sección 5: Servicios financieros
 Artículo SERVIN.5.37 Ámbito de aplicación
 1.La presente sección se aplicará a las medidas de una Parte que afecten a la prestación de servicios financieros, además de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente título, y de las secciones 1 y 2 del presente capítulo.
 2.A los efectos de la presente sección, por «actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales» a que se hace referencia en el artículo SERVIN.1.2 [Definiciones], letra f), se entenderá lo siguiente
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 :
 (a)actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra entidad pública en el marco de políticas monetarias o de tipo de cambio;
 (b)actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de jubilación públicos; y
 (c)otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta de una de las Partes, o con su garantía o utilizando sus recursos financieros o entidades públicas.
 3.A los efectos de la aplicación del artículo SERVIN.1.2 [Definiciones], letra f), de la presente sección, si una Parte autoriza que sus proveedores de servicios financieros lleven a cabo alguna de las actividades mencionadas en las letras b) o c) del apartado 2 del presente artículo, en competencia con una entidad pública o con un prestador de servicios financieros, las «actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales» no incluyen esas actividades.
 4.El artículo SERVIN.1.2 [Definiciones], letra a) no será aplicable a los servicios cubiertos por la presente sección.
 Artículo SERVIN.5.38: Definiciones
 A efectos del presente título, se entenderá por:
 (a)«servicio financiero»: todo servicio de carácter financiero ofrecido por un prestador de servicios financieros de una de las Partes, que comprende las actividades siguientes:
 i)
 servicios de seguros y relacionados con los seguros:
 A)
 los seguros directos (incluido el coaseguro):
 aa)
 de vida;
 bb)
 no de vida;
 B)
 el reaseguro y la retrocesión;
 C)
 la intermediación de seguros, como el corretaje y la agencia; y
 D)
 servicios auxiliares de los seguros, tales como los de consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros;
 ii)
 los servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros):
 A)
 la aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público;
 B)
 préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, créditos hipotecarios, descuento de factura (factoring) y financiación de transacciones comerciales;
 C)
 el arrendamiento financiero;
 D)
 todos los servicios de pago y transferencia de fondos, incluidas las tarjetas de crédito, de pago y de débito, los cheques de viaje y los cheques bancarios;
 E)
 las garantías y los compromisos;
 F)
 las transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes, ya sea en bolsa, en un mercado paralelo o de otro modo, de lo siguiente:
 (aa)instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, certificados de depósito, etc.);
 (bb)divisas;
 (cc)productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y opciones;
 (dd)instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, permutas financieras (swaps) y acuerdos a plazo sobre tipos de interés;
 (ee)valores transferibles; y
 (ff)otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive;
 G)
 la participación en emisiones de valores de todo tipo, incluidas la suscripción y la colocación en calidad de agente (de manera pública o privada) y la prestación de servicios relacionados con dichas emisiones;
 H)
 el corretaje de cambios;
 I)
 la administración de activos, por ejemplo, la administración de fondos en efectivo o de carteras de valores, la gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, la administración de fondos de pensiones y los servicios de custodia, depósito y fiduciarios;
 J)
 los servicios de liquidación y compensación de activos financieros, incluidas las acciones y obligaciones, los productos derivados y otros instrumentos negociables;
 K)
 la provisión y transferencia de información financiera, y el tratamiento de datos financieros y programas informáticos conexos; y
 L)
 servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros auxiliares respecto de cualquiera de las actividades enumeradas en las letras A) a K), con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas;
 (b)«prestador de servicios financieros»: cualquier persona física o jurídica de una Parte que tenga intención de prestar o preste servicios financieros, pero no sea una entidad pública;
 (c)«nuevo servicio financiero»: un servicio de naturaleza financiera, incluidos los servicios relacionados con productos existentes y nuevos o con la forma de distribución de un producto, que no es prestado por ningún prestador de servicios financieros de cualquiera de las Partes, pero es prestado en el territorio de la otra Parte;
 (d)«entidad pública»:
 i)
 una administración, un banco central o una autoridad monetaria de una de las Partes, o una entidad que sea propiedad o esté bajo el control de una de las Partes, que se dedique principalmente a desempeñar funciones gubernamentales o a realizar actividades para fines gubernamentales, con exclusión de las entidades dedicadas principalmente a la prestación de servicios financieros en condiciones comerciales; o
 ii)
 una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente desempeñadas por un banco central o una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones;
 (e)«organismo de autorregulación»: todo organismo no gubernamental, incluido un mercado de valores y futuros, una agencia de compensación u otra organización o asociación que ejerza una autoridad de reglamentación o supervisión sobre los prestadores de servicios financieros por disposición legal o estatutaria o mediante delegación de las administraciones o autoridades centrales, regionales o locales, cuando proceda.
 Artículo SERVIN.5.39: Medidas cautelares
 1.Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a ninguna de las Partes adoptar o mantener medidas por razones cautelares
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 , tales como:
 (a)proteger a los inversores, depositantes, tenedores de pólizas o personas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de un proveedor de servicios financieros; o
 (b)asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de cualquiera de las Partes.
 2.Cuando esas medidas no sean conformes a las disposiciones del presente Acuerdo, no se utilizarán como medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por las Partes en virtud del presente Acuerdo.
 Artículo SERVIN.5.40: Información confidencial
 Sin perjuicio de la tercera parte [Cooperación policial y judicial en materia penal], nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará de manera que obligue a cualquiera de las Partes a revelar información relativa a las actividades y a las cuentas de consumidores individuales ni cualquier información confidencial o de dominio privado en poder de entidades públicas.
 Artículo SERVIN.5.41: Normas internacionales
 Las Partes harán todo lo posible por garantizar que las normas internacionalmente acordadas para la regulación y la supervisión en el sector de los servicios financieros, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la lucha contra la evasión y la elusión fiscales se implementen y apliquen en su territorio. Dichas normas acordadas internacionalmente son, entre otras , las adoptadas por: el G-20; el Consejo de Estabilidad Financiera; el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en particular su «Principio básico para una supervisión bancaria eficaz»; la Asociación Internacional de Inspectores de Seguros, en particular sus «Principios Fundamentales en materia de Seguros»; la Organización Internacional de Comisiones de Valores, en particular sus «Objetivos y principios para la regulación de los mercados de valores»; el Grupo de Acción Financiera Internacional; y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
 Artículo SERVIN.5.42: Nuevos servicios financieros en el territorio de una Parte
 1.Cada una de las Partes permitirá a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte establecidos en su territorio suministrar un nuevo servicio financiero que la Parte permitiría suministrar a sus propios proveedores de servicios en circunstancias similares y con arreglo a su Derecho, a condición de que la introducción del nuevo servicio financiero no requiera la adopción de una nueva ley o la modificación de una ley vigente. Ello no se aplica a las filiales de la otra Parte establecidas en el territorio de una Parte.
 2.Una Parte podrá decidir la modalidad institucional y jurídica a través de la cual se preste el servicio y exigir autorización para su prestación. Cuando se requiera tal autorización, la decisión se dictará en un plazo razonable y solamente podrá denegarse por razones cautelares.
 Artículo SERVIN.5.43: Organizaciones autorreguladoras
 Cuando una Parte exija a los prestadores de servicios financieros de la otra Parte que sean miembros de una organización autorreguladora, participen en ella o tengan acceso a ella para prestar un servicio financiero en el territorio de dicha Parte, la Parte requirente velará por que la organización autorreguladora respete las obligaciones con arreglo a los artículos SERVIN.2.3 [Trato nacional], SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida], SERVIN.3.4 [Trato nacional] y SERVIN.3.5 [Trato de nación más favorecida].
 Artículo SERVIN.5.44: Sistemas de compensación y de pago
 De conformidad con los términos y las condiciones que otorguen trato nacional, cada una de las Partes concederá a los proveedores de servicios financieros de la otra Parte establecidos en su territorio acceso a los sistemas de pago y compensación administrados por entidades públicas y a los medios oficiales de financiación y refinanciación disponibles en el curso normal de operaciones comerciales ordinarias. El presente artículo no otorga acceso a los instrumentos de prestamista en última instancia de la Parte.
 Sección 6: Servicios de transporte marítimo internacional
 Artículo SERVIN.5.45: Ámbito de aplicación y definiciones
 1.La presente sección se aplicará a las medidas adoptadas por una Parte que afecten a la prestación de servicios de transporte marítimo internacional, además de los capítulos 1, 2, 3 y 4 y la sección 1 del presente capítulo.
 2.A los efectos de la presente sección y de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente título, se entenderá por:
 (a)«servicios de transporte marítimo internacional»: transporte de pasajeros o carga por buques marítimos entre un puerto de una Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país, o entre puestos de diferentes Estados miembros, que incluya la contratación directa con proveedores de otros servicios de transporte, con vistas a incluir las operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal en un único documento de transporte, pero que no incluya el derecho de suministrar esos otros servicios de transporte;
 (b)«operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal»: transporte de carga internacional, utilizando más de un modo de transporte, que incluya un trayecto marítimo internacional, con un único documento de transporte.
 (c)«carga internacional»: carga transportada entre un puerto de una Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país, o entre puertos de diferentes Estados miembros;
 (d)«servicios marítimos auxiliares»: los servicios de carga y descarga de transporte marítimo, servicios de despacho de aduanas, servicios de contenedores y de depósito, servicios de agencia marítima, servicios de expedición de cargamentos marítimos y servicios de almacenamiento;
 (e)«servicios de manipulación de la carga objeto de transporte marítimo»: actividades desarrolladas por las empresas de carga y descarga, incluidas las empresas explotadoras de terminales, pero sin incluir las actividades directas de los estibadores, en caso de que estos trabajadores estén organizados de manera independiente de las empresas de embarque y desembarque o empresas operadoras de terminales; las actividades contempladas incluyen la organización y supervisión de:
 i)
 la carga y descarga del cargamento de un buque,
 ii)
 el amarre y desamarre del cargamento; y
 iii)
 la recepción, la entrega y la custodia de cargamentos antes del envío o después del desembarque;
 (f)«servicios de despacho de aduana»: actividades consistentes en la realización por cuenta de otra parte de los trámites aduaneros relativos a la importación, la exportación o el transporte de cargamentos, independientemente de que estos servicios constituyan la actividad principal del proveedor de servicios o un complemento habitual de su actividad principal;
 (g)«servicios de estaciones y depósitos de contenedores»: actividades que consisten en el almacenamiento, el llenado, el vaciado o la reparación de contenedores, así como su preparación para el embarque, ya sea en zonas portuarias o en el interior;
 (h)«servicios de agencia marítima»: las actividades que consisten en la representación en calidad de agente, en una zona geográfica determinada, de los intereses comerciales de una o más líneas o compañías navieras, con los siguientes fines:
 i)
 comercialización y venta de servicios de transporte marítimo y servicios conexos, desde la indicación del precio hasta la facturación, y expedición de conocimientos de embarque en nombre de las líneas o compañías, adquisición y reventa de los servicios conexos necesarios, preparación de documentos y suministro de información comercial; y
 ii)
 organización, en nombre de las líneas o compañías, de la escala del barco o la asunción de los cargamentos en caso necesario.
 (i)«servicios de enlace»: sin perjuicio del ámbito de las actividades, que podrían considerarse como cabotaje en virtud de la legislación nacional pertinente, el transporte previo y posterior por mar de carga internacional, incluida la carga en contenedores, a granel en embalajes, seca a granel o líquida a granel, entre puertos situados en el territorio de una Parte, siempre que dicha carga internacional esté «en ruta», es decir, que se dirija un destino, o provenga de un puerto de embarque, fuera del territorio de dicha Parte;
 (j)«servicios de expedición de cargamentos marítimos»: actividad consistente en la organización y el seguimiento de las operaciones de expedición en nombre de los cargadores, por medio de la organización de servicios de transporte y servicios conexos, la preparación de documentos y el suministro de información comercial;
 (k)«servicios portuarios»: servicios prestados, dentro de una zona portuaria o en el acceso por vía navegable a dicha zona, por el organismo gestor de un puerto, sus subcontratistas u otros proveedores de servicios para apoyar el transporte de carga o pasajeros; y
 (l)«servicios de almacenamiento»: los servicios de almacenamiento de productos congelados o refrigerados y los servicios de almacenamiento a granel de líquidos o gases, y otros servicios de almacenamiento.
 Artículo SERVIN.5.46: Obligaciones
 1.Sin perjuicio de las medidas no conformes y de otras medidas a las que se hace referencia en los artículos SERVIN.2.7 [Medidas no conformes y excepciones] y SERVIN.3.6 [Medidas no conformes], cada una de las Partes aplicará el principio de libre acceso a los mercados y comercio marítimos internacionales, sobre una base comercial y no discriminatoria:
 (a)concediendo a los buques que enarbolen pabellón de la otra Parte, o sean explotados por proveedores de servicios de la otra Parte, un trato no menos favorable que el que conceda a sus propios buques, por lo que respecta, entre otras cosas:
 i)
 al acceso a los puertos;
 ii)
 al uso de infraestructuras portuarias;
 iii)
 al uso de servicios marítimos auxiliares; y
 iv)
 a las instalaciones aduaneras y la asignación de atracaderos e instalaciones para carga y descarga; incluidas las tasas y cargas conexas;
 (b)poniendo a disposición de los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la otra Parte, en condiciones razonables y no menos favorables que las que aplica a sus propios proveedores o buques o a los buques o proveedores de un tercer país (incluidas las tasas y cargas, las especificaciones y la calidad del servicio que se presta), los siguientes servicios portuarios: practicaje, remolque y asistencia a los remolcadores, aprovisionamiento, carga de combustible y agua, recogida de basura y eliminación de residuos de lastre, servicios del capitán del puerto, ayudas a la navegación, instalaciones de reparación de emergencia, anclaje, atracaderos y servicios de atraque y desatraque, así como servicios operativos en tierra esenciales para las operaciones de embarque, con inclusión de las comunicaciones, el agua y los suministros eléctricos;
 (c)permitiendo, siempre que lo autoricen las autoridades competentes, a los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la otra Parte reubicar, entre puertos del Reino Unido o entre puertos de un Estado miembro, los contenedores vacíos, tanto propios como arrendados, que no se transporten como cargamento a cambio de una remuneración; y
 (d)permitiendo, siempre que lo autoricen las autoridades competentes, a los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la otra Parte prestar servicios de enlace entre sus puertos del Reino Unido o entre puertos de un Estado miembro.
 2.Al aplicar el principio mencionado en el apartado 1, una Parte:
 (a)no introducirá disposiciones sobre reparto de los cargamentos en los futuros acuerdos con terceros países relativos a los servicios de transporte marítimo internacional, incluido el comercio a granel de cargamentos líquidos y sólidos y el comercio en buques de línea, y en un plazo razonable pondrá fin a tales acuerdos de reparto de los cargamentos en caso de que existan en acuerdos previos;
 (b)no adoptará ni mantendrá una medida que exija que la totalidad o una parte de cualquier cargamento internacional sea transportado exclusivamente por buques registrados en el territorio de esa Parte, o que sean propiedad o estén bajo control de las personas físicas de dicha Parte;
 (c)abolirá y se abstendrá de introducir, desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, toda medida unilateral y todos los obstáculos administrativos, técnicos o de otro tipo que pudieran constituir una restricción encubierta o tener efectos discriminatorios sobre la libre prestación de servicios internacionales de transporte marítimo; y
 (d)no impedirá a los proveedores de servicios de transporte marítimo internacional de la otra Parte contratar directamente a otros proveedores de servicios de transporte para la realización de operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal.
 Sección 7: Servicios jurídicos
 Artículo SERVIN.5.47: Ámbito de aplicación
 1.La presente sección se aplicará a las medidas de una Parte que afecten a la prestación de servicios jurídicos designados, además de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente título, y de las secciones 1 y 2 del presente capítulo.
 2.Ninguno de los elementos de esta sección afectará al derecho de una Parte a regular y supervisar la prestación de los servicios jurídicos designados en su territorio de un modo no discriminatorio.
 Artículo SERVIN.5.48: Definiciones
 A los efectos de la presente sección, se entenderá por:
 a)«servicios jurídicos designados»: los servicios jurídicos relacionados con la legislación de la jurisdicción de origen y el Derecho internacional público, sin incluir el Derecho de Unión;
 b)«jurisdicción de origen»: la jurisdicción (o una parte de la jurisdicción) del Estado miembro o del Reino Unido en la que un abogado adquiriera su título profesional de la jurisdicción de origen o, en el caso de un abogado que haya adquirido un título profesional de la jurisdicción de origen en más de una jurisdicción, cualquiera de esas jurisdicciones;
 c)«legislación de la jurisdicción de origen»: la legislación de la jurisdicción de origen del abogado
 31
 ;
 d)«título profesional de la jurisdicción de origen»:
 i)en el caso de un abogado de la Unión, un título profesional adquirido en un Estado miembro que autoriza la prestación de servicios jurídicos en dicho Estado miembro; o
 ii)en el caso de un abogado del Reino Unido, el título de advocate, barrister o solicitor, que autoriza la prestación de servicios jurídicos en cualquier parte de la jurisdicción del Reino Unido;
 e)«abogado»:
 i)una persona física de la Unión que está autorizada en un Estado miembro para prestar servicios jurídicos en virtud de un título profesional de la jurisdicción de origen; o
 ii)una persona física del Reino Unido que está autorizada en cualquier parte de la jurisdicción del Reino Unido para prestar servicios jurídicos en virtud de un título profesional de la jurisdicción de origen;
 f)
 «abogado de la otra Parte»:
 i)cuando «la otra Parte» es la Unión, un abogado a que se refiere la letra e), inciso i); o
 ii)cuando «la otra Parte» es el Reino Unido, un abogado a que se refiere la letra e, inciso ii); y
 g)«servicios jurídicos»: los siguientes servicios:
 i) servicios de asesoría jurídica; y
 ii) servicios jurídicos de arbitraje, conciliación y mediación (sin incluir aquellos servicios prestados por personas físicas según lo previsto en el artículo SERVIN 4.1 [Ámbito de aplicación y definiciones]
 32
 .
 Los «servicios jurídicos» no incluyen la representación legal ante agencias administrativas, órganos jurisdiccionales y otros tribunales oficiales debidamente constituidos, la asesoría jurídica, los servicios jurídicos de autorización, documentación y certificación prestados por profesionales legales a quienes se han encomendado funciones públicas en la administración de justicia, como notarios, «huissiers de justice» y otros «officiers publics et ministériels», y los servicios prestados por agentes judiciales que han sido nombrados por un acto oficial del Gobierno.
 Artículo SERVIN.5.49: Obligaciones
 1. Una Parte permitirá a un abogado de la otra Parte prestar en su territorio servicios jurídicos designados en virtud del título profesional de la jurisdicción de origen del abogado de acuerdo con los artículos SERVIN 2.2 [Acceso a los mercados], SERVIN 2.3. [Trato nacional], SERVIN 3.2 [Acceso a los mercados], SERVIN 3.3. [Trato nacional] y SERVIN 4.4. [Proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes].
 2.
 Cuando una Parte (la jurisdicción de origen) exija el registro en su territorio como condición para que un abogado de la otra Parte preste servicios jurídicos designados en virtud del apartado 1, los requisitos y el proceso para dicho registro:
 (a)no serán menos favorables que los que se aplican a una persona natural de un tercer país que esté prestando servicios jurídicos en relación con la legislación del tercer país o el Derecho público internacional en virtud del título profesional del tercer país de esa persona en el territorio de la jurisdicción de origen; y
 (b)no equivaldrán a ningún requisito para volver a examinarse o ser admitido en la profesión jurídica en la jurisdicción de origen.
 3.
 El apartado 4 se aplica a la prestación de servicios jurídicos designados con arreglo al apartado 1 mediante establecimiento.
 4.
 Una Parte permitirá a una persona jurídica de otra Parte establecer una filial en su territorio para prestar servicios jurídicos designados
 33
 en virtud del apartado 1, de conformidad y con sujeción a las condiciones previstas en el capítulo 2 [Liberalización de las inversiones] del presente título. Esto se entenderá sin perjuicio del requisito de que un determinado porcentaje de los accionistas, propietarios, socios o directivos de una persona jurídica esté cualificado para ejercer o ejerza una profesión determinada, como la de abogado o contable.
 Artículo SERVIN.5.50: Medidas no conformes
 1.El artículo 5.49 [Obligaciones] no es aplicable a:
 a)ninguna medida no conforme vigente que mantenga una Parte a nivel de:
 i)en el caso de la Unión:
 A) la Unión, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 B) el gobierno central de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 C) un gobierno regional de un Estado miembro, tal como figura en la Lista de la Unión del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes]; o
 D) un gobierno local, distinto del mencionado en la letra c); y
 ii)en el caso del Reino Unido:
 A) el gobierno central, tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes];
 B)un gobierno regional, tal como figura en la Lista del Reino Unido del anexo SERVIN-1 [Medidas vigentes]; o
 C)un gobierno local;
 b)la continuación o la rápida renovación de toda medida no conforme contemplada en la letra a); o
 c)una modificación de cualquiera de las medidas no conformes a las que se refieren las letras a) y b) siempre que no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con el artículo SERVIN.5.49 [Obligaciones].
 2. El artículo SERVIN 5.49 [Obligaciones] no se aplica a ninguna medida adoptada por una Parte que sea compatible con las reservas, condiciones o cualificaciones especificadas en relación con un sector, subsector o actividad enumerada en el ANEXO SERVIN-2 [Medidas futuras].
 3.
 La presente sección se aplicará sin perjuicio del ANEXO SERVIN-4 [Proveedores de servicios contractuales y profesionales independientes].
 Título III: Comercio digital
 Capítulo 1: Disposiciones generales
 Artículo DIGIT.1 Objetivo
 El objetivo del presente título es facilitar el comercio digital, hacer frente a los obstáculos injustificados al comercio a través de medios electrónicos y garantizar un entorno en línea abierto, seguro y fiable para las empresas y los consumidores.
 Artículo DIGIT.2 Ámbito de aplicación
 1.
 El presente título será aplicable a las medidas adoptadas por una Parte que afecten al comercio por medios electrónicos.
 2.
 El presente título no será aplicable a los servicios audiovisuales.
 Artículo DIGIT.3 Derecho a regular
 Las Partes reafirman el derecho a regular en sus territorios para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la protección de la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente (incluso en lo que se refiere al cambio climático), la moral pública, la protección social o de los consumidores, la privacidad y la protección de datos o la promoción y la protección de la diversidad cultural.
 Artículo DIGIT.4 Excepciones
 Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en el presente título impedirá que las Partes adopten o mantengan medidas de conformidad con el artículo EXC.1 [Excepciones generales], el artículo EXC.4 [Excepciones de seguridad] y el artículo SERVIN.5.39 [Medidas cautelares] por las razones de interés público en ellos contempladas.
 Artículo DIGIT.5 Definiciones
 1.Las definiciones del artículo SERVIN.1.2 [Definiciones] del título II [Servicios e inversión] del presente epígrafe se aplican al presente título.
 2.A efectos del presente título, se entenderá por:
 (a)«consumidor»: cualquier persona física que utilice un servicio público de telecomunicaciones con fines distintos a los profesionales;
 (b)«comunicación comercial directa»: cualquier forma de publicidad comercial mediante la cual una persona física o jurídica comunica mensajes comerciales directamente a un usuario a través de un servicio público de telecomunicaciones e incluye, al menos, el correo electrónico, el mensaje de texto y el correo electrónico multimedia (SMS y MMS);
 (c)«autenticación electrónica»: proceso electrónico que permite la confirmación:
 (I)de la identificación electrónica de una persona física o jurídica, o
 (II)del origen y la integridad de los datos en formato electrónico;
 (d)«servicio de entrega electrónica certificada»: un servicio que permite transmitir datos entre partes terceras por medios electrónicos y aporta pruebas relacionadas con la gestión de los datos transmitidos, incluida la prueba del envío y la recepción de los datos, y que protege los datos transmitidos frente a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada;
 (e)«sello electrónico»: datos en formato electrónico utilizados por una persona jurídica, anejos a otros datos en formato electrónico, o asociados de manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la integridad de estos últimos;
 (f)«firma electrónica»: datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con otros datos electrónicos que:
 (I)son utilizados por una persona física para confirmar los datos electrónicos con los que está relacionado; y
 (II)están vinculados a los datos electrónicos con los que se relaciona de forma que cualquier alteración posterior de los datos sea detectable;
 (g)«sello de tiempo electrónico»: datos en formato electrónico que vinculan otros datos en formato electrónico con un instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos existían en ese instante;
 (h)«servicio de confianza electrónico»: servicio electrónico que consiste en:
 (I)la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios;
 (II)la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web; o
 (III)la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios;
 (i)«datos públicos»: los datos que son propiedad o están en posesión de cualquier nivel de la administración y de órganos no gubernamentales en el ejercicio de las facultades conferidas por cualquier nivel de la administración;
 (j)«servicio público de telecomunicaciones»: cualquier servicio de telecomunicaciones que se ofrezca al público en general;
 (k)«usuario»: persona física o jurídica que utiliza un servicio público de telecomunicaciones.
 Capítulo 2: Flujos de datos y protección de datos personales
 Artículo DIGIT.6 Flujos de datos transfronterizos
 1.Las Partes se comprometen a garantizar los flujos de datos transfronterizos para facilitar el comercio en la economía digital. A tal fin, los flujos de datos transfronterizos no serán restringidos entre las Partes por una Parte:
 (a)que exija el uso de recursos informáticos o elementos de red en el territorio de una Parte para el tratamiento, incluso imponiendo el uso de recursos informáticos o elementos de red que están certificados o aprobados en el territorio de una Parte;
 (b)que exija la localización de datos en el territorio de la Parte para su almacenamiento o tratamiento;
 (c)que prohíba el almacenamiento o el tratamiento en el territorio de la otra Parte; o
 (d)que supedite la transferencia de datos transfronteriza al uso de recursos informáticos o elementos de red en el territorio de las Partes o a requisitos de localización en el territorio de las Partes.
 2.Las Partes revisarán la aplicación de la presente disposición y evaluarán su funcionamiento en el plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Una Parte podrá proponer en cualquier momento a la otra Parte que revise la lista de restricciones enumeradas en el apartado 1. Tal petición se examinará con comprensión.
 Artículo DIGIT.7 Protección de los datos personales y privacidad
 1.Cada una de las partes reconoce que los individuos tienen derecho a la protección de los datos personales y la privacidad y que unas normas estrictas a este respecto contribuyen a confiar en la economía digital y a desarrollar el comercio.
 2.Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo impedirá que una Parte adopte o mantenga medidas sobre la protección de los datos personales y la privacidad, incluso con respecto a las transferencias de datos transfronterizas, siempre que la legislación de dicha Parte prevea instrumentos que permitan las transferencias en condiciones de aplicación general
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 para la protección de los datos transferidos.
 3.Cada una de las Partes informará a la otra Parte sobre las medidas a que se refiere el apartado 2 que adopte o mantenga.
 Capítulo 3: Disposiciones específicas
 Artículo DIGIT.8 Derechos de aduana a las transmisiones electrónicas
 1.Se entenderá por transmisiones electrónicas la prestación de servicios en el sentido del título II [Servicios e inversión] del presente epígrafe.
 2.Las Partes no impondrán derechos de aduana a las transmisiones electrónicas.
 Artículo DIGIT.9 Ausencia de autorización previa
 1.Una Parte no exigirá autorización previa para la prestación de un servicio por medios electrónicos únicamente sobre la base de que el servicio se presta en línea, ni adoptará o mantendrá ningún otro requisito que tenga un efecto equivalente.
 Un servicio se presta en línea cuando se presta por medios electrónicos y sin que las partes estén presentes simultáneamente.
 2.El apartado 1 no será aplicable a los servicios de telecomunicaciones, los servicios de radiodifusión, los servicios de juegos de azar, los servicios de representación jurídica ni a los servicios de los notarios o profesiones equivalentes en la medida en que impliquen una conexión directa y específica con el ejercicio de una función pública.
 Artículo DIGIT.10: Celebración de contratos por medios electrónicos
 1.Cada una de las Partes garantizará que los contratos puedan celebrarse por medios electrónicos y que su legislación no cree obstáculos para la utilización de contratos electrónicos ni conduzca a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos por el mero hecho de que celebren por vía electrónica.
 2.Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable a:
 (a)los servicios de radiodifusión y televisión;
 (b)los servicios de juegos de azar;
 (c)los servicios de representación jurídica;
 (d)los servicios de los notarios o profesiones equivalentes que impliquen una conexión directa y específica con el ejercicio de una función pública;
 (e)los contratos que requieren testigos presenciales;
 (f)los contratos que establecen o transfieren derechos en materia de propiedad inmobiliaria;
 (g)los contratos que requieran por ley la intervención de los órganos jurisdiccionales, las autoridades públicas o profesionales que ejerzan una función pública;
 (h)los contratos de crédito y caución y las garantías presentadas por personas que actúan por motivos ajenos a su actividad económica, negocio o profesión; o
 (i)los contratos regidos por el Derecho de familia o de sucesiones.
 Artículo DIGIT.11 Autenticación electrónica y servicios de confianza electrónicos
 1.Una Parte no negará la validez legal y la admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales de un documento electrónico, una firma electrónica, un sello electrónico o un sello de tiempo electrónico ni de los datos enviados y recibidos utilizando un servicio de entrega electrónica únicamente por el hecho de que esté en formato electrónico.
 2.Una Parte no adoptará ni mantendrá medidas:
 (a)que prohíban a las partes de una transacción electrónica determinar conjuntamente los métodos de autenticación electrónicos adecuados para su transacción; o
 (b)que impidan que las partes de una transacción electrónica puedan demostrar a las autoridades judiciales y administrativas que la utilización de una autenticación electrónica o un servicio de confianza electrónico en dicha transacción cumple los requisitos legales aplicables.
 3.No obstante lo dispuesto en el apartado 2, una Parte podrá exigir que, respecto a una determinada categoría de transacciones, el método de autenticación electrónica o servicio de confianza electrónico esté certificado por una autoridad acreditada de conformidad con su legislación o cumpla determinadas normas de rendimiento, que serán objetivas, transparentes y no discriminatorias y se referirán únicamente a las características específicas de la categoría de transacciones en cuestión.
 Artículo DIGIT.12: Transferencia del código fuente o acceso a él
 1.Una Parte no exigirá la transferencia del código fuente del software propiedad de una persona física o jurídica de la otra Parte ni el acceso a él.
 2.Para mayor certeza:
 (a)las excepciones generales, las excepciones de seguridad y las medidas cautelares a que se hace referencia en el artículo DIGIT.4 [Excepciones] serán aplicables a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en el contexto de un procedimiento de certificación; y
 (b)el apartado 1 no será aplicable ni a la transferencia voluntaria del código fuente ni a la concesión de acceso al mismo sobre una base comercial por parte de una persona física o jurídica de la otra Parte, por ejemplo, en el contexto de una transacción relativa a un contrato público o de un contrato negociado libremente.
 3.Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará:
 (a)a un requerimiento que un órgano jurisdiccional, un tribunal administrativo o una autoridad de competencia impone en virtud de una ley de competencia de una Parte para prevenir o subsanar una restricción o un falseamiento de la competencia,
 (b)un requerimiento de un órgano regulador impuesto en virtud de las leyes o los reglamentos de una Parte en relación con la protección de la seguridad pública con respecto a los usuarios en línea, con sujeción a las salvaguardias contra la divulgación no autorizada;
 (c)a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual; y
 (d)al derecho de una Parte a adoptar medidas de conformidad con el artículo III del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC introducido por el artículo PPROC.2 [Incorporación de determinadas disposiciones del ACP y contrataciones cubiertas] del título VI [Contratación pública] del presente epígrafe.
 Artículo DIGIT.13 Confianza del consumidor en el comercio en línea
 1.Reconociendo la importancia de aumentar la confianza de los consumidores en el comercio digital, cada una de las Partes adoptará o mantendrá medidas destinadas a garantizar la protección efectiva de los consumidores que participan en operaciones de comercio electrónico, que incluyan, en particular, pero no exclusivamente, medidas que:
 (a)prohíban las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas;
 (b)exijan a los proveedores de bienes y servicios actuar de buena fe y cumplir las prácticas comerciales leales, incluso a través de la prohibición de cobrar a los consumidores por bienes y servicios no solicitados;
 (c)exijan a los proveedores de bienes o servicios que, incluso cuando actúen a través de prestadores de servicios de intermediación, proporcionen a los consumidores información clara y completa con respecto a su identidad y datos de contacto, la operación en cuestión, incluidas las características principales de los bienes o servicios y el precio total, incluidos todos los cargos aplicables, y los derechos del consumidor aplicables (en el caso de proveedores de servicios de intermediación, esto incluirá permitir que el proveedor de bienes o servicios facilite dicha información); y
 (d)concedan a los consumidores acceso a reparación por la violación de sus derechos, incluido el derecho a un recurso si los bienes o servicios se han abonado y no se han entregado o suministrado según lo acordado.
 2.Las Partes reconocen la importancia de confiar a sus organismos de protección del consumidor u otros organismos pertinentes los poderes coercitivos adecuados, así como la importancia de la cooperación entre dichos organismos a fin de proteger a los consumidores y aumentar su confianza en el comercio en línea.
 Artículo DIGIT.14 Comunicaciones comerciales directas no solicitadas
 1.
 Cada una de las Partes se asegurará de que los usuarios cuenten con una protección eficaz frente a las comunicaciones comerciales directas no solicitadas.
 2.
 Cada una de las Partes se asegurará de que no se envíen comunicaciones comerciales directas a los usuarios que sean personas físicas, salvo que hayan dado su consentimiento de conformidad con las disposiciones legales de cada Parte.
 3.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 2, una Parte permitirá que las personas físicas o jurídicas que hayan recopilado, de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación de dicha Parte, los datos de contacto de un usuario en el contexto del suministro de bienes o servicios, envíen directamente a ese usuario comunicaciones comerciales relativas a sus propios bienes o servicios similares.
 4.
 Cada una de las Partes garantizará que las comunicaciones comerciales directas sean claramente identificables como tales, indiquen claramente en nombre de quién se mandan y contengan la información necesaria para que los destinatarios puedan pedir que cesen gratuitamente y en cualquier momento.
 5.
 Cada una de las Partes facilitará a los usuarios acceso a un recurso contra los proveedores de comunicaciones comerciales directas que no cumplan las medidas adoptadas o mantenidas con arreglo a los apartados 1 a 4.
 Artículo DIGIT.15 Datos públicos abiertos
 1.Las Partes reconocen que facilitar el acceso y el uso público de los datos públicos contribuye a estimular el desarrollo económico y social, la competitividad, la productividad y la innovación.
 2.En la medida en que una Parte decida hacer accesibles al público datos públicos, procurará garantizar, en la medida de lo posible, que los datos:
 (a)estén en un formato que permita su búsqueda, recuperación, utilización, reutilización y redistribución de manera sencilla;
 (b)estén en un formato legible por máquina y apto para el espacio;
 (c)contenga metadatos descriptivos, que estén lo más normalizados posible;
 (d)se ponga a disposición a través de interfaces de programación de aplicaciones fiables, de uso sencillo y de acceso gratuito;
 (e)se actualicen de forma regular;
 (f)no estén sujetos a condiciones de uso que sean discriminatorias o que restrinjan innecesariamente su reutilización; y
 (g)estén disponibles para reutilizarse de conformidad con las normas de protección de datos personales respectivas de las Partes.
 3.Las Partes procurarán cooperar para determinar formas en las que cada Parte pueda ampliar el acceso y el uso de los datos públicos que la Parte haya hecho públicos, con vistas a mejorar las oportunidades de negocio y a generarlas, más allá de su uso por parte del sector público.
 Artículo DIGIT.16 Cooperación sobre cuestiones reglamentarias con respecto al comercio digital
 1.Las Partes intercambiarán información sobre cuestiones reglamentarias en el contexto del comercio digital, que abordarán lo siguiente:
 (a)el reconocimiento y la facilitación de servicios de autenticación y confianza electrónica interoperable;
 (b)el tratamiento de comunicaciones de marketing directo;
 (c)la protección de los consumidores; y
 (d)cualquier otro asunto pertinente para el desarrollo del comercio digital, incluidas las tecnologías emergentes.
 2.En el apartado 1 no se aplica a las normas y salvaguardias de una Parte para la protección de los datos personales y la privacidad, incluidas las transferencias transfronterizas de datos personales.
 Artículo DIGIT.17 - Comprensión sobre servicios informáticos
 1.Las Partes aceptan que, a los efectos de liberalizar el comercio de servicios y la inversión de acuerdo con el título II [Servicios e inversión] del presente epígrafe, los siguientes servicios se considerarán como servicios informáticos y servicios conexos, independientemente de si se prestan a través de una red, incluida internet:
 (a)consultoría, adaptación, estrategia, análisis, planificación, especificación, diseño, desarrollo, instalación, aplicación, integración, prueba, depuración, actualización, apoyo, asistencia técnica o gestión de o para ordenadores o sistemas informáticos;
 (b)programas de informática definidos como conjuntos de instrucciones necesarias para que los ordenadores/computadoras funcionen y se comuniquen (dentro de sí y entre ellos), así como consultoría, estrategia, análisis, planificación, especificación, diseño, desarrollo, instalación, implementación, integración, prueba, depuración, actualización, adaptación, mantenimiento, soporte, asistencia técnica, gestión o uso de o para programas de informática;
 (c)servicios de tratamiento de datos, almacenamiento de datos, alojamiento de datos o bases de datos;
 (d)servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de oficina, incluidos los ordenadores; y
 (e)servicios de formación del personal de los clientes relacionada con programas informáticos, ordenadores o sistemas informáticos que no estén clasificados en ninguna otra parte.
 Para mayor certeza, los servicios habilitados por servicios informáticos y servicios conexos, distintos de los enumerados en el apartado 1, no se considerarán servicios informáticos y servicios conexos en sí mismos.
 Título IV: Movimientos de capitales, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia
 Artículo CAP.1: Objetivos
 El objetivo del presente título es permitir la libre circulación de capitales y pagos relativos a las transacciones liberalizadas con arreglo al presente Acuerdo.
 Artículo CAP.2: Cuenta corriente
 Cada una de las Partes autorizará, en una moneda libremente convertible y de conformidad con el Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, todos los pagos y transferencias en relación con transacciones en la cuenta corriente de la balanza de pagos que entren en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.
 Artículo CAP.3: Movimientos de capitales
 1.
 Cada una de las Partes permitirá, con respecto a las transacciones por cuenta de capital y cuenta financiera de la balanza de pagos, la libre circulación de capitales a efectos de la liberalización de las inversiones y demás transacciones conforme a lo previsto en el título II [Servicios e inversión] del presente epígrafe.
 2.
 A fin de promover el comercio y la inversión, las Partes se consultarán mutuamente en el marco del Comité de Comercio Especializado en Servicios, Inversión y Comercio Digital para facilitar la circulación de capitales entre ellas.
 Artículo CAP.4: Medidas que afectan a los movimientos de capitales, los pagos o las transferencias
 1.Los artículos CAP.2 [Cuenta corriente] y CAP.3 [Movimientos de capitales] no se interpretarán en el sentido de que impidan que una Parte aplique sus disposiciones legales y reglamentarias en materia de:
 (a)quiebra, insolvencia, o protección de los derechos de los acreedores;
 (b)la emisión, la negociación o el comercio de valores, o futuros, opciones y otros instrumentos financieros;
 (c)información financiera o contabilidad de movimientos de capitales, pagos o transferencias, en caso de que sean necesarias para ayudar a las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación o a las autoridades de reglamentación financiera;
 (d)delitos criminales o penales, o prácticas engañosas o fraudulentas;
 (e)garantía del cumplimiento de las órdenes o sentencias en procedimientos judiciales o administrativos; o
 (f)seguridad social y planes públicos de jubilación o de ahorro obligatorio.
 2.Las disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere el apartado 1 no deberán aplicarse de forma arbitraria o discriminatoria, ni deberán constituir una restricción encubierta de los movimientos de capitales, los pagos o las transferencias.
 Artículo CAP.5: Medidas temporales de salvaguardia
 1.En circunstancias excepcionales de graves dificultades para el funcionamiento de la unión económica y monetaria de la Unión, o de amenaza de tales dificultades, la Unión podrá adoptar o mantener medidas de salvaguardia con respecto a los movimientos de capitales, los pagos o las transferencias durante un plazo máximo de seis meses.
 2.Las medidas a que se hace referencia en el apartado 1 se limitarán a lo estrictamente necesario.
 Artículo CAP.6: Restricciones en caso de dificultades de la balanza de pagos y dificultades financieras externas
 1.Si una Parte sufre graves dificultades en su balanza de pagos o graves dificultades financieras externas, o amenaza de tales dificultades, podrá adoptar o mantener medidas restrictivas respecto a los movimientos de capitales, los pagos o las transferencias
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 .
 2.Las medidas a que se refiere el apartado 1:
 (a)deberán ser conformes a los artículos del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional;
 (b)no irán más allá de lo necesario para abordar las circunstancias descritas en el apartado 1;
 (c)serán temporales y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación indicada en el apartado 1.
 (d)evitarán lesionar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y financieros de la otra Parte; y
 (e)no serán discriminatorias con respecto a terceros países en situaciones similares.
 3.En el caso del comercio de mercancías, cada una de las Partes podrá adoptar o mantener medidas restrictivas con el fin de proteger su posición financiera exterior o su balanza de pagos. Estas medidas serán conformes al GATT de 1994 y al Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos.
 4.En el caso del comercio de servicios, cada una de las Partes podrá adoptar o mantener medidas restrictivas con el fin de proteger su posición financiera exterior o su balanza de pagos. Estas medidas serán conformes al artículo XII del AGCS.
 5.Si una Parte mantiene o ha adoptado las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2, deberá notificarlas con prontitud a la otra Parte.
 6.Si una Parte adopta o mantiene restricciones en virtud del presente artículo, las Partes celebrarán consultas sin demora en el marco del Comité de Comercio Especializado en Servicios, Inversión y Comercio Digital, salvo que las consultas se realicen en otros foros. Dicho Comité evaluará los problemas con la balanza de pagos o las dificultades financieras externas que hayan causado la adopción de las medidas correspondientes, teniendo en cuenta factores como:
 (a)la naturaleza y el alcance de las dificultades;
 (b)el entorno económico y comercial exterior; y
 (c)otras posibles medidas correctivas a las que pueda recurrirse.
 7.En las consultas previstas en el apartado 6 se examinará la conformidad de cualquier medida restrictiva con los apartados 1 y 2. Se tendrán en cuenta todas las constataciones de naturaleza estadística o fáctica que presente el Fondo Monetario Internacional, cuando se disponga de ellas, y en las conclusiones se tendrán en cuenta las evaluaciones que haga el Fondo Monetario Internacional sobre la balanza de pagos y la situación financiera exterior de la Parte afectada.
 Título V: Propiedad intelectual
 Capítulo 1: Disposiciones generales
 Artículo IP.1: Objetivos
 Los objetivos del presente Título son:
 a)
 facilitar la producción, el suministro y la comercialización de productos y servicios innovadores y creativos entre las Partes mediante la reducción de las distorsiones y los obstáculos a dicho comercio, contribuyendo así a una economía más sostenible e inclusiva; y
 b)
 alcanzar un nivel adecuado y eficaz de protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
 Artículo IP.2: Ámbito de aplicación
 1.
 El presente título complementará y especificará más detalladamente los derechos y las obligaciones de cada una de las Partes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y otros tratados internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual de que sean Parte.
 2.
 El presente título no impedirá que cualquiera de las Partes introduzca una protección o una garantía de cumplimiento más amplias de los derechos de propiedad intelectual de lo que se exige en el presente capítulo, a condición de que tal protección o garantía de cumplimiento no infrinja las disposiciones del presente capítulo.
 Artículo IP.3: Definiciones
 A efectos del presente título, serán de aplicación las definiciones siguientes:
 a)
 «Convenio de París»: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967;
 b)
 «Convenio de Berna»: el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971 y modificado el 28 de septiembre de 1979;
 c)
 «Convención de Roma»: la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961;
 d)
 «OMPI»: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
 e)
 «derechos de propiedad intelectual»: todas las categorías de propiedad intelectual que están cubiertas por los artículos IP.7 [Autores] a IP.37 [Protección de derechos sobre obtenciones vegetales] del presente título y las secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. La protección de la propiedad intelectual incluye la protección frente a la competencia desleal en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París;
 f)
 «nacional»: con respecto al derecho de propiedad intelectual pertinente, una persona de una Parte que cumpliría los criterios de elegibilidad para acogerse a la protección prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos multilaterales suscritos y administrados bajo los auspicios de la OMPI, en los que una Parte es una parte contratante.
 Artículo IP.4: Acuerdos internacionales
 1.Las Partes afirman su compromiso de cumplir los acuerdos internacionales de los que forman parte:
 a)
 el Acuerdo sobre los ADPIC;
 b)
 el Convenio de Roma;
 c)
 el Convenio de Berna;
 d)
 el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;
 e)
 el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;
 f)
 el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo el Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado por última vez el 12 de noviembre de 2007;
 g)
 el Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994;
 h)
 el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, adoptado en Marrakech el 27 de junio de 2013;
 i)
 el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptado en Ginebra el 2 de julio de 1999;
 2.Cada una de las Partes hará todos los esfuerzos razonables por ratificar o adherirse a los acuerdos internacionales siguientes:
 a)
 el Tratado de Pekín sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, adoptado en Pekín el 24 de junio de 2012;
 b)
 el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006.
 Artículo IP.5: Agotamiento
 El presente título no afectará a la libertad de las Partes para determinar si se aplica el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y en qué condiciones.
 Artículo IP.6: Trato nacional
 1.Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual a las que se aplica el presente título, cada Parte concederá a los nacionales de la otra Parte un trato no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas, respectivamente, en el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación solo es aplicable a los derechos establecidos en virtud del presente Acuerdo.
 2.A efectos del apartado 1 del presente artículo, «protección» comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, ámbito de aplicación, mantenimiento y garantía de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente el presente título, incluidas las medidas para evitar que se eludan las medidas tecnológicas efectivas a que se refiere el artículo IP.16 [Protección de las medidas tecnológicas] y las medidas relativas a la información para la gestión de derechos mencionada en el artículo IP.17 [Obligaciones relativas a la información para la gestión de derechos].
 3.Una Parte podrá acogerse a las excepciones permitidas con arreglo al apartado 1 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluida la exigencia de que un nacional de la otra Parte designe un domicilio o a un agente a fin de prestar servicios en su territorio, si tales excepciones:
 a)
 son necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias de la Parte que no sean incompatibles con el presente título; o
 b)
 no se aplican de forma que constituyan una restricción encubierta del comercio.
 4.El apartado 1 no será aplicable a los procedimientos previstos en los acuerdos multilaterales celebrados bajo los auspicios de la OMPI relativos a la adquisición o el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.
 Capítulo 2: Normas relativas a los derechos de propiedad intelectual
 Sección 1: Derechos de autor y derechos conexos
 Artículo IP.7: Autores
 Cada una de las Partes concederá a los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
 a)
 la reproducción de sus obras de forma directa o indirecta, temporal o permanente, de forma total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;
 b)
 cualquier forma de distribución pública del original de sus obras o de sus copias mediante venta o de otro modo;
 c)
 cualquier comunicación al público de sus obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija;
 d)
 el alquiler comercial al público de los originales o las copias de sus obras. cada Parte podrá estipular que este punto no se aplique a edificios o a obras de artes aplicadas.
 Artículo IP.8: Artistas intérpretes o ejecutantes
 Cada una de las Partes concederá a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
 a)
 la grabación de sus actuaciones;
 b)
 la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o de una parte de las grabaciones de sus actuaciones;
 c)
 la puesta a disposición del público, mediante venta o de otro modo, de las grabaciones de sus actuaciones;
 d)
 la puesta a disposición del público de grabaciones de sus actuaciones, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que cualquier persona del público pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija;
 e)
 la emisión inalámbrica y la comunicación al público de sus actuaciones, salvo cuando la actuación de que se trate constituya en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se haga a partir de una grabación;
 f)
 el alquiler comercial al público de las grabaciones de sus actuaciones.
 Artículo IP.9: Productores de fonogramas
 Cada una de las Partes concederá a los productores de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
 a)
 la reproducción de sus fonogramas, de forma directa o indirecta, temporal o permanente, de forma total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;
 b)
 la distribución pública, mediante venta o de otro modo, de sus fonogramas, incluidas las copias de los mismos;
 c)
 la puesta a disposición del público de sus fonogramas, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que cualquier persona del público pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija;
 d)
 el alquiler comercial de sus fonogramas al público.
 Artículo IP.10: Entidades de radiodifusión
 Cada una de las Partes concederá a las entidades de radiodifusión el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
 a)
 la grabación de sus emisiones, con independencia de que estas se transmitan por medios alámbricos o inalámbricos, cable o satélite incluidos;
 b)
 la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o de una parte de las grabaciones de sus retransmisiones, con independencia de que estas se transmitan por medios alámbricos o inalámbricos, cable o satélite incluidos;
 c)
 la puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de las grabaciones de sus emisiones, con independencia de que estas se transmitan por medios alámbricos o inalámbricos, cable o satélite incluidos, de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija;
 d)
 la distribución pública, mediante venta o de otro modo, de la grabación de sus emisiones, con independencia de que estas se transmitan por medios alámbricos o inalámbricos, cable o satélite incluidos;
 e)
 la redifusión inalámbrica de sus emisiones, así como la comunicación al público de las mismas cuando tal comunicación se haga en lugares accesibles al público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada.
 Artículo IP.11: Radiodifusión y comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales
 1.Cada una de las Partes establecerá un derecho destinado a garantizar que el usuario abone una remuneración única y equitativa a los intérpretes y a los productores de fonogramas si un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, se utiliza para la emisión o comunicación pública.
 2.Cada una de las Partes velará por que la remuneración única y equitativa se reparta entre los intérpretes y los productores de fonogramas. Cada una de las Partes podrá promulgar legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete y el productor del fonograma, fije los términos en los que los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas se repartan la remuneración equitativa y única.
 3.Cada una de las Partes podrá conceder derechos más amplios, en lo que respecta a la radiodifusión y comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales, a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas.
 Artículo IP.12: Plazo de protección
 1.Los derechos de autor se extenderán durante la vida del autor y los setenta años siguientes a su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra se ponga lícitamente a disposición del público.
 2.A los efectos de aplicar el apartado 1, cada Parte podrá establecer reglas específicas para el cálculo del plazo de protección de composiciones musicales con palabras, obras de autoría conjunta y obras cinematográficas y audiovisuales. Cada una de las Partes podrá establecer normas específicas para el cálculo del plazo de protección de obras anónimas y seudónimas.
 3.Los derechos de las entidades de radiodifusión expirarán cincuenta años después de la primera retransmisión de una emisión, tanto si dicha emisión se retransmite por vía alámbrica como por vía inalámbrica, cable y satélite incluidos.
 4.Los derechos de los intérpretes sobre sus interpretaciones distintas de los fonogramas expirarán cincuenta años después de la fecha de grabación de la interpretación o, si se publicó o comunicó al público de forma legal durante este tiempo, cincuenta años después de la primera publicación o comunicación al público de este tipo, lo que suceda antes.
 5.Los derechos de los intérpretes sobre sus interpretaciones fijadas en fonogramas expirarán cincuenta años después de la fecha de la grabación de la interpretación o, si se publicó o comunicó al público de forma legal durante este tiempo, setenta años después de dicho acto, lo que suceda antes.
 6.Los derechos de los productores de fonogramas expirarán cincuenta años después de que se haya hecho la grabación o, si se publicó legalmente durante este tiempo, setenta años después de dicha publicación. En ausencia de publicación legal, si el fonograma se ha comunicado legalmente al público durante este tiempo, el plazo de protección será de setenta años desde dicho acto de comunicación. Cada una de las Partes podrá adoptar medidas eficaces para garantizar que los beneficios obtenidos durante los veinte años de protección adicionales a los cincuenta años se repartan de forma equitativa entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.
 7.Los plazos establecidos en el presente artículo se contarán a partir del 1 de enero del año siguiente al de su hecho generador.
 8.Cada una de las Partes podrá establecer plazos de protección superiores a los previstos en el presente artículo.
 Artículo IP.13: Derecho de participación
 1.Las Partes establecerán en beneficio del autor de una obra original de artes plásticas o gráficas un derecho de participación definido como un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada por el autor.
 2.El derecho contemplado en el apartado 1 se aplicará a todos los actos de reventa en los que participen, como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de ventas, galerías de arte y, en general, cualquier marchante de obras de arte.
 3.Las Partes podrán disponer que el derecho contemplado en el apartado 1 no se aplique a las operaciones de reventa si el vendedor ha comprado la obra directamente al autor menos de tres años antes de la reventa y el precio de reventa no excede de un determinado importe mínimo.
 4.El procedimiento de cobro de la remuneración y su importe será determinado por el Derecho de cada Parte.
 Artículo IP.14: Gestión colectiva de los derechos
 1.Las Partes promoverán la cooperación entre sus respectivas entidades de gestión colectiva a fin de promover la disponibilidad de las obras y otras prestaciones protegidas en sus respectivos territorios y la transferencia de los ingresos de derechos entre las respectivas organizaciones de gestión colectiva por el uso de dichas obras u otras prestaciones protegidas.
 2.Las Partes promoverán la transparencia de las entidades de gestión colectiva, en particular por lo que respecta a la recaudación de ingresos de derechos, las deducciones aplicadas a los ingresos de derechos recaudados, el uso de los ingresos de derechos recaudados, la política de distribución y su repertorio.
 3.Las Partes procurarán facilitar acuerdos entre sus respectivas entidades de gestión colectiva sobre trato no discriminatorio de los titulares de derechos cuyos derechos gestionen estas organizaciones en virtud de acuerdos de representación.
 4.Las Partes cooperarán para respaldar a las entidades de gestión colectiva establecidas en su territorio y que representan a otra entidad de gestión colectiva establecida en el territorio de la otra Parte a través de un acuerdo de representación con vistas a garantizar que abonen con exactitud, regularidad y diligencia los importes debidos a la entidad de gestión colectiva representada, y a que faciliten a la entidad de gestión colectiva representada información sobre la cuantía de los ingresos de derechos recaudados en su nombre y las deducciones efectuadas sobre tales ingresos.
 Artículo IP.15 Excepciones y limitaciones
 Cada una de las Partes podrá establecer excepciones y limitaciones a los derechos establecidos en los artículos IP.7 [Autores] a IP.11 [Radiodifusión y comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales] en determinados casos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o de la prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de los titulares del derecho.
 Artículo IP.16: Protección de las medidas tecnológicas
 1.Cada una de las Partes ofrecerá una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva que la persona en cuestión realice a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saberlo, que dicha persona persigue dicho objetivo. Cada una de las Partes podrá establecer un régimen especial para la protección legal de las medidas tecnológicas utilizadas para proteger programas informáticos.
 2.Cada una de las Partes ofrecerá una protección jurídica adecuada contra la fabricación, la importación, la distribución, la venta, el alquiler, la publicidad para la venta o alquiler, o la posesión con fines comerciales de dispositivos, productos o componentes, o la prestación de servicios que:
 a)
 se promuevan, anuncien o comercialicen para eludir la protección;
 b)
 tengan una finalidad comercial limitada o una utilización limitada distinta de la de eludir la protección; o
 c)
 estén esencialmente diseñados, producidos, adaptados o realizados con la finalidad de permitir o facilitar la elusión de toda medida tecnológica efectiva.
 3.A efectos de la presente sección, se entenderá por «medidas tecnológicas» toda tecnología, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o trabajos que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor previstos por esta sección. Las medidas tecnológicas se considerarán «eficaces» cuando el uso de la obra o prestación protegidas esté controlado por los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control del copiado, que logre este objetivo de protección.
 4.No obstante la protección jurídica prevista en el apartado 1 del presente artículo, cada una de las Partes podrá adoptar, si procede, medidas apropiadas para garantizar que la protección jurídica adecuada contra la elusión de las medidas tecnológicas efectivas previstas con arreglo al presente artículo no impida que los beneficiarios de las excepciones o limitaciones establecidas en virtud del artículo IP.15 [Excepciones y limitaciones] disfruten de ellas.
 Artículo IP.17: Obligaciones relativas a la información para la gestión de derechos
 1.Cada una de las Partes establecerá una protección jurídica adecuada frente a todas aquellas personas que, a sabiendas, lleven a cabo sin autorización cualquiera de los siguientes actos:
 a)
 la supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos;
 b)
 la distribución, importación para distribución, radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones protegidas de conformidad con la presente sección a raíz de los cuales se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos;
 si tal persona sabe o tiene motivos razonables para saber que, al hacerlo, induce, permite, facilita o encubre una infracción de los derechos de autor o los derechos conexos a los derechos de autor establecidos por el Derecho de una Parte.
 2.A efectos del presente artículo, se entenderá por «información para la gestión de derechos» toda información facilitada por los titulares de derechos que identifique la obra u otra prestación contemplada en el presente artículo, el autor o cualquier otro derecho habiente, o la información sobre las condiciones de utilización de la obra u otra prestación, así como cualesquiera números o códigos que representen dicha información.
 3.El apartado 2 es aplicable en caso de que alguno de estos elementos de información vaya asociado a una copia de una obra o aparezca en conexión con la comunicación al público de una obra u otra prestación contemplada en el presente artículo.
 Sección 2: Marcas
 Artículo IP.18: Clasificación de las marcas
 Cada una de las Partes mantendrá un sistema de clasificación de las marcas que sea coherente con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión modificada y revisada.
 Artículo IP.19: Signos que pueden constituir una marca
 Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
 a)
 distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas; y
 b)
 representarse en el respectivo registro de marcas de cada Parte, de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.
 Artículo IP.20: Derechos conferidos por la marca
 1.Cada una de las Partes dispondrá que el registro de una marca confiera al titular derechos exclusivos sobre la misma. El propietario podrá impedir que, en el tráfico económico, terceros que no tengan autorización del propietario hagan uso:
 a)
 de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;
 b)
 de cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por dicha marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
 2.El titular de una marca registrada podrá impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Parte en que esté registrada la marca, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos –incluida su presentación– que provengan de otros países o de otra Parte y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.
 3.El derecho del titular de la marca registrada en virtud del apartado 2 se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, el declarante o el titular de las mercancías puede acreditar que el propietario de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.
 Artículo IP.21: Procedimiento de registro
 1.Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de las marcas en el que cada decisión negativa definitiva adoptada por la administración pertinente responsable de las marcas, incluida la denegación parcial, se comunicará por escrito a la parte correspondiente, estará debidamente motivada y será susceptible de recurso.
 2.Cada una de las Partes ofrecerá la posibilidad de que terceros se opongan a las solicitudes de marcas o, cuando proceda, a su registro. Estos procedimientos de oposición tendrán carácter contradictorio.
 3.Cada una de las Partes dispondrá de una base de datos electrónica de acceso público de solicitudes de marcas y registros de las mismas.
 4.Cada una de las Partes hará todo lo posible por adoptar un sistema para la solicitud y la tramitación, el registro y el mantenimiento electrónicos de las marcas.
 Artículo IP.22: Marcas notoriamente conocidas
 A fin de dar efecto a la protección de las marcas notoriamente conocidas a las que se hace referencia en el artículo 6 bis del Convenio de París y en el artículo 16, apartados 2 y 3, del Acuerdo sobre los ADPIC, cada una de las Partes aplicará la Recomendación Conjunta sobre las disposiciones de protección de las marcas notoriamente conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI en el 34.o serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebrado del 20 al 29 de septiembre de 1999.
 Artículo IP.23: Excepciones a los derechos conferidos por una marca
 1.Cada una de las Partes establecerá excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, como el uso leal de los términos descriptivos, incluidas las indicaciones geográficas, y podrá establecer otras excepciones limitadas, a condición de que tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.
 2.El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a terceros el uso, en el tráfico económico:
 a)
 de su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física;
 b)
 de signos o indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; o
 c)
 de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio,
 siempre que la tercera parte los utilice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
 3.El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes de la Parte de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.
 Artículo IP.24: Causas de caducidad
 1.Cada una de las Partes establecerá que pueda ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el territorio de la Parte de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.
 2.Cada una de las partes también establecerá que una marca sea objeto de revocación si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años después de la fecha de culminación del procedimiento de registro no hubiere sido objeto de uso efectivo en el territorio pertinente por parte del titular o con el consentimiento de este, en relación con los productos y servicios para los que esté registrada, y no existen causas que justifiquen la falta de uso.
 3.Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca cuando, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se haya iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.
 4.Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca, con posterioridad a la fecha de su registro:
 a)
 se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
 b)
 como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.
 Artículo IP.25: Derecho a prohibir los actos preparatorios en relación con el uso de embalaje u otros soportes
 Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos del titular de una marca, el titular de esa marca tendrá derecho a prohibir los siguientes actos en el tráfico económico:
 a)
 la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca; o
 b)
 la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación, de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que se esté colocada la marca.
 Artículo IP.26: Solicitudes de mala fe
 Se podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya efectuado de mala fe su solicitud de registro. Cada una de las Partes podrá disponer que dicha marca no se registre.
 Sección 3: Diseño
 Artículo IP.27: Protección de dibujos o modelos registrados
 1.Cada una de las Partes establecerá la protección de los dibujos o modelos industriales creados independientemente de que sean nuevos y originales. Dicha protección se otorgará mediante el registro y conferirá derechos exclusivos a sus titulares, de conformidad con lo dispuesto en la presente sección.
 A efectos del presente artículo, una Parte podrá considerar que un dibujo o modelo que tenga carácter singular es original.
 2.El propietario de un dibujo o modelo protegido tendrá derecho, como mínimo, a impedir que terceros que no tengan su autorización fabriquen, ofrezcan para la venta, vendan, importen, exporten, almacenen o utilicen artículos que lleven o incorporen el dibujo o modelo protegido si dichos actos se realizan con fines comerciales.
 3.Solo se considerará que un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y original:
 a)
 si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último; y
 b)
 en la medida en que esas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y originalidad.
 4.A efectos del apartado 3, letra a), se entenderá por «utilización normal» cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación.
 Artículo IP.28: Duración de la protección
 La duración de la protección disponible para dibujos o modelos registrados, incluidas las renovaciones de dibujos o modelos registrados, será al menos de veinticinco años a partir de la fecha en la que se presentó la solicitud
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 .
 Artículo IP.29: Protección de dibujos o modelos no registrados
 1.Cada una de las Partes conferirá a los titulares de un dibujo o modelo no registrado el derecho de impedir a terceros su utilización sin su consentimiento solo si la utilización impugnada es resultado de una copia del dibujo o modelo protegido en su territorio respectivo
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 . Dicha utilización cubrirá al menos la oferta para la venta, la puesta en el mercado, la importación y la exportación del producto.
 2.La duración de la protección disponible para los dibujos y modelos no registrados será al menos de tres años a partir de la fecha en la que se hizo público el dibujo o modelo en el territorio de la Parte respectiva.
 Artículo IP.30: Excepciones y limitaciones
 1.Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos, incluidos los dibujos o diseños registrados, a condición de que tales excepciones no contravengan de manera injustificada la explotación normal de los dibujos o modelos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
 2.La protección no se extenderá a los dibujos y modelos solamente dictados por consideraciones técnicas o funcionales. No podrá reconocerse un derecho sobre un dibujo o modelo a las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o al que se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos puedan desempeñar su función.
 3.No obstante lo dispuesto en el apartado 2, se reconocerá un derecho sobre un dibujo o modelo, en las condiciones establecidas en el artículo IP.27, apartado 1 [Protección de dibujos o modelos registrados], a los dibujos o modelos que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.
 Artículo IP.31: Relación con los derechos de autor
 Cada una de las Partes garantizará que los dibujos o modelos, incluidos los dibujos o modelos registrados, puedan acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de una Parte a partir de la fecha de creación o fijación del dibujo o modelo sobre cualquier soporte. Cada una de las Partes determinará el alcance y las condiciones en que se conceda dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.
 Sección 4: Patentes
 Artículo IP.32: Patentes y salud pública
 1.Las Partes reconocen la importancia de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha («Declaración de Doha»). Para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones con arreglo a la presente sección, cada una de las Partes garantizará la coherencia con la Declaración de Doha.
 2.Cada una de las Partes deberá aplicar el artículo 31 bis del Acuerdo sobre los ADPIC, así como el anexo del Acuerdo sobre los ADPIC y el apéndice del anexo del Acuerdo sobre los ADPIC.
 Artículo IP.33: Ampliación del período de la protección conferida mediante una patente sobre medicamentos y productos fitosanitarios
 1.Las Partes reconocen que los medicamentos y los productos fitosanitarios
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 protegidos por una patente en sus respectivos territorios pueden estar sujetos a un procedimiento de autorización administrativa antes de su introducción en su respectivo mercado. Las Partes reconocen que el período que transcurre entre la presentación de la solicitud de patente y la primera autorización de puesta del producto en el mercado, tal y como lo establece con ese fin la legislación pertinente, puede acortar el período de protección efectiva al amparo de la patente.
 2.Cada una de las Partes proporcionará, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, protección adicional a los productos que estén protegidos por una patente y que hayan sido objeto del procedimiento de autorización administrativa mencionado en el apartado 1 para compensar al titular de la patente por la reducción de la protección efectiva mediante patente. Los términos y condiciones para el suministro de dicha protección adicional, incluida su duración, serán determinados de conformidad con las leyes y los reglamentos de las Partes.
 3.A efectos del presente título, se entenderá por «medicamento»:
 a)
 toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos; o
 b)
 toda sustancia o combinación de sustancias que pueda usarse en, o administrarse a seres humanos o animales con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.
 Sección 5: Protección de la información no divulgada
 Artículo IP.34: Protección de secretos comerciales
 1.Cada una de las Partes establecerá procedimientos y recursos judiciales civiles adecuados para que cualquier poseedor de un secreto comercial evite que se adquiera, utilice o divulgue cuando se lleve a cabo de manera contraria a los usos comerciales honestos, y obtenga reparación por ello.
 2.A efectos de la presente sección, se entenderá por:
 a)
 «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes:
 i)
 ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
 ii)
 tener un valor comercial por su carácter secreto; y
 iii)
 haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control;
 b)
 «poseedor de un secreto comercial»: cualquier persona física o jurídica que ejerza legalmente el control de un secreto comercial.
 3.A efectos de la presente sección, se considerarán contrarias a los usos comerciales honestos al menos las siguientes formas de comportamiento:
 a)
 la obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su titular, cuando se obtenga mediante el acceso no autorizado, la apropiación o la copia de documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos que estén legalmente bajo el control del titular del secreto comercial, que contengan el secreto comercial o a partir de los cuales se pueda deducir;
 b)
 la utilización o divulgación de un secreto comercial, cuando se lleve a cabo sin el consentimiento de su poseedor, por una persona respecto de la cual se haya constatado que cumple alguna de las condiciones siguientes:
 i)
 haber obtenido el secreto comercial de una forma a que se refiere la letra a);
 ii)
 incumplir un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial; o
 iii)
 incumplir una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial;
 c)
 la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial por una persona que, en el momento de la obtención, utilización o revelación, supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto la letra b).
 4.Nada de lo dispuesto en la presente sección se entenderá como una exigencia hacia las Partes para que consideren cualquiera de los siguientes comportamientos contrarios a los usos comerciales honestos:
 a)
 el descubrimiento o la creación independientes;
 b)
 la ingeniería inversa de un producto por parte de una persona que lo tenga legalmente en su posesión, cuando esta persona esté libre de toda obligación jurídicamente válida de limitar la adquisición del secreto comercial;
 c)
 la adquisición, utilización o divulgación de un secreto comercial exigido o permitido por el Derecho de cada una de las Partes;
 d)
 el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a la información y consulta, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de esa Parte.
 5.Nada de lo dispuesto en la presente sección se interpretará en forma que restrinja el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, tal como están protegidos en cada una de las Partes, la movilidad de los empleados ni la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a celebrar convenios colectivos, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de las Partes.
 Artículo IP.35: Protección de los datos presentados para obtener una autorización de comercialización de un medicamento
 1.Cada una de las Partes protegerá la información confidencial desde el punto de vista comercial que se haya presentado al objeto de obtener una autorización de comercialización de medicamentos («autorización de comercialización») contra la divulgación a terceros, salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal y con la excepción de los casos en que lo justifique un interés público superior.
 2.Cada una de las Partes velará por que, durante un período limitado que será determinado por la legislación nacional y de conformidad con las condiciones establecidas en su legislación nacional, la autoridad responsable de la concesión de una autorización de comercialización no acepte ninguna solicitud subsiguiente para una autorización de comercialización que se base en los resultados de ensayos preclínicos o ensayos clínicos presentados en la solicitud ante dicha autoridad para la primera autorización de comercialización sin el consentimiento explícito del titular de la primera autorización de comercialización, salvo que los acuerdos internacionales de los que las Partes formen parte señalen lo contrario.
 3.Cada una de las Partes velará por que, durante un período limitado que será determinado por la legislación nacional y de conformidad con las condiciones establecidas en su legislación nacional, un medicamento autorizado posteriormente por dicha autoridad sobre la base de los resultados de ensayos preclínicos o ensayos clínicos a que se refiere el apartado 2 no se comercialice sin el consentimiento explícito del titular de la primera autorización de comercialización, salvo que los acuerdos internacionales de los que las Partes formen parte señalen lo contrario.
 4.El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los períodos adicionales de protección que cada una de las Partes establezca en su Derecho.
 Artículo IP.36: Protección de los datos presentados para obtener una autorización de comercialización de productos fitosanitarios y biocidas
 1.Cada una de las Partes reconocerá un derecho temporal al titular del informe de estudio o ensayo sobre la seguridad y eficacia de una sustancia activa, producto fitosanitario o biocida, presentado por primera vez al objeto de obtener una autorización de comercialización. Durante este período, el informe de estudio o ensayo no se utilizará en beneficio de ninguna otra persona que desee obtener una autorización de comercialización de una sustancia activa, un producto fitosanitario o un biocida, excepto cuando se pruebe el consentimiento expreso del primer titular de la autorización. A efectos del presente artículo, dicho derecho se denomina protección de datos.
 2.El informe de estudio o ensayo presentado al objeto de obtener una autorización de comercialización de una sustancia activa, un producto fitosanitario o un biocida, deberá cumplir las condiciones siguientes:
 a)
 ser necesario para la autorización o modificación de una autorización a fin de permitir la utilización en otros cultivos; y
 b)
 contar con la certificación de que cumple los principios de buenas prácticas de laboratorio o de buenas prácticas experimentales.
 3.El período de protección de datos será de al menos diez años a partir de la concesión de la primera autorización por parte de una autoridad competente en el territorio de la Parte.
 4.Cada una de las Partes velará por que los organismos públicos responsables de la concesión de autorizaciones de comercialización no utilicen la información mencionada en los apartados 1 y 2 en beneficio de un solicitante posterior de cualquier autorización de comercialización sucesiva, independientemente de si se ha puesto a disposición del público.
 5.Cada una de las Partes establecerá normas para evitar la repetición de ensayos con animales vertebrados.
 Sección 6: Obtenciones vegetales
 Artículo IP.37: Protección de los derechos sobre las obtenciones vegetales
 Cada una de las Partes protegerá los derechos sobre las obtenciones vegetales con arreglo al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), revisado por última vez en Ginebra el 19 de marzo de 1991. Las Partes acuerdan cooperar para promover y hacer respetar estos derechos.
 Capítulo 3: Observancia de los derechos de propiedad intelectual
 Sección 1: Disposiciones generales
 Artículo IP.38: Obligaciones generales
 1.Cada una de las Partes dispondrá en virtud de sus respectivas legislaciones, las medidas, los procedimientos y los recursos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
 A efectos de las secciones 1, 2 y 4 del presente capítulo, el término «derechos de propiedad intelectual» no incluye los derechos contemplados en la sección 5 del capítulo 2 [Protección de la información no divulgada].
 2.Las medidas, procedimientos y recursos a que se refiere el apartado 1:
 a)
 serán justos y equitativos;
 b)
 no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados;
 c)
 serán eficaces, proporcionados y disuasorios;
 d)
 se aplicarán de forma que impidan la creación de obstáculos al comercio legítimo y establezcan salvaguardias contra su abuso.
 Artículo IP.39: Personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos
 Cada una de las Partes reconocerá legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas, los procedimientos y los recursos mencionados en las secciones 2 y 4 del presente capítulo:
 a)
 los titulares de derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Derecho de la Parte;
 b)
 todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciatarios, en la medida en que lo permita el Derecho de la Parte y con arreglo a lo dispuesto en él; y
 c)
 las federaciones y asociaciones
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 , en la medida en que lo permita el Derecho de la Parte y con arreglo a lo dispuesto en él.
 Sección 2: Procedimientos civiles y administrativos de cumplimiento
 Artículo IP.40: Medidas de protección de pruebas
 1.Cada una de las Partes garantizará que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de una de las partes que haya presentado pruebas razonables para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger las pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, con sujeción a las salvaguardias apropiadas y a la protección de la información confidencial.
 2.Las referidas medidas podrán incluir la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las presuntas mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción y/o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas.
 Artículo IP.41: Pruebas
 1.Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para permitir que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición de una parte que haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y, al sustanciar sus alegaciones, haya identificado alguna prueba pertinente que se encuentre bajo el control de la parte contraria, que aporte dichas pruebas, sin perjuicio de la protección de la información confidencial.
 2.Cada una de las Partes adoptará asimismo las medidas que sean necesaria para que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, si procede, en los casos de infracción de un derecho de propiedad intelectual cometidos a escala comercial, en las mismas condiciones que en el apartado 1, la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo el control de la parte contraria, con sujeción a la protección de la información confidencial.
 Artículo IP.42: Derecho de información
 1.Cada una de las Partes garantizará que, en el contexto de los procedimientos civiles relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar al infractor, o a cualquier otra persona, que facilite datos sobre el origen y las redes de distribución de los productos o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual.
 2.A efectos del apartado 1, se entiende por «cualquier otra persona» toda persona que:
 a)
 haya sido hallada en posesión de las mercancías infractoras a escala comercial;
 b)
 haya sido hallada utilizando servicios infractores a escala comercial;
 c)
 haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras; o
 d)
 haya sido señalada por la persona a que se refieren las letras a), b) o c) del presente apartado como implicada en la producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios.
 3.Los datos a que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda:
 a)
 los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios;
 b)
 información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate.
 4.Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones legales de la Parte que:
 a)
 concedan al titular el derecho a recibir información más amplia;
 b)
 regulen la utilización de los datos que se comuniquen con arreglo al presente artículo en procedimientos civiles;
 c)
 regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información;
 d)
 ofrezcan la posibilidad de negarse a facilitar información que obligaría a una persona a que se refiere el apartado 1 a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual;
 e)
 rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.
 Artículo IP.43: Medidas provisionales y cautelares
 1.Cada una de las Partes garantizará que sus autoridades judiciales puedan dictar, a petición del solicitante, un mandamiento cautelar destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho de dicha Parte, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las presuntas infracciones de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular del derecho. Asimismo, podrá dictarse un mandamiento cautelar, en las mismas condiciones, contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual.
 2.Cada una de las Partes garantizará que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar, a petición del solicitante, el embargo o la entrega de mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual, a fin de impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.
 3.En caso de presuntas infracciones cometidas a escala comercial, cada una de las Partes garantizará que las autoridades judiciales puedan ordenar, si el solicitante justifica circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los daños y perjuicios, el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos. A tal efecto, las autoridades competentes podrán ordenar la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales o el acceso adecuado a la información pertinente.
 4.Respecto de las medidas citadas en los apartados 1, 2 y 3, cada una de las Partes garantizará que las autoridades judiciales estén facultadas para exigir al solicitante que facilite todas las pruebas razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del derecho y de que se infringe su derecho o que tal infracción es inminente.
 Artículo IP.44: Medidas correctoras
 1.Sin perjuicio de cualesquiera daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la infracción, y sin indemnización de ninguna clase, cada una de las Partes garantizará que las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancias del solicitante, la destrucción de los productos que dichas autoridades hayan constatado que infringen un derecho de propiedad intelectual o al menos la retirada definitiva de dichos productos de los circuitos comerciales. Si procede y en las mismas condiciones, las autoridades judiciales también podrán dictar la destrucción de los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente para la creación o fabricación de tales mercancías.
 2.Las autoridades judiciales de cada una de las Partes tendrán la facultad de ordenar que estas medidas sean ejecutadas a expensas del infractor, excepto si se alegan razones concretas para que no sea así.
 Artículo IP.45: Mandamientos judiciales
 Cada una de las Partes garantizará que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción del derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de la infracción. Cada una de las Partes garantizará asimismo que las autoridades judiciales puedan dictar un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios haya utilizado el tercero para infringir el derecho de propiedad intelectual.
 Artículo IP.46: Medidas alternativas
 Cada una de las Partes podrá disponer que, cuando proceda y a petición de la persona a la que se puedan aplicar las medidas que se establecen en el artículo IP.44 [Medidas correctoras] o el artículo IP.45 [Mandamientos judiciales], las autoridades judiciales puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la aplicación de las medidas previstas en estos dos artículos, si dicha persona no hubiera actuado de forma intencionada o negligente, si la ejecución de dichas medidas pudiera causar a la persona un perjuicio desproporcionado y si la parte perjudicada pudiera ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria.
 Artículo IP.47: Daños y perjuicios
 1.Cada una de las Partes garantizará que sus autoridades judiciales, a instancia de la parte perjudicada, ordenen al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido dicho titular como consecuencia de la infracción.
 2.Cada una de las Partes garantizará que, cuando sus autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:
 a)
 tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, como el perjuicio moral causado al titular del derecho por la infracción; o
 b)
 como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad fija única sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
 3.Cuando el infractor no haya intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, cada una de las Partes podrá establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.
 Artículo IP.48: Costas procesales
 Cada una de las Partes garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad.
 Artículo IP.49: Publicación de las resoluciones judiciales
 Cada una de las Partes garantizará que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, las medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial.
 Artículo IP.50: Presunción de autoría o propiedad
 A efectos de la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo 3 [Observancia de los derechos de propiedad intelectual]:
 a)
 para que el autor de una obra literaria o artística, mientras no se pruebe lo contrario, pueda considerarse como tal y tener por lo tanto derecho a incoar procedimientos de infracción, será suficiente que el nombre del autor figure en la obra de la forma habitual; y
 b)
 lo dispuesto en la letra a) se aplica, mutatis mutandis, a los titulares de derechos afines a los derechos de autor respecto de sus objetos protegidos.
 Artículo IP.51: Procedimientos administrativos
 En la medida en que puedan ordenarse recursos civiles sobre el fondo del caso a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.
 Sección 3: Procedimientos y recursos judiciales civiles relacionados con los secretos comerciales
 Artículo IP.52: Procedimientos y recursos judiciales civiles relacionados con los secretos comerciales
 1.Cada una de las Partes se asegurará de que cualquier persona que participe en el procedimiento judicial civil a que se refiere el artículo IP.34, apartado 1 [Ámbito de protección de los secretos comerciales], o que tenga acceso a documentos que formen parte de dichos procedimientos, no esté autorizada a utilizar o divulgar cualquier secreto comercial o presunto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes hayan identificado, respondiendo a una solicitud debidamente motivada de una parte interesada, como confidencial y del que haya tenido conocimiento a raíz de dicha participación o acceso.
 2.Cada una de las Partes garantizará que la obligación a que se refiere el apartado 1 permanezca en vigor, mientras sea adecuado, una vez finalizado el procedimiento judicial civil.
 3.En los procedimientos judiciales civiles a que se refiere el artículo IP.34, apartado 1 [Alcance de la protección de los secretos comerciales], cada una de las Partes establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas, como mínimo, para:
 a)
 ordenar medidas provisionales, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, a fin de cesar y prohibir la utilización o divulgación del secreto comercial de un modo contrario a los usos comerciales honestos;
 b)
 ordenar medidas, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, que ordenen el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial de un modo contrario a las prácticas comerciales honestas;
 c)
 ordenar, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, a toda persona que haya adquirido, utilizado o revelado un secreto comercial de un modo contrario a las prácticas comerciales honestas y que supiera o debiera haber sabido que estaba adquiriendo, utilizando o divulgando un secreto comercial de manera contraria a los usos comerciales honestos, que pague al poseedor del secreto comercial una indemnización por daños y perjuicios adecuada al perjuicio realmente sufrido como resultado de dicha adquisición, utilización o divulgación del secreto comercial;
 d)
 adoptar las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de cualquier secreto comercial o presunto secreto comercial utilizado o mencionado en los procedimientos a que se refiere el artículo IP.34, apartado 1 [Alcance de la protección de los secretos comerciales]. Entre tales medidas específicas podrán figurar, de conformidad con las respectivas disposiciones legales y reglamentarias de cada Parte, incluidos los derechos de la defensa y la posibilidad de restringir el acceso a determinados documentos, en su totalidad o en parte; de limitar el acceso a las audiencias y a sus correspondientes actas o transcripciones; y de dar acceso a una versión no confidencial de una decisión judicial en la que los pasajes que contengan secretos comerciales se hayan suprimido u ocultado.
 e)
 imponer sanciones a toda persona que participe en el procedimiento judicial y que incumpla o se niegue a cumplir las órdenes judiciales relativas a la protección del secreto comercial o presunto secreto comercial.
 4.Cada una de las Partes garantizará que, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, se deniegue la solicitud de las medidas, los procedimientos o los recursos previstos en el presente artículo cuando la presunta adquisición, utilización o divulgación del secreto comercial haya tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes:
 a)
 para poner al descubierto una falta, una irregularidad o una actividad ilegal con el fin de proteger el interés público en general;
 b)
 cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de sus funciones y cuando tal revelación sea necesaria para ese ejercicio;
 c)
 para proteger un interés legítimo reconocido por las disposiciones legales y reglamentarias de esa Parte.
 Sección 4: Garantía de cumplimiento transfronterizo
 Artículo IP.53: Medidas en frontera
 1.En lo que respecta a las mercancías bajo control aduanero, cada una de las Partes adoptará o mantendrá procedimientos con arreglo a los cuales un titular de derechos podrá presentar solicitudes a una autoridad competente
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 para la suspensión de la concesión del levante o para la retención de las mercancías sospechosas. A efectos de la presente sección, por «mercancías sospechosas» se entenderá las mercancías sospechosas de infringir marcas registradas, derechos de autor y derechos conexos, indicaciones geográficas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, topografías de circuitos integrados y derechos sobre las obtenciones vegetales.
 2.Cada una de las Partes dispondrá de sistemas electrónicos para la gestión por parte de las aduanas de las solicitudes concedidas o registradas.
 3.Cada una de las Partes garantizará que sus autoridades competentes no cobren una tarifa para cubrir los costes administrativos resultantes del procesamiento de una solicitud o un registro.
 4.Cada una de las Partes se asegurará de que sus autoridades competentes decidan sobre la concesión o el registro de las solicitudes en un plazo razonable.
 5.Cada una de las Partes establecerá que las solicitudes a que se refiere el apartado 1 sean aplicables a los envíos múltiples.
 6.En lo que respecta a las mercancías bajo control aduanero, cada una de las Partes garantizará que sus autoridades aduaneras puedan actuar por iniciativa propia para suspender la concesión del levante o retener las mercancías sospechosas.
 7.Cada una de las Partes garantizará que sus autoridades aduaneras utilicen análisis de riesgos para identificar las mercancías sospechosas.
 8.Cada Parte podrá autorizar a su autoridad aduanera a que facilite a un titular de derechos, a petición de este, información sobre las mercancías que incluya su descripción y cantidad y, si se conocen, el nombre y la dirección del expedidor, el importador, el exportador o el destinatario y el país de origen de las mercancías que hayan dejado de despacharse o hayan sido retenidas.
 9.Cada una de las Partes dispondrá de procedimientos que permitan la destrucción de las mercancías sospechosas, sin que sean precisos procedimientos administrativos o judiciales para determinar formalmente las infracciones, en caso de que los interesados estén de acuerdo o no se opongan a la destrucción. En los casos en que no se destruyan las mercancías sospechosas, cada una de las Partes se asegurará de que, salvo en circunstancias excepcionales, dichas mercancías se aparten de los circuitos comerciales de manera que se evite cualquier perjuicio para el titular de los derechos.
 10.Cada una de las Partes dispondrá de procedimientos que permitan la rápida destrucción de mercancía pirata o de marcas falsificadas enviadas por correo postal o correo rápido.
 11.Cada una de las Partes estipulará que, cuando así lo soliciten las autoridades aduaneras, el titular de la solicitud concedida o registrada esté obligado a reembolsar los costes incurridos por dichas autoridades, u otras partes que actúen en su nombre, desde el momento de la detención o la suspensión del levante de las mercancías, incluidos los costes de almacenamiento, manipulación y de otra índole relacionados con la destrucción o la eliminación de las mercancías.
 12.Cada una de las Partes podrá decidir no aplicar el presente artículo a las importaciones de mercancías comercializadas en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento. Una Parte podrá excluir de la aplicación del presente artículo las mercancías sin carácter comercial que vayan dentro del equipaje personal de los viajeros.
 13.Cada una de las Partes permitirá que sus autoridades aduaneras mantengan un diálogo regular y promuevan la cooperación con las partes interesadas pertinentes y con otras autoridades responsables de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual.
 14.Las Partes acuerdan cooperar con respecto al comercio internacional de mercancías sospechosas. En particular, las Partes compartirán, en la medida de lo posible, información sobre el comercio de mercancías sospechosas que afecte a la otra Parte.
 15.Sin perjuicio de otras formas de cooperación, se aplicará el Protocolo relativo a la asistencia mutua administrativa en materia de aduanas a las infracciones de la legislación respecto de derechos de propiedad intelectual cuya aplicación sea competencia de las autoridades aduaneras de una Parte en virtud del presente artículo.
 Artículo IP.54: Coherencia con el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre los ADPIC
 A la hora de aplicar medidas fronterizas para garantizar el respeto por parte de las aduanas de los derechos de propiedad intelectual, estén o no contemplados en la presente sección, las Partes garantizarán la coherencia con sus obligaciones en virtud del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular con el artículo V del GATT de 1994 y el artículo 41 y la sección 4 de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.
 Capítulo 4: Otras disposiciones
 Artículo IP.55: Cooperación
 1.Las Partes acuerdan cooperar con el fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del presente título.
 2.Los ámbitos de cooperación incluyen, entre otras, las actividades siguientes:
 a)
 intercambio de información sobre el marco jurídico relativo a los derechos de propiedad intelectual y las normas pertinentes de protección y aplicación efectiva;
 b)
 intercambio de experiencias sobre los avances legislativos, el respeto de los derechos de propiedad intelectual y su aplicación a nivel central y subcentral por parte de los organismos aduaneros, policiales, administrativos y judiciales;
 c)
 coordinación para impedir las exportaciones de productos falsificados, incluso la coordinación con otros países;
 d)
 asistencia técnica, desarrollo de la capacidad, intercambio y formación del personal;
 e)
 protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual y difusión de información al respecto entre círculos empresariales y la sociedad civil, entre otros;
 f)
 fomento de la sensibilización de los consumidores y de los titulares de derechos;
 g)
 fomento de la cooperación institucional, especialmente entre las oficinas de propiedad intelectual de ambas Partes;
 h)
 Educación y sensibilización entre el público en general respecto de las políticas en materia de protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual;
 i)
 promoción de la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual con colaboración público-privada y la participación de pequeñas y medianas empresas;
 j)
 formulación de estrategias efectivas para identificar audiencias y programas de comunicación con el fin de aumentar la sensibilización de los consumidores y de los medios de información respecto de los efectos de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, incluidos el riesgo para la salud y la seguridad y la relación con la delincuencia organizada.
 3.Las Partes se mantendrán en contacto, ya sea directamente o a través del Comité de Comercio Especializado en Propiedad Intelectual, para tratar cualquier cuestión relacionada con la aplicación y el funcionamiento del presente título.
 Artículo IP.56: Iniciativas voluntarias con las partes interesadas
 Cada una de las Partes procurará facilitar iniciativas voluntarias con las partes interesadas para reducir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, incluso las que se producen en línea y en otros mercados, centrándose en problemas concretos y buscando soluciones prácticas que sean realistas, equilibradas, proporcionadas y justas para todos los interesados, en particular, de la forma siguiente:
 a)
 cada una de las Partes procurará reunir de mutuo acuerdo a las partes interesadas en su territorio para facilitar iniciativas voluntarias orientadas a encontrar soluciones y resolver las diferencias con respecto a la protección y al respeto de los derechos de propiedad intelectual y a la reducción de las infracciones;
 b)
 las Partes procurarán intercambiar información sobre los esfuerzos encaminados a facilitar las iniciativas voluntarias con las partes interesadas en sus respectivos territorios; y
 c)
 las Partes procurarán promover un diálogo abierto y la cooperación entre las partes interesadas en su territorio, y animarlas a encontrar juntas soluciones y resolver las diferencias con respecto a la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual y la reducción de las infracciones.
 Artículo IP.57: Revisión relacionada con las indicaciones geográficas
 Con arreglo a las disposiciones pertinentes de cualquier acuerdo bilateral previo entre el Reino Unido, por una parte, y la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por la otra, las Partes podrán hacer los esfuerzos conjuntos razonables por acordar normas para la protección y la ejecución efectiva a escala nacional de sus indicaciones geográficas.
 Título VI: Contratación pública
 Capítulo 1: Ámbito de aplicación
 Artículo PPROC.1: Objetivo
 El objetivo del presente título es garantizar el acceso de los proveedores de cada una de las Partes a mayores oportunidades de participación en los procedimientos de contratación pública y mejorar la transparencia de dichos procedimientos.
 Artículo PPROC.2: Incorporación de determinadas disposiciones del ACP y contrataciones cubiertas
 1.
 Se incorporan al presente título las disposiciones del ACP que se especifican en la sección A del anexo PPROC-1, incluidos los anexos de cada una de las Partes al apéndice I del ACP.
 2.
 A efectos del presente título, se entenderá por «contratación cubierta» la contratación pública a la que se aplica el artículo II del ACP, así como, adicionalmente, la contratación pública enumerada en la sección B del anexo PPROC-1
 3.
 En lo que respecta a las contrataciones cubiertas, cada una de las Partes aplicará, mutatis mutandis, las disposiciones del ACP especificadas en la sección A del anexo PPROC-1 a los proveedores, bienes o servicios de la otra Parte.
 Capítulo 2: Normas adicionales para las contrataciones cubiertas
 Artículo PPROC.3: Uso de medios electrónicos en la contratación pública
 1.
 Cada una de las Partes se asegurará de que, en la mayor medida posible, sus entidades contratantes lleven a cabo las contrataciones cubiertas por medios electrónicos.
 2.
 Se considerará que una entidad contratante lleva a cabo contrataciones cubiertas por medios electrónicos, cuando dicha entidad utiliza medios de información y comunicación electrónicos para:
 a)
 la publicación de anuncios y documentación sobre la licitación en los procedimientos de contratación pública; y
 b)
 la presentación de solicitudes de participación y de ofertas.
 3.
 Salvo en determinadas situaciones, tales medios de información y comunicación electrónicos deberán ser no discriminatorios, estar disponibles de forma general y ser compatibles con los productos de las tecnológicas de la información y la comunicación de uso general, y no restringir el acceso de los participantes al procedimiento de contratación pública.
 4.
 Cada una de las Partes garantizará que sus entidades contratantes reciban y procesen facturas electrónicas con arreglo a su legislación.
 Artículo PPROC.4: Publicación electrónica
 En lo que respecta a la contratación cubierta, todos los anuncios de contratación, incluidos los anuncios de contratación prevista, las comunicaciones sucintas, los anuncios de contratación programada y los anuncios de adjudicación de contratos serán directamente accesibles de forma gratuita por medios electrónicos, a través de un punto de acceso único de internet.
 Artículo PPROC.5: Datos probatorios
 Cada una de las Partes velará por que, en el momento de presentar las solicitudes para participar o en el momento de presentar las ofertas, las entidades contratantes no exijan a los proveedores que presenten la totalidad o una parte de los datos que demuestran que no están inmersos en ninguna de las situaciones por la que un proveedor podría ser excluido y que cumplen las condiciones para participar, salvo que esto sea necesario para garantizar la correcta realización de la contratación.
 Artículo PPROC.6: Condiciones de participación
 Cada una de las Partes garantizará que cuando sus entidades contratantes requieran que un proveedor demuestre tener experiencia previa como condición para la participación en una contratación cubierta, no exijan que dicha experiencia sea en el territorio de esa Parte.
 Artículo PPROC.7: Sistemas de registro y procedimientos de cualificación
 Una Parte que mantenga un sistema de registro de proveedores solicitará que los proveedores interesados puedan solicitar el registro en cualquier momento. Todo proveedor interesado que haya realizado una solicitud será informado dentro de un plazo razonable de la decisión de conceder o rechazar esta solicitud.
 Artículo PPROC.8: Licitación selectiva
 Cada una de las Partes se asegurará de que, cuando una entidad contratante utilice un procedimiento de licitación selectiva, esta envíe invitaciones para licitar a un número de proveedores suficiente para garantizar la competencia genuina sin que ello afecte a la eficiencia operativa del sistema de contratación.
 Artículo PPROC.9: Precios anormalmente inferiores
 Además de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo XV del ACP, en caso de que una entidad contratante reciba una oferta con un precio que sea anormalmente inferior a los de otras ofertas presentadas, podrá verificar también con el proveedor si el precio tiene en cuenta la concesión de subvenciones.
 Artículo PPROC.10: Consideraciones medioambientales, sociales y laborales
 Cada una de las Partes velará por que las entidades contratantes puedan tener en cuenta condiciones medioambientales, laborales y sociales durante el procedimiento de contratación, siempre que sean compatibles con las normas establecidas en los capítulos 1 y 2 y se indiquen en el anuncio de contratación prevista o en otro anuncio utilizado como anuncio de contratación pública prevista o en el pliego de condiciones.
 Artículo PPROC.11: Procedimientos internos de revisión
 1.
 En caso de que una Parte designe una autoridad administrativa imparcial con arreglo al apartado 4 del artículo XVIII del ACP, dicha Parte se asegurará de que:
 (a)los miembros de la autoridad designada sean independientes e imparciales y estén libres de influencias exteriores mientras dure su mandato;
 (b)no se cese a los miembros de la autoridad designada en contra de su voluntad mientras estén en activo, a menos que las disposiciones por las que se rige la autoridad designada exijan su despido; y
 (c)el Presidente, o al menos otro miembro de la autoridad designada, cuente con cualificaciones legales y profesionales equivalentes a las necesarias para ejercer como juez, abogado u perito legal en virtud de las leyes y los reglamentos de la Parte.
 2.
 Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos que establezcan medidas provisionales rápidas para que el proveedor siga teniendo la posibilidad de participar en la contratación pública. Tales medidas provisionales, establecidas en la letra a) del apartado 7 del artículo XVIII del ACP, podrán dar lugar a la suspensión del procedimiento de contratación o, si la entidad contratante ha celebrado un contrato y una Parte así lo ha dispuesto, a la suspensión de la ejecución del contrato. Los procedimientos podrán prever la posibilidad de que, al decidir si deben aplicarse esas medidas, se tengan en cuenta importantes consecuencias adversas para los intereses considerados, incluido el interés público. Se consignará por escrito la justa causa para no adoptar esas medidas.
 3.
 En caso de que un proveedor interesado o participante haya presentado una reclamación ante la autoridad designada a la que se refiere el apartado 1, cada Parte velará por que, en principio, una entidad contratante no celebre el contrato hasta que dicha autoridad haya adoptado una decisión o recomendación sobre la reclamación con respecto a las medidas provisionales, las medidas correctivas o una compensación por los daños o perjuicios sufridos mencionadas en los apartados 2, 5 y 6, de conformidad con sus normas, reglamentos y procedimientos. Cada Parte podrá establecer que, no obstante, en circunstancias inevitables y debidamente justificadas, podrá celebrarse el contrato.
 4.
 Cada Parte podrá establecer lo siguiente:
 (a)un plazo suspensivo entre la decisión de adjudicar un contrato y su celebración, a fin de dar a los proveedores no seleccionados tiempo suficiente para evaluar si conviene iniciar un procedimiento de revisión; o
 (b)un plazo suficiente para que un proveedor interesado presente una reclamación, lo que podría constituir un motivo para que se suspenda la ejecución de un contrato.
 5.
 Las medidas correctoras de conformidad con la letra b) del apartado 7 del artículo XVIII del ACP podrán incluir una o varias de las siguientes:
 (a)la supresión de las especificaciones técnicas, económicas o financieras discriminatorias que figuren en la invitación a presentar ofertas, en el expediente de licitación o en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de licitación, y el desarrollo de nuevos procedimientos de contratación;
 (b)la repetición del procedimiento de contratación pública sin modificar las condiciones;
 (c)la interrupción momentánea de la decisión de adjudicación del contrato y la adopción de una nueva decisión al respecto;
 (d)la rescisión de un contrato o la declaración de su nulidad; o
 (e)la adopción de otras medidas a fin de subsanar las infracciones de los capítulos 1 y 2, por ejemplo el requerimiento de pago de una suma determinada hasta que el incumplimiento se haya subsanado efectivamente.
 6.
 De conformidad con la letra b) del apartado 7 del artículo XVIII del ACP, cada Parte podrá establecer la concesión de una compensación por los daños o perjuicios sufridos. A este respecto, si el órgano de revisión de la Parte no es un órgano jurisdiccional y un proveedor considera que se ha producido una infracción de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales por las que se aplican las obligaciones en virtud de los capítulos 1 y 2, el proveedor podrá someter el asunto ante un órgano jurisdiccional, en particular con vistas a obtener una compensación, con arreglo a los procedimientos judiciales de la Parte.
 7.
 Cada Parte adoptará o mantendrá los procedimientos necesarios para que se apliquen efectivamente las decisiones o recomendaciones adoptadas por los organismos de revisión, o las decisiones de las instancias judiciales de revisión se hagan cumplir de forma efectiva.
 Capítulo 3: Trato nacional más allá de la contratación cubierta
 Artículo PPROC.12: Definiciones
 1.
 A efectos del presente capítulo, se entenderá por trato concedido a una Parte en virtud del presente capítulo:
 a)
 respecto al Reino Unido, un trato no menos favorable que el régimen más favorable que se concede, en situaciones similares, a los proveedores del Reino Unido; y
 b)
 respecto a un Estado miembro, un trato no menos favorable que el régimen más favorable que se concede en dicho Estado miembro, en situaciones similares, a los proveedores de dicho Estado miembro.
 2.
 A efectos del presente capítulo, se entenderá por proveedor de una Parte, que es una persona jurídica:
 a)
 en el caso de la Unión, una persona jurídica constituida u organizada de conformidad con el Derecho de la Unión o de al menos uno de sus Estados miembros y que lleve a cabo operaciones empresariales sustantivas, entendidas por la Unión Europea, de conformidad con su notificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a la OMC (WT/REG39/1), como equivalentes al concepto, consagrado en el artículo 54 del TFUE, de «vinculación efectiva y continua» con la economía de un Estado miembro de la Unión Europea; y
 b)
 en el caso del Reino Unido, una persona jurídica constituida u organizada con arreglo al Derecho del Reino Unido que lleve a cabo operaciones empresariales sustantivas en el territorio del Reino Unido.
 Artículo PPROC.13: Trato nacional de los proveedores establecidos localmente
 1.
 Con respecto a cualquier contratación, la medida de una Parte no supondrá, para los proveedores de la otra Parte establecidos en su territorio mediante la constitución, la adquisición o el mantenimiento de una persona jurídica, un trato menos favorable que el que dicha Parte concede a sus propios proveedores similares
 41
 .
 2.
 La aplicación de la obligación de trato nacional prevista en el presente artículo seguirá sujeta a las excepciones generales y de seguridad definidas en el artículo III del ACP, incluso cuando la contratación no sea una contratación cubierta en virtud del presente título.
 Capítulo 4: Otras disposiciones
 Artículo PPROC.14: Modificaciones y rectificaciones de los compromisos en materia de acceso a los mercados
 Cada una de las Partes podrá modificar o rectificar sus compromisos en materia de acceso a los mercados en su subsección respectiva de la sección B del anexo PPROC-.1 de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos PPROC.15 [Modificaciones] a PPROC.18 [Modificación de la sección del anexo PROC-1].
 Artículo PPROC.15: Modificaciones
 1.
 La Parte que tenga intención de modificar una subsección de la sección B del anexo PPROC-1:
 (a)lo notificará por escrito a la otra Parte; e
 (b)incluirá en la notificación una propuesta a la otra Parte de efectuar los ajustes compensatorios apropiados para mantener un nivel de compromisos en materia de acceso al mercado comparable al existente antes de la modificación.
 2.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra b), una Parte no estará obligada a ofrecer ajustes compensatorios a la otra Parte si la modificación propuesta cubre una entidad contratante respecto a la que la Parte ha eliminado efectivamente su control o influencia en relación con la contratación cubierta.
 El control o la influencia de una Parte sobre la contratación cubierta de las entidades contratantes se presumirán eliminados efectivamente cuando la entidad contratante esté expuesta a la competencia en mercados en los que el acceso no esté restringido.
 3. La otra Parte podrá oponerse a la modificación a que se refiere el apartado 1, letra a), si niega que:
 (a)el ajuste compensatorio propuesto en el apartado 1, letra b), sea adecuado para mantener un nivel de compromisos en materia de acceso al mercado comparable al mutuamente acordado; o
 (b)la modificación cubre a una entidad contratante respecto a la que la Parte ha eliminado efectivamente su control o influencia, según lo previsto en el apartado 2.
 La otra Parte deberá oponerse por escrito en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la recepción de la notificación mencionada en el apartado 1, letra a), o se considerará que ha aceptado el ajuste o modificación compensatoria, incluso a los efectos del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales].
 Artículo PPROC.16: Rectificaciones
 1.
 La Parte que tenga intención de rectificar una subsección de la sección B del anexo PPROC-1 lo notificará por escrito a la otra Parte.
 Los siguientes cambios en una subsección de la sección B del anexo PPROC-1 se considerarán una rectificación, siempre que no afecten a los compromisos mutuamente acordados en materia de acceso a los mercados previstos en el presente título:
 (a)un cambio de nombre de una entidad contratante;
 (b)una fusión de dos o más entidades contratantes enumeradas en dicha subsección; y
 (c)la separación de una entidad contratante enumerada en esta subsección en dos o más entidades contratantes que se añadan a las entidades contratantes enumeradas en la misma subsección.
 2.
 En el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la recepción de la notificación, cada una de las Partes podrá notificar a la otra Parte una objeción a una rectificación propuesta. La Parte que presente una objeción, indicará las razones por las que considera que la rectificación propuesta no es un cambio conforme al apartado 1 y describirá los efectos de la rectificación propuesta sobre el acceso al mercado acordado mutuamente establecida en el presente título. En caso de que no se presenten objeciones por escrito en el plazo de cuarenta y cinco días tras la recepción de la notificación, se considerará que la Parte está de acuerdo con la propuesta de rectificación.
 Artículo PPROC.17: Consultas y resolución de diferencias
 En caso de que una Parte se oponga a la modificación, a los ajustes compensatorios propuestos mencionados en el artículo PPROC.15 [Modificaciones] o a la rectificación propuesta a que se refiere el artículo PPROC.16 [Rectificaciones], las Partes tratarán de resolver el asunto a través de consultas. Si no se llega a un acuerdo en el plazo de sesenta días a partir de la recepción de la objeción, la Parte que desee modificar o rectificar su subsección de la sección B del anexo PPROC-1 podrá remitir el asunto a la solución de diferencias con arreglo al título I [Solución de controversias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales], a fin de determinar si la objeción está justificada.
 Artículo PPROC.18: Modificación de la sección B del anexo PPROC-1
 Si una Parte no objeta a la modificación con arreglo al artículo PPROC.15 [Modificaciones], apartado 3, o a una rectificación de conformidad con el artículo PPROC.16 [Rectificaciones], apartado 2, o cuando las modificaciones o rectificaciones se acuerden entre las Partes a través de las consultas a que hace referencia el artículo PPROC.17 [Consultas y resolución de diferencias], o la cuestión se resuelva definitivamente con arreglo al título I [Solución de diferencias]de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales], el Consejo de Asociación modificará la subsección correspondiente de la sección B del anexo PPROC-1 con el objeto de reflejar las correspondientes modificaciones o rectificaciones, o los ajustes compensatorios.
 Artículo PPROC.19: Cooperación
 1.
 Las Partes reconocen los beneficios que pueden derivarse de la cooperación en la promoción a escala internacional de la liberalización mutua de los mercados de contratación pública.
 2.
 Cada una de las Partes pondrá a disposición de la otra Parte estadísticas anuales sobre las contrataciones cubiertas con sujeción a la disponibilidad técnica.
 Título VII: Pequeñas y medianas empresas
 Artículo SME.1: Objetivo
 El objetivo del presente título es mejorar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para beneficiarse del epígrafe primero [Comercio].
 Artículo SME.2: Intercambio de información
 1.
 Cada Parte creará o mantendrá su propio sitio web de acceso público para las pequeñas y medianas empresas con información relativa al epígrafe primero [Comercio], que incluirá:
 a)
 un resumen del epígrafe primero [Comercio];
 b)
 una descripción de las disposiciones del epígrafe primero [Comercio] que cada una de las Partes considere pertinente para las pequeñas y medianas empresas de ambas Partes; y
 c)
 cualquier información adicional que cada una de las Partes considere de utilidad para las pequeñas y medianas empresas interesadas en beneficiarse del epígrafe primero [Comercio].
 2.
 Cada una de las Partes incluirá en el sitio web indicado en el apartado 1 un enlace de internet:
 a)
 al texto del epígrafe primero [Comercio];
 b)
 al sitio web equivalente de la otra Parte; y
 c)
 a los sitios web de las autoridades de la Parte que esta considere que puedan facilitar información de utilidad a personas interesadas en comerciar y hacer negocios en su territorio.
 3.
 Cada una de las Partes incluirá en el sitio web previsto en el apartado 1 un enlace de internet a sitios web de sus propias autoridades con información relativa a lo siguiente:
 a)
 leyes y reglamentos de aduanas, procedimientos de importación, exportación y tránsito, así como formularios, documentación y otra información necesaria;
 b)
 leyes, reglamentos y procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas;
 c)
 leyes y reglamentos técnicos, incluidos, cuando sea necesario, procedimientos obligatorios de evaluación de la conformidad y enlaces a listas de organismos de evaluación de la conformidad, en casos en los que sea obligatoria la evaluación de la conformidad de terceros, tal y como establece el capítulo 4 [Obstáculos técnicos al comercio] del título I [Comercio de mercancías] del presente epígrafe;
 d)
 leyes y reglamentos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias relacionadas con la importación y exportación tal y como establece el capítulo 3 [Cuestiones sanitarias y fitosanitarias] del título I [Comercio de mercancías] del presente epígrafe;
 e)
 leyes y reglamentos sobre contratación pública, punto único de acceso en internet a los avisos de contratación pública tal y como establecen el título VI [Adjudicación de contratos públicos] del presente epígrafe y otras disposiciones pertinentes contenidas en dicho título;
 f)
 procedimientos de registro de empresas; y
 g)
 otra información que la Parte considere puede ser de ayuda para las pequeñas y medianas empresas.
 4.
 Cada una de las Partes incluirá, en el sitio web al que se hace referencia en el apartado 1, un enlace a una base de datos en la que se pueda hacer una búsqueda electrónica mediante el código de la nomenclatura arancelaria y que contenga la siguiente información por lo que se refiere al acceso a su mercado:
 a)
 con respecto a medidas arancelarias e información relacionada con aranceles:
 i)
 tipos de derechos de aduana y cuotas, incluidos los de nación más favorecida, tipos relativos a los países que no disfrutan del trato de nación más favorecida y tipos preferentes y contingentes arancelarios;
 ii)
 impuestos especiales;
 iii)
 impuestos (impuesto sobre el valor añadido/impuesto sobre las ventas);
 iv)
 tasas aduaneras o de otro tipo, incluidas otras tasas para productos específicos;
 v)
 normas de origen tal y como establece el capítulo 2 [Normas de origen] del título I [Comercio de mercancías] del presente epígrafe;
 vi)
 reintegro y aplazamiento de derechos arancelarios u otros tipos de ayuda que reduzcan o rembolsen los derechos de aduana o que eximan de ellos;
 vii)
 los criterios utilizados para determinar el valor en aduana de las mercancías; y
 viii)
 otras medidas arancelarias;
 b)
 con respecto a la nomenclatura arancelaria relacionada con medidas no arancelarias:
 i)
 la información necesaria para los procedimientos de importación; y
 ii)
 la información relacionada con medidas no arancelarias.
 5.
 Cada una de las Partes deberá, periódicamente, o si así lo solicita la otra Parte, actualizar la información y los enlaces mencionados en los apartados 1 a 4 que aparecen en su sitio web para garantizar que estén actualizados y sean exactos.
 6.
 Cada una de las Partes garantizará que la información y los enlaces mencionados en los apartados 1 a 4 se presentan de forma que puedan utilizarlos las pequeñas y medianas empresas. Cada Parte procurará hacer que la información esté disponible en inglés.
 7.
 No se aplicará ninguna tasa a ninguna persona de ambas Partes por el acceso a la información facilitada de conformidad con los apartados 1 a 4.
 Artículo SME.3: Puntos de contacto de pequeñas y medianas empresas
 1.
 A la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes designará un punto de contacto para desempeñar las funciones enumeradas en el presente artículo y notificará a la otra Parte sus datos de contacto. Las Partes se comunicarán con prontitud cualquier cambio relativo a dichos datos de contacto.
 2.
 Los puntos de contacto de las pequeñas y medianas empresas de las Partes:
 a)
 procurarán garantizar que se tengan en cuenta las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en la aplicación del epígrafe primero [Comercio] y que las pequeñas y medianas empresas de ambas Partes puedan beneficiarse del epígrafe primero [Comercio];
 b)
 examinar las vías para reforzar la cooperación entre las Partes en las cuestiones de interés para las pequeñas y medianas empresas, a fin de aumentar las oportunidades de comercio e inversión para las pequeñas y medianas empresas;
 c)
 se asegurarán de que la información a que se refiere el artículo SME.2 [Intercambio de información] esté actualizada y sea exacta y pertinente para las pequeñas y medianas empresas. Cada una de las Partes podrá, a través del punto de contacto de pequeñas y medianas empresas, sugerir información adicional para que la otra Parte la incluya en sus sitios web y que se mantenga de acuerdo con el artículo SME.2 [Intercambio de información];
 d)
 examinarán cualquier asunto pertinente para las pequeñas y medianas empresas en relación con la aplicación del epígrafe primero [Comercio], en particular:
 i)
 el intercambio de información para ayudar al Consejo de Asociación en su labor de control y aplicación de los aspectos del epígrafe primero [Comercio] relacionados con las pequeñas y medianas empresas;
 ii)
 la ayuda a los comités especializados, a los grupos de trabajo conjuntos y a los puntos de contacto establecidos por el presente Acuerdo en el análisis de las cuestiones pertinentes para las pequeñas y medianas empresas;
 e)
 informar periódicamente sobre sus actividades, conjuntas o individuales, al Consejo de Asociación para su análisis; y
 f)
 estudiar cualquier otra cuestión que surja en virtud del presente Acuerdo concerniente a las pequeñas y medianas empresas que las Partes puedan acordar.
 3.
 Los puntos de contacto de las pequeñas y medianas empresas de las Partes realizarán su trabajo mediante los canales de comunicación decididos por las Partes, que podrán incluir el correo electrónico, la videoconferencia u otros medios. Podrán también reunirse cuando proceda.
 4.
 Los puntos de contacto de las pequeñas y medianas empresas podrán, si es pertinente, buscar la cooperación con expertos y organizaciones externas para desarrollar sus actividades.
 Artículo SME.4: Relación con la sexta parte
 El título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales] no se aplicará al presente título.
 Título VIII: Energía
 Capítulo 1: Disposiciones generales
 Artículo ENER.1: Objetivos
 El objetivo del presente título es facilitar el comercio y la inversión entre las Partes en los ámbitos de la energía y las materias primas, así como mejorar la seguridad de suministro y la sostenibilidad medioambiental, especialmente contribuyendo a la lucha contra el cambio climático en estos ámbitos.
 Artículo ENER.2: Definiciones
 1.
 A efectos del presente título, serán de aplicación las definiciones siguientes:
 (a)«Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía»: la agencia establecida mediante el Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía
 42
 ;
 (b)«autorización»: el permiso, la licencia, la concesión o un instrumento administrativo o contractual similar mediante el cual la autoridad competente de una Parte autoriza a una entidad a ejercer una determinada actividad económica en su territorio;
 (c)«balance»:
 (I)en el caso de las redes de electricidad, todas las acciones y procesos, en todos los plazos, con que los gestores de redes de transporte de electricidad garantizan, de manera continua, el mantenimiento de la frecuencia del sistema dentro de un rango de estabilidad predefinido y la conformidad con la cantidad de reservas necesaria con respecto a la calidad exigida;
 (II)en el caso de las redes de gas, las acciones realizadas por los gestores de la red de transporte de gas para cambiar los flujos de gas de entrada o salida de la red de transporte, excluyendo las acciones relacionadas con las mermas de gas del sistema y el gas utilizado por el gestor de la red de transporte para el funcionamiento del sistema;
 (d)«distribución»:
 (I)en relación con la electricidad, el transporte de electricidad por las redes de distribución de alta, media y baja tensión con el fin de suministrarla a los clientes, pero sin incluir el suministro;
 (II)en relación con el gas, el transporte de gas natural por redes de gasoductos locales o regionales para su abastecimiento a clientes, pero sin incluir el suministro;
 (e)«gestor de la red de distribución»: toda persona física o jurídica que sea responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de la red de distribución de electricidad o gas en una zona determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que la red tiene capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad o gas;
 (f)«interconector de electricidad»: una línea de transporte
 (I)entre las Partes, con exclusión de toda línea que se encuentre enteramente en el mercado único de la electricidad en Irlanda e Irlanda del Norte;
 (II)entre Gran Bretaña y el mercado único de la electricidad en Irlanda e Irlanda del Norte que quede al margen del ámbito de aplicación de la letra i);
 (g)«bienes energéticos»: los bienes a partir de los cuales se genera la energía enumerados por el correspondiente código del Sistema Armonizado (SA) en el anexo ENER-1;
 (h)«entidad»: toda persona física, persona jurídica o empresa o grupo de ellas;
 (i)«interconector de gas»: una línea de transporte que cruza o supera la frontera entre las Partes;
 (j)«generación»: la producción de electricidad;
 (k)«hidrocarburos»: los bienes enumerados por el correspondiente código SA en el anexo ENER-1;
 (l)«punto de interconexión»: en relación con el gas, el punto, virtual o físico, que conecta sistemas de entrada-salida adyacentes de la Unión y del Reino Unido o que conecta un sistema de entrada-salida con un interconector, siempre que estos puntos estén sometidos a procedimientos de reserva por parte de los usuarios de la red;
 (m)«materias primas»: los bienes enumerados por el correspondiente capítulo del SA en el anexo ENER-1;
 (n)«energía renovable»: un tipo de energía, incluida la energía eléctrica, producida a partir de fuentes renovables no fósiles;
 (o)«producto de capacidad normalizado»: en relación con el gas, determinada cantidad de capacidad de transporte durante un período de tiempo determinado, en un punto de interconexión específico;
 (p)«transporte»:
 (I)en lo que respecta a la electricidad, el transporte de electricidad por la red de muy alta tensión y de alta tensión con el fin de suministrarla a clientes finales o a distribuidores, pero sin incluir el suministro;
 (II)en lo que respecta al gas, el transporte de gas natural por redes constituidas principalmente por gasoductos de alta presión, distintas de las redes de gasoductos previas y de la parte de los gasoductos de alta presión utilizados fundamentalmente para la distribución local de gas natural, para su suministro a los clientes, pero sin incluir el suministro;
 (q)«gestor de la red de transporte»: toda persona física o jurídica que realice la actividad de transporte o sea responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de la red de transporte de electricidad o gas en una zona determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que la red tiene capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de transporte de gas o electricidad, según los casos;
 (r)«red previa de gasoductos»: todo gasoducto o red de gasoductos explotados o construidos formando parte de un proyecto de extracción de petróleo o de gas, o utilizados para transportar gas natural de uno o más de dichos proyectos a una planta o terminal de transformación o a una terminal final costera de descarga.
 2.
 A efectos del presente título, las referencias a «no discriminatorio» y «no discriminación» significan el trato de nación más favorecida tal como se define en los artículos SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida] y 3.5 [Trato de nación más favorecida] y el trato nacional tal como se define en los artículos SERVIN. 2.3 [Trato nacional] y 3.4 [Trato nacional], así como trato en condiciones no menos favorables que el concedido a cualquier otra entidad similar en situaciones similares.
 Artículo ENER.3: Relación con otros títulos
 1. Los capítulos 2 [Liberalización de las inversiones] y 3 [Comercio transfronterizo de servicios] del título II se aplican a la energía y las materias primas. En caso de contradicción entre el presente título y el título II [Servicios e inversión] y los anexos SERVIN-1 a SERVIN-6, prevalecerán el título II [Servicios e inversión] y los anexos SERVIN-1 a SERVIN-6.
 2. A los efectos del artículo GOODS.4A [Libertad de tránsito], cuando una parte mantenga o aplique un sistema de comercio virtual de gas natural o electricidad utilizando gasoductos o redes eléctricas, es decir, un sistema que no requiere la identificación física del gas natural o la electricidad en tránsito, sino que se basa en un sistema de compensación de entradas y salidas, se considerará que las rutas más convenientes para el tránsito internacional a que se refiere dicho artículo incluyen dicho comercio virtual.
 3. Al aplicar el capítulo 3 [Control de las subvenciones] del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa y el desarrollo sostenible], se aplica también el anexo ENER-2. El capítulo 3 [Control de las subvenciones] del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa y el desarrollo sostenible] se aplica al anexo ENER-2. El artículo 3.13 [Solución de diferencias] del capítulo 3 del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa y el desarrollo sostenible] se aplica a las diferencias que surjan entre las Partes en lo que respecta a la interpretación y la aplicación del anexo ENER-2.
 Artículo ENER.4: Principios
 Cada Parte conserva el derecho a adoptar, mantener y hacer cumplir las medidas necesarias para perseguir objetivos legítimos de política pública, tales como garantizar el suministro de productos energéticos y materias primas, proteger la sociedad, el medio ambiente, incluida la lucha contra el cambio climático, la salud pública y los consumidores, y promover la seguridad y la protección, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo
 Capítulo 2: Electricidad y gas
 Sección 1: Competencia en los mercados de la electricidad y el gas
 Artículo ENER.5: Competencia en los mercados y no discriminación
 1.Con el fin de garantizar una competencia justa, cada Parte velará por que su marco reglamentario para la producción, generación, transporte, distribución o suministro de electricidad o gas natural no sea discriminatorio con respecto a las normas, las tasas y el trato.
 2.Cada Parte velará por que los clientes sean libres de optar por el proveedor de electricidad o gas natural de su elección, o cambiarse a dicho proveedor, en sus respectivos mercados minoristas de conformidad con las leyes y normativas vigentes.
 3.Sin perjuicio del derecho de cada Parte a definir requisitos de calidad, las disposiciones del presente capítulo relativas al gas natural se aplicarán también al biogás y al gas obtenido a partir de biomasa u otros tipos de gas en la medida en que dicho gas pueda inyectarse en la red de gas natural y transportarse a través de ella desde un punto de vista técnico y de seguridad.
 4.El presente artículo no se aplica al comercio transfronterizo, y se entiende sin perjuicio del derecho de cada una de las Partes a regular con el fin de alcanzar objetivos estratégicos legítimos en el sector público basados en criterios objetivos y no discriminatorios.
 Artículo ENER.6: Disposiciones relativas a los mercados mayoristas de electricidad y gas
 1.Cada Parte garantizará que los precios al por mayor de la electricidad y el gas natural reflejen la oferta y la demanda reales. A tal fin, cada Parte se asegurará de que las normas del mercado mayorista de la electricidad y el gas natural:
 (a)alienten la libre formación de precios;
 (b)no establezcan ningún límite técnico a los precios que restrinja el comercio;
 (c)permitan el despacho eficiente de los activos de generación de electricidad, el almacenamiento de energía y la respuesta de la demanda, así como el uso eficiente de la red eléctrica;
 (d)permitan el uso eficiente de la red de gas natural; y
 (e)permitan la integración de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y garanticen el funcionamiento y el desarrollo eficientes y seguros del sistema eléctrico.
 2.Cada Parte velará por que los mercados de balance se organicen de manera que garanticen:
 (a)la no discriminación efectiva entre los participantes y su acceso no discriminatorio;
 (b)que los servicios se definan de manera transparente;
 (c)que los servicios se contraten de manera transparente y basada en el mercado, teniendo en cuenta la aparición de nuevas tecnologías; y
 (d)que se conceda a los productores de energías renovables condiciones razonables y no discriminatorias a la hora de adquirir productos y servicios.
 Cada Parte podrá decidir no aplicar la letra c) si existe una falta de competencia en el mercado de servicios de balance.
 3.Cada Parte garantizará que todo mecanismo de capacidad en los mercados de electricidad esté claramente definido y sea transparente, proporcionado y no discriminatorio. Ninguna de las Partes estará obligada a permitir que la capacidad situada en el territorio de la otra Parte participe en ningún mecanismo de capacidad en sus mercados de electricidad.
 4.Cada Parte evaluará las medidas necesarias para facilitar la integración del gas procedente de fuentes renovables.
 5.El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de cada una de las Partes a regular con el fin de alcanzar determinados objetivos estratégicos legítimos en el sector público basados en criterios objetivos y no discriminatorios.
 Artículo ENER.7: Prohibición del abuso de mercado en los mercados mayoristas de electricidad y gas
 1.Cada Parte prohibirá la manipulación del mercado y la utilización de información privilegiada en los mercados mayoristas de la electricidad y el gas natural, incluidos los mercados no organizados, las bolsas de electricidad y gas natural y los mercados de negociación de electricidad y gas natural, capacidad, balance y servicios auxiliares en cualquier período, incluidos los mercados de futuros, los mercados diarios y los mercados intradiarios.
 2.Cada Parte vigilará la actividad comercial en estos mercados con miras a detectar y prevenir el comercio basado en información privilegiada y la manipulación del mercado.
 3.Las Partes cooperarán, también de conformidad con el artículo ENER.20 [Cooperación entre autoridades reguladoras], con el fin de detectar e impedir la negociación basada en la información privilegiada y la manipulación del mercado y, cuando proceda, podrán intercambiar información, en particular sobre actividades de vigilancia del mercado y de aplicación de la normativa.
 Artículo ENER.8: Acceso de terceros a las redes de transporte y distribución
 1.Cada Parte garantizará la aplicación de un sistema de acceso de terceros a sus redes de transporte y distribución basado en tarifas publicadas que se apliquen de forma objetiva y no discriminatoria.
 2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ENER.4 [Principios], cada Parte velará por que los gestores de transporte y distribución en su territorio concedan acceso a sus redes de transporte o distribución a las empresas del mercado de esa Parte en un plazo razonable a partir de la fecha de la solicitud de acceso.
 Cada Parte velará por que los gestores de redes de transporte traten a los productores de energías renovables en condiciones razonables y no discriminatorias en relación con la conexión a la red eléctrica y el uso de la misma.
 El gestor de la red de transporte o de distribución podrá denegar el acceso en caso de que no se disponga de la capacidad necesaria. Dicha denegación deberá motivarse debidamente.
 3.Sin perjuicio de los objetivos legítimos de política pública, cada Parte velará por que los cargos aplicados a las entidades en el mercado de dicha Parte por los gestores de redes de transporte y distribución por el acceso a las redes, la conexión a las mismas o su utilización, y, en su caso, las tarifas por refuerzos de las redes relacionados, reflejen adecuadamente los costes y sean transparentes. Cada Parte garantizará la publicación de las condiciones, las tarifas y toda la información que pueda ser necesaria para el ejercicio efectivo del derecho de acceso y la utilización de las redes de transporte y distribución.
 4.Cada Parte se asegurará de que las tarifas y los cargos a que se alude en los apartados 1 y 3 se apliquen de manera no discriminatoria con respecto a las entidades en el mercado de dicha Parte.
 Artículo ENER.9: Gestión de la red y separación de los gestores de redes de transporte
 1.Cada Parte velará por que los gestores de redes de transporte desempeñen sus funciones de manera transparente y no discriminatoria.
 2.Cada Parte aplicará medidas para los gestores de redes de transporte que sean eficaces para eliminar cualquier conflicto de intereses que surja como resultado de que una misma persona ejerza control sobre un gestor de redes de transporte y un productor o proveedor.
 Artículo ENER.10: Objetivos de política pública en relación con el acceso de terceros y separación de la propiedad
 1.Cuando sea necesario para cumplir un objetivo legítimo de política pública, y sobre la base de criterios objetivos, cada Parte podrá decidir no aplicar los artículos ENER.8 [Acceso de terceros a las redes de transporte y distribución] ni ENER.9 [Gestión de la red y separación de los gestores de redes de transporte] a:
 (a)los mercados o redes emergentes o aislados;
 (b)las infraestructuras que cumplan las condiciones establecidas en el anexo ENER-3.
 2.
 Cuando sea necesario para cumplir un objetivo legítimo de política pública, y sobre la base de criterios objetivos, cada Parte podrá decidir no aplicar los artículos ENER.5 [Competencia en los mercados y no discriminación] ni ENER.6 [Disposiciones relativas a los mercados mayoristas de electricidad y gas] a:
 (a)los mercados o redes de electricidad pequeños o aislados;
 (b)los mercados o redes de gas pequeños, emergentes o aislados.
 Artículo ENER.11: Exenciones existentes para los interconectores
 Cada una de las Partes se asegurará de que las exenciones concedidas a las interconexiones entre la Unión y el Reino Unido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo
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 y con arreglo a la legislación de transposición del artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
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 en sus respectivas jurisdicciones, cuyas condiciones se prolonguen más allá del período transitorio, seguirán aplicándose de conformidad con el Derecho de sus respectivas jurisdicciones y las condiciones aplicables.
 Artículo ENER.12: Autoridad reguladora independiente
 1.Cada Parte garantizará la designación y el mantenimiento de una autoridad o autoridades reguladoras de la electricidad y el gas independientes con las siguientes funciones y competencias:
 (a)fijar o aprobar las tarifas, cargos y condiciones de acceso a las redes a que se alude en el artículo ENER.8 [Acceso de terceros a las redes de transporte y distribución], y las metodologías en que se basan;
 (b)garantizar el cumplimiento de los mecanismos a que se alude en los artículos ENER.9 [Gestión de la red y separación de los gestores de redes de transporte] y ENER.10 [Objetivos de política pública y acceso de terceros y separación de la propiedad];
 (c)promulgar decisiones vinculantes, al menos en relación con las letras a) y b);
 (d)imponer medidas correctoras eficaces.
 2.En el ejercicio de dichas funciones y competencias, la autoridad o autoridades reguladoras independientes actuarán con imparcialidad y transparencia
 Sección 2: Comercio a través de interconectores
 Artículo ENER.13: Uso eficiente de los interconectores eléctricos
 1.Con el fin de asegurar el uso eficiente de los interconectores eléctricos y reducir los obstáculos al comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, cada Parte garantizará:
 (a)que la asignación de capacidad y la gestión de la congestión en los interconectores de electricidad se basen en el mercado, sean transparentes y no discriminatorias;
 (b)que se disponga el nivel máximo de capacidad de los interconectores eléctricos, respetando:
 (I)la necesidad de garantizar un funcionamiento seguro del sistema; y
 (II)la máxima eficiencia de uso de los sistemas;
 (c)que la capacidad de los interconectores eléctricos solo pueda reducirse en situaciones de emergencia y cualquier restricción de este tipo se lleve a cabo de manera no discriminatoria;
 (d)que se publique información sobre el cálculo de la capacidad para apoyar los objetivos del presente artículo;
 (e)que no existan tarifas de acceso a la red en las transacciones individuales ni precios de reserva por el uso de interconectores eléctricos;
 (f)que se coordine la asignación de capacidad y la gestión de la congestión en interconectores eléctricos entre los gestores de redes de transporte de la Unión y los gestores de redes de transporte del Reino Unido interesados, de forma que esa coordinación implique el desarrollo de mecanismos para lograr resultados sólidos y eficientes para todos los horizontes temporales pertinentes, a saber, a plazo, diario, intradiario y equilibrado; y
 (g)que los mecanismos de asignación de capacidad y gestión de la congestión contribuyan a crear condiciones favorables para el desarrollo de una interconexión eléctrica eficiente desde el punto de vista económico y la inversión en ella.
 2.La coordinación y los mecanismos a que se refiere el apartado 1, letra f) no conllevarán ni implicarán la participación de los gestores de redes de transporte del Reino Unido en los procedimientos de la Unión relativos a la asignación de capacidad y la gestión de la congestión.
 3.Cada Parte adoptará las medidas necesarias para garantizar la celebración lo antes posible de un acuerdo multilateral relativo a la compensación de los costes de acogida de flujos eléctricos transfronterizos entre:
 (a)los gestores de redes de transporte que participen en el mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte establecido por el Reglamento (UE) n.o 838/2010 de la Comisión
 45
 ; y
 (b)los gestores de redes de transporte del Reino Unido.
 4.El acuerdo multilateral a que se refiere el apartado 3 tendrá por objeto garantizar:
 (a)que los gestores de redes de transporte del Reino Unido reciban un trato equivalente al de un gestor de red de transporte de un país participante en el mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte; y
 (b)que el trato de los gestores de redes de transporte del Reino Unido no sea comparativamente más favorable que el que se aplicaría a un gestor de red de transporte participante en el mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte.
 5.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra e), hasta el momento en que se haya celebrado el acuerdo multilateral a que se refiere el apartado 3, podrá aplicarse una tasa por el uso de la red de transporte a las importaciones y exportaciones planificadas entre la Unión y el Reino Unido.
 Artículo 14: Acuerdos comerciales de electricidad en todos los horizontes temporales
 1.
 Por lo que respecta a la asignación de capacidad y la gestión de la congestión en la fase diaria, el Comité Especializado en Energía adoptará, con carácter prioritario, las medidas necesarias, de conformidad con el artículo ENER.19 [Cooperación entre gestores de redes de transporte], para garantizar que los gestores de redes de transporte alcancen acuerdos que establezcan procedimientos técnicos de conformidad con el anexo ENER-4 dentro de un plazo específico.
 2.
 Si el Comité Especializado en Energía no recomienda que las Partes apliquen dichos procedimientos técnicos de conformidad con el artículo ENER.19 [Cooperación entre gestores de redes de transporte], apartado 4, adoptará las decisiones y formulará las recomendaciones necesarias para que la capacidad de interconexión eléctrica se asigne en el horizonte temporal del mercado diario de conformidad con el anexo ENER-4.
 3.
 El Comité Especializado en Energía examinará los acuerdos para todos los horizontes temporales y, en particular, para los horizontes temporales equilibrado e intradiario, y podrá recomendar que cada Parte solicite a sus gestores de redes de transporte que preparen procedimientos técnicos de conformidad con el artículo ENER.19 [Cooperación entre gestores de redes de transporte] para mejorar los acuerdos relativos a un horizonte temporal determinado.
 4.
 El Comité Especializado en Energía examinará si los procedimientos técnicos elaborados de conformidad con el apartado 1 siguen cumpliendo los requisitos del anexo ENER-4 y abordará rápidamente cualquier problema que se detecte.
 Artículo ENER.15: Uso eficiente de los interconectores de gas
 1.Con el fin de garantizar el uso eficiente de los interconectores de gas y reducir los obstáculos al comercio entre la Unión y el Reino Unido, cada Parte garantizará:
 (a)que se ponga a disposición el nivel máximo de capacidad de los interconectores de gas, respetando el principio de no discriminación y teniendo en cuenta:
 (I)la necesidad de garantizar un funcionamiento seguro del sistema; y
 (II)la máxima eficiencia de uso de los sistemas;
 (b)que los mecanismos de asignación de capacidad y los procedimientos de gestión de la congestión para los interconectores de gas estén basados en el mercado, sean transparentes y no discriminatorios, y que las subastas se utilicen en general para la asignación de capacidad en los puntos de interconexión.
 2.Cada Parte adoptará las medidas necesarias para garantizar:
 (a)que los gestores de redes de transporte se esfuercen por ofrecer conjuntamente productos de capacidad normalizados que consistan en la correspondiente capacidad de entrada y salida a ambos lados de un punto de interconexión;
 (b)que los gestores de redes de transporte coordinen los procedimientos relativos al uso de los interconectores de gas entre los gestores de redes de transporte de la Unión y los gestores de redes de transporte del Reino Unido interesados.
 3.La coordinación a que se refiere el apartado 2, letra b), no conllevará ni implicará la participación de los gestores de redes de transporte del Reino Unido en los procedimientos de la Unión relativos al uso de los interconectores de gas.
 Sección 3: Desarrollo de la red y seguridad del suministro
 Artículo ENER.16: Desarrollo de la red
 1.Las Partes cooperarán para facilitar el desarrollo oportuno y la interoperabilidad de las infraestructuras energéticas que conectan sus territorios.
 2.Cada Parte velará por que se elaboren, se publiquen y se actualicen periódicamente planes de desarrollo de las redes de transporte de electricidad y gas.
 Artículo ENER.17: Cooperación en materia de seguridad del suministro
 1.Las Partes cooperarán en materia de seguridad del suministro de electricidad y gas natural.
 2.Las Partes intercambiarán información sobre cualquier riesgo detectado de conformidad con lo dispuesto en el artículo ENER.18 [Preparación frente a los riesgos y planes de emergencia] de manera oportuna.
 3.Las Partes intercambiarán los planes previstos en el artículo ENER.18 [Preparación frente a los riesgos y planes de emergencia]. En el caso de la Unión, la escala de estos planes puede ser de un Estado miembro o regional.
 4.Las Partes se informarán mutuamente sin demora injustificada cuando se disponga de información fiable que indique que puede producirse una interrupción u otra crisis en el suministro de electricidad o gas, e informarán también sobre las medidas previstas o adoptadas.
 5.Las Partes se informarán mutuamente de inmediato en caso de que se produzca una interrupción efectiva u otra crisis con miras a adoptar posibles medidas coordinadas de mitigación y restablecimiento.
 6.Las Partes intercambiarán las mejores prácticas relativas a las evaluaciones de la idoneidad a corto plazo y estacionales.
 7.Las Partes elaborarán marcos adecuados para la cooperación en materia de seguridad del suministro de electricidad y gas natural.
 Artículo ENER.18: Preparación frente a los riesgos y planes de emergencia
 1.Cada Parte evaluará los riesgos que afecten a la seguridad del suministro de electricidad o gas natural, incluidas la probabilidad y las repercusiones de esos riesgos, así como los riesgos transfronterizos.
 2.Cada Parte establecerá y actualizará periódicamente planes para hacer frente a los riesgos detectados que afecten a la seguridad del suministro de electricidad o de gas natural. Dichos planes deberán contener las medidas necesarias para eliminar o mitigar la probabilidad y las repercusiones de cualquier riesgo detectado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 y las medidas necesarias para prepararse ante una crisis de electricidad o gas natural y mitigar sus repercusiones.
 3.Las medidas contenidas en los planes a que se alude en el apartado 2:
 (a)deberán estar claramente definidas y ser transparentes, proporcionadas, no discriminatorias y verificables;
 (b)no distorsionarán de forma significativa el comercio entre las Partes; y
 (c)no pondrán en peligro la seguridad del suministro de electricidad o gas natural de la otra Parte.
 En caso de que se produzca una crisis, las Partes solo activarán medidas no basadas en el mercado como último recurso.
 Sección 4: Cooperación técnica
 Artículo ENER.19: Cooperación entre los gestores de redes de transporte
 1.Cada Parte velará por que los gestores de redes de transporte establezcan mecanismos de trabajo que sean eficientes e inclusivos a fin de apoyar las funciones de planificación y gestión asociadas con el cumplimiento de los objetivos del presente título, incluida —cuando lo recomiende el Comité Especializado en Energía— la preparación de procedimientos técnicos para aplicar de manera efectiva las disposiciones de los siguientes artículos:
 (a)artículo ENER.13 [Uso eficiente de los interconectores eléctricos];
 (b)artículo ENER.14 [Acuerdos comerciales de electricidad en todos los horizontes temporales];
 (c)artículo ENER.15 [Uso eficiente de los interconectores eléctricos];
 (d)artículo ENER.16 [Desarrollo de la red]; y
 (e)artículo ENER.17 [Cooperación en materia de seguridad del suministro].
 Los mecanismos de trabajo a que se refiere el párrafo primero incluirán marcos de cooperación entre la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad establecida con arreglo al Reglamento (UE) 2019/943 («REGRT de Electricidad») y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas establecida de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2009/715 del Parlamento Europeo y del Consejo
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 («REGRT de Gas»), por una parte, y los gestores de redes de transporte de electricidad y gas del Reino Unido, por otra. Dichos marcos abarcarán, como mínimo, los siguientes ámbitos:
 (a)los mercados de la electricidad y el gas;
 (b)el acceso a las redes;
 (c)la seguridad del suministro de electricidad y gas;
 (d)la energía en alta mar;
 (e)la planificación de infraestructuras;
 (f)el uso eficiente de los interconectores de gas y electricidad; y
 (g)la descarbonización del gas y la calidad del gas.
 El Comité Especializado en Energía acordará orientaciones sobre los mecanismos de trabajo y los marcos de cooperación para su comunicación a los gestores de redes de transporte tan pronto como sea posible.
 Los marcos de cooperación mencionados en el párrafo segundo no implicarán que los gestores de redes de transporte del Reino Unido adquieran la condición de miembros de la REGRT de Electricidad o de la REGRT de Gas, ni les conferirá un estatuto comparable al de miembros.
 2.El Comité Especializado en Energía podrá recomendar que cada Parte solicite a sus gestores de redes de transporte que preparen los procedimientos técnicos a que se refiere el apartado 1, párrafo primero.
 3.Cada Parte velará por que sus respectivos gestores de redes de transporte soliciten los dictámenes de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y de la autoridad reguladora del Reino Unido designada de conformidad con el artículo ENER.12 [Autoridad reguladora independiente] sobre los procedimientos técnicos, respectivamente, en caso de desacuerdo y, en cualquier caso, antes de la finalización de dichos procedimientos técnicos. Los respectivos gestores de redes de transporte de las Partes presentarán dichos dictámenes junto con los proyectos de procedimientos técnicos al Comité Especializado en Energía.
 4.El Comité Especializado en Energía revisará los proyectos de procedimientos técnicos y podrá recomendar que las Partes apliquen dichos procedimientos en sus respectivos sistemas nacionales, teniendo debidamente en cuenta los dictámenes de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y de la autoridad reguladora del Reino Unido designada de conformidad con el artículo ENER.12 [Autoridad reguladora independiente]. El Comité Especializado en Energía supervisará el funcionamiento eficaz de dichos procedimientos técnicos y podrá recomendar su actualización.
 Artículo ENER.20: Cooperación entre autoridades reguladoras
 1.
 Las Partes se asegurarán de que la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía y la autoridad reguladora del Reino Unido designada de conformidad con el artículo ENER.12 [Autoridad reguladora independiente] mantengan contactos y celebren acuerdos administrativos lo antes posible con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo. Los contactos y acuerdos administrativos abarcarán, como mínimo, los siguientes ámbitos:
 (a)los mercados de la electricidad y el gas;
 (b)el acceso a las redes;
 (c)la prevención de abusos en los mercados mayoristas de electricidad y gas;
 (d)la seguridad del suministro de electricidad y gas;
 (e)la planificación de infraestructuras;
 (f)la energía en alta mar;
 (g)el uso eficiente de los interconectores de gas y electricidad;
 (h)la cooperación entre los gestores de redes de transporte; y
 (i)la descarbonización del gas y la calidad del gas.
 El Comité Especializado en Energía acordará orientaciones sobre los mecanismos administrativos para dicha cooperación para su comunicación a las autoridades reguladoras, tan pronto como sea posible.
 2.
 Los mecanismos administrativos a que se refiere el apartado 1 no conllevarán la participación de la autoridad reguladora del Reino Unido designada de conformidad con el artículo ENER.12 [Autoridad reguladora independiente] en la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía ni le conferirán un estatuto comparable.
 Capítulo 3: Energía segura y sostenible
 Artículo ENER.21: Energía renovable y eficiencia energética
 1.Cada Parte promoverá la eficiencia energética y el uso de energía procedente de fuentes renovables.
 Cada Parte velará por que las normas que aplique a la concesión de licencias o medidas equivalentes aplicables a la energía procedente de fuentes renovables sean necesarias y proporcionadas.
 2.La Unión reafirma el objetivo relacionado con la cuota de consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en 2030, establecido en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
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 .
 La Unión reafirma sus objetivos de eficiencia energética de aquí a 2030, establecidos en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
 48
 .
 3.El Reino Unido reafirma:
 (a)su ambición en cuanto a la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en 2030, tal como se establece en su plan nacional de energía y clima;
 (b)su ambición en cuanto al nivel absoluto de consumo de energía primaria y final en 2030, tal como se establece en su Plan Nacional de Energía y Clima.
 4.Las Partes se mantendrán mutuamente informadas en relación con las cuestiones mencionadas en los apartados 2 y 3.
 Artículo ENER.22: Apoyo a las energías renovables
 1.Cada Parte velará por que el apoyo a la electricidad procedente de fuentes renovables facilite la integración de la electricidad procedente de fuentes renovables en el mercado de la electricidad.
 2.Los biocarburantes, los biolíquidos y la biomasa solo recibirán apoyo como energía renovable si cumplen criterios sólidos de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que están sujetos a verificación.
 3.Cada Parte definirá claramente cualquier especificación técnica que deban respetar los equipos y sistemas de energías renovables para poder beneficiarse de los sistemas de apoyo. Dichas especificaciones técnicas tendrán en cuenta la cooperación establecida en virtud del artículo ENER.25 [Cooperación en materia de normalización], el artículo TBT.4 [Reglamentaciones técnicas] y el artículo TBT.5 [Normas].
 Artículo ENER.23: Cooperación en el desarrollo de las energías renovables en alta mar
 1.Las Partes cooperarán en el desarrollo de la energía renovable en alta mar intercambiando las mejores prácticas y, cuando proceda, facilitando la elaboración de proyectos específicos.
 2.Sobre la base de la cooperación en materia de energía en los mares septentrionales, las Partes facilitarán la creación de un foro específico de debate técnico entre la Comisión Europea, los ministerios y las autoridades públicas de los Estados miembros, los ministerios y las autoridades públicas del Reino Unido, los gestores de redes de transporte y la industria de la energía en alta mar y las partes interesadas en general, en relación con el desarrollo de la red marítima y el gran potencial de energías renovables de la región de los mares septentrionales. Dicha cooperación incluirá, como mínimo, los siguientes ámbitos:
 (a)proyectos híbridos y conjuntos;
 (b)ordenación del espacio marítimo;
 (c)el marco de apoyo y las finanzas;
 (d)las mejores prácticas en materia de planificación de la red en tierra y en alta mar;
 (e)el intercambio de información sobre nuevas tecnologías; y
 (f)el intercambio de mejores prácticas en relación con las normas, reglamentos y normas técnicas pertinentes.
 Artículo ENER.24: Riesgo y seguridad mar adentro
 1.Las Partes cooperarán e intercambiarán información con el fin de mantener altos niveles de seguridad y protección del medio ambiente en todas las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro.
 2.Las Partes adoptarán medidas adecuadas para prevenir accidentes graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y limitar las consecuencias de tales accidentes.
 3.Las Partes promoverán el intercambio de las mejores prácticas entre sus autoridades que sean competentes en materia de seguridad y de protección medioambiental en lo que respecta a las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar. La reglamentación de la seguridad y la protección del medio ambiente para las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar serán independientes de cualquier función relacionada con la concesión de licencias para las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar.
 Artículo ENER.25: Cooperación en materia de normas
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo TBT.5 [Normas] y en el artículo TBT.11 [Cooperación], las Partes promoverán la cooperación entre los reguladores y los organismos de normalización radicados en sus respectivos territorios para facilitar la elaboración de normas internacionales con respecto a la eficiencia energética y la energía procedente de fuentes renovables, con miras a contribuir a una política energética y climática sostenible.
 Artículo ENER.26: Investigación, desarrollo e innovación
 Las Partes promoverán la investigación, el desarrollo y la innovación en los ámbitos de la eficiencia energética y la energía renovable.
 Capítulo 4: Bienes energéticos y materias primas
 Artículo ENER.27: Precios de exportación
 Ninguna Parte impondrá a la otra Parte un precio para las exportaciones de bienes energéticos o materias primas más alto que el precio cobrado por esos bienes energéticos o materias primas cuando se destinen al mercado interno, mediante cualquier medida como licencias o requisitos de precios mínimos.
 Artículo ENER.28: Precios regulados
 Si una Parte decide regular el precio del suministro nacional a los consumidores de electricidad o gas natural, solo podrá hacerlo para lograr un objetivo de política pública, y solo mediante la imposición de un precio regulado claramente definido, transparente, no discriminatorio y proporcionado.
 Artículo ENER.29: Autorización de prospección y producción de hidrocarburos y generación de electricidad
 1.Si una Parte requiere una autorización para la prospección o producción de hidrocarburos y la generación de electricidad, dicha Parte concederá dichas autorizaciones sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios elaborados y publicados antes de iniciarse el plazo de presentación de solicitudes de conformidad con las condiciones y procedimientos generales establecidos en la sección 1 [Reglamentación interna] del capítulo 5 [Marco regulador] del título II [Servicios e inversiones].
 2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo ENER.3 [Relaciones con otros títulos], cada Parte podrá conceder autorizaciones relacionadas con la prospección o producción de hidrocarburos sin cumplir las condiciones y procedimientos en materia de publicación establecidos en el artículo SERVIN.5.8 [Publicación e información disponible] sobre la base de las excepciones debidamente justificadas previstas en la legislación aplicable.
 3.Las contribuciones financieras o en especie exigidas a las entidades a las que se conceda una autorización no interferirán en el proceso de gestión y toma de decisiones de dichas entidades.
 4.Cada Parte dispondrá que el solicitante de una autorización tenga derecho a recurrir cualquier decisión relativa a la autorización ante una autoridad superior o independiente de la autoridad que haya emitido la decisión o a solicitar que dicha autoridad superior o independiente revise dicha decisión. Cada Parte velará por que se comuniquen al solicitante las razones de la decisión administrativa para que el solicitante pueda hacer uso de los procedimientos de apelación o revisión, en caso necesario. Se publicarán las normas aplicables a la apelación o revisión.
 Artículo ENER.30: Seguridad e integridad de los equipos e infraestructuras energéticos
 El presente título no se interpretará en el sentido de que impida a una Parte adoptar las medidas temporales necesarias para proteger la seguridad y preservar la integridad de los equipos o infraestructuras energéticos, siempre que dichas medidas no se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta al comercio o la inversión entre las Partes.
 Capítulo 5: Disposiciones finales
 Artículo ENER.31: Aplicación efectiva y modificaciones
 1.
 El Consejo de Asociación podrá modificar el anexo ENER-1 y el anexo ENER-3. El Consejo de Asociación podrá actualizar el anexo ENER-2 en la medida necesaria para garantizar la eficacia de dicho anexo a lo largo del tiempo.
 2.
 El Comité Especializado en Energía podrá modificar el anexo ENER-4.
 3.
 El Comité Especializado en Energía formulará las recomendaciones que sean necesarias para garantizar la aplicación efectiva de los capítulos del presente título de los que sea responsable.
 Artículo ENER.32: Diálogo
 Las Partes establecerán un diálogo periódico para facilitar el cumplimiento de los objetivos del presente título.
 Artículo ENER.33: Terminación del presente título
 1. El presente título dejará de aplicarse el 30 de junio de 2026.
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 el Consejo de Asociación podrá decidir que el presente título se aplique hasta el 31 de marzo de 2027. Entre el 1 de abril de 2027 y el 31 de diciembre de 2027, así como en cualquier momento de cualquier año posterior, el Consejo de Asociación podrá decidir que el presente título sea aplicable hasta el 31 de marzo del año siguiente.
 3. El presente artículo es aplicable sin perjuicio de los artículos FISH.17 [Terminación], FINPROV.8 [Denuncia] y OTH.10 [Terminación de la segunda parte].
 Título IX: Transparencia
 Artículo TRNSY.1: Objetivo
 1.
 Reconociendo la incidencia que su marco regulador respectivo puede tener en el comercio y la inversión entre las Partes, estas tienen como objetivo establecer un marco regulador previsible y procedimientos eficaces para los operadores económicos, en particular para las pequeñas y medianas empresas.
 2.
 Las Partes afirman sus compromisos en relación con la transparencia según el Acuerdo de la OMC y las disposiciones establecidas en el presente título se basan en dichos compromisos.
 Artículo TRNSY.2: Definición
 A efectos del presente título, se entenderá por «decisión administrativa» una decisión o acción con efecto jurídico que se aplica a una persona, un bien o un servicio específico en un caso concreto e incluye la omisión de la adopción de una decisión o el inicio de una acción cuando la legislación de una Parte requiera que se hiciera.
 Artículo TRNSY.3: Ámbito de aplicación
 El presente título es aplicable en lo que respecta a los títulos I a VIII y a los títulos X a XII y al epígrafe sexto [Otras disposiciones].
 Artículo TRNSY.4: Publicación
 1.
 Cada una de las Partes velará por que sus leyes, reglamentos, procedimientos y disposiciones administrativas de aplicación general se publiquen con prontitud a través de un medio oficialmente designado y, cuando sea factible, a través de medios electrónicos, o se pongan de otro modo a disposición de manera que permita a cualquier persona conocerlos.
 2.
 En la medida oportuna, cada una de las Partes explicará el objetivo y la justificación de las medidas a que se refiere el apartado 1.
 3
 Cada una de las Partes concederá un plazo razonable entre la publicación y la entrada en vigor de sus disposiciones legales y reglamentarias, salvo que por razones de urgencia no sea posible.
 Artículo TRNSY.5: Solicitudes de información
 1.
 Cada una de las Partes creará o mantendrá mecanismos adecuados y proporcionados para responder a las preguntas de cualquier persona sobre las disposiciones legales y reglamentarias.
 2.
 Cada una de las Partes facilitará información y responderá con prontitud a las preguntas de la otra Parte relativas a cualquier disposición legal o reglamentaria vigente o prevista, a menos que se establezca un mecanismo específico en virtud de otra disposición del presente Acuerdo.
 Artículo TRNSY.6: Administración de las medidas de aplicación general
 1.
 Cada Parte administrará sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general de manera objetiva, imparcial y razonable.
 2.
 Cuando se inicien procedimientos administrativos relacionados con personas, bienes o servicios de la otra Parte con respecto a la aplicación de disposiciones legales y jurídicas, cada una de las Partes:
 (a)procurará facilitar a las personas afectadas directamente por un procedimiento administrativo un preaviso razonable con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias, incluida una descripción de la naturaleza del procedimiento, una declaración de la autoridad legal en virtud del cual se inicia el procedimiento, y una descripción general de las cuestiones en litigio; y
 (b)ofrecerá a dichas personas una posibilidad razonable de presentar elementos factuales y argumentos que apoyen su postura antes de adoptar una decisión administrativa definitiva, en la medida en lo que lo permitan el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés público.
 Artículo TRNSY.7: Revisión y recurso
 1.
 Cada una de las Partes establecerá o mantendrá tribunales y procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos con el fin de revisar con prontitud y, si se justifica, corregir las decisiones administrativas. Cada una de las Partes velará por que sus tribunales lleven a cabo los procedimientos de recurso o revisión de manera no discriminatoria e imparcial. Dichos tribunales serán imparciales e independientes de la autoridad encargada de la ejecución administrativa.
 2.
 Cada una de las Partes velará por que las partes en los procedimientos a los que hace referencia el apartado 1 tengan una oportunidad razonable de apoyar o defender sus respectivas posiciones.
 3.
 De conformidad con su legislación, cada una de las Partes velará por que las decisiones adoptadas en los procedimientos a que se refiere el apartado 1 se basen en elementos de prueba y en el expediente presentado o, en su caso, en el expediente compilado por la autoridad administrativa competente.
 4.
 Cada Parte velará por que las decisiones a que se refiere el apartado 3 sean aplicadas por la autoridad encargada de la ejecución administrativa, que podrá ser objeto de recurso o revisión con arreglo a lo dispuesto en su legislación.
 Artículo TRNSY.8: Relación con otros títulos
 Las disposiciones previstas en el presente título complementan las normas específicas en materia de transparencia establecidas en los títulos de la presente parte con respecto a los cuales se aplica el presente título.
 Titulo X: Buenas prácticas reguladoras y cooperación reglamentaria
 Artículo GRP.1: Principios generales
 1.
 Cada una de las Partes será libre de determinar su enfoque respecto de las buenas prácticas reguladoras en virtud del presente Acuerdo de una manera coherente con su propio marco jurídico, práctica, procedimientos y principios fundamentales
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 , que sirven de base a su marco regulador.
 2.
 Nada de lo dispuesto en el presente título se interpretará de forma que exija que una Parte:
 (a)se desvíe de sus procedimientos nacionales de preparación y adopción de medidas reglamentarias;
 (b)adopte medidas que socaven o impidan la adopción oportuna de medidas reglamentarias para lograr sus objetivos de política pública; o
 (c)logre un resultado normativo en particular.
 3.
 Nada de lo dispuesto en el presente título afectará al derecho de una Parte a definir o regular sus propios niveles de protección en lo que se refiere a la promoción o la consecución de sus objetivos de política pública en ámbitos como:
 (a)la salud pública;
 (b)la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales, y el bienestar de los animales;
 (c)la salud y la seguridad en el trabajo;
 (d)las condiciones laborales;
 (e)el medio ambiente, incluido el cambio climático;
 (f) la protección de los consumidores;
 (g)la protección social y la seguridad social;
 (h)la protección de datos y la ciberseguridad;
 (i)la diversidad cultural;
 (j)la integridad y estabilidad del sistema financiero, y la protección de los inversores;
 (k)la seguridad energética; y
 (l)la lucha contra el blanqueo de capitales.
 Para mayor certeza, a efectos, en particular, de las letras c) y d) del párrafo primero, seguirán aplicándose los diferentes modelos de relaciones laborales, incluidas la función y la autonomía de los interlocutores sociales, según lo dispuesto en la legislación o en las prácticas nacionales de una Parte, en particular las leyes y las prácticas relativas a la negociación colectiva y la aplicación de los convenios colectivos.
 4.
 Las medidas reglamentarias no constituirán un obstáculo encubierto al comercio.
 Artículo GRP.2: Definiciones
 A efectos del presente título, se entenderá por:
 (a)«autoridad de reglamentación»:
 (I)en el caso de la Unión, la Comisión Europea; y
 (II)en el caso del Reino Unido, el Gobierno de Su Majestad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las administraciones descentralizadas del Reino Unido.
 b)
 «medidas reglamentarias»:
 (I)en el caso de la Unión:
 A)
 los reglamentos y directivas, tal y como se establece en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); y
 B)
 los actos de ejecución y delegados, conforme a lo dispuesto en los artículos 290 y 291 del TFUE, respectivamente; y
 (II)en el caso del Reino Unido:
 A)
 Derecho primario; y
 B)
 Derecho derivado.
 Artículo GRP.3: Ámbito de aplicación
 1.
 El presente título se aplica a las medidas reglamentarias propuestas o dictadas, según proceda, por la autoridad de reglamentación de cada una de las Partes respecto de cualquier asunto contemplado en los títulos I a IX, el título XI y el título XII y el epígrafe sexto [Otras disposiciones].
 2.
 Los artículos GRP.12 [Actividades de cooperación reglamentaria] y GRP.13 [Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Reglamentaria] se aplican también a otras medidas de aplicación general dictadas o propuestas por la autoridad de reglamentación de una Parte respecto de cualquier asunto contemplado en los títulos a que se refiere el apartado 1 que sean pertinentes para las actividades de cooperación reglamentaria, como directrices, documentos políticos o recomendaciones.
 3.
 El presente título no se aplica a las autoridades de reglamentación ni a las medidas, prácticas o enfoques reguladores de los Estados miembros.
 4.
 Las disposiciones específicas de los títulos a que se refiere el apartado 1 prevalecerán sobre las disposiciones del presente título en la medida necesaria para la aplicación de las disposiciones específicas.
 Artículo GRP.4: Coordinación interna
 Cada una de las Partes dispondrá de procesos o mecanismos internos de coordinación o revisión con respecto a las medidas reglamentarias que su autoridad de reglamentación esté preparando. Estos procesos o mecanismos deberían tratar de, entre otras cosas:
 (a)fomentar las buenas prácticas reguladoras, en particular las establecidas en el presente título;
 (b)identificar y evitar la duplicación innecesaria y los requisitos incoherentes entre las propias medidas reglamentarias de la Parte;
 (c)garantizar el cumplimiento de las obligaciones comerciales y de inversión internacionales de la Parte; y
 (d)promover la consideración de las repercusiones de las medidas reglamentarias en preparación, incluidas las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas
 50
 , de conformidad con sus normas y procedimientos respectivos.
 Artículo GRP.5: Descripción de procesos y mecanismos
 Cada una de las Partes hará públicas las descripciones de los procesos y mecanismos utilizados por su autoridad de reglamentación para preparar, evaluar y revisar sus medidas reglamentarias. Dichas descripciones harán referencia a las normas, directrices o procedimientos pertinentes, en particular los relativos a las oportunidades para que el público formule observaciones.
 Artículo GRP.6: Pronta información sobre las medidas reglamentarias previstas
 1.
 Cada una de las Partes pondrá a disposición del público, de conformidad con sus respectivas normas y procedimientos, al menos con una periodicidad anual, una lista de las medidas reglamentarias principales
 51
 planificadas que su autoridad de reglamentación prevea razonablemente proponer o adoptar en el plazo de un año. La autoridad de reglamentación de cada una de las Partes podrá determinar qué constituye una medida reglamentaria principal a efectos de sus obligaciones con arreglo al presente título.
 2.
 Con respecto a cada una de las principales medidas reglamentarias incluidas en la lista mencionada en el apartado 1, cada una de las Partes también deberá poner a disposición del público tan pronto como sea posible:
 (a)una breve descripción de su alcance y objetivos; y
 (b)el tiempo estimado para su adopción, si se conoce, incluidas las oportunidades de consulta pública.
 Artículo GRP.7: Consulta pública
 1.
 A la hora de preparar una medida reglamentaria principal, cada una de las Partes, de conformidad con sus respectivas normas y procedimientos, velará por que su autoridad de reglamentación:
 (a)publique el proyecto de medida reglamentaria o los documentos de consulta que proporcionen detalles suficientes sobre la medida reglamentaria en fase de elaboración, a fin de que cualquier persona pueda evaluar si sus intereses pueden verse afectados de forma significativa y de qué manera;
 (b)ofrezca a cualquier persona, sobre una base de no discriminación, oportunidades razonables para que formule observaciones; y
 (c)tenga en cuenta las observaciones recibidas.
 2.
 Cada una de las Partes velará por que su autoridad de reglamentación utilice medios de comunicación electrónicos y tratará de mantener servicios en línea que estén a disposición del público de forma gratuita a los efectos de publicar las medidas reglamentarias pertinentes o los documentos del tipo mencionado en el apartado 1, letra a), y de recibir observaciones relacionadas con las consultas públicas.
 3.
 Cada Parte velará por que su autoridad reguladora ponga a disposición del público, de conformidad con sus normas y procedimientos respectivos, un resumen de los resultados de las consultas públicas a que se refiere el presente artículo.
 Artículo GRP.8: Evaluación de impacto
 1.
 Cada una de las Partes afirma su intención de velar por que su autoridad de reglamentación lleve a cabo, de conformidad con sus respectivas normas y procedimientos, evaluaciones de impacto de cualquier medida reglamentaria principal que elabore. Dichas normas y procedimientos pueden establecer excepciones.
 2.
 A la hora de realizar una evaluación de impacto, cada una de las Partes velará por que su autoridad de reglamentación cuente con procesos y mecanismos que promuevan el análisis de los siguientes factores:
 (a)la necesidad de la medida reglamentaria, incluida la naturaleza y la importancia del problema que la medida pretende abordar;
 (b)cualquier opción reglamentaria o no reglamentaria viable y apropiada que permita alcanzar los objetivos de política pública de la Parte, incluida la opción de no regular;
 (c)en la medida en que sea posible y pertinente, las posibles repercusiones sociales, económicas y medioambientales de dichas opciones, incluidas las repercusiones para el comercio y la inversión internacionales y, de conformidad con sus respectivas normas y procedimientos, las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas; y
 (d)cuando proceda, de qué manera las opciones consideradas se refieren a las normas internacionales pertinentes, con indicación de los motivos de cualquier divergencia.
 3.
 Con respecto a una evaluación de impacto que una autoridad de reglamentación haya realizado en relación con una medida reglamentaria, cada una de las Partes velará por que su autoridad de reglamentación prepare un informe final en el que se detallen los factores que haya analizado en su evaluación y sus conclusiones pertinentes. En la medida de lo posible, cada una de las Partes pondrá a disposición del público dichos informes, a más tardar cuando se publique la propuesta de medida reglamentaria a que se refiere el artículo GRP.2 [Definiciones], letra b), inciso i), punto A), o letra b), inciso ii), punto A), o la medida reglamentaria a que se refiere el artículo GRP.2 [Definiciones], letra b), inciso i), punto B), o letra b), inciso ii), punto B).
 Artículo GRP.9: Evaluación retrospectiva
 1.
 Cada una de las Partes velará por que su autoridad de reglamentación cuente con procesos o mecanismos para llevar a cabo, cuando proceda, evaluaciones retrospectivas periódicas de las medidas reglamentarias en vigor.
 2.
 A la hora de llevar a cabo una evaluación retrospectiva periódica, cada una de las Partes procurará considerar si existen oportunidades para lograr de una manera más eficaz sus objetivos de política pública y para reducir cargas normativas innecesarias, en particular para las pequeñas y medianas empresas.
 3.
 Cada una de las Partes se asegurará de que su autoridad de reglamentación haga públicos todos los planes existentes y los resultados de dichas evaluaciones retrospectivas.
 Artículo GRP.10: Registro normativo
 Cada una de las Partes velará por que las medidas reglamentarias vigentes se publiquen en un registro designado que identifique las medidas reglamentarias y que esté disponible en línea para el público de forma gratuita. El registro debe permitir realizar la búsqueda de medidas reglamentarias mediante referencias o palabras. Cada una de las Partes actualizará su registro de forma periódica.
 Artículo GRP.11: Intercambio de información sobre buenas prácticas reguladoras
 Las Partes procurarán intercambiar información sobre sus buenas prácticas reguladoras, tal como se establece en el presente título, en particular en el Comité de Comercio Especializado en Cooperación Reglamentaria.
 Artículo GRP.12: Actividades de cooperación reglamentaria
 1.
 Las Partes podrán realizar actividades de cooperación reglamentaria de forma voluntaria, sin perjuicio de la autonomía de su propia toma de decisiones y de sus respectivos ordenamientos jurídicos. Una Parte podrá negarse a participar en actividades de cooperación reglamentaria o podrá retirarse de ellas. La Parte que se niegue a emprender actividades de cooperación reglamentaria o que se retire de ellas debería explicar los motivos de su decisión a la otra Parte.
 2.
 Cada una de las Partes podrá proponer a la otra Parte una actividad de cooperación reglamentaria. Presentará dicha propuesta a través del punto de contacto designado de conformidad con el artículo GRP.14 [Puntos de contacto]. La otra Parte examinará dicha propuesta en un período de tiempo razonable e informará a la Parte proponente si considera que la actividad propuesta es adecuada para la cooperación reglamentaria.
 3.
 Para identificar actividades que sean adecuadas para la cooperación reglamentaria, cada una de las Partes tendrá en cuenta:
 (a)la lista mencionada en el artículo GRP.6 [Pronta información sobre las medidas reglamentarias previstas], apartado 1; y
 (b)propuestas de actividades de cooperación reglamentaria, presentadas por personas de una Parte, que estén justificadas y vayan acompañadas de la información pertinente.
 4.
 Si las Partes deciden participar en una actividad de cooperación reglamentaria, la autoridad de reglamentación de cada una de las Partes deberá:
 (a)informar a la autoridad de reglamentación de la otra Parte sobre la preparación de medidas reglamentarias nuevas o la revisión de medidas reglamentarias vigentes y otras medidas de aplicación general mencionadas en el artículo GRP.3 [Ámbito de aplicación], apartado 2, que sean pertinentes para la actividad de cooperación reglamentaria;
 (b)previa solicitud, proporcionar información y debatir las medidas reglamentarias y otras medidas de aplicación general mencionadas en el artículo GRP.3 [Ámbito de aplicación], apartado 2, que sean pertinentes para la actividad de cooperación reglamentaria; y
 (c)a la hora de preparar medidas reglamentarias nuevas o revisar las medidas reglamentarias vigentes u otras medidas de aplicación general a que se refiere el artículo GRP.3 [Ámbito de aplicación], apartado 2, considerar, en la medida de lo posible, cualquier enfoque reglamentario de la otra Parte sobre la misma cuestión o sobre una cuestión conexa.
 Artículo GRP.13: Comité de Comercio Especializado en Cooperación Reglamentaria
 1.
 El Comité de Comercio Especializado en Cooperación Reglamentaria tendrá las siguientes funciones:
 (a)mejorar y promover las buenas prácticas reguladoras y la cooperación reglamentaria entre las Partes;
 (b)intercambiar opiniones con respecto a las actividades de cooperación propuestas o realizadas en virtud del artículo GRP.12 [Actividades de cooperación reglamentaria];
 (c)fomentar la cooperación reglamentaria y la coordinación en los foros internacionales, incluidos, cuando proceda, los intercambios periódicos bilaterales de información sobre las actividades pertinentes en curso o previstas.
 2.
 El Comité de Comercio Especializado en Cooperación Reglamentaria podrá invitar a personas interesadas a que participen en sus reuniones.
 Artículo GRP.14: Puntos de contacto
 En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada una de las Partes designará un punto de contacto para facilitar el intercambio de información entre ellas.
 Artículo GRP.15: No aplicación del procedimiento de solución de diferencias
 El título I [Solución de diferencias] de la sexta parte no se aplica respecto de las diferencias relativas a la interpretación y la aplicación del presente título.
 Título XI: Igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa y el desarrollo sostenible
 Capítulo 1: Disposiciones generales
 Artículo 1.1: Principios y objetivos
 1.Las Partes reconocen que el comercio y la inversión entre la Unión y el Reino Unido en los términos establecidos en el presente Acuerdo requieren igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa entre las Partes y que el comercio y la inversión se produzcan de una manera que propicie el desarrollo sostenible.
 2.Las Partes reconocen que el desarrollo sostenible abarca el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección medioambiental, que los tres son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y afirman su compromiso de promover el desarrollo del comercio internacional y las inversiones de manera que contribuyan al objetivo del desarrollo sostenible.
 3.Cada una de las Partes reafirma su ambición de lograr, para 2050, la neutralidad climática en toda la economía.
 4.Las Partes afirman su interpretación común de que su relación económica solo puede ofrecer beneficios mutuamente satisfactorios si los compromisos relativos a la igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa soportan el paso del tiempo, de modo que se eviten distorsiones del comercio o la inversión y se contribuya al desarrollo sostenible. No obstante, las Partes reconocen que el objetivo del presente título no es armonizar las normas de las Partes. Las Partes están decididas a mantener y mejorar sus respectivas normas estrictas en los ámbitos comprendidos en el presente Título.
 Artículo 1.2: Derecho de regulación, criterio de precaución
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 e información científica y técnica
 1.Las Partes afirman el derecho de cada una de ellas a establecer sus políticas y prioridades en los ámbitos comprendidos en este título, a determinar los niveles de protección que consideren adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con los compromisos internacionales de cada una de las Partes, incluidos los contemplados en el presente título.
 2.Las Partes reconocen que, de conformidad con el criterio de precaución, cuando existan motivos razonables para temer que existan amenazas potenciales de daños graves o irreversibles al medio ambiente o a la salud humana, la falta de una certidumbre científica plena no se esgrimirá como razón para impedir que una de las Partes adopte medidas adecuadas para prevenir tales daños.
 3.A la hora de preparar y aplicar medidas destinadas a proteger el medio ambiente o las condiciones de trabajo que puedan afectar al comercio o la inversión, cada una de las Partes tendrá en cuenta la información científica y técnica pertinente disponible y las normas, directrices y recomendaciones internacionales.
 Artículo 1.3: Solución de diferencias
 El título I [Solución de diferencias] de la parte sexta [solución de diferencias y disposiciones horizontales] no se aplica al presente capítulo, con la excepción del artículo 1.2 [Derecho de regulación, criterio de precaución e información científica y técnica], apartado 2. Los artículos 9.1 [Consultas] y 9.2 [Panel de expertos] se aplican al artículo 1.1 [Principios y objetivos], apartado 3.
 Capítulo dos: Política de competencia
 Artículo 2.1: Principios y definiciones
 1.Las Partes reconocen la importancia de una competencia libre y sin distorsiones en sus relaciones comerciales y de inversión. Las Partes son conscientes de que las prácticas comerciales contrarias a la competencia pueden perjudicar el correcto funcionamiento de los mercados y mermar los beneficios de la liberalización del comercio.
 2.A efectos del presente capítulo, un «agente económico» es una entidad o un grupo de entidades que constituyen una única entidad económica, independientemente de su naturaleza jurídica, que realiza una actividad económica mediante la cual ofrece bienes o servicios en un mercado.
 Artículo 2.2: Legislación sobre competencia
 1.En reconocimiento de los principios formulados en el artículo 2.1 [Principios y definiciones], cada Parte mantendrá una legislación en materia de competencia que aborde eficazmente las siguientes prácticas comerciales contrarias a la competencia:
 a)acuerdos entre agentes económicos, decisiones de asociaciones de agentes económicos y prácticas concertadas que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear la competencia;
 b)los abusos de posición dominante cometidos por uno o varios agentes económicos; y
 c)las fusiones o adquisiciones, en el caso del Reino Unido, y las concentraciones, en el caso de la Unión, entre agentes económicos que puedan tener importantes efectos contrarios a la competencia.
 2.La legislación en materia de competencia a que se refiere el apartado 1 se aplicará a todos los agentes económicos con independencia de su nacionalidad o estructura de propiedad.
 3.Cada una de las Partes podrá establecer exenciones de su legislación en materia de competencia en pos de objetivos legítimos de política pública, siempre que dichas exenciones sean transparentes y proporcionadas a dichos objetivos.
 Artículo 2.3: Control del cumplimiento
 1.Cada una de las Partes adoptará las medidas adecuadas para hacer cumplir su legislación en materia de competencia en su territorio.
 2.Cada una de las Partes mantendrá una autoridad o autoridades independientes desde el punto de vista operativo que sean competentes para controlar el cumplimiento efectivo de su legislación en materia de competencia.
 3.Las Partes aplicarán su legislación en materia de competencia de forma transparente y no discriminatoria, respetando los principios de equidad procedimental, incluidos los derechos de defensa de los agentes económicos de que se trate, con independencia de su nacionalidad o estructura de propiedad.
 Artículo 2.4: Cooperación
 1.Con el fin de lograr los objetivos del presente capítulo y potenciar el control del cumplimiento efectivo de su respectiva legislación sobre competencia, las Partes reconocen la importancia de la cooperación entre sus respectivas autoridades de competencia en lo que se refiere a la evolución de la política de competencia y las actividades de control del cumplimiento.
 2.A efectos del apartado 1, la Comisión Europea o las autoridades de competencia de los Estados miembros, por una parte, y la autoridad o autoridades de competencia del Reino Unido, por otra, procurarán cooperar y coordinar, cuando sea posible y apropiado, sus medidas de control del cumplimiento al respecto del mismo o de conductas u operaciones conexas.
 3.Para facilitar la cooperación y coordinación a que se refieren los apartados 1 y 2, la Comisión Europea y las autoridades de competencia de los Estados miembros, por una parte, y la autoridad o autoridades de competencia del Reino Unido, por otra, podrán intercambiar información en la medida en que lo permita el Derecho de cada Parte.
 4.Para alcanzar los objetivos del presente artículo, las Partes podrán celebrar un acuerdo separado sobre cooperación y coordinación entre la Comisión Europea, las autoridades de competencia de los Estados miembros y la autoridad o autoridades de competencia del Reino Unido, que podrá incluir condiciones para el intercambio y uso de información confidencial.
 Artículo 2.5: Solución de diferencias
 El presente capítulo no estará sujeto a la solución de diferencias establecida con arreglo al título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales].
 Capítulo 3: Control de las subvenciones
 Artículo 3.1: Definiciones
 1.A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
 a)«agente económico»: una entidad o un grupo de entidades que constituyen una única entidad económica, independientemente de su naturaleza jurídica, que realiza una actividad económica mediante la cual ofrece bienes o servicios en un mercado;
 b)«subvención»: ayuda financiera que:
 i) proviene de los recursos de las Partes, incluidos:
 A) una transferencia directa o condicionada de fondos, como donaciones directas, préstamos o garantías de préstamos;
 B) la condonación de ingresos que, de otro modo, deberían abonarse; o
 C) el suministro de bienes o servicios, o la adquisición de bienes o servicios;
 ii) confiere una ventaja económica a uno o varios agentes económicos;
 iii) es específica en la medida en que beneficia, de hecho o de derecho, a determinados agentes económicos frente a otros en relación con la producción de determinados bienes o servicios; y
 iv) tiene o podría tener efecto sobre el comercio o la inversión entre las Partes.
 2.A efectos del apartado 1, letra b), inciso iii):
 (a)una medida fiscal no se considerará específica a menos que:
 i) determinados agentes económicos obtengan una reducción de la deuda tributaria que, de otro modo, habrían soportado con arreglo al régimen fiscal normal; y
 ii) estos agentes económicos reciban un trato más favorable que otros que se encuentren en una situación comparable en aplicación del régimen fiscal normal; a efectos de la presente letra, un régimen fiscal normal se define por su objetivo interno, por sus características (como la base imponible, el sujeto pasivo, el hecho imponible o el tipo impositivo) y por una autoridad que es autónoma desde el punto de vista institucional, procedimental, económico y financiero y que es competente para definir las características del régimen fiscal;
 (b)no obstante lo dispuesto en la letra a), una subvención no se considerará específica si está justificada por principios inherentes a la concepción del sistema general. En el caso de las medidas fiscales, ejemplos de tales principios inherentes son la necesidad de luchar contra el fraude o la evasión fiscales, la capacidad de gestión administrativa, la prevención de la doble imposición, el principio de neutralidad fiscal, la naturaleza progresiva del impuesto sobre la renta y su fin redistributivo, o la necesidad de respetar la capacidad contributiva de los contribuyentes;
 (c)no obstante lo dispuesto en la letra a), los gravámenes por fines especiales no se considerarán específicos si su concepción es la requerida para objetivos no económicos de política pública, como la necesidad de limitar los efectos negativos de determinadas actividades o productos sobre el medio ambiente o la salud humana, en la medida en que los objetivos de política pública no sean discriminatorios
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 Artículo 3.2: Ámbito de aplicación y excepciones
 1.Los artículos 3.4 [Principios], 3.5 [Subvenciones prohibidas y subvenciones sujetas a condiciones] y 3.12 [Medidas correctoras] no se aplican a las subvenciones concedidas para compensar los daños causados por catástrofes naturales u otros acontecimientos no económicos de carácter excepcional.
 2.Nada de lo dispuesto en el presente capítulo impide que las Partes concedan subvenciones de carácter social dirigidas a consumidores finales.
 3.Las subvenciones que se concedan temporalmente para responder a una emergencia económica nacional o mundial deberán ser específicas, proporcionadas y eficaces para remediar dicha emergencia. Los artículos 3.5 [Subvenciones prohibidas y subvenciones sujetas a condiciones] y 3.12 [Medidas correctoras] no se aplican a dichas subvenciones.
 4.El presente capítulo no se aplica a las subvenciones por las cuales la cantidad total concedida a un solo agente económico sea inferior a 325 000 derechos especiales de giro en cualquier período de tres ejercicios fiscales. El Consejo de Asociación podrá modificar dicho umbral.
 5.El presente capítulo no se aplica a las subvenciones que estén sujetas a las disposiciones de la Parte IV o del Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura ni a las subvenciones relacionadas con el comercio de pescado y productos de la pesca.
 6.El presente capítulo no se aplica a subvenciones relacionadas con el sector audiovisual.
 7.El artículo 3.9 [Autoridad u organismo independiente y cooperación] no se aplica a las subvenciones financiadas mediante recursos de las Partes a escala supranacional.
 8.A efectos de las subvenciones a las compañías aéreas, cualquier referencia al «efecto sobre el comercio o la inversión entre las Partes» contenida en el presente capítulo se sustituirá por una referencia al «efecto sobre la competencia entre compañías aéreas de las Partes en la prestación de servicios de transporte aéreo», incluidos los servicios de transporte aéreo no cubiertos por el título I [Transporte aéreo] del epígrafe segundo [Aviación].
 Artículo 3.3: Servicios de interés económico público
 1.Las subvenciones concedidas a los agentes económicos encargados de tareas específicas de interés público, incluidas las obligaciones de servicio público, están sujetas a lo dispuesto en el artículo 3.4 [Principios] en la medida en que la aplicación de los principios formulados en dicho artículo no impida, por cuestiones de hecho o de derecho, el cumplimiento de la tarea específica asignada al agente económico de que se trate. La tarea se asignará de antemano de manera transparente.
 2.Las Partes velarán por que el importe de la compensación concedida a un agente económico al que se haya asignado una tarea de interés público se limite a lo necesario para sufragar total o parcialmente los costes ocasionados por la ejecución de dicha tarea, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de la tarea. Las Partes velarán por que la compensación concedida no se utilice para subvencionar actividades que no se inscriban en el ámbito de la tarea asignada. Las compensaciones inferiores a 15 millones de derechos especiales de giro por tarea no estarán sujetas a las obligaciones previstas en el artículo 3.7 [Transparencia]. El Consejo de Asociación podrá modificar este umbral.
 3.El presente capítulo no se aplica cuando la compensación total a un agente económico que realice tareas de interés público sea inferior a 750 000 derechos especiales de giro durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. El Consejo de Asociación podrá modificar este umbral.
 Artículo 3.4: Principios
 1.Con miras a velar por que no se concedan subvenciones que tengan o puedan tener un efecto negativo importante sobre el comercio o la inversión entre las Partes, cada una de las Partes establecerá y mantendrá un sistema eficaz de control de las subvenciones que garantice que la concesión de subvenciones respeta los siguientes principios:
 a)que las subvenciones persigan un objetivo de política pública específico para subsanar una deficiencia detectada en el mercado o para abordar una cuestión de equidad, como dificultades sociales o problemas de distribución («el objetivo»);
 b)que las subvenciones sean proporcionadas y se limiten a lo necesario para alcanzar el objetivo;
 c)que las subvenciones estén concebidas para provocar un cambio de comportamiento económico del beneficiario que propicie la consecución del objetivo y que no sería posible en ausencia de dichas subvenciones;
 d)que las subvenciones no compensen normalmente los costes que el beneficiario debería haber asumido en ausencia de dichas subvenciones;
 e)que las subvenciones sean un instrumento de política pública adecuado para alcanzar un objetivo de política pública y dicho objetivo no pueda alcanzarse por otros medios que causen menor perturbación;
 f)que las contribuciones positivas de las subvenciones al logro del objetivo compensen cualquier efecto negativo, en particular los efectos negativos para el comercio o la inversión entre las Partes.
 2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cada una de las Partes aplicará las condiciones establecidas en el artículo 3.5 [Subvenciones prohibidas y subvenciones sujetas a condiciones], cuando proceda, si las subvenciones de que se trate tienen o podrían tener un efecto importante sobre el comercio o la inversión entre las Partes.
 3.Cada una de las Partes debe determinar el modo en que se cumplen las obligaciones que le imponen los apartados 1 y 2 en la concepción del sistema de control de las subvenciones de su propia legislación interna, teniendo en cuenta que cada una de las Partes velará por que las obligaciones que le imponen los apartados 1 y 2 se aplican en su legislación de tal modo que la legalidad de una subvención individual se determine por los principios.
 Artículo 3.5: Subvenciones prohibidas y subvenciones sujetas a condiciones
 1.Las categorías de subvenciones a que hace referencia el artículo 3.4 [Principios], apartado 2, y las condiciones que deben aplicarse a ellas son las siguientes. El Consejo de Asociación podrá actualizar estas disposiciones en la medida necesaria para garantizar la eficacia del presente artículo a lo largo del tiempo.
 Garantías ilimitadas del Estado
 2.Quedará prohibida toda subvención en forma de garantía de deudas o pasivos de un agente económico sin ninguna limitación en cuanto al importe de tales deudas y pasivos o la duración de dicha garantía.
 Rescate y reestructuración
 3.Quedará prohibida toda subvención destinada a la reestructuración de un agente económico en dificultades o insolvente sin que el agente económico haya preparado un plan de reestructuración creíble. El plan de reestructuración se basará en hipótesis realistas con vistas a garantizar que, en un plazo razonable, se restablezca la viabilidad a largo plazo del agente económico en dificultades o insolvente. Durante la preparación del plan de reestructuración, el agente económico podrá recibir apoyo temporal de liquidez en forma de préstamos o garantías de préstamos. Excepto en el caso de las pequeñas y medianas empresas, un agente económico o sus propietarios, acreedores o nuevos inversores aportarán fondos o activos significativos al coste de la reestructuración. A efectos del presente apartado, un agente económico en dificultades o insolvente es aquel que desaparecería con casi toda seguridad a corto o medio plazo si no recibiese la subvención.
 4.Salvo en circunstancias excepcionales, las subvenciones destinadas al rescate y la reestructuración de agentes económicos en dificultades o insolventes solo deben permitirse si contribuyen a un objetivo de interés público evitando dificultades sociales o previniendo una grave deficiencia del mercado, en particular en lo que se refiere a la pérdida de puestos de trabajo o a la interrupción de un servicio importante que sea difícil de reproducir. Excepto en el caso de que concurran circunstancias imprevisibles no causadas por el beneficiario, no deben concederse más de una vez en cualquier período de cinco años.
 5.Los apartados 3 y 4 no se aplican a las subvenciones concedidas a bancos, entidades de crédito y compañías de seguros en dificultades o insolventes.
 Bancos, entidades de crédito y compañías de seguros
 6.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo SERVIN 5.39 [Medidas cautelares], las subvenciones a la reestructuración de bancos, entidades de crédito y compañías de seguros solo podrán concederse sobre la base de un plan de reestructuración creíble que restablezca la viabilidad a largo plazo. Si el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo no puede demostrarse de forma creíble, cualquier subvención a bancos, entidades de crédito y compañías de seguros se limitará a lo necesario para garantizar su liquidación ordenada y su salida del mercado minimizando el importe de la subvención y el efecto negativo de esta sobre el comercio y la inversión entre las Partes.
 7.Se velará por que la autoridad otorgante sea compensada adecuadamente por la subvención de reestructuración y porque el beneficiario, sus accionistas, sus acreedores o el grupo empresarial al que pertenezca el beneficiario contribuyan de manera significativa a los costes de reestructuración o liquidación con sus propios recursos. Las subvenciones destinadas a apoyar las provisiones de liquidez tendrán carácter temporal, no se utilizarán para absorber pérdidas y no se convertirán en apoyo de capital. Se abonará una compensación adecuada a la autoridad otorgante por las subvenciones concedidas para apoyar las provisiones de liquidez.
 Subvenciones a la exportación
 8.Quedarán prohibidas las subvenciones que, de hecho o de derecho
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 , estén supeditadas, ya sea exclusivamente o junto con otras condiciones varias, a una actividad de exportación relativa a bienes o servicios, excepto cuando sean relativas a:
 (a)seguros de crédito a corto plazo para riesgos no negociables; o
 (b)créditos a la exportación y garantías de créditos a la exportación o programas de seguro que sean admisibles de conformidad con el Acuerdo SMC, leído con cualquier ajuste necesario en función del contexto.
 9.A efectos del apartado 8, letra a), se entiende por «riesgos negociables» los riesgos comerciales y políticos con un período de riesgo máximo inferior a dos años establecidos con respecto a compradores públicos y no públicos en los países cuyos riesgos son negociables
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 . Un país podrá ser temporalmente retirado del grupo de países cuyos riesgos son negociables si se produce una falta de capacidad suficiente en el mercado privado debida a:
 (a)una contracción importante de la capacidad de seguros de crédito privado;
 (b)un deterioro importante de la calificación de la deuda soberana; o
 (c)un deterioro importante de los resultados del sector empresarial.
 10.Dicha retirada temporal de un país cuyos riesgos son negociables surtirá efecto, en lo que respecta a una Parte, de conformidad con una decisión de dicha Parte basada en los criterios mencionados en el apartado 9, y únicamente en caso de que dicha Parte adopte tal decisión. Se considerará que la publicación de dicha decisión constituye una notificación a la otra Parte de dicha retirada temporal en lo que respecta a la primera de las Partes.
 11.Si una aseguradora subvencionada facilita seguros de crédito a la exportación, cualquier seguro para riesgos negociables se facilitará con criterios comerciales. En tal caso, la aseguradora no se beneficiará directa ni indirectamente de subvenciones para la provisión de seguros para riesgos negociables.
 Subvenciones supeditadas al uso de contenido interno
 12.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo SERVIN 2.6 [Requisitos de actividad] y el artículo SERVIN 2.7 [Medidas y excepciones de no conformidad], quedarán prohibidas las subvenciones supeditadas, ya sea exclusivamente o junto con otras condiciones varias, al uso de bienes y servicios internos con preferencia sobre los importados.
 Proyectos de cooperación transfronteriza o internacional de gran magnitud
 13.Podrán concederse subvenciones en el contexto de proyectos de cooperación transfronteriza o internacional de gran magnitud, como los relativos al transporte, la energía, el medio ambiente, la investigación y el desarrollo, y proyectos de primera implantación destinados a incentivar la aparición y la implantación de nuevas tecnologías (con excepción de la fabricación). Los beneficios de dichos proyectos de cooperación transfronteriza o internacional no deben limitarse a los agentes económicos o al sector o a los Estados participantes, sino que deben aportar unos beneficios y una pertinencia más amplios a través de efectos extensivos que no recaigan exclusivamente en el Estado que conceda la subvención, el sector o el beneficiario pertinentes.
 Energía y medio ambiente
 14.Las Partes reconocen la importancia de un sistema energético seguro, asequible y sostenible y de la sostenibilidad medioambiental, en particular en relación con la lucha contra el cambio climático, que representa una amenaza existencial para la humanidad. Por lo tanto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.4 [Principios], las subvenciones en relación con la energía y el medio ambiente deben destinarse a un sistema energético seguro, asequible y sostenible y un mercado de la energía que funcione correctamente y sea competitivo, o que aumente el nivel de protección del medio ambiente en comparación con el nivel que se alcanzaría sin la subvención, e incentivar al beneficiario para su establecimiento. Tales subvenciones no deben liberar al beneficiario de pasivos ocasionados por sus responsabilidades como contaminador con arreglo a la legislación de la Parte pertinente.
 Subvenciones a las compañías aéreas para la operación de rutas
 15.No se concederán subvenciones a una compañía aérea
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 para la operación de rutas excepto:
 (a)cuando exista una obligación de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 [Servicios de interés económico público];
 (b)en casos especiales en los que esa financiación beneficie a la sociedad en general; o
 (c)como subvenciones de puesta en marcha para la apertura de nuevas rutas a aeropuertos regionales, siempre que ello aumente la movilidad de los ciudadanos y estimule el desarrollo regional.
 Artículo 3.6: Utilización de subvenciones
 Cada Parte se asegurará de que los agentes económicos utilicen las subvenciones únicamente para el fin específico para el que se hayan concedido.
 Artículo 3.7: Transparencia
 1.Con respecto a cualquier subvención concedida o mantenida en su territorio, cada una de las Partes, en el plazo de seis meses desde la concesión de la subvención, pondrá a disposición del público, en un sitio web oficial o en una base de datos pública, la siguiente información:
 (a)la base jurídica y el objetivo o la finalidad de la subvención en el marco de su política;
 (b)el nombre del beneficiario de la subvención, cuando esté disponible;
 (c)la fecha de concesión de la subvención, la duración de la subvención y cualquier otro límite temporal que se aplique a la subvención; y
 (d)el importe de la subvención o el importe presupuestado para ella.
 2.En el caso de las subvenciones que adoptan la forma de medidas fiscales, la información se hará pública en el plazo de un año a partir de la fecha límite para la presentación de la declaración fiscal. Las obligaciones de transparencia de las subvenciones que adoptan la forma de medidas fiscales se refieren a la misma información que se enumera en el apartado 1, salvo la información requerida en virtud de la letra d) de dicho apartado, que puede proporcionarse como un rango.
 3.Además de la obligación establecida en el apartado 1, las Partes harán pública la información sobre las subvenciones con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 o 5.
 4.En el caso de la Unión, el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 supone que, en lo relativo a cualquier subvención concedida o mantenida en su territorio, y en el plazo de seis meses desde la concesión de la subvención, la información se pondrá a disposición del público, en un sitio web o una base de datos pública que permitan a los interesados examinar el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 3.4 [Principios].
 5.En el caso del Reino Unido, el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 supone que el Reino Unido garantizará que:
 (a)si una parte interesada comunica a la autoridad otorgante que puede solicitar una revisión por parte de un órgano jurisdiccional de i) la concesión de una subvención por parte de una autoridad otorgante o ii) cualquier decisión pertinente de la autoridad otorgante o de la autoridad u organismo independiente;
 (b)la autoridad otorgante o la autoridad u organismo independiente, en el plazo de veintiocho días desde la presentación por escrito de la solicitud, facilitará a la parte interesada la información que le permita examinar la aplicación de los principios establecidos en el artículo 3.4 [Principios], sujeta a cualquier restricción proporcionada que persiga un objetivo legítimo, como la sensibilidad comercial, la confidencialidad o el secreto profesional.
 La información a que hace referencia la letra b) del párrafo primero se facilitará a la parte interesada a efectos de permitir que tome una decisión informada con respecto a la presentación de una reclamación o de entender y determinar adecuadamente las cuestiones en litigio en la reclamación propuesta.
 6.A efectos del presente artículo, el artículo 3.10 [Órganos jurisdiccionales] y el artículo 3.11 [Recuperación], se entenderá por «parte interesada» cualquier persona natural o jurídica, agente económico o asociación de agentes económicos cuyo interés pueda verse afectado por la concesión de una subvención, en particular el beneficiario, los agentes económicos que compiten con el beneficiario o las asociaciones comerciales pertinentes.
 7.Las obligaciones que impone el presente artículo se entienden sin perjuicio de las obligaciones de las Partes en virtud de sus respectivas legislaciones en lo que respecta a la libertad de información o el acceso a los documentos.
 Artículo 3.8: Consultas sobre el control de las subvenciones
 1.Si una de las Partes considera que la otra Parte ha concedido una subvención o que existen evidencias claras de que la otra Parte tiene intención de conceder una subvención, y que la concesión de dicha subvención tiene o podría tener un efecto negativo sobre el comercio o la inversión entre las Partes, podrá solicitar a la otra Parte que facilite una explicación sobre el modo en que se han respetado los principios a que se refiere el artículo 3.4 [Principios] en lo que respecta a esa subvención.
 2.Cada una de las Partes también podrá solicitar la información enumerada en el artículo 3.7 [Transparencia], apartado 1, en la medida en que dicha información no se haya puesto ya a disposición del público en un sitio web oficial o en una base de datos pública con arreglo al artículo 3.7 [Transparencia], apartado 1, o en la medida en que dicha información no se haya puesto a disposición del público de manera sencilla y fácilmente accesible.
 3.La otra Parte facilitará por escrito la información solicitada a más tardar sesenta días después de la fecha de recepción de la solicitud. Si no es posible proporcionar la información solicitada, dicha Parte explicará la ausencia de esta información en su respuesta escrita.
 4.Si, tras la recepción de la información solicitada, la Parte solicitante aún considera que la subvención concedida o cuya concesión está prevista por la otra Parte tiene o podría tener un efecto negativo sobre el comercio o la inversión entre las Partes, la Parte solicitante podrá solicitar consultas en el seno del Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible. La solicitud se presentará por escrito e incluirá una explicación de los motivos de la Parte solicitante para solicitar la consulta.
 5.El Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible hará todo lo posible por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión. Celebrará su primera reunión dentro de los treinta días siguientes a la solicitud de consultas.
 6.Los plazos de las consultas a que se refieren los apartados 3 y 5 podrán ampliarse mediante acuerdo entre las Partes.
 Artículo 3.9: Autoridad u organismo independiente y cooperación
 1.Cada una de las Partes creará o mantendrá una autoridad u organismo funcionalmente independiente con una misión adecuada en el marco de su régimen de control de las subvenciones. Dicha autoridad u organismo independiente aportará las garantías necesarias de independencia en el ejercicio de sus funciones operativas y actuará con imparcialidad.
 2.Las Partes fomentarán la cooperación mutua entre sus respectivas autoridades u organismos independientes en las cuestiones de interés común dentro de sus funciones respectivas, incluida la aplicación de los artículos 3.1 [Definiciones] a 3.7 [Transparencia], según proceda, dentro de los límites que establecen sus respectivos marcos jurídicos. Las Partes, o sus respectivas autoridades u organismos independientes, podrán acordar un marco separado para la cooperación entre dichas autoridades independientes.
 Artículo 3.10: Órganos jurisdiccionales
 1.Cada una de las Partes velará, de conformidad con sus leyes y procedimientos generales y constitucionales, por que sus órganos jurisdiccionales sean competentes para:
 a)
 revisar las decisiones de subvención adoptadas por una autoridad otorgante o, en su caso, por la autoridad u organismo independiente para comprobar el cumplimiento de la legislación de dicha Parte por la que se aplica el artículo 3.4 [Principios];
 b)
 revisar cualquier otra decisión pertinente de la autoridad u organismo independiente y cualquier omisión pertinente;
 c)
 imponer recursos efectivos en relación con las letras a) o b), incluidas la suspensión, la prohibición o el requerimiento de acción por la autoridad otorgante, la indemnización por daños y perjuicios, y la recuperación de la subvención de su beneficiario siempre y en la medida en que estén disponibles conforme a la legislación respectiva en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
 d)
 conocer las reclamaciones de las partes interesadas relativas a subvenciones sujetas al presente capítulo; cuando una parte interesada esté legitimada para presentar una reclamación en relación con una subvención con arreglo a la legislación de dicha Parte.
 2.Cada una de las Partes tendrá derecho a intervenir con el permiso, cuando sea necesario, del órgano jurisdiccional afectado, de conformidad con las leyes y procedimientos generales de la otra Parte en los casos mencionados en el apartado 1.
 3.Sin perjuicio de las obligaciones de mantener o, cuando sea necesario, crear las competencias, recursos y derechos de intervención a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo y el artículo 3.11 [Recuperación], nada de lo dispuesto en el presente artículo exige que la otra Parte cree derechos de acción, recursos, procedimientos o el ámbito de aplicación o los motivos de revisión de las decisiones de sus autoridades públicas respectivas, más allá de los existentes con arreglo a su legislación vigente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
 Nada de lo dispuesto en el presente artículo exige que ninguna de las Partes amplíe el ámbito de aplicación o los motivos de revisión por sus órganos jurisdiccionales de las Leyes del Parlamento del Reino Unido, de las normas del Parlamento Europeo o el Consejo de la Unión Europea, o de las normas del Consejo de la Unión Europea vigentes con arreglo a sus legislación en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo
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 .
 Artículo 3.11: Recuperación
 1.Cada una de las Partes contará con un mecanismo efectivo de recuperación en lo que respecta a las subvenciones de conformidad con las disposiciones siguientes, sin perjuicio de otros recursos vigentes en virtud de la legislación de dicha Parte
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 .
 2.Cada una de las Partes garantizará que, siempre que la parte interesada según se define en el artículo 3.7 [Transparencia], apartado 6, haya impugnado una decisión de conceder una subvención ante un órgano jurisdiccional en el plazo especificado, según se define en el apartado 3 del presente artículo, pueda ordenarse la recuperación si un órgano jurisdiccional de una de las Partes concluye que ha existido un error de derecho grave, por el que:
 (a)una medida constitutiva de subvención no se haya tratado como subvención por el otorgante;
 (b)el otorgante de una subvención haya omitido la aplicación de los principios formulados en el artículo 3.4 [Principios], según se aplican en la legislación de dicha Parte, o los haya aplicado de forma que no se alcance el grado de revisión aplicable con arreglo a la legislación de dicha Parte; o
 (c)el otorgante de una subvención, al decidir conceder dicha subvención, haya actuado fuera del ámbito de sus competencias o haya hecho un mal uso de esas competencias en relación con los principios formulados en el artículo 3.4 [Principios], según se aplican en la legislación de dicha Parte.
 3.A efectos del presente artículo, el plazo especificado se determinará de la manera siguiente:
 (a)en el caso de la Unión, comenzará en la fecha en que la información especificada en el artículo 3.7 [Transparencia], apartados 1, 2 y 4, se haya publicado en el sitio web oficial o la base de datos pública, y no será inferior a un mes.
 (b)en el caso del Reino Unido:
 i) comenzará en la fecha en que la información especificada en el artículo 3.7 [Transparencia], apartados 1, 2 y 4, se haya publicado en el sitio web oficial o en la base de datos pública;
 ii) finalizará un mes más tarde, salvo que, antes de llegada esa fecha, la parte interesada haya solicitado información con arreglo al proceso especificado en el artículo 3.7, apartado 5;
 iii) una vez que la parte interesada haya recibido la información determinada en el artículo 3.7, apartado 5, letra b), que sea suficiente a los efectos mencionados en dicho apartado, se concederá un nuevo período de un mes al final del cual expirará el plazo especificado;
 iv) la fecha de recepción de la información mencionada en el inciso iii) será la fecha en que la autoridad otorgante certifique que ha facilitado la información determinada en el artículo 3.7 [Transparencia], apartado 5, letra b), que sea suficiente a esos efectos, con independencia de la correspondencia adicional o aclaratoria posterior a esa fecha;
 v) los plazos determinados en los incisos i) a iii) podrán aumentarse por medio de la legislación.
 4.A efectos del apartado 3, letra b), en relación con los regímenes, el plazo especificado comienza cuando se publica la información a que se refiere la letra b), no cuando se realizan los pagos posteriores, siempre que:
 (a)una subvención se haya concedido ostensiblemente de conformidad con las condiciones de un régimen;
 (b)el creador del régimen haya hecho pública la información cuya publicación se exige con arreglo al artículo 3.7 [Transparencia], apartados 1 y 2, en lo que respecta al régimen; y
 (c)la información facilitada sobre el régimen en virtud de la letra b) contenga información sobre la subvención que permita a una parte interesada determinar si puede verse afectada por el régimen, la cual contendrá como mínimo la finalidad de la subvención, las categorías de beneficiarios, las condiciones de subvencionabilidad y la base para el cálculo de la subvención (incluida cualquier condición pertinente relativa a los ratios o importes de la subvención).
 5.A efectos del presente artículo, la recuperación de una subvención no se exige cuando una subvención se conceda sobre la base de una Ley del Parlamento del Reino Unido, de una norma del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, o de una norma del Consejo de la Unión Europea.
 6.Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que una Parte elija regular situaciones adicionales en que la recuperación sea una solución, adicionalmente a las dispuestas en el presente artículo, de conformidad con su legislación.
 7.Las Partes reconocen que la recuperación es un importante instrumento corrector en cualquier sistema de control de las subvenciones. A solicitud de cualquiera de las Partes, las Partes considerarán, en el seno del Consejo de Asociación, mecanismos adicionales o alternativos para la recuperación, así como las modificaciones correspondientes del presente artículo. En el seno del Consejo de Asociación, cualquiera de las Partes podrá proponer modificaciones para permitir diferentes disposiciones en relación con los mecanismos respectivos de recuperación. Cada Parte debe considerar las propuestas realizadas por la otra Parte de buena fe y refrendarlas, siempre que esta Parte considere que contiene disposiciones que representan un medio de recuperación al menos tan eficaz como los mecanismos vigentes de la otra Parte. El Consejo de Asociación podrá entonces introducir las modificaciones correspondientes en el presente artículo
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 .
 Artículo 3.12: Medidas correctoras
 1. Cada una de las Partes puede dirigir a la otra Parte una solicitud escrita de información y consultas en relación con una subvención que, según su consideración, cause, o exista un riesgo grave de que pueda causar, un efecto negativo importante sobre el comercio y la inversión entre las Partes. La Parte solicitante debe facilitar con esa solicitud toda la información pertinente que permita a las Partes alcanzar una solución mutuamente aceptable, incluida una descripción de la subvención y las reservas de la Parte solicitante en relación con su efecto sobre el comercio o la inversión.
 2.A más tardar treinta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Parte solicitada presentará una respuesta escrita en la que facilite la información solicitada a la Parte solicitante, y las Partes entrarán en consultas que se considerarán concluidas a los sesenta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, salvo que las Partes acuerden otra cosa. Dichas consultas, y en particular cualquier información declarada confidencial y las posiciones adoptadas por las Partes durante las consultas, serán confidenciales y se entenderán sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes en otros procedimientos.
 3.No antes de pasados sesenta días desde la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Parte solicitante podrá adoptar unilateralmente las medidas correctoras adecuadas si existen pruebas de que una subvención de la Parte requerida causa, o existe un riesgo grave de que vaya a causar, un efecto negativo importante sobre el comercio o la inversión entre las Partes.
 4.No antes de pasados cuarenta y cinco días desde la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Parte solicitante notificará a la Parte requerida las medidas correctoras que pretenda adoptar con arreglo al apartado 3. La Parte solicitante facilitará toda la información pertinente en relación con las medidas que pretenda adoptar para permitir que las Partes alcancen una solución mutuamente aceptable. La Parte solicitante no podrá adoptar dichas medidas correctoras antes de pasados quince días desde la fecha de la notificación de las mismas a la Parte requerida.
 5.La evaluación por una Parte de la existencia de un riesgo grave de efecto negativo importante se basará en hechos y no en meras alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. El cambio de circunstancias que crearía una situación en que la subvención causaría tal efecto negativo importante debe ser claramente predecible.
 6.
 La evaluación por una Parte de la existencia de una subvención o de un efecto negativo importante sobre el comercio o la inversión entre las Partes causado por la subvención se basará en pruebas fiables y no en meras conjeturas o posibilidades remotas, e irá referida a bienes, proveedores de servicios u otros agentes económicos identificables, también en el caso de los regímenes de subvención, cuando proceda.
 7.
 El Consejo de Asociación podrá mantener una lista ilustrativa de lo que implicaría un efecto negativo importante sobre el comercio y la inversión entre las Partes en el sentido de los apartados 1 y 3. Esto se entenderá sin perjuicio del derecho de las Partes a adoptar medidas correctoras.
 8.Las medidas correctoras adoptadas de conformidad con el apartado 3 estarán limitadas a lo estrictamente necesario y proporcionado con el fin de subsanar el efecto negativo importante causado o abordar el riesgo grave de dicho efecto. Se concederá preferencia a las medidas que menos perturben la aplicación del presente Acuerdo.
 9.En el plazo de cinco días desde la fecha en que las medidas correctoras a que se refiere el apartado 3 surtan efecto y sin haber recurrido previamente a consultas de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas], la Parte notificada podrá solicitar, de conformidad con el artículo INST.14 [Procedimiento de arbitraje], apartado 2, la constitución de un tribunal de arbitraje por medio de una solicitud escrita presentada a la Parte solicitante, para que dicho tribunal decida:
 (a)si una medida correctora adoptada por la Parte solicitante es incoherente con lo dispuesto en el apartado 3 o el apartado 8;
 (b)si la Parte requirente no ha participado en las consultas después de que la Parte requerida haya facilitado la información solicitada y haya acordado la celebración de dichas consultas; o
 (c)si ha habido omisión en la adopción o en la notificación de las medidas correctoras con arreglo a los plazos a que se refieren, respectivamente, el apartado 3 o el apartado 4.
 Dicha solicitud no tendrá un efecto suspensivo en estas medidas correctoras. Además, el tribunal de arbitraje no evaluará la aplicación por las Partes de los artículos 3.4 [Principios] y 3.5 [Subvenciones prohibidas y subvenciones sujetas a condiciones].
 10.El tribunal de arbitraje constituido a raíz de la solicitud a que se refiere el apartado 9 llevará a cabo sus procedimientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo INST.34B [Procedimientos especiales para las medidas correctoras y el reequilibrio] y emitirá su laudo definitivo en el plazo de treinta días desde su creación.
 11.En caso de fallo contra la Parte reclamada, la Parte reclamada, a más tardar treinta días a partir de la fecha de emisión del laudo del tribunal de arbitraje, notificará a la Parte reclamante cualquier medida que haya adoptado para dar cumplimiento a dicho laudo.
 12. A raíz de un fallo contra la Parte reclamada en el procedimiento a que hace referencia el apartado 10, la Parta reclamante podrá solicitar al tribunal de arbitraje, en el plazo de treinta días a partir de la emisión de su laudo, que determine el nivel de suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de un acuerdo complementario que no excedan del nivel equivalente a la anulación o impedimento causados por la aplicación de las medidas correctoras, si considera que la incoherencia de las medidas correctoras con lo dispuesto en los apartados 3 o 8 es importante. La solicitud propondrá un nivel de suspensión de obligaciones conforme con los principios formulados en el artículo INST.34C [Suspensión de obligaciones a efectos del artículo LPFS.3.12 [Medidas correctoras], apartado 12, el artículo FISH.9, apartado 5, y el artículo FISH.14, apartado 6]. La Parte reclamante podrá suspender sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de un acuerdo complementario con arreglo al nivel de suspensión de obligaciones determinado por el tribunal de arbitraje. Dicha suspensión no se aplicará antes de pasados quince días a partir del fallo que la origine.
 13.Ninguna de las Partes podrá invocar el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir que la otra Parte adopte medidas con arreglo al presente artículo, incluso cuando dichas medidas consistan en la suspensión de obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de un acuerdo complementario.
 14.A efectos de evaluar si la imposición o el mantenimiento de medidas correctoras sobre las importaciones del mismo producto se limita a lo estrictamente necesario o proporcionado a los efectos del presente artículo, cada una de las Partes:
 a)
 Tendrá en cuenta las medidas compensatorias aplicadas o mantenidas con arreglo al artículo GOODS.17 [Instrumentos de defensa comercial], apartado 3, del título IV [Comercio de mercancías]; y
 b)
 podrá tener en cuenta las medidas antidumping aplicadas o mantenidas con arreglo al artículo GOODS.17 [Instrumentos de defensa comercial], apartado 3, del título IV [Comercio de mercancías].
 15.Una Parte no aplicará simultáneamente una medida correctora con arreglo al presente artículo y una medida de reequilibrio con arreglo al artículo 9.4 [Reequilibrio] para subsanar los efectos sobre el comercio o la inversión provocados directamente por la misma subvención.
 16.Si la Parte contra la cual se han adoptado las medidas correctoras no presenta una solicitud con arreglo al apartado 9 del presente artículo dentro del plazo establecido en dicho apartado, dicha Parte podrá iniciar el procedimiento de arbitraje a que se refiere el artículo INST.14 [Procedimiento de arbitraje] para impugnar una medida correctora por los motivos establecidos en el apartado 9 del presente artículo sin haber recurrido previamente a las consultas con arreglo al artículo INST.13 [Consultas]. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a los efectos del artículo INST.19 [Procedimientos urgentes].
 17.A efectos de los procedimientos con arreglo a los apartados 9 y 16, al evaluar si una medida correctora es estrictamente necesaria o proporcionada, el tribunal de arbitraje tendrá debidamente en cuenta los principios formulados en los apartados 5 y 6, así como los apartados 13, 14 y 15.
 Artículo 3.13: Solución de diferencias
 1.Siempre que se cumpla lo dispuesto en los apartados 2 y 3, el título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales] se aplica a las diferencias entre las Partes en relación con la interpretación y la aplicación del presente capítulo, excepto los capítulos 3.9 [Autoridad u organismo independiente y cooperación] y 3.10 [Órganos jurisdiccionales].
 2.Los tribunales de arbitraje no tendrán jurisdicción en lo relativo a:
 (a)una subvención concreta, incluida la determinación de si dicha subvención ha respetado los principios formulados en el apartado 1 del artículo 3.4 [Principios], salvo en lo que respecta a las condiciones establecidas en el artículo 3.5, apartado 2 [Garantías estatales ilimitadas], apartados 3 a 5 [Rescate y reestructuración], apartados 8 a 11 [Subvenciones a la exportación], y apartado 12 [Subvenciones supeditadas al uso de contenido interno]; y
 (b)la determinación de si una medida correctora en el sentido del artículo 3.11 [Recuperación] se ha aplicado correctamente en cualquier caso concreto.
 3.El título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales] se aplicará al artículo 3.12 [Medidas correctoras] de conformidad con dicho artículo y el artículo INST.34B [Procedimientos especiales para las medidas correctoras y el reequilibrio].
 Capítulo cuatro: Empresas públicas, empresas que gozan de derechos o privilegios y monopolios designados
 Artículo 4.1: Definiciones
 1.A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
 (a)«acuerdo»: el acuerdo en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, elaborado en el marco de la OCDE o de un compromiso que lo haya sustituido, independientemente de si se ha elaborado dentro o fuera de la OCDE, que haya sido adoptado por al menos doce de los miembros iniciales de la OMC que son participantes en el acuerdo desde el 1 de enero de 1979;
 (b) «actividades comerciales»: las actividades cuyo resultado final es la producción de un bien o el suministro de un servicio para su venta en el mercado de referencia en cantidades y a precios determinados por una empresa sobre la base de las condiciones de la oferta y la demanda, y que están orientadas a la obtención de un beneficio; las actividades llevadas a cabo por una empresa que opere sin ánimo de lucro o con intención de cubrir costes no son actividades orientadas a la obtención de un beneficio;
 (c)«consideraciones comerciales»: consideraciones de precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás condiciones de compra o venta, u otros factores que se tendrían en cuenta normalmente en las decisiones comerciales de una empresa de propiedad privada que opere con arreglo a los principios de la economía de mercado en la actividad o el sector correspondiente;
 (d)«entidad cubierta»:
 (I)un monopolio designado;
 (II)una empresa que goza de privilegios o derechos especiales; o
 (III)una empresa pública;
 (e)«monopolio designado»: toda entidad, incluidos los consorcios o los organismos públicos, que en un mercado pertinente del territorio de una Parte esté designada como el único proveedor o comprador de una mercancía o de un servicio, salvo una entidad a la que se haya concedido un derecho exclusivo de propiedad intelectual únicamente por tal concesión; en este contexto, se entenderá por «designar» crear o autorizar un monopolio, o ampliar el ámbito de un monopolio para que abarque una mercancía o un servicio adicional;
 (f)«empresa»: empresa según la definición del artículo SERVIN.1.2 [Definiciones], letra g).
 (g)«empresa que goza de derechos o privilegios especiales»: toda empresa, pública o privada, a la que una Parte haya concedido derechos o privilegios especiales, de hecho o de derecho;
 (h)«servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales»: un servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales tal como se definen en el AGCS;
 (i)«derechos o privilegios especiales»: derechos o privilegios para los que una Parte designa o limita a dos o más el número de empresas autorizadas a suministrar un bien o prestar un servicio, con criterios que no son objetivos, proporcionales y no discriminatorios, lo cual afecta sustancialmente a la capacidad de cualquier otra empresa para suministrar los mismos bienes o prestar los mismos servicios en la misma zona geográfica o mercado de producto en unas condiciones básicamente equivalentes;
 (j)«empresa pública»: una empresa en la que una Parte:
 (I)sea propietaria directamente de más del 50 % del capital social;
 (II)controle, directa o indirectamente, el ejercicio de más del 50 % de los derechos de voto;
 (III)tenga la facultad de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración o de cualquier otro órgano de dirección equivalente; o
 (IV)tenga la facultad de ejercer el control sobre la empresa. Para la determinación del control, se tendrán en cuenta, caso por caso, todos los elementos jurídicos y objetivos pertinentes.
 Artículo 4.2: Ámbito de aplicación
 1.El presente capítulo se aplica a las entidades cubiertas, a todos los niveles de la administración, que realizan actividades comerciales. En caso de que la entidad cubierta ejerza actividades tanto comerciales como no comerciales, solo las actividades comerciales estarán incluidas en el presente capítulo.
 2.El presente capítulo no se aplica a:
 (a)las entidades cubiertas cuando actúen como entidades contratantes, según la definición de los anexos 1 a 3 del apéndice 1 del ACP de cada una de las Partes y del apartado 1 de las subsecciones respectivas de cada Parte en la sección B2 del anexo PROC-1: CONTRATACIÓN PÚBLICA del título X [Contratación pública], llevando a cabo la contratación cubierta según la definición del artículo PPROC.2 [Incorporación de determinadas disposiciones del ACP y contrataciones cubiertas] del título X [Contratación pública];
 (b)todo servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales.
 3.El presente capítulo no es aplicable a una entidad cubierta si, en cualquiera de los tres últimos ejercicios fiscales consecutivos, los ingresos anuales procedentes de las actividades comerciales de la empresa o del monopolio de que se trate fueron inferiores a 100 millones de derechos especiales de giro.
 4.El artículo 4.5 [Tratamiento no discriminatorio y consideraciones comerciales] no se aplicará a la prestación de servicios financieros por parte de una entidad cubierta en virtud de un mandato gubernamental, si dicha prestación de servicios financieros:
 (a)apoya las exportaciones o las importaciones, siempre que dichos servicios:
 I.no estén destinados a sustituir a la financiación comercial; o
 II.se ofrezcan en condiciones que no sean más favorables que las que podrían obtenerse para servicios financieros comparables en el mercado comercial; o
 (b)apoya la inversión privada fuera del territorio de la Parte, siempre que estos servicios:
 I.no estén destinados a sustituir a la financiación comercial; o
 II.se ofrezcan en condiciones que no sean más favorables que las que podrían obtenerse para servicios financieros comparables en el mercado comercial; o
 (c)se ofrece en condiciones conformes con el Acuerdo, si la prestación de dichos servicios entra dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo.
 5.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, el artículo 4.5 [Tratamiento no discriminatorio y consideraciones comerciales] no se aplica a los sectores siguientes: los servicios audiovisuales; el cabotaje marítimo nacional
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 ; y el transporte por vías navegables interiores, establecido en el artículo SERVIN 1.1 [Objetivo y ámbito de aplicación], apartado 5.
 6.El artículo 4.5 [No discriminación y consideraciones comerciales] no es aplicable en la medida en que una empresa cubierta de una Parte realice compras o ventas de bienes o servicios con arreglo a:
 (a)cualquier medida no conforme vigente que la Parte mantenga, continúe, renueve o modifique de conformidad con el [artículo SERVIN 2.7 [Medidas no conformes y excepciones], apartado 1, o el artículo SERVIN.3.6 [Medidas no conformes], apartado 1, según lo establecido en sus plantillas de los anexos SERVIN-1y SERVIN-2, según proceda]: o
 (b)cualquier medida no conforme que la Parte adopte o mantenga con respecto a los sectores, subsectores o actividades de conformidad con el [artículo SERVIN.2.7 [Medidas no conformes y excepciones], apartado 2, o el artículo SERVIN.3.6 [Medidas no conformes], apartado 2, según lo establecido en sus plantillas de los anexos SERVIN-1 y SERVIN-2], según proceda.
 Artículo 4.3: Relación con el Acuerdo OMC
 Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo XVII, apartados 1 a 3, del GATT de 1994, el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del GATT de 1994, así como en virtud del artículo VIII, apartados 1, 2 y 5, del AGCS.
 Artículo 4.4: Disposiciones generales
 1.Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de cada una de las Partes en virtud del presente capítulo, nada de lo dispuesto en el presente capítulo impide que una Parte cree o mantenga una entidad cubierta.
 2.Ninguna de las Partes podrá exigir a una entidad cubierta que actúe de manera incompatible con el presente capítulo ni alentarla a que lo haga.
 Artículo 4.5: Trato no discriminatorio y consideraciones comerciales
 1.Cada una de las Partes velará por que cada una de sus entidades cubiertas, a la hora de realizar sus actividades comerciales:
 (a)actúe con arreglo a consideraciones comerciales en la adquisición o venta de mercancías o servicios, excepto para cumplir las condiciones de su mandato de servicio público que no sean incompatibles con las letras b) o c);
 (b)al adquirir un producto o un servicio:
 I.conceda a las mercancías o servicios suministrados por empresas de la otra Parte un trato que no sea menos favorable que el que concede a las mercancías similares o servicios similares suministrados por las empresas de la Parte; y
 II.conceda a las mercancías o servicios suministrados por empresas de la otra Parte un trato que no sea menos favorable que el que concede a las mercancías similares o servicios similares suministrados por las empresas del territorio de la Parte; y
 (c)al vender un producto o servicio:
 I.conceda a empresas de la otra Parte un trato que no sea menos favorable que el que concede a las empresas de la Parte; y
 II.conceda a entidades cubiertas en el territorio de la Parte un trato que no sea menos favorable que el que concede a las empresas de la Parte en el mercado correspondiente del territorio de la Parte
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 .
 2.El apartado 1, letras *b) y c), no se opone a que una entidad cubierta:
 (a)adquiera o proporcione bienes o servicios en distintas condiciones, incluidas las referentes al precio, siempre que dichas condiciones diferentes sean acordes con consideraciones comerciales; o
 (b)se niegue a adquirir o proporcionar mercancías o servicios, siempre que esa negativa sea acorde con consideraciones comerciales.
 Artículo 4.6: Marco reglamentario
 1.Cada una de las Partes respetará las normas internacionales pertinentes y harán el mejor uso posible de ellas, entre otras de las Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas.
 2.Cada una de las Partes velará por que cualquier organismo regulador, y cualquier otro organismo que ejerza una función reguladora, que la propia Parte cree o mantenga:
 (a)sea independiente de las empresas reguladas por ese organismo y no rinda cuentas ante ellas; y
 (b)en circunstancias similares, actúe de manera imparcial con respecto a todas las empresas reguladas por dicho organismo, incluidas las entidades cubiertas; la imparcialidad del organismo en el ejercicio de sus funciones reguladoras debe evaluarse con referencia a una pauta general o a la práctica de ese organismo.
 Para aquellos sectores en los que las Partes hayan acordado obligaciones específicas relativas a dicho organismo en el presente Acuerdo, prevalecerán las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.
 3.Cada Parte aplicará sus leyes y reglamentos a las entidades cubiertas de manera coherente y no discriminatoria.
 Artículo 4.7: Intercambio de información
 1.Una Parte que tenga motivos para creer que sus intereses en virtud del presente capítulo se están viendo perjudicados por las actividades comerciales de una entidad de la otra Parte podrá solicitar por escrito a la otra Parte que facilite información sobre las actividades comerciales de la entidad relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo de conformidad con el apartado 2.
 2.Siempre que la solicitud a que se refiere el apartado 1 incluya una explicación del modo en que las actividades de la entidad puedan estar afectando a los intereses de la Parte solicitante en virtud del presente capítulo e indique cuál o cuáles de las categorías de información siguientes deben facilitarse, la Parte requerida facilitará la información solicitada:
 (a)la propiedad y la estructura de voto de la entidad indicando el porcentaje acumulado de acciones y el porcentaje de derechos de voto que la Parte requerida y sus entidades cubiertas tienen en la entidad de forma acumulada;
 (b)una descripción de las acciones especiales o los derechos de voto especiales o los derechos de otro tipo en poder de la Parte requerida o sus entidades cubiertas, en la medida en que tales derechos sean diferentes de los vinculados a las acciones ordinarias de la entidad;
 (c)una descripción de la estructura organizativa de la entidad y la composición de su consejo de administración o de cualquier otro órgano de dirección equivalente;
 (d)una descripción de la administración pública o los organismos públicos que regulen o supervisen la entidad, una descripción de las obligaciones de información que le impongan la administración pública o los organismos públicos y los derechos y las prácticas de la administración pública o los organismos públicos con respecto al nombramiento, el cese o la remuneración de los altos directivos y los miembros de su consejo de administración o de cualquier otro órgano de dirección equivalente;
 (e)los ingresos anuales y los activos totales de la entidad, durante los tres últimos años, sobre los que se disponga de información;
 (f)las posibles excepciones, inmunidades y medidas relacionadas de las que se beneficie la entidad en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte requerida;
 (g)toda información adicional relativa a la entidad que esté a disposición del público, incluidos los informes financieros anuales y las auditorías de terceros.
 3.Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no obligarán a una Parte a revelar información confidencial cuya divulgación sea incompatible con sus disposiciones legales y reglamentarias, impida controlar el cumplimiento de las leyes, sea contraria al interés público o perjudique a los intereses comerciales legítimos de empresas particulares.
 4.Si no se dispone de la información solicitada, la Parte requerida facilitará a la Parte solicitante, por escrito, los motivos para ello.
 Capítulo cinco: Fiscalidad
 Artículo 5.1: Buen gobierno
 Las Partes reconocen y se comprometen a aplicar los principios de buen gobierno en el ámbito de la fiscalidad, en particular las normas mundiales sobre transparencia fiscal e intercambio de información y competencia fiscal leal. Las Partes reiteran su apoyo al Plan de Acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) y afirman su compromiso de aplicar las normas mínimas de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Las Partes promoverán el buen gobierno en el ámbito fiscal, mejorarán la cooperación internacional en este ámbito y facilitarán la recaudación de los ingresos fiscales.
 Artículo 5.2: Normas de fiscalidad
 1.Ninguna Parte debilitará ni reducirá el nivel de protección previsto en su legislación al final del período transitorio por debajo del nivel previsto por las normas y reglas acordadas en la OCDE al final del período transitorio, en relación con:
 (a)el intercambio de información, sea previa solicitud, de manera espontánea o de oficio, sobre cuentas financieras, resoluciones fiscales transfronterizas, informes país por país entre Administraciones fiscales, y posibles acuerdos de planificación fiscal transfronteriza;
 (b)normas sobre limitación de intereses, sociedades extranjeras controladas y asimetrías híbridas.
 2.Ninguna de las Partes debilitará ni reducirá el nivel de protección previsto en su legislación al final del período transitorio, en relación con la información pública desglosada por países por parte de las entidades de crédito y las empresas de inversión, distintas de las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas.
 Artículo 5.3: Solución de diferencias
 El presente capítulo no estará sujeto a la solución de diferencias establecida con arreglo al título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales].
 Capítulo seis: Normas laborales y de protección social
 Artículo 6.1: Definición
 1.A efectos del presente capítulo, se entenderá por «niveles de protección laboral y social» los niveles de protección establecidos con carácter general en la legislación y las normas
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 de una Parte en cada uno de los siguientes ámbitos:
 (a)los derechos fundamentales en el trabajo,
 (b)las normas sobre salud y seguridad en el trabajo,
 (c)las normas sobre condiciones laborales y de empleo justas,
 (d)los derechos de información y consulta a nivel de la empresa, o
 (e)la reestructuración de empresas.
 2.En el caso de la Unión, se entenderá por «niveles de protección laboral y social» los niveles de protección laboral y social que sean de aplicación a todos y en todos los Estados miembros, y comunes a todos ellos.
 Artículo 6.2: No regresión de los niveles de protección
 1.Las Partes afirman el derecho de cada una de ellas a establecer sus políticas y prioridades en los ámbitos comprendidos en el presente capítulo, a determinar los niveles de protección laboral y social que consideren adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con los compromisos internacionales de cada una de las Partes, incluidos los contemplados en el presente capítulo.
 2.Ninguna Parte debilitará ni reducirá, de manera que afecte al comercio o la inversión entre las Partes, sus niveles de protección laboral y social por debajo de los niveles existentes al final del período transitorio, por ejemplo por no controlar de forma efectiva el cumplimiento de su legislación y sus normas.
 3.Las Partes reconocen que cada una de ellas conserva el derecho de ejercer una facultad discrecional razonable y de adoptar decisiones de buena fe en relación con la asignación de recursos para controlar el cumplimiento de la normativa laboral con respecto a otras disposiciones del Derecho laboral que se haya determinado que tienen mayor prioridad, siempre que el ejercicio de dicha facultad discrecional, así como dichas decisiones, no sean incompatibles con las obligaciones que impone el presente capítulo.
 4.Las Partes seguirán esforzándose por aumentar sus respectivos niveles de protección laboral y social a que se refiere el presente capítulo.
 Artículo 6.3: Control del cumplimiento
 A efectos del control del cumplimiento a que se refiere el artículo 6.2 [No regresión del nivel de protección], cada una de las Partes establecerá y mantendrá un sistema para el control del cumplimiento efectivo en el ámbito nacional y, en particular, un sistema eficaz de inspecciones laborales con arreglo a sus compromisos internacionales relativos a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores; velará por que existan procedimientos administrativos y judiciales que permitan que los poderes públicos y los particulares legitimados para ello emprendan acciones oportunas contra los incumplimientos de la legislación laboral y las normas de protección social; y establecerá recursos apropiados y efectivos, incluidas medidas provisionales, así como sanciones proporcionadas y disuasorias. En la aplicación y el control del cumplimiento a nivel nacional del artículo 6.2 [No regresión de los niveles de protección], cada Parte respetará el papel y la autonomía de los interlocutores sociales a nivel nacional, cuando proceda, en consonancia con la legislación y la práctica aplicables.
 Artículo 6.4: Solución de diferencias
 1.Las Partes harán todos los esfuerzos necesarios para resolver cualquier desacuerdo sobre la aplicación del presente capítulo mediante el diálogo, las consultas, el intercambio de información y la cooperación.
 2.No obstante lo dispuesto en el título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales], en caso de que exista una diferencia entre las Partes en relación con la aplicación del presente capítulo, las Partes podrán recurrir exclusivamente a los procedimientos establecidos en virtud de los artículos 9.1 [Consultas], 9.2 [Grupo de expertos] y 9.3 [Grupo de expertos en ámbitos de no regresión] del presente título.
 Capítulo siete: Medio ambiente y clima
 Artículo 7.1: Definiciones
 1.A efectos del presente capítulo, se entenderá por «niveles de protección medioambiental» los niveles de protección previstos en general en la legislación de una Parte que tengan por objeto proteger el medio ambiente, incluida la prevención de un peligro para la vida o la salud de las personas por impactos medioambientales, por ejemplo en cada uno de los ámbitos siguientes:
 (a)las emisiones industriales;
 (b)las emisiones atmosféricas y la calidad del aire;
 (c)la conservación de la naturaleza y la biodiversidad;
 (d)la gestión de residuos;
 (e)la protección y preservación del medio acuático;
 (f)la protección y preservación del medio marino;
 (g)la prevención, reducción y eliminación de riesgos para la salud humana o el medio ambiente provocados por la producción, el uso, la liberación o la eliminación de sustancias químicas; o
 (h)la gestión de los efectos de la producción agrícola o alimentaria en el medio ambiente, en particular mediante el uso de antibióticos y descontaminantes.
 2.En el caso de la Unión, se entenderá por «niveles de protección del medio ambiente» los niveles de protección medioambiental aplicables a todos y en todos los Estados miembros, y comunes a todos ellos.
 3.A efectos del presente capítulo, se entenderá por «nivel de protección del clima» el nivel de protección con respecto a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y la eliminación progresiva de sustancias que agotan la capa de ozono. Por lo que se refiere a los gases de efecto invernadero, esto significa:
 (a)en el caso de la Unión, el objetivo del 40 % en el conjunto de la economía para 2030, incluido el sistema de tarificación de las emisiones de carbono de la Unión;
 (b)en el caso del Reino Unido, la cuota del Reino Unido de ese objetivo en el conjunto de la economía para 2030, incluido el sistema de tarificación de las emisiones de carbono del Reino Unido.
 Artículo 7.2: No regresión de los niveles de protección
 1.Las Partes afirman el derecho de cada una de ellas a establecer sus políticas y prioridades en los ámbitos comprendidos en el presente capítulo, a determinar los niveles de protección del medio ambiente y el nivel de protección del clima que consideren adecuados y a adoptar o modificar sus leyes y políticas de manera coherente con los compromisos internacionales de cada una de las Partes, incluidos los contemplados en el presente capítulo.
 2.Ninguna Parte debilitará ni reducirá, de manera que afecte al comercio o la inversión entre las Partes, sus niveles de protección medioambiental por debajo de los niveles existentes al final del período transitorio, por ejemplo por no controlar de forma efectiva el cumplimiento de su legislación medioambiental o el nivel de protección del clima.
 3.Las Partes reconocen que cada una de ellas conserva el derecho de ejercer una facultad discrecional razonable y de adoptar decisiones de buena fe en relación con la asignación de recursos para controlar el cumplimiento de la normativa medioambiental con respecto a otras disposiciones del Derecho medioambiental o políticas climáticas que se haya determinado que tienen mayor prioridad, siempre que el ejercicio de dicha facultad discrecional, así como dichas decisiones, no sean incompatibles con las obligaciones que impone el presente capítulo.
 4.A efectos del presente capítulo, en la medida en que la legislación medioambiental de una Parte establezca objetivos en los ámbitos enumerados en el artículo 7.1 [Definiciones], dichos objetivos están incluidos en los niveles de protección del medio ambiente de la Parte al final del período transitorio. Estos objetivos incluyen aquellos cuya consecución está prevista para una fecha posterior al final del período transitorio. El presente apartado se aplicará también a las sustancias que agotan la capa de ozono.
 5.Las Partes continuarán esforzándose por incrementar sus niveles respectivos de protección del medio ambiente o su nivel respectivo de protección del clima a que se refiere el presente capítulo.
 Artículo 7.3: Tarificación de las emisiones de carbono
 1.Cada Parte dispondrá de un sistema efectivo de tarificación de las emisiones de carbono a partir del 1 de enero de 2021.
 2.Cada sistema abarcará las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la generación de electricidad, la generación de calor, la industria y la aviación.
 3.La eficacia de los respectivos sistemas de tarificación de las emisiones de carbono de las Partes preservará el nivel de protección previsto en el artículo 7.2 [No regresión de los niveles de protección].
 4.No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la aviación se incluirá en un plazo máximo de dos años si no está ya incluida. El ámbito de aplicación del sistema de tarificación de las emisiones de carbono de la Unión abarcará los vuelos procedentes del Espacio Económico Europeo con destino al Reino Unido.
 5.Cada Parte mantendrá su sistema de tarificación de las emisiones de carbono en la medida en que sea un instrumento eficaz para cada Parte en la lucha contra el cambio climático y, en cualquier caso, preservará el nivel de protección previsto en el artículo 7.2 [No regresión de los niveles de protección].
 6.Las Partes cooperarán en materia de tarificación de las emisiones de carbono. Estudiarán seriamente la posibilidad de vincular sus respectivos sistemas de tarificación de las emisiones de carbono de manera que se preserve la integridad de dichos sistemas y se ofrezca la posibilidad de aumentar su eficacia.
 Artículo 7.4: Principios medioambientales y climáticos
 1.Teniendo en cuenta que la Unión y el Reino Unido comparten una biosfera común con respecto a la contaminación transfronteriza, cada Parte se compromete a respetar los principios medioambientales reconocidos internacionalmente a los que se ha comprometido, como en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en Río de Janeiro el 14 de junio de 1992 (la «Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992»), y en los acuerdos medioambientales multilaterales, incluidos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992 (la «CMNUCC») y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (el «Convenio sobre la Diversidad Biológica»), en particular:
 (a)el principio de que la protección del medio ambiente debe integrarse en la elaboración de las políticas, incluso mediante evaluaciones de impacto;
 (b)el principio de acción preventiva para evitar daños medioambientales;
 (c)El criterio de precaución a que se refiere el artículo 1.2 [Derecho de regulación, criterio de precaución e información técnica], apartado 2;
 (d)el principio de que los daños al medio ambiente deben, preferentemente, corregirse en la fuente misma; y
 (e)el principio de que «quien contamina paga».
 2.Las Partes reafirman sus respectivos compromisos con los procedimientos para evaluar el impacto probable de una actividad propuesta sobre el medio ambiente y, cuando sea probable que determinados proyectos, planes y programas tengan efectos significativos en el medio ambiente, incluida la salud, ello incluirá una evaluación de impacto ambiental o una evaluación ambiental estratégica, según proceda.
 3.Estos procedimientos incluirán, cuando proceda y de conformidad con la legislación de cada una de las Partes, la determinación del alcance de un informe medioambiental y su preparación, la realización de consultas y participación del público y la consideración del informe medioambiental y de los resultados de la participación del público y de las consultas en el proyecto aprobado, o en el plan o programa adoptado.
 Artículo 7.5: Control del cumplimiento
 1.A efectos del control del cumplimiento a que se refiere el [artículo 7.2 [No regresión de los niveles de protección], cada Parte velará, de conformidad con su legislación, por que:
 (a)las autoridades internas competentes para controlar el cumplimiento de la legislación pertinente en relación con el medio ambiente y el clima tengan debidamente en cuenta las presuntas infracciones de dicha legislación que lleguen a su conocimiento; dichas autoridades dispondrán de recursos adecuados y efectivos, incluidas medidas cautelares, así como sanciones proporcionadas y disuasorias, si procede; y
 (b)haya procedimientos administrativos o judiciales nacionales a disposición de las personas físicas y jurídicas con un interés suficiente para emprender acciones contra las violaciones de dicha legislación y para buscar vías de recurso eficaces, incluidas las medidas cautelares, y los procedimientos no sean prohibitivamente costosos y se desarrollen de manera justa, equitativa y transparente.
 Artículo 7.6: Cooperación en materia de supervisión y control de cumplimiento
 Las Partes velarán por que la Comisión Europea y los organismos de supervisión del Reino Unido se reúnan periódicamente entre sí y cooperen en la supervisión y el control del cumplimiento efectivos de la legislación en relación con el medio ambiente y el clima a que se refiere el artículo 7.2 [No regresión de los niveles de protección].
 Artículo 7.7: Solución de diferencias
 1.Las Partes harán todos los esfuerzos necesarios para resolver cualquier desacuerdo sobre la aplicación del presente capítulo mediante el diálogo, las consultas, el intercambio de información y la cooperación.
 2.No obstante lo dispuesto en el título I de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales], en caso de que exista una diferencia entre las Partes en relación con la aplicación del presente capítulo, las Partes podrán recurrir exclusivamente a los procedimientos establecidos en virtud de los artículos 9.1 [Consultas], 9.2 [Grupo de expertos] y 9.3 [Grupo de expertos en ámbitos de no regresión] del presente título.
 Capítulo ocho: Otros instrumentos para el comercio y el desarrollo sostenible
 Artículo 8.1: Contexto y objetivos
 1.Las Partes recuerdan el Programa 21 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre justicia social para una globalización equitativa, adoptada en Ginebra el 10 de junio de 2008 por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 97.o reunión («la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa de 2008»), el Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, titulado «El futuro que queremos», respaldado por la resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 27 de julio de 2012, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptada mediante la resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 2.Habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 1, el objetivo del presente capítulo es mejorar la integración del desarrollo sostenible, en particular sus dimensiones laborales y medioambientales, en las relaciones comerciales y de inversión de las Partes y, a este respecto, complementar los compromisos contraídos por las Partes en virtud del capítulo 6 [Normas laborales y de protección social] y el capítulo 7 [Medio ambiente y clima].
 Artículo 8.2: Transparencia
 1.Las Partes subrayan la importancia de garantizar la transparencia como elemento necesario para promover la participación del público y de hacer pública la información en el contexto del presente capítulo. De conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, las disposiciones del presente capítulo, del capítulo IX [Transparencia] y del capítulo X [Buenas prácticas reglamentarias], cada una de las Partes:
 (a)velará por que cualquier medida de aplicación general que persiga los objetivos del presente capítulo se administre de forma transparente, en particular ofreciendo al público oportunidades razonables y tiempo suficiente para que presente observaciones, y mediante la publicación de dichas medidas;
 (b)velará por que el público en general tenga acceso a la información medioambiental pertinente que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, y garantizará la difusión activa de dicha información al público en general por medios electrónicos;
 (c)fomentará el debate público con y entre agentes no estatales en relación con la formulación y definición de políticas que puedan propiciar la adopción de legislación pertinente para este capítulo por parte de sus autoridades públicas; en relación con el medio ambiente, esto incluirá la participación del público en proyectos, planes y programas; y
 (d)promoverá la sensibilización de la opinión pública sobre sus leyes y normas pertinentes para el presente capítulo, así como sobre los procedimientos de control del cumplimiento, adoptando medidas para fomentar el conocimiento y la comprensión del público; en relación con la legislación y las normas laborales, se incluirá a los trabajadores, los empleadores y sus representantes.
 Artículo 8.3: Normas y acuerdos laborales multilaterales
 1.Las Partes afirman su compromiso de promover el desarrollo del comercio internacional de manera que favorezca el trabajo decente para todos, como se expresa en la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa de 2008.
 2.De conformidad con la Constitución de la OIT y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en Ginebra el 18 de junio de 1998 por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.a reunión, cada una de las Partes reafirma su compromiso de respetar, promover y aplicar con eficacia las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente, tal como se definen en los convenios fundamentales de la OIT, que son:
 (a)la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;
 (b)la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
 (c)la abolición efectiva del trabajo infantil; y
 (d)la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
 3.Cada una de las Partes se esforzará de forma continua y sostenida para ratificar los convenios fundamentales de la OIT, si aún no lo ha hecho.
 4.Las Partes intercambiarán, periódicamente y según proceda, información sobre las situaciones y los avances respectivos de los Estados miembros y del Reino Unido en lo que respecta a la ratificación de los convenios o los protocolos de la OIT clasificados por esta como actualizados y de otros instrumentos internacionales pertinentes.
 5.Cada una de las Partes reafirma su compromiso de aplicar todos los Convenios de la OIT que el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión hayan ratificado respectivamente, así como las distintas disposiciones de la Carta Social Europea que, en su condición de miembros del Consejo de Europa, hayan aceptado respectivamente los Estados miembros de la Unión y el Reino Unido
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 6.Cada una de las Partes continuará promoviendo, mediante sus leyes y prácticas, el Programa de Trabajo Decente de la OIT, tal como se establece en la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa de 2008 («el programa de Trabajo decente de la OIT») y de conformidad con los convenios pertinentes de la OIT y otros compromisos internacionales, en particular, en cuanto a:
 (a)unas condiciones de trabajo decentes para todos en lo que respecta, entre otras cosas, a salarios y retribuciones, horario laboral, permiso de maternidad y otras condiciones de trabajo;
 (b)la salud y la seguridad en el trabajo, incluida la prevención de lesiones o enfermedades profesionales y la indemnización en caso de lesión o enfermedad; y
 (c)la no discriminación en materia de condiciones de trabajo, incluso para los trabajadores migrantes.
 7.Cada una de las Parte protegerá y promoverá el diálogo social sobre cuestiones laborales entre los trabajadores y los empleadores y sus respectivas organizaciones, así como con las autoridades gubernamentales pertinentes.
 8.Las Partes colaborarán en los aspectos comerciales de las políticas y medidas laborales, incluso en foros multilaterales, como la OIT, según proceda. Esta cooperación podrá abarcar, entre otras, cosas lo siguiente:
 (a)los aspectos relacionados con el comercio de la aplicación de los Convenios fundamentales, prioritarios y otros Convenios actualizados de la OIT;
 (b)los aspectos del Programa de Trabajo Decente de la OIT relacionados con el comercio, en particular los vínculos entre el comercio y el empleo pleno y productivo, el ajuste del mercado de trabajo, las normas fundamentales del trabajo, el trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales, la protección social y la inclusión social, el diálogo social y la igualdad de género;
 (c)el impacto de la legislación y las normas laborales en el comercio y las inversiones, y el impacto de la legislación sobre comercio e inversión en el trabajo;
 (d)el diálogo y el intercambio de información sobre las disposiciones laborales en el marco de sus respectivos acuerdos comerciales y su aplicación; y
 (e)cualquier otra forma de cooperación que se considere adecuada.
 9.Las Partes estudiarán todas las opiniones de los representantes de los trabajadores, los empleadores y las organizaciones de la sociedad civil a la hora de identificar áreas de cooperación y de llevar a cabo actividades en este ámbito.
 Artículo 8.4: Acuerdos medioambientales multilaterales
 1.Las Partes reconocen la importancia de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la gobernanza y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente como respuesta de la comunidad internacional a los desafíos medioambientales mundiales o regionales y hacen hincapié en la necesidad de mejorar el apoyo mutuo entre las políticas, normas y medidas comerciales y medioambientales.
 2.A la luz del apartado 1, cada una de las Partes se compromete a aplicar de forma efectiva los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, los protocolos y las modificaciones que haya ratificado en su legislación y sus prácticas.
 3.Las Partes intercambiarán periódicamente, y según proceda, información sobre:
 (a)sus respectivas situaciones en lo que se refiere a la ratificación y aplicación de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, incluidos sus protocolos y modificaciones;
 (b)las negociaciones en curso de nuevos acuerdos multilaterales sobre medio ambiente; y
 (c)los puntos de vista respectivos de cada una de las Partes sobre su adhesión a acuerdos multilaterales sobre medio ambiente adicionales.
 4.Las Partes reafirman el derecho de cada una de las Partes a adoptar o mantener medidas para promover los objetivos de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente en los que sea parte. Las Partes recuerdan que las medidas adoptadas o impuestas para ejecutar dichos acuerdos multilaterales sobre medio ambiente pueden justificarse en virtud del artículo EXC.1 [Excepciones generales] del título XII [Excepciones].
 5.Las Partes colaborarán en los aspectos de las políticas y medidas medioambientales relacionados con el comercio, en particular en foros internacionales como el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el PNUMA, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o la OMC, según proceda. Esta cooperación podrá abarcar, entre otras, cosas lo siguiente:
 (a)iniciativas sobre producción y consumo sostenibles, en particular aquellas destinadas a promover una economía circular, el crecimiento ecológico y la lucha contra la contaminación;
 (b)iniciativas para promover los bienes y servicios medioambientales, en particular para abordar los obstáculos arancelarios y no arancelarios conexos;
 (c)el impacto de la legislación y las normas medioambientales en el comercio y la inversión; o el impacto del Derecho mercantil y de la inversión sobre el medio ambiente;
 (d)la aplicación del anexo 16 del Convenio sobre Aviación civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, y otras medidas para reducir los efectos de la aviación sobre el medio ambiente, en particular en el ámbito de la gestión del tránsito aéreo; y
 (e)otros aspectos relacionados con el comercio de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, incluidos sus protocolos, modificaciones y aplicación.
 6.La cooperación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 podrá incluir intercambios técnicos, intercambios de información y mejores prácticas, proyectos de investigación, estudios, informes, conferencias y talleres.
 7.Las Partes tendrán en cuenta los puntos de vista o la aportación de los ciudadanos y las partes interesadas a la hora de definir y ejecutar sus actividades de cooperación, y podrán seguir recurriendo a dichas partes interesadas en estas actividades cuando proceda.
 Artículo 8.5: Comercio y cambio climático
 1.Las Partes reconocen la importancia de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, así como el papel del comercio y la inversión en el logro de este objetivo, en consonancia con la CMNUCC, los objetivos y propósitos del Acuerdo de París aprobado en París el 12 de diciembre de 2015 por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 21.a reunión (el «Acuerdo de París»), y con otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente e instrumentos multilaterales en el ámbito del cambio climático.
 2.A la luz del apartado 1, cada una de las Partes:
 (a)se compromete a aplicar de forma efectiva la CMNUCC y el Acuerdo de París adoptado en su marco, en virtud de los cuales uno de los objetivos principales es reforzar la respuesta mundial al cambio climático y mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales;
 (b)promoverá el apoyo mutuo de las políticas y medidas comerciales y climáticas, contribuyendo así a la transición hacia una baja emisión de gases de efecto invernadero, una economía eficiente en el uso de los recursos y un desarrollo resiliente al clima;
 (c)facilitará la eliminación de los obstáculos al comercio y la inversión en bienes y servicios de especial importancia para la mitigación del cambio climático y su adaptación al mismo, como las energías renovables, los productos y servicios energéticamente eficientes, por ejemplo, abordando los obstáculos arancelarios y no arancelarios o adoptando marcos normativos que propicien la implantación de las mejores soluciones existentes.
 3.Las Partes colaborarán para reforzar su cooperación en los aspectos de las políticas y medidas relativas al cambio climático relacionados con el comercio, a nivel bilateral, regional y en los foros internacionales, según proceda, entre ellos la CMNUCC, la OMC, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecho en Montreal el 26 de agosto de 1987 (el «Protocolo de Montreal»), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esta cooperación podrá abarcar, entre otras cosas, lo siguiente:
 (a)el diálogo sobre políticas y la cooperación en materia de aplicación del Acuerdo de París, como los medios para promover la resiliencia al cambio climático, la energía renovable, las tecnologías de baja emisión de carbono, la eficiencia energética, el transporte sostenible, el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes al clima, el control de las emisiones y los mercados del carbono internacionales;
 (b)el apoyo al desarrollo y la adopción de medidas ambiciosas y eficaces de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la OMI, que deberán aplicar los buques que se dedican al comercio internacional;
 (c)el apoyo al desarrollo y la adopción de medidas ambiciosas y eficaces de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la OACI;
 (d)el apoyo a una eliminación ambiciosa de las sustancias que agotan la capa de ozono y una reducción gradual de los hidrofluorocarbonos en el marco del Protocolo de Montreal a través de medidas para controlar su producción, consumo y comercio; la introducción de alternativas respetuosas con el medio ambiente; la actualización de las normas de seguridad y otras normas pertinentes, así como la lucha contra el comercio ilícito de sustancias reguladas por el Protocolo de Montreal.
 Artículo 8.6: Comercio y diversidad biológica
 1.Las Partes reconocen la importancia de conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y el papel del comercio en la consecución de estos objetivos, en particular promoviendo el comercio sostenible o controlando o restringiendo el comercio de especies amenazadas, en consonancia con los acuerdos medioambientales multilaterales pertinentes de los que son parte, y las decisiones adoptadas en virtud de los mismos, en particular el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus protocolos, y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecha en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973 («CITES»).
 2.A la luz del apartado 1, cada una de las Partes deberá:
 (a)aplicar medidas eficaces para luchar contra el comercio ilegal de especies silvestres, también con respecto a terceros países, según proceda;
 (b)promover el uso de la CITES como instrumento para la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad, en particular mediante la inclusión de especies animales y vegetales en los apéndices de la CITES cuando el estado de conservación de dichas especies se considere en situación de riesgo debido al comercio internacional;
 (c)fomentar el comercio de productos derivados de un uso sostenible de los recursos biológicos y contribuir a la conservación de la biodiversidad;
 (d)seguir adoptando medidas para conservar la diversidad biológica cuando esté sometida a presiones relacionadas con el comercio y la inversión, en particular mediante medidas para evitar la propagación de especies exóticas invasoras.
 3.Las Partes colaborarán en asuntos comerciales pertinentes para el presente artículo, en particular en foros multilaterales, como la CITES y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, según proceda. Esta cooperación podrá abarcar, entre otras cosas, lo siguiente: el comercio de productos basados en la vida silvestre y los recursos naturales, la valoración y evaluación de los ecosistemas y servicios conexos, y el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización, de conformidad con el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Nagoya el 29 de octubre de 2010.
 Artículo 8.7: Comercio y bosques
 1.Las Partes reconocen la importancia de la conservación y la gestión forestal sostenible para proporcionar funciones medioambientales y oportunidades económicas y sociales a las generaciones presentes y futuras, así como el papel del comercio en la consecución de ese objetivo.
 2.A la luz del apartado 1 y de forma coherente con sus obligaciones internacionales, cada Parte:
 (a)continuará aplicando medidas para luchar contra la explotación forestal ilegal y el comercio conexo, en particular con terceros países, según proceda, y para promover el comercio en productos forestales de origen legal;
 (b)promoverá la conservación y la gestión sostenible de los bosques, así como el comercio y el consumo de madera y de productos derivados de la madera extraídos de conformidad con la legislación del país de extracción y procedentes de bosques gestionados de manera sostenible; e
 (c)intercambiará con la otra Parte información sobre iniciativas relacionadas con el comercio de gestión forestal sostenible, gobernanza forestal y conservación de la cubierta forestal, y cooperará para maximizar el impacto y el apoyo mutuo de sus respectivas políticas de interés común.
 3.Las Partes colaborarán para reforzar su cooperación en los aspectos comerciales de la gestión sostenible de los bosques, la conservación de la cubierta forestal y la explotación forestal ilegal, en particular en foros multilaterales, según proceda.
 Artículo 8.8: Comercio y gestión sostenible de los recursos biológicos marinos y la acuicultura
 1.Las Partes reconocen la importancia de conservar y gestionar de forma sostenible los recursos biológicos y los ecosistemas marinos, así como de promover una acuicultura responsable y sostenible, y el papel del comercio en la consecución de esos objetivos.
 2.A la luz del apartado 1, cada una de las Partes:
 (a)se compromete a actuar de forma coherente y cumplir, según proceda, los acuerdos pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización para la Alimentación y la Agricultura («FAO»), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995, el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de la FAO, hecho en Roma el 24 de noviembre de 1993, el Código de Conducta para la Pesca responsable de la FAO y el Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de la FAO, aprobado en Roma el 22 de noviembre de 2009 en la 36.a reunión de la Conferencia de la FAO, así como a participar en la iniciativa de la FAO sobre el registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro;
 (b)promoverá la pesca sostenible y la buena gobernanza pesquera participando activamente en los trabajos de las organizaciones u organismos internacionales pertinentes de los que sean miembros, observadores o partes no contratantes colaboradoras, incluidas las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), mediante, cuando proceda, la supervisión o el control del cumplimiento efectivos de las resoluciones, recomendaciones o medidas de las OROP; la aplicación de sus sistemas de documentación o certificación de capturas y de las medidas del Estado rector del puerto;
 (c)adoptará y mantendrá sus respectivos instrumentos eficaces para luchar contra la pesca INDNR, en particular medidas para excluir los productos de la pesca INDNR de los flujos comerciales, y prestará su cooperación para tal fin;
 (d)promoverá el desarrollo de una acuicultura sostenible y responsable, en particular en lo que se refiere a la aplicación de los objetivos y principios contenidos en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, según proceda.
 3.Las Partes colaborarán en los aspectos de las políticas y medidas de pesca y acuicultura relacionados con la conservación y el comercio, en particular en la OMC, las OROP y otros foros multilaterales, según proceda, con el fin de promover prácticas sostenibles de pesca y acuicultura y el comercio de productos pesqueros procedentes de operaciones de pesca y acuicultura gestionadas de forma sostenible.
 4.El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones del epígrafe quinto [Pesca] de la segunda parte.
 Artículo 8.9: Comercio e inversión en favor del desarrollo sostenible
 1.Las Partes confirman su compromiso de aumentar la contribución del comercio y la inversión a la consecución del objetivo de desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental.
 2.De conformidad con el apartado 1, las Partes continuarán promoviendo:
 (a)políticas comerciales y de inversión que apoyen los cuatro objetivos estratégicos del Programa de Trabajo Decente de la OIT, de conformidad con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008, en particular un salario mínimo vital, la salud y seguridad en el trabajo y otros aspectos relacionados con las condiciones de trabajo;
 (b)el comercio y la inversión en bienes y servicios medioambientales, como las energías renovables o los productos y servicios energéticamente eficientes, por ejemplo, abordando los obstáculos no arancelarios conexos o a través de la adopción de marcos normativos que propicien la implantación de las mejores soluciones existentes;
 (c)el comercio de bienes y servicios que contribuyan a mejorar las condiciones sociales y las prácticas respetuosas con el medio ambiente, incluidos los sujetos a sistemas voluntarios de garantía de la sostenibilidad, como los regímenes de comercio justo y ético y las etiquetas ecológicas; y
 (d)la cooperación en foros multilaterales sobre las cuestiones contempladas en el presente artículo.
 3.Las Partes reconocen la importancia de abordar las cuestiones de desarrollo sostenible mediante el examen, el seguimiento y la evaluación de los posibles impactos económicos, sociales y medioambientales de las posibles medidas, teniendo en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas.
 Artículo 8.10: Comercio y gestión responsable de la cadena de suministro
 1.Las Partes reconocen la importancia de una gestión responsable de las cadenas de suministro mediante prácticas de conducta empresarial responsable y responsabilidad social de las empresas y el papel del comercio en la consecución de este objetivo.
 2.A la luz de lo dispuesto en el apartado 1, cada una de las Partes:
 (a)alentará la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable, en particular proporcionando marcos normativos de apoyo que fomenten la adopción de prácticas pertinentes por parte de las empresas; y
 (b)apoyará la adhesión, aplicación, seguimiento y difusión de los instrumentos internacionales pertinentes, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
 3.Las Partes reconocen la utilidad de las directrices internacionales para sectores específicos en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable y alentarán un trabajo conjunto a este respecto. Con respecto a las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo, las Partes también aplicarán medidas para promover la adopción de dichas directrices.
 4.Las Partes colaborarán para reforzar su cooperación en los aspectos relacionados con el comercio de las cuestiones que aborda el presente artículo, en particular en foros multilaterales, según proceda, entre otros mediante el intercambio de información, mejores prácticas e iniciativas de divulgación.
 Artículo 8.11: Solución de diferencias
 1.Las Partes harán todos los esfuerzos necesarios para resolver cualquier desacuerdo sobre la aplicación del presente capítulo mediante el diálogo, las consultas, el intercambio de información y la cooperación.
 2.No obstante lo dispuesto en el título I [Solución de diferencias] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales], en caso de que exista una diferencia entre las Partes en relación con la aplicación del presente capítulo, las Partes podrán recurrir exclusivamente a los procedimientos establecidos en virtud de los artículos 9.1 [Consultas] y 9.2 [Grupo de expertos].
 Capítulo nueve: Disposiciones horizontales e institucionales
 Artículo 9.1: Consultas
 1.Cada una de las Partes podrá solicitar consultas con la otra Parte en lo que respecta a cualquier cuestión que surja en virtud del artículo 1.1 [Principios y objetivos], apartado 3, del capítulo 1 [disposiciones generales], y los capítulos 6 [Normas laborales y sociales], 7 [Medio ambiente y clima] y 8 [Otros instrumentos para el comercio y el desarrollo sostenible], mediante la entrega de una solicitud escrita a la otra Parte. La Parte demandante especificará en su solicitud por escrito los motivos y el fundamento de la solicitud, incluida la identificación de las medidas en cuestión y especificando las disposiciones que considere aplicables. Tras la presentación de una solicitud de consultas por una Parte, las consultas deberán comenzar con prontitud y, en cualquier caso, a más tardar treinta días después de la fecha de entrega de la petición, a menos que las Partes acuerden un plazo más largo.
 2.Las Partes celebrarán las consultas con el fin de llegar a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión. Durante las consultas, cada una de las Partes proporcionará a la otra Parte información suficiente que obre en su poder y que permita un examen completo de las cuestiones planteadas. Cada una de las Partes se esforzará por garantizar la participación del personal de sus autoridades competentes que tenga conocimiento especializado sobre la cuestión objeto de las consultas.
 3.En las cuestiones relativas a los acuerdos o instrumentos multilaterales a que se refieren el artículo 1.1 [Principio y objetivos], apartado 3, y los capítulos 6 [Normas laborales y sociales], 7 [Medio ambiente y clima] y 8 [Otros instrumentos para el comercio y el desarrollo sostenible], las Partes tendrán en cuenta la información disponible de la OIT o las organizaciones y organismos pertinentes creados en virtud de acuerdos medioambientales multilaterales. Cuando proceda, las Partes solicitarán conjuntamente asesoramiento a dichas organizaciones o a sus organismos, o a cualquier otro experto u organismo que consideren adecuado.
 4.Cada Parte podrá recabar, cuando proceda, los puntos de vista de los grupos consultivos internos a que se hace referencia en el artículo INST.7 [Grupos consultivos internos] u otro asesoramiento especializado.
 5.Toda resolución a que lleguen las Partes se pondrá a disposición del público.
 Artículo 9.2: Grupo de expertos
 1.Para cualquier asunto que no quede resuelto de forma satisfactoria mediante consultas en virtud del artículo 9.1 [Consultas], las Partes podrán, al cabo de noventa días a partir de la recepción de una solicitud de consultas con arreglo a dicho artículo, solicitar que un grupo de expertos se reúna para examinar dicha cuestión, enviando una solicitud por escrito a la otra Parte. En la solicitud se indicará la medida de que se trate, y se especificará y se explicará de qué manera dicha medida no se ajusta a lo dispuesto en el capítulo o capítulos pertinentes de manera suficiente para presentar claramente la denuncia.
 2.El grupo de expertos estará compuesto por tres miembros.
 3.El Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible establecerá, en su primera reunión tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, una lista de al menos quince personas que puedan formar parte del grupo de expertos y estén dispuestas a ello. Cada una de las Partes designará al menos a cinco personas para la lista de personas que pueden ser miembros del grupo de expertos. Las Partes deberán designar además al menos a cinco personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes y que puedan asumir la presidencia del grupo de expertos y estén dispuestas a ello. El Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible velará por que la lista se mantenga actualizada y por que el número de expertos se mantenga en un mínimo de quince personas.
 4.Los expertos propuestos para el grupo de expertos deberán tener conocimientos especializados o experiencia en Derecho laboral o medioambiental, en otras cuestiones tratadas en el capítulo o capítulos pertinentes, o en la solución de diferencias en el marco de acuerdos internacionales. Deberán actuar a título personal y no aceptar instrucciones de ninguna organización o gobierno con respecto a las cuestiones relacionadas con la diferencia. No deberán tener vinculación alguna con ninguna de las Partes ni aceptar sus instrucciones. No se tratará de personas que sean miembros, funcionarios u otros agentes de las instituciones de la Unión, del Gobierno de un Estado miembro o del Gobierno del Reino Unido.
 5.A menos que las Partes acuerden otra cosa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de constitución del grupo de expertos, los términos de referencia serán:
 «examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes, la cuestión mencionada en la solicitud de constitución del grupo de expertos, y presentar un informe, de conformidad con el presente artículo, que presente sus conclusiones acerca de la conformidad de la medida con las disposiciones pertinentes».
 6.Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con las normas o acuerdos multilaterales cubiertos en el presente título, el grupo de expertos debe recabar información de la OIT o de los organismos pertinentes establecidos en virtud de dichos acuerdos, incluidas todas las orientaciones interpretativas, conclusiones o decisiones pertinentes adoptadas por la OIT y dichos organismos.
 7.El grupo de expertos podrá solicitar y recibir escritos u otra información de personas con información pertinente o conocimientos especializados.
 8.El grupo de expertos pondrá dicha información a disposición de cada una de las Partes, de modo que puedan presentar sus observaciones en un plazo de 20 días a partir de su recepción.
 9.El grupo de expertos presentará a las Partes un informe provisional y un informe final que recogerán las constataciones de hecho, sus conclusiones sobre la cuestión, en las que determinarán si la Parte requerida ha cumplido o no las obligaciones que le incumben en virtud del capítulo o capítulos pertinentes, y la fundamentación de toda conclusión y constatación que realice. Para mayor certeza, las Partes están de acuerdo en que si el grupo de expertos formula recomendaciones en su informe, la Parte requerida no tendrá que seguir estas recomendaciones para garantizar la conformidad con el Acuerdo.
 10. El grupo de expertos presentará a las Partes el informe provisional en un plazo de cien días desde la fecha de constitución del grupo de expertos. Cuando el grupo de expertos considere que este plazo no puede cumplirse, el presidente del grupo de expertos lo notificará por escrito a las Partes, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo de expertos prevé presentar su informe provisional. El grupo de expertos no presentará en ningún caso su informe final más de ciento veinticinco días después de la fecha de constitución del grupo de expertos.
 11. Cada una de las partes podrá presentar al grupo de expertos una solicitud motivada de reconsideración de aspectos concretos del informe provisional en el plazo de veinticinco días desde su presentación. Cada Parte podrá formular observaciones sobre la solicitud de la otra Parte en un plazo de quince días desde la presentación de la solicitud.
 12. Tras tomar en consideración esas observaciones, el grupo de expertos elaborará el informe final. Si no se presenta ninguna solicitud de reconsideración de aspectos concretos del informe provisional dentro del plazo mencionado en el apartado 11, el informe provisional se convertirá en el informe final del grupo de expertos.
 13. El grupo de expertos presentará su informe final a las Partes en un plazo de ciento setenta y cinco días desde la fecha de constitución del grupo de expertos. Cuando el grupo de expertos considere que este plazo no puede cumplirse, el presidente del grupo de expertos lo notificará por escrito a las Partes, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el grupo de expertos prevé presentar su informe final. El grupo de expertos no presentará en ningún caso su informe final más de ciento noventa y cinco días después de la fecha de constitución del grupo de expertos.
 14. El informe final incluirá un examen de cualquier solicitud por escrito de las Partes sobre el informe provisional y abordará claramente las observaciones de las Partes.
 15. Las Partes pondrán el informe final a disposición del público en un plazo de quince días a partir de su presentación por el grupo de expertos.
 16.Si el informe final del grupo de expertos determina que una Parte no ha cumplido sus obligaciones en virtud del capítulo o capítulos pertinentes, las Partes, en un plazo de noventa días a partir de la presentación del informe final, debatirán las medidas adecuadas que deban aplicarse teniendo en cuenta el informe del grupo de expertos. No más tarde de ciento cinco días después de la presentación del informe a las Partes, la Parte requerida informará a sus grupos consultivos internos creados en virtud del artículo INST.7 [Grupos consultivos internos] y a la Parte denunciante acerca de su decisión sobre las medidas que deban aplicarse.
 17. El Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible supervisará el seguimiento del informe del grupo de expertos. Los grupos consultivos internos de las Partes creados en virtud del artículo INST.7 [Grupos consultivos internos] podrán formular observaciones al Comité Especializado en Comercio en materia de Igualdad de Condiciones para una Competencia Abierta y Justa y el Desarrollo Sostenible en ese sentido.
 18.Cuando las Partes no estén de acuerdo sobre la existencia o la coherencia de las disposiciones pertinentes de cualquier medida adoptada para subsanar la no conformidad, la Parte denunciante podrá presentar una solicitud, que será por escrito, al grupo de expertos original para que resuelva sobre la cuestión. La solicitud identificará cualquier medida en cuestión y explicará el modo en que dicha medida no es conforme con las disposiciones pertinentes de manera suficiente para presentar la reclamación claramente. El grupo de expertos comunicará sus conclusiones a las Partes en un plazo de cuarenta y cinco días desde la fecha de recepción de la solicitud.
 19.Salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, el artículo INST.14 [Procedimiento arbitral], apartado 1, el artículo INST.29 [Decisiones y laudos del tribunal de arbitraje], el artículo INST.30 [Suspensión y terminación de los procedimientos de arbitraje], el artículo INST.31 [Solución de mutuo acuerdo], el artículo INST.32 [Plazos], el artículo INST.34 [Costes], el artículo INST.15 [Constitución de un tribunal de arbitraje], o el artículo INST.28 [Sustitución de árbitros] así como el anexo INST [Normas de procedimiento para la solución de diferencias] y el anexo INST.X [Código de conducta de los árbitros] se aplicarán mutatis mutandis.
 Artículo 9.3: Grupo de expertos en ámbitos de no regresión
 1.El artículo 9.2 [Grupo de expertos] se aplicará a las diferencias entre las Partes en relación con la interpretación y la aplicación del capítulo 6 [Normas laborales y sociales] y el capítulo 7 [Medio ambiente y clima].
 2.A efectos de esas diferencias, además de los artículos enumerados en el artículo 9.2 [Grupo de expertos], apartado 19, el artículo INST.24 [Recursos temporales] y el artículo INST.25 [Revisión de cualquier medida adoptada para el cumplimiento después de la adopción de reparaciones temporales] se aplicarán mutatis mutandis.
 3.Las Partes reconocen que, cuando la Parte requerida opte por no adoptar ninguna medida para adecuarse a lo dispuesto en el informe del grupo de expertos y en el presente Acuerdo, la Parte denunciante sigue teniendo a su disposición cualquier recurso autorizado en virtud del artículo INST.24 [Recursos temporales].
 Artículo 9,4: Reequilibrio
 1.Las Partes reconocen el derecho de cada una de las Partes a determinar sus políticas y prioridades futuras en lo que respecta a la protección laboral y social, medioambiental o climática, o con respecto al control de las subvenciones, de forma coherente con los compromisos internacionales que incumben a cada Parte, incluidos los asumidos en virtud del presente Acuerdo. Al mismo tiempo, las Partes reconocen que las divergencias significativas en estos ámbitos pueden afectar a las condiciones del comercio o la inversión entre las Partes de tal manera que cambien las circunstancias en las que se ha basado la celebración del presente Acuerdo.
 2.Si los efectos importantes sobre el comercio o la inversión entre las Partes surgen como resultado de divergencias importantes entre las Partes en los ámbitos a que se refiere el apartado 1, cada una de las Partes podrá tomar las medidas de reequilibrio adecuadas para corregir la situación. El alcance y la duración de estas medidas se limitarán a lo estrictamente necesario y proporcionado para corregir la situación. Se otorgará prioridad a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo. La evaluación de una Parte acerca de esos efectos se basará en evidencias fiables y no en meras conjeturas o posibilidades remotas.
 3.Los procedimientos siguientes se aplicarán a las medidas de reequilibrio adoptadas en virtud del apartado 2:
 (a)La Parte interesada notificará sin demora a la otra Parte, a través del Consejo de Asociación, las medidas de reequilibrio que pretenda adoptar y aportará toda la información pertinente. Las Partes iniciarán consultas de forma inmediata. Las consultas se considerarán finalizadas en el plazo de catorce días a partir de la fecha de entrega de la notificación, salvo que se concluyan de común acuerdo antes de que expire ese plazo.
 (b)Si no se alcanza una solución mutuamente aceptable, la Parte interesada podrá adoptar medidas de reequilibrio no antes de pasados cinco días desde la finalización de las consultas, salvo que la Parte notificada solicite, dentro del mismo plazo de cinco días, de conformidad con el artículo INST.14 [Procedimiento de arbitraje], apartado 2
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 , la constitución de un tribunal de arbitraje mediante una solicitud escrita dirigida a la otra Parte para que el tribunal de arbitraje decida si las medidas de reequilibrio notificadas son coherentes con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
 (c)El tribunal de arbitraje emitirá su laudo definitivo en el plazo de treinta días a partir de su constitución. Si el tribunal de arbitraje no emite su laudo definitivo dentro de dicho plazo, la Parte interesada podrá adoptar las medidas de reequilibrio no antes de pasados tres días a partir de la expiración de dicho plazo de treinta días. En tal caso, la otra Parte podrá adoptar contramedidas proporcionadas a las medidas de reequilibrio adoptadas hasta que el tribunal de arbitraje emita su laudo. Se otorgará prioridad a las contramedidas que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo. Lo dispuesto en la letra a) se aplicará mutatis mutandis a esas contramedidas, que podrán adoptarse no antes de pasados tres días a partir de la finalización de las consultas.
 (d)Si el tribunal de arbitraje ha considerado que las medidas de reequilibrio son coherentes con lo dispuesto en el apartado 2, la Parte interesada podrá adoptar las medidas de reequilibrio notificadas a la otra Parte.
 (e)Si el tribunal de arbitraje ha considerado que las medidas de reequilibrio son incoherentes con lo dispuesto en el apartado 2, la Parte interesada notificará a la Parte denunciante, en el plazo de tres días a partir de la emisión del laudo, las medidas
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 que pretenda adoptar para cumplir con el laudo del tribunal de arbitraje. Los artículos INST.23 [Examen del cumplimiento], apartado 2, INST.24 [Recursos temporales]
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 e INST.25 [Revisión de cualquier medida adoptada para el cumplimiento después de la adopción de reparaciones temporales] se aplicarán mutatis mutandis, si la Parte denunciante considera que las medidas notificadas no cumplen el laudo del tribunal de arbitraje. Los procedimientos regulados en los artículos INST.23 [Examen del cumplimiento], apartado 2, INST.24 [Recursos temporales] e INST.25 [Revisión de cualquier medida adoptada para el cumplimiento después de la adopción de reparaciones temporales] no tendrán efecto suspensivo sobre la aplicación de las medidas notificadas en virtud del presente apartado.
 (f)Si se han adoptado medidas de reequilibrio previamente al laudo arbitral, de conformidad con lo dispuesto en la letra c), cualquier contramedida adoptada con arreglo a dicha letra se retirará de forma inmediata, y en todo caso, a más tardar cinco días a partir de la emisión del laudo del tribunal de arbitraje.
 (g)Ninguna de las Partes podrá invocar el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir que la otra Parte adopte medidas con arreglo a los apartados 2 y 3, incluso cuando dichas medidas consistan en la suspensión de obligaciones en virtud del presente Acuerdo.
 (h)Si la Parte notificada no presenta una solicitud de conformidad con lo dispuesto en la letra b) dentro del plazo establecido en ella, dicha Parte podrá iniciar, sin haber recurrido previamente a las consultas de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas], el procedimiento de arbitraje a que se refiere el artículo INST.14 [Procedimiento de arbitraje]. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a los efectos del artículo INST.19 [Procedimientos urgentes].
 4.Con el fin de garantizar un equilibrio adecuado entre los compromisos asumidos por las Partes en el presente Acuerdo con una base más duradera, cada una de las Partes podrá solicitar, no antes de pasados cuatro años desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, una revisión del funcionamiento del epígrafe tercero [Comercio] del presente Acuerdo. Las Partes podrán acordar que se añadan a la revisión otros epígrafes del presente Acuerdo.
 5.Dicha revisión comenzará a solicitud de una de las Partes, si dicha Parte considera que una de las Partes o ambas han adoptado frecuentemente medidas con arreglo a los apartados 2 o 3, o si una medida que tenga un efecto importante sobre el comercio o la inversión entre las Partes se ha aplicado durante un período de doce meses. A efectos del presente apartado, las medidas en cuestión son aquellas que no se hayan impugnado o no se hayan considerado por un tribunal de arbitraje estrictamente innecesarias de conformidad con el apartado 3, letras d) o h). La revisión podrá comenzar antes de pasados cuatro años desde la entrada en vigor del presente Acuerdo.
 6.La revisión solicitada de conformidad con el apartado 4 o el apartado 5 comenzará en el plazo de tres meses desde la solicitud y se completará en seis meses.
 7.La revisión basada en el apartado 4 o el apartado 5 podrá repetirse a intervalos posteriores no inferiores a cuatro años desde la conclusión de la revisión anterior. Si una Parte ha solicitado una revisión con arreglo al apartado 4 o al apartado 5, no podrá solicitar una nueva revisión con arreglo al apartado 4 o al apartado 5 durante al menos cuatro años desde la conclusión de la revisión anterior o, si procede, desde la entrada en vigor de cualquier acuerdo modificativo.
 8.La revisión examinará si el Acuerdo garantiza un equilibrio adecuado de derechos y obligaciones entre las Partes, en particular con respecto al funcionamiento del epígrafe primero [Comercio], y si, como consecuencia, es necesario modificar los términos del presente Acuerdo.
 9.El Consejo de Asociación podrá decidir que no se requiere actuación alguna como consecuencia de la revisión. Si una de las Partes considera que, a raíz de la revisión, es necesario modificar el presente Acuerdo, las Partes harán todo lo posible por negociar y celebrar un acuerdo en el que se introduzcan las modificaciones necesarias. Dichas negociaciones se limitarán a los asuntos señalados en la revisión.
 10.Si no se celebra el acuerdo modificativo a que se hace referencia en el apartado 9 en el plazo de un año desde la fecha en que las Partes hayan iniciado las negociaciones, cualquiera de las Partes podrá notificar la terminación del epígrafe primero [Comercio] o cualquier otro epígrafe del Acuerdo que se haya añadido a la revisión, o las Partes podrán decidir continuar las negociaciones. Si una Parte pone término al epígrafe primero [Comercio], el epígrafe tercero [Transporte por carretera] terminará en la misma fecha. La terminación surtirá efecto tres meses después de la fecha de dicha notificación.
 11.Si el epígrafe primero [Comercio] llega a su término con arreglo a lo dispuesto en el apartado 10, el epígrafe segundo [Aviación] terminará en la misma fecha, salvo que las Partes acuerden integrar las partes pertinentes del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y justa y el desarrollo sostenible] del epígrafe segundo [Aviación].
 12.El título I [Solución de diferencias] del epígrafe sexto [Solución de diferencias y disposiciones horizontales] no se aplica a los apartados 4 a 9.
 Título XII: Excepciones
 Artículo EXC.1: Excepciones generales
 a)Nada de lo dispuesto en el capítulo uno [Trato nacional y acceso de las mercancías a los mercados], el capítulo cinco del título I del epígrafe primero de la segunda parte [Aduanas y facilitación del comercio], el título VIII del epígrafe primero de la segunda parte [Energía y materias primas], el capítulo cuatro del título XI del epígrafe primero de la segunda parte [Empresas públicas], el título III del epígrafe primero de la segunda parte [Comercio digital] y el capítulo dos del título II del epígrafe primero de la segunda parte [Liberalización de las inversiones], se entenderá como un impedimento para que una Parte adopte o mantenga medidas compatibles con el artículo XX del GATT de 1994. Con este fin, el artículo XX del GATT de 1994 y sus notas y disposiciones complementarias se incorporan e integran, mutatis mutandis, en el presente Acuerdo.
 b)Sin perjuicio del requisito de que dichas medidas no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta sobre la liberalización de las inversiones o el comercio de servicios, nada de lo dispuesto en el título VIII del epígrafe primero de la segunda parte [Energía y materias primas], el capítulo cuatro del título XI del epígrafe primero de la segunda parte [Empresas públicas], el título III del epígrafe primero de la segunda parte [Comercio digital], el título II del epígrafe primero de la segunda parte [Servicios e inversión] y el título IV del epígrafe primero de la segunda parte [Movimientos de capitales, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia ]se entenderá como un impedimento para que cualquiera de las Partes adopte o ejecute medidas:
 (a)necesarias para proteger la seguridad y la moral públicas, o para mantener el orden público
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 ;
 (b)necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;
 (c)necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, con inclusión de los relativos a:
 (I)la prevención de prácticas engañosas y fraudulentas o los medios para hacer frente a los efectos del incumplimiento de los contratos;
 (II)la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los registros y de las cuentas personales; y
 (III)la seguridad.
 c)Para mayor certeza, las Partes entienden que, en la medida en que dichas medidas pudieran resultar incoherentes con las disposiciones de los mencionados capítulos, secciones o títulos:
 (a)las medidas a que se refiere el artículo XX, letra b), del GATT de 1994 y el apartado 2, letra b), del presente artículo incluyen las medidas medioambientales necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y los animales o para preservar los vegetales;
 (b)el artículo XX, letra g), del GATT de 1994, se aplica a las medidas para la conservación de los recursos naturales vivos y no vivos no renovables; y
 (c)las medidas adoptadas para aplicar acuerdos medioambientales multilaterales pueden incluirse en el artículo XX, letras b) o g), del GATT de 1994 o en el apartado 2, letra b), del presente artículo.
 d)Antes de que una Parte adopte las medidas previstas en el artículo XX, letras i) y j), del GATT de 1994, dicha Parte facilitará a la otra Parte toda la información pertinente, con vistas a encontrar una solución aceptable para ambas Partes. Si no se alcanza un acuerdo a los treinta días de haber facilitado la información, la Parte podrá aplicar las medidas pertinentes. Cuando concurran circunstancias excepcionales y críticas que exijan una reacción inmediata que haga imposible la información o el examen previos, la Parte que tenga intención de adoptar las medidas podrá aplicar de inmediato las medidas preventivas necesarias para hacer frente a la situación. Dicha Parte informará inmediatamente de ello a la otra Parte.
 Artículo EXC.2: Fiscalidad
 1.
 Nada de lo dispuesto en los títulos I a VII, el capítulo cuatro [Energía y materias primas] del título VIII, los títulos IX a XII del epígrafe primero de la segunda parte o el epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte afectará a los derechos y obligaciones de la Unión o de sus Estados miembros y del Reino Unido, recogidos en cualquier convenio fiscal. En caso de incompatibilidad entre el presente Acuerdo y un acuerdo fiscal, prevalecerán las disposiciones del acuerdo fiscal por lo que respecta a la incompatibilidad. Respecto a un convenio fiscal celebrado entre la Unión o sus Estados miembros y el Reino Unido, las autoridades competentes pertinentes en virtud del presente Acuerdo y de dicho convenio fiscal determinarán conjuntamente si existe alguna incompatibilidad entre el presente Acuerdo y dicho convenio fiscal
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 .
 2.
 El artículo SERVIN.2.4 del capítulo dos del título II del epígrafe uno de la segunda parte [Liberalización de las inversiones] y el artículo SERVIN.3.4 del capítulo tres del título II del epígrafe uno de la segunda parte [Comercio transfronterizo de servicios] no se aplicarán a ninguna ventaja acordada con arreglo a un convenio fiscal.
 3.
 Siempre y cuando las medidas fiscales no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países en situaciones en las que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta al comercio y la inversión, nada de lo dispuesto en los títulos I a VII, el capítulo cuatro [Energía y materias primas] del título VIII, los títulos IX a XII del epígrafe primero de la segunda parte o el epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte se entenderá como un impedimento para que alguna de las Partes adopte, mantenga o ejecute cualquier medida:
 (a)destinada a garantizar la imposición o recaudación equitativas o efectivas
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 de impuestos directos; o
 (b)que establezca una distinción entre contribuyentes que no se encuentren en la misma situación, en particular por lo que respecta a su lugar de residencia o al lugar de inversión de su capital.
 4.
 A efectos del presente artículo:
 (a)«residencia»: la residencia a efectos fiscales;
 (b)«convenio fiscal»: un convenio destinado a evitar la doble imposición o cualquier otro acuerdo o arreglo internacional relativo total o principalmente a la fiscalidad; y
 (c)«impuestos directos»: todos los impuestos sobre los ingresos o el capital, incluidos los impuestos sobre los beneficios por enajenación de bienes, los impuestos de sucesiones, herencias y donaciones y los impuestos sobre los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre plusvalías.
 Artículo EXC.3: Exenciones de la OMC
 Si una obligación contenida en los títulos I a XII del epígrafe primero de la segunda parte o en el epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte del presente Acuerdo es sustancialmente equivalente a una obligación contenida en el Acuerdo de la OMC, cualquier medida tomada de conformidad con una exención adoptada con arreglo al artículo IX del Acuerdo de la OMC se considerará conforme a la disposición sustancialmente equivalente del presente Acuerdo.
 Artículo EXC.4: Excepciones de seguridad
 Nada de lo dispuesto en los títulos I a XII del epígrafe primero de la segunda parte o en el epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte del presente Acuerdo se entenderá de forma que:
 (a)exija a una Parte la obligación de suministrar o dar acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad; o
 (b)impida a una Parte la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad:
 (I)relativas a la producción o al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a toda producción, comercio y transacciones de otros artículos y materiales, servicios y tecnología, así como actividades económicas, realizados directa o indirectamente para asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas o de seguridad;
 (II)en relación con materiales fisionables y fusionables o los materiales de los que estos se derivan; o
 (III)en tiempos de guerra o de otras emergencias en el contexto de las relaciones internacionales; o
 (c)impida a una Parte la adopción de medidas en cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
 Artículo EXC.5: Información confidencial
 1.
 Nada de lo dispuesto en los títulos I a X, el título XI, con excepción del artículo LPFS.2.26 [Normas de fiscalidad] del título XI, y el título XII del epígrafe primero de la segunda parte o el epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte del presente Acuerdo se entenderá de manera que exija a una Parte la obligación de suministrar o dar acceso a información confidencial cuya divulgación podría impedir la ejecución de la ley, o ser de otro modo contraria al interés público, o que pudiera perjudicar los intereses comerciales legítimos de empresas concretas, públicas o privadas, excepto cuando un tribunal de arbitraje requiera dicha información confidencial en procedimientos de solución de diferencias con arreglo al título I [Solución de diferencias] de la sexta parte, o cuando un grupo de expertos requiera dicha información confidencial en el marco de procedimientos con arreglo al artículo LPFS.9.2 [Grupo de expertos] o el artículo LPFS.9.3 [Grupo de expertos en ámbitos de no regresión]. En tales casos, el tribunal de arbitraje o, en su caso, el grupo de expertos se asegurará de que se protege totalmente la confidencialidad de conformidad con el anexo INST-X [Normas de procedimiento].
 2.
 Cuando una Parte comunique al Consejo de Asociación o a los comités información que considere confidencial en virtud de sus leyes y reglamentos, la otra Parte tratará dicha información como confidencial, a menos que la Parte que la presenta acuerde otra cosa.
 EPÍGRAFE SEGUNDO: AVIACIÓN
 Título I: Transporte aéreo
 Artículo AIRTRN.1: Definiciones
 A efectos del presente título, serán de aplicación las definiciones siguientes:
 a)
 «compañía aérea»: toda empresa de transporte aéreo titular de una licencia de explotación válida o su equivalente;
 b)
 «compañía aérea de la Unión»: compañía aérea que cumple las condiciones establecidas en el artículo AIRTRN.6 [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos], apartado 1, letra b);
 c)
 «compañía aérea del Reino Unido»: una compañía aérea que cumple las condiciones establecidas en el artículo AIRTRN.6 [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos], apartados 1 o 2, letra a);
 d)
 «servicios de navegación aérea»: servicios de tránsito aéreo, servicios de comunicación, navegación y supervisión, servicios meteorológicos para la navegación aérea y servicios de información aeronáutica;
 e)
 «certificado de operador aéreo»: un documento expedido a una compañía aérea que acredita que posee la capacidad profesional y la organización necesarias para garantizar la operación de aeronaves con seguridad en lo que se refiere a las actividades de transporte aéreo especificadas en el certificado;
 f)
 «gestión del tránsito aéreo»: la agrupación de las funciones embarcadas y de tierra (servicios de tránsito aéreo, gestión del espacio aéreo y gestión de afluencia del tránsito aéreo) necesarias para garantizar un movimiento seguro y eficaz de las aeronaves en todas las fases de la operación;
 g)
 «transporte aéreo»: transporte a bordo de aeronaves de pasajeros, equipaje, carga y correo, por separado o de forma combinada, ofrecido al público a cambio de una remuneración o por arrendamiento;
 h)
 «resolución sobre la nacionalidad»: constatación de que una compañía aérea que se propone explotar servicios aéreos en virtud del presente título cumple los requisitos del artículo AIRTRN.6 [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos] en cuanto a su propiedad control efectivo y centro de actividad principal;
 i)
 «autoridades competentes»: en el caso del Reino Unido, las autoridades del Reino Unido responsables de las funciones reguladoras y administrativas que incumben al Reino Unido en virtud del presente título; y para la Unión, las autoridades de la Unión y de los Estados miembros responsables de las funciones reguladoras y administrativas que incumben a la Unión en virtud del presente título;
 j)
 «el Convenio»: el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, que incluye:
 i)
 toda enmienda que, habiendo entrado en vigor con arreglo al artículo 94, letra a), del Convenio, haya sido ratificada tanto por el Reino Unido como por el Estado o Estados miembros, según sea pertinente en cada caso; y
 ii)
 todo anexo o enmienda del mismo aprobados de conformidad con el artículo 90 del Convenio, siempre que hayan entrado en vigor tanto en el Reino Unido como en el Estado o Estados miembros, según sea pertinente en cada caso;
 k)
 «discriminación»: toda diferenciación de cualquier tipo sin justificación objetiva en relación con el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los servicios públicos, empleados para la explotación de servicios de transporte aéreo, o con respecto a su trato por parte de las autoridades públicas pertinentes para dichos servicios;
 l)
 «control efectivo»: una relación constituida por derechos, contratos o cualesquiera otros medios que, separados o conjuntamente y tomando en consideración elementos de hecho o de derecho, concedan la posibilidad de ejercer, directa o indirectamente, una influencia decisiva sobre una empresa, en particular mediante:
 i)
 el derecho de utilizar total o parcialmente los activos de una empresa;
 ii)
 derechos o contratos que confieran una influencia decisiva sobre la composición, las votaciones o las decisiones de los órganos de una empresa o que por otros medios confieran una influencia decisiva en la gestión de las actividades de la empresa;
 m)
 «resolución sobre la aptitud»: constatación de que la compañía aérea que se propone explotar servicios aéreos en virtud del presente título tiene una capacidad financiera satisfactoria y unas competencias de gestión adecuadas para explotar dichos servicios y está dispuesta a cumplir las leyes reglamentos y requisitos que rigen su explotación;
 n)
 «coste total»: el coste del servicio prestado, que puede incluir importes apropiados por coste del capital y depreciación de activos, así como costes de mantenimiento, explotación, gestión y administración;
 o)
 «OACI»: la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas.
 p)
 «centro de actividad principal»: la sede principal o el domicilio social de una compañía aérea donde se ejercen las principales funciones financieras y el control operacional, incluida la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad, de dicha compañía aérea;
 q)
 «inspección en rampa»: el examen realizado por la autoridad competente de una Parte o por sus representantes designados a bordo y alrededor de una aeronave de la otra Parte, para verificar tanto la validez de los documentos pertinentes de la aeronave como los de los miembros de su tripulación y el estado aparente de la aeronave y su equipo;
 r)
 «autoasistencia»: la realización de operaciones de asistencia en tierra que una compañía aérea lleva a cabo directamente para sí misma o para otra compañía aérea cuando:
 i)
 una tenga una participación mayoritaria en la otra; o
 ii)
 una misma entidad tenga una participación mayoritaria en cada una de ellas;
 s)
 «servicios de vuelo regular»: servicios de vuelo que se programan y realizan a cambio de una remuneración, de acuerdo con un horario publicado, o que, por su regularidad o frecuencia, constituyan de forma patente una serie sistemática que está abierta a la reserva directa por parte del público; y los vuelos extraordinarios ocasionados por exceso de tráfico de los vuelos regulares;
 t)
 «escala para fines no comerciales»: el aterrizaje para fines ajenos al embarque o desembarque de pasajeros, equipaje, carga o correo en el transporte aéreo;
 u)
 «tarifa»: cualquier tarifa, derecho o tasa aplicados al transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga (excluido el correo), incluida cualquier otra forma de transporte en relación con él, que cobran las compañías aéreas, incluidos sus agentes, así como las condiciones que rigen la disponibilidad de dichas tarifas, tasas o derechos;
 v)
 «tasa de usuario»: una tasa aplicada a las compañías aéreas por la provisión de instalaciones o servicios aeroportuarios, de navegación aérea (incluidos los sobrevuelos) o de seguridad física de la aviación, incluidos los servicios y las instalaciones conexos, o las tasas medioambientales incluidas las tasas relacionadas con el ruido y las tasas para responder a los problemas de calidad del aire en los aeropuertos o en sus inmediaciones;
 Artículo AIRTRN.2: Programación de rutas
 1.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo AIRTRN.3 [Derechos de tráfico], la Unión otorgará al Reino Unido el derecho a que las compañías aéreas del Reino Unido operen, mientras efectúan transporte aéreo, en las siguientes rutas:
 Puntos en el territorio del Reino Unido - Puntos intermedios - Puntos en el territorio de la Unión - Puntos posteriores.
 2.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo AIRTRN.3 [Derechos de tráfico], el Reino Unido otorgará a la Unión el derecho a que las compañías aéreas de la Unión operen, mientras efectúan transporte aéreo, en las siguientes rutas:
 Puntos en el territorio de la Unión - Puntos intermedios - Puntos en el territorio del Reino Unido - Puntos posteriores.
 Artículo AIRTRN.3: Derechos de tráfico
 1.
 Cada una de las Partes otorgará a la otra Parte el derecho a que sus respectivas compañías aéreas, con fines de realizar transporte aéreo en las rutas establecidas en el artículo AIRTRN.2 [Programación de rutas]:
 a)
 vuelen sobre su territorio sin aterrizar;
 b)
 hagan escalas en su territorio a efectos que no sean de tráfico.
 2.
 El Reino Unido gozará del derecho a que sus compañías aéreas hagan escalas en el territorio de la Unión para prestar servicios de transporte aéreo regulares y no regulares entre cualquier punto situado en el territorio del Reino Unido y cualquier punto situado en el territorio de la Unión (derechos de tráfico relativos a las libertades tercera y cuarta).
 3.
 La Unión gozará del derecho a que sus compañías aéreas hagan escalas en el territorio del Reino Unido para prestar servicios de transporte aéreo regulares y no regulares entre cualquier punto situado en el territorio de la Unión y cualquier punto situado en el territorio del Reino Unido (derechos de tráfico relativos a las libertades tercera y cuarta).
 4.
 No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9, los Estados miembros y el Reino Unido podrán, con sujeción a las normas y procedimientos internos de las Partes, celebrar acuerdos bilaterales en virtud de los cuales, con arreglo al presente Acuerdo, se otorguen mutuamente los siguientes derechos:
 a)
 para el Reino Unido, el derecho de sus compañías aéreas a efectuar escalas en el territorio del Estado miembro de que se trate para prestar servicios de transporte aéreo de carga regular y no regular entre puntos situados en el territorio de dicho Estado miembro y puntos situados en un tercer país como parte de un servicio con origen o destino en el territorio del Reino Unido (derecho de tráfico de quinta libertad);
 b)
 para el Estado miembro de que se trate, el derecho de las compañías aéreas de la Unión a efectuar escalas en el territorio del Reino Unido para prestar servicios de transporte aéreo de carga regular y no regular entre puntos situados en el territorio del Reino Unido y puntos situados en un tercer país, como parte de un servicio con origen o destino en el territorio de dicho Estado miembro (derecho de tráfico de quinta libertad).
 5.
 Los derechos mutuamente otorgados en virtud del apartado 4 se regirán por las disposiciones del presente título.
 6.
 Ninguna de las Partes limitará unilateralmente el volumen de tráfico, la capacidad, la frecuencia, la periodicidad, las rutas, el origen o el destino de los servicios de transporte aéreo prestados de conformidad con [los apartados 2, 3 y 4, ni el tipo o tipos de aeronave operados por las compañías aéreas de la otra Parte, excepto si lo exigen razones de tipo aduanero, técnico u operativo, de gestión del tráfico aéreo, de seguridad, de protección del medio ambiente o de salud, y se haga de forma no discriminatoria, o salvo que el presente título disponga otra cosa.
 7.
 Ninguna disposición del presente título podrá entenderse en el sentido de que se otorga a las compañías aéreas del Reino Unido el derecho a admitir a bordo, en el territorio de cualquier Estado miembro de la UE, pasajeros, equipaje, carga o correo con destino a otro punto situado en el territorio de ese Estado miembro o de cualquier otro Estado miembro a cambio de una contraprestación.
 8.
 Ninguna disposición del presente título podrá entenderse en el sentido de que se otorga a las compañías aéreas de la Unión el derecho a admitir a bordo, en el territorio del Reino Unido, pasajeros, equipaje, carga o correo con destino a otro punto situado en el territorio del Reino Unido a cambio de una contraprestación.
 9.
 Sin perjuicio de las normas y procedimientos internos de las Partes, las autoridades competentes del Reino Unido y de los Estados miembros podrán autorizar servicios de transporte aéreo no regulares que excedan de los derechos previstos en el presente artículo, siempre que no constituyan una forma encubierta de servicios regulares, y podrán establecer acuerdos bilaterales sobre los procedimientos que deben seguirse para tramitar las solicitudes de las compañías aéreas y adoptar decisiones al respecto.
 Artículo AIRTRN.4: Acuerdos en materia de código compartido y reserva de capacidad
 1.
 En virtud del artículo AIRTRN.3 [Derechos de tráfico], los servicios de transporte aéreo podrán prestarse mediante acuerdos en materia de reserva de capacidad y de código compartido, de la manera siguiente:
 a)
 una compañía aérea del Reino Unido podrá actuar como compañía encargada de la comercialización con cualquier compañía operadora que sea una compañía aérea de la Unión o una compañía aérea del Reino Unido, o con cualquier compañía operadora de un tercer país que, con arreglo al Derecho de la Unión o, en su caso, al Derecho del Estado miembro o de los Estados miembros afectados, goce de los derechos de tráfico necesarios, así como del derecho a que sus compañías aéreas ejerzan dichos derechos en virtud del acuerdo en cuestión;
 b)
 una compañía aérea de la Unión podrá actuar como compañía encargada de la comercialización con cualquier compañía operadora que sea una compañía aérea de la Unión o una compañía aérea del Reino Unido, o con cualquier compañía operadora de un tercer país que, con arreglo al Derecho del Reino Unido, goce de los derechos de tráfico necesarios, así como del derecho a que sus compañías aéreas ejerzan dichos derechos en virtud del acuerdo en cuestión;
 c)
 una compañía aérea del Reino Unido podrá actuar como compañía operadora con cualquier compañía encargada de la comercialización que sea una compañía aérea de la Unión o una compañía aérea del Reino Unido, o con cualquier compañía encargada de la comercialización de un tercer país que, con arreglo al Derecho de la Unión o, en su caso, al Derecho del Estado miembro o de los Estados miembros afectados, goce de los derechos necesarios para llevar a cabo el acuerdo en cuestión;
 d)
 una compañía aérea de la Unión podrá actuar como compañía operadora con cualquier compañía encargada de la comercialización que sea una compañía aérea del Reino Unido, o con cualquier compañía encargada de la comercialización de un tercer país que, con arreglo al Derecho del Reino Unido, goce de los derechos necesarios para llevar a cabo el acuerdo en cuestión;
 e)
 en el contexto de los acuerdos previstos en las letras a) a d), una compañía aérea de una Parte podrá actuar como compañía encargada de la comercialización en el marco de un acuerdo en materia de reserva de capacidad o código compartido, en servicios entre cualquier par de puntos, cuyo origen y destino estén situados en el territorio de la otra Parte siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
 i)
 las condiciones establecidas en la letra a) o b), según proceda, en lo que respecta a la compañía operadora; y
 ii)
 el servicio de transporte en cuestión forme parte del transporte que la compañía encargada de la comercialización realiza entre un punto en el territorio de su Parte y un punto de destino en el territorio de la otra Parte.
 2.
 Una compañía aérea de una Parte podrá actuar como compañía encargada de la comercialización en el marco de un acuerdo en materia de reserva de capacidad o código compartido, en servicios entre cualquier par de puntos situados uno en el territorio de la otra Parte y el otro en el de un tercer país, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
 a)
 las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a) o b), según el caso, en lo que respecta a la compañía operadora; y
 b)
 el servicio de transporte en cuestión forma parte del transporte que la compañía encargada de la comercialización realiza entre un punto en el territorio de su Parte y un punto en un tercer país.
 3.
 En lo que respecta a los billetes vendidos que incorporen los acuerdos a que se refiere el presente artículo, en el momento de realizar la reserva se informará al comprador de qué compañía aérea operará cada sector del servicio. Cuando esto no sea posible, o en caso de cambio después de la reserva, se comunicará al pasajero la identidad de la compañía operadora tan pronto como se establezca. En todos los casos, se informará al pasajero de la identidad de la compañía o compañías operadoras en el momento de la facturación, o antes del embarque cuando no se requiera facturar para un vuelo de conexión.
 4.
 Las Partes podrán exigir que los acuerdos a que se refiere el presente artículo sean aprobados por sus autoridades competentes con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho artículo, así como de los requisitos previstos en el presente Acuerdo, en particular en lo que se refiere a la competencia leal, la seguridad y la protección.
 5.
 En ningún caso el recurso a acuerdos en materia de código compartido o de reserva de capacidad dará lugar a que las compañías aéreas de las Partes ejerzan derechos de tráfico sobre la base de este Acuerdo distintos de los previstos en el artículo AIRTRN.3 [Derechos de tráfico].
 Artículo AIRTRN.5: Flexibilidad de explotación
 Los derechos mutuamente otorgados por las Partes en virtud del artículo AIRTRN.3 [Derechos de tráfico], apartados 2, 3 y 4, incluirán, dentro de los límites establecidos en el mismo, todas las prerrogativas siguientes:
 a)
 realizar vuelos en una sola dirección o en ambas;
 b)
 combinar distintos números de vuelo en una operación de una aeronave;
 c)
 servir puntos en la ruta programada en cualquier orden y combinación;
 d)
 transferir tráfico entre aeronaves de la misma compañía aérea en cualquier punto (cambio de capacidad operacional);
 e)
 llevar tráfico de escala a través de cualquier punto, ya sea dentro o fuera del territorio de cualquiera de las Partes;
 f)
 llevar tráfico de tránsito a través del territorio de la otra Parte;
 g)
 combinar tráfico en la misma aeronave con independencia del origen de dicho tráfico;
 h)
 prestar servicio a más de un punto en un mismo servicio (coterminación).
 Artículo AIRTRN.6: Autorizaciones de explotación y permisos técnicos
 1.
 Cuando una Parte reciba, en la forma y manera prescritas, una solicitud de autorización de explotación de una compañía aérea de la otra Parte para prestar los servicios de transporte aéreo previstos en el presente título, concederá las autorizaciones y los permisos técnicos adecuados en un plazo de tramitación lo más breve posible, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
 a)
 En el caso de una compañía aérea del Reino Unido:
 i)
 la compañía aérea es propiedad, directamente o por participación mayoritaria, y se encuentre efectivamente bajo del control del Reino Unido, de sus nacionales o de ambos;
 ii)
 la compañía aérea tiene su centro de actividad principal en el territorio del Reino Unido y es titular de una licencia de explotación válida con arreglo a la legislación del Reino Unido; y
 iii)
 la compañía aérea posee un certificado de operador aéreo expedido por la autoridad competente del Reino Unido, que deberá estar claramente identificada, y dicha autoridad ejerce y mantiene el control reglamentario efectivo de la compañía aérea.
 b)
 En el caso de una compañía aérea de la Unión:
 i)
 la compañía aérea es propiedad, directamente o por participación mayoritaria, y se encuentra efectivamente bajo el control de uno o más Estados miembros, de otros Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, de Suiza, de sus nacionales o de una combinación de ellos;
 ii)
 la compañía aérea tiene su centro de actividad principal en la Unión y es titular de una licencia de explotación válida con arreglo al Derecho de la Unión; y
 iii)
 la compañía aérea posee un certificado de operador aéreo expedido por la autoridad competente de la Unión o de un Estado miembro, que deberá estar claramente identificada, y dicha autoridad ejerce y mantiene un control reglamentario efectivo de la compañía aérea;
 c)
 Se cumplen los artículos AIRTRN.18 [Seguridad aérea] y AIRTRN.19 [Seguridad física de la aviación], y
 d)
 La compañía aérea cumple los requisitos prescritos por las leyes y reglamentaciones aplicadas normalmente a la operación del transporte aéreo internacional por la Parte que considere la solicitud o solicitudes.
 2.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), inciso i), las autorizaciones y permisos de explotación correspondientes se concederán a las compañías aéreas del Reino Unido siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
 a)
 se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), y letras c) y d);
 b)
 la compañía aérea sea propiedad, directamente o mediante participación mayoritaria, y esté efectivamente controlada por uno o varios Estados miembros, por otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, por Suiza, por nacionales de dichos Estados o por una combinación de estos, ya sea solos o junto con el Reino Unido o nacionales del Reino Unido;
 c)
 el día en que terminó el período transitorio la compañía aérea era titular de una licencia de explotación válida de conformidad con el Derecho de la Unión.
 3.
 A efectos de los apartados 1 y 2, la prueba de un control reglamentario efectivo incluye, entre otras cosas, que:
 a)
 la compañía aérea en cuestión sea titular de una licencia o permiso de explotación válido expedido por la autoridad competente y cumpla los criterios de la Parte que expida la licencia o permiso para la explotación de servicios aéreos internacionales; y
 b)
 y esa Parte tenga y mantenga programas de supervisión de la protección y la seguridad aéreas, de conformidad con las normas de la OACI, destinados a esa compañía aérea.
 4.
 Las Partes, cuando concedan las autorizaciones de explotación y los permisos técnicos, brindarán un trato no discriminatorio a todas las compañías aéreas de la otra Parte.
 5.
 Cuando una Parte reciba una solicitud de autorización de explotación de una compañía aérea de la otra Parte, reconocerá toda resolución dictada por esa otra Parte sobre la aptitud o la nacionalidad de la compañía aérea en cuestión de igual manera que si la resolución hubiera sido dictada por sus propias autoridades competentes y sin llevar a cabo más indagaciones al respecto, salvo por lo dispuesto en el artículo AIRTRN.8, apartado 3 [Denegación, revocación, suspensión o limitación de las autorizaciones de explotación].
 Artículo AIRTRN.7: Planes operativos, programas y horarios
 Las Partes podrán exigir la notificación de los planes de explotación, los programas o los horarios correspondientes a los servicios aéreos explotados en virtud del presente título únicamente con fines informativos. Cuando una Parte requiera dicha notificación, deberá minimizar la carga administrativa asociada con los requisitos y procedimientos de su notificación que soportan los intermediarios en el sector del transporte aéreo y las compañías aéreas de la otra Parte.
 Artículo AIRTRN.8: Denegación, revocación, suspensión o limitación de las autorizaciones de explotación
 1.
 La Unión podrá emprender acciones contra una compañía aérea del Reino Unido, de conformidad con los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, en cualquiera de los casos siguientes:
 a)
 en el caso de autorizaciones y permisos concedidos de conformidad con el artículo AIRTRN. 6, [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos], apartado 1, letra a), si no se cumple alguna de las condiciones establecidas;
 b)
 en el caso de autorizaciones y permisos concedidos de conformidad con el artículo AIRTRN. 6, apartado 2 [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos], si no se cumple alguna de las condiciones establecidas;
 c)
 la compañía aérea no ha cumplido las disposiciones legales y reglamentarias mencionadas en el artículo AIRTRN.10 [Observancia de las disposiciones legales y reglamentarias]; o
 d)
 dicha acción es necesaria para prevenir o controlar la propagación de enfermedades o proteger contra ellas, o para proteger de otro modo la salud pública.
 2.
 El Reino Unido podrá emprender acciones contra una compañía aérea de la Unión de conformidad con los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, en cualquiera de los casos siguientes:
 a)
 no se cumple alguna de las condiciones establecidas en el artículo AIRTRN.6 [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos], apartado 1, letra b);
 b)
 si la compañía aérea ha incumplido las disposiciones legales y reglamentarias mencionadas en el artículo AIRTRN.10 [Observancia de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables] del presente título; o
 c)
 dicha acción es necesaria para prevenir o controlar la propagación de enfermedades o proteger contra ellas, o para proteger de otro modo la salud pública.
 3.
 Cuando una Parte tenga motivos razonables para creer que una compañía aérea de la otra Parte se encuentra en alguna de las situaciones establecidas en el apartado 1 o 2, según sea el caso, y que se deben tomar medidas al respecto, dicha Parte notificará por escrito a la otra Parte, lo antes posible, las razones de la denegación, suspensión o limitación prevista de la autorización de explotación o permiso técnico, y solicitará consultas al respecto.
 4.
 Estas consultas se iniciarán lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de consultas. La falta de un acuerdo satisfactorio en un plazo de treinta días desde la fecha del inicio de las consultas o el hecho de no haber adoptado medidas correctoras, se considerará motivo suficiente para que la Parte que solicitó las consultas tome medidas para denegar, revocar, suspender, limitar o imponer condiciones a la autorización de explotación o los permisos técnicos de la compañía o compañías aéreas en cuestión para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos AIRTRN.6 [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos] y AIRTRN.10 [Observancia de las disposiciones legales y reglamentarias]. Cuando se hayan adoptado medidas para denegar, revocar, suspender o limitar la autorización de explotación o los permisos técnicos de una compañía aérea, una Parte podrá recurrir a un arbitraje de acuerdo con el artículo INST.14 [Procedimiento arbitral], sin tener que recurrir previamente a consultas de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas]. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a efectos del artículo INST.19 [Procedimiento urgente]. A petición de una Parte, el tribunal podrá, en espera de su laudo definitivo, ordenar la adopción de medidas provisionales, incluida la modificación o suspensión de las medidas adoptadas por cualquiera de las Partes en virtud del presente artículo.
 5.
 No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, en los casos mencionados en el apartado 1, letras c) y d), y en el apartado 2, letras b) y c), una Parte podrá tomar medidas inmediatas o urgentes cuando una situación de emergencia así lo exija, o para impedir un nuevo incumplimiento. A efectos del presente apartado, el nuevo incumplimiento significa que la cuestión del incumplimiento ya se haya planteado ante las autoridades competentes de las Partes.
 6.
 El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones del título XI [Condiciones de competencia equitativas para una competencia abierta y leal y el desarrollo sostenible] del epígrafe primero, del artículo AIRTRN 11(4) [No discriminación], del artículo AIRTRN 18, apartados 4, 6 y 8 (8) [Seguridad aérea] y del artículo AIRTRN 19, apartado 12 [Seguridad física de la aviación] y del procedimiento de solución de diferencias establecido en el título I [Solución de diferencias] de la sexta parte o de las medidas que de ella se deriven.
 Artículo AIRTRN.9: Propiedad y control de las compañías aéreas
 Las Partes reconocen los beneficios potenciales de la liberalización progresiva de la propiedad y el control de sus respectivas compañías aéreas. Las Partes convienen en examinar en el Comité Especializado en Transporte Aéreo opciones para la liberalización recíproca de la propiedad y el control de sus compañías aéreas en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo y posteriormente en un plazo de 12 meses tras la recepción de una solicitud al respecto presentada por una de las Partes. Como resultado de este examen, las Partes podrán decidir modificar el presente título.
 Artículo AIRTRN.10: Observancia de las disposiciones legales y reglamentarias
 1.
 Al entrar o salir del territorio de una Parte y mientras permanezcan en él, las compañías aéreas de la otra Parte deberán cumplir las leyes y reglamentos vigentes en dicho territorio en materia de entrada y salida de aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional, así como de explotación de dichas aeronaves.
 2.
 Al entrar o salir del territorio de una Parte, y mientras permanezcan en él, los pasajeros, la tripulación, el equipaje, la carga y el correo transportados por la compañía aérea de la otra Parte estarán sujetos a las leyes y regulaciones vigentes en dicho territorio en materia de entrada y salida, así como de explotación (incluida la normativa sobre entrada, despacho, inmigración, pasaportes, aduana y cuarentena y, en el caso del correo, la regulación postal).
 3.
 Ambas Partes, en sus respectivos territorios, autorizarán a las compañías aéreas de la otra Parte a adoptar medidas adecuadas para garantizar que solo se transporta a personas en posesión de los documentos de viaje exigidos para la entrada en su territorio o el tránsito por él.
 AIRTRN.11: No discriminación
 1.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el título XI [Condiciones de competencia equitativas para una competencia abierta y leal y el desarrollo sostenible] del epígrafe primero, las Partes eliminarán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, todas las formas de discriminación que afecten negativamente a la igualdad de oportunidades de las compañías aéreas de la otra Parte para competir en el ejercicio de los derechos previstos en el presente título.
 2.
 Una Parte (la «Parte iniciadora») podrá proceder de conformidad con los apartados 3 a 6 cuando considere que la discriminación prohibida por el apartado 1 afecta negativamente a la igualdad de oportunidades de sus compañías aéreas para competir en el ejercicio de los derechos previstos en el presente título.
 3.
 La Parte iniciadora presentará por escrito una solicitud de consultas a la otra Parte (la «Parte requerida»). Las consultas se iniciarán en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, salvo que las Partes acuerden otra cosa.
 4.
 Si la Parte iniciadora y la Parte requerida no llegan a un acuerdo sobre el asunto en el plazo de 60 días a partir de la recepción de la solicitud de consultas mencionada en el apartado 3, la Parte iniciadora podrá adoptar medidas contra la totalidad o parte de las compañías aéreas que se hayan beneficiado de una discriminación prohibida por el apartado 1, incluidas las medidas para denegar, revocar, suspender, imponer condiciones o limitar las autorizaciones de explotación o los permisos técnicos de las compañías aéreas afectadas.
 5.
 Las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 4serán adecuadas, proporcionadas y limitadas en su alcance y duración a lo estrictamente necesario para mitigar el perjuicio sufrido por las compañías aéreas de la Parte iniciadora y eliminar la ventaja indebida obtenida por las compañías aéreas contra las que se dirigen.
 6.
 Cuando las consultas no hayan resuelto la cuestión o se hayan adoptado medidas con arreglo al apartado 4, una Parte podrá recurrir a un arbitraje de acuerdo con el artículo INST.14 [Procedimiento arbitral], sin tener que recurrir previamente a consultas de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas]. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a efectos del artículo INST.19 [Procedimiento urgente]. A petición de una Parte, el tribunal podrá, en espera de su laudo definitivo, ordenar la adopción de medidas provisionales, incluida la modificación o suspensión de las medidas adoptadas por cualquiera de las Partes en virtud del presente artículo.
 7. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las Partes no actuarán con arreglo a los apartados 3 a 6 en relación con las conductas incluidas en el ámbito de aplicación del título XI [Condiciones de competencia equitativas para una competencia abierta y leal y el desarrollo sostenible] del epígrafe primero.
 Artículo AIRTRN.12: Actividad empresarial
 1.
 Las Partes coinciden en que los obstáculos empresariales a que se enfrentan las compañías aéreas podrían suponer un menoscabo de los posibles beneficios del presente título. Las Partes acuerdan cooperar para eliminar los obstáculos empresariales impuestos a las compañías aéreas de ambas Partes cuando dichos obstáculos puedan suponer un menoscabo de las operaciones empresariales, distorsionar la competencia o afectar a la igualdad de condiciones para competir.
 2.
 El Comité Especializado en Transporte Aéreo supervisará los avances registrados en la resolución eficaz de las cuestiones relacionadas con los obstáculos a que se enfrentan las compañías aéreas para realizar actividades empresariales.
 Artículo AIRTRN.13: Operaciones comerciales
 1.
 Las Partes se concederán mutuamente los derechos establecidos en los apartados 2 a 7. A efectos del ejercicio de esos derechos, las compañías aéreas de cada una de las Partes no estarán obligadas a mantener un patrocinador local.
 2.
 Por lo que se refiere a los representantes de las compañías aéreas:
 a)
 se permitirá, sin restricción ni discriminación, el establecimiento de oficinas e instalaciones por parte de las compañías aéreas de una Parte en el territorio de la otra Parte, cuando sea necesario para prestar servicios de conformidad con el presente título;
 b)
 sin perjuicio de la normativa sobre seguridad y protección, cuando dichas oficinas e instalaciones estén situadas en un aeropuerto, podrán estar sujetas a limitaciones por motivos de disponibilidad de espacio;
 c)
 cada Parte, de conformidad con sus leyes y reglamentos en materia de entrada, residencia y empleo, autorizará a las compañías aéreas de la otra Parte a introducir y mantener en el territorio de la Parte autorizante, personal de gestión y ventas, así como personal técnico, operativo y de otras especialidades, según sea necesario para la prestación de servicios de transporte aéreo en virtud del presente título. Cuando se requieran permisos de trabajo para el personal mencionado en el presente apartado, incluido el que desempeña determinadas funciones temporales, las Partes tramitarán las solicitudes de dichos permisos a la mayor brevedad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
 3.
 En lo que respecta a la asistencia en tierra:
 a)
 cada Parte permitirá que las compañías aéreas de la otra Parte practiquen la autoasistencia en su territorio sin otras restricciones que las que se basen en consideraciones de seguridad o protección, o que se deriven de limitaciones físicas u operativas;
 b)
 ninguna Parte impondrá a las compañías aéreas de la otra Parte la elección de uno o más proveedores de servicios de asistencia en tierra entre los que estén presentes en el mercado de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte donde se prestan los servicios;
 c)
 sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), cuando las disposiciones legales y reglamentarias de una Parte limiten o restrinjan de alguna manera la libre competencia entre proveedores de servicios de asistencia en tierra, dicha Parte se asegurará de que las compañías aéreas de la otra Parte disponen de todos los servicios de asistencia en tierra necesarios y que dichos servicios se prestan en condiciones no menos favorables que las que se ofrecen a cualquier otra compañía aérea.
 4.
 En lo que respecta a la asignación de franjas horarias en los aeropuertos, cada una de las Partes garantizará que sus reglamentos, directrices y procedimientos para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos de su territorio se apliquen de forma transparente, eficaz, no discriminatoria y oportuna.
 5.
 En lo que respecta a los gastos locales y la transferencia de fondos e ingresos:
 a)
 las disposiciones del título IV [Movimientos de capitales, pagos, transferencias y medidas temporales de salvaguardia] del epígrafe primero serán aplicables a las cuestiones reguladas por el presente título, sin perjuicio del artículo AIRTRN.6 [Autorizaciones de explotación y permisos técnicos];
 b)
 las Partes se concederán mutuamente las ventajas establecidas en las letras c) a e);
 c)
 la compra y venta de servicios de transporte y servicios conexos por parte de las compañías aéreas de las Partes podrá denominarse, a discreción de la compañía aérea, en libras esterlinas si la compra o venta tiene lugar en el territorio del Reino Unido, o, si la compra o venta tiene lugar en el territorio de un Estado miembro, en la moneda de ese Estado miembro;
 d)
 las compañías aéreas de cada una de las Partes podrán abonar los gastos locales en moneda local, a su discreción;
 e)
 se permitirá a las compañías aéreas de cada una de las Partes, previa solicitud, remitir al país de su elección, en cualquier momento y de cualquier forma, los ingresos obtenidos en el territorio de la otra Parte por la venta de servicios de transporte aéreo y actividades conexas directamente vinculadas al transporte aéreo en exceso de las sumas desembolsadas localmente. La conversión y la transferencia se autorizarán sin restricciones y sin aplicar ningún régimen de tributación, al tipo de cambio de mercado aplicable a las operaciones y transferencias corrientes en la fecha en que la compañía aérea presente la solicitud inicial de transferencia de fondos, y no estarán sujetas al pago de tasa alguna, excepto las que los bancos suelan cobrar por realizar este tipo de conversiones y transferencias.
 6.
 En lo que respectas al transporte intermodal:
 a)
 en relación con el transporte de pasajeros, las Partes no estarán sujetas a la normativa que regula el transporte aéreo por el solo hecho de que una compañía aérea ofrezca en su propio nombre dicho transporte de superficie;
 b)
 no obstante cualquier condición y cualificación establecidas en el título II [SERVICIOS E INVERSIONES] del epígrafe primero y en sus anexos, así como en el título I [Transporte de bienes por carretera] del epígrafe tercero y sus anexos, se permitirá a las compañías aéreas de las Partes utilizar sin restricciones, en relación con el transporte aéreo internacional, cualquier transporte de carga de superficie con destino u origen en cualquier punto situado en los territorios de las Partes, o de terceros países, incluido el transporte con destino u origen en cualesquiera aeropuertos que dispongan de servicios de aduanas, lo que incluye, en su caso, el derecho a transportar carga en depósito de conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables. Dicha carga, con independencia de si es transportada por superficie o aire, podrá acceder a las instalaciones y someterse a los trámites aduaneros de los aeropuertos. Las compañías aéreas podrán efectuar su propio transporte de superficie o bien concertar acuerdos, incluido el código compartido, con otros proveedores de transporte de superficie, incluso si este transporte de superficie es explotado por otras compañías aéreas o por proveedores indirectos de servicios de transporte aéreo de carga. Estos servicios intermodales de carga podrán ofrecerse mediante un servicio y a un precio total que englobe el transporte aéreo y de superficie combinados, siempre que los expedidores estén informados de quiénes son los proveedores del transporte de que se trate.
 7.
 En lo que respecta al arrendamiento:
 a)
 Las Partes se concederán mutuamente el derecho a que sus compañías aéreas presten servicios de transporte aéreo de conformidad con el artículo AIRTRN.3 [Derechos de tráfico] de todas las maneras siguientes:
 i)
 aeronaves sin tripulación arrendadas a cualquier arrendador;
 ii)
 en el caso de las compañías aéreas del Reino Unido, utilizando aeronaves con tripulación arrendadas a otras compañías aéreas de las Partes;
 iii)
 en el caso de las compañías aéreas de la Unión, utilizando aeronaves con tripulación arrendadas a otras compañías aéreas de la Unión;
 iv)
 utilizando aeronaves con tripulación arrendadas a compañías aéreas distintas de las indicadas en los puntos ii) y iii), respectivamente, siempre que el arrendamiento esté justificado por necesidades excepcionales, necesidades de capacidad estacionales o dificultades operativas del arrendatario, y que el arrendamiento no exceda de la duración estrictamente necesaria para satisfacer esas necesidades o superar esas dificultades.
 b)
 Las Partes podrán exigir que los acuerdos de arrendamiento sean aprobados por sus autoridades competentes a efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente apartado y los requisitos de seguridad y protección aplicables.
 c)
 Sin embargo, cuando una Parte exija tal aprobación, procurará agilizar los procedimientos de aprobación y minimizar la carga administrativa de las compañías afectadas.
 d)
 Las disposiciones del presente apartado se entenderán sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias de una Parte relativas al arrendamiento de aeronaves por parte de compañías aéreas de esa Parte.
 Artículo AIRTRN.14: Disposiciones fiscales
 1.
 A su llegada al territorio de una Parte, las aeronaves operadas en transporte aéreo internacional por las compañías aéreas de la otra Parte , su equipo habitual, combustible, lubricantes, suministros técnicos consumibles, equipo de tierra, piezas de repuesto (incluidos motores), suministros para la aeronave (incluidos, entre otros, alimentos, bebidas y bebidas alcohólicas, tabaco y otros productos destinados a la venta a los pasajeros o al consumo por estos en cantidades limitadas durante el vuelo), y otros objetos destinados o utilizados exclusivamente en relación con el funcionamiento o mantenimiento de las aeronaves utilizadas en transporte aéreo internacional, estarán exentos, sobre una base de reciprocidad y siempre que dichos equipos y suministros permanezcan a bordo de la aeronave, de toda restricción a la importación, impuestos sobre la propiedad y el capital, derechos de aduana, impuestos especiales, tasas de inspección, impuesto sobre el valor añadido u otros impuestos indirectos similares, y tasas y gravámenes similares aplicados por las autoridades nacionales o locales, o de la Unión.
 2.
 Los siguientes bienes estarán también exentos, sobre una base de reciprocidad, de las tasas, impuestos, derechos, gravámenes y cargas a que se refiere el apartado 1:
 a)
 los suministros introducidos, o entregados y embarcados en el territorio de una Parte, dentro de límites razonables, para ser usados durante el viaje de salida en aeronaves de una compañía aérea de la otra Parte utilizada en el servicio de transporte aéreo internacional, aun cuando dichos suministros se vayan a utilizar en un segmento del viaje que sobrevuele el citado territorio;
 b)
 el equipo de tierra y las piezas de repuesto (incluidos motores) introducidos en el territorio de una Parte para el servicio, mantenimiento o reparación de una aeronave de una compañía aérea de la otra Parte empleada en el transporte aéreo internacional;
 c)
 los lubricantes y los suministros técnicos consumibles distintos del combustible] introducidos o entregados en el territorio de una Parte para ser usados en aeronaves de una compañía aérea de la otra Parte utilizada en el transporte aéreo internacional, aun cuando dichos suministros se vayan a utilizar en un segmento del viaje que sobrevuele el citado territorio; y
 d)
 el material impreso, de conformidad con la legislación sobre aduanas de cada Parte, introducido o entregado en el territorio de una Parte y embarcado para ser usado durante el viaje de salida en una aeronave de una compañía aérea de la otra Parte empleada en el transporte aéreo internacional, aun cuando dichos suministros se vayan a utilizar en un segmento del viaje que sobrevuele el citado territorio.
 3.
 El equipo de a bordo normal, así como los materiales, suministros y piezas de repuesto que se mencionan en el apartado 1, normalmente conservados a bordo de las aeronaves empleadas por una compañía aérea de una Parte, solo podrán descargarse en el territorio de la otra Parte con autorización de las autoridades aduaneras de dicho territorio. En tal caso podrá ser necesario ponerlos bajo la supervisión o el control de dichas autoridades hasta que sean reexportados o vendidos de cualquier otro modo de conformidad con la normativa aplicable.
 4.
 Las exenciones de los derechos de aduana, impuestos nacionales especiales y tasas nacionales similares previstas en el presente artículo se concederán también cuando la compañía aérea o las compañías aéreas de una Parte hayan contratado con otra compañía o compañías aéreas el préstamo o cesión en el territorio de la otra Parte de los elementos mencionados en los apartados 1 y 2, siempre que la otra compañía o compañías aéreas gocen también de dichas exenciones con respecto a la otra Parte.
 5.
 Nada de lo dispuesto en el presente título impedirá a las Partes imponer derechos, impuestos o gravámenes a los bienes vendidos para fines distintos del consumo a bordo por los pasajeros durante un segmento del servicio aéreo situado entre dos puntos de su territorio en que se permita el embarque o desembarque.
 6.
 El equipaje y la carga en tránsito directo por el territorio de una Parte estará exento de impuestos, derechos de aduana, tasas y otros gravámenes similares.
 7.
 El equipo y suministros mencionados en el apartado 2 podrán ser sometidos a la vigilancia o control de las autoridades competentes.
 8.
 Las disposiciones de los respectivos convenios en vigor entre el Reino Unido y los Estados miembros destinados a evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio no se verán afectadas por el presente título.
 9.
 La exención de los derechos de aduana, los impuestos especiales nacionales y tasas nacionales similares no se extenderá a las cargas basadas en el coste de los servicios proporcionados a una compañía aérea de una Parte en el territorio de la otra Parte.
 Artículo AIRTRN.15: Tasas de usuario
 1.
 Las tasas de usuario que una Parte pueda imponer a las compañías aéreas de la otra Parte por el uso de servicios de navegación aérea y control del tráfico aéreo estarán relacionadas con el coste y no serán discriminatorias. En cualquier caso, toda tasa de usuario que vaya a aplicarse en una Parte a las compañías aéreas de la otra Parte se calculará de forma que en ningún caso sus condiciones resulten menos favorables que las condiciones más favorables de que pueda gozar cualquier otra compañía aérea en el momento de su cálculo.
 2.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo AIRTRN.13 [Operaciones comerciales], apartado 5, cada Parte velará por que las tasas de usuario distintas de las mencionadas en el apartado 1 que puedan imponerse a las compañías aéreas de la otra Parte sean justas y razonables, no discriminen injustamente y se repartan equitativamente entre las categorías de usuarios. Las tasas de usuario impuestas a las compañías aéreas de la otra Parte podrán reflejar, pero no exceder, el coste íntegro que suponga la provisión de las instalaciones y prestación de servicios relacionados con el aeropuerto, el medio ambiente aeroportuario y la seguridad física de la aviación, tanto en el aeropuerto como en el sistema aeroportuario. Dichas tasas podrán comprender un rendimiento razonable de los activos tras amortización. Los servicios e infraestructuras por los que se cobren tasas de usuario se proveerán en condiciones de eficiencia y economía. En cualquier caso, toda tasa de usuario que vaya a aplicarse a las compañías aéreas de la otra Parte se calculará de forma que en ningún caso sus condiciones resulten menos favorables que las condiciones más favorables de que pueda gozar cualquier otra compañía aérea en el momento de su cálculo.
 3.
 A fin de garantizar la correcta aplicación de los principios establecidos en los apartados 1 y 2, cada una de las Partes se asegurará de que se celebran consultas entre las autoridades u organismos competentes en materia de aplicación de tasas en su territorio y las compañías aéreas que utilicen los correspondientes servicios e instalaciones y de que las autoridades u organismos competentes en materia de aplicación de tasas y las compañías aéreas intercambien dicha información en la medida de lo necesario. Las Partes se asegurarán de que las autoridades competentes en materia de aplicación de tasas notifiquen a los usuarios con suficiente antelación cualquier propuesta de modificación de dichas tasas, a fin de permitir que estos expresen su opinión antes de que se efectúe el cambio.
 Artículo AIRTRN.16: Tarifas
 1.
 Las Partes permitirán que las compañías aéreas de las Partes establezcan libremente las tarifas sobre la base de una competencia justa de conformidad con el presente título.
 2.
 Las partes no someterán las tarifas de sus respectivas compañías aéreas a aprobación.
 Artículo AIRTRN.17: Estadísticas
 1.
 Las Partes cooperarán en el marco del Comité Especializado en Transporte Aéreo para facilitar el intercambio de información estadística relativa al transporte aéreo en el marco del presente título.
 2.
 Previa solicitud, cada una de las Partes facilitará a la otra los datos estadísticos disponibles, que no sean confidenciales ni sensibles desde un punto de vista comercial, acerca del transporte aéreo en el marco del presente título, de conformidad con lo exigido por las disposiciones legales y reglamentarias de las Partes, de manera no discriminatoria y dentro de lo que pueda requerirse razonablemente.
 Artículo AIRTRN.18: Seguridad aérea
 1.
 Las Partes reafirman la importancia de una cooperación estrecha en el ámbito de la seguridad aérea.
 2.
 Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de aptitud y las licencias expedidos o validados por una Parte y que sigan en vigor serán reconocidos como válidos por la otra Parte y sus autoridades de aviación a efectos de la explotación de servicios de transporte aéreo con arreglo al presente título, a condición de que dichos certificados o licencias hayan sido expedidos o validados, como mínimo, en virtud y con observancia de las normas internacionales pertinentes establecidas en el marco del Convenio.
 3.
 Cada una de las Partes podrá solicitar en cualquier momento la celebración de consultas en relación con las normas de seguridad mantenidas y aplicadas por la otra Parte en ámbitos relacionados con las instalaciones aeronáuticas, las tripulaciones, las aeronaves y su funcionamiento. Dichas consultas se celebrarán en un plazo de treinta días a partir de la presentación de la solicitud.
 4.
 Si, celebradas dichas consultas, una Parte concluye que la otra Parte no mantiene y aplica eficazmente normas de seguridad en los ámbitos a que se refiere el apartado 2 que sean, al menos, iguales a las normas mínimas establecidas conforme al Convenio, la primera Parte notificará a la otra Parte dichas conclusiones y los pasos que considere necesarios para ajustarse a dichas normas mínimas, y la otra Parte adoptará las pertinentes medidas correctoras. El hecho de que la otra Parte no adopte las medidas correctoras adecuadas en un plazo de quince días o en otro plazo que pueda acordarse, se considerará motivo suficiente para que la Parte solicitante deniegue, revoque, suspenda, limite o imponga condiciones a las autorizaciones de explotación o permisos técnicos, o bien deniegue, revoque, suspenda, limite o imponga condiciones a las actividades de las compañías aéreas que estén bajo la supervisión de la seguridad de la otra Parte.
 5.
 Cualquier aeronave operada por, o en virtud de un contrato de arrendamiento en nombre de, una compañía aérea o compañías aéreas de una de las Partes podrá, durante su permanencia en el territorio de la otra Parte, ser objeto de una inspección en pista, siempre que ello no provoque un retraso excesivo en la operación de la aeronave.
 6.
 Si una inspección o serie de inspecciones en pista generara:
 a)
 serias dudas sobre si una aeronave o su operación cumplen con las normas mínimas establecidas en ese momento por el Convenio, o
 b)
 serias dudas con respecto a la falta de mantenimiento y administración efectivos de las normas mínimas establecidas en ese momento por el Convenio.
 En el caso de que la Parte que haya realizado la inspección o inspecciones determinara la existencia de serias dudas con arreglo a la letra a) o b), informará de sus conclusiones a las autoridades competentes de la otra Parte responsables de la supervisión de la seguridad de la compañía aérea que explota la aeronave y les informará de los pasos que considere necesarios para cumplir dichas normas mínimas. El hecho de que no se adopten las medidas correctoras adecuadas en un plazo de quince días o en otro plazo que pueda acordarse, se considerará motivo suficiente para que la primera Parte deniegue, revoque, suspenda, limite o imponga condiciones a las autorizaciones de explotación o permisos técnicos, o bien deniegue, revoque, suspenda, limite o imponga condiciones a las actividades de la compañía aérea que opera la aeronave.
 7.
 En el caso de que se deniegue el acceso a una aeronave operada por la compañía o compañías aéreas de una Parte para una inspección en pista de conformidad con el apartado 5, la otra Parte podrá inferir que existen serias dudas similares a las mencionadas en el apartado 6 y podrá proceder conforme a lo dispuesto en dicho apartado.
 8.
 Las Partes se reservan el derecho a denegar, revocar, suspender o limitar las autorizaciones de explotación o los permisos técnicos o bien suspender o limitar las actividades de una compañía o compañías aéreas de la otra Parte de forma inmediata en caso de que la primera Parte concluya, ya sea como resultado de una inspección en pista, de una serie de inspecciones en pista, de la denegación del acceso a una aeronave para realizar una inspección en pista, de una consulta o de otra manera, que es esencial para la seguridad de la operación de la aeronave adoptar medidas inmediatas. La Parte que adopte estas medidas informará sin demora a la otra Parte, aduciendo las razones de su proceder.
 9.
 Cualquier actuación realizada por una Parte de conformidad con los apartados 4, 6 u 8 deberá suspenderse una vez que dejen de existir los motivos que llevaron a su adopción.
 10.
 Cuando una Parte haya adoptado medidas con arreglo a los apartados 4, 6 u 8, en caso de litigio, una Parte podrá recurrir a un arbitraje de acuerdo con el artículo INST.14 [Procedimiento arbitral] del título II de la quinta parte, sin tener que recurrir previamente a consultas de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas]. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a efectos del artículo INST.19 [Procedimiento urgente]. A solicitud de la parte demandante, el tribunal podrá, en espera de su resolución definitiva, ordenar la adopción de medidas cautelares, incluida la modificación o suspensión de las medidas adoptadas por cualquiera de las Partes en virtud del presente artículo.
 Artículo AIRTRN.19: Seguridad física de la aviación
 1.
 Las Partes se prestarán mutuamente, previa solicitud, toda la asistencia necesaria para hacer frente a cualquier amenaza contra la protección de la aviación civil, incluida la prevención de actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y demás actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves y de sus pasajeros y tripulación, los aeropuertos y las instalaciones de navegación aérea, así como cualquier otra amenaza contra la protección de la aviación civil.
 2.
 En sus relaciones mutuas, las Partes actuarán conforme a las normas de seguridad física de la aviación establecidas por la OACI. Ambas partes exigirán que los operadores de aeronaves que figuran en sus registros y los explotadores de aeropuertos situados en su territorio, se ajusten en sus actuaciones a dichas normas de seguridad física de la aviación. Previa solicitud, cada Parte notificará a la otra Parte cualquier diferencia entre sus leyes, reglamentos y prácticas y las normas de seguridad física de la aviación a que se refiere el presente apartado. Las Partes podrán en cualquier momento solicitar que se celebren sin demora consultas con la otra Parte para debatir dichas diferencias.
 3.
 Cada una de las Partes velará por que se adopten medidas efectivas en su territorio para proteger la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita, entre otros, el control de los pasajeros y su equipaje de mano, el control del equipaje facturado, la inspección y el control de seguridad de los individuos que no sean pasajeros, incluida la tripulación, y de los artículos que transporten, la inspección y el control de seguridad de la carga, el correo, las provisiones de a bordo y los suministros de aeropuerto, y el control del acceso a la zona de operaciones y demás zonas restringidas de seguridad. Cada una de las Partes acepta que deberán observarse las disposiciones sobre protección de la otra Parte en lo relativo a la entrada, la operación o la salida de aeronaves en su territorio.
 4.
 Las Partes se esforzarán por cooperar en materia de seguridad física de la aviación en la mayor medida posible, intercambiar información sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos conforme al acuerdo mutuo sobre disposiciones adecuadas para la transferencia, uso, almacenamiento y eliminación seguros de información clasificada, compartir y debatir sobre las mejores prácticas, las normas de rendimiento y detección de equipos de seguridad, las mejores prácticas y resultados en materia de control del cumplimiento y en cualquier otro ámbito que las partes puedan determinar. En particular, las Partes se esforzarán por desarrollar y mantener acuerdos de cooperación entre expertos técnicos sobre el desarrollo y el reconocimiento de normas de seguridad física de la aviación con el fin de facilitar dicha cooperación, reducir la duplicación administrativa y fomentar la notificación temprana y el debate previo de nuevas iniciativas y requisitos en materia de seguridad.
 5.
 Cada una de las Partes pondrá a disposición de la otra Parte, previa solicitud, los resultados de las auditorías realizadas por la OACI y las medidas correctoras adoptadas por el Estado auditado, con arreglo al acuerdo mutuo sobre disposiciones adecuadas para la transferencia, uso, almacenamiento y eliminación seguros de dicha información.
 6.
 Las Partes acuerdan cooperar en inspecciones de protección realizadas por ellas en el territorio de cualesquiera de las Partes mediante el establecimiento de mecanismos, incluidos acuerdos administrativos, para el intercambio de información sobre los resultados de dichas inspecciones de protección. Las Partes acuerdan considerar positivamente las solicitudes de participar, como observadores, en inspecciones de protección realizadas por la otra Parte.
 7.
 De conformidad con el apartado 9, y en un marco de pleno reconocimiento y respeto mutuo de su soberanía, las Partes podrán adoptar medidas de protección a la entrada en sus respectivos territorios. Cuando sea posible, dicha Parte tendrá en cuenta las medidas de protección ya aplicadas por la otra Parte, así como cualesquiera puntos de vista que esta pueda aportar. Cada una de las Partes reconoce que ninguna disposición del presente artículo restringe la facultad de una Parte de denegar la entrada en su territorio a todo vuelo que considere que plantea una amenaza para su seguridad.
 8.
 Una Parte podrá adoptar medidas de emergencia para hacer frente a una amenaza concreta a la seguridad. Dichas medidas se notificarán inmediatamente a la otra Parte. Sin perjuicio de la necesidad de tomar medidas inmediatas para proteger la seguridad física de la aviación, cuando una de las Partes considere la adopción de medidas de protección, evaluará sus posibles efectos negativos sobre el transporte aéreo internacional y, salvo imperativo legal en contrario, tendrá en cuenta dichos efectos a la hora de determinar las medidas necesarias y adecuadas en esta materia.
 9.
 Con respecto a servicios aéreos destinados a su territorio, una Parte podrá no requerir que las medidas de seguridad se apliquen en el territorio de la otra Parte. Cuando una Parte considere que una determinada amenaza requiere la aplicación de medidas temporales, además de las medidas ya en vigor en el territorio de la otra Parte, informará a la otra Parte sobre los detalles de dicha amenaza, siempre que ello sea compatible con la necesidad de proteger la seguridad de la información, y las medidas propuestas. La otra Parte considerará dicha propuesta de forma favorable y podrá decidir aplicar las medidas adicionales que considere necesarias. Dichas medidas serán proporcionadas y tendrán limitación temporal.
 10.
 Cuando se produzca un incidente o surja la amenaza de un incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles u otros actos ilícitos contra la seguridad de aeronaves, pasajeros, tripulación, aeropuertos o instalaciones de navegación aérea, las Partes se asistirán mutuamente facilitando las comunicaciones y adoptando otras medidas idóneas a fin de resolver de forma rápida y segura tal incidente o amenaza.
 11.
 Cada una de las Partes adoptará todas las medidas posibles para garantizar que una aeronave que sea objeto de un acto de apoderamiento ilícito u otros actos de interferencia ilícita y se encuentre en tierra dentro de su territorio sea retenida en tierra, salvo que la misión primordial de proteger las vidas humanas haga imprescindible su despegue. Cuando sea posible, dichas medidas se adoptarán sobre la base de consultas entre las Partes.
 12.
 En caso de que cualquiera de las Partes tenga motivos fundados para creer que la otra Parte no cumple con lo dispuesto en el presente artículo, podrá solicitar la celebración inmediata de consultas con la otra Parte. Dichas consultas deberán comenzar en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud. La falta de un acuerdo satisfactorio en el plazo de quince días, o en un plazo acordado, desde la fecha de la solicitud, se considerará motivo suficiente para que la Parte que solicitó las consultas tome medidas para denegar, revocar, suspender, limitar o imponer condiciones a la autorización de explotación y los permisos técnicos de una compañía o compañías aéreas de la otra Parte para garantizar el cumplimiento del presente artículo. Cuando resulte necesario por una emergencia, o para evitar un nuevo incumplimiento del presente artículo, las Partes podrán adoptar medidas provisionales antes de que se cumpla el mencionado plazo de quince días.
 13.
 Toda medida adoptada de conformidad con el apartado 8 se suspenderá cuando la Parte en cuestión considere que la acción ya no es necesaria o ha sido sustituida por otras medidas para atenuar la amenaza. Toda medida adoptada de acuerdo con el apartado 12 dejará de aplicarse cuando la otra Parte cumpla lo dispuesto en el presente artículo. En el caso de las medidas adoptadas de conformidad con cualquiera de los apartados 8 o 12, esto podrá suspenderse de mutuo acuerdo entre las Partes.
 14.
 Cuando se hayan adoptado medidas o acciones de conformidad con los apartados 7, 8, 9 o 12, cualquiera de las Partes podrá recurrir a las disposiciones de solución de diferencias del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a efectos del artículo INST.19 [Procedimiento urgente].
 Artículo AIRTRN.20: Gestión del tráfico aéreo
 1.
 Las Partes y sus respectivas autoridades competentes y proveedores de servicios de navegación aérea cooperarán a fin de mejorar el funcionamiento seguro y eficaz del tráfico aéreo en la región europea. Las Partes procurarán la interoperabilidad entre sus respectivos proveedores de servicios.
 2.
 Las Partes acuerdan cooperar en cuestiones relativas a la prestación y tarificación de los servicios de navegación aérea y las funciones de red, con vistas a optimizar la eficiencia general de vuelo, reducir costes, minimizar el impacto ambiental y mejorar la seguridad y capacidad de los flujos de tráfico aéreo entre los sistemas de gestión del tráfico aéreo de las Partes.
 3.
 Las Partes acuerdan fomentar la cooperación entre sus proveedores de servicios de navegación aérea para intercambiar datos de vuelo y coordinar los flujos de tráfico a fin de optimizar la eficiencia de vuelo, con vistas a mejorar la previsibilidad, la puntualidad y la continuidad del servicio en el ámbito del tráfico aéreo.
 4.
 Las Partes acuerdan cooperar en sus programas de modernización de la gestión del tráfico aéreo, incluidas las actividades de investigación, desarrollo y despliegue, y alentar la participación conjunta en actividades de validación y demostración con el objetivo de garantizar una interoperabilidad global.
 Artículo AIRTRN.21: Responsabilidad de las compañías aéreas
 Las Partes reafirman sus obligaciones en virtud del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 (Convenio de Montreal).
 Artículo AIRTRN.22: Protección de los consumidores
 1.
 Las Partes comparten el objetivo de lograr un alto nivel de protección de los consumidores y cooperarán a tal efecto.
 2.
 Las Partes velarán por que se adopten medidas efectivas y no discriminatorias para proteger los intereses de los consumidores en el transporte aéreo. Dichas medidas incluirán el acceso adecuado a la información, la asistencia, también para las personas con discapacidades y movilidad reducida, el reembolso y, si procede, la compensación en caso de denegación de embarque, cancelación o retraso, y procedimientos eficientes de tramitación de reclamaciones.
 3.
 Las Partes se consultarán mutuamente sobre cualquier asunto relacionado con la protección de los consumidores, incluidas las medidas previstas al respecto.
 Artículo AIRTRN.23: Relación con otros acuerdos
 1.
 Cualquier otro acuerdo y arreglo anterior relacionado con la materia tratada en el presente título existente entre el Reino Unido y los Estados miembros, en la medida en que no haya sido reemplazado por la legislación de la Unión, será reemplazado por el presente Acuerdo.
 2.
 El Reino Unido y un Estado miembro podrán no concederse ningún otro derecho en relación con el transporte aéreo con origen y destino en sus respectivos territorios diferente a los derechos establecidos expresamente en el artículo AIRTRN.3, apartados 4 y 9 [Derechos de tráfico].
 3.
 Si las Partes pasan a ser Partes en un acuerdo multilateral o se adhieren a una decisión adoptada por la OACI u otra organización internacional que aborde cuestiones reguladas por el presente título, consultarán al Comité Especializado en Transporte Aéreo para determinar si el presente título debe revisarse a fin de tomar en consideración las nuevas circunstancias.
 4.
 Ninguna de las disposiciones del presente título afectará a la validez y aplicación de acuerdos existentes y futuros entre los Estados miembros y el Reino Unido en relación con los territorios bajo su respectiva soberanía a los que no se aplique lo dispuesto en el artículo FINPROV.1 [Ámbito de aplicación territorial].
 5.
 Ninguna disposición del presente título afectará a los derechos de que dispongan el Reino Unido y los Estados miembros en virtud del Acuerdo multilateral sobre los derechos comerciales de los servicios aéreos no programados en Europa, firmado en París el 30 de abril de 1956, en la medida en que tales derechos vayan más allá de los establecidos en el presente título.
 Artículo AIRTRN.24: Suspensión y terminación
 1.
 La suspensión total o parcial del presente título, con arreglo al artículo INST.24 [Soluciones temporales], no podrá llevarse a cabo antes del primer día de la temporada de tráfico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA) que preceda a la temporada en la que se notificó la suspensión.
 2.
 Tras la denuncia del presente Acuerdo con arreglo al artículo FINPROV.8 [Denuncia]o a la denuncia del presente título con arreglo al artículo AIRTRN.25 [Denuncia del presente título] o al artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte] o al artículo FISH.17 [Denuncia], las disposiciones que regulan las materias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente título seguirán aplicándose después de la fecha de cese mencionada en el artículo FINPROV.8 [Denuncia] o el artículo AIRTRN.25 [Denuncia del presente título] o el artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte] o el artículo FISH.17 [Denuncia], hasta la fecha en que finalice la temporada de tráfico de la IATA que se desarrolle en esa fecha.
 3.
 La Parte que suspenda el presente título, en su totalidad o en parte, o que denuncie el presente Acuerdo o el presente título informará de ello a la OACI.
 Artículo AIRTRN.25: Denuncia del presente título
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.8 [Denuncia], en el artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte] y en el artículo FISH.17 [Denuncia], cada Parte podrá, en cualquier momento, poner fin al presente Título mediante notificación escrita por vía diplomática. En tal caso, el presente título dejará de tener vigencia el primer día del noveno mes siguiente a la fecha de la notificación.
 Artículo AIRTRN.26: Registro del Acuerdo
 El presente Acuerdo y sus enmiendas se registrarán, en la medida en que sea pertinente, en la OACI, de conformidad con el artículo 83 del Convenio.
 Título II: Seguridad aérea
 Artículo AVSAF.1: Objetivos
 Los objetivos del presente Título son:
 (a)permitir la aceptación mutua, conforme a lo dispuesto en los anexos del presente título, de las conclusiones en materia de conformidad realizadas y los certificados expedidos por las autoridades competentes o las organizaciones aprobadas de ambas Partes;
 (b)fomentar la cooperación para lograr un alto nivel de seguridad y de compatibilidad medioambiental en el ámbito de la aviación civil;
 (c)facilitar la dimensión multinacional de la industria de la aviación civil;
 (d)facilitar y promover una libre circulación de los productos y servicios aeronáuticos civiles.
 Artículo AVSAF.2: Definiciones
 A efectos del presente título, serán de aplicación las definiciones siguientes:
 (a)«organización aprobada»: cualquier persona jurídica certificada por la autoridad competente de cualquiera de las Partes para ejercer las facultades relacionadas con el ámbito de aplicación del presente título;
 (b)«certificado»: cualquier aprobación, licencia u otro documento expedido como forma de reconocimiento que acredite que un producto aeronáutico civil, una organización o una persona jurídica o física cumplen los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias de una Parte;
 (c)«producto aeronáutico civil»: cualquier aeronave civil, o motor o hélice de aeronave, o subconjunto, dispositivo, equipo o componente, que se instale o se vaya a instalar en ella;
 (d)«autoridad competente»: una agencia pública o de la Unión o un ente público responsable de la seguridad de la aviación civil, que haya sido designado por una Parte, a efectos del presente título, para ejercer las siguientes funciones:
 (I)evaluar la conformidad de los productos, organizaciones, instalaciones, operaciones y servicios aeronáuticos civiles sujetos a su supervisión con los requisitos aplicables establecidos en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de dicha Parte;
 (II)hacer un seguimiento del mantenimiento de la conformidad con dichos requisitos; y
 (III)adoptar medidas de ejecución para garantizar que cumplan dichos requisitos;
 (e)«conclusiones en materia de conformidad»: una determinación de la conformidad con los requisitos aplicables establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias de una Parte como resultado de acciones como comprobaciones, inspecciones, cualificaciones, aprobaciones y seguimiento;
 (f)«seguimiento»: la vigilancia periódica por una autoridad competente de una Parte para determinar el mantenimiento de la conformidad con los requisitos aplicables establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias de dicha Parte;
 (g)«agente técnico»: en el caso de la Unión, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea («AESA») o su sucesora y, en el caso del Reino Unido, la autoridad de la aviación civil del Reino Unido (United Kingdom Civil Aviation Authority – «CAA») o su sucesora; y
 (h)«el Convenio»: el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, que incluye:
 (I)toda enmienda que, habiendo entrado en vigor con arreglo al artículo 94, letra a), del Convenio, haya sido ratificada tanto por el Reino Unido como por el Estado o Estados miembros, según sea pertinente en cada caso; y
 (II)todo anexo o enmienda del mismo aprobados de conformidad con el artículo 90 del Convenio, siempre que hayan entrado en vigor tanto en el Reino Unido como en el Estado o Estados miembros, según sea pertinente en cada caso.
 Artículo AVSAF.3: Ámbito de aplicación y ejecución
 1.
 Las Partes cooperarán en los siguientes ámbitos:
 (a)los certificados de aeronavegabilidad y el seguimiento de productos aeronáuticos civiles;
 (b)los certificados medioambientales y las comprobaciones de los productos aeronáuticos civiles;
 (c)los certificados de diseño y de producción y el seguimiento de las organizaciones de diseño y de producción;
 (d)los certificados de las organizaciones de mantenimiento y el seguimiento de dichas organizaciones;
 (e)la expedición de licencias y la formación del personal;
 (f)la evaluación de las cualificaciones de los simuladores de vuelo;
 (g)la explotación de las aeronaves;
 (h)la gestión del tráfico aéreo y los servicios de navegación aérea; y
 (i)otros ámbitos relacionados con la seguridad de la aviación con arreglo a los anexos del Convenio.
 2.
 El ámbito de aplicación del presente título se establecerá mediante anexos que incluyan cada ámbito de cooperación establecido en el apartado 1.
 3.
 El Comité Especializado en Seguridad Aérea únicamente podrá adoptar los anexos a que se refiere el apartado 2 cuando cada una de las Partes hayan establecido que las normas, reglas, prácticas, procedimientos y sistemas de aviación civil de la otra Parte garantizan un nivel de seguridad equivalente suficiente para permitir la aceptación de las conclusiones en materia de conformidad realizadas y los certificados expedidos por sus autoridades competentes o por organizaciones aprobadas por dichas autoridades competentes.
 4.
 Cada uno de los anexos mencionados en el apartado 2 describirá los términos, condiciones y métodos de aceptación recíproca de las conclusiones en materia de conformidad y los certificados y, si fuera necesario, las disposiciones transitorias.
 5.
 Los agentes técnicos podrán elaborar procedimientos de ejecución para cada uno de los anexos. En los anexos mencionados en el apartado 2 y en procedimientos de ejecución se abordarán las diferencias técnicas entre las Partes en lo que se refiere a las normas, reglas, prácticas, procedimientos y sistemas en materia de aviación civil.
 Artículo AVSAF.4: Obligaciones generales
 1.
 Cada una de las Partes aceptará las conclusiones en materia de conformidad realizadas y los certificados expedidos por las autoridades competentes o las organizaciones aprobadas de la otra Parte, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en los anexos a que se refiere el artículo AVSAF.3, apartado 2 [Ámbito de aplicación y ejecución].
 2.
 Ninguna disposición del presente título implicará la aceptación mutua de las normas o las reglamentaciones técnicas de las Partes.
 3.
 Cada una de las Partes garantizará que sus respectivas autoridades competentes mantienen la capacidad y cumplen sus responsabilidades en virtud del presente título.
 Artículo AVSAF.5: Mantenimiento de la autoridad de reglamentación
 Ninguna disposición del presente título deberá interpretarse de manera que se limite la autoridad de una Parte para determinar, a través de sus medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, el nivel de protección que considere adecuado para la seguridad y el medio ambiente.
 Artículo AVSAF.6: Medidas de salvaguardia
 1.
 Cada una de las Partes adoptará todas las medidas adecuadas e inmediatas cuando considere que exista un riesgo razonable de que un producto aeronáutico civil, un servicio o cualquier actividad que entre en el ámbito de aplicación del presente título pueda comprometer la seguridad o el medio ambiente, pueda incumplir sus medidas legislativas, reglamentarias o administrativas aplicables o pueda incumplir en cualquier otra forma un requisito incluido en el ámbito del anexo aplicable al presente título.
 2.
 Si una de las Partes toma medidas con arreglo al apartado 1, informará por escrito a la otra Parte en un plazo de quince días hábiles, indicando las razones que lo justifican.
 Artículo AVSAF.7: Comunicación
 1.
 Las Partes designarán y se notificarán un punto de contacto para la comunicación relativa a la ejecución del presente título. Todas estas comunicaciones se efectuarán en lengua inglesa.
 2.
 Las Partes se notificarán una lista de las autoridades competentes y, a partir de entonces, una lista actualizada cada vez que sea necesario.
 Artículo AVSAF.8: Transparencia, cooperación reglamentaria y asistencia mutua
 1.
 Cada una de las Partes se asegurará de que mantiene informada a la otra Parte sobre sus leyes y reglamentos relativos al presente título y sobre cambios significativos en dichas leyes y reglamentos.
 2.
 Las Partes se notificarán, en la mayor medida posible, las propuestas de revisiones significativas de sus disposiciones legislativas y reglamentarias, normas y requisitos pertinentes, así como de sus sistemas de expedición de certificados, siempre que dichas revisiones puedan incidir en el presente título. En la medida de lo posible, se darán la oportunidad de presentar observaciones respecto de dichas revisiones, y tendrán en cuenta tales observaciones.
 3.
 A efectos de investigación y resolución de asuntos relacionados con la seguridad, las autoridades competentes de cada una de las Partes podrán autorizar a las autoridades competentes de la otra Parte a participar, en calidad de observadoras, en sus respectivas actividades de supervisión, tal y como se especifica en el anexo aplicable del presente título.
 4.
 A efectos de seguimiento e inspecciones, las autoridades competentes de cada una de las Partes ayudarán, en caso necesario, a las autoridades competentes de la otra Parte con el objetivo de dar un acceso sin obstáculos a las entidades reguladas sujetas a su supervisión.
 5.
 Para garantizar el mantenimiento de la confianza de cada una de las Partes en la fiabilidad de los procesos de la otra Parte para llegar a conclusiones en materia de conformidad, cada agente técnico podrá participar como observador en las actividades de supervisión de la otra Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en los anexos del presente título. Dicha participación no supondrá la participación sistemática en las actividades de supervisión de la otra Parte.
 Artículo AVSAF.9: Intercambio de información sobre seguridad
 No obstante lo dispuesto en el artículo AVSAF.11 [Confidencialidad y protección de datos e información] y conforme a su legislación aplicable, las Partes:
 (a)se facilitarán, previa petición y con diligencia, la información de la que dispongan sus agentes técnicos en relación con accidentes, incidentes o sucesos graves que afecten a productos aeronáuticos civiles, servicios o actividades cubiertos por los anexos del presente título; e
 (b)intercambiarán otra información en materia de seguridad que acuerden los agentes técnicos.
 Artículo AVSAF.10: Cooperación en medidas de ejecución
 Las Partes, a través de sus agentes técnicos o de sus autoridades competentes, proporcionarán, cuando así se les solicite, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y en función de la disponibilidad de los recursos necesarios, cooperación mutua y asistencia en las investigaciones o las medidas de ejecución relativas a cualquier alegada o presunta infracción de las disposiciones legales o reglamentarias que entren dentro del ámbito de aplicación del presente título. Asimismo, cada una de las Partes comunicará de inmediato a la otra Parte cualquier investigación que afecte a sus intereses mutuos.
 Artículo AVSAF.11: Confidencialidad y protección de datos e información
 1.
 Cada una de las Partes, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, mantendrá la confidencialidad de los datos y la información recibidos de la otra Parte en virtud del presente título. Dichos datos e información solo podrán ser utilizados por la Parte que los reciba a los efectos del presente título.
 2.
 En particular, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, las Partes se abstendrán de divulgar a terceros, incluida la opinión pública, y tampoco permitirán que sus autoridades competentes divulguen a un tercero, incluida la opinión pública, cualquier dato e información recibidos de la otra Parte en virtud del presente título que constituyan secretos comerciales, propiedad intelectual, información comercial o financiera de carácter confidencial, información con derecho de propiedad registrado o información relacionada con una investigación en curso. A tal fin, dichos datos e información se considerarán confidenciales.
 3.
 Una Parte o una autoridad competente de una Parte, cuando facilite datos o información a la otra Parte o a una autoridad competente de la otra Parte, podrán designar los datos o información que considera que son confidenciales y no deben ser objeto de divulgación. En tal caso, la Parte o su autoridad competente señalarán claramente que tales datos o información son confidenciales.
 4.
 Si una Parte no está de acuerdo con la designación realizada por la otra Parte o por una autoridad competente de dicha Parte de conformidad con el apartado 3, la primera Parte podrá solicitar que se celebren consultas con la otra Parte a fin de abordar este asunto.
 5.
 Las Partes tomarán todas las precauciones razonablemente necesarias para impedir la divulgación no autorizada de datos e informaciones recibidos en el marco del presente título.
 6.
 La Parte que reciba datos e información de la otra Parte en virtud del presente título no adquirirá derechos de propiedad sobre dichos datos por el hecho de haberlos recibido de la otra Parte.
 Artículo AVSAF.12: Adopción y modificaciones de los anexos del presente título
 El Comité Especializado en Seguridad Aérea podrá modificar el anexo ASAVF-1 [Certificación de aeronavegabilidad y medio ambiente] del presente título, adoptar o modificar anexos de conformidad con el artículo AVSAF.3, apartado 2 [Ámbito de aplicación y ejecución] y eliminar cualquier anexo.
 Artículo AVSAF.13: Recuperación de costes
 Cada una de las Partes procurará garantizar que cualquier tasa o carga impuesta por una Parte o su agente técnico a personas físicas o jurídicas cuyas actividades estén cubiertas por el presente título sea justa, razonable y proporcional a los servicios prestados y no cree un obstáculo al comercio.
 Artículo AVSAF.14: Otros acuerdos y disposiciones previas
 1.
 Con la entrada en vigor del presente Acuerdo, el presente título sustituirá cualquier acuerdo o arreglo bilateral sobre seguridad de la aviación suscrito entre el Reino Unido y los Estados miembros respecto de cualquier asunto cubierto por el presente título que se haya ejecutado conforme a lo dispuesto en el artículo AVSAF.3 [Ámbito de aplicación y ejecución].
 2.
 Los agentes técnicos adoptarán las medidas necesarias para revisar o finalizar, según proceda, los acuerdos previos que existían entre ellos.
 3.
 Sujeto a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, ninguna disposición del presente título afectará a los derechos y las obligaciones de las Partes en virtud de cualquier otro acuerdo internacional.
 Artículo AVSAF.15: Suspensión de las obligaciones de aceptación mutua
 1.
 Una Parte tendrá derecho a suspender, íntegra o parcialmente, sus obligaciones de aceptación con arreglo al artículo AVSAF.4 [Obligaciones generales], apartado 1, cuando la otra Parte incumpla gravemente las obligaciones que le incumben en virtud del presente título.
 2.
 Antes de ejercer su derecho a suspender sus obligaciones de aceptación, una Parte solicitará consultas con el fin de pedir medidas correctoras de la otra Parte. Durante las consultas, las Partes considerarán, cuando proceda, los efectos de la suspensión.
 3.
 Los derechos contemplados en el presente artículo se ejercerán solo si la otra Parte no adopta las medidas correctoras en un plazo adecuado tras las consultas. Si una Parte ejerce el derecho en virtud del presente artículo, notificará por escrito a la otra Parte su intención de suspender las obligaciones de aceptación y detallará los motivos de la suspensión.
 4.
 La suspensión surtirá efecto treinta días después de la fecha de la notificación, a no ser que, antes del final de dicho período, la Parte que inició la suspensión notifique por escrito a la otra Parte la retirada de la notificación.
 5.
 La suspensión no afectará a la validez de las conclusiones en materia de conformidad realizadas y los certificados expedidos por las autoridades competentes o las organizaciones aprobadas de la otra Parte con anterioridad a la fecha en la que surtió efecto la suspensión. Las suspensiones que ya hayan entrado en vigor podrán ser rescindidas de inmediato mediante un canje de notas diplomáticas efectuado a tal efecto por las Partes.
 Artículo AVSAF.16: Denuncia del presente título
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.8 [Denuncia], en el artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte] y en el artículo FISH.17 [Denuncia], cada Parte podrá, en cualquier momento, poner fin al presente título mediante notificación escrita por vía diplomática. En tal caso, el presente título dejará de tener vigencia el primer día del noveno mes siguiente a la fecha de la notificación.
 EPÍGRAFE TERCERO: TRANSPORTE POR CARRETERA
 Título I: Transporte de mercancías por carretera
 Artículo ROAD.1: Objetivo
 1.El objetivo del presente título es garantizar, con respecto al transporte de mercancías por carretera, la conexión ininterrumpida entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes y establecer las normas aplicables a dicho transporte.
 2.Las Partes acuerdan no adoptar medidas discriminatorias cuando apliquen el presente título.
 3.Ninguna de las disposiciones del presente título afectará al transporte de mercancías por carretera en el territorio de una de las Partes por un transportista de mercancías por carretera establecido en dicho territorio.
 Artículo ROAD.2: Ámbito de aplicación
 1.El presente título se aplica al transporte de mercancías por carretera con un fin comercial entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes, sin perjuicio de la aplicación de las normas establecidas por el Foro Internacional del Transporte.
 2.Todo transporte de mercancías por carretera por el que no se reciba remuneración directa o indirecta, que no genere directa o indirectamente ingresos para el conductor del vehículo o para otros y que no esté vinculado con una actividad profesional se considerará transporte de mercancías con fines no comerciales.
 Artículo ROAD.3: Definiciones
 A los efectos del presente título, además de las definiciones establecidas en el artículo [SERVIN 1.2] [Definiciones] del capítulo primero del título II de la segunda parte [Servicios e inversiones] serán de aplicación las definiciones siguientes:
 (a)«vehículo»: un vehículo de motor matriculado en el territorio de una Parte, o un conjunto de vehículos articulados cuyo vehículo de tracción esté matriculado en el territorio de una Parte y que se utiliza exclusivamente para el transporte de mercancías;
 (b)«transportista de mercancías por carretera»: cualquier persona física o jurídica que se dedica al transporte de mercancías con fines comerciales utilizando para ello un vehículo;
 (c)«transportista de mercancías por carretera de una Parte»: un transportista de mercancías por carretera que es una persona jurídica establecida en el territorio de una Parte o una persona física de una Parte;
 (d)«Parte de establecimiento»: la Parte en la que está establecido un transportista de mercancías por carretera;
 (e)«conductor»: cualquier persona que conduce el vehículo, incluso durante un breve período o que viaja en un vehículo como parte de sus cometidos al objeto de estar disponible para conducirlo en caso necesario;
 (f)«tránsito»: circulación de vehículos en el territorio de una Parte sin cargar o descargar mercancías;
 (g) «medidas reglamentarias»:
 (i)en el caso de la Unión:
 (A)los reglamentos y directivas, tal y como se establece en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y
 (B)los actos de ejecución y delegados, conforme a lo dispuesto en los artículos 290 y 291 del TFUE, respectivamente; y
 ii) en el caso del Reino Unido:
 (A)el Derecho primario y
 (B)el Derecho derivado.
 Artículo ROAD.4 Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes
 1.Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2, los transportistas de mercancías por carretera de una Parte podrán realizar:
 (a)recorridos con carga utilizando un vehículo desde el territorio de la Parte de establecimiento al territorio de la otra Parte, con o sin tránsito a través del territorio de un tercer país;
 (b)recorridos con carga utilizando un vehículo desde el territorio de la Parte de establecimiento al territorio de la misma Parte con tránsito a través del territorio de la otra Parte;
 (c)recorridos con carga utilizando un vehículo desde o hacia el territorio de la Parte de establecimiento con tránsito a través del territorio de la otra Parte;
 (d)recorridos de vacío utilizando un vehículo en combinación con los recorridos mencionados en las letras a) a c).
 2.Los transportistas de mercancías por carretera de una Parte solo podrán realizar uno de los recorridos mencionados en el apartado 1:
 (a)si son titulares de una licencia válida expedida de conformidad con el artículo ROAD.5 [Requisitos para los transportistas], excepto en los casos mencionados en el artículo ROAD.6 [Exenciones del requisito de licencia]; y
 (b)si el recorrido lo realizan conductores en posesión de un certificado de aptitud profesional de conformidad con el artículo ROAD.7 [Requisitos para los conductores], apartado 1.
 3.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2, los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido podrán realizar hasta dos recorridos con carga de un Estado miembro a otro Estado miembro, sin regresar al territorio del Reino Unido, siempre que dichos recorridos sean posteriores a un viaje desde el territorio del Reino Unido autorizado en virtud del apartado 1, letra a).
 4.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, no obstante lo dispuesto en el apartado 6, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2, los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido podrán realizar un recorrido con carga dentro del territorio de un Estado miembro, siempre que dicho recorrido:
 (a)sea posterior a un viaje desde el territorio del Reino Unido autorizado en virtud del apartado 1, letra a); y
 (b)se lleve cabo en un plazo de siete días después de la descarga en el territorio de ese Estado miembro de las mercancías transportadas en el recorrido a que se refiere la letra a).
 5.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2, los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido establecidos en Irlanda del Norte podrán realizar hasta dos recorridos con carga dentro del territorio de Irlanda, siempre que dichos recorridos:
 (a)sean posteriores a un viaje desde el territorio de Irlanda del Norte autorizado en virtud del apartado 1, letra a); y
 (b)se lleven cabo en un plazo de siete días después de la descarga en el territorio de Irlanda de las mercancías transportadas en el recorrido a que se refiere la letra a).
 6.Los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido se limitarán a un máximo de dos recorridos dentro del territorio de la Unión con arreglo a los apartados 3, 4 y 5 antes de regresar al territorio del Reino Unido.
 7.Siempre que se cumplan las condiciones del apartado 2, los transportistas de mercancías por carretera de la Unión podrán realizar hasta dos recorridos con carga dentro del territorio del Reino Unido, siempre que dichos recorridos:
 (a)sean posteriores a un viaje desde el territorio de la Unión autorizado en virtud del apartado 1, letra a); y
 (b)se lleven cabo en un plazo de siete días después de la descarga en el territorio del Reino Unido de las mercancías transportadas en el recorrido a que se refiere la letra a).
 Artículo ROAD.5: Requisitos para los transportistas
 1.Los transportistas de mercancías por carretera de una Parte que realicen uno de los recorridos a que se refiere el artículo ROAD.4 [Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes] serán titulares de una licencia válida de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.
 2.Las licencias solo se expedirán, de conformidad con la legislación de las Partes, a transportistas de mercancías por carretera que cumplan los requisitos establecidos en la sección 1 de la parte A del anexo ROAD-1 que regula el acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera y su ejercicio.
 3.Deberá conservarse a bordo del vehículo una copia legalizada que se presentará a solicitud de cualquier inspector autorizado por cada Parte. La licencia y las copias legalizadas corresponderán a uno o cualquiera de los modelos establecidos en el apéndice ROAD.A.1.3 de la parte A del anexo ROAD-1, que establece también las condiciones que rigen su uso. La licencia contendrá al menos dos de los elementos de seguridad enumerados en el apéndice ROAD.A.1.4 de la parte A del anexo ROAD-1.
 4.Los transportistas de mercancías por carretera deberán cumplir los requisitos establecidos en la sección 2 de la parte A del anexo ROAD-1, que establece los requisitos para el desplazamiento de los conductores que realicen uno de los recorridos a que se refiere el artículo ROAD.4 [Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios], apartados 3 a 7.
 Artículo ROAD.6: Exenciones del requisito de licencia
 Los siguientes tipos de transporte de mercancías y recorridos de vacío realizados conjuntamente con dicho transporte podrán realizarse sin una licencia válida como se señala en el artículo 5 [Requisitos para los transportistas]:
 (a)el transporte de correo como servicio universal;
 (b)el transporte de vehículos accidentados o averiados;
 (c)hasta el 20 de febrero de 2022, el transporte de mercancías en vehículos de motor cuya masa de carga admisible, incluida la de los remolques, no exceda de 3,5 toneladas;
 (d)hasta el 21 de febrero de 2022, el transporte de mercancías en vehículos de motor cuya masa de carga admisible, incluida la de los remolques, no exceda de 2,5 toneladas;
 (e)el transporte de productos, aparatos, equipos y otros artículos médicos necesarios para la atención médica en situaciones de ayuda de emergencia, en particular, en caso de desastres naturales y asistencia humanitaria;
 (f)el transporte de mercancías en vehículos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
 (I)que las mercancías transportadas sean propiedad de los transportistas de mercancías por carretera o hayan sido vendidas, compradas, dadas en alquiler o alquiladas, producidas, extraídas, transformadas o reparadas por el transportista;
 (II)que el objeto del viaje sea transportar las mercancías a las instalaciones del transportista de mercancías por carretera o expedirlas desde dichas instalaciones o desplazarlas en el interior o al exterior de las instalaciones para sus propias necesidades;
 (III)que los vehículos utilizados para dicho transporte sean conducidos por personal empleado por el transportista de mercancías por carretera o puesto a su disposición con arreglo a una obligación contractual;
 (IV)que los vehículos que transporten las mercancías sean propiedad del transportista de mercancías por carretera, hayan sido comprados por él a crédito o hayan sido alquilados; y
 (V)que dicho transporte no sea más que una actividad accesoria a las actividades generales del transportista de mercancías por carretera;
 (g)el transporte de mercancías mediante vehículos de motor con una velocidad máxima autorizada que no supere los 40 km/h.
 Artículo ROAD.7: Requisitos para los conductores
 1
 Los conductores de vehículos que realicen los recorridos mencionados en el artículo ROAD.4 [Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes] deberán:
 (a)estar en posesión de un certificado de aptitud profesional expedido de conformidad con la sección 1 de la parte B del anexo ROAD- 1; y
 (b)cumplir las normas sobre conducción y tiempos de conducción, períodos de descanso, pausas y uso de tacógrafos de conformidad con las secciones 2 a 4 de la parte B del anexo ROAD-1.
 2.
 Durante todo el trayecto, se aplicará el Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR) firmado en Ginebra el 1 de julio de 1970, en lugar de las disposiciones del apartado 1, letra b), a las operaciones de transporte internacional por carretera realizadas en parte fuera del territorio de las Partes.
 Artículo ROAD.8: Requisitos para los vehículos
 1.Ninguna Parte podrá rechazar o prohibir el uso en su territorio de un vehículo que realice uno de los recorridos mencionados en el artículo ROAD.4 [Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes] si el vehículo cumple los requisitos establecidos en la sección 1 de la parte C del anexo ROAD-1.
 2.Los vehículos que realicen los recorridos mencionados en el artículo ROAD.4 [Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes] estarán equipados con un tacógrafo construido, instalado, utilizado, sometido a ensayo y controlado de conformidad con la sección 2 de la parte C del anexo ROAD-1.
 Artículo ROAD.9: Normas de tráfico por carretera
 Los conductores de vehículos que realicen el transporte de mercancías en virtud del presente título, cuando se encuentren en el territorio de la otra Parte, cumplirán las disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de tráfico por carretera en vigor en dicho territorio.
 Artículo ROAD.10: Elaboración de leyes y Comité Especializado en Transporte por Carretera
 1.
 Cuando una Parte proponga una nueva medida reglamentaria en un ámbito cubierto por el anexo ROAD-1, deberá:
 (a)notificar lo antes posible a la otra Parte la medida reglamentaria propuesta y
 (b)mantener informada a la otra Parte del avance de la medida reglamentaria.
 2.
 A petición de una de las Partes y a más tardar dos meses después de la presentación de la solicitud, se procederá a un intercambio de puntos de vista, en el seno del Comité Especializado en Transporte por Carretera, sobre si la nueva medida reglamentaria propuesta se aplicaría o no a los recorridos a que se refiere el artículo ROAD.4 [Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes].
 3.
 Cuando una Parte adopte una nueva medida reglamentaria contemplada en el apartado 1, lo notificará a la otra Parte y le facilitará el texto de dicha medida en el plazo de una semana a partir de su publicación.
 4.
 El Comité Especializado en Transporte por Carretera se reunirá para debatir cualquier nueva medida reglamentaria adoptada, a petición de cualquiera de las Partes, en un plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud, independientemente de que se haya efectuado o no una notificación con arreglo al apartado 1 o 3, o de que se haya celebrado un debate de conformidad con el apartado 2.
 5.
 El Comité Especializado en Transporte por Carretera podrá:
 (a)modificar el anexo ROAD-1 para tener en cuenta los progresos reglamentarios y/o tecnológicos, o para garantizar la aplicación satisfactoria del presente título;
 (b)confirmar que las modificaciones que introduce una nueva medida reglamentaria se ajustan al anexo ROAD-1; o
 (c)decidir cualquier otra medida para salvaguardar el buen funcionamiento del presente título.
 Artículo ROAD.11: Medidas correctoras
 1
 Si una Parte considera que la otra Parte ha adoptado una nueva medida reglamentaria que no cumple los requisitos del anexo ROAD-1, en particular en los casos en que el Comité Especializado en Transporte por Carretera no ha adoptado una decisión con arreglo al artículo 10, apartado 5 [Desarrollo legislativo y Comité Especializado en el Transporte por Carretera], y la otra Parte aplica, no obstante, las disposiciones de la nueva medida reglamentaria a sus transportistas por carretera, conductores o vehículos, podrá, previa notificación a la otra Parte, adoptar las medidas correctoras adecuadas, entre ellas la suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario], siempre que dichas medidas:
 (a)no excedan el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causado por la nueva medida reglamentaria adoptada por la otra Parte que no cumple los requisitos del anexo ROAD-1; y
 (b)surtan efecto, como muy pronto, siete días después de que la Parte que tenga intención de adoptar tales medidas haya notificado a la otra Parte con arreglo al presente apartado.
 2.
 Las medidas correctoras adecuadas dejarán de aplicarse:
 (a)cuando la Parte que las haya adoptado considere que la otra Parte cumple con sus obligaciones en virtud del presente título; o
 (b)en cumplimiento de un laudo del tribunal de arbitraje.
 3.Las Partes no invocarán el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir a la otra Parte suspender sus obligaciones en virtud del presente artículo.
 Artículo ROAD.12: Fiscalidad
 1.Los vehículos utilizados para el transporte de mercancías de conformidad con el presente título estarán exentos de los impuestos y tasas de posesión o circulación de vehículos en el territorio de la otra Parte.
 2.La exención mencionada en el apartado 1 no se aplicará a:
 (a)un impuesto o tasa sobre el consumo de combustible;
 (b)Una tasa por el uso de una carretera o red de carreteras; o
 (c)un canon por el uso de determinados puentes, túneles o transbordadores.
 3.El carburante contenido en los depósitos normales de los vehículos y de los contenedores especiales admitidos temporalmente, que se utilice directamente para la propulsión y, en su caso, para el funcionamiento, durante el transporte, de los sistemas de refrigeración y otros sistemas, así como los lubricantes presentes en los vehículos de motor y necesarios para su funcionamiento normal durante el viaje, estarán exentos de derechos de aduana y de cualesquiera otros impuestos y gravámenes, como el IVA y los impuestos especiales, y no estarán sujetos a ninguna restricción de importación.
 4.Las piezas de recambio importadas para la reparación de un vehículo en el territorio de una Parte que haya sido matriculado o puesto en circulación en la otra Parte se admitirán al amparo de una importación con franquicia temporal y sin prohibición ni restricción de importación. Las piezas sustituidas están sujetas a derechos de aduana y otros impuestos (IVA) y serán reexportadas o destruidas bajo el control de las autoridades aduaneras de la otra Parte.
 Artículo ROAD.13: Obligaciones en otros títulos
 Los artículos SERVIN 3.2 [Acceso a los mercados] y SERVIN 3.4 [Trato nacional], del capítulo tres del título II de la segunda parte se incorporan e integran en el presente título y se aplican al tratamiento de los transportistas de mercancías por carretera que realicen recorridos con arreglo al artículo ROAD.4 [Transporte de mercancías entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes].
 Artículo ROAD.14: Denuncia del presente título
 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.8 [Denuncia], en el artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte] y en el artículo FISH.17 [Denuncia], cada Parte podrá, en cualquier momento, poner fin al presente título mediante notificación escrita por vía diplomática. En tal caso, el presente título dejará de tener vigencia el primer día del noveno mes siguiente a la fecha de la notificación.
 Título II: Transporte de viajeros por carretera
 Artículo X: Ámbito de aplicación
 1.El objetivo del presente título es garantizar, con respecto al transporte de viajeros por carretera, la conexión ininterrumpida entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes y establecer las normas que se aplican a dicho transporte. El presente título se aplica al transporte regular o regular especial de viajeros en autocar y autobús entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes.
 2.Las Partes acuerdan no adoptar medidas discriminatorias cuando apliquen el presente título.
 3.Ninguna de las disposiciones del presente título afecta al transporte de pasajeros en el territorio de una de las Partes por carretera por un transportista de viajeros por carretera establecido en dicho territorio.
 Artículo X+1: Definiciones
 A los efectos del presente título, además de las definiciones establecidas en el artículo SERVIN 1.2 [Definiciones] del capítulo primero del título II de la segunda parte [Servicios e inversiones] serán de aplicación las definiciones siguientes:
 (a)«autocares y autobuses»: vehículos construidos y equipados de manera que sirven para transportar a más de nueve personas, incluido el conductor, y que están destinados a este fin;
 (b)«servicios de transporte de viajeros»: servicios de transporte por carretera para el público o para categorías específicas de usuarios, prestado a cambio del pago por parte de la persona transportada o del organizador del transporte, mediante autocares y autobuses;
 (c)«transportista de viajeros por carretera»: toda persona física o jurídica, con personalidad jurídica propia o dependiente de una autoridad que tenga dicha personalidad, que proporciona servicios de transporte de viajeros;
 (d)«transportista de viajeros por carretera de una Parte»: un transportista de viajeros por carretera establecido en el territorio de una Parte o una persona física de una Parte;
 (e)«servicios regulares»: los servicios de transporte de viajeros prestados con una frecuencia especificada con itinerarios determinados, mediante los cuales puede recogerse y depositarse a los viajeros en paradas previamente fijadas;
 (f)«servicios regulares especiales»: los servicios organizados por cualquier transportista que aseguran el transporte de categorías específicas de viajeros con exclusión de otros viajeros, en la medida en que estos servicios se prestan de acuerdo con las condiciones especificadas para los servicios regulares. Los servicios regulares especiales incluirán:
 (I)el transporte de trabajadores entre el domicilio y el centro de trabajo y
 (II)el transporte de escolares y estudiantes entre el domicilio y el centro de enseñanza.
 El hecho de que un servicio regular especial pueda variar de acuerdo con las necesidades de los usuarios no afectará a su clasificación como servicio regular.
 (g)Por «grupo», se entenderá lo siguiente:
 (I)una o varias personas físicas o personas jurídicas asociadas y sus respectivas personas físicas o jurídicas responsables,
 (II)una o varias personas físicas o jurídicas asociadas que tengan las mismas personas físicas o jurídicas responsables;
 (h)«Convenio Interbús»: el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús, en su versión modificada, que entró en vigor el 1 de enero de 2003;
 (i)«tránsito»: el movimiento de autocares y autobuses en el interior del territorio de una Parte sin recoger o dejar viajeros;
 (j)«servicios discrecionales»: los servicios que no son servicios regulares ni servicios regulares especializados, y cuya principal característica es el transporte de grupos de viajeros formados por encargo del cliente o a iniciativa del propio transportista.
 Artículo X+2: Transporte de viajeros por autocar y autobús entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes
 1.Los transportistas de viajeros por carretera de una Parte podrán, cuando presten servicios regulares y regulares especiales, realizar recorridos con carga desde el territorio de una Parte hasta el territorio de la otra Parte, con o sin tránsito por el territorio de un tercer país, y recorridos de vacío relacionados con dichos viajes.
 2.Los transportistas de viajeros por carretera de una Parte podrán, cuando presten servicios regulares y regulares especiales, realizar recorridos con carga desde el territorio de la Parte en que esté establecido hasta el territorio de la misma Parte con tránsito por el territorio de la otra Parte, y recorridos de vacío relacionados con dichos viajes.
 3.Un transportista de viajeros por carretera de una Parte no podrá prestar servicios regulares o regulares especiales con origen y destino en el territorio de la otra Parte.
 4.Cuando el servicio de transporte de viajeros a que se refiere el apartado 1 forme parte de un servicio con origen o destino en el territorio de la Parte en la que está establecido el transportista de viajeros por carretera, podrá recogerse o depositarse a los viajeros en el territorio de la otra Parte en ruta, siempre que la parada esté autorizada de conformidad con las normas aplicables en dicho territorio.
 5.Cuando el servicio de transporte de viajeros a que se refiere el presente artículo forme parte de un servicio internacional regular o regular especial entre Irlanda y el Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte, un transportista de viajeros por carretera establecido en la otra Parte podrá recoger y depositar pasajeros en la región fronteriza de una Parte.
 6.Los transportistas de viajeros por carretera establecidos en el territorio de una Parte podrán, con carácter temporal, prestar servicios discrecionales en la isla de Irlanda que recojan y dejen viajeros en el territorio de la otra Parte.
 7.Cuando realicen servicios discrecionales, los transportistas de viajeros por carretera podrán efectuar un recorrido con carga desde el territorio de una Parte a través del territorio de la otra Parte hasta el territorio de una Parte no contratante del Convenio Interbús, incluido un recorrido de vacío conexo.
 8.Los servicios de transporte de viajeros a que se refiere el presente artículo se realizarán utilizando autocares y autobuses matriculados en la Parte en la que esté establecido o resida el transportista de viajeros por carretera. Dichos autocares y autobuses cumplirán las normas técnicas establecidas en el anexo 2 del Convenio Interbús.
 Artículo X+3: Condiciones para la prestación de los servicios mencionados en el artículo X+2
 1.Los servicios regulares estarán abiertos a todos los transportistas de viajeros por carretera de una Parte, sujetos a la reserva obligatoria cuando proceda.
 2.Los servicios regulares y regulares especiales estarán sujetos a autorización, de conformidad con el artículo X+4 y el apartado 6.
 3.El carácter regular del servicio no se verá afectado por el hecho de que se adapten las condiciones de explotación del servicio.
 4.La organización de servicios paralelos o temporales dirigidos a los mismos clientes que los servicios regulares existentes y el hecho de no atender determinadas paradas y de atender paradas suplementarias a las de los servicios regulares existentes estarán sometidos a las mismas normas que las aplicables a los servicios regulares existentes.
 5.Serán de aplicación las secciones V (Disposiciones sociales) y VI (Aduanas y disposiciones fiscales) del Convenio Interbús, así como sus anexos I (Condiciones relativas a los transportistas de viajeros por carretera) y II (Normas técnicas aplicables a autobuses y autocares).
 6.Durante un período de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, los servicios regulares especiales no estarán sujetos a autorización cuando estén cubiertos por un contrato celebrado entre el organizador y el transportista de viajeros por carretera.
 7.Los servicios discrecionales cubiertos por el presente título de conformidad con el artículo X+(2) no requerirán autorización. Sin embargo, la organización de servicios paralelos o temporales comparables a los servicios regulares existentes y que tengan el mismo tipo de clientela que estos últimos estará sujeta a la autorización, de conformidad con la sección VIII del Convenio Interbús.
 Artículo X+4: Autorización
 1.Las autorizaciones correspondientes a los servicios a que se refiere el artículo X+2 serán expedidas por la autoridad competente de la Parte en cuyo territorio esté establecido el transportista de viajeros por carretera («la autoridad en materia de autorización»).
 2.Si un transportista de viajeros por carretera está establecido en la Unión, la autoridad en materia de autorización será la autoridad competente del Estado miembro de origen o destino.
 3.En el caso de un grupo de transportistas de viajeros por carretera que deseen prestar un servicio mencionado en el artículo X+2, la autoridad en materia de autorización será la autoridad competente a la que se haya dirigido la solicitud de conformidad con la segunda parte del artículo X+5, apartado 1.
 4.Las autorizaciones se expedirán a nombre del transportista de viajeros por carretera y serán intransferibles. Sin embargo, un transportista de viajeros por carretera que haya recibido una autorización podrá, con el consentimiento de la autoridad en materia de autorización, llevar a cabo el servicio a través de un subcontratista en caso de que esta posibilidad sea conforme con el Derecho de la Parte contratante. En este caso, se indicarán en la autorización el nombre del subcontratista y su función. El subcontratista será un transportista de viajeros por carretera de una Parte y cumplirá con todo lo dispuesto en el presente título.
 En el caso de un grupo de transportistas de viajeros por carretera que deseen prestar los servicios a que se refiere el artículo X+2, la autorización se expedirá a nombre de todos los transportistas de viajeros por carretera del grupo y se hará constar en ella el nombre de todos los transportistas. Se entregará al transportista de viajeros por carretera nombrado a tal fin por el resto de los transportistas de una Parte y que la haya solicitado y se entregarán al resto de transportistas copias legalizadas.
 5.Sin prejuicio del artículo X+6, apartado 3, el período máximo de validez de la autorización no excederá de cinco años. Podrá fijarse una duración inferior, bien a petición del solicitante, bien de común acuerdo entre las autoridades competentes de las Partes en cuyos territorios se recojan o se dejen viajeros.
 6.En la autorización se especificará lo siguiente:
 (a)el tipo de servicio;
 (b)la ruta del servicio, indicando, en particular, el punto de partida y el punto de destino;
 (c)el período de validez de la autorización; y
 (d)las paradas y los horarios.
 7.Las autorizaciones deberán ajustarse al modelo que figura en el anexo ROAD-2.
 8.El transportista de viajeros por carretera de una Parte que realice un servicio contemplado en el artículo X+2 podrá utilizar vehículos adicionales para responder a situaciones temporales y excepcionales. Estos vehículos adicionales solo podrán utilizarse en las mismas condiciones establecidas en la autorización contemplada en el apartado 6.
 En ese caso, además de los documentos a que hace referencia el artículo X+10, aparatados 1 y 2, el transportista de viajeros por carretera se asegurará de llevar en el vehículo una copia del contrato entre el transportista de viajeros por carretera que realiza el servicio regular o regular especializado y la empresa que proporciona los vehículos adicionales o un documento equivalente que deberá presentarse a solicitud de cualquier inspector autorizado.
 Artículo X+5: Presentación de la solicitud de autorización
 1.El transportista de viajeros por carretera de una Parte presentará las solicitudes de autorización a la autoridad en materia de autorización mencionada en el artículo X+4, apartado 1.
 Para cada servicio se presentará una única solicitud. En los casos contemplados en el artículo X+4, apartado 3, dicha solicitud deberá presentarla el transportista encargado por los demás transportistas a estos efectos. La solicitud deberá ir dirigida a la autoridad en materia de autorización de la Parte en la que esté establecido el transportista de viajeros por carretera que la presenta.
 2.Las solicitudes de autorización se presentarán siguiendo el modelo que figura en el anexo ROAD-3.
 3.El transportista de viajeros por carretera que solicita la autorización facilitará la información adicional que considere pertinente o que le solicite la autoridad en materia de autorización, en particular los documentos enumerados en el anexo ROAD-3.
 Artículo X+6: Procedimiento de autorización
 1.Las autorizaciones se expedirán de acuerdo con las autoridades competentes de las Partes en cuyo territorio se recojan o depositen viajeros. La autoridad en materia de autorización facilitará a dichas autoridades, así como a las autoridades competentes por cuyos territorios pase el servicio sin recoger ni dejar viajeros, junto con su valoración, una copia de la solicitud y de todos los demás documentos pertinentes.
 En lo que respecta a la Unión, las autoridades competentes a las que se hace referencia en la primera parte del presente apartado serán las de los Estados miembros en cuyos territorios se recojan o se dejen viajeros y por cuyos territorios se pase sin recoger ni dejar viajeros.
 2.Las autoridades competentes cuyo acuerdo se haya solicitado darán a conocer su decisión sobre la solicitud a la autoridad en materia de autorización en un plazo de cuatro meses. Este plazo empezará a correr a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acuerdo que figure en el acuse de recibo. Si la decisión recibida de las autoridades competentes cuyo acuerdo se solicitó es negativa, esta incluirá una exposición de motivos adecuada. Si la autoridad en materia de autorización no recibe respuesta en el plazo de cuatro meses, se considerará que las autoridades competentes consultadas dan su conformidad y la autoridad en materia de autorización podrá conceder la autorización.
 Las autoridades competentes por cuyo territorio se pase sin recoger o dejar viajeros podrán comunicar sus observaciones a la autoridad en materia de autorización en un plazo de cuatro meses.
 3.En relación con los servicios que hayan sido autorizados en virtud del Reglamento (CE) n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
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 antes del final del período transitorio y respecto de los cuales la autorización expire al final del período transitorio, se aplicará lo siguiente:
 (a)cuando, con sujeción de los cambios necesarios para cumplir lo dispuesto en el artículo X+2, las condiciones de explotación sean las mismas que las establecidas en la autorización concedida en virtud del Reglamento (CE) n.o 1073/2009, la autoridad en materia de autorización pertinente en virtud del presente título podrá, previa solicitud o de otro modo, expedir al operador de transporte por carretera la autorización correspondiente concedida con arreglo al presente título. Cuando se expida dicha autorización, se considerará que se ha otorgado el acuerdo de las autoridades competentes en cuyo territorio se recojan o depositen los viajeros, tal como se contempla en el apartado 2. Las autoridades competentes y las autoridades competentes por cuyo territorio se pasa sin recoger o dejar viajeros podrán, en todo momento, comunicar a la autoridad en materia de autorización las observaciones que desee;
 (b)Cuando la letra a) sea aplicable, el período de validez de la autorización correspondiente concedida en virtud del presente título no podrá prolongarse más allá del último día del período de validez especificado en la autorización concedida previamente con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1073/2009.
 4.La autoridad en materia de autorización adoptará una decisión sobre la solicitud a más tardar en los seis meses posteriores a la fecha de presentación de la solicitud por el transportista de viajeros por carretera.
 5.La autorización se concederá, salvo que:
 (a)el solicitante no esté en condiciones de prestar el servicio objeto de la solicitud con el equipamiento que este tiene directamente a su disposición;
 (b)el solicitante no haya cumplido la normativa nacional o internacional sobre transporte por carretera, en particular las condiciones y exigencias relativas a las autorizaciones para los servicios de transporte internacional de viajeros, o haya cometido una infracción grave de la legislación relativa al transporte por carretera de una Parte, en particular de las normas aplicables a los vehículos y a los períodos de conducción y de descanso de los conductores;
 (c)en el caso de una solicitud de renovación de la autorización, no se hayan respetado las condiciones de la autorización;
 (d)una Parte, sobre la base de un análisis detallado, decida que el servicio en cuestión afectaría gravemente a la viabilidad de un servicio comparable prestado en virtud de uno o varios contratos de servicio público con arreglo al Derecho de la Parte en los tramos directos de que se trate. En tal caso, la Parte fijará criterios no discriminatorios para determinar si el servicio que se solicita afectaría gravemente a la viabilidad del mencionado servicio comparable y los comunicará la otra Parte mencionada en el apartado 1; o
 (e)una Parte decida, en función de un análisis detallado, que el principal objetivo del servicio no es transportar viajeros entre paradas situadas en el territorio de las Partes.
 En el caso de que un servicio existente afecte seriamente la viabilidad de un servicio comparable prestado en virtud de uno o varios contratos de servicio público con arreglo al Derecho de una Parte en los tramos directos afectados debido a razones excepcionales que era imposible prever al otorgar la autorización, una Parte podrá, con el acuerdo de la otra Parte, suspender o retirar la autorización para explotar el servicio internacional de autocares y autobuses tras dar un preaviso de seis meses al transportista de viajeros por carretera.
 El hecho de que el transportista de viajeros por carretera de una Parte ofrezca precios más bajos que los ofrecidos por otro transportista de viajeros por carretera o el hecho de que la conexión en cuestión ya esté siendo explotada por otros transportistas de viajeros por carretera no constituirán en sí mismos justificación para la denegación de la solicitud.
 6.Una vez cumplido el procedimiento previsto en los apartados 1 a 5, la autoridad en materia de autorización concederá la autorización o denegará oficialmente la solicitud.
 Las decisiones de denegación de una solicitud serán motivadas. Las Partes garantizarán que las empresas de transporte tengan la posibilidad de presentar observaciones en caso de denegación de sus solicitudes.
 La autoridad en materia de autorización comunicará su decisión a las autoridades competentes de la otra Parte y les enviará una copia de la autorización concedida.
 Artículo X+7: Renovación y modificación de las autorizaciones
 1.El artículo X+6 será aplicable, mutatis mutandis, a las solicitudes de renovación de autorización o de modificación de las condiciones en que se deben realizar los servicios sujetos a autorización.
 2.Cuando la autorización existente expire en un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el plazo en el que las autoridades competentes a que se refiere el artículo X+6, apartado 2 notificarán a la autoridad en materia de autorización su acuerdo con la solicitud, o sus observaciones al respecto, de conformidad con dicho artículo, será de dos meses.
 3.En caso de una modificación poco importante de las condiciones de explotación, en particular la adaptación de las frecuencias, las tarifas y los horarios, bastará con que la autoridad en materia de autorización comunique la información referente a dicha modificación a las autoridades competentes de la otra Parte. La modificación de los horarios o las frecuencias de manera que afecte al calendario de controles en las fronteras entre las Partes o en las fronteras de terceros países no se considerará una modificación poco importante.
 Artículo X+8: Expiración de la autorización
 1.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo X+6, apartado 3, la autorización de un servicio contemplado en el artículo X+2 expirará al final de su período de validez o tres meses después de que la autoridad en materia de autorización haya recibido una notificación de su titular sobre su intención de poner fin a la explotación del servicio. Dicha notificación estará debidamente motivada.
 2.En caso de que deje de haber demanda de un servicio, el plazo de la notificación prevista en el apartado 1 será de un mes.
 3.La autoridad en materia de autorización informará a las autoridades competentes de la otra Parte afectada sobre la expiración de la autorización.
 4.El titular de la autorización deberá informar a los usuarios del servicio en cuestión, con una publicidad adecuada y un mes de antelación, del cese de dicho servicio.
 Artículo X+9: Obligaciones de los transportistas
 1.Excepto en caso de fuerza mayor, el transportista de viajeros por carretera de una Parte que preste un servicio mencionado en el artículo X+2 pondrá en marcha el servicio sin demora y, hasta la expiración de la autorización, adoptará todas las medidas necesarias para garantizar un servicio de transporte que cumpla las normas de continuidad, regularidad y capacidad, así como las condiciones especificadas en el artículo X+4, apartado 6 y en el anexo ROAD-2.
 2.El transportista de viajeros por carretera de una Parte mostrará el itinerario del servicio, las paradas del autobús, el horario, las tarifas y las condiciones de transporte de manera que se asegure que dicha información está a disposición de todos los usuarios.
 3.Las Partes podrán realizar cambios en las condiciones de explotación que rijan un servicio mencionado en el artículo X+2 de común acuerdo y en concertación con el titular de la autorización.
 Artículo X+10: Documentación que debe conservarse en el autocar o autobús
 1.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo X+4, apartado 8, la autorización, o su copia legalizada, para llevar a cabo los servicios mencionados en el artículo X+2 y la licencia del transportista, o su copia legalizada, para el transporte internacional de viajeros por carretera, establecidas con arreglo al Derecho interno o de la Unión, deberán llevarse a bordo del autocar o autobús y presentarse a instancia de cualquier inspector autorizado.
 2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, así como en el artículo X+4, apartado 8, en el caso de un servicio regular especializado el contrato entre el organizador y el transportista, o una copia de este, así como un documento que acredite que los viajeros constituyen una categoría específica de viajeros con exclusión de todos los demás, a efectos de un servicio regular especializado, también servirán como documentos de control, y deberán llevarse a bordo del vehículo y presentarse a instancia de cualquier inspector autorizado.
 3.Los transportistas de viajeros por carretera que presten servicios discrecionales con arreglo a los artículos X + 2, apartados 6 y 7 deberán llevar una hoja de ruta cumplimentada, utilizando el modelo que figura en el anexo ROAD-4. Los talonarios de hojas de ruta serán expedidos por la autoridad competente del territorio en el que esté registrado el operador o por los organismos designados por la autoridad competente.
 Artículo X+11: Normas de tráfico por carretera
 Los conductores de autocares y autobuses que realicen el transporte de viajeros en virtud del presente título, cumplirán, en el territorio de la otra Parte, las disposiciones legislativas y reglamentarias nacionales en vigor en dicho territorio con respecto al tráfico por carretera.
 Artículo X+12: Aplicación
 Las disposiciones del presente título dejarán de aplicarse a partir de la fecha en que el protocolo del Convenio Interbús sobre el transporte regular y discrecional internacional de los viajeros en autocar y autobús entre en vigor en el Reino Unido o seis meses después de la entrada en vigor de dicho protocolo para la Unión, lo que suceda primero, excepto para los fines de las operaciones contempladas en el artículo X+2, apartado 2; Artículo X+2, apartado 5; Artículo X+2, apartado 6 y artículo X+2, apartado 7.
 Artículo X+13: Obligaciones en otros títulos
 Los artículos SERVIN 3.2 [Acceso a los mercados] y SERVIN 3.4 [Trato nacional] del capítulo tres del título II del epígrafe primero de la segunda parte se incorporan e integran en el presente título y se aplican al tratamiento de los transportistas que realicen viajes con arreglo al artículo X+2 del presente título.
 Artículo X+14: Comité Especializado
 El Comité Especializado en Transporte por Carretera podrá modificar los anexos ROAD-2, ROAD-3 y ROAD-4 para tener en cuenta las novedades normativas. Podrá adoptar medidas relativas a la aplicación del presente título.
 EPÍGRAFE CUARTO: COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y VISADOS PARA VISITAS DE CORTA DURACIÓN
 Título I: Coordinación en materia de seguridad social
 Ch.SSC.1: Generalidades
 Los Estados miembros y el Reino Unido coordinarán sus sistemas de seguridad social de conformidad con el Protocolo sobre coordinación en materia de seguridad social, a fin de garantizar los derechos en materia de seguridad social de las personas cubiertas por el mismo.
 Ch.SSC.2: Residencia legal
 1.
 El Protocolo sobre coordinación en materia de seguridad social se aplicará a las personas que residan legalmente en un Estado miembro o en el Reino Unido.
 2.
 El apartado 1 del presente artículo no afectará al derecho a prestaciones económicas correspondientes a períodos de residencia legal anteriores de personas contempladas en el artículo SSC.2 [Personas cubiertas] del Protocolo sobre coordinación en materia de seguridad social.
 Ch.SSC.3: Situaciones transfronterizas
 1.
 El Protocolo sobre coordinación en materia de seguridad social se aplicará únicamente a las situaciones que surjan entre uno o varios Estados miembros de la Unión y el Reino Unido.
 2.
 El Protocolo sobre coordinación en materia de seguridad social no se aplicará a las personas cuya situación se limite en todos los aspectos, ya sea al Reino Unido o a los Estados miembros.
 Ch.SSC.4: Solicitudes de inmigración
 El Protocolo sobre coordinación en materia de seguridad social se aplicará sin perjuicio del derecho de un Estado miembro o del Reino Unido a cobrar una tasa sanitaria en virtud de la legislación nacional en relación con una solicitud de permiso de entrada, estancia, trabajo o residencia en dicho Estado.
 Título II: Visados para visitas de corta duración
 Artículo VSTV.1: Visados para visitas de corta duración
 1.
 Las Partes toman nota de que, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, ambas Partes establecen la exención de visado para las visitas de corta duración de sus nacionales de conformidad con su legislación nacional. Cada Parte notificará a la otra su intención de imponer la obligación de visado para las visitas de corta duración de nacionales de la otra Parte a su debido tiempo y, si es posible, al menos tres meses antes de que surta efecto dicha obligación.
 2.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y en el artículo FINPROV.10 [Futuras adhesiones a la Unión], en caso de que el Reino Unido decida imponer la obligación de visado para las visitas de corta duración a los nacionales de un Estado miembro, dicha obligación se aplicará a los nacionales de todos los Estados miembros.
 3.
 El presente artículo se entiende sin perjuicio de los acuerdos concertados entre el Reino Unido e Irlanda en relación con la Zona de Viaje Común.
 EPÍGRAFE QUINTO: PESCA
 Capítulo uno: Disposiciones iniciales
 Artículo FISH.1: Derechos soberanos de los Estados ribereños ejercidos por las Partes
 Las Partes afirman que los derechos soberanos de los Estados ribereños ejercidos por las Partes con el fin de explorar, explotar, conservar y gestionar los recursos vivos en sus aguas deben ejercerse en virtud de los principios del Derecho internacional, en particular con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, y de conformidad con dichos principios;
 Artículo FISH.2: Objetivos y principios
 1.
 Las Partes cooperarán con vistas a garantizar que las actividades pesqueras relativas a las poblaciones compartidas en sus aguas sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental a largo plazo y contribuyan a la obtención de beneficios económicos y sociales, al tiempo que respetan plenamente los derechos y obligaciones de los Estados ribereños independientes ejercidos por las Partes.
 2.
 Las Partes tienen el objetivo común de explotar las poblaciones compartidas a ritmos que aspiran a mantener y restablecer progresivamente las poblaciones de las especies capturadas por encima de los niveles de biomasa que puedan producir el rendimiento máximo sostenible.
 3.
 Las Partes tendrán en cuenta los siguientes principios:
 (a)aplicar el criterio de precaución a la gestión de la pesca;
 (b)promover la sostenibilidad a largo plazo (medioambiental, social y económica) y la utilización óptima de las poblaciones compartidas;
 (c)basar las decisiones de conservación y gestión de la pesca en los mejores dictámenes científicos disponibles, principalmente los facilitados por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM);
 (d)garantizar la selectividad en las pesquerías con el fin de proteger a los juveniles y las concentraciones de peces reproductores, así como de evitar y reducir las capturas accesorias no deseadas;
 (e)tener debidamente en cuenta y minimizar los efectos nocivos de la pesca en el ecosistema marino, y tener debidamente en cuenta la necesidad de preservar la diversidad biológica marina;
 (f)aplicar medidas proporcionadas y no discriminatorias para la conservación de los recursos marinos vivos y la gestión de los recursos pesqueros y el acceso a ellos, preservando al mismo tiempo la autonomía reguladora de las Partes;
 (g)garantizar la recopilación y la puesta en común oportuna de datos completos y exactos pertinentes para la conservación de las poblaciones compartidas y para la gestión de la pesca;
 (h)garantizar el cumplimiento de las medidas de conservación y gestión de las pesquerías, y luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; y
 (i)garantizar la oportuna aplicación en los marcos reglamentarios de las Partes de cualesquiera medidas acordadas.
 Artículo FISH.3: Definiciones
 1.A efectos del presente epígrafe, serán de aplicación las definiciones siguientes:
 (a)«ZEE» (de una Parte): de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982:
 (I)en el caso de la Unión, las zonas económicas exclusivas establecidas por sus Estados miembros adyacentes a sus territorios europeos;
 (II)la zona económica exclusiva establecida por el Reino Unido;
 (b)«criterio de precaución en materia de gestión de la pesca»: el enfoque según el cual la falta de información científica adecuada no justifica posponer o no adoptar medidas de gestión destinadas a conservar las especies principales, las especies asociadas o dependientes y las especies no objetivo y su entorno;
 (c)«poblaciones compartidas»: los peces, incluidos los moluscos de cualquier tipo, que se encuentren en aguas de las Partes, incluidos los moluscos y los crustáceos;
 (d)«TAC», el total admisible de capturas, a saber, la cantidad máxima de una población (o poblaciones) de una descripción específica que puede ser capturada durante un periodo determinado;
 (e)«poblaciones no sujetas a cuota»: poblaciones que no se gestionan mediante TAC;
 (f)«mar territorial» (de una Parte): de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982:
 (I)en el caso de la Unión, no obstante lo dispuesto en el artículo FINPROV.1, apartado 1 [Ámbito de aplicación territorial], el mar territorial establecido por sus Estados miembros adyacente a sus territorios europeos;
 (II)el mar territorial establecido por el Reino Unido;
 (g)«aguas» (de una Parte):
 (I)en el caso de la Unión, no obstante lo dispuesto en el artículo FINPROV.1, apartado 1 [Ámbito de aplicación territorial], las ZEE de los Estados miembros y sus mares territoriales;
 (II)con respecto al Reino Unido, su ZEE y su mar territorial, excepto a efectos de los artículos FISH.8 [Acceso a las aguas], FISH.9 [Medidas compensatorias en caso de retirada o reducción del acceso] y el anexo FISH.4 [Protocolo sobre el acceso a las aguas], el mar territorial adyacente a la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man;
 (h)«buque» (de una Parte):
 (I)en el caso del Reino Unido, un buque pesquero que enarbole el pabellón del Reino Unido, esté registrado en el Reino Unido, la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey o la Isla de Man y esté autorizado por una administración de pesca del Reino Unido;
 (II)en el caso de la Unión, un buque pesquero que enarbole el pabellón de un Estado miembro y esté registrado en la Unión.
 Capítulo 2: Conservación y explotación sostenible
 Artículo FISH.4: Gestión de la pesca
 1.
 Cada una de las Partes decidirá las medidas aplicables a sus aguas para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo FISH.2, apartados 1 y 2 [Objetivos y principios] y teniendo en cuenta los principios establecidos en el artículo FISH.2, apartado 3 [Objetivos y principios].
 2.
 Las Partes basarán las medidas mencionadas en el apartado 1 en el mejor asesoramiento científico disponible.
 Ninguna Parte aplicará las medidas referidas en el apartado 1 a los buques de la otra Parte en sus aguas a menos que aplique las mismas medidas a sus propios buques.
 El párrafo segundo se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de las Partes en virtud del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, el sistema de control y ejecución de la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste, las medidas de conservación y control de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste y la Recomendación 18-09 de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico relativa a las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
 El Comité Especializado en Pesca podrá modificar la lista de obligaciones internacionales preexistentes a que se refiere el párrafo tercero.
 3.
 Cada Parte notificará a la otra Parte las nuevas medidas a que se refiere el apartado 1 que puedan afectar a los buques de la otra Parte antes de que se apliquen dichas medidas, dando a la otra Parte tiempo suficiente para formular observaciones o solicitar aclaraciones.
 Artículo FISH.5: Autorizaciones, cumplimiento y ejecución
 1.
 Cuando los buques tengan acceso a pescar en aguas de la otra Parte de conformidad con el artículo FISH.8 [Acceso a las aguas] y al artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man]:
 (a)cada una de las Partes comunicará a la otra Parte, con la suficiente antelación, la lista de los buques para los que solicita autorizaciones o licencias de pesca; y
 (b)la otra Parte expedirá autorizaciones o licencias de pesca.
 2.
 Cada Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que sus buques cumplan las normas aplicables a dichos buques en las aguas de la otra Parte, incluidas las condiciones de autorización o licencia.
 Capítulo 3: Disposiciones relativas al acceso a las aguas y a los recursos
 Artículo FISH.6: Posibilidades de pesca
 1.A más tardar el 31 de enero de cada año, las Partes cooperarán para establecer el calendario de consultas con el fin de acordar los TAC para las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.1 para el año o años siguientes En este calendario se tendrán en cuenta otras consultas anuales entre los Estados ribereños que afecten a una de las Partes o a ambas.
 2.Las Partes celebrarán consultas anuales para acordar, a más tardar el 10 de diciembre de cada año, los TAC del año siguiente para las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.1. Ello incluirá un rápido intercambio de puntos de vista sobre las prioridades tan pronto como se reciba el dictamen sobre el nivel de los TAC. Las Partes acordarán los TAC:
 (a)sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, así como de otros factores pertinentes, incluidos aspectos socioeconómicos; y
 (b)dentro del respeto de las estrategias plurianuales aplicables en materia de conservación y gestión acordadas por las Partes.
 3.Los cupos de los TAC de las Partes correspondientes a las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.1 se repartirán entre las Partes de conformidad con las cuotas establecidas en dicho anexo.
 4.Las consultas anuales también podrán abarcar, entre otros aspectos, los siguientes:
 (a)las transferencias de partes de los cupos de los TAC de una Parte a la otra Parte;
 (b)una lista de las poblaciones cuya pesca esté prohibida;
 (c)la determinación del TAC para cualquier población que no figure en el anexo FISH.1 o el anexo FISH.2 y los cupos respectivos de las Partes de dichas poblaciones;
 (d)medidas para la gestión de la pesca, incluidas, si procede, las limitaciones del esfuerzo pesquero;
 (e)poblaciones de interés mutuo para las Partes distintas de las enumeradas en los anexos del presente epígrafe.
 5.Las Partes podrán celebrar consultas con el fin de acordar TAC modificados, si una de las Partes así lo solicita.
 6.Los jefes de delegación de las Partes presentarán y firmarán un acta escrita en la que se documenten los acuerdos celebrados entre las Partes como resultado de las consultas realizadas en virtud del presente artículo.
 7.Cada Parte informará con antelación suficiente a la otra Parte del establecimiento o la modificación de los TAC para las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.3.
 8.Las Partes acuerdan establecer un mecanismo para las transferencias anuales voluntarias de posibilidades de pesca entre las Partes, que se llevará a cabo una vez al año. El Comité Especializado en Pesca decidirá los detalles de este mecanismo. Las Partes estudiarán la posibilidad de poner a disposición, a través de este mecanismo, transferencias de posibilidades de pesca para las poblaciones que estén o se prevea que estén infraexplotadas al valor de mercado.
 Artículo FISH.7: TAC provisionales
 1.Si las Partes no han acordado un TAC para una población enumerada en el anexo FISH.1 o el anexo FISH.2A o B para el 10 de diciembre, reanudarán inmediatamente las consultas con el objetivo continuo de acordar el TAC. Las Partes mantendrán contactos frecuentes con el fin de explorar todas las opciones posibles para llegar a un acuerdo en el plazo más breve posible.
 2.Si una población que figure en el anexo FISH.1 o en el anexo FISH.2A y B siguiera sin un TAC acordado el 20 de diciembre, cada Parte aplicará un TAC provisional correspondiente al nivel recomendado por el CIEM a partir del 1 de enero.
 3.No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los TAC para las poblaciones especiales se fijarán de conformidad con las directrices adoptadas en virtud del apartado 5.
 4.A efectos del presente artículo, por «poblaciones especiales» se entenderá:
 (a)las poblaciones para las que el dictamen del CIEM indica un TAC cero;
 (b)las poblaciones capturadas en una pesquería mixta, si dicha población u otra población de la misma pesquería es vulnerable; o
 (c)otras poblaciones que las Partes consideren que requieren un trato especial.
 5.El Comité Especializado en Pesca adoptará, a más tardar el 1 de julio de 2021, directrices para el establecimiento de TAC provisionales para las poblaciones especiales.
 6.Cada año, cuando se reciba el dictamen del CIEM sobre los TAC, las Partes debatirán, con carácter prioritario, sobre las poblaciones especiales y la aplicación de las directrices establecidas de conformidad con el apartado 5 para la fijación de los TAC provisionales por cada Parte.
 7.Cada Parte fijará su cupo para cada uno de los TAC provisionales, que no superará su cupo establecido en el anexo correspondiente.
 8.Los TAC y cupos provisionales a que se refieren los apartados 2, 3 y 7 se aplicarán hasta que se alcance un acuerdo con arreglo al apartado 1.
 9.Cada Parte notificará inmediatamente a la otra Parte sus TAC provisionales con arreglo a los apartados 2 y 3 y su cupo provisional de cada uno de los TAC contemplados en el apartado 7.
 Artículo FISH.8: Acceso a las aguas
 1.Siempre que se hayan acordado TAC, cada Parte concederá a los buques de la otra Parte acceso a la pesca en sus aguas en las subzonas CIEM correspondientes ese año. El acceso se concederá a un nivel y en las condiciones determinadas en dichas consultas anuales.
 2.Las Partes podrán acordar, en consultas anuales, otras condiciones específicas de acceso en relación con:
 (a)las posibilidades de pesca acordadas;
 (b)cualquier estrategia plurianual para las poblaciones no sujetas a cuota desarrollada en virtud del artículo FISH.16, apartado 1, letra c) [Comité Especializado en Pesca]; y
 (c)cualesquiera medidas técnicas y de conservación acordadas por las Partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FISH.4 [Gestión de la pesca].
 3.Las Partes llevarán a cabo las consultas anuales, incluso sobre el nivel y las condiciones de acceso a que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo, de buena fe y con el objetivo de garantizar un equilibrio mutuamente satisfactorio entre los intereses de ambas Partes.
 4.En particular, el resultado de las consultas debe dar lugar, por lo general, a que cada Parte conceda:
 (a)acceso a las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.1 y el anexo FISH.2.A, B y F en la ZEE de la otra Parte (o si se concede el acceso con arreglo a la letra c), en las ZEE y en las divisiones mencionadas en dicha letra) a un nivel razonablemente proporcional a los cupos respectivos de las Partes en los TAC;
 (b)acceso a las poblaciones de peces no sujetas a cuota en la ZEE de la otra Parte (o, si se concede el acceso en virtud de la letra c), en las ZEE y en las divisiones mencionadas en dicha letra), a un nivel que equivalga como mínimo al tonelaje medio capturado por esa Parte en las aguas de la otra Parte durante el período 2012-2016; y
 (c)acceso a las aguas de las Partes entre seis y doce millas náuticas a partir de la línea de base de las divisiones CIEM 4c y 7d-g para los buques admisibles, en la medida en que los buques pesqueros de la Unión y los buques pesqueros del Reino Unido tuvieran acceso a dichas aguas a 31 de diciembre de 2020.
 A los fines de la letra c), se entenderá por «buque admisible» todo buque de una Parte que haya faenado en la zona mencionada en la frase anterior en cuatro de los años comprendidos entre 2012 y 2016, o su sustituto directo.
 Las consultas anuales a que se refiere la letra c) podrán incluir compromisos financieros y transferencias de cuota adecuados entre las Partes.
 5.Durante la aplicación de un TAC provisional, y a la espera de un TAC acordado, las Partes concederán acceso provisional a la pesca en las subzonas CIEM pertinentes del siguiente modo:
 (a)para las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.1 y las poblaciones no sujetas a cuota, del 1 de enero al 31 de marzo a los niveles establecidos en el apartado 4, letras a) y b);
 (b)para las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.2, del 1 de enero al 14 de febrero, en los niveles establecidos en el apartado 4, letra a); y
 (c)en relación con el acceso a la pesca en la zona de seis a doce millas náuticas, el acceso, de conformidad con el apartado 4, letra c), del 1 de enero al 31 de enero, a un nivel equivalente al tonelaje medio mensual capturado en esa zona en los 3 meses anteriores.
 Para cada una de las poblaciones pertinentes de las letras a) y b), dicho acceso será proporcional al porcentaje medio del cupo de una Parte del TAC anual que los buques de esa Parte hayan capturado en aguas de la otra Parte en las subzonas CIEM pertinentes durante el mismo período de los tres años civiles anteriores. lo mismo se aplicará, mutatis mutandis, al acceso a las poblaciones no sujetas a cuota.
 A más tardar el 15 de enero en relación con la situación contemplada en la letra c) del presente apartado, a más tardar el 31 de enero con respecto a las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.2, y a más tardar el 15 de marzo con respecto a todas las demás poblaciones, cada Parte notificará a la otra Parte el cambio en el nivel y las condiciones de acceso a las aguas que se aplicarán a partir del 1 de febrero en relación con la situación contemplada en la letra c), a partir del 15 de febrero, con respecto a las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.2, y a partir del 1 de abril con respecto a todas las demás poblaciones para las subzonas CIEM pertinentes.
 6.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FISH.7, apartados 1 y 8 [TAC provisionales], tras el período de un mes en relación con la situación contemplada en el apartado 5, letra c), un mes y medio con respecto a las poblaciones enumeradas en el anexo FISH.2, y tres meses con respecto a todas las demás poblaciones, las Partes procurarán acordar nuevas disposiciones de acceso provisional al nivel geográfico adecuado con el fin de minimizar la perturbación de las actividades pesqueras
 7.Al conceder el acceso con arreglo al apartado 1, una Parte podrá tener en cuenta el cumplimiento por parte de los buques o grupos de buques de las normas aplicables en sus aguas durante el año anterior, así como las medidas adoptadas por la otra Parte de conformidad con el artículo FISH.5, apartado 2 [Autorizaciones, cumplimiento y ejecución] durante el año anterior.
 8.La aplicación del presente artículo estará supeditada a lo dispuesto en el anexo FISH.4 [Protocolo sobre el acceso a las aguas].
 Artículo FISH.9: Medidas compensatorias en caso de retirada o reducción del acceso
 1.
 Tras una notificación de una Parte («Parte anfitriona») con arreglo al artículo FISH.8, apartado 5 [Acceso a las aguas], la otra Parte («Parte pesquera») podrá adoptar medidas compensatorias proporcionales al impacto económico y social producidos por el cambio en el nivel y las condiciones de acceso a las aguas. Dicho impacto se medirá sobre la base de pruebas fiables y no simplemente sobre conjeturas y posibilidades remotas. Dando prioridad a aquellas medidas compensatorias que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo, la Parte pesquera podrá suspender, total o parcialmente, el acceso a sus aguas y el trato arancelario preferencial concedido a los productos de la pesca en virtud del artículo GOODS.5 [Prohibición de derechos de aduana].
 2.
 Las medidas compensatorias a que se refiere el apartado 1 podrán entrar en vigor, como muy pronto, siete días después de que la Parte pesquera haya notificado a la Parte anfitriona la suspensión prevista con arreglo al apartado 1 y, en cualquier caso, no antes del 1 de febrero en relación con la situación contemplada en el artículo 8, apartado 5, letra c) [Acceso a las aguas], el 15 de febrero con respecto al anexo FISH.2 y el 1 de abril con respecto a otras poblaciones. Las Partes se consultarán en el seno del Comité Especializado con el fin de alcanzar una solución mutuamente aceptable. En dicha notificación se indicará:
 (a)la fecha en la que la Parte pesquera tiene intención de suspender; y
 (b)las obligaciones que deben suspenderse y el nivel de la suspensión prevista.
 3.
 Tras la notificación de las medidas compensatorias de conformidad con el apartado 2, la Parte anfitriona podrá solicitar la constitución de un tribunal de arbitraje de conformidad con el artículo INST.14 [Procedimiento de arbitraje] del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte, sin tener que recurrir a consultas de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas]. El tribunal de arbitraje solo podrá revisar la conformidad de las medidas compensatorias con el apartado 1. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a efectos del artículo INST.19 [Procedimiento urgente] del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte.
 4.
 Cuando dejen de cumplirse las condiciones para la adopción de las medidas compensatorias a que se refiere el apartado 1, dichas medidas se retirarán inmediatamente.
 5.
 Tras una resolución contra la Parte pesquera en el procedimiento mencionado en el apartado 3, la Parte anfitriona podrá solicitar al tribunal de arbitraje, en el plazo de 30 días a partir de su laudo, que determine un nivel de suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo que no supere el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causado por la aplicación de las medidas compensatorias, si considera que la incoherencia de las medidas compensatorias con el apartado 1 es significativa. La solicitud propondrá un nivel de suspensión de conformidad con los principios establecidos en el apartado 1 y cualesquiera principios pertinentes establecidos en el artículo INST.34C [Suspensión de obligaciones a efectos del artículo LPFS.3.12, apartado 12, el artículo FISH.9, apartado 5 y el artículo FISH.14, apartado 7]. La Parte anfitriona podrá aplicar el nivel de suspensión de obligaciones en virtud del presente Acuerdo de conformidad con el nivel de suspensión determinado por el tribunal de arbitraje, a más tardar 15 días después del mencionado laudo.
 6.
 Las Partes no invocarán el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir a la otra Parte suspender sus obligaciones en virtud del presente artículo.
 Artículo FISH.10: Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man
 1.
 No obstante lo dispuesto en los artículos FISH.8, apartados 1 y 3 a 7 [Acceso a las aguas], FISH.9 [Medidas compensatorias en caso de retirada o reducción del acceso] y el anexo FISH.4 [Protocolo sobre el acceso a las aguas], cada Parte concederá a los buques de la otra Parte un acceso a pescar en sus aguas que refleje el alcance y la naturaleza reales de la actividad pesquera que pueda demostrarse que se llevó a cabo durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2020 por buques admisibles de la otra Parte en las aguas y en virtud de cualesquiera disposiciones que estuviesen en vigor a 31 de enero de 2020.
 2.
 A efectos del presente artículo y, en la medida en que los demás artículos del presente epígrafe se apliquen en relación con las modalidades de acceso establecidas en el presente artículo:
 (a)por «buque admisible» se entenderá, en relación con la actividad pesquera realizada en aguas adyacentes a la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey, la Isla de Man o un Estado miembro, todo buque que haya faenado en el mar territorial adyacente a dicho territorio o a ese Estado miembro durante más de diez días en cualquiera de los tres períodos de doce meses que finalizan el 31 de enero o entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2020;
 (b)en lo que respecta al Reino Unido, por «buque» (de una Parte) se entenderá todo buque pesquero que enarbole pabellón del Reino Unido y esté registrado en la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey o la Isla de Man, y que esté autorizado por una administración de pesca del Reino Unido;
 (c)por «aguas» (de una Parte) se entenderá:
 (I)con respecto a la Unión, el mar territorial adyacente a un Estado miembro; y
 (II)en lo que respecta al Reino Unido, el mar territorial adyacente a la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man.
 3.
 A petición de cualquiera de las Partes, el Consejo de Asociación decidirá, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que el presente artículo, el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] y cualesquiera otras disposiciones del presente epígrafe en la medida en que se refieran a los acuerdos previstos en dichos artículos, así como a los apartados 3 a 5 del artículo OTH.9 [Ámbito geográfico de aplicación], dejarán de aplicarse respecto de una o varias de las Bailías de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man, a los 30 días de dicha decisión.
 4.
 El Consejo de Asociación podrá decidir modificar el presente artículo, el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] y cualquier otra disposición del presente epígrafe en la medida en que se refiera a las disposiciones previstas en dichos artículos.
 Artículo FISH.11: Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca
 1.La Unión aplicará los siguientes plazos de notificación a los productos de la pesca capturados por buques que enarbolen pabellón del Reino Unido y estén registrados en la Bailía de Guernsey o en la Baila de Jersey en el mar territorial adyacente a dichos territorios o en el mar territorial adyacente a un Estado miembro:
 (a)notificación previa entre tres y cinco horas antes del desembarque de productos de la pesca frescos en el territorio de la Unión;
 (b)notificación previa entre una y tres horas del certificado de captura validado para el desplazamiento directo por mar de partidas de productos de la pesca antes de la hora estimada de llegada al lugar de entrada en el territorio de la Unión.
 2.Exclusivamente a los fines del presente artículo, se entenderá por «productos de la pesca» todas las especies de peces, moluscos y crustáceos marinos.
 Artículo FISH.12: Armonización de las zonas de gestión
 1.
 A más tardar el 1 de julio de 2021, las Partes solicitarán el dictamen del CIEM sobre la armonización de las zonas de gestión y las unidades de evaluación utilizadas por el CIEM para las poblaciones señaladas con un asterisco en el anexo FISH.1.
 2.
 En un plazo de seis meses a partir de la recepción del dictamen mencionado en el apartado 1, las Partes revisarán conjuntamente dicho dictamen y estudiarán conjuntamente la posibilidad de introducir ajustes en las zonas de gestión de las poblaciones afectadas, con vistas a acordar los cambios consiguientes en la lista de poblaciones y cupos establecidos en el anexo FISH.1.
 Artículo FISH.13: Cupos de los TAC para otras poblaciones determinadas
 1.Los cupos de los TAC de cada Parte para otras poblaciones determinadas se establecen en el anexo FISH.2.
 2.Cada Parte notificará sus cupos a los Estados y organizaciones internacionales pertinentes de conformidad con el acuerdo de reparto establecido en el anexo FISH.2A a D.
 3.Cualquier modificación posterior de dichos cupos en los anexos FISH.2C y D es competencia de los foros multilaterales pertinentes.
 4.Sin perjuicio de las competencias del Consejo de Asociación en virtud del artículo 16, apartado 3 [Comité Especializado en Pesca], cualquier cambio posterior en los cupos de los anexos FISH.2A y B después del 30 de junio de 2026 será competencia de los foros multilaterales pertinentes.
 5.Ambas Partes abordarán la gestión de esas poblaciones en los anexos FISH.2A a D de conformidad con los objetivos y principios establecidos en el artículo FISH.2 [Objetivos y principios].
 Capítulo 4: Disposiciones en materia de gobernanza
 Artículo FISH.14: Medidas correctoras y solución de diferencias
 1.En relación con un presunto incumplimiento por una Parte («la Parte demandada») del presente epígrafe (salvo en relación con los presuntos incumplimientos abordados en el apartado 2), la otra Parte («la Parte demandante») podrá, previa notificación a la Parte demandada:
 (a)suspender, total o parcialmente, el acceso a sus aguas y el trato arancelario preferencial concedido a los productos de la pesca en virtud del artículo GOODS.5 [Prohibición de los derechos de aduana]; y
 (b)si considera que la suspensión a que se refiere la letra a) no es proporcional al impacto económico y social del presunto incumplimiento, podrá suspender, total o parcialmente, el trato arancelario preferencial de otras mercancías en virtud del artículo GOODS.5 [Prohibición de los derechos de aduana]; y
 (c)si considera que la suspensión a que se refieren las letras a) y b) no es proporcional al impacto económico y social del presunto incumplimiento, podrá suspender, total o parcialmente, las obligaciones del epígrafe primero [Comercio] de la segunda parte [Asociación económica] con excepción del título XI [Condiciones equitativas de competencia para una competencia abierta y leal y el desarrollo sostenible]. Si el epígrafe primero [Comercio] se suspende en su totalidad, también se suspende el epígrafe tercero [Transporte por carretera].
 2.En relación con un presunto incumplimiento por una Parte (la «Parte demandada») del artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] o cualquier otra disposición del presente epígrafe en la medida en que se refiera a las disposiciones previstas en dichos artículos, la otra Parte (en lo sucesivo, «la Parte demandante»), previa notificación a la Parte demandada:
 (a)podrá suspender, total o parcialmente, el acceso a sus aguas en el sentido del artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man];
 (b)si considera que la suspensión a que se refiere la letra a) no es proporcional al impacto económico y social del presunto incumplimiento, podrá suspender, total o parcialmente, el trato arancelario preferencial de otras mercancías en virtud del artículo GOODS.5 [Prohibición de los derechos de aduana];
 (c)si considera que la suspensión a que se refieren las letras a) y b) no es proporcional al impacto económico y social del presunto incumplimiento, podrá suspender, total o parcialmente, el trato arancelario preferencial de otras mercancías en virtud del artículo GOODS.5 [Prohibición de los derechos de aduana]; y
 no obstante lo dispuesto en el apartado 1, no se podrán adoptar medidas correctoras que afecten a las disposiciones establecidas con arreglo al artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], al artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] o cualquier otra disposición del presente epígrafe en la medida en que se refiera a las disposiciones previstas en dichos artículos, como resultado de un presunto incumplimiento de una Parte de las disposiciones del epígrafe que no tengan relación con dichas disposiciones.
 3.
 Las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 serán proporcionales al presunto incumplimiento por parte de la Parte demandada y a su impacto económico y social.
 4.
 Las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 podrán surtir efecto como fecha más temprana siete días después de que la Parte demandante haya notificado a la Parte demandada la suspensión propuesta. Las Partes se consultarán en el seno del Comité Especializado en Pesca con el fin de alcanzar una solución mutuamente aceptable. En dicha notificación se indicará:
 (a)la forma en que la Parte demandante considera que la Parte demandada ha incumplido;
 (b)la fecha en la que la Parte demandante tiene intención de suspender; y
 (c)el nivel de suspensión previsto.
 5.
 La Parte demandante deberá impugnar, en el plazo de 14 días a partir de la notificación a que se refiere el apartado 4, el presunto incumplimiento por la Parte demandada del presente epígrafe, tal como se contempla en los apartados 1 y 2, solicitando la creación de un tribunal de arbitraje en virtud de INST.14 [Procedimiento de arbitraje] del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte. El recurso al arbitraje previsto en el presente artículo se efectuará sin necesidad de recurrir previamente a las consultas previstas en el artículo INST.13 [Consultas]. El tribunal de arbitraje tratará la cuestión como un caso de urgencia a efectos del artículo INST.19 [Procedimiento urgente] del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte.
 6.
 La suspensión dejará de aplicarse cuando:
 (a)la Parte demandante esté convencida de que la Parte demandada está cumpliendo sus obligaciones pertinentes en virtud del presente epígrafe; o
 (b)el tribunal de arbitraje haya decidido que la Parte demandada no ha incumplido sus obligaciones pertinentes en virtud del presente epígrafe.
 7.
 Tras una resolución contraria a la Parte demandante en el procedimiento mencionado en el apartado 5, la Parte demandada podrá solicitar al tribunal de arbitraje, en el plazo de 30 días a partir de su laudo, que determine un nivel de suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo que no supere el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causado por la aplicación de las medidas compensatorias, si considera que la incoherencia de las medidas compensatorias con los apartados 1 o 2 es significativa. La solicitud propondrá un nivel de suspensión de conformidad con los principios establecidos en los apartados 1 o 2 y cualesquiera principios pertinentes establecidos en el artículo INST.34C [Suspensión de obligaciones a efectos del artículo OTHS.3, apartado 12(12), el artículo FISH.9, apartado 5, y el artículo FISH.14, apartado 7]. La Parte demandada podrá aplicar el nivel de suspensión de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo de conformidad con el nivel de suspensión determinado por el tribunal de arbitraje, no antes de 15 días del mencionado laudo.
 8.
 Las Partes no invocarán el Acuerdo de la OMC ni ningún otro acuerdo internacional para impedir a la otra Parte suspender sus obligaciones en virtud del presente artículo.
 Artículo FISH.15: Intercambio de datos
 Las Partes compartirán la información necesaria para apoyar la aplicación del presente epígrafe, con sujeción a la legislación de cada Parte.
 Artículo FISH.16: Comité Especializado en Pesca
 1.El Comité Especializado en Pesca podrá, en particular:
 (a)constituir un foro de debate y cooperación en relación con la gestión sostenible de la pesca;
 (b)reflexionar sobre la elaboración de estrategias plurianuales de conservación y gestión como base para el establecimiento de TAC y otras medidas de gestión;
 (c)desarrollar estrategias plurianuales para la conservación y gestión de las poblaciones no sujetas a cuotas a que se refiere el artículo FISH.8, apartado 2, letra b) [Acceso a las aguas];
 (d)reflexionar sobre medidas de gestión y conservación de la pesca, incluidas medidas de emergencia y medidas para garantizar la selectividad de la pesca;
 (e)considerar enfoques para la recopilación de datos con fines científicos y de gestión de la pesca, el intercambio de dichos datos (incluida la información pertinente para el seguimiento, el control y el cumplimiento de la normativa) y la consulta de organismos científicos en relación con el mejor asesoramiento científico disponible;
 (f)considerar medidas para velar por el cumplimiento de las normas vigentes, incluidos programas conjuntos de control, seguimiento y vigilancia, y el intercambio de datos para facilitar el seguimiento de la utilización de las posibilidades de pesca, así como el control y la ejecución;
 (g)elaborar las directrices para el establecimiento de los TAC a que se hace referencia en el artículo FISH.7, apartado 5 [TAC provisionales];
 (h)preparar las consultas anuales;
 (i)tener en cuenta las cuestiones relativas a la designación de los puertos de desembarque, incluida la facilitación de la oportuna notificación por las Partes de tales designaciones o de cualquier modificación de las mismas;
 (j)establecer plazos para la notificación de las medidas a que se refiere el artículo FISH.4, apartado 3 [Gestión de la pesca], la comunicación de las listas de buques a que se refiere el artículo FISH.5, apartado 1 [Autorizaciones, cumplimiento y ejecución] y la notificación a que se refiere el artículo FISH.6, apartado 7 [Posibilidades de pesca];
 (k)proporcionar un foro de consultas con relación a lo dispuesto en el artículo FISH.9, apartado 2 [Medidas compensatorias] y el artículo FISH.14, apartado 4 [Medidas correctoras];
 (l)elaborar directrices para apoyar la aplicación práctica del artículo FISH.8 [Acceso a las aguas];
 (m)desarrollar un mecanismo para las transferencias anuales voluntarias de posibilidades de pesca entre las Partes, tal como se contempla en el artículo FISH.6, apartado 8 [Posibilidades de pesca]; y
 (n)examinar la aplicación y ejecución del artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man] y el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca].
 2.
 El Comité Especializado en Pesca podrá adoptar medidas, incluidas decisiones y recomendaciones:
 (a)que registren las cuestiones acordadas por las Partes tras las consultas realizadas en virtud del artículo FISH.6 [Posibilidades de pesca];
 (b)en relación con cualquiera de las cuestiones a que se hace referencia en el presente artículo, apartado 1, letras b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) y n);
 (c)que modifiquen la lista de obligaciones internacionales preexistentes a que se refiere el artículo FISH.4, apartado 2 [Gestión de la pesca]
 (d)en relación con cualquier otro aspecto de la cooperación en materia de gestión sostenible de la pesca con arreglo al presente epígrafe; y
 (e)sobre las modalidades de una revisión con arreglo al artículo FISH.18 [Revisión].
 3.
 El Consejo de Asociación estará facultado para modificar los anexos FISH.1, FISH.2 y FISH.3.
 Artículo FISH.17: Denuncia
 1.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.8 [Denuncia], cada una de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presente epígrafe mediante notificación escrita por vía diplomática. En ese caso, el epígrafe primero [Comercio], el epígrafe segundo [Aviación], el epígrafe tercero [Transporte por carretera] y el presente epígrafe [Pesca] dejarán de tener vigencia el primer día del noveno mes siguiente a la fecha de notificación.
 2.
 En caso de que se denuncie el presente epígrafe de conformidad con el artículo FINPROV.8, apartado 1, [Denuncia] o el artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte], las obligaciones contraídas por las Partes en el marco del presente epígrafe para el año en curso en el momento en que el epígrafe deje de tener vigencia seguirán aplicándose hasta el final del año.
 3.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el epígrafe segundo [Aviación] podrá seguir en vigor si las Partes acuerdan integrar las partes pertinentes del título XI [Condiciones de competencia equitativas para una competencia abierta y leal y el desarrollo sostenible].
 4.
 No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 3 y sin perjuicio del artículo FINPROV.8 [Denuncia] o del artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte]:
 a)
 salvo decisión en contrario de las Partes, el artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] y cualquier otra disposición del presente epígrafe en la medida en que se refiera a las disposiciones previstas en dichos artículos, seguirán en vigor hasta:
 (I)que cualquiera de las Partes los denuncie mediante notificación escrita a la otra Parte con tres años de antelación; o
 (II)si fuera anterior, la fecha en que dejen de tener vigencia los apartados 3 a 5 del artículo OTH.9 [Ámbito geográfico de aplicación];
 b)
 a los efectos del apartado 4, letra a), inciso i), podrá notificarse la denuncia respecto de una o varias de las Bailías de Guernsey, de Jersey o la Isla de Man y el artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH. 11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca], y cualquier otra disposición del presente epígrafe en la medida en que se refiera a las disposiciones previstas en dichos artículos, seguirán en vigor para dichos territorios en relación con los cuales no se haya notificado la denuncia; y
 (c)a los efectos de lo dispuesto en el apartado 4, letra a), inciso ii), si los apartados 3 a 5 del artículo OTH.9 [Ámbito geográfico de aplicación] del Acuerdo dejan de tener vigencia en relación con una o varias (pero no todas) de las Bailías de Guernsey, Jersey o la Isla de Man, el artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH. 11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca], y cualquier otra disposición del presente epígrafe en la medida en que se refiera a las disposiciones previstas en dichos artículos, seguirá en vigor para dichos territorios en relación con los cuales siga en vigor el artículo OTH.9 [Ámbito geográfico de aplicación], apartados 3 a 5.
 Artículo FISH.18: Cláusula de revisión
 1.Las Partes revisarán conjuntamente, en el seno del Consejo de Asociación, la aplicación del presente epígrafe cuatro años después del final del período de ajuste a que se refiere el artículo 1 del anexo FISH.4 [Protocolo sobre el acceso a las aguas] con el fin de estudiar la posibilidad de codificar y reforzar los acuerdos, también en relación con el acceso a las aguas.
 2.Dicha revisión podrá repetirse a intervalos sucesivos de cuatro años después de la conclusión de la primera revisión.
 3.Las Partes decidirán por adelantado las modalidades de la revisión en el Comité Especializado en Pesca.
 4.Mediante la revisión será posible, en particular, evaluar, en relación con los años anteriores:
 (a)las disposiciones de acceso a las aguas de la otra Parte con arreglo al artículo FISH.8 [Acceso a las aguas];
 (b)los cupos de los TAC establecidos en los anexos FISH.1, 2 y 3;
 (c)el número y el alcance de las transferencias en el marco de las consultas anuales en virtud del artículo FISH.6, apartado 4, [Posibilidades de pesca] y cualquier transferencia en virtud del artículo FISH.6, apartado 8 [Posibilidades de pesca];
 (d)las fluctuaciones en los TAC anuales;
 (e)el cumplimiento por ambas Partes de las disposiciones del presente epígrafe y el cumplimiento por parte de los buques de cada una de las Partes de las normas aplicables a dichos buques cuando se encuentren en aguas de la otra Parte;
 (f)la naturaleza y el alcance de la cooperación en el marco del presente epígrafe; y
 (g)cualquier otro elemento que las Partes decidan por adelantado en el Comité Especializado en Pesca.
 Artículo FISH.19: Relación con otros acuerdos
 1.No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el presente epígrafe se entenderá sin perjuicio de otros acuerdos existentes sobre la pesca practicada por buques de una Parte dentro de la zona de jurisdicción de la otra Parte.
 2.El presente epígrafe sustituirá a cualquier acuerdo o disposiciones existentes con respecto a la pesca por parte de buques pesqueros de la Unión en el mar territorial adyacente a la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey o la Isla de Man y con respecto a la pesca por parte de buques pesqueros del Reino Unido registrados en la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey o la Isla de Man en el mar territorial adyacente a un Estado miembro. No obstante, en caso de que el Consejo de Asociación haya adoptado una decisión de conformidad con el artículo 10, apartado 3, [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man] para que el Acuerdo deje de aplicarse a la Bailía de Guernsey, a la Bailía de Jersey o a la Isla de Man, los acuerdos o disposiciones pertinentes no serán sustituidos en relación con el territorio o territorios en relación con los cuales se haya adoptado dicha decisión.
 EPÍGRAFE SEXTO: OTRAS DISPOSICIONES
 Artículo OTH.1: Definiciones
 Salvo disposición en contrario, a efectos de la segunda parte del presente Acuerdo, del Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia aduanera y del Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos, se entenderá por:
 (a)«mercancía agrícola»: todo producto enumerado en el anexo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura;
 (b)«autoridad aduanera»:
 (I)en el caso de la Unión, los servicios de la Comisión Europea responsables de los asuntos aduaneros o, en su caso, las administraciones aduaneras y cualquier otra autoridad de los Estados miembros facultada para aplicar y hacer cumplir la legislación aduanera; y
 (II)en el caso al Reino Unido, Her Majesty’s Revenue and Customs (Administración tributaria y de aduanas del Reino Unido) y cualquier otra autoridad responsable de asuntos aduaneros;
 (c)«derecho de aduana»: todo derecho o carga de cualquier tipo aplicado a la importación de una mercancía o en relación con ella, pero no incluye:
 (I)una carga equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el artículo MERCANCÍAS.4 [Trato nacional en materia de imposición y reglamentación internas] del título I del epígrafe primero de la segunda parte;
 (II)una medida antidumping, salvaguardia especial, derecho compensatorio o de salvaguardia aplicado de forma coherente con el GATT de 1994, el Acuerdo antidumping, el Acuerdo sobre la Agricultura, el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias o el Acuerdo sobre Salvaguardias, según proceda; o
 (III)una tasa u otra carga aplicada a la importación o en relación con ella, cuyo importe esté limitado al coste aproximado de los servicios prestados;
 (d)«CCP»: la Clasificación Central de Productos Provisional (Cuadernos Estadísticos, Serie M, n.o 77, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Nueva York, 1991);
 (e) «existente»: en efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
 (f)«mercancías de una Parte»: productos nacionales en el sentido del GATT de 1994, incluidas las mercancías originarias de dicha Parte;
 (g)«Sistema Armonizado» o «SA»: el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluidas todas las notas legales y las modificaciones a las mismas elaboradas por la Organización Mundial de Aduanas;
 (h)«partida»: los primeros cuatro dígitos del número de la clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado;
 (i)«persona jurídica»: toda entidad jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, con inclusión de cualquier sociedad de capital, sociedad de gestión, sociedad personal, empresa conjunta, empresa individual o asociación;
 (j)«medida»: cualquier medida adoptada por una Parte, ya sea en forma de ley, reglamento, norma, procedimiento, decisión, disposición administrativa, requisito o práctica o en cualquier otra forma
 71
 ;
 (k)«medidas adoptadas por una Parte»: medidas adoptadas o mantenidas por:
 (I)gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales; y
 (II)organismos no gubernamentales en el ejercicio de facultades delegadas en ellos por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales;
 «medidas adoptadas por una Parte»: se incluyen las medidas adoptadas o mantenidas por las entidades enumeradas en los incisos i) y ii) en las que se instruye, dirige o controla, ya sea directa o indirectamente, el comportamiento de otras entidades con respecto a dichas medidas;
 (l)«persona física de una Parte»
 72
 :
 (I)en el caso de la Unión Europea, un nacional de un Estado miembro con arreglo a su legislación
 73
 ; y
 (II)en el caso del Reino Unido, un ciudadano británico;
 (m)«persona»: una persona física o una persona jurídica;
 (n)«medida sanitaria o fitosanitaria»: toda medida contemplada en el anexo A, apartado 1, del Acuerdo MSF;
 (o)«tercer país»: un país o territorio que está fuera del ámbito territorial de aplicación del presente Acuerdo;
 (p)«Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados»: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969; y
 (q)«OMC»: la Organización Mundial del Comercio.
 Artículo OTH.2: Acuerdos de la OMC
 A efectos del presente Acuerdo, los Acuerdos de la OMC se denominan de la siguiente manera:
 (a)«Acuerdo sobre la Agricultura»: el Acuerdo sobre la Agricultura que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;
 (b)«Acuerdo antidumping»: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;
 (c)«AGCS»: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que se recoge en el anexo 1B del Acuerdo de la OMC;
 (d)«GATT de 1994»: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;
 (e)«ACP»: el Acuerdo sobre Contratación Pública, que se recoge en el anexo 4 del Acuerdo de la OMC
 74
 ;
 (f)«Acuerdo sobre Salvaguardias»: el Acuerdo sobre Salvaguardias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;
 (g)«Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias»: el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;
 (h)«Acuerdo MSF»: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;
 (i)«Acuerdo OTC»: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;
 (j)«Acuerdo sobre los ADPIC»: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido en el anexo 1C al Acuerdo de la OMC; y
 (k)«Acuerdo de la OMC»: el Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994.
 Artículo OTH.3: Establecimiento de una zona de libre comercio
 Las Partes establecen una zona de libre comercio, de conformidad con el artículo XXIV del GATT de 1994 y del artículo V del AGCS.
 Artículo OTH.4: Relación con el Acuerdo de la OMC
 Las Partes afirman sus derechos y obligaciones recíprocos en virtud del Acuerdo de la OMC y de otros acuerdos en los que son parte.
 Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que obliga a cualquiera de las Partes a actuar de forma incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC.
 Artículo OTH.4a: Jurisprudencia de la OMC
 La interpretación y aplicación de las disposiciones de la segunda parte del presente Acuerdo tendrán en cuenta las interpretaciones pertinentes de los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación de la OMC adoptadas por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, así como en laudos arbitrales con arreglo al Entendimiento sobre Solución de Diferencias.
 Artículo OTH.5: Cumplimiento de las obligaciones
 Cada una de las Partes adoptará las medidas generales o específicas necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud de la presente parte, entre ellas, las necesarias para garantizar la observancia de las mismas por parte de los gobiernos y administraciones centrales, regionales y locales, así como de los organismos no gubernamentales en el ejercicio de las facultades que se les hayan conferido.
 Artículo OTH.7: Referencias a leyes y otros Acuerdos
 1.Salvo disposición en contrario, cuando en la segunda parte del presente Acuerdo se haga referencia a las disposiciones legales y reglamentarias de una Parte, se entenderá que dichas disposiciones incluyen sus modificaciones.
 2.
 Salvo disposición en contrario, cuando en la segunda parte del presente Acuerdo se mencionen o se incorporen, total o parcialmente, acuerdos internacionales, se entenderá que se incluyen sus modificaciones o los acuerdos que sucedan a dichos acuerdos y que entren en vigor para ambas Partes en la fecha de la firma del presente Acuerdo o con posterioridad. Si se plantea alguna cuestión en relación con la ejecución o la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo como consecuencia de tales modificaciones o de acuerdos sucesores, las Partes, a petición de una de ellas, podrán consultarse en caso necesario para encontrar una solución satisfactoria para ambas.
 Artículo OTH.8: Tareas del Consejo de Asociación de la segunda parte
 El Consejo de Asociación podrá:
 (a)adoptar decisiones para modificar:
 (I)el capítulo 2 del título I del epígrafe primero de la segunda parte [Normas de origen] y sus anexos, de conformidad con el artículo ORIG.31 [ Modificación del presente capítulo y de sus anexos];
 (II)las disposiciones establecidas en los anexos TBT- [XX] y TBT- [ZZ], de conformidad con el artículo TBT.9 (8) [Cooperación en materia de vigilancia del mercado y seguridad y cumplimiento de los productos no alimentarios];
 (III)los apéndices A y B, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, [Definiciones de los productos, prácticas y tratamientos enológicos] del anexo TBT-5 [COMERCIO DE VINO];
 (IV)el apéndice C, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, [Requisitos de certificación para la importación en los territorios respectivos de las Partes] del anexo TBT-5 [COMERCIO DE VINO];
 (V)los apéndices A, B, C y D, de conformidad con el artículo 1 [Objetivo y ámbito de aplicación] del anexo TBT-4 [PRODUCTOS ECOLÓGICOS];
 (VI)los apéndices 1 a 3, de conformidad con el artículo 1 [Definiciones] y el artículo 2 [Ámbito de aplicación del producto del anexo TBT-2 [MEDICAMENTOS];
 (VII)el anexo relativo a los operadores económicos autorizados, el Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera, el Protocolo relativo a la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos, y la lista de mercancías que figura en el artículo CUSTMS.16, apartado 2 [Admisión temporal], de conformidad con el artículo CUSTMS.21 [Modificaciones];
 (VIII)la subsección pertinente de la sección B del ANEXO.PPROC-1, de conformidad con el artículo PPROC.18 [Modificación de la sección B del ANEXO.PPROC-1];
 (IX)el anexo ENER-1 [LISTAS DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS, HIDROCARBUROS Y MATERIAS PRIMAS], anexo ENER-2 [SUBSIDIOS EN MATERIA DE ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE] y anexo ENER-3 [NO APLICACIÓN DEL ACCESO DE TERCEROS Y LA SEPARACIÓN DE LA PROPIEDAD A LA NUEVA INFRAESTRUCTURA], de conformidad con el artículo ENER.31 [Aplicación efectiva y modificaciones];
 (X)el artículo LPFS.3.2, apartado 4 [Ámbito de aplicación y excepciones] de conformidad con dicho apartado, tercera frase del apartado 2 del artículo LPFS.3.3 [Servicios de interés económico público], con arreglo a la cuarta frase de dicho apartado, el artículo LPFS.3, apartado 3 [Servicios de interés económico público] conforme a dicho apartado, el artículo LPFS.3, apartado 5 [Subvenciones prohibidas y subvenciones sujetas a condiciones] de conformidad con el apartado 1 de dicho artículo y el artículo LPFS.3, apartado 11 [Recuperación] con arreglo al apartado 7 de dicho artículo, del capítulo 3 [Control de las subvenciones];
 (XI)el artículo FISH.10 [Bailía de Guernsey, Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] y cualquier otra disposición del epígrafe quinto [Pesca], de conformidad con el artículo FISH.10, apartado 4 [Bailía de Guernsey, Bailía de Jersey y la Isla de Man];
 (XII)los anexos FISH.1, FISH.2 y FISH.3, de conformidad con el artículo FISH.16, apartado 3 [Comité Especializado en Pesca];
 (XIII)cualquier otra disposición, protocolo, apéndice, o anexo, para el cual esté explícitamente prevista la posibilidad de dicha decisión en la segunda parte del presente Acuerdo.
 (b)adoptar decisiones para formular interpretaciones de las disposiciones de la segunda parte del presente Acuerdo.
 Artículo OTH.9: Ámbito geográfico de aplicación
 1.
 Las disposiciones del presente Acuerdo relativas al trato arancelario de las mercancías, incluidas las normas de origen y la suspensión temporal de dicho tratamiento, se aplicarán también, con respecto a la Unión, a aquellas zonas del territorio aduanero de la Unión definidas por el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión
 75
 , que no estén contemplados en el artículo FINPROV.1 [Ámbito de aplicación territorial], letra a), de la séptima parte [Disposiciones finales].
 2.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.1, apartados 2, 3 y 4 [Ámbito de aplicación territorial], los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de la presente parte se aplicarán también a las zonas situadas más allá del mar territorial de cada Parte, incluido el lecho marino y su subsuelo, sobre las que dicha Parte ejerza derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, y sus disposiciones legales y reglamentarias que sean compatibles con el Derecho internacional
 76
 .
 3.
 Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado 4, los capítulos 1 [TNAM], 2 [Normas de origen] y 5 [Aduanas y facilitación del comercio] del título IV [Comercio de mercancías] y los protocolos y anexos de los capítulos de dicho título se aplicarán también, con respecto al Reino Unido, a los territorios a que se refiere el artículo FINPROV.1, apartado 2 [Ámbito de aplicación territorial]. A tal fin, los territorios a que se refiere el artículo FINPROV.1, apartado 2 [Ámbito de aplicación territorial] se considerarán parte del territorio aduanero del Reino Unido. Las autoridades aduaneras de los territorios mencionados en el artículo FINPROV.1, apartado 2 [Ámbito de aplicación territorial] serán responsables de la aplicación y ejecución de estos capítulos, así como de los protocolos y anexos de dichos capítulos, en sus territorios respectivos. Las referencias a la «autoridad aduanera» en dichas disposiciones se entenderán en consecuencia. No obstante, las solicitudes y comunicaciones realizadas en virtud de estos capítulos, así como de los protocolos y anexos de dichos capítulos, serán administradas por las autoridades aduaneras del Reino Unido.
 4.
 El artículo CUSTMS.9 [Operadores económicos autorizados] del capítulo 5 [Aduanas y facilitación del comercio] del título IV [Comercio de mercancías] del epígrafe primero de la segunda parte, el anexo CUSTMS-1 [Operadores económicos autorizados] y el Protocolo relativo a la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos, no se aplicarán a la Bailía de Jersey o a la Bailía de Guernsey;
 5.
 Los capítulos 3 [MSF] y 4 [OTC] del título I [Comercio de mercancías] del epígrafe primero de la segunda parte y los anexos de dichos capítulos también se aplicarán, con respecto al Reino Unido, a los territorios mencionados en el artículo FINPROV.1, apartado 2 [Ámbito de aplicación territorial]. Las autoridades de los territorios mencionados en el artículo FINPROV.1, apartado 2 [Ámbito de aplicación territorial] serán responsables de la aplicación y ejecución de estos capítulos, así como de los anexos de dichos capítulos, en sus territorios respectivos. No obstante, las solicitudes y comunicaciones realizadas en virtud de estos capítulos, y de los anexos de dichos capítulos, serán administradas por las autoridades del Reino Unido.
 6.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.8 [Denuncia] y en el artículo OTH.10 [Denuncia de la segunda parte] y salvo que las Partes acuerden otra cosa, los apartados 3 a 5 del presente artículo seguirán en vigor hasta la primera de las siguientes fechas:
 (a)la expiración de un período de tres años previa notificación escrita de la denuncia a la otra Parte; o
 (b)la fecha en que dejen de tener vigencia el artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] y cualquier otra disposición del epígrafe quinto [Pesca] en la medida en que se refiera a los acuerdos previstos en dichos artículos.
 7.
 A efectos del apartado 6, letra a), se podrá notificar la denuncia respecto de una o varias de las Bailías de Guernsey, Jersey o la Isla de Man y los apartados 3 a 5 del presente artículo seguirán en vigor para aquellos territorios respecto de los cuales no se haya notificado una denuncia.
 8.
 A efectos del apartado 6, letra b), si el artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] y cualquier otra disposición del epígrafe quinto [Pesca], en lo que se refiere al régimen previsto en dichos artículos, dejaran de tener vigencia en relación con una o varias de las Bailías de Guernsey, Jersey o la Isla de Man (pero no todas), los apartados 3 a 5 del presente artículo seguirán estando en vigor para aquellos territorios con relación a los cuales sigan estando en vigor el artículo FISH.10 [Acceso a las aguas de la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man], el artículo FISH.11 [Plazos de notificación relativos a la importación y el desembarque directo de productos de la pesca] y cualquier otra disposición del epígrafe quinto [Pesca], en lo que se refiera al régimen previsto en dichos artículos.
 Artículo OTH.10: Denuncia de la segunda parte
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.8 [Denuncia], cada una de las Partes podrá denunciar en cualquier momento la presente parte mediante notificación escrita por vía diplomática. En tal caso, la presente parte dejará de estar en vigor el primer día del noveno mes siguiente a la fecha de la notificación. El epígrafe cuarto [Coordinación en materia de seguridad social y visados para viajes de corta duración] y el Protocolo sobre coordinación en materia de seguridad social no se denunciarán en virtud del presente artículo.
 TERCERA PARTE: COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA PENAL
 Título I: Disposiciones generales
 Artículo LAW.GEN.1: Objetivo
 1.El objetivo de la presente parte es prever la cooperación policial y judicial entre, por un lado, los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos de la Unión y, por otro, el Reino Unido, en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales, así como la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 2.La presente parte solo se aplica a la cooperación policial y judicial en materia penal que tenga lugar exclusivamente entre el Reino Unido, por una parte, y la Unión y los Estados miembros, por otra. No es aplicable a situaciones que surjan entre los Estados miembros, o entre los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, ni a las actividades de las autoridades responsables de salvaguardar la seguridad nacional cuando actúan en dicho ámbito.
 Artículo LAW.GEN.2: Definiciones
 A efectos de la presente parte, se entenderá por:
 a)«tercer país»: un país distinto de un Estado;
 b)«categorías especiales de datos personales»: datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos tratados con el objetivo de identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física;
 c)«datos genéticos»: todos los datos personales relativos a las características genéticas de una persona que hayan sido heredadas o adquiridas, que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de la persona de que se trate;
 d)«datos biométricos»: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de tal persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;
 e)«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, revelación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;
 f)«violación de la seguridad de los datos personales»: toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la revelación o acceso no autorizados a tales datos;
 g)«fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;
 h)«Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial»: comité con ese nombre establecido por el artículo INST.2 [Comités].
 Artículo LAW.GEN.3: Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
 1.La cooperación prevista en la presente parte se basa en la larga tradición de respeto de las Partes y los Estados miembros por la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas, en particular los establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como en la importancia de aplicar plenamente los derechos y libertades de este Convenio a nivel nacional.
 2.Ninguna de las disposiciones de la presente parte modifica la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos reflejados, en particular, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en el caso de la Unión y sus Estados miembros, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
 Artículo LAW.GEN.4: Protección de datos personales
 8.La cooperación prevista en la presente parte se basa en el compromiso histórico de las Partes de garantizar un alto nivel de protección de los datos personales.
 9.A fin de reflejar ese alto nivel de protección, las Partes se asegurarán de que los datos personales tratados en virtud de la presente parte estén sujetos a salvaguardias efectivas en los respectivos regímenes de protección de datos de las Partes; debe garantizarse, en particular, que:
 a)los datos personales se traten de manera leal y lícita de conformidad con los principios de minimización de los datos, limitación de la finalidad, exactitud y limitación del plazo de conservación;
 b)solo se permita el tratamiento de las categorías especiales de datos personales en la medida necesaria y con las garantías adecuadas adaptadas a los riesgos específicos del tratamiento;
 c)exista un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento a través de medidas técnicas y organizativas pertinentes, en particular en lo que respecta al tratamiento de categorías especiales de datos personales;
 d)se confieran a los interesadosderechos exigibles de acceso, rectificación y supresión, sin perjuicio de las posibles restricciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática para proteger importantes objetivos de interés público;
 e)en caso de violación de la seguridad de los datos que suponga un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, tal violación se notifique sin demora indebida a la autoridad de control competente; cuando sea probable que la violación entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, se notifique también a los interesados, sin perjuicio de las posibles restricciones establecidas por la ley que constituyan medidas necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática para proteger objetivos importantes de interés público;
 f)las transferencias ulteriores de datos a un tercer país solo se permitan sin perjuicio de las condiciones y salvaguardias adecuadas para la transferencia que garanticen que no se comprometa el nivel de protección;
 g)la supervisión del cumplimiento de las salvaguardias de protección de datos y de su aplicación estén garantizadas por autoridades independientes; y
 h)se confieran a los interesadosderechos exigibles a obtener una reparación administrativa o judicial efectiva en caso de que se hayan violado las salvaguardias de protección de datos.
 10.El Reino Unido, por una parte, y la Unión, también en nombre de los Estados miembros, por otro, informarán al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial sobre las autoridades de control responsables de supervisar la aplicación y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos aplicables a la cooperación en virtud de la presente parte. Las autoridades de control deberán cooperar a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente parte.
 11.Las disposiciones sobre protección de datos personales establecidas en la presente parte se aplican al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
 12.El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de cualquier disposición específica de la presente parte relativa al tratamiento de datos personales.
 Artículo LAW.GEN.5: Ámbito de la cooperación cuando un Estado miembro ya no participa en las medidas análogas en virtud del Derecho de la Unión
 1.El presente artículo se aplica si un Estado miembro deja de participar en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la cooperación policial y judicial en asuntos penales análogas a las disposiciones pertinentes de la presente parte, o de gozar de sus derechos en virtud de ellas.
 2.El Reino Unido podrá notificar por escrito a la Unión su intención de dejar de aplicar las disposiciones pertinentes de la presente parte en relación con dicho Estado miembro.
 3.La notificación efectuada con arreglo al apartado 2 entrará en vigor en la fecha especificada en ella, que no será anterior a la fecha en que el Estado miembro deje de participar en las disposiciones del Derecho de la Unión contempladas en el apartado 1 o de gozar de sus derechos en virtud de ellas.
 4.Si el Reino Unido notifica en virtud del presente artículo su intención de dejar de aplicar las disposiciones pertinentes de la presente parte, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se reunirá a fin de determinar las medidas que son necesarias para garantizar que se concluya de manera adecuada la cooperación iniciada en virtud de la presente parte que se vea afectada por el cese de la aplicación. En cualquier caso, en lo que respecta a todos los datos personales obtenidos a través de la cooperación en virtud de las disposiciones pertinentes de la presente parte antes de que dejen de aplicarse, las Partes garantizarán que se mantenga el nivel de protección con arreglo al cual los datos personales fueron transferidos después de que el cese surta efecto.
 5.La Unión notificará por escrito al Reino Unido por vía diplomática la fecha en que el Estado miembro reanudará su participación en las disposiciones del Derecho de la Unión en cuestión o el goce de sus derechos en virtud de tales disposiciones. La aplicación de las disposiciones pertinentes de la presente parte se restablecerá en dicha fecha o, si es posterior, el primer día del mes siguiente a la fecha de dicha notificación.
 6.A fin de facilitar la aplicación del presente artículo, la Unión informará al Reino Unido cuando un Estado miembro deje de participar en las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la cooperación policial y judicial análogas en asuntos penales a las disposiciones pertinentes de la presente parte, o de gozar de sus derechos en virtud de ellas.
 Título II: Intercambio de datos de ADN, impresiones dactilares y matriculación de vehículos
 Artículo LAW.PRUM.5: Objetivo
 El objetivo del presente título es establecer una cooperación recíproca entre las autoridades policiales competentes del Reino Unido, por una parte, y los Estados miembros, por otra, sobre la transferencia automática de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y datos de matriculación de determinados vehículos nacionales.
 Artículo LAW.PRUM.6: Definiciones
 A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:
 a)«autoridad policial competente»: una autoridad nacional policial, aduanera u otra, autorizada según el Derecho interno a detectar, prevenir e investigar delitos o actividades delictivas y a ejercer la autoridad y adoptar medidas coercitivas en el contexto de tales actividades; las agencias, órganos u otras unidades que traten especialmente cuestiones de seguridad nacional no son autoridades policiales competentes a los efectos del presente título;
 b)«consulta» y «comparación»: a tenor de los artículos LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.9 [Comparación automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.12 [Consulta automatizada de datos dactiloscópicos] y LAW.PRUM.17 [Medidas de aplicación] los procedimientos mediante los cuales se establece si existe una coincidencia entre, respectivamente, los datos de ADN o los datos dactiloscópicos que hayan sido comunicados por un Estado y los datos de ADN o los datos dactiloscópicos almacenados en bases de datos de uno, de varios o de todos los demás Estados;
 c)«consulta automatizada»: a tenor del artículo LAW.PRUM.15 [Consulta automatizada de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos], un procedimiento de acceso en línea para la consulta de las bases de datos de uno, de varios o de todos los demás Estados;
 d)«parte no codificante del ADN»: las regiones cromosómicas sin expresión genética, es decir, aquellas de cuya capacidad para determinar alguna propiedad funcional del organismo no se tiene constancia;
 e)«perfil de ADN»: un código alfabético o numérico que representa un conjunto de características identificativas de la parte no codificante de una muestra de ADN humano analizada, es decir, la estructura molecular específica en las diversas posiciones de ADN (loci);
 f)«índice de referencia de ADN»: un perfil de ADN y un número de referencia; los índices de referencia de ADN contendrán exclusivamente perfiles de ADN obtenidos a partir de la parte no codificante del ADN y un número de referencia; los índices de referencia de ADN no contendrán datos que permitan identificar directamente al interesado; los índices de referencia de ADN que no se atribuyan a ninguna persona física (perfiles de ADN no identificados) deberán poder reconocerse como tales;
 g)«perfil de ADN de referencia»: el perfil de ADN de una persona identificada;
 h)«perfil de ADN no identificado»: el perfil de ADN obtenido a partir de vestigios obtenidos en el curso de la investigación de un delito y perteneciente a una persona aún no identificada;
 i)«nota»: la marca que un Estado miembro añade a un perfil de ADN en su base de datos nacional que indica que ha habido una coincidencia con ese perfil de ADN a raíz de una consulta o comparación realizada por otro Estado miembro;
 j)«datos dactiloscópicos»: imágenes de impresiones dactilares o imágenes de impresiones dactilares latentes, impresiones palmares o impresiones palmares latentes, y las plantillas de tales imágenes (codificación de las minucias), cuando están almacenadas y organizadas en una base de datos automatizada;
 k)«índices de referencia dactiloscópicos»: datos dactiloscópicos y un número de referencia; los índices de referencia dactiloscópicos no contendrán datos que permitan identificar directamente al interesado; los índices de referencia dactiloscópicos que no se atribuyan a ninguna persona física (datos dactiloscópicos no identificados) deberán poder reconocerse como tales;
 l)«datos de matriculación de vehículos»: el conjunto de datos especificados en el capítulo 3 del ANEXO LAW-1;
 m)«caso concreto»: a tenor del artículo LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], apartado 1 segunda frase, del artículo LAW.PRUM.12 [Consulta automatizada de datos dactiloscópicos], apartado 1 segunda frase, y del artículo LAW.PRUM.15 [Consulta automatizada de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos], apartado 1, un único expediente de investigación o enjuiciamiento; si el expediente contiene más de un perfil de ADN o más de un dato dactiloscópico o de matriculación de un vehículo, todos ellos podrán transmitirse juntos como una sola solicitud de consulta;
 n)«actividad de laboratorio»: cualquier medida adoptada en un laboratorio al localizar y recuperar huellas sobre elementos, así como realizar, analizar e interpretar las pruebas forenses relativas a perfiles de ADN y datos dactiloscópicos, con el fin de aportar dictámenes de expertos o de intercambiar pruebas forenses;
 o)«resultados de las actividades de laboratorio»: cualquier resultado analítico e interpretación directamente asociada;
 p)«prestador de servicios forenses»: cualquier organismo, público o privado, que lleve a cabo actividades de laboratorio a petición de las autoridades policiales y judiciales competentes;
 q)«organismo nacional de acreditación»: el único organismo de un Estado miembro con potestad pública para llevar a cabo acreditaciones.
 Artículo LAW.PRUM.7: Creación de ficheros nacionales de análisis del ADN
 1.Los Estados miembros crearán y mantendrán ficheros nacionales de análisis del ADN para la investigación de delitos.
 2.Para la aplicación del presente título, los Estados se asegurarán de la disponibilidad de índices de referencia de ADN de sus ficheros nacionales de análisis del ADN a que se refiere el apartado 1.
 3.Los Estados declararán los ficheros nacionales de análisis de ADN a los que se refieren los artículos LAW.PRUM.7 [Creación de ficheros nacionales de análisis del ADN] a LAW.PRUM.10 [Obtención de material genético y transmisión de perfiles de ADN] y los artículos LAW.PRUM.13 [Puntos de contacto nacionales], LAW.PRUM.14 [Transmisión de otros datos de carácter personal y de otras informaciones] y LAW.PRUM. 17 [Medidas de aplicación] y se aplican las condiciones para la consulta automatizada a que se refiere el artículo LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], apartado 1.
 Artículo LAW.PRUM.8: Consulta automatizada de perfiles de ADN
 1.Los Estados permitirán que los puntos de contacto nacionales de otros Estados a que se refiere el artículo LAW.PRUM.13 [Puntos de contacto nacionales], tengan acceso, para los fines de la persecución de delitos, a los índices de referencia de ADN de sus ficheros de análisis del ADN, lo que incluirá el derecho a consultarlos de manera automatizada mediante la comparación de perfiles de ADN. Las consultas solo podrán realizarse para casos concretos y con arreglo al Derecho interno del Estado requirente.
 2.Si en el curso de una consulta automatizada se comprueba la concordancia entre un perfil de ADN transmitido y perfiles de ADN almacenados en el fichero consultado del Estado requerido, este enviará de forma automatizada al punto de contacto nacional del Estado requirente el índice de referencia del ADN con el que se haya producido la concordancia. Si no se puede encontrar ninguna coincidencia, se notificará de forma automática.
 Artículo LAW.PRUM.9: Comparación automatizada de perfiles de ADN
 1.Para la investigación de infracciones penales, los Estados, a través de sus puntos de contacto nacionales, compararán los perfiles de ADN de sus perfiles de ADN no identificados con todos los perfiles de ADN de otros datos de referencia de los ficheros nacionales de análisis del ADN, de conformidad con disposiciones prácticas mutuamente aceptadas entre los Estados interesados. La transmisión y la comparación de perfiles se efectuarán de forma automatizada. La transmisión para fines de comparación de los perfiles de ADN no identificados únicamente tendrá lugar en los casos en que se prevea esa transmisión en el Derecho interno del Estado requirente.
 2.Si en el curso de la comparación efectuada con arreglo al apartado 1, un Estado comprueba que algún perfil de ADN transmitido coincide con alguno de los existentes en sus ficheros de análisis del ADN, comunicará sin demora al punto de contacto nacional del otro Estado cuáles son los índices de referencia respecto de los cuales se ha encontrado la concordancia.
 Artículo LAW.PRUM.10: Obtención de material genético y transmisión de perfiles de ADN
 Cuando en el curso de una investigación o proceso penal no se disponga del perfil de ADN de una persona determinada que se encuentre en el territorio de un Estado requerido, este último deberá prestar asistencia judicial mediante la obtención y el análisis de material genético de dicha persona y la transmisión del perfil de ADN resultante al Estado requirente, siempre que:
 a)el Estado requirente especifique el fin para el que se requiere;
 b)el Estado requirente presente una orden o declaración de investigación de la autoridad competente, exigible con arreglo a su Derecho interno, de la que se desprenda que se cumplirían los requisitos para la obtención y análisis de material genético si esa persona concreta se encontrara en el territorio del Estado requirente; y
 c)se cumplan los requisitos para la obtención y análisis de material genético y para la transmisión del perfil de ADN obtenido con arreglo al Derecho del Estado requerido.
 Artículo LAW.PRUM.11: Datos dactiloscópicos
 A efectos de la aplicación del presente título, los Estados garantizarán la disponibilidad de índices de referencia dactiloscópicos del archivo de los sistemas automáticos de identificación dactilar nacionales creados para la prevención y persecución de delitos.
 Artículo LAW.PRUM.12: Consulta automatizada de datos dactiloscópicos
 1.Los Estados permitirán que los puntos de contacto nacionales de otros Estados a que se refiere el artículo LAW.PRUM.13 [Puntos de contacto nacionales] tengan acceso, para los fines de prevención y persecución de delitos, a los índices de referencia de sus sistemas automáticos de identificación dactilar creados para estos fines, lo que incluirá el derecho a consultarlos de manera automatizada mediante la comparación de datos dactiloscópicos. Las consultas solo podrán realizarse para casos concretos y con arreglo al Derecho interno del Estado requirente.
 2.La confirmación de una concordancia entre un dato dactiloscópico y un índice de referencia del Estado requerido será efectuada por el punto de contacto nacional del Estado requirente a partir de la transmisión automatizada de los índices de referencia que sean necesarios para una coincidencia clara.
 Artículo LAW.PRUM.13: Puntos de contacto nacionales
 1.A los efectos de la transmisión de los datos a que se refieren los artículos LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.9 [Comparación automatizada de perfiles de ADN] y LAW.PRUM.12 [Consulta automatizada de datos dactiloscópicos], los Estados designarán puntos de contacto nacionales.
 2.Con respecto a los Estados miembros, los puntos de contacto nacionales designados para un intercambio análogo de datos dentro de la Unión se considerarán puntos de contacto nacionales a los efectos del presente título.
 3.Las competencias de los puntos de contacto nacionales se regirán por el Derecho interno que les sea aplicable.
 Artículo LAW.PRUM.14: Transmisión de otros datos de carácter personal y de otras informaciones
 Si el procedimiento a que se refieren los artículos LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.9 [Comparación automatizada de perfiles de ADN] y LAW.PRUM.12 [Consulta automatizada de datos dactiloscópicos] muestran una correspondencia entre perfiles de ADN o datos dactiloscópicos, la transmisión de otros datos personales disponibles y de otra información relativa a los datos de referencia se regirá por el Derecho interno, incluidas las normas de asistencia jurídica del Estado requerido, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo LAW.PRUM.17 [Medidas de aplicación], apartado 1.
 Artículo LAW.PRUM.15: Consulta automatizada de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos
 1.Los Estados permitirán que los puntos de contacto nacionales de otros Estados a que se refiere el apartado 2, para los fines de la prevención y persecución de delitos y de la persecución de infracciones de otro tipo que sean competencia de los tribunales o del Ministerio Fiscal del Estado requirente, y para el mantenimiento del orden público, tengan acceso a los siguientes datos nacionales de matriculación de vehículos, con derecho a consultarlos de forma automatizada en casos concretos:
 a)datos de los propietarios o usuarios; y
 b)datos de los vehículos.
 2.
 Las consultas podrán realizarse únicamente en virtud del apartado 1 con un número de bastidor completo o una matrícula completa y de conformidad con el Derecho interno del Estado que realiza la consulta.
 3.
 A efectos de las transmisiones de datos a que se refiere el apartado 1, cada Estado designará un punto de contacto nacional que recibirá las solicitudes de otros Estados. Las competencias de los puntos de contacto nacionales se regirán por el Derecho interno que les sea aplicable.
 Artículo LAW.PRUM.16: Acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio
 1.Los Estados garantizarán que un organismo nacional de acreditación acredite que los prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio cumplen la norma EN ISO/IEC 17025.
 2.Cada Estado garantizará que los resultados de los prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio acreditados en otros Estados sean reconocidos por sus autoridades responsables de la prevención, la detección y la investigación de delitos en calidad de resultados tan fiables como los de los prestadores de servicios forenses nacionales que llevan a cabo actividades de laboratorio acreditados con arreglo a la norma EN ISO/IEC 17025.
 3.Las autoridades policiales competentes del Reino Unido no realizarán consultas ni comparaciones automatizadas con arreglo a los artículos LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.9 [Comparación automatizada de perfiles de ADN] y LAW.PRUM.12 [Consulta automatizada de datos dactiloscópicos] antes de que el Reino Unido haya implantado y aplicado las medidas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
 4.Los apartados 1 y 2 no afectan a las normas nacionales relativas a la evaluación judicial de pruebas.
 5.El Reino Unido comunicará al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial el texto de las principales disposiciones adoptadas para implantar y aplicar las disposiciones del presente artículo.
 Artículo LAW.PRUM.17: Medidas de aplicación
 1.A efectos del presente título, los Estados pondrán todas las categorías de datos a disposición de las autoridades policiales competentes de otros Estados para su búsqueda y comparación en las mismas condiciones que aquellas en las que estén disponibles para su búsqueda y comparación por parte de las autoridades policiales competentes nacionales. Los Estados facilitarán otros datos de carácter personal y otras informaciones disponibles relacionados con los índices de referencia, mencionados en el artículo LAW.PRUM.14 [Transmisión de otros datos de carácter personal y de otras informaciones] a las autoridades policiales competentes de otros Estados para los fines incluidos en el presente título en las mismas condiciones en las que los facilitarían a las autoridades nacionales.
 2.A fin de aplicar los procedimientos a que se refieren los artículos LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.9 [Comparación automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.12 [Consulta automatizada de datos dactiloscópicos] y LAW.PRUM.15 [Consulta automatizada de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos], se establecen especificaciones técnicas y de procedimiento en el ANEXO LAW-1.
 3.Las declaraciones efectuadas por los Estados miembros en relación con las Decisiones 2008/615/JAI
 77
 y 2008/616/JAI
 78
 del Consejo serán también aplicables a las relaciones entre los Estados miembros y el Reino Unido.
 Artículo LAW.PRUM.18: Evaluación ex ante
 1.A fin de verificar si el Reino Unido ha cumplido las condiciones establecidas en el artículo LAW.PRUM.17 [Medidas de aplicación] y en el ANEXO LAW-1, se realizará una visita de evaluación y un ensayo piloto, en la medida que lo exija el anexo LAW-1, de conformidad con las condiciones y disposiciones prácticas convenidas con el Reino Unido. En cualquier caso, se realizará un ensayo piloto en relación con la búsqueda de datos con arreglo al artículo LAW.PRUM.15 [Consulta automatizada de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos].
 2.Sobre la base de un informe de evaluación global sobre la visita de evaluación y, en su caso, sobre el ensayo piloto a que se refiere el apartado 1, la Unión fijará la fecha o fechas a partir de las cuales los datos personales podrán ser transmitidos por los Estados miembros al Reino Unido con arreglo al presente título.
 3.A la espera del resultado de la evaluación a que se refiere el apartado 1, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, los Estados miembros podrán facilitar al Reino Unido los datos personales a que se refieren los artículos LAW.PRUM.8 [Consulta automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.9 [comparación automatizada de perfiles de ADN], LAW.PRUM.12 [Consulta automatizada de datos dactiloscópicos] y LAW.PRUM.14 [Transmisión de otros datos de carácter personal y de otras informaciones] hasta la fecha o fechas determinadas por la Unión de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, pero no más de nueve meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial podrá prorrogar una vez este período por un máximo de nueve meses.
 Artículo LAW.PRUM.19: Suspensión e inaplicación
 1.En caso de que la Unión considere necesario modificar el presente título debido a que la legislación de la Unión relativa al asunto que rige el presente título se haya modificado sustancialmente o se esté modificando sustancialmente, podrá notificarlo al Reino Unido en consecuencia con vistas a acordar una modificación oficial del presente Acuerdo en lo que respecta al presente título. Tras la notificación, las Partes iniciarán consultas.
 2.Si, en el plazo de nueve meses a partir de dicha notificación, las Partes no han acordado la modificación del presente título, la Unión podrá decidir suspender la aplicación del presente título o de alguna de sus disposiciones durante un período de hasta nueve meses. Antes de la finalización de ese período, las Partes podrán acordar una extensión de la suspensión durante un período adicional de hasta nueve meses. Si al final del período de suspensión las Partes no han acordado la modificación del presente título, sus disposiciones dejarán de aplicarse el primer día del mes siguiente a la expiración del período de suspensión, a menos que la Unión informe al Reino Unido de que ya no desea realizar ninguna modificación en el presente título. En ese caso, se restablecerán las disposiciones del presente título suspendidas.
 3.En caso de que alguna de las disposiciones del presente título se suspenda de conformidad con el presente artículo, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se reunirá a fin de determinar las medidas que es preciso adoptar para garantizar que se concluya de manera adecuada toda cooperación iniciada en virtud del presente título que se vea afectada por la suspensión. En cualquier caso, en lo que respecta a todos los datos personales obtenidos a través de la cooperación en virtud del presente título antes de que las disposiciones afectadas por la suspensión dejen de aplicarse provisionalmente, las Partes garantizarán que se mantenga el nivel de protección con arreglo al cual los datos personales fueron transmitidos después de que la suspensión surta efecto.
 Título III: Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros
 Artículo LAW.PNR.18: Ámbito de aplicación
 1.El presente título establece las normas en virtud de las cuales los datos del registro de nombres de los pasajeros pueden transferirse a las autoridades competentes del Reino Unido y estas pueden tratarlos y utilizarlos para vuelos entre la Unión y el Reino Unido, y expone las salvaguardias específicas a este respecto.
 2.El presente título se aplicará a las compañías aéreas que operen vuelos de pasajeros entre la Unión y el Reino Unido.
 3.Se aplicará asimismo a las compañías que incorporan o almacenan datos en la Unión y operan vuelos de pasajeros con origen o destino en el Reino Unido.
 4.Este título también prevé la cooperación policial y judicial en materia penal entre el Reino Unido y la Unión en lo que respecta a los datos del PNR.
 Artículo LAW.PNR.19: Definiciones
 A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:
 a)«compañía aérea»: toda empresa de transporte aéreo que posea una licencia de explotación válida u otro permiso equivalente que le permita realizar el trasporte aéreo de pasajeros entre el Reino Unido y la Unión;
 b)«registro de nombres de los pasajeros» («PNR»): una relación de los requisitos de viaje impuestos a cada pasajero, que incluye toda la información necesaria para el tratamiento y el control de las reservas por parte de las compañías aéreas que las realizan y participan en el sistema PNR, por cada viaje reservado por una persona o en su nombre, ya estén contenidos en sistemas de reservas, en sistemas de control de salidas utilizados para embarcar a los pasajeros en el vuelo o en sistemas equivalentes que posean las mismas funcionalidades; en concreto, tal y como se utilizan en el presente título, los datos del PNR constan de los elementos que figuran en el ANEXO LAW-2;
 c)«la autoridad competente del Reino Unido»: la autoridad del Reino Unido responsable de la recepción y el tratamiento de datos del PNR en virtud del presente Acuerdo; si el Reino Unido tiene más de una autoridad competente, proporcionará una ventana única de datos de pasajeros que permita a las compañías aéreas transferir datos del PNR a un único punto de entrada de transmisión de datos y designará un punto de contacto único a efectos de la recepción y presentación de solicitudes con arreglo al artículo LAW.PNR.22 [Cooperación policial y judicial];
 d)«Unidades de Información sobre los Pasajeros» («UIP»): las unidades establecidas o designadas por los Estados miembros responsables de la recepción y el tratamiento de los datos del PNR;
 e)«terrorismo»: cualquier delito enumerado en el ANEXO LAW-7;
 f)«delitos graves»: los delitos que son punibles con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de una duración máxima no inferior a tres años con arreglo al Derecho interno del Reino Unido.
 Artículo LAW.PNR.20: Fines del uso de los datos del PNR
 1.El Reino Unido se asegurará de que los datos del PNR recibidos con arreglo al presente título se traten estrictamente con el fin de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos terroristas o delitos graves y con el fin de garantizar la supervisión del tratamiento de los datos del PNR en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.
 2. En casos excepcionales, la autoridad competente del Reino Unido podrá tratar los datos del PNR cuando sea necesario para la protección de los intereses vitales de las personas físicas, tales como:
 a)riesgo de muerte o de heridas graves; o
 b)riesgo significativo para la salud pública, en particular según lo señalado por normas internacionalmente reconocidas.
 3.La autoridad competente del Reino Unido podrá también tratar datos del PNR caso por caso cuando un órgano jurisdiccional o tribunal administrativo del Reino Unido obligue a revelar datos pertinentes del PNR en el marco de un procedimiento directamente relacionado con uno de los fines recogidos en el apartado 1.
 Artículo LAW.PNR.21: Garantizar el suministro de los datos del PNR
 1.La Unión velará por que no se impida a las compañías aéreas transferir datos del PNR a las autoridades competentes del Reino Unido en virtud del presente título.
 2.La Unión garantizará que las compañías aéreas puedan transferir datos del PNR a la autoridad competente del Reino Unido a través de agentes autorizados que actúen en nombre y bajo la responsabilidad de una compañía aérea, de conformidad con el presente título.
 3.El Reino Unido no deberá pedir a las compañías aéreas que suministren elementos de los datos del PNR distintos de los que la compañía aérea haya recogido o conservado para realizar reservas.
 4.El Reino Unido eliminará a su recepción cualquier dato transferido por una compañía aérea con arreglo al presente título si el elemento de los datos en cuestión no está enumerado en el ANEXO LAW-2.
 Artículo LAW.PNR.22: Cooperación policial y judicial
 1.La autoridad competente del Reino Unido compartirá con Europol o Eurojust, en el ámbito de sus respectivos mandatos, o con las UIP de los Estados miembros, toda la información analítica pertinente y adecuada que incluya datos del PNR lo antes posible en casos específicos cuando sea necesario para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos de terrorismo o delitos graves.
 2.A petición de Europol o Eurojust, en el marco de sus respectivos mandatos, o de la UIP de un Estado miembro, la autoridad competente del Reino Unido compartirá los datos PNR, los resultados del tratamiento de dichos datos o la información analítica que contenga datos del PNR, en casos específicos cuando sea necesario para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos de terrorismo o delitos graves.
 3.Las UIP de los Estados miembros compartirán con la autoridad competente del Reino Unido toda la información analítica pertinente y adecuada que contenga datos del PNR lo antes posible en casos específicos cuando sea necesario para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar el terrorismo o los delitos graves.
 4.A petición de la autoridad competente del Reino Unido, las UIP de los Estados miembros compartirán los datos del PNR, los resultados del tratamiento de tales datos o la información analítica que contenga datos del PNR, en casos específicos cuando sea necesario para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar el terrorismo o los delitos graves.
 5.Las Partes velarán por que la información mencionada en los apartados 1 a 4 se comparta de conformidad con otros acuerdos y compromisos en materia de aplicación de las leyes o de intercambio de información entre el Reino Unido y Europol, Eurojust, o cualquier Estado miembro pertinente. En particular, el intercambio de información con Europol en virtud del presente artículo tendrá lugar a través de la línea de comunicación segura establecida para el intercambio de información a través de Europol.
 6.La autoridad competente del Reino Unido y las UIP de los Estados miembros velarán por que solo se comparta en virtud de los apartados 1 a 4 la cantidad mínima necesaria de datos del PNR.
 Artículo LAW.PNR.23: No discriminación
 El Reino Unido garantizará que las salvaguardias aplicables al tratamiento de los datos del PNR se apliquen a todas las personas físicas en condiciones de igualdad y sin discriminación ilícita.
 Artículo LAW.PNR.24: Uso de categorías especiales de datos personales
 Todo tratamiento de categorías especiales de datos personales quedará prohibido en virtud del presente título. Cuando los datos del PNR que se transfieren a la autoridad competente del Reino Unido incluyan categorías especiales de datos personales, la autoridad competente del Reino Unido borrará tales datos.
 Artículo LAW.PNR.25: Seguridad e integridad de los datos
 1.El Reino Unido aplicará medidas reglamentarias, técnicas o de procedimiento para proteger los datos del PNR contra el acceso, el tratamiento o las pérdida accidentales, ilegales o no autorizados.
 2.El Reino Unido garantizará la verificación de la conformidad y la protección, seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. A este respecto, el Reino Unido:
 a)aplicará procedimientos de cifrado, autorización y documentación de los datos del PNR;
 b)limitará el acceso a los datos del PNR a funcionarios autorizados;
 c)mantendrá los datos del PNR en un entorno físico seguro y protegido con controles de acceso; y
 d)establecerá un mecanismo que garantice que las consultas de datos del PNR se realizan de manera coherente con el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR].
 3.En caso de que se revelen o se acceda a los datos del PNR de una persona física sin autorización, el Reino Unido adoptará medidas para notificarlo a la persona física afectada, a fin de reducir el riesgo de daños y de adoptar medidas correctoras.
 4.La autoridad competente del Reino Unido informará de inmediato al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial de cualquier incidente importante de acceso, tratamiento o pérdida accidentales, ilegales o no autorizados de datos del PNR.
 5.El Reino Unido velará por que cualquier violación de la seguridad de los datos, y en particular aquella que resulte en una destrucción accidental o ilegal o en una pérdida accidental, alteración, revelación o acceso no autorizados o cualquier forma ilegal de tratamiento conlleve medidas correctoras efectivas y disuasorias que podrán incluir sanciones.
 Artículo LAW.PNR.26: Transparencia y notificación a los pasajeros
 1.La autoridad competente del Reino Unido publicará en su sitio web lo siguiente:
 a)una lista de la legislación que autorice la recogida de datos del PNR;
 b)los fines de la recogida de datos del PNR;
 c)la forma de protección de los datos del PNR;
 d)la forma y la medida en que los datos del PNR se pueden revelar;
 e)la información en materia de derechos de acceso, corrección, notación y recurso; e
 f)información de contacto para las solicitudes de información.
 2.Las Partes colaborarán con las terceras partes interesadas, como la industria de la aviación y el transporte aéreo, para fomentar la transparencia en el momento de realizar las reservas respecto de la recogida, el tratamiento y el uso de datos del PNR, y sobre cómo solicitar el acceso, la corrección y el recurso. Las compañías aéreas facilitarán a los pasajeros información clara y pertinente en relación con la transferencia de datos del PNR en virtud del presente título, incluida la autoridad receptora, el objeto de la transferencia y el derecho a solicitar de la autoridad receptora el acceso a los datos personales del pasajero que han sido transferidos y su corrección.
 3.Cuando los datos del PNR conservados de acuerdo con el artículo LAW.PNR.28 [Conservación de los datos del PNR] se hayan utilizado conforme a las condiciones establecidas en el artículo LAW.PNR.29 [Condiciones para el uso de los datos del PNR] o se hayan revelado de conformidad con el artículo LAW.PNR.31 [Revelación en el Reino Unido] o el artículo LAW.PNR.32 [Revelación fuera del Reino Unido], el Reino Unido lo notificará a los pasajeros afectados por escrito, de forma individual y en un plazo razonable una vez que tal notificación no comprometa las investigaciones de las entidades públicas de que se trate, en la medida en que la información de contacto del pasajero esté disponible o pueda recuperarse mediante un esfuerzo razonable. La notificación incluirá información sobre el modo en que la persona física afectada puede interponer un recurso administrativa o judicial.
 Artículo LAW.PNR.27: Tratamiento automático de los datos del PNR
 1.El Reino Unido garantizará que cualquier tratamiento automático de los datos del PNR se base en modelos y criterios preestablecidos no discriminatorios, específicos y fiables que permitan a la autoridad competente del Reino Unido:
 a)llegar a resultados cuyo objetivo sean personas físicas que puedan estar bajo sospecha razonable de implicación o participación en actos terroristas o delitos graves; o
 b)en circunstancias excepcionales, proteger los intereses vitales de cualquier persona física como establece el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR], apartado 2.
 2.La autoridad competente del Reino Unido velará por que las bases de datos con las que se comparan los datos del PNR sean fiables, estén actualizadas y se limiten a las bases de datos que utiliza en relación a los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR].
 3.El Reino Unido no tomará decisiones que afecten gravemente a una persona física únicamente en razón del tratamiento automático de los datos del PNR.
 Artículo LAW.PNR.28: Conservación de los datos del PNR
 1.El Reino Unido no conservará los datos del PNR durante más de cinco años a partir de su fecha de recepción.
 2.A más tardar seis meses desde la transmisión de datos del PNR a que se refiere el apartado 1, todos los datos del PNR deberán despersonalizarse mediante el enmascaramiento de los siguientes elementos que podrían servir para identificar directamente al pasajero al que se refieren los datos del PNR o a cualquier otra persona física:
 a)nombres, incluidos los de otros pasajeros que figuran en el PNR y número de personas que figuran en el PNR que viajan juntas;
 b)dirección, números de teléfono e información electrónica de contacto del pasajero, de las personas que realizan la reserva del vuelo para el pasajero, las personas a través de las cuales un pasajero pueda ser contactado y las personas a quien se informará en caso de emergencia;
 c)toda la información disponible sobre el pago y la facturación, en la medida en que contenga información que pueda servir para identificar a una persona física;
 d)información sobre viajeros asiduos;
 e)otra información complementaria (OSI), información sobre servicios especiales (SSI) e información sobre servicios especiales solicitados (SSR), en la medida en que incluyan información que permita identificar a una persona física; y
 f)cualquier información recogida en el sistema de información anticipada sobre los pasajeros (sistema API).
 3.La autoridad competente del Reino Unido solo podrá desenmascarar los datos del PNR si esto es necesario para llevar a cabo investigaciones con los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR]. Estos datos del PNR no enmascarados solo serán accesibles a un número limitado de funcionarios específicamente autorizados.
 4.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Reino Unido eliminará los datos de los pasajeros del PNR tras su salida del país, a menos que una evaluación de riesgos indique la necesidad de conservar tales datos. A fin de establecer esa necesidad, el Reino Unido hallará pruebas objetivas de las que pueda inferirse que determinados pasajeros suponen un riesgo en términos de lucha contra el terrorismo y los delitos graves.
 5.A los efectos del apartado 4, a menos que se disponga de información sobre la fecha exacta de salida, la fecha de salida se considerará el último día del período máximo de estancia legal en el Reino Unido del pasajero de que se trate.
 6.El uso de los datos conservados en virtud del presente artículo está sujeto a las condiciones establecidas en el artículo LAW.PNR.29 [Condiciones para el uso de los datos del PNR].
 7.Un organismo administrativo independiente del Reino Unido evaluará anualmente el enfoque aplicado por la autoridad competente del Reino Unido en relación con la necesidad de conservar los datos del PNR con arreglo al apartado 4.
 8.No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4, el Reino Unido podrá conservar los datos del PNR necesarios para una determinada acción, revisión, investigación, medida de ejecución, procedimiento judicial, enjuiciamiento o ejecución de penas, hasta que concluya.
 9.El Reino Unido destruirá los datos del PNR cuando concluya el período de conservación de tales datos.
 10.El apartado 11 se aplica debido a las circunstancias especiales que impiden al Reino Unido realizar los ajustes técnicos necesarios para transformar los sistemas de tratamiento del PNR que el Reino Unido gestionaba mientras el Derecho de la Unión le era aplicable en sistemas que permitirían suprimir los datos del PNR de conformidad con el apartado 4.
 11.El Reino Unido podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado 4 con carácter temporal durante un período transitorio, cuya duración se establece en el apartado 13, en espera de que el Reino Unido aplique los ajustes técnicos lo antes posible. Durante el período transitorio, la autoridad competente del Reino Unido impedirá la utilización de los datos del PNR que deban suprimirse de conformidad con el apartado 4 mediante la aplicación de las siguientes salvaguardias adicionales a tales datos del PNR:
 a)los datos PNR solo serán accesibles a un número limitado de funcionarios autorizados y solo cuando sea necesario para determinar si los datos del PNR deben suprimirse de conformidad con el apartado 4;
 b)la solicitud de utilización de los datos del PNR se denegará en los casos en que los datos deban suprimirse de conformidad con el apartado 4, y no se concederá más acceso a tales datos cuando la documentación a que se refiere la letra d) del presente apartado indique que se ha denegado una solicitud de uso anterior;
 c)la supresión de los datos del PNR se efectuará lo antes posible con esfuerzos razonables, teniendo en cuenta las circunstancias especiales a que se refiere el apartado 10; y
 d)se documentará lo siguiente de conformidad con el artículo LAW.PNR.30 [Registro y documentación del tratamiento de datos del PNR], y esa documentación se pondrá a disposición del organismo administrativo independiente a que se refiere el apartado 7 del presente artículo:
 I)toda solicitud de utilización de los datos del PNR;
 II)la fecha y hora del acceso a los datos del PNR con el fin de evaluar si la supresión de los datos del PNR era necesaria;
 III)que la solicitud de utilización de los datos del PNR fue denegada sobre la base de que tales datos deberían haberse suprimido con arreglo al apartado 4, incluida la fecha y hora de la denegación; y
 IV)la fecha y hora de la supresión de los datos del PNR, de conformidad con la letra c) del presente apartado.
 12.El Reino Unido proporcionará al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial, nueve meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y, de nuevo, un año más tarde si el período provisional se prorroga por otro año:
 a)un informe del organismo administrativo independiente a que se refiere el apartado 7 del presente artículo, que incluirá el dictamen de la autoridad de control del Reino Unido a que se refiere el artículo LAW.GEN.4 [Protección de datos personales], apartado 3, sobre si las garantías previstas en el apartado 11 del presente artículo se han aplicado de una manera efectiva; y
 b)la evaluación del Reino Unido de si persisten las circunstancias especiales a que se refiere el apartado 10 del presente artículo, junto con una descripción de los esfuerzos realizados para transformar los sistemas de tratamiento del PNR del Reino Unido en sistemas que permitan suprimir los datos del PNR de conformidad con el apartado 4 del presente artículo.
 13.El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se reunirá en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo para examinar el informe y la evaluación previstos con arreglo el apartado 12. Cuando persistan las circunstancias especiales a que se refiere el apartado 10, el Consejo de Asociación prorrogará un año el período provisional a que se refiere el apartado 11. El Consejo de Asociación prorrogará el período provisional por un año más, en las mismas condiciones y siguiendo el mismo procedimiento que para la primera prórroga, cuando, además, se hayan realizado progresos sustanciales, aunque aún no haya sido posible transformar los sistemas de tratamiento del PNR del Reino Unido en sistemas que permitan suprimir los datos del PNR de conformidad con el apartado 4.
 14.Si el Reino Unido considera que la negativa del Consejo de Asociación a conceder cualquiera de esas prórrogas no está justificada, podrá suspender el presente título con un preaviso de un mes.
 15.En el tercer aniversario de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo dejarán de aplicarse los apartados 10 a 14.
 Artículo LAW.PNR.29: Condiciones para el uso de los datos del PNR
 1.La autoridad competente del Reino Unido podrá usar los datos del PNR conservados de conformidad con el artículo LAW.PNR.28 [Conservación de los datos del PNR] para fines distintos de la seguridad y controles fronterizos, incluida cualquier revelación en virtud del artículo LAW.PNR.31 [Revelación en el Reino Unido] y el artículo LAW.PNR.32 [Revelación fuera del Reino Unido], únicamente cuando nuevas circunstancias basadas en motivos objetivos indiquen que los datos del PNR de uno o varios pasajeros podrían contribuir al logro de los objetivos establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR].
 2.El uso de los datos del PNR por parte de la autoridad competente del Reino Unido de conformidad con el apartado 1, estará sujeto a una revisión previa por parte de un órgano jurisdiccional o de un órgano administrativo independiente del Reino Unido, basada en una solicitud motivada de la autoridad competente del Reino Unido dentro del marco jurídico nacional de procedimientos para la prevención, detección o enjuiciamiento de delitos, con excepción de:
 a)casos de urgencia legítimamente establecida; o
 b)la verificación de la fiabilidad y actualidad de los modelos y criterios preestablecidos en los que se basa en tratamiento automático de los datos del PNR, o la definición de nuevos modelos y criterios para ese tratamiento.
 Artículo LAW.PNR.30: Registro y documentación del tratamiento de los datos del PNR
 La autoridad competente del Reino Unido registrará y documentará todo tratamiento de datos del PNR. Solo utilizará tal registro o documentación para:
 a)controlar y verificar la legalidad del tratamiento de datos;
 b)garantizar adecuadamente la integridad de los datos;
 c)garantizar la seguridad del tratamiento de los datos; y
 d)garantizar la supervisión.
 Artículo LAW.PNR.31: Revelación en el Reino Unido
 1.La autoridad competente del Reino Unido no revelará datos del PNR a otras entidades públicas del Reino Unido a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
 a)los datos del PNR se revelan a entidades públicas cuyas funciones están directamente relacionadas con los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR];
 b)los datos del PNR se revelan solamente caso por caso;
 c)la revelación de los datos del PNR es necesaria para los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR];
 d)solo se revela la mínima cantidad posible de datos del PNR necesarios;
 e)las entidades públicas receptoras aplican a los PNR unas salvaguardias equivalentes o comparables a las previstas en el presente título; y
 f)las entidades públicas que reciben los datos no revelan los datos del PNR a otra entidad a menos que la revelación sea autorizada por la autoridad competente del Reino Unido, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente apartado.
 2.Cuando se transmita información analítica que contenga datos del PNR obtenidos en virtud del presente título, se aplicarán las salvaguardias establecidas en el presente artículo.
 Artículo LAW.PNR.32: Revelación fuera del Reino Unido
 1.El Reino Unido se asegurará de que su autoridad competente no divulgue datos del PNR a entidades públicas de terceros países a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
 a)los datos del PNR se revelan a entidades públicas cuyas funciones están directamente relacionadas con los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR];
 b)los datos del PNR se revelan solamente caso por caso;
 c)la revelación de los datos del PNR es necesaria para los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR];
 d)solo se revela la mínima cantidad posible de datos del PNR necesarios; y
 e)el tercer país al que se revelan los datos del PNR, o bien ha celebrado un acuerdo con la Unión que establece la protección de los datos personales comparable al presente Acuerdo o está sujeto a una decisión de la Comisión Europea conforme al Derecho de la Unión, en la que se concluye que dicho tercer país garantiza un nivel adecuado de protección de los datos en el sentido del Derecho de la Unión.
 2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra e), la autoridad competente del Reino Unido podrá transmitir datos del PNR a un tercer país si:
 a)el responsable de dicha autoridad, o un alto funcionario designado específicamente por el responsable, considera que la revelación es necesaria para la prevención e investigación de una amenaza grave e inminente para la seguridad pública o para proteger los intereses vitales de cualquier persona física; y
 b)el tercer país ofrece garantías por escrito, en virtud de un acuerdo, convenio u otro, de que la información se protegerá de conformidad con las salvaguardias aplicables en virtud del Derecho del Reino Unido al tratamiento de los datos del PNR recibidos de la Unión, incluidas las establecidas en el presente título.
 3.Una transferencia se documentará de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. Dicha documentación se pondrá a disposición de la autoridad de control a que se refiere el artículo LAW.GEN.4 [Protección de datos personales], apartado 3, incluida la fecha y hora de la transferencia, información sobre la autoridad receptora, la justificación de la transferencia y los datos del PNR transferidos.
 4.Si, de conformidad con el apartado 1 o 2, la autoridad competente del Reino Unido revela datos del PNR recogidos en virtud del presente título procedentes de un Estado miembro, la autoridad competente del Reino Unido notificará la revelación a las autoridades de ese Estado miembro a la mayor brevedad posible. El Reino Unido efectuará dicha notificación de conformidad con los acuerdos o compromisos sobre aplicación de las leyes o intercambio de información entre el Reino Unido y ese Estado miembro.
 5.Cuando se transmita información analítica que contenga datos del PNR obtenidos en virtud del presente título, se aplicarán las salvaguardias establecidas en el presente artículo.
 Artículo LAW.PNR.33: Método de transmisión
 Las compañías aéreas transmitirán los datos del PNR a la autoridad competente del Reino Unido exclusivamente mediante el método «push», un método por el cual las compañías aéreas transfieren datos del PNR a la base de datos de la autoridad competente del Reino Unido, y de acuerdo con los siguientes procedimientos que las compañías aéreas deben respetar, por medio de los cuales:
 a)transmitirán los datos del PNR por medios electrónicos de conformidad con los requisitos técnicos de la autoridad competente del Reino Unido o, en caso de fallo técnico, por cualquier otro medio apropiado que garantice un nivel adecuado de seguridad de los datos;
 b)transmitirán los datos del PNR mediante un formato de mensajería definido de común acuerdo; y
 c)transmitirán los datos del PNR de una forma segura utilizando los protocolos comunes según lo requiera la autoridad competente del Reino Unido.
 Artículo LAW.PNR.34: Frecuencia de la transmisión
 1.La autoridad competente del Reino Unido requerirá a las compañías aéreas que transmitan los datos del PNR:
 a)inicialmente, no más de noventa y seis horas antes de la hora de salida programada del servicio de vuelo; y
 b)un máximo de cinco veces, según lo especificado por la autoridad competente del Reino Unido.
 2.La autoridad competente del Reino Unido permitirá a las compañías aéreas que limiten la transmisión a que se refiere el apartado 1, letra b), a actualizaciones de los datos del PNR transmitidos a que se refiere la letra a) de dicho apartado.
 3.La autoridad competente del Reino Unido informará a las compañías aéreas de las horas concretas de las transmisiones.
 4.En determinados casos en los que exista una indicación de que es preciso un acceso adicional para responder a una amenaza concreta relacionada con los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR], la autoridad competente del Reino Unido podrá requerir a la compañía aérea que facilite los datos del PNR, antes, entre o después de las transmisiones programadas. En el ejercicio de esta facultad discrecional, la autoridad competente del Reino Unido actuará de forma razonable y proporcionada y utilizará el método de transmisión descrito en el artículo LAW.PNR.33 [Método de transmisión].
 Artículo LAW.PNR.35: Cooperación
 La autoridad competente del Reino Unido y las UIP de los Estados miembros cooperará para lograr la coherencia entre sus regímenes de tratamiento de datos del PNR de manera que se siga mejorando la seguridad de las personas del Reino Unido, de la Unión o de otro lugar.
 Artículo LAW.PNR.36: No exención
 Ninguna de las disposiciones del presente título eximirá de las obligaciones existentes entre el Reino Unido y los Estados miembros o terceros países de formular o responder a una solicitud en virtud de un instrumento de asistencia mutua.
 Artículo LAW.PNR.37: Consulta y revisión
 1.Las Partes se notificarán mutuamente cualquier medida que vaya a adoptarse que pueda afectar al presente título.
 2.Cuando realicen revisiones conjuntas del presente título tal y como se recogen en el artículo LAW.OTHER.135 [Revisión y evaluación], apartado 1, las Partes prestarán especial atención a la necesidad y proporcionalidad del tratamiento y conservación de los datos del PNR para cada uno de los fines establecidos en el artículo LAW.PNR.20 [Fines del uso de los datos del PNR]. Las revisiones conjuntas incluirán también el examen de cómo la autoridad competente del Reino Unido ha garantizado que los modelos, criterios y bases de datos preestablecidos a que se refiere el artículo LAW.PNR.27 [Tratamiento automático de los datos del PNR] son fiables, pertinentes y actuales, teniendo en cuenta datos estadísticos.
 Artículo LAW.PNR 38: Suspensión de la cooperación en virtud del presente título
 1.En caso de que una de las Partes considere que la continuación de la aplicación del presente título ya no es adecuada, podrá notificar a la otra Parte en consecuencia su intención de suspender la aplicación del presente título. Tras la notificación, las Partes iniciarán consultas.
 2.Si, en el plazo de seis meses a partir de dicha notificación, las Partes no han llegado a una resolución, cualquiera de las Partes podrá decidir suspender la aplicación del presente título durante un período de hasta seis meses. Antes de que finalice dicho período, las Partes podrán acordar una extensión de la suspensión durante un período adicional de hasta seis meses. Si al final del período de suspensión las Partes no han alcanzado una resolución con respecto al presente título, este dejará de aplicarse el primer día del mes siguiente a la expiración del período de suspensión, a menos que la Parte notificante informe a la otra Parte de que desea retirar la notificación. En ese caso, se restablecerán las disposiciones del presente título.
 3.En caso de suspensión del presente título de conformidad con el presente artículo, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se reunirá a fin de determinar las medidas que deben adoptarse para garantizar que se concluya de manera adecuada la cooperación iniciada en virtud del presente título que se vea afectada por la suspensión. En cualquier caso, en lo que respecta a todos los datos personales obtenidos a través de la cooperación en virtud del presente título antes de que las disposiciones afectadas por la suspensión dejen de aplicarse provisionalmente, las Partes garantizarán que se mantenga el nivel de protección con arreglo al cual los datos personales fueron transmitidos después de que la suspensión surta efecto.
 Título IV: Cooperación en materia de información operativa
 Artículo LAW.OPCO.1: Cooperación en materia de información operativa
 1.El objetivo del presente título es que las Partes garanticen que las autoridades competentes del Reino Unido y de los Estados miembros puedan, sin perjuicio de las condiciones de su Derecho interno y dentro del ámbito de sus competencias, y en la medida en que ello no esté previsto en otros títulos de la presente Parte, prestarse asistencia mutua facilitando información pertinente a efectos de:
 a)la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales;
 b)la ejecución de sanciones penales;
 c)la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención; y
 d)la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
 2.A efectos del presente título, por «autoridad competente» se entenderá toda autoridad nacional de policía, aduanas u otra autoridad competente con arreglo al Derecho interno para llevar a cabo actividades a los efectos establecidos en el apartado 1.
 3.La información, incluida la información sobre personas buscadas y desaparecidas, así como sobre objetos, podrá ser solicitada por una autoridad competente del Reino Unido o de un Estado miembro, o facilitada de manera espontánea a una autoridad competente del Reino Unido o de un Estado miembro. La información podrá facilitarse en respuesta a una solicitud o de forma espontánea, sin perjuicio de las condiciones del Derecho interno aplicable a la autoridad competente transmisora y dentro del ámbito de sus competencias.
 4.La información podrá solicitarse y facilitarse en la medida en que las condiciones del Derecho interno aplicable a la autoridad competente requirente o transmisora no establezcan que la solicitud o el suministro de información deba hacerse o transmitirse a través de las autoridades judiciales.
 5.En casos urgentes, la autoridad competente transmisora responderá a una solicitud, o facilitará información de manera espontánea, tan pronto como sea posible.
 6.Una autoridad competente del Estado requirente podrá, de conformidad con el Derecho interno pertinente, en el momento de presentar la solicitud o en un momento posterior, solicitar el consentimiento del Estado transmisor para que la información se utilice con fines probatorios en un procedimiento ante una autoridad judicial. El Estado transmisor podrá, en las condiciones establecidas en el título VIII [Asistencia judicial mutua] y en las condiciones del Derecho interno que le sea aplicable, dar su consentimiento para que la información se utilice con fines probatorios ante una autoridad judicial del Estado requirente. Del mismo modo, cuando la información se facilite de manera espontánea, el Estado transmisor podrá dar su consentimiento para que la información se utilice con fines probatorios en un procedimiento ante una autoridad judicial del Estado receptor. Cuando no se dé el consentimiento con arreglo al presente apartado, la información recibida no se utilizará a efectos probatorios en un procedimiento ante una autoridad judicial.
 7.La autoridad competente que facilite la información podrá, con arreglo al Derecho interno pertinente, imponer condiciones para la utilización de la información facilitada.
 8.Las autoridades competentes podrán facilitar, en virtud del presente título, cualquier tipo de información que obre en su poder, sin perjuicio de las condiciones del Derecho interno que le sea aplicable y dentro del ámbito de sus competencias. Dicha información puede incluir información procedente de otras fuentes, únicamente si la transferencia ulterior de dicha información está permitida en el marco en el que fue obtenida por la autoridad competente transmisora.
 9.En virtud del presente título, podrá facilitarse información a través de cualquier canal de comunicación adecuado, incluida la línea de comunicación segura para la transmisión de información a través de Europol.
 10.El presente artículo no afectará al funcionamiento o la celebración de acuerdos bilaterales entre el Reino Unido y los Estados miembros, siempre que los Estados miembros actúen de conformidad con el Derecho de la Unión. Tampoco afectará a las demás facultades de que dispongan las autoridades competentes del Reino Unido o de los Estados miembros en virtud del Derecho interno o internacional aplicable para prestar asistencia mediante el intercambio de información a los efectos establecidos en el apartado 1.
 Título V: Cooperación con Europol
 Artículo LAW.EUROPOL.46: Objetivo
 El objetivo del presente título es establecer relaciones de cooperación entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido a fin de respaldar y reforzar la acción de los Estados miembros y del Reino Unido, así como su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra los delitos graves, el terrorismo y las formas de delincuencia que afectan a un interés común amparado por una política de la Unión, tal y como se menciona en el artículo LAW.EUROPOL.48 [Formas de delincuencia].
 Artículo LAW.EUROPOL.47: Definiciones
 A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:
 a)«Europol»: la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, establecida en virtud del Reglamento (UE) 2016/794
 79
 («el Reglamento Europol»);
 b)«autoridad competente»: para la Unión, Europol y para el Reino Unido, un servicio de seguridad nacional responsable de la prevención y lucha contra los delitos en virtud del Derecho interno.
 Artículo LAW.EUROPOL.48: Formas de delincuencia
 1.La cooperación establecida en virtud del presente título está relacionada con las formas de delincuencia que son competencia de Europol y que figuran en el ANEXO LAW-3, incluidos los delitos conexos.
 2.Se entenderá por delitos conexos los cometidos para procurarse los medios de perpetrar las formas de delincuencia a que se refiere el apartado 1, los delitos cometidos para facilitar o ejecutar tales actos y los delitos cometidos para lograr su impunidad.
 3.Cuando se modifique la lista de formas de delincuencia que son competencia de Europol en virtud del Derecho de la Unión, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial podrá, a propuesta de la Unión, modificar el ANEXO LAW-3 como corresponda, a partir de la fecha en la que entre en vigor el cambio en las competencias de Europol.
 Artículo LAW.EUROPOL.49: Ámbito de la cooperación
 Además del intercambio de datos personales en las condiciones establecidas en el presente título y de conformidad con las tareas de Europol descritas en el Reglamento Europol, la cooperación podrá incluir en particular:
 a)el intercambio de información, como conocimientos especializados;
 b)informes generales de situación;
 c)resultados de análisis estratégicos;
 d)información sobre procedimientos de investigación penal;
 e)información sobre métodos de prevención de la delincuencia;
 f)participación en actividades de formación; y
 g)la prestación de asesoramiento y apoyo en investigaciones penales individuales, así como la cooperación operativa.
 Artículo LAW.EUROPOL.50: Punto de contacto nacional y funcionarios de enlace
 1.El Reino Unido designará un punto de contacto nacional que actuará como punto de contacto central entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido.
 2.El intercambio de información entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido tendrá lugar entre Europol y el punto de contacto nacional a que se refiere el apartado 1. No obstante, ello no excluye intercambios directos de información entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido si, tanto Europol como las autoridades competentes pertinentes, lo consideran apropiado.
 3.El punto de contacto nacional será también el punto central de contacto con respecto a la revisión, corrección y eliminación de datos personales.
 4.A fin de facilitar la cooperación establecida en el presente título, el Reino Unido asignará uno o varios funcionarios de enlace a Europol. Europol podrá asignar uno o varios funcionarios de enlace al Reino Unido.
 5.El Reino Unido velará por que sus funcionarios de enlace tengan acceso rápido, y cuando sea técnicamente posible, directo a las bases de datos pertinentes del Reino Unido necesarias para el cumplimiento de sus tareas.
 6.El número de funcionarios de enlace, los detalles de sus funciones, sus derechos y obligaciones y los costes correspondientes, se regirán por acuerdos de trabajo celebrados entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido tal y como establece el artículo LAW.EUROPOL.59 [Acuerdos administrativos y de trabajo].
 7.Podrá invitarse a los funcionarios de enlace del Reino Unido y los representantes de las autoridades competentes del Reino Unido a reuniones operativas. Los funcionarios de enlace de los Estados miembros, los funcionarios de enlace de terceros países, los representantes de las autoridades competentes de los Estados miembros y de terceros países, el personal de Europol y otras partes interesadas podrán asistir a reuniones organizadas por los funcionarios de enlace o las autoridades competentes del Reino Unido.
 Artículo LAW.EUROPOL.51: Intercambios de información
 1.Los intercambios de información entre autoridades competentes cumplirán los objetivos y disposiciones del presente título. Los datos personales se tratarán únicamente para los fines concretos a que se refiere el apartado 2.
 2.Las autoridades competentes indicarán claramente, a más tardar en el momento de transferir los datos personales, el fin o fines específicos para los que se transfieren dichos datos. Para transmisiones a Europol, el fin o fines de esa transmisión se especificará de acuerdo con los fines específicos de tratamiento establecidos en el Reglamento Europol. Si la autoridad competente de transferencia no lo indica, la autoridad competente receptora, de acuerdo con la autoridad de transferencia, tratará los datos personales a fin de determinar su pertinencia, así como el fin o fines para los que debe continuar su tratamiento. Las autoridades competentes podrán realizar el tratamiento de datos personales para un fin distinto del fin para el que dicha información se ha facilitado únicamente si así lo autoriza la autoridad competente de transferencia.
 3.Las autoridades competentes que reciban los datos personales se comprometerán a que tales datos sean tratados únicamente para el fin para el que fueron transferidos. Los datos personales se eliminarán cuando dejen de ser necesarios para atender los fines para los que se transmitieron.
 4.Europol y las autoridades competentes del Reino Unido determinarán sin demora injustificada, y en cualquier caso en un plazo no superior a seis meses tras la recepción de los datos personales, si dichos datos son necesarios para el fin para el que se suministraron y en qué medida, e informará de ello a la autoridad que los transmitió.
 Artículo LAW.EUROPOL.52: Restricciones en el acceso y uso ulterior de los datos personales transferidos
 1.La autoridad competente de transferencia podrá indicar, en el momento de la transferencia de datos personales, cualquier restricción en el acceso a estos o en el uso que pueda hacerse de ellos, en términos generales o específicos, incluido con respecto a su posterior transferencia, borrado o destrucción tras un determinado período, o a su tratamiento ulterior. Cuando resulte evidente, tras la transferencia de los datos personales, que tales restricciones son necesarias, la autoridad competente de transferencia informará de ello a la autoridad competente receptora.
 2.La autoridad competente receptora respetará cualquier restricción de acceso o uso posterior de los datos personales indicada por la autoridad competente de transferencia, tal y como se describe en el apartado 1.
 3.Cada Parte velará por que la información transmitida en virtud del presente título se haya recopilado, almacenado y transferido de conformidad con su marco jurídico respectivo. Cada Parte velará, en la medida de lo posible, por que tal información no se haya obtenido contraviniendo los derechos humanos. Tampoco se transferirá tal información si, en la medida en que sea razonablemente previsible, esta pudiera utilizarse para solicitar, dictar o ejecutar una pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano.
 Artículo LAW.EUROPOL.53: Distintas categorías de interesados
 1.La transferencia de datos personales de víctimas de delitos, testigos u otras personas que pudieran facilitar información sobre delitos, así como de menores de dieciocho años estará prohibida, a menos que la transferencia sea estrictamente necesaria y proporcionada en casos concretos para la prevención o la lucha contra un delito.
 2.El Reino Unido y Europol se asegurarán de que el tratamiento de datos personales con arreglo al apartado 1, esté sujeto a salvaguardias adicionales, incluidas restricciones de acceso, medidas adicionales de seguridad y restricciones en cuanto a su transferencia ulterior.
 Artículo LAW.EUROPOL.54: Facilitación del flujo de datos personales entre el Reino Unido y Europol
 En interés de los beneficios operativos mutuos, las Partes se esforzarán por cooperar en el futuro con el fin de garantizar que los intercambios de datos entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido puedan tener lugar lo antes posible, y de estudiar la incorporación de nuevos procesos y avances técnicos que puedan contribuir a lograr dicho objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo el hecho de que el Reino Unido no es un Estado miembro.
 Artículo LAW.EUROPOL.55: Valoración de la fiabilidad de la fuente y la exactitud de la información
 1.Las autoridades competentes indicarán, en la medida de lo posible, a más tardar en el momento de la transferencia de la información, la fiabilidad de la fuente de información sobre la base de los siguientes criterios:
 a)cuando no quepa duda sobre la autenticidad, veracidad y competencia de la fuente o si la información es facilitada por una fuente que haya resultado ser fiable en todos los casos;
 b)cuando la información sea facilitada por una fuente que haya resultado ser fiable en la mayoría de los casos;
 c)cuando la información sea facilitada por una fuente que haya resultado ser poco fiable en la mayoría de los casos;
 d)cuando no pueda determinarse la fiabilidad de la fuente.
 2.Las autoridades competentes indicarán, en la medida de lo posible, a más tardar en el momento de la transferencia de la información, la exactitud de la información de acuerdo con los siguientes criterios:
 a)información sobre cuya exactitud no exista duda alguna;
 b)información conocida personalmente por la fuente, pero no conocida personalmente por el funcionario que la transmite;
 c)información no conocida personalmente por la fuente, pero corroborada por otra información ya registrada;
 d)información no conocida personalmente por la fuente y que no puede ser corroborada.
 3.Cuando la autoridad competente receptora, sobre la base de información que ya posee, llegue a la conclusión de que la evaluación de la información o de la fuente facilitada por la autoridad competente de transferencia, de conformidad con los apartados 1 y 2 debe ser corregida, informará a la autoridad competente e intentará acordar una modificación de dicha evaluación. La autoridad competente receptora no modificará la evaluación de la información recibida o de su fuente sin ese acuerdo.
 4.Si una autoridad competente recibe información sin una evaluación, tratará, en la medida de lo posible y de acuerdo con la autoridad competente de transferencia, de evaluar la fiabilidad de la fuente o la exactitud de la información sobre la base de los datos que ya obren en su poder.
 5.Si no puede realizarse una evaluación fiable, la información se evaluará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, letra d), y el apartado 2, letra d).
 Artículo LAW.EUROPOL.56: Seguridad del intercambio de información
 1.Las medidas técnicas y organizativas aplicadas para garantizar la seguridad del intercambio de información en virtud del presente título se establecerán en acuerdos administrativos entre Europol y la autoridad competente del Reino Unido tal y como se menciona en el artículo LAW.EUROPOL.59 [Acuerdos administrativos y de trabajo].
 2.Las Partes acuerdan la creación, aplicación y funcionamiento de una línea de comunicación segura para el intercambio de información entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido.
 3.Los acuerdos administrativos entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido a que se refiere el artículo LAW.EUROPOL.58 [Intercambio de información clasificada y de información sensible no clasificada] regularán las condiciones de uso de la línea segura de comunicación.
 Artículo LAW.EUROPOL.57: Responsabilidad en caso de tratamiento ilícito o incorrecto de datos personales
 1.Las autoridades competentes serán responsables, de conformidad con sus respectivos marcos jurídicos, de cualesquiera daños y perjuicios causados a personas físicas como resultado de los errores de hecho o de derecho en la información intercambiada. Ni Europol, ni las autoridades competentes del Reino Unido podrán alegar, a fin de evitar la responsabilidad en virtud de sus respectivos marcos jurídicos con respecto a una parte perjudicada, que la otra autoridad competente había transferido información inexacta.
 2.En caso de que Europol o las autoridades competentes del Reino Unido deban pagar una indemnización por daños y perjuicios por el uso, por cualquiera de ellas, de información comunicada de forma errónea por la otra parte, o porque la otra parte no haya cumplido sus obligaciones, el importe abonado como indemnización en virtud del apartado 1, ya sea por Europol o por las autoridades competentes del Reino Unido, será devuelto por la otra parte, a menos que la información se utilizara contraviniendo el presente título.
 3.Europol y las autoridades competentes del Reino Unido no se requerirán mutuamente el pago de daños punitivos o de naturaleza no compensatoria en virtud de los apartados 1 y 2.
 Artículo LAW.EUROPOL.58: Intercambio de información clasificada y de información sensible no clasificada
 El intercambio y la protección de la información clasificada y de la información sensible no clasificada, si son necesarios con arreglo al presente título, estarán regulados por un acuerdo administrativo y de trabajo, tal y como establece el artículo LAW.EUROPOL.59 [Acuerdos administrativos y de trabajo] entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido.
 Artículo LAW.EUROPOL.59: Acuerdos administrativos y de trabajo
 1.Los detalles sobre la cooperación entre el Reino Unido y Europol, según proceda para completar y aplicar las disposiciones del presente título estarán sujetos a acuerdos de trabajo de conformidad con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento Europol y a acuerdos administrativos con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento Europol celebrados entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido.
 2.Sin perjuicio de cualquier disposición del presente título y reflejando al mismo tiempo el hecho de que el Reino Unido no es un Estado miembro, Europol y las autoridades competentes del Reino Unido incluirán, a reserva de una decisión del Consejo de Administración de Europol, en acuerdos de trabajo o en acuerdos administrativos, según proceda, disposiciones que completen o apliquen el presente título y que permitan en particular:
 a)las consultas entre Europol y uno o varios representantes del punto de contacto nacional del Reino Unido en asuntos de políticas y cuestiones de interés común con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar sus respectivas actividades y de fomentar la cooperación entre Europol y las autoridades competentes del Reino Unido;
 b)la participación de uno o varios representantes del Reino Unido como observador u observadores en determinadas reuniones de los jefes de unidad de Europol, en línea con las normas de procedimiento de tales reuniones;
 c)la asociación de uno o varios representantes del Reino Unido a proyectos de análisis operativo, de acuerdo con las normas establecidas por los correspondientes órganos de gobernanza de Europol;
 d)la especificación de las tareas de los funcionarios de enlace, sus derechos y obligaciones y los costes correspondientes; o
 e)la cooperación entre las autoridades competentes del Reino Unido y Europol en caso de violación de la privacidad o de la seguridad.
 3.El contenido de los acuerdos administrativos y de trabajo podrá establecerse en un solo documento.
 Artículo LAW.EUROPOL.60: Notificación de aplicación
 1.Tanto el Reino Unido como Europol pondrán a disposición del público un documento en el que se indiquen de forma inteligible las disposiciones relativas al tratamiento de datos personales transferidos en virtud del presente título, incluidos los medios disponibles para el ejercicio de los derechos de los interesados, y cada uno de ellos se asegurará de proporcionar una copia de dicho documento a la otra parte.
 2.Si no hay normas al respecto en vigor, el Reino Unido y Europol adoptarán normas que especifiquen de qué manera se harán cumplir en la práctica las disposiciones relativas al tratamiento de datos personales. El Reino Unido y Europol enviarán una copia de dichas normas a la otra parte y a las respectivas autoridades de control.
 Artículo LAW.EUROPOL.61: Facultades de Europol
 Ninguna de las disposiciones del presente título se interpretará en el sentido de que se crea para Europol la obligación de cooperar con las autoridades competentes del Reino Unido más allá de las competencias de Europol recogidas en la legislación pertinente de la Unión.
 Título VI: Cooperación con Eurojust
 Artículo LAW.EUROJUST.61: Objetivo
 El objetivo del presente título es establecer la cooperación entre Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido en la lucha contra delitos graves contemplado en el artículo LAW.EUROJUST.63 [Formas de delincuencia].
 Artículo LAW.EUROJUST.62: Definiciones
 A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:
 a)«Eurojust»: la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), creada en virtud del Reglamento (UE) 2018/1727
 80
 («el Reglamento Eurojust»);
 b)«autoridad competente»: en el caso de la Unión, Eurojust, representada por el Colegio o por un miembro nacional y, en el caso del Reino Unido, una autoridad nacional con responsabilidades con arreglo al Derecho interno relacionadas con la investigación y el enjuiciamiento de delitos;
 c)«Colegio»: el Colegio de Eurojust, tal y como se contempla en el Reglamento Eurojust;
 d)«miembros nacionales»: el miembro nacional asignado a Eurojust por cada Estado miembro de la Unión, tal y como se contempla en el Reglamento Eurojust;
 e)«asistente»: una persona que puede prestar asistencia al miembro nacional y su adjunto, o al fiscal de enlace tal y como se contempla en el Reglamento Eurojust y en el artículo LAW.EUROJUST.66 [Fiscal de enlace], apartado 3, respectivamente;
 f)«fiscal de enlace», un fiscal asignado por el Reino Unido a Eurojust y sujeto al Derecho interno del Reino Unido en cuanto a su condición de fiscal;
 g)«magistrado de enlace»: un magistrado enviado por Eurojust al Reino Unido de acuerdo con el artículo LAW.EUROJUST.67 [Magistrado de enlace];
 h)«corresponsal nacional para asuntos de terrorismo»: uno de los puntos de contacto designados por las autoridades del Reino Unido, de conformidad con el artículo LAW.EUROJUST.65 [Puntos de contacto para Eurojust], responsable del tratamiento de la correspondencia relacionada con asuntos de terrorismo.
 Artículo LAW.EUROJUST.63: Formas de delincuencia
 1.La cooperación establecida en virtud del presente título está relacionada con las formas graves de delincuencia que son competencia de Eurojust y que figuran en el ANEXO LAW-4, incluidos los delitos conexos.
 2.Se entenderá por delitos conexos los delitos cometidos para procurarse los medios de perpetrar las formas graves de delincuencia a que se refiere el apartado 1, los delitos cometidos para facilitar o ejecutar estos delitos graves y los delitos cometidos para lograr la impunidad de estos delitos graves.
 3.Cuando se modifique la lista de formas de delincuencia grave que son competencia de Eurojust en virtud del Derecho de la Unión, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial podrá, a propuesta de la Unión, modificar el ANEXO LAW-4 como corresponda, a partir de la fecha en la que entre en vigor la modificación de las competencias de Eurojust.
 Artículo LAW.EUROJUST.64: Ámbito de la cooperación
 Las Partes velarán por que Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido cooperen en los ámbitos de actividad establecidos en los artículos 2 y 54 del Reglamento Eurojust y en el presente título.
 Artículo LAW.EUROJUST.65: Puntos de contacto para Eurojust
 1.El Reino Unido establecerá o nombrará al menos un punto de contacto para Eurojust en el seno de las autoridades del Reino Unido.
 2.El Reino Unido designará uno de sus puntos de contacto como el corresponsal nacional para los asuntos de terrorismo del Reino Unido.
 Artículo LAW.EUROJUST.66: Fiscal de enlace
 1.A fin de facilitar la cooperación establecida en el presente título, el Reino Unido asignará un fiscal de enlace a Eurojust.
 2.El mandato y la duración de la comisión de servicios estarán determinados por el Reino Unido.
 3.El Fiscal de enlace podrá contar con la asistencia de hasta cinco asistentes, reflejando el volumen de cooperación. En caso necesario, los asistentes podrán sustituir al fiscal de enlace o actuar en su nombre.
 4.El Reino Unido informará a Eurojust de la naturaleza y alcance de las competencias judiciales del fiscal de enlace y sus asistentes en el propio territorio del Reino Unido para desempeñar su labor de conformidad con el presente título. El Reino Unido establecerá las competencias de su fiscal de enlace y asistentes para actuar con respecto a autoridades judiciales extranjeras.
 5.El fiscal de enlace y sus asistentes tendrán acceso a la información contenida en los expedientes penales nacionales o en cualquier otro registro del Reino Unido de conformidad con el Derecho interno en el caso de un fiscal o una persona de competencia equivalente.
 6.El fiscal de enlace y sus asistentes tendrán poder para contactar directamente con las autoridades competentes del Reino Unido.
 7.El número de asistentes a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, los detalles de las funciones del fiscal de enlace y sus asistentes, sus derechos y obligaciones y los costes correspondientes se regirán por un acuerdo de trabajo celebrado entre Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido, tal y como establece el artículo LAW.EUROJUST.75 [Acuerdo de trabajo].
 8.Los documentos de trabajo del fiscal de enlace y sus asistentes serán considerados inviolables por Eurojust.
 Artículo LAW.EUROJUST.67: Magistrado de enlace
 1.A fin de facilitar la cooperación judicial con el Reino Unido en los asuntos en los que Eurojust preste asistencia, Eurojust podrá enviar un magistrado de enlace al Reino Unido, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento Eurojust.
 2.Los detalles de las funciones del magistrado de enlace a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, sus derechos y obligaciones y los costes correspondientes, se regirán por un acuerdo de trabajo celebrado entre Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido tal y como establece el artículo LAW.EUROJUST.75 [Acuerdo de trabajo].
 Artículo LAW.EUROJUST.68: Reuniones operativas y estratégicas
 1.El fiscal de enlace y sus asistentes, y los representantes de otras autoridades competentes del Reino Unido, incluido el punto de contacto para Eurojust, podrán participar en reuniones relacionadas con cuestiones estratégicas, a invitación del presidente de Eurojust y en reuniones relacionadas con cuestiones operativas con la aprobación de los miembros nacionales de que se trate.
 2.Los miembros nacionales, sus adjuntos y asistentes, el director administrativo de Eurojust y el personal de Eurojust podrán asistir a reuniones organizadas por el fiscal, sus asistentes u otras autoridades competentes del Reino Unido, incluido el punto de contacto para Eurojust.
 Artículo LAW.EUROJUST.69: Intercambio de datos no personales
 Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido podrán intercambiar datos no personales en la medida en que dichos datos sean pertinentes para la cooperación en virtud del presente título, y sin perjuicio de las restricciones en virtud de lo dispuesto en el artículo LAW.EUROJUST.74 [Intercambio de información clasificada y de información sensible no clasificada].
 Artículo LAW.EUROJUST.70: Intercambio de datos personales
 1.Los datos personales solicitados y recibidos por las autoridades competentes en virtud del presente título serán tratados por estas únicamente para los objetivos establecidos en el artículo LAW.EUROJUST.61 [Objetivo], para los fines específicos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo y a reserva de las restricciones de acceso o de uso ulterior a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.
 2.La autoridad competente que transfiere los datos indicará claramente, a más tardar en el momento de la transferencia de los datos personales, el fin concreto para el cual se transmiten dichos datos.
 3.La autoridad competente de transferencia podrá indicar, en el momento de la transferencia de datos personales, cualquier restricción en el acceso a estos o en el uso que pueda hacerse de ellos, en términos generales o específicos, incluido con respecto a su posterior transferencia, borrado o destrucción tras un determinado período, o a su tratamiento ulterior. Cuando resulte evidente, tras la transferencia de los datos personales, que tales restricciones son necesarias, la autoridad de transferencia informará de ello a la autoridad receptora.
 4.La autoridad competente receptora respetará cualquier restricción de acceso o de uso posterior de los datos personales indicada por la autoridad competente de transferencia, tal y como se establece en el apartado 3.
 Artículo LAW.EUROJUST.71: Canales de transmisión
 1.La información se intercambiará:
 a)entre el fiscal de enlace o sus asistentes o, si no se nombra uno o no está disponible, entre el punto de contacto para Eurojust del Reino Unido y los miembros nacionales afectados o el Colegio; o
 b)en el caso de que Eurojust haya enviado a un magistrado de enlace al Reino Unido, entre el magistrado de enlace y cualquier autoridad competente del Reino Unido; en tal caso, se informará al fiscal de enlace de tales intercambios de información; o
 c)directamente entre una autoridad competente del Reino Unido y los miembros nacionales afectados o el Colegio; en este caso, se informará al fiscal de enlace y, si procede, al magistrado de enlace sobre cualquier intercambio de información.
 2.Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido podrán acordar utilizar otros canales de intercambio de información en casos particulares.
 3.Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido garantizarán que sus respectivos representantes estén autorizados para intercambiar información al nivel adecuado y de conformidad con la legislación del Reino Unido y el Reglamento Eurojust respectivamente, y de que se realiza la supervisión adecuada.
 Artículo LAW.EUROJUST.72: Transferencias ulteriores
 Las autoridades competentes del Reino Unido y Eurojust no comunicarán ninguna información facilitada por la otra parte a ningún tercer país u organización internacional sin el consentimiento de la autoridad competente del Reino Unido o de Eurojust que haya facilitado la información y sin las salvaguardias adecuadas en relación con la protección de datos personales.
 Artículo LAW.EUROJUST.73: Responsabilidad en caso de tratamiento ilícito o incorrecto de datos personales
 1.Las autoridades competentes serán responsables, de conformidad con sus respectivos marcos jurídicos, de cualesquiera daños y perjuicios causados a personas físicas como resultado de los errores de hecho o de derecho en la información intercambiada. Ni Eurojust, ni las autoridades competentes del Reino Unido podrán alegar, a fin de evitar la responsabilidad en virtud de sus respectivos marcos jurídicos con respecto a una parte perjudicada, que la otra autoridad competente ha transferido información inexacta.
 2.En el caso de que una autoridad competente deba pagar una indemnización por daños y perjuicios por el uso de información comunicada de forma errónea por la otra parte, o porque la otra parte no haya cumplido sus obligaciones, el importe abonado como indemnización en virtud del apartado 1 por la autoridad competente será devuelto por la otra parte, a menos que la información se utilizara contraviniendo el presente título.
 3.Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido no se requerirán mutuamente el pago de daños punitivos o de naturaleza no compensatoria en virtud de los apartados 1 y 2.
 Artículo LAW.EUROJUST.74: Intercambio de información clasificada y de información sensible no clasificada
 El intercambio y la protección de información clasificada y de información sensible no clasificada, en caso necesario con arreglo al presente título, estarán regulados por un acuerdo de trabajo, tal como se contempla en el artículo LAW.EUROJUST.75 [Acuerdo de trabajo] celebrado entre Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido.
 Artículo LAW.EUROJUST.75: Acuerdo de trabajo
 Las modalidades de cooperación entre las Partes, necesarias para la aplicación del presente título, estarán sujetas a un acuerdo de trabajo celebrado entre Eurojust y las autoridades competentes del Reino Unido de conformidad con el artículo 47, apartado 3, y el artículo 56, apartado 3, del Reglamento Eurojust.
 Artículo LAW.EUROJUST.76: Competencias de Eurojust
 Ninguna de las disposiciones del presente título deberá interpretarse de modo que para Eurojust se cree una obligación de cooperar con las autoridades competentes del Reino Unido más allá de las competencias de Eurojust recogidas en la legislación pertinente de la Unión.
 Título VII: Entregas
 Artículo LAW.SURR.76: Objetivo
 El objetivo del presente título es garantizar que el sistema de extradición entre, por una parte, los Estados miembros y, por otra, el Reino Unido, se base en un mecanismo de entrega en cumplimiento de una orden de detención, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título.
 Artículo LAW.SURR.77: Principio de proporcionalidad
 La cooperación a través de la orden de detención será necesaria y proporcionada teniendo en cuenta los derechos de la persona buscada y los intereses de las víctimas, y considerando la gravedad del acto, la pena que probablemente se impondría y la posibilidad de que un Estado adopte medidas menos coercitivas que la entrega de la persona buscada, en particular en vistas a evitar períodos de prisión preventiva innecesariamente prolongados.
 Artículo LAW.SURR.78: Definiciones
 A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:
 a)«orden de detención»: una resolución judicial dictada por un Estado con vistas a la detención y la entrega por otro Estado de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad;
 b)«autoridad judicial»: una autoridad que sea, en virtud del Derecho interno, un juez, un órgano jurisdiccional o un fiscal. El fiscal se considerará autoridad judicial únicamente en la medida en que el Derecho interno así lo establezca;
 c)«autoridad judicial de ejecución»: la autoridad judicial del Estado de ejecución que sea competente para ejecutar la orden de detención en virtud del Derecho interno de dicho Estado;
 d)«autoridad judicial emisora»: la autoridad judicial del Estado emisor que sea competente para dictar una orden de detención en virtud del Derecho interno de dicho Estado.
 Artículo LAW.SURR.79: Ámbito de aplicación
 1.Se podrá dictar una orden de detención por hechos castigados por la legislación del Estado emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos doce meses o, cuando se haya dictado sentencia o se haya señalado una medida de seguridad privativa de libertad, para penas o medidas privativas de libertad no inferiores a cuatro meses.
 2.No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación.
 3.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo LAW.SURR.80 [Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención], las letras b) a h) del artículo LAW.SURR.81 [Otros motivos para la no ejecución de la orden de detención], apartado 1, el artículo LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad] y el artículo LAW.SURR.84 [Garantías que el Estado de emisión debe ofrecer en casos particulares], un Estado no se negará a ejecutar una orden de detención dictada en relación con las siguientes conductas cuando estas se castiguen con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos doce meses:
 a)el comportamiento de cualquier persona que contribuya a que un grupo de personas que actúe con un fin común cometa uno o varios delitos en el ámbito del terrorismo contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, o en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o el asesinato, la agresión con lesiones graves, el secuestro, la detención ilegal, la toma de rehenes o la violación, incluso cuando dicha persona no participe en la ejecución efectiva del delito o los delitos de que se trate; dicha contribución debe ser intencional y realizarse con el conocimiento de que su participación contribuirá a la realización de las actividades delictivas del grupo; o
 b)el terrorismo, tal y como se define en el ANEXO LAW-7.
 4.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que, sobre una base de reciprocidad, la condición de doble tipificación a que se refiere el apartado 2 no se aplicará siempre que el delito que dio lugar a la orden sea:
 a)uno de los delitos enumerados en el apartado 5, tal y como se definen en el Derecho del Estado emisor, y
 b)punible en el Estado de emisión por una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un período máximo de al menos tres años.
 5.Los delitos a que se refiere el apartado 4 son los siguientes:
 -pertenencia a una organización delictiva;
 -terrorismo, tal y como se define en el ANEXO LAW-7;
 -trata de seres humanos;
 -explotación sexual de niños y pornografía infantil;
 -tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
 -tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos;
 -corrupción, incluido el soborno;
 -fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros del Reino Unido, un Estado miembro o la Unión;
 -blanqueo del producto del delito;
 -falsificación de moneda;
 -delitos informáticos;
 -delitos contra el medio ambiente, en particular el tráfico ilícito de especies animales y vegetales y variedades vegetales en peligro de extinción;
 -ayuda a la entrada y a residencia en situación ilegal;
 -asesinato;
 -agresión con lesiones graves;
 -tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos;
 -secuestro, retención ilegal y toma de rehenes;
 -racismo y xenofobia;
 -robos organizados o a mano armada;
 -tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y obras de arte;
 -estafa;
 -chantaje y extorsión;
 -falsificación y piratería;
 -falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos administrativos falsos;
 -falsificación de medios de pago;
 -tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento;
 -tráfico ilícito de materiales nucleares y radiactivos;
 -tráfico de vehículos robados;
 -violación;
 -incendio doloso;
 -delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional;
 -secuestro de aeronaves, buques o vehículos espaciales; y
 -sabotaje.
 Artículo LAW.SURR.80: Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención
 La ejecución de la orden de detención se denegará:
 a)cuando el delito en que se base la orden de detención esté cubierto por la amnistía en el Estado de ejecución si este tuviera competencia para perseguir dicho delito según su propio Derecho penal;
 b)cuando se informe a la autoridad judicial de ejecución de que la persona buscada ha sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos por un Estado siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena; o
 c)cuando la persona que sea objeto de la orden de detención aún no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución.
 Artículo LAW.SURR.81: Otros motivos para la no ejecución de la orden de detención
 1.La ejecución de la orden de detención podrá denegarse:
 a)cuando, en uno de los casos citados en el artículo LAW.SURR.79 [Ámbito de aplicación], apartado 2, el acto en el que se base la orden de detención no constituya un delito según el Derecho del Estado de ejecución; no obstante, en materia de impuestos o derechos, aduanas y tipo de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la orden de detención alegando que el Derecho del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de normas en materia de impuestos, derechos, aduanas o tipo de cambio que el Derecho del Estado emisor;
 b)cuando la persona que es objeto de la orden de detención esté sometida a un procedimiento penal en el Estado de ejecución por el mismo hecho en el que se basa la orden de detención;
 c)cuando las autoridades judiciales del Estado miembro de ejecución hayan decidido, o bien no incoar una acción penal por el delito en el que se basa de la orden de detención, o bien suspender el procedimiento, o cuando sobre la persona buscada pese en un Estado una sentencia firme por los mismos hechos que obstaculice la continuación del procedimiento;
 d)cuando haya prescrito el delito o la pena de la persona buscada con arreglo al Derecho del Estado de ejecución y los hechos sean competencia de dicho Estado en virtud de su propio Derecho penal;
 e)cuando se informe a la autoridad judicial de ejecución de que la persona buscada ha sido juzgada en sentencia firme por los mismos hechos por un tercer país siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución, o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del país de condena;
 f)cuando la orden de detención se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y este se comprometa a ejecutar dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno; cuando se requiera el consentimiento de la persona buscada para el traslado de la pena o de la medida de seguridad privativas de libertad al Estado de ejecución, este solo podrá denegar la ejecución de la orden de detención una vez que la persona buscada haya dado su consentimiento al traslado de la pena o de la medida de seguridad privativas de libertad;
 g)cuando la orden de detención contemple delitos que:
 I)el Derecho del Estado de ejecución considere cometidos en su totalidad o en parte en el territorio del Estado de ejecución o en un lugar asimilado al mismo; o
 II)se hayan cometido fuera del territorio del Estado emisor y el Derecho del Estado de ejecución no permita el enjuiciamiento por los mismos delitos cuando se hayan cometido fuera de su territorio;
 h)cuando existan motivos objetivos para creer que la mencionada orden de detención se ha dictado con el fin de enjuiciar o sancionar a una persona debido a su sexo, origen racial o étnico, religión, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona puede resultar perjudicada por cualquiera de estas razones;
 i)cuando la orden de detención haya sido emitida a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad y la persona buscada no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la orden de detención conste, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en el Derecho interno del Estado de emisión, que la persona,
 I)con suficiente antelación:
 A)bien fue citada en persona e informada así de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que deriva la resolución, o bien recibió efectivamente por otros medios información oficial de la fecha y el lugar previstos para el juicio, de manera que pueda establecerse inequívocamente que la persona tenía conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio;
 y
 B)fue informada de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia;
 o
 II)teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio mandato a un letrado, bien designado por la persona afectada o por el Estado, para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendida por dicho letrado en el juicio;
 o
 III)tras serle notificada la resolución y ser informada expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial:
 (A)indicó expresamente que no impugnaba la resolución;
 o
 (B)no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del plazo establecido;
 o
 IV)no se le notificó personalmente la resolución, pero:
 (A)se le notificará sin demora tras la entrega y se le informará expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución contraria a la inicial;
 y
 (B)se le informará del plazo en el que deberá solicitar el nuevo juicio o interponer el recurso, tal como conste en la correspondiente orden de detención.
 2.
 Cuando la orden de detención se emita a efectos de ejecutar una pena o una medida de seguridad privativas de libertad con arreglo a las condiciones del apartado 1, letra i), inciso iv), y la persona afectada no haya recibido con anterioridad una información oficial sobre la existencia de una acción penal contra él, dicha persona, al ser informada del contenido de la orden de detención, podrá solicitar recibir una copia de la sentencia antes de ser entregada. Inmediatamente después de haber sido informada sobre la petición, la autoridad de emisión proporcionará a la persona afectada la copia de la sentencia a través de la autoridad de ejecución. La solicitud de la persona afectada no deberá demorar el procedimiento de entrega ni la decisión de ejecutar una orden de detención. La entrega de la sentencia a la persona afectada se hará con fines puramente informativos; no se considerará una notificación formal de la sentencia ni servirá para establecer plazos a efectos de solicitar un nuevo juicio o interponer un recurso.
 3.
 En caso de que una persona sea entregada en las condiciones establecidas en el apartado 1, letra i), inciso iv), y haya solicitado un nuevo juicio o haya interpuesto un recurso, hasta que concluya el procedimiento, se revisará la detención de dicha persona que aguarde dicho nuevo juicio o recurso hasta que las actuaciones hayan finalizado, de conformidad con el Derecho interno del Estado de emisión, ya sea de forma periódica o a petición de la persona afectada. Dicha revisión incluirá, en particular, la posibilidad de suspensión o interrupción de la detención. El nuevo proceso o el recurso comenzará en el plazo debido tras la detención.
 Artículo LAW.SURR.82: Excepción del delito político
 1.La ejecución de una orden de detención no podrá denegarse porque el Estado de ejecución pueda considerar el delito como un delito político, como un delito relacionado con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos.
 2.El Reino Unido, por una parte, y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, por la otra, podrán, no obstante, notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial de que el apartado 1 se aplicará únicamente en relación con:
 a)los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo;
 b)los delitos de conspiración o asociación para cometer uno o varios de los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, siempre que dichos delitos de conspiración o asociación correspondan a la descripción de las conductas a que se refiere el artículo LAW.SURR.79 [Ámbito de aplicación], apartado 3, del presente Acuerdo; y
 c)terrorismo, tal y como se define en el ANEXO LAW-7 del presente Acuerdo.
 3.Cuando la orden de detención haya sido emitida por un Estado que ha realizado la notificación a que se refiere el apartado 2, o por un Estado en nombre del cual se haya realizado dicha notificación, el Estado que ejecuta la orden de detención podrá aplicar la reciprocidad.
 Artículo LAW.SURR.83: Excepción de la nacionalidad
 1.La ejecución de una orden de detención no podrá denegarse alegando que la persona buscada es un nacional del Estado de ejecución.
 2.El Reino Unido y la Unión, actuando en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que sus propios nacionales no serán entregados o de que la entrega de sus propios nacionales se autorizará únicamente con arreglo a determinadas condiciones. La notificación se basará en motivos relacionados con los principios o prácticas fundamentales del ordenamiento jurídico interno del Reino Unido o del Estado en cuyo nombre se haya efectuado la notificación. En ese caso, la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros o el Reino Unido, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial, en un plazo razonable tras la recepción de la notificación de la otra Parte, que las autoridades judiciales de ejecución del Estado miembro o del Reino Unido, según el caso, podrán negarse a entregar a sus nacionales a dicho Estado o que la entrega se autorizará únicamente con arreglo a determinadas condiciones especificadas.
 3.
 En circunstancias en las que un Estado se haya negado a ejecutar una orden de detención basándose en que, en el caso del Reino Unido, ha efectuado una notificación o, en el caso de un Estado miembro, la Unión ha efectuado una notificación en su nombre, tal como se contempla en el apartado 2, dicho Estado considerará iniciar un procedimiento contra su propio nacional que sea acorde con el objeto de la orden de detención, teniendo en cuenta las opiniones del Estado de emisión. Cuando una autoridad judicial decida no iniciar dicho procedimiento, la víctima del delito en el que se basa la orden de detención podrá recibir información sobre la resolución, de conformidad con la legislación nacional aplicable.
 4.Cuando las autoridades competentes de un Estado incoen un procedimiento contra su propio nacional de conformidad con el apartado 3, dicho Estado velará por que sus autoridades competentes puedan tomar las medidas adecuadas para asistir a las víctimas y testigos en circunstancias en las que residan en otro Estado, en particular con respecto a la forma en que se desarrollan los procedimientos.
 Artículo LAW.SURR.84: Garantías que el Estado de emisión debe ofrecer en casos particulares
 La ejecución de la orden de detención por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse a las siguientes garantías:
 a)cuando el delito en que se basa la orden de detención esté castigado con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad perpetuas en el Estado de emisión, el Estado de ejecución podrá ejecutar la orden de detención, siempre y cuando el Estado de emisión ofrezca garantías suficientes al Estado de ejecución de que revisará la pena o medida impuesta, previa petición o cuando hayan transcurrido al menos veinte años, o promoverá la aplicación de medidas de clemencia a las que la persona tenga derecho a acogerse con arreglo al Derecho o práctica del Estado de emisión, con vistas a la no ejecución de dicha pena o medida;
 b)cuando la persona que es objeto de la orden de detención a efectos de entablar una acción penal sea nacional del Estado de ejecución o resida en él, la entrega de dicha persona podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado de ejecución para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiera pronunciarse en su contra en el Estado de emisión; cuando se requiera el consentimiento de la persona buscada para el traslado de la pena o la medida de seguridad privativas de libertad al Estado de ejecución, la garantía de que dicha persona sea devuelta al Estado de ejecución para cumplir su condena estará supeditada a la condición de que la persona buscada, tras ser oída, consienta en ser devuelta al Estado de ejecución;
 c)en el caso de que existan motivos fundados para creer que existe un riesgo real para la protección de los derechos fundamentales de la persona buscada, cuando proceda, la autoridad judicial de ejecución, antes de decidir si ejecuta o no la orden de detención, podrá exigir garantías adicionales en cuanto al trato que se dará a la persona buscada tras su entrega.
 Artículo LAW.SURR.85: Intervención de la autoridad central
 1.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial, en el caso del Reino Unido, su autoridad central y, en el caso de la Unión, la autoridad central de cada Estado que haya designado dicha autoridad, o, si el ordenamiento jurídico del Estado pertinente así lo dispone, más de una autoridad central para prestar asistencia a las autoridades judiciales competentes.
 2.Cuando efectúen la notificación al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial con arreglo al apartado 1, el Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán indicar que, como resultado de la organización del sistema judicial interno de los Estados pertinentes, la autoridad central o las autoridades centrales son responsables de la transmisión y recepción administrativas de las órdenes de detención, así como de toda la correspondencia oficial relativa a la transmisión y recepción administrativas de dichas órdenes. Estas indicaciones serán vinculantes para todas las autoridades del Estado de emisión.
 Artículo LAW.SURR.86: Contenido y formulario de la orden de detención
 1.La orden de detención contendrá la información siguiente, establecida de conformidad con el formulario que figura en el ANEXO LAW-5:
 a)la identidad y la nacionalidad de la persona buscada;
 b)el nombre, la dirección, el número de teléfono y de fax y la dirección de correo electrónico de la autoridad judicial emisora;
 c)la indicación de la existencia de una sentencia ejecutoria, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga el mismo efecto y que entre dentro del ámbito de aplicación del artículo LAW.SURR.79 [Ámbito de aplicación];
 d)la naturaleza y la tipificación jurídica del delito, en particular con respecto al artículo LAW.SURR.79 [Ámbito de aplicación];
 e)una descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, incluidos el momento, el lugar y el grado de participación en el mismo de la persona buscada;
 f)la pena dictada, si hay una sentencia firme, o bien, la escala de penas prevista para el delito por la ley del Estado emisor, y
 g)si es posible, otras consecuencias del delito.
 1.La orden de detención deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución. El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que se aceptará la traducción a una o varias de las lenguas oficiales de un Estado.
 Artículo LAW.SURR.87: Transmisión de una orden de detención
 Cuando se conozca el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial de emisión podrá comunicar directamente a la autoridad judicial de ejecución la orden de detención.
 Artículo LAW.SURR.88: Procedimiento de transmisión de una orden de detención
 1.En caso de que la autoridad judicial de emisión desconozca cual es la autoridad judicial de ejecución competente, hará las indagaciones necesarias para obtener dicha información del Estado de ejecución.
 2.La autoridad judicial de emisión podrá pedir a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que transmita una orden de detención.
 3.La autoridad judicial de emisión podrá transmitir la orden de detención por cualesquiera medios fiables que puedan dejar constancia escrita en condiciones que permitan que el Estado de ejecución establezca su autenticidad.
 4.Cualquier dificultad que surja en relación con la transmisión o la autenticidad de algún documento necesario para la ejecución de la orden de detención se solventará mediante consulta directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando sea pertinente, con la participación de las autoridades centrales de los Estados.
 5.Si la autoridad que recibe una orden de detención no es competente para darle curso, transmitirá de oficio dicha orden a la autoridad competente de su Estado e informará de ello a la autoridad judicial emisora.
 Artículo LAW.SURR.89: Derechos de la persona buscada
 1.Cuando una persona buscada sea detenida a efectos de la ejecución de una orden de detención, la autoridad judicial de ejecución informará a dicha persona, de conformidad con su Derecho interno, de la existencia de la orden de detención, de su contenido, así como de la posibilidad que se le brinda de consentir en su entrega al Estado emisor.
 2.Toda persona buscada que sea detenida a efectos de la ejecución de una orden de detención y que no hable o no entienda la lengua del procedimiento relativo a la orden de detención tendrá derecho a ser asistida por un intérprete y a recibir una traducción escrita en la lengua materna de la persona buscada o en cualquier otra lengua que dicha persona hable o entienda, de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución.
 3.Una persona buscada tendrá derecho a asistencia letrada de acuerdo con el Derecho interno del Estado de ejecución a su detención.
 4.Se informará a la persona buscada de su derecho a designar un abogado en el Estado de emisión para asistir al abogado del Estado de ejecución en el procedimiento relativo a la orden de detención. El presente apartado se entenderá sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo LAW.SURR.101 [Plazo de entrega de la persona].
 5.La persona buscada detenida tendrá derecho a que, sin demora injustificada se informe de la detención a las autoridades consulares del Estado de su nacionalidad o, si se trata de una persona apátrida, a las autoridades consulares del Estado en el que resida habitualmente y, si así lo desea, a comunicarse con dichas autoridades.
 Artículo LAW.SURR.90: Mantenimiento de la persona en detención
 Cuando se detenga a una persona sobre la base de una orden de detención, la autoridad judicial de ejecución decidirá de conformidad con el Derecho del Estado de ejecución si la persona buscada debe permanecer detenida. La libertad provisional de la persona podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución, siempre que la autoridad competente de dicho Estado tome todas las medidas que considere necesarias para evitar su fuga.
 Artículo LAW.SURR.91: Consentimiento a la entrega
 1.Si la persona detenida indica que consiente en su entrega, dicho consentimiento y, en su caso, la renuncia expresa a acogerse al principio de especialidad contemplado en el artículo LAW.SURR.105 [Posibles actuaciones por otras infracciones], apartado2, deberán manifestarse ante la autoridad judicial de ejecución, de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución.
 2.Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el consentimiento y, en su caso, la renuncia contemplados en el apartado 1 se obtengan en condiciones que pongan de manifiesto que la persona afectada lo ha formulado voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias que ello acarrea. Para ello, la persona buscada tendrá derecho a la asistencia de un abogado.
 3.Se levantará acta del consentimiento y, en su caso, de la renuncia contemplados en el apartado 1, con arreglo al procedimiento establecido por el Derecho interno del Estado de ejecución.
 4.El consentimiento será, en principio, irrevocable. Cada Estado podrá establecer que dicho consentimiento y, en su caso, la renuncia a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, puedan revocarse de conformidad con las normas aplicables en sus respectivos Derechos internos. En tal caso, el período comprendido entre la fecha del consentimiento y la de su revocación no se tomará en consideración para determinar los plazos previstos en el artículo LAW.SURR.101 [Plazo de entrega de la persona]. El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que desean recurrir a esta posibilidad, especificando los procedimientos por los que es posible revocar el consentimiento y cualquier modificación relativa a dichos procedimientos.
 Artículo LAW.SURR.92: Audiencia de la persona buscada
 Cuando la persona detenida no consienta en su entrega, tal como se contempla en el artículo LAW.SURR.91 [Consentimiento a la entrega], esta tendrá derecho a ser oída por la autoridad judicial de ejecución, de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución.
 Artículo LAW.SURR.93: Decisión sobre la entrega
 1.La autoridad judicial de ejecución decidirá, dentro de los plazos y según las condiciones definidas en el presente título, y en particular según el principio de proporcionalidad establecido en el artículo LAW.SURR.77 [Principio de proporcionalidad], si la persona debe ser entregada.
 2.Si la autoridad judicial de ejecución considera que la información comunicada por el Estado emisor es insuficiente para poder pronunciarse sobre la entrega, solicitará que, con carácter urgente, le sea facilitada la información complementaria necesaria, en particular con respecto al artículo LAW.SURR. 77 [Principio de proporcionalidad], los artículos LAW.SURR.80 [Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención] a LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], el artículo LAW.SURR.84 [Garantías que el Estado de emisión debe ofrecer en casos particulares] y el artículo LAW.SURR.86 [Contenido y formulario de la orden de detención], y podrá fijar un plazo para su recepción, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos establecidos en el artículo LAW.SURR.95 [Plazos y procedimiento de la decisión de ejecución de la orden de detención].
 3.La autoridad judicial emisora podrá transmitir toda información adicional útil a la autoridad judicial de ejecución en cualquier momento.
 Artículo LAW.SURR.94: Decisión en caso de concurrencia de solicitudes
 1.En caso de que dos o más Estados hayan emitido una orden de detención europea o una orden de detención para la misma persona, la decisión sobre cuál de las órdenes de detención será ejecutada será adoptada por la autoridad judicial de ejecución teniendo en cuenta todas las circunstancias, en particular el lugar y la gravedad relativa de los delitos, las respectivas fechas de la orden de detención o de la orden de detención europea, así como el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de persecución penal o a efectos de ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad, o de obligaciones jurídicas de los Estados miembros derivadas del Derecho de la Unión en materia de, en particular, los principios de libertad de circulación y no discriminación por motivos de nacionalidad.
 2.La autoridad judicial de ejecución de un Estado miembro podrá solicitar el dictamen de Eurojust con vistas a la elección mencionada en el apartado 1.
 3.En caso de conflicto entre una orden de detención y una solicitud de extradición presentada por un tercer país, la decisión sobre si debe darse preferencia a la orden de detención o a la solicitud de extradición recaerá en la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, una vez consideradas todas las circunstancias, y en particular las contempladas en el apartado 1 y las mencionadas en el convenio o acuerdo aplicable.
 4.El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de los Estados en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
 Artículo LAW.SURR.95: Plazos y procedimiento de la decisión de ejecución de la orden de detención
 1.Una orden de detención se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia.
 2.En los casos en que la persona buscada consienta en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención debería tomarse en el plazo de diez días tras haberse manifestado el consentimiento.
 3.En los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención se adoptará en el plazo de sesenta días tras la detención de la persona buscada.
 4.En determinados casos, cuando la orden de detención no pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos en los apartados 2 o 3, la autoridad judicial de ejecución informará inmediatamente de ello a la autoridad judicial de emisión, exponiendo los motivos de la demora. En estos casos, el plazo podrá ampliarse en otros treinta días.
 5.Mientras la autoridad judicial de ejecución no haya adoptado una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención, esta velará por que sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de la persona.
 6.Toda denegación de ejecución de la orden de detención deberá justificarse.
 Artículo LAW.SURR.96: Situación en espera de la decisión
 1.Cuando se haya emitido una orden de detención para el ejercicio de acciones penales, la autoridad judicial de ejecución deberá:
 (a)aceptar que se tome declaración a la persona buscada de conformidad con el artículo LAW.SURR.97 [Toma de declaración de la persona en espera de la decisión]; o
 (b)aceptar el traslado temporal de la persona buscada.
 2.Las condiciones y la duración del traslado temporal se determinarán de común acuerdo entre las autoridades judiciales emisora y de ejecución.
 3.En caso de traslado temporal, la persona deberá poder volver al Estado de ejecución para asistir a las vistas orales que le conciernan como parte del procedimiento de entrega.
 Artículo LAW.SURR.97: Toma de declaración de la persona en espera de la decisión
 1.Una autoridad judicial tomará declaración a la persona buscada. A tal fin, la persona buscada estará asistida por un abogado designado con arreglo a la legislación del Estado de emisión.
 2.La toma de declaración de la persona buscada se realizará con arreglo al Derecho del Estado de ejecución y en las condiciones determinadas de común acuerdo entre las autoridades judiciales emisora y de ejecución.
 3.La autoridad judicial de ejecución competente podrá designar otra autoridad judicial de su Estado para que participe en la toma de declaración de la persona buscada con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente artículo.
 Artículo LAW.SURR.98: Privilegios e inmunidades
 1.Cuando la persona buscada goce de un privilegio o inmunidad de jurisdicción o de ejecución en el Estado de ejecución, los plazos contemplados en el artículo LAW.SURR.95 [Plazos y procedimiento de la decisión de ejecución de la orden de detención] solo empezarán a contar cuando se informe a la autoridad judicial de ejecución de que dicho privilegio o dicha inmunidad se han retirado.
 2.El Estado de ejecución garantizará que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando la persona haya dejado de disfrutar de un privilegio o inmunidad de este tipo.
 3.Cuando la retirada del privilegio o de la inmunidad competa a una autoridad del Estado de ejecución, la autoridad judicial de ejecución solicitará a dicha autoridad que ejerza esta facultad sin demora. Cuando la retirada del privilegio o de la inmunidad competa a una autoridad de otro Estado, un tercer país o a una organización internacional, la autoridad judicial emisora solicitará a dicha autoridad que ejerza esta facultad.
 Artículo LAW.SURR.99: Concurrencia de obligaciones internacionales
 1.El presente Acuerdo se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que incumban al Estado de ejecución en caso de que la persona buscada hubiera sido extraditada a dicho Estado desde un tercer país, y de que dicha persona estuviera protegida por disposiciones del acuerdo en virtud del cual hubiera sido extraditada relativas al principio de especialidad. El Estado de ejecución adoptará las medidas necesarias para solicitar sin demora el consentimiento del tercer país que haya extraditado a la persona buscada, a fin de que pueda ser entregada al Estado que emitió la orden de detención. Los plazos contemplados en el artículo LAW.SURR.95 [Plazos y procedimiento de la decisión de ejecución de la orden de detención] no empezarán a contar hasta la fecha en que las normas relativas al principio de especialidad dejen de aplicarse.
 2.A la espera de la decisión del tercer país del que la persona buscada ha sido extraditada, el Estado de ejecución garantizará que sigan dándose las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva.
 Artículo LAW.SURR.100: Notificación de la decisión
 La autoridad judicial de ejecución notificará de inmediato a la autoridad judicial emisora la decisión relativa al curso dado a la orden de detención.
 Artículo LAW.SURR.101: Plazo de entrega de la persona
 1.La persona buscada deberá ser entregada lo antes posible, en una fecha acordada entre las autoridades implicadas.
 2.La persona buscada será entregada a más tardar diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención.
 3.Cuando cualquier circunstancia ajena al control de alguno de los Estados afectados impida entregar a la persona buscada dentro del plazo establecido en el apartado 2, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se pondrán inmediatamente en contacto y acordarán una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar en los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
 4.La entrega podrá suspenderse de manera excepcional y con carácter provisional por motivos humanitarios graves, por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que la entrega podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada. La ejecución de la orden de detención deberá producirse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La autoridad judicial de ejecución informará de ello inmediatamente a la autoridad judicial emisora, y acordará con esta una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar en los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
 5.Una vez expirados los plazos que citan los apartados 2 a 4, si la persona buscada se hallare aún detenida, será puesta en libertad. La autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se pondrán en contacto en el momento en que parezca que una persona ha de ser puesta en libertad con arreglo al presente apartado y acordarán las disposiciones para la entrega de dicha persona.
 Artículo LAW.SURR.102: Entrega suspendida o condicional
 1.Tras haber decidido la ejecución de la orden de detención, la autoridad judicial de ejecución podrá suspender la entrega de la persona buscada para que pueda ser enjuiciada en el Estado de ejecución o, si la persona buscada ya estuviese condenada, para que pueda cumplir una pena impuesta por otros hechos distintos del que motivó la orden de detención en el territorio del Estado de ejecución.
 2.En lugar de suspender la entrega, la autoridad judicial de ejecución podrá entregar provisionalmente al Estado emisor a la persona buscada, en condiciones que se determinarán de común acuerdo entre las autoridades judiciales de ejecución y emisión. Dicho acuerdo se formalizará por escrito y las condiciones serán vinculantes para todas las autoridades del Estado emisor.
 Artículo LAW.SURR.103: Tránsito
 1.Cada Estado permitirá el tránsito por su territorio de una persona buscada que haya sido entregada, siempre que se le haya facilitado información con respecto a:
 a)la identidad y nacionalidad de la persona que es objeto de la orden de detención;
 b)la existencia de una orden de detención;
 c)la naturaleza y la tipificación jurídica del delito; y
 d)la descripción de las circunstancias del delito, incluidos la fecha y el lugar.
 1.El Estado en cuyo nombre se haya hecho una notificación con arreglo al artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, en el sentido de que no se entregará a sus propios nacionales o de que solo se autorice la entrega en determinadas condiciones podrá denegar el tránsito de sus propios nacionales por su territorio en idénticos términos o supeditarlo a las mismas condiciones.
 2.Los Estados designarán una autoridad responsable de la recepción de las solicitudes de tránsito y de la documentación necesaria, así como de toda correspondencia oficial relacionada con solicitudes de tránsito.
 3.La solicitud de tránsito, así como la información mencionada en el apartado 1, podrán remitirse a la autoridad designada de conformidad con el apartado 3 por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita. El Estado de tránsito notificará su decisión por el mismo procedimiento.
 4.El presente artículo no se aplicará en caso de utilizarse la vía aérea sin escala prevista. Sin embargo, si se produce un aterrizaje no programado, el Estado emisor facilitará a la autoridad designada, con arreglo al apartado 3, la información mencionada en el apartado 1.
 5.Cuando se trate del tránsito de una persona que ha de ser extraditada de un tercer país a un Estado miembro, el presente artículo se aplicará, mutatis mutandis. En particular, las referencias a una «orden de detención» se tratarán como referencias a una «solicitud de extradición».
 Artículo LAW.SURR.104: Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución
 1.El Estado emisor deducirá del período total de privación de libertad que debería cumplirse en el Estado emisor como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad, cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención.
 2.La autoridad judicial de ejecución o la autoridad central designada a tenor del artículo LAW.SURR.85 [Intervención de la autoridad central] remitirá a la autoridad judicial emisora, en el momento de la entrega, toda la información relativa a la duración de la privación de libertad de la persona buscada en ejecución de la orden de detención.
 Artículo LAW.SURR.105: Posibles actuaciones por otras infracciones
 1.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que, en su relación con otros Estados a los que se aplica la misma notificación, el consentimiento para el enjuiciamiento, condena o detención de una persona con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad por todo delito cometido antes de la entrega de dicha persona distinto del que motivó esta última, se presumirá que ha sido dado, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.
 2.Excepto en los casos previstos en los apartados 1 y 3, la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por un delito cometido antes de la entrega de dicha persona distinto del que motivó su entrega.
 3.Los apartados 1 y 2 del presente artículo no serán aplicables en caso de que:
 a)la persona, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado al que haya sido entregada, no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido de él;
 b)el delito no sea punible con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad;
 c)el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona;
 d)la persona esté sujeta a una pena o medida no privativas de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias o una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual;
 e)la persona haya dado su consentimiento, en su caso junto con la renuncia al principio de especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo LAW.SURR.91 [Consentimiento a la entrega];
 f)la persona haya renunciado expresamente, después de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su entrega; la renuncia debe ser verificada ante la autoridad judicial competente del Estado emisor y constar en acta con arreglo al Derecho interno de este; la renuncia debe efectuarse en condiciones que pongan de manifiesto que la persona afectada lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea; para ello, la persona buscada tendrá derecho a la asistencia de un abogado; y
 g)la autoridad judicial de ejecución que haya entregado a la persona dé su consentimiento con arreglo al apartado 4 del presente artículo.
 4.La solicitud de consentimiento se presentará a la autoridad judicial de ejecución acompañada de la información mencionada en el artículo LAW.SURR.86 [Contenido y formulario de la orden de detención], apartado 1, y de una traducción, tal y como establece el artículo LAW.SURR.86 [Contenido y formulario de la orden de detención], apartado 2. Se dará el consentimiento cuando el delito que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en el presente título. Se denegará el consentimiento por los motivos expuestos en el artículo LAW.SURR.80 [Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención] y por lo demás podrá denegarse únicamente por los motivos mencionados en el artículo LAW.SURR.81 [Otros motivos para la no ejecución de la orden de detención], o en el artículo LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], apartado 2, y el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2. La resolución se adoptará en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud. En las situaciones establecidas en el artículo LAW.SURR.84 [Garantías que el Estado emisor debe ofrecer en casos particulares] el Estado emisor debe dar las mismas garantías.
 Artículo LAW.SURR.106: Entrega o extradición ulterior
 1.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de los Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que, en las relaciones con otros Estados a los que se aplica la misma notificación, el consentimiento para el enjuiciamiento, condena o detención de una persona con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad por todo delito cometido antes de la entrega de dicha persona distinto del que motivó esta última, se presumirá que ha sido dado, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.
 2.En cualquier caso, una persona que haya sido entregada al Estado emisor en ejecución de una orden de detención o de una orden de detención europea podrá ser entregada a otro Estado distinto del de ejecución de conformidad con una orden de detención o una orden de detención europea emitida por otro delito cometido antes de su entrega, sin el consentimiento del Estado de ejecución, en los casos siguientes:
 a)la persona buscada, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado al que haya sido entregada, no lo ha hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva o ha vuelto a dicho territorio después de haber salido de él;
 b)la persona buscada ha consentido en ser entregada a otro Estado distinto del de ejecución en virtud de una orden de detención o de una orden de detención europea; el consentimiento debe ser dado ante la autoridad judicial competente del Estado emisor y constar en acta con arreglo al Derecho interno de este Estado; debe darse en condiciones que pongan de manifiesto que la persona afectada lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea; para ello, la persona buscada tendrá derecho a la asistencia de un abogado; y
 c)La persona buscada no esté sujeta al principio de especialidad, de conformidad con las letras a), e), f) o g) del artículo LAW.SURR.105 [Posibles actuaciones por otras infracciones], apartado 3.
 3.La autoridad judicial de ejecución dará su consentimiento para la entrega a otro Estado de conformidad con las siguientes normas:
 a)la solicitud de consentimiento se presentará de acuerdo con el artículo LAW.SURR.87 [Transmisión de una orden de detención], acompañada por la información establecida en el artículo LAW.SURR.86 [Contenido y formulario de la orden de detención], apartado 1, y de la traducción a que se refiere el artículo LAW.SURR.86 [Contenido y formulario de la orden de detención], apartado 2;
 b)se dará el consentimiento cuando el delito que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo;
 c)la resolución se adoptará en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud; y
 d)se denegará el consentimiento por los motivos expuestos en el artículo LAW.SURR.80 [Motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención] y por lo demás podrá denegarse únicamente por los motivos mencionados en el artículo LAW.SURR.81 [Otros motivos para la no ejecución de la orden de detención], el artículo LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], apartado 2, y el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2.
 4.En las situaciones contempladas en el artículo LAW.SURR.84 [Garantías que el Estado emisor debe ofrecer en casos particulares] el Estado emisor dará las mismas garantías.
 5.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una persona a quien se haya entregado en ejecución de una orden de detención no será extraditada a un tercer país sin el consentimiento de la autoridad competente del Estado miembro que entregó dicha persona. Se otorgará el consentimiento de conformidad con los convenios a que esté vinculado dicho Estado miembro, así como con su Derecho interno.
 Artículo LAW.SURR.107: Entrega de bienes
 1.A petición de la autoridad judicial emisora o por propia iniciativa, la autoridad judicial de ejecución intervendrá y entregará, de conformidad con su Derecho interno, los bienes:
 a)que pudieren servir como prueba; o
 b)que posea la persona buscada como resultado del delito.
 1.Los bienes mencionados en el apartado 1 deberán entregarse aun cuando la orden de detención no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la evasión de la persona buscada.
 2.Si los bienes a que se refiere el apartado 1 son susceptibles de embargo o comiso en el territorio del Estado de ejecución, este podrá, si dichos bienes son necesarios para un proceso penal en curso, retenerlos temporalmente o entregarlos al Estado emisor, a condición de que sean devueltos.
 3.Se mantendrán todos los derechos que el Estado de ejecución o terceros puedan haber adquirido sobre los bienes a que se hace mención en el apartado 1. Cuando tales derechos existan, el Estado emisor deberá devolver los bienes sin cargo alguno al Estado de ejecución, lo antes posible una vez terminado el proceso.
 Artículo LAW.SURR.108: Gastos
 1.Los gastos causados en el territorio del Estado de ejecución por la ejecución de una orden de detención serán sufragados por dicho Estado.
 2.Los demás gastos correrán a cargo del Estado emisor.
 Artículo LAW.SURR.109: Relación con otros instrumentos jurídicos
 1.Sin perjuicio de su aplicación en las relaciones entre Estados y terceros países, el presente título, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, sustituye a las correspondientes disposiciones de los siguientes convenios aplicables en el ámbito de la extradición entre el Reino Unido, por un lado, y los Estados miembros, por otro:
 a)el Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957, y sus protocolos adicionales; y
 b)el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, en lo que a extradición se refiere.
 2.En la medida en que los convenios contemplados en el apartado 1 se apliquen a territorios de los Estados, o a territorios cuyas relaciones exteriores asuma un Estado, a los cuales no se aplique el presente título, esos convenios seguirán regulando las relaciones existentes entre dichos territorios y los demás Estados miembros.
 Artículo LAW.SURR.110: Revisión de las notificaciones
 Cuando se realice la revisión conjunta del presente título contemplada en el artículo LAW.OTHER.135: [Revisión y evaluación], apartado 1, las Partes tendrán en cuenta la necesidad de mantener las notificaciones realizadas según el artículo LAW.SURR.79 [Ámbito de aplicación], apartado 4, el artículo LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], apartado 2, y el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2. Si las notificaciones a que se refiere el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, no se renuevan, expirarán cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Las notificaciones a que se refiere el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, solo podrán renovarse o hacerse por primera vez durante los tres meses anteriores al quinto aniversario de la entrada en vigor del presente Acuerdo y, posteriormente, cada cinco años a partir de entonces, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, en ese momento.
 Artículo LAW.SURR.111: Órdenes de detención en curso en caso de inaplicación
 No obstante lo dispuesto en el artículo LAW.GEN.5 [Ámbito de la cooperación cuando un Estado miembro ya no participa en una medida análoga en virtud del Derecho de la Unión], en el artículo LAW.OTHER.136 [Denuncia] y en el artículo LAW.OTHER.137 [Suspensión], las disposiciones del presente título se aplicarán con respecto a las órdenes de detención, cuando la persona buscada haya sido detenida antes de la inaplicación del presente título a efectos de la ejecución de una orden de detención, con independencia de que la autoridad judicial de ejecución haya decidido si la persona buscada debe permanecer detenida o debe ser puesta en libertad provisional.
 Artículo LAW.SURR.112: Aplicación a órdenes de detención europeas existentes
 El presente título se aplicará con respecto a órdenes de detención europeas emitidas de conformidad con la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo
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 por un Estado antes del fin del período transitorio, cuando la persona buscada no haya sido detenida en ejecución de una orden de detención antes del final del período transitorio.
 Título VIII: Asistencia mutua
 Artículo LAW.MUTAS.113: Objetivo
 1.El objetivo del presente título es completar las disposiciones y facilitar la aplicación entre Estados miembros, por un lado, y el Reino Unido, por otro, de lo siguiente:
 a)el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 («el Convenio Europeo de Asistencia Judicial»);
 b)el Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, hecho en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978; y
 c)el segundo Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001.
 2.El presente título se entenderá sin perjuicio de las disposiciones del título IX [Intercambio de información de antecedentes penales], que tiene prioridad sobre el presente título.
 Artículo LAW.MUTAS.114: Definición de autoridad competente
 A efectos del presente título, se entenderá por «autoridad competente» cualquier autoridad que tenga competencia para enviar o recibir solicitudes de asistencia judicial de acuerdo con las disposiciones del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos y tal como la definen los Estados en sus respectivas declaraciones dirigidas al secretario general del Consejo de Europa. «Autoridad competente» también incluye los organismos de la Unión notificados de conformidad con la letra c) del artículo LAW.OTER.134 [Notificaciones], apartado 7; por lo que respecta a tales organismos de la Unión, las disposiciones del presente título se aplicarán en consecuencia.
 Artículo LAW.MUTAS.115: Formulario para una solicitud de asistencia judicial
 1.El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se comprometerá a establecer un formulario normalizado para las solicitudes de asistencia judicial, adoptando un anexo del presente Acuerdo.
 2.Si el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial ha adoptado una decisión de conformidad con el apartado 1, las solicitudes de asistencia judicial se realizarán utilizando dicho formulario.
 3.El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial podrá modificar el formulario normalizado para las solicitudes de asistencia judicial según sea necesario.
 Artículo LAW.MUTAS.116: Condiciones para una solicitud de asistencia judicial
 1.La autoridad competente del Estado requirente solo podrá presentar una solicitud de asistencia judicial si se considera que se cumplen las siguientes condiciones:
 (a)la solicitud es necesaria y proporcionada a los efectos del procedimiento, teniendo en cuenta los derechos del sospechoso o acusado; y
 (b)la medida o medidas de investigación requeridas en la solicitud podrían haberse dictado en las mismas condiciones para un caso interno similar.
 2.El Estado requerido podrá consultar al Estado requirente si la autoridad competente del Estado requerido considera que no se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1. Tras la consulta, la autoridad competente del Estado requirente podrá decidir retirar la solicitud de asistencia judicial.
 Artículo LAW.MUTAS.117: Recurso a medidas de investigación distintas
 1.Siempre que sea posible, la autoridad competente del Estado requerido considerará recurrir a una medida de investigación distinta de la indicada en la solicitud de asistencia judicial si:
 (a)la medida de investigación indicada en la solicitud no existe en el ordenamiento jurídico del Estado requerido; o
 (b)la medida de investigación indicada en la solicitud no existe en un caso interno similar.
 2.Sin perjuicio de los motivos de denegación disponibles en virtud del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, y en virtud del artículo LAW.MUTAS.119 [Non bis in idem], el apartado 1 del presente artículo no se aplica a las siguientes medidas de investigación, que siempre estarán disponibles en virtud de la legislación del Estado requerido:
 (a)la obtención de información contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sea directamente accesible a la autoridad competente del Estado requerido en el marco de un proceso penal;
 (b)la declaración de un testigo, un experto, una víctima, un investigado o acusado o un tercero en el territorio del Estado requerido;
 (c)cualquier medida de investigación no invasiva definida con arreglo al Derecho nacional del Estado requerido; y
 (d)la identificación de personas que sean titulares de un número de teléfono o una dirección IP determinados.
 3.La autoridad competente del Estado requerido también podrá recurrir a una medida de investigación distinta de la requerida en la solicitud de asistencia judicial si la medida de investigación seleccionada por la autoridad competente del Estado requerido lograría el mismo resultado por medios menos intrusivos que la medida de investigación requerida en la solicitud.
 4.Si decide recurrir a una medida distinta de la indicada en la solicitud de asistencia judicial contemplada en los apartados 1 o 3, la autoridad competente del Estado requerido informará en primer lugar a la autoridad competente del Estado requirente, que podrá decidir retirar o completar la solicitud.
 5.Si la medida de investigación requerida en la solicitud no existe en el Derecho nacional del Estado requerido o no sería posible aplicarla en un caso interno similar y no existe ninguna otra medida de investigación que tenga el mismo resultado que la medida de investigación solicitada, la autoridad competente del Estado requerido informará a la autoridad competente del Estado requirente que no es posible proporcionar la asistencia requerida.
 Artículo LAW.MUTAS.118: Obligación de información
 La autoridad competente del Estado requerido informará a la autoridad competente del Estado requirente por cualquier medio y sin demoras injustificadas si:
 (a)es imposible ejecutar la solicitud de asistencia judicial debido a que la solicitud sea incompleta o manifiestamente incorrecta; o
 (b)la autoridad competente del Estado requerido, en el curso de la ejecución de la solicitud de asistencia judicial, considera, sin más investigaciones, que puede ser apropiado llevar a cabo medidas de investigación no previstas inicialmente, o que no podían especificarse cuando se solicitó la asistencia judicial, a fin de permitir a la autoridad competente del Estado requirente adoptar nuevas medidas en el caso concreto.
 Artículo LAW.MUTAS.119: Non bis in idem
 Podrá denegarse la asistencia judicial, además de los motivos de denegación previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, porque la persona respecto de la cual se solicita la asistencia y que está sujeta a investigaciones penales, enjuiciamientos u otros procedimientos, incluidos procedimientos judiciales, en el Estado requirente, ha sido juzgada en última instancia por otro Estado respecto de los mismos actos, siempre que, si se ha impuesto una pena, se haya cumplido, se esté cumpliendo o ya no se pueda hacer cumplir con arreglo a la legislación del Estado que la condena.
 Artículo LAW.MUTAS.120: Plazos
 1.El Estado requerido decidirá si ejecutar la solicitud de asistencia judicial lo antes posible, y, en todo caso, a más tardar cuarenta y cinco días después de recibir la solicitud, e informará al Estado requirente de su decisión.
 2.La solicitud de asistencia judicial se ejecutará lo antes posible. y, en cualquier caso, a más tardar noventa días después de la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo o después de la consulta contemplada en el artículo LAW.MUTAS.116 [Condiciones para una solicitud de asistencia judicial], apartado 2.
 3.Si se requiere en la solicitud de asistencia judicial que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo más corto que el previsto en los apartados 1 o 2, o si se requiere en la solicitud que la medida de asistencia judicial deba llevarse a cabo en una fecha concreta, el Estado requerido tomará debida cuenta, en la medida de lo posible, de ese requisito.
 4.Si se solicita asistencia judicial para adoptar medidas provisionales de conformidad con el artículo 24 del segundo Protocolo adicional al Convenio Europeo de Asistencia Judicial, la autoridad competente del Estado requerido decidirá sobre la medida provisional y comunicará dicha decisión a la autoridad competente del Estado requirente lo antes posible después de la recepción de la solicitud. Antes de levantar cualquier medida provisional adoptada de conformidad con este artículo, la autoridad competente del Estado requerido, siempre que sea posible, dará a la autoridad competente del Estado requirente la oportunidad de presentar sus razones en favor de la continuación de la medida.
 5.Si en un caso concreto no puede cumplirse el plazo previsto en los apartados 1 o 2 o el plazo o la fecha específica a que se refiere el apartado 3, o se aplace la decisión de adoptar medidas provisionales de conformidad con el apartado 4, la autoridad competente del Estado requerido deberá informar sin demora a la autoridad competente del Estado requirente, por cualquier medio, indicando las razones del retraso y consultará con la autoridad competente del Estado requirente sobre el momento adecuado para ejecutar la solicitud de asistencia judicial.
 6.Los plazos contemplados en el presente artículo no se aplicarán si la solicitud de asistencia judicial se hace en relación con alguno de los siguientes delitos e infracciones que entran en el ámbito de aplicación del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, definidos en la legislación del Estado requirente:
 (a)exceso de velocidad, si no se ha causado lesión o muerte a otra persona y si el exceso de velocidad no ha sido significativo;
 (b)no utilización del cinturón de seguridad;
 (c)no respeto de los semáforos en rojo u otra señal de parada obligatoria;
 (d)no utilización del casco de protección; o
 (e)utilización de un carril prohibido (como el uso prohibido de un carril de emergencia, un carril reservado al transporte público o un carril cerrado por obras viales).
 7.El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial supervisará la aplicación del apartado 6. Se comprometerá a fijar plazos para las solicitudes a las que se aplica el apartado 6 en los tres años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, teniendo en cuenta el volumen de solicitudes. También podrá decidir que deje de aplicarse el apartado 6.
 Artículo LAW.MUTAS.121: Transmisión de solicitudes de asistencia judicial
 1.Además de los canales de comunicación previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, si la transmisión directa se hace en virtud de sus respectivas disposiciones, los fiscales del Reino Unido también podrán transmitir directamente las solicitudes de asistencia judicial a las autoridades competentes de los Estados miembros.
 2.Además de los canales de comunicación previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial y sus Protocolos, en caso de urgencia, toda solicitud de asistencia judicial, así como toda información espontánea, podrá transmitirse a través de Europol o Eurojust de conformidad con lo dispuesto en los títulos correspondientes del presente Acuerdo.
 Artículo LAW.MUTAS.122: Equipos conjuntos de investigación
 Si las autoridades competentes de los Estados crean un equipo conjunto de investigación, la relación entre los Estados miembros dentro del equipo conjunto de investigación se regirá por el Derecho de la Unión, sin perjuicio de la base jurídica contemplada en el Acuerdo sobre la creación de un equipo conjunto de investigación.
 Título IX: Intercambio de información de antecedentes penales
 Artículo LAW.EXINF.120: Objetivo
 1.El objetivo del presente título es permitir el intercambio entre los Estados miembros, por un lado, y el Reino Unido, por otro, de información de los registros de antecedentes penales.
 2.En cuanto a las relaciones entre el Reino Unido y los Estados miembros, las disposiciones del presente título:
 (a)completan el artículo 13 y del artículo 22, apartado 2, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal y sus Protocolos adicionales de 17 de marzo de 1978 y 8 de noviembre de 2001; y
 (b)sustituyen el artículo 22, apartado 1, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, completado por el artículo 4 de su Protocolo adicional de 17 de marzo de 1978.
 3.En las relaciones entre un Estado miembro, por un lado, y el Reino Unido, por otro, estos renunciarán al derecho de basarse en sus reservas al artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal y al artículo 4 de su Protocolo adicional de 17 de marzo de 1978.
 Artículo LAW.EXINF.121: Definiciones
 A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:
 (a)«condena»: toda resolución firme de un órgano jurisdiccional penal por la que se condene a una persona física por una infracción penal, en la medida en que dicha resolución se inscriba en el registro de antecedentes penales del Estado de condena;
 (b)«proceso penal»: la fase anterior al juicio, la fase del juicio y la ejecución de una condena;
 (c)«registro de antecedentes penales»: el registro nacional o los registros nacionales en los que se inscriben las condenas, con arreglo al Derecho interno.
 Artículo LAW.EXINF.122: Autoridades centrales
 Cada Estado designará una o más autoridades centrales que serán competentes para el intercambio de información del registro de antecedentes penales de conformidad con el presente título y para los intercambios contemplados en el artículo 22, apartado 2, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal.
 Artículo LAW.EXINF.123: Notificaciones
 1.Cada Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar que toda condena pronunciada en su territorio vaya acompañada, al ser transmitida a su registro de antecedentes penales, de información sobre la nacionalidad o nacionalidades de la persona condenada si esta es nacional de otro Estado.
 2.La autoridad central de cada Estado informará a la autoridad central de cualquier otro Estado de todas las condenas penales dictadas en su territorio respecto de los nacionales de este último Estado, así como de las modificaciones o supresiones posteriores de la información contenida en el registro de antecedentes penales, tal como esté inscrita en este. Las autoridades centrales de los Estados se comunicarán dicha información al menos una vez al mes.
 3.Si la autoridad central de un Estado tiene conocimiento de que una persona condenada es nacional de dos o más Estados, transmitirá la información pertinente a cada uno de esos Estados, incluso si la persona condenada es nacional del Estado en cuyo territorio ha sido condenada.
 Artículo LAW.EXINF.124: Almacenamiento de condenas
 1.La autoridad central de cada Estado almacenará toda la información notificada en virtud del artículo LAW.EXINF.123 [Notificaciones].
 2.La autoridad central de cada Estado velará por que, si se notifica una modificación o supresión posterior en virtud del artículo LAW.EXINF.123 [Notificaciones], apartado 2, se realice una alteración o supresión idéntica de la información almacenada de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.
 3.La autoridad central de cada Estado velará por que solo se proporcione información actualizada de conformidad con el apartado 2 del presente artículo al responder a las solicitudes formuladas en virtud del artículo LAW.EXINF.125 [Solicitudes de información].
 Artículo LAW.EXINF.125: Solicitudes de información
 1.Si se necesita a escala nacional información del registro de antecedentes penales de un Estado tanto para un procedimiento penal como para cualquier otro fin, la autoridad central de dicho Estado, de acuerdo con su Derecho interno, podrá presentar una solicitud de extracto de antecedentes penales y de información sobre dichos antecedentes a la autoridad central de otro Estado.
 2.Si una persona solicita a la autoridad central de un Estado que no sea el Estado de su nacionalidad información sobre sus propios antecedentes penales, dicha autoridad central presentará a la autoridad central del Estado de nacionalidad de la persona una solicitud de extracto de antecedentes penales y de información sobre dichos antecedentes, para poder incluir esa información y datos conexos en el extracto que se facilitará a la persona de que se trate.
 Artículo LAW.EXINF.126: Respuestas a las solicitudes
 1.Las respuestas a las solicitudes de información serán transmitidas por la autoridad central del Estado requerido a la autoridad central del Estado requirente, lo antes posible y en cualquier caso dentro de un plazo de veinte días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
 2.La autoridad central de cada Estado responderá a las solicitudes formuladas con fines distintos de los de procedimiento penal, de conformidad con su Derecho interno.
 3.No obstante lo dispuesto en el apartado 2, al responder a las solicitudes formuladas con fines de contratación para actividades profesionales o voluntarias organizadas que impliquen contactos directos y periódicos con niños, los Estados incluirán información sobre la existencia de condenas penales por delitos relacionados con el abuso sexual o la explotación sexual de niños, la pornografía infantil, la captación de menores con fines sexuales, incluida la incitación, la complicidad o la tentativa de cometer cualquiera de estos delitos, así como información sobre las existencia de cualquier inhabilitación para el ejercicio de actividades que impliquen contactos directos y periódicos con niños derivada de esas condenas penales.
 Artículo LAW.EXINF.127: Canal de comunicación
 El intercambio entre Estados de información de los registros de antecedentes penales se realizará por vía electrónica de conformidad con las especificaciones técnicas y de procedimiento establecidas en el ANEXO LAW-6.
 Artículo LAW.EXINF.128: Condiciones de uso de los datos de carácter personal
 1.Cada Estado podrá utilizar los datos personales recibidos en respuesta a su solicitud con arreglo al artículo LAW.EXINF.126 [Respuestas a las solicitudes] únicamente para los fines para los que han sido solicitados.
 2.Si se solicitó la información para cualquier otro fin no relacionado con procedimientos penales, el Estado requirente podrá utilizar los datos personales recibidos en virtud del artículo LAW.EXINF.126 [Respuestas a las solicitudes] de conformidad con su Derecho interno únicamente dentro de los límites especificados por el Estado requerido en la forma establecida en el capítulo 2 del ANEXO LAW-6.
 3.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, el Estado requirente podrá utilizar los datos personales facilitados por un Estado en respuesta a una solicitud con arreglo al artículo LAW.EXINF.126 [Respuestas a las solicitudes] para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública.
 4.Cada Estado velará por que sus autoridades centrales no revelen datos personales notificados en virtud del artículo LAW.EXINF.123 [Notificaciones] a las autoridades de terceros países, salvo que se cumplan las siguientes condiciones:
 (a)los datos personales se revelan solamente caso por caso;
 (b)los datos personales se revelan a autoridades cuyas funciones están directamente relacionadas con los fines para los que se revelan los datos personales en virtud de la letra c) del presente apartado;
 (c)los datos personales solo se revelan si es necesario:
 I)con fines relacionados con procedimientos penales;
 II)para cualquier otro fin que no esté relacionado con procedimientos penales; o
 III)para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública;
 (d)los datos personales podrán ser utilizados por el tercer país requirente únicamente para los fines para los que se solicitó la información y dentro de los límites especificados por el Estado que notificó los datos personales en virtud del artículo LAW.EXINF.123 [Notificaciones]; y
 (e)los datos personales solo se revelan si la autoridad central, tras haber evaluado todas las circunstancias que rodean la transferencia de los datos personales al tercer país, concluye que se dan las garantías adecuadas para proteger los datos personales.
 5.El presente artículo no se aplicará a los datos personales que hayan sido obtenidos por un Estado al amparo de lo establecido en el presente título y que procedan de dicho Estado.
 Titulo X: Lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo
 Artículo LAW.AML.127: Objetivo
 El objetivo del presente título es apoyar y reforzar la acción de la Unión y del Reino Unido para prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 Artículo LAW.AML.128: Medidas para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
 1.Las Partes convienen en respaldar los esfuerzos internacionales para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las Partes convienen en la necesidad de cooperar para prevenir la utilización de sus sistemas financieros para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de actividad delictiva, tal como el tráfico de drogas y la corrupción, así como luchar contra la financiación del terrorismo.
 2.Las Partes intercambiarán la información pertinente, según proceda, dentro de sus respectivos marcos jurídicos.
 3.Cada una de las Partes mantendrá un régimen global para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y examinará periódicamente la necesidad de mejorar ese régimen, teniendo en cuenta los principios y objetivos de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
 Artículo LAW.AML.129: Transparencia sobre la titularidad real de sociedades y otras entidades jurídicas
 1.A los efectos del presente artículo, se entenderá por:
 (a)«beneficiario efectivo»: cualquier persona con respecto a una entidad corporativa que, de conformidad con disposiciones legales y reglamentarias de la Parte:
 I)ejerza o tenga derecho a ejercer un control definitivo sobre la gestión de la entidad;
 II)en última instancia, sea propietaria o controle directa o indirectamente más del 25 % de los derechos de voto o acciones u otros intereses de propiedad en la entidad, sin perjuicio del derecho de cada Parte a definir un porcentaje más bajo; o
 III)controle o tenga derecho a controlar la entidad;
 con respecto a entidades jurídicas como fundaciones, Anstalt y sociedades de responsabilidad limitada, cada una de las Partes tiene derecho a determinar criterios similares para identificar al beneficiario efectivo, o, si lo deciden, a aplicar la definición establecida en la letra a) del artículo AML.130 [Transparencia sobre la titularidad real de los instrumentos jurídicos], apartado 1, teniendo en cuenta la forma y la estructura de dichas entidades;
 con respecto a otras entidades jurídicas no mencionadas, cada una de las Partes tendrá en cuenta las diferentes formas y estructuras de dichas entidades, los niveles de blanqueo de capitales y los riesgos de financiación del terrorismo asociados a dichas entidades, con miras a decidir los niveles apropiados de transparencia de la titularidad real;
 (b)«información básica sobre un beneficiario efectivo»: el nombre, el mes y el año de nacimiento, el país de residencia y la nacionalidad del beneficiario efectivo, así como la naturaleza y el alcance del interés o el control ejercido sobre la entidad por el beneficiario efectivo;
 (c)«autoridades competentes»:
 I)autoridades públicas, incluidas las unidades de información financiera, que han designado responsabilidades para luchar contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo;
 II)autoridades públicas que tengan la función de investigar o enjuiciar el blanqueo de capitales, delitos principales conexos o la financiación del terrorismo, o que tengan la función de rastrear, incautar o embargar preventivamente y decomisar activos de origen delictivo;
 III)autoridades públicas que tengan responsabilidades de supervisión o control destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo;
 esta definición se entiende sin perjuicio del derecho de cada Parte a identificar otras autoridades competentes que puedan acceder a la información sobre los beneficiarios efectivos.
 2.Cada una de las Partes velará por que las entidades jurídicas de su territorio mantengan información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios efectivos. Cada una de las Partes establecerá mecanismos para garantizar que sus autoridades competentes tengan acceso oportuno a dicha información.
 3.Cada una de las Partes creará o mantendrá un registro central con información adecuada, actualizada y precisa sobre los beneficiarios efectivos. En el caso de la Unión, los registros centrales se establecerán a nivel de los Estados miembros. Esta obligación no se aplicará a las entidades jurídicas cotizadas en bolsa que estén sujetas a requisitos de revelación de información en cuanto a un nivel adecuado de transparencia. Cuando no se identifique a ningún beneficiario efectivo de una entidad, el registro tendrá información alternativa, tales como una declaración de que no se ha identificado a ningún beneficiario efectivo o datos de la persona o personas físicas que ocupen cargos de funcionarios directivos superiores en la entidad jurídica.
 4.Cada una de las Partes garantizará que la información contenida en su registro o registros centrales se pone a disposición de sus autoridades competentes sin restricciones y de manera oportuna.
 5.Cada una de las Partes garantizará que la información básica sobre los beneficiarios efectivos se ponga a disposición de cualquier persona. Se podrán hacer excepciones limitadas sobre la disponibilidad pública de información en virtud de este apartado en los casos en que el acceso público expondría al beneficiario efectivo a riesgos desproporcionados, tales como riesgos de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o cuando el beneficiario efectivo sea menor o no tenga capacidad jurídica.
 6.Cada una de las Partes garantizará que existan sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias contra las personas jurídicas o físicas que no cumplan los requisitos que se les impongan en relación con las cuestiones mencionadas en el presente artículo.
 7.Cada una de las Partes velará por que sus autoridades competentes puedan facilitar la información a que se refieren los apartados 2 y 3 a las autoridades competentes de la otra Parte de forma oportuna, eficaz y gratuita. Para ello, las Partes estudiarán la manera de garantizar un intercambio seguro de información.
 Artículo LAW.AML.130: Transparencia sobre la titularidad real de los instrumentos jurídicos
 1.A los efectos del presente artículo, se entenderá por:
 (a)«beneficiario efectivo»: el fideicomitente, el protector (si lo hubiera), los administradores, el beneficiario o grupos de beneficiarios, cualquier persona que ocupe un cargo equivalente en relación con un instrumento jurídico con una estructura o función similar a un fideicomiso expreso (del tipo «trust»), y cualquier otra persona física que ejerza un control efectivo definitivo sobre un fideicomiso (del tipo «trust») o un instrumento jurídico similar;
 (b)«autoridades competentes»:
 I)autoridades públicas, incluidas las unidades de información financiera, que han designado responsabilidades para luchar contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo;
 II)autoridades públicas que tengan la función de investigar o enjuiciar el blanqueo de capitales, delitos principales conexos o la financiación del terrorismo, o la función de rastrear, incautar o embargar preventivamente y decomisar activos de origen delictivo;
 III)autoridades públicas que tengan responsabilidades de supervisión o control destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo;
 esta definición se entiende sin perjuicio del derecho de cada Parte a identificar otras autoridades competentes que puedan acceder a la información sobre los beneficiarios efectivos.
 2.Cada una de las Partes velará por que los administradores de fideicomisos expresos (del tipo «trust») mantengan información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios efectivos. Estas medidas se aplicarán también a otros instrumentos jurídicos que cada Parte haya determinado que tienen una estructura o función similar a los fideicomisos (del tipo «trust»).
 3.Cada una de las Partes establecerá mecanismos para asegurar que sus autoridades competentes tengan acceso oportuno a información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios efectivos de fideicomisos expresos (del tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos con una estructura o función similar a los fideicomisos (del tipo «trust») en su territorio.
 4.Si la información sobre la titularidad real de fideicomisos o estructuras jurídicas similares se conserva en un registro central, el Estado de que se trate velará por que la información sea adecuada, precisa y actualizada, y por que las autoridades competentes tengan acceso oportuno y sin restricciones a dicha información. Las Partes se esforzarán por estudiar formas de facilitar el acceso a la información sobre la titularidad real de fideicomisos e instrumentos jurídicos similares a personas u organizaciones que puedan demostrar un interés legítimo en recibir dicha información.
 5.Cada una de las Partes garantizará que existan sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias contra las personas jurídicas o físicas que no cumplan los requisitos que se les impongan en relación con las cuestiones mencionadas en el presente artículo.
 6.Cada una de las Partes velará por que sus autoridades competentes puedan facilitar la información a que se refiere el apartado 3 a las autoridades competentes de la otra Parte de forma oportuna, eficaz y gratuita. Para ello, las Partes estudiarán la manera de garantizar un intercambio seguro de información.
 Título XI: Embargo preventivo y decomiso
 Artículo LAW.CONFISC.1: Objetivo y principios de la cooperación
 1. El objetivo del presente título es establecer la cooperación entre el Reino Unido, por un lado, y los Estados miembros, por otro, en la mayor medida posible, a efectos de las investigaciones y los procedimientos encaminados al embargo preventivo de bienes con miras a su posterior decomiso, y las investigaciones y los procedimientos encaminados al decomiso de bienes en el marco de procedimientos penales. Esto no excluye otra cooperación en virtud del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], apartados 5 y 6. El presente título también prevé la cooperación con los organismos de la Unión designados por la Unión a efectos del presente título.
 2.Cada Estado cumplirá, con arreglo a las condiciones previstas en el presente título, las solicitudes de otro Estado:
 a)
 para el decomiso de bienes específicos, así como para el decomiso del producto consistente en la obligación de pagar una suma de dinero correspondiente al valor del producto;
 b)
 para la asistencia de investigación y las medidas provisionales con respecto a cualquiera de las formas de decomiso mencionadas en la letra a).
 3.La asistencia de investigación y las medidas provisionales procuradas en virtud de la letra b) del apartado 2 se llevarán a cabo de conformidad con el Derecho interno del Estado requerido. Cuando la solicitud relativa a una de estas medidas especifique las formalidades o procedimientos necesarios en virtud del Derecho interno del Estado requirente, incluso si no está familiarizado con el Estado requerido, este último deberá cumplir con dichas solicitudes en la medida en que la acción solicitada no sea contraria a los principios fundamentales de su Derecho interno.
 4.El Estado requerido velará por que las solicitudes que procedan de otro Estado para identificar, rastrear, embargar preventivamente o incautar los productos e instrumentos reciban la misma prioridad que las formuladas en el marco de los procedimientos nacionales.
 5.Al solicitar el decomiso, la asistencia de investigación y las medidas provisionales a los efectos del decomiso, el Estado requirente velará por que se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad.
 6.Las disposiciones del presente título se aplican en lugar de los capítulos sobre «cooperación internacional» del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 («el Convenio de 2005») y el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 («el Convenio de 1990»). El artículo LAW.CONFISC.2 [Definiciones] sustituye a las definiciones correspondientes del artículo 1 del Convenio de 2005 y del artículo 1 del Convenio de 1990. Las disposiciones del presente título no afectan a las obligaciones de los Estados en virtud de otras disposiciones del Convenio de 2005 y del Convenio de 1990.
 Artículo LAW.CONFISC.2: Definiciones
 A efectos de lo dispuesto en el presente título, se entenderá por:
 (a)«decomiso»: toda pena o medida dictada por un tribunal a raíz de un proceso penal relativo a una o varias infracciones penales, que tenga como consecuencia la privación definitiva de algún bien;
 (b)«Embargo preventivo» o «incautación»: prohibir temporalmente la transferencia, destrucción, conversión, disposición o movimiento de bienes o asumir temporalmente la custodia o el control de bienes en virtud de una orden dictada por un tribunal u otra autoridad competente;
 (c)«Instrumento»: cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para cometer uno o varios delitos penales;
 (d)«autoridad judicial»: una autoridad que sea, en virtud del Derecho interno, un juez, un órgano jurisdiccional o un fiscal; un fiscal se considerará autoridad judicial únicamente en la medida en que el Derecho interno así lo establezca;
 (e)«producto»: cualquier beneficio económico, derivado u obtenido, directa o indirectamente, de infracciones penales, o una cantidad de dinero equivalente a ese beneficio económico; puede consistir en cualquier bien tal como se define en el presente artículo;
 (f)«bienes»: cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, así como los documentos o instrumentos jurídicos acreditativos de un título o derecho sobre esos bienes que, a juicio del Estado requirente:
 I)sean el producto de la comisión de una infracción penal, o su equivalente, tanto si se trata de la totalidad como si se trata de solo una parte de dicho producto;
 II)sean el instrumento de una infracción penal o el valor de dicho instrumento; o
 III)sean objeto de decomiso a tenor de cualesquiera otras disposiciones en materia de facultades de decomiso de conformidad con el Derecho del Estado requirente, a raíz de un procedimiento relativo a un delito, incluido el decomiso por terceros, el decomiso ampliado y el decomiso sin condena firme.
 Artículo LAW.CONFISC.3: Obligación de prestar asistencia
 Los Estados se prestarán mutuamente, previa solicitud, la mayor asistencia posible en la identificación y rastreo de los instrumentos, los productos y otros bienes que puedan ser decomisados. Dicha asistencia incluirá toda medida que proporcione y asegure pruebas de la existencia, ubicación o movimiento, naturaleza, condición jurídica o valor de dichos instrumentos, productos u otros bienes.
 Artículo LAW.CONFISC.4: Solicitudes de información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad
 1.El Estado requerido, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente artículo, adoptará las medidas necesarias para determinar, en respuesta a una solicitud enviada por otro Estado, si una persona física o jurídica que sea objeto de una investigación penal posee o controla una o más cuentas, de cualquier naturaleza, en cualquier banco situado en su territorio y, en su caso, proporcionar datos sobre las cuentas identificadas. Estos datos incluirán, en particular, el nombre del titular de la cuenta del cliente y el número IBAN, y en el caso de las cajas de seguridad, el nombre del arrendatario o un número de identificación único.
 2.La obligación impuesta en virtud del apartado 1 solo se aplicará en la medida en que la información obre en poder del banco en el que se tenga la cuenta.
 3.Además de los requisitos del artículo LAW.CONFISC.25 [Contenido de la solicitud], el Estado requirente, en la solicitud:
 (a)indicará las razones por las que considera que la información solicitada puede ser fundamental para la investigación penal de la infracción;
 (b)indicará por qué motivos supone que los bancos del Estado requerido tienen la cuenta y especificará, en la medida de lo posible, qué bancos o cuentas pueden estar implicados; y
 (c)comunicará cualquier información adicional que pueda facilitar la ejecución de la solicitud.
 4.
 El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que este artículo se ampliará a las cuentas mantenidas en instituciones financieras no bancarias. Tales notificaciones podrán estar sujetas al principio de reciprocidad.
 Artículo LAW.CONFISC.5: Solicitudes de información sobre transacciones bancarias
 1.A petición de otro Estado, el Estado requerido facilitará los datos de las cuentas bancarias especificadas y de las operaciones bancarias realizadas durante un período determinado a través de una o más cuentas especificadas en la solicitud, incluidos los datos de cualquier cuenta emisora o receptora.
 2.La obligación impuesta en virtud del apartado 1 solo se aplicará en la medida en que la información obre en poder del banco en el que se tenga la cuenta.
 3.Además de los requisitos del artículo LAW.CONFISC.25 [Contenido de la solicitud], el Estado requirente indicará en su solicitud por qué considera que la información solicitada es pertinente a efectos de la investigación penal del delito.
 4.El Estado requerido podrá hacer que la ejecución de dicha solicitud dependa de las mismas condiciones que se aplican a las solicitudes de registro e incautación.
 5.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que este artículo se ampliará a las cuentas mantenidas en instituciones financieras no bancarias. Tales notificaciones podrán estar sujetas al principio de reciprocidad.
 Artículo LAW.CONFISC.6: Solicitudes de control de las transacciones bancarias
 1.El Estado requerido velará por que, a petición de otro Estado, pueda, durante un período determinado, realizar un control de las operaciones bancarias que se realicen a través de una o más cuentas especificadas en la solicitud y comunicar los resultados del control al Estado requirente.
 2.Además de los requisitos del artículo LAW.CONFISC.25 [Contenido de la solicitud], el Estado requirente indicará en su solicitud por qué considera que la información solicitada es pertinente a efectos de la investigación penal del delito.
 3.La decisión de control será tomada en cada caso por las autoridades competentes del Estado requerido, de conformidad con su Derecho interno.
 4.Los detalles prácticos del control se acordarán entre las autoridades competentes de los Estados requirentes y los Estados requeridos.
 5.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que este artículo se ampliará a las cuentas mantenidas en instituciones financieras no bancarias. Tales notificaciones podrán estar sujetas al principio de reciprocidad.
 Artículo LAW.CONFISC.7: Comunicación espontánea de información
 Sin perjuicio de sus propias investigaciones o procedimientos, un Estado podrá, sin previa solicitud, transmitir a otro Estado información sobre los instrumentos, el producto y otros bienes que puedan ser decomisados, cuando considere que la revelación de esa información podría ayudar al Estado receptor a iniciar o llevar a cabo investigaciones o procedimientos o podrían dar lugar a una solicitud de ese Estado en virtud del presente título.
 Artículo LAW.CONFISC.8: Obligación de adoptar medidas provisionales
 1.A petición de otro Estado que haya iniciado una investigación o un procedimiento penales, o una investigación o procedimiento a efectos de decomiso, el Estado requerido adoptará las medidas provisionales necesarias, como el embargo provisional o la incautación, para impedir cualquier intercambio, transferencia o venta de bienes que, en una etapa posterior, puedan ser objeto de una solicitud de decomiso o que puedan satisfacer la solicitud.
 2.Cualquier Estado que haya recibido una solicitud de decomiso de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] adoptará, si así se solicita, las medidas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo respecto de los bienes que sean objeto de la solicitud o que puedan satisfacer la solicitud.
 3.Cuando se reciba una solicitud en virtud del presente artículo, el Estado requerido adoptará todas las medidas necesarias para satisfacer la solicitud sin demora y con la misma rapidez y prioridad que para un caso interno similar, y enviará al Estado requirente una confirmación sin demora y por cualquier medio que deje constancia escrita.
 4.Si el Estado requirente declara que es necesario un embargo preventivo inmediato, ya que existen motivos legítimos para creer que los bienes en cuestión serán inmediatamente eliminados o destruidos, el Estado requerido adoptará todas las medidas necesarias para satisfacer la solicitud en un plazo de noventa y seis horas a partir de la recepción de la solicitud, y enviará al Estado requirente una confirmación sin demora y por cualquier medio que deje constancia escrita.
 5.Cuando el Estado requerido no pueda cumplir con el plazo establecido en el apartado 4, el Estado requerido informará inmediatamente al Estado requirente y consultará con el Estado requirente los pasos que procedan a continuación.
 6.El vencimiento de los plazos previstos en el apartado 4 no extinguirá los requisitos que el presente artículo impone al Estado requerido.
 Artículo LAW.CONFISC.9: Ejecución de medidas provisionales
 1.Después de la ejecución de las medidas provisionales solicitadas de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales], apartado 1, el Estado requirente proporcionará, espontáneamente y lo antes posible, al Estado requerido cualquier información que pueda cuestionar o modificar el alcance de esas medidas. El Estado requirente también proporcionará sin demora toda la información complementaria que requiera el Estado requerido y que sea necesaria para la aplicación y el seguimiento de las medidas provisionales.
 2.Antes de levantar cualquier medida provisional adoptada de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales], el Estado requerido, siempre que sea posible, dará al Estado requirente la oportunidad de presentar sus razones en favor de la continuación de la medida.
 Artículo LAW.CONFISC.10: Obligación de decomisar
 1.El Estado que haya recibido una solicitud de decomiso de bienes situados en su territorio:
 (a)hará cumplir una orden de decomiso emitida por un tribunal del Estado requirente en relación con esos bienes; o
 (b)presentará la solicitud a sus autoridades competentes a fin de obtener una orden de decomiso y, en caso de que se conceda dicha orden, ejecutarla.
 2.A los efectos del apartado 1, letra b), los Estados tendrán, cuando sea necesario, competencia para iniciar procedimientos de decomiso con arreglo a su propio Derecho interno.
 3.Las disposiciones del apartado 1 también se aplican a decomisos que consisten en la obligación de pagar una suma de dinero correspondiente al valor del producto, si los bienes contra los que puede ejecutarse el decomiso se encuentran en el Estado requerido. En tales casos, cuando se ejecute un decomiso de conformidad con el apartado 1, el Estado requerido realizará, si no se obtiene el pago, la reclamación sobre cualquier bien disponible para ese fin.
 4.Si una solicitud de decomiso está dirigida a un bien específico, el Estado requirente y el Estado requerido pueden convenir en que el Estado requerido ejecute el decomiso obligando a pagar una suma de dinero correspondiente al valor del bien.
 5.Un Estado cooperará tanto como permita su Derecho interno con un Estado que solicite la ejecución de medidas equivalentes al decomiso de bienes, cuando la solicitud no se haya dictado en el marco de procedimientos penales, siempre que dichas medidas sean ordenadas por una autoridad judicial del Estado requirente en relación con una infracción penal, siempre que se haya establecido que los bienes constituyen el producto u:
 (a)otros bienes en los que se haya transformado o convertido el producto;
 (b)bienes adquiridos de fuentes legítimas, si el producto se ha entremezclado, total o parcialmente, con esos bienes, hasta el valor calculado del producto entremezclado; o
 (c)ingresos u otros beneficios derivados del producto, de los bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de los bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito, hasta el valor calculado del producto entremezclado, de la misma manera y en la misma medida que el producto.
 6.Las medidas mencionadas en el apartado 5 incluyen medidas que permiten la incautación, la detención y la confiscación de bienes y activos mediante solicitudes a los tribunales civiles.
 7.El Estado requerido adoptará sin demora la decisión sobre la ejecución de la orden de decomiso y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8 del presente artículo, a más tardar cuarenta y cinco días después de recibir la solicitud. El Estado requerido enviará al Estado requirente una confirmación sin demora y por cualquier medio que deje constancia escrita. A menos que haya motivos para el aplazamiento de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.17 [Aplazamiento], el Estado requerido adoptará las medidas concretas necesarias para ejecutar la resolución de decomiso sin demora y, al menos, con la misma rapidez y prioridad que emplearía en un caso interno similar.
 8.Cuando el Estado requerido no pueda cumplir con el plazo establecido en el apartado 7, el Estado requerido informará inmediatamente al Estado requirente y consultará con el Estado requirente las medidas que procedan a continuación.
 9.El vencimiento del plazo previsto en el apartado 7 no extinguirá los requisitos establecidos en el presente artículo sobre el Estado requerido.
 Artículo LAW.CONFISC.11: Ejecución de decomisos
 1.Los procedimientos para obtener y ejecutar el decomiso en virtud del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] se regirán por el Derecho interno del Estado requerido.
 2.El Estado requerido estará obligado por las conclusiones en cuanto a los hechos en la medida en que se declaren en una sentencia condenatoria o judicial dictada por un tribunal del Estado requirente o en la medida en que esa condena o decisión judicial se base implícitamente en ellos.
 3.Si el decomiso consiste en la obligación de pagar una suma de dinero, la autoridad competente del Estado requerido convertirá el importe de la misma en la divisa de ese Estado al tipo de cambio aplicable en el momento en que se tome la decisión de ejecutar el decomiso.
 Artículo LAW.CONFISC.12: Bienes decomisados
 1.Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del presente artículo, los bienes decomisados de conformidad con los artículos LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] y LAW.CONFISC.11 [Ejecución de decomisos] serán eliminados por el Estado requerido de conformidad con su legislación y procedimientos administrativos nacionales.
 2.Cuando atienda la solicitud formulada por otro Estado de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], el Estado requerido, en la medida en que lo permita su Derecho interno y si la solicitud así se lo requiere, dará prioridad a la devolución de los bienes decomisados al Estado requirente para que pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver esos bienes a sus propietarios legítimos.
 3.Cuando atienda la solicitud formulada por otro Estado de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], y después de haber observado el derecho de la víctima a la restitución o la indemnización de los bienes de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, el Estado requerido dispondrá del dinero obtenido como resultado de la ejecución de una orden de decomiso de la siguiente manera:
 (a)si el importe es igual o inferior a 10 000 EUR, el importe corresponderá al Estado requerido; o
 (b)si el importe es superior 10 000 EUR, el Estado requerido transferirá el 50 % del importe recuperado al Estado requirente.
 4.No obstante lo dispuesto en el apartado 3, el Estado requirente y el Estado requerido podrán, caso por caso, prestar especial atención a la celebración de otros acuerdos o arreglos sobre la disposición de bienes que consideren oportunos.
 Artículo LAW.CONFISC.13: Derecho a la ejecución y cantidad máxima de decomiso
 1.Una solicitud de decomiso realizada en virtud del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] no afecta al derecho del Estado requirente a hacer cumplir la orden de decomiso.
 2.Nada de lo dispuesto en el presente título se interpretará en el sentido de que permita que el valor total del decomiso supere el importe de la suma de dinero especificada en la orden de decomiso. Si un Estado determina que esto podría ocurrir, los Estados correspondientes entablarán consultas para evitar eso suceda.
 Artículo LAW.CONFISC.14: Prisión por impago
 El Estado requerido no podrá imponer penas de prisión por impago ni ninguna otra medida que restrinja la libertad de una persona como resultado de una solicitud formulada en virtud del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] sin el consentimiento del Estado requirente.
 Artículo LAW.CONFISC.15: Motivos de denegación
 1.La cooperación en virtud del presente título podrá denegarse si:
 (a)el Estado requerido considera que la ejecución de la solicitud sería contraria al principio de non bis in idem; o
 (b)la infracción a que se refiere la solicitud no constituye una infracción con arreglo al Derecho interno del Estado requerido si se ha cometido dentro de su jurisdicción; sin embargo, este motivo de denegación solo es aplicable a la cooperación en virtud de los artículos LAW.CONFISC.3 [Obligación de prestar asistencia] a LAW.CONFISC.7 [Información espontánea] en la medida en que la asistencia solicitada implique una acción coercitiva.
 2.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que, sobre una base de reciprocidad, la condición de doble tipificación a que se refiere la letra b) del apartado 1 del presente artículo no se aplicará siempre que el delito que dio lugar a la solicitud sea:
 (a)uno de los delitos enumerados en el artículo LAW.SURR 79 [Ámbito de aplicación], apartado 4, tal como se definen en el Derecho del Estado requirente, y
 (b)punible en el Estado requirente por una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un período máximo de al menos tres años.
 3.La cooperación en virtud de los artículos LAW.CONFISC.3 [Obligación de prestar asistencia] a LAW.CONFISC.7 [Comunicación espontánea de información], en la medida en que la asistencia solicitada entrañe medidas coercitivas, y en virtud de los artículos LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] y LAW.CONFISC.9 [Ejecución de medidas provisionales] también podrá ser denegada si las medidas solicitadas no pueden adoptarse de conformidad con el Derecho interno del Estado requerido a efectos de investigaciones o procedimientos en un caso nacional similar.
 4.Cuando el Derecho interno del Estado requerido así lo exija, la cooperación en virtud de los artículos LAW.CONFISC.3 [Obligación de prestar asistencia] a LAW.CONFISC.7 [Comunicación espontánea de información], en la medida en que la asistencia solicitada entrañe medidas coercitivas, y en virtud de los artículos LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] y LAW.CONFISC.9 [Ejecución de medidas provisionales] también podrá ser denegada si las medidas solicitadas o cualquier otra medida de efectos similares no estuvieran permitidas conforme al Derecho interno del Estado requirente, o, por lo que se refiere a las autoridades competentes del Estado requirente, si la solicitud no está autorizada por una autoridad judicial que actúe en relación con infracciones penales.
 5.La cooperación en virtud de los artículos LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] a LAW.CONFISC.14 [Prisión por impago] también podrá denegarse si:
 (a)en virtud del Derecho interno del Estado requerido, no se prevé el decomiso respecto del tipo de infracción al que se refiere la solicitud;
 (b)sin perjuicio de la obligación establecida en el artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], apartado 3, sería contrario a los principios del Derecho interno del Estado requerido relativos a los límites del decomiso respecto de la relación entre una infracción y:
 I)una ventaja económica que podría calificarse como producto; o
 II)un bien que podría calificarse como sus instrumentos;
 (c)en virtud del Derecho interno del Estado requerido, el decomiso no podrá imponerse ni ejecutarse debido al período de tiempo;
 (d)sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], apartados 5 y 6, la solicitud no se refiere a una condena previa, o una decisión de carácter judicial o un dictamen en dicha decisión de que se ha cometido una o varias infracciones, sobre cuya base se ha ordenado o solicitado el decomiso;
 (e)el decomiso no es exigible en el Estado requirente o sigue sujeto a vías de recurso ordinarias; o
 (f)la solicitud se refiere a una orden de decomiso resultante de una decisión dictada en rebeldía de la persona contra la que se dictó la orden y, a juicio del Estado requerido, los procedimientos llevados a cabo por el Estado requirente que dieron lugar a esa decisión no satisfacían los derechos mínimos de defensa debidos a toda persona contra la cual se haya presentado una acusación penal.
 6.A los efectos del apartado 5, letra f), no se considera que se haya dictado una decisión en rebeldía si:
 (a)ha sido confirmada o pronunciada tras la oposición de la persona afectada; o
 (b)se ha dictado en apelación, siempre que la apelación haya sido presentada por la persona afectada.
 7.Cuando considere, a los efectos del apartado 5, letra f), si se han cumplido los derechos mínimos de defensa, el Estado requerido tendrá en cuenta el hecho de que la persona afectada intentara deliberadamente evadir la justicia o el hecho de que esa persona, habiendo tenido la posibilidad de interponer un recurso legal contra la decisión dictada en rebeldía, eligió no hacerlo. Lo mismo se aplica cuando la persona afectada, habiéndole sido debidamente entregada la citación para comparecer, decida no comparecer ni solicitar un aplazamiento.
 8.Los Estados no invocarán el secreto bancario como motivo para denegar cualquier cooperación en virtud del presente título. Cuando su Derecho interno así lo exija, un Estado requerido podrá exigir que una solicitud de cooperación que entrañe el levantamiento del secreto bancario sea autorizada por una autoridad judicial que actúe en relación con infracciones penales.
 9.El Estado requerido no invocará:
 (a)el hecho de que la persona investigada o sujeta a una orden de decomiso por las autoridades del Estado requirente sea una persona jurídica como obstáculo para permitir cualquier cooperación en virtud del presente título;
 (b)el hecho de que la persona física contra la que se dictara una orden de decomiso haya fallecido, o de que la persona jurídica contra la que se dictara una orden de decomiso haya sido disuelta posteriormente, como obstáculo para prestar asistencia de conformidad con la letra a) del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], apartado 1; o
 (c)el hecho de que la persona investigada o sujeta a una orden de decomiso por las autoridades del Estado requirente se mencione en la solicitud como autora de la infracción penal subyacente y del delito de blanqueo de capitales como obstáculo para permitir cualquier tipo de cooperación en virtud del presente título.
 Artículo LAW.CONFISC.16: Consulta e información
 Cuando existan motivos sustanciales para creer que la ejecución de una orden de embargo preventivo o decomiso pudiera entrañar un riesgo real para la protección de los derechos fundamentales, el Estado requerido, antes de decidir la ejecución de la orden de embargo preventivo o decomiso, consultará al Estado requirente y podrá requerir que se facilite cualquier información necesaria.
 Artículo LAW.CONFISC.17: Aplazamiento
 El Estado requerido podrá aplazar la adopción de medidas respecto de una solicitud en caso de que dichas medidas perjudiquen las investigaciones o los procedimientos de sus autoridades.
 Artículo LAW.CONFISC.18: Concesión parcial o condicional de una solicitud
 Antes de denegar o aplazar la cooperación en virtud del presente título, el Estado requerido considerará, cuando proceda y después de haber consultado al Estado requirente, si la solicitud puede concederse en parte o sin perjuicio de las condiciones que estime necesarias.
 Artículo LAW.CONFISC.19: Notificación de documentos
 1.Los Estados se prestarán mutuamente la mayor asistencia posible en la presentación de documentos judiciales a las personas afectadas por medidas provisionales y decomisos.
 2.Nada de lo dispuesto en el presente artículo tiene por objeto interferir con:
 (a)la posibilidad de enviar documentos judiciales, por vía postal, directamente a personas en el extranjero; y
 (b)la posibilidad de que agentes judiciales, funcionarios u otras autoridades competentes del Estado de origen puedan realizar la entrega de documentos judiciales directamente a través de las autoridades consulares de ese Estado o a través de las autoridades judiciales, incluidos los agentes judiciales y funcionarios, u otras autoridades competentes del Estado de destino.
 3.Al entregar documentos judiciales a personas en el extranjero afectadas por medidas provisionales u órdenes de decomiso dictadas en el Estado emisor, ese Estado indicará qué recursos legales están a disposición de esas personas en virtud de su Derecho interno.
 Artículo LAW.CONFISC.20: Reconocimiento de decisiones extranjeras
 1.Cuando tramite una solicitud de cooperación prevista en los artículos LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] a LAW.CONFISC.14 [Prisión por impago], el Estado requerido reconocerá cualquier decisión judicial dictada por un tribunal o fiscal en el Estado requirente respecto de los derechos reclamados por terceros.
 2.El reconocimiento puede ser rechazado si:
 (a)no se dio a terceros la oportunidad adecuada de hacer valer sus derechos;
 (b)la decisión es incompatible con una decisión ya adoptada en el Estado requerido sobre el mismo asunto;
 (c)es incompatible con el orden público del Estado requerido; o
 (d)la decisión se adoptó en contra de las disposiciones relativas a la jurisdicción exclusiva previstas en el Derecho interno del Estado requerido.
 Artículo LAW.CONFISC.21: Autoridades
 1.Cada Estado designará a una autoridad central que se encargará de enviar y responder a las solicitudes formuladas en virtud del presente título, ejecutar dichas solicitudes o transmitirlas a las autoridades competentes para que sean ejecutadas.
 2.La Unión podrá designar a un organismo de la Unión que, además de las autoridades competentes de los Estados miembros, podrá formular y, en su caso, ejecutar las solicitudes previstas en el presente título. A los efectos del presente título, cualquier solicitud de este tipo deberá ser tratada como una solicitud de un Estado miembro. La Unión podrá también designar a ese organismo de la Unión como autoridad central encargada de enviar y responder a las solicitudes formuladas o presentadas a dicho órgano en virtud del presente título.
 Artículo LAW.CONFISC.22: Comunicación directa
 1.Las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí.
 2.En caso de urgencia, las autoridades judiciales del Estado requirente podrán enviar directamente solicitudes o comunicaciones en virtud del presente título a las autoridades judiciales del Estado requerido. En tales casos, se enviará al mismo tiempo una copia a la autoridad central del Estado requerido por conducto de la autoridad central del Estado requirente.
 3.Cuando se presente una solicitud de conformidad con el apartado 2 y la autoridad no sea competente para atender la solicitud, la remitirá a la autoridad nacional competente e informará directamente al Estado requirente de que lo ha hecho.
 4.Las autoridades competentes del Estado requirente podrán transmitir directamente a las autoridades competentes del Estado requerido las solicitudes o comunicaciones previstas en los artículos LAW.CONFISC.3 [Obligación de prestar asistencia] a LAW.CONFISC.7 [Comunicación espontánea de información] que no entrañen medidas coercitivas.
 5.Las autoridades judiciales del Estado requirente podrán enviar directamente proyectos de solicitudes o comunicaciones previstas en el presente título a las autoridades judiciales del Estado requerido antes de que se presente una solicitud oficial para garantizar que dicha solicitud pueda tramitarse eficazmente en el momento de su recepción y contenga información y documentación de apoyo suficientes para el cumplimiento de los requisitos del Derecho del Estado requerido.
 Artículo LAW.CONFISC.23: Formulario de solicitud y lenguas
 1.Todas las solicitudes previstas en el presente título se realizarán por escrito. Las solicitudes podrán transmitirse electrónicamente o por cualquier otro medio de telecomunicación, siempre que el Estado requirente pueda, previa solicitud, presentar un registro escrito de dicha comunicación y del original en cualquier momento.
 2.Las solicitudes previstas en el apartado 1 se harán en una de las lenguas oficiales del Estado requerido o en cualquier otra lengua notificada por el Estado requerido o en su nombre, de conformidad con el apartado 3.
 3.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial la lengua o lenguas que, además de la lengua o lenguas oficiales de dicho Estado, podrán utilizarse para formular solicitudes en virtud del presente título.
 4.Las solicitudes de medidas provisionales previstas en el artículo LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] se efectuarán utilizando el formulario prescrito en el ANEXO LAW-8.
 5.Las solicitudes de decomiso previstas en el artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de confiscar] se efectuarán utilizando el formulario prescrito en el ANEXO LAW-8.
 6.El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial podrá modificar los formularios mencionados en los apartados 4 y 5, según sea necesario.
 7.El Reino Unido y la Unión, en nombre de cualquiera de sus Estados miembros, podrán notificar al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial que exigen la traducción de cualquier documento justificativo a una de las lenguas oficiales del Estado requerido o a cualquier otra lengua indicada de conformidad con el apartado 3 del presente artículo. En el caso de las solicitudes presentadas en virtud del artículo LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales], apartado 4, tal traducción de los documentos justificativos podrá facilitarse al Estado requerido dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la transmisión de la solicitud, sin perjuicio de los plazos previstos en el artículo LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales], apartado 4.
 Artículo LAW.CONFISC.24: Legalización
 Los documentos transmitidos en aplicación del presente título estarán exentos de toda formalidad de legalización.
 Artículo LAW.CONFISC.25: Contenido de la solicitud
 1.En todas las solicitudes de cooperación formuladas en virtud del presente título se especificará lo siguiente:
 (a)la autoridad que formule la solicitud y la autoridad que lleve a cabo las investigaciones o procedimientos;
 (b)el objeto y el motivo de la solicitud;
 (c)las cuestiones, incluidos los hechos pertinentes (como la fecha, el lugar y las circunstancias de la infracción) a que se refieren las investigaciones o procedimientos, excepto en el caso de una solicitud de notificación;
 (d)en la medida en que la cooperación implica una acción coercitiva:
 I)el texto de las disposiciones estatutarias o, cuando ello no sea posible, una exposición de la legislación pertinente aplicable; y
 II)una indicación de que la medida solicitada o cualquier otra medida que tenga efectos similares podría adoptarse en el territorio del Estado requirente en virtud de su propio Derecho interno;
 (e)cuando sea necesario y en la medida de lo posible:
 I)los datos de la persona o personas de que se trate, incluidos el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad y la ubicación y, en el caso de una persona jurídica, su sede; y
 II)los bienes en relación con los cuales se solicita la cooperación, su ubicación, su relación con la persona o personas de que se trate, cualquier relación con la infracción, así como cualquier información disponible sobre otras personas o intereses en los bienes; y
 (f)cualquier procedimiento particular que desee seguir el Estado requirente.
 2.Las solicitudes de medidas provisionales formuladas en virtud del artículo LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] y relativas a la incautación de bienes sobre los que se pueda ejecutar una orden de decomiso consistente en la obligación de pagar una suma de dinero también indicará el importe máximo por el que se solicita la recuperación de los bienes.
 3.Además de la información mencionada en el apartado 1 del presente artículo, toda solicitud prevista en el artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] deberá contener:
 (a)en lo referente a la letra a) del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], apartado 1:
 I)una copia auténtica y certificada de la orden de decomiso dictada por el tribunal del Estado requirente y una exposición de los motivos en que se basa la orden, si no se indican en la propia orden;
 II)un certificado emitido por la autoridad competente del Estado requirente de que la orden de decomiso es firme y no está sujeta a vías de recurso ordinarias;
 III)información sobre la medida en que se solicita la ejecución de la orden; e
 IV)información sobre la necesidad de adoptar medidas provisionales;
 (b)en lo referente a la letra b) del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], apartado 1, una exposición de los hechos sobre los que se haya basado el Estado requirente y sean suficientes para que el Estado requerido pueda solicitar la orden en virtud de su Derecho interno;
 (c)cuando se haya dado a terceros la oportunidad de reclamar sus derechos, documentos que así lo demuestren.
 Artículo LAW.CONFISC.26: Solicitudes defectuosas
 1.Si una solicitud no cumple con las disposiciones del presente título o la información proporcionada no es suficiente para que el Estado requerido pueda atender la solicitud, dicho Estado podrá pedir al Estado requirente que modifique la solicitud o que la complete con información adicional.
 2.El Estado requerido podrá fijar un plazo para la recepción de esas modificaciones o informaciones.
 3.A la espera de recibir las modificaciones o información solicitadas respecto de una solicitud en virtud del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], el Estado requerido podrá adoptar cualquiera de las medidas a que se refieren los artículos LAW.CONFISC.3 [Obligación de prestar asistencia] a LAW.CONFISC.9 [Ejecución de medidas provisionales].
 Artículo LAW.CONFISC.27: Pluralidad de solicitudes
 1.Cuando el Estado requerido reciba más de una solicitud con arreglo al artículo LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] o al artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar] respecto de la misma persona o bienes, la pluralidad de solicitudes no impedirá que ese Estado atienda las solicitudes que entrañen la adopción de medidas provisionales.
 2.En caso de pluralidad de solicitudes en virtud del artículo LAW.CONFISC.10 [Obligación de decomisar], el Estado requerido considerará la posibilidad de consultar a los Estados requirentes.
 Artículo LAW.CONFISC.28: Obligación de motivación
 El Estado requerido deberá motivar cualquier decisión de denegar, aplazar o condicionar cualquier cooperación prevista en el presente título.
 Artículo LAW.CONFISC.29: Información
 1.El Estado requerido informará sin demora al Estado requirente de:
 (a)la acción iniciada sobre la base de una solicitud en virtud del presente título;
 (b)el resultado final de la acción realizada en respuesta a una solicitud en virtud del presente título;
 (c)la decisión de denegar, aplazar o condicionar, total o parcialmente, cualquier cooperación prevista en el presente título;
 (d)las circunstancias que imposibiliten la ejecución de la acción solicitada o que puedan retrasarla de manera significativa; y
 (e)en caso de que se adopten medidas provisionales de conformidad con una solicitud formulada en virtud de los artículos LAW.CONFISC.3 [Obligación de prestar asistencia] a LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales], las disposiciones de su Derecho interno que conducirían automáticamente al levantamiento de la medida provisional.
 2.El Estado requirente informará sin demora al Estado requerido de:
 (a)cualquier revisión, decisión o hecho por el que la orden de decomiso deje de ser total o parcialmente aplicable; y
 (b)cualquier acontecimiento, fáctico o jurídico, en virtud del cual ya no se justificaría ninguna acción prevista en el presente título.
 3.Cuando un Estado, sobre la base de la misma orden de decomiso, solicite el decomiso en más de un Estado, informará de la solicitud a todos los Estados afectados por la ejecución de la orden.
 Artículo LAW.CONFISC.30: Restricciones de uso
 1.El Estado requerido podrá hacer que el cumplimiento de una solicitud esté supeditado a la condición de que las autoridades del Estado requirente no utilicen o transmitan sin su consentimiento previo la información o las pruebas obtenidas en el marco de investigaciones o procedimientos distintos de los especificados en la solicitud.
 2.Sin el consentimiento previo del Estado requerido, las autoridades del Estado requirente no podrán utilizar ni transmitir la información o las pruebas que le proporcione el Estado requerido en virtud del presente título en el marco de investigaciones o procedimientos distintos de los especificados en la solicitud.
 3.Los datos personales comunicados en virtud del presente título podrán ser utilizados por el Estado al que hayan sido transferidos:
 (a)a los efectos de los procedimientos a los que se aplica el presente título;
 (b)para otros procedimientos judiciales y administrativos relacionados directamente con los mencionados en letra a);
 (c)para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública; o
 (d)para cualquier otro fin, solo con el consentimiento previo del Estado que lo comunica, a menos que el Estado interesado haya obtenido el consentimiento del interesado.
 4.El presente artículo se aplicará también a los datos personales no comunicados pero obtenidos al amparo de lo establecido en la presente parte.
 5.El presente artículo no se aplicará a los datos personales que hayan sido obtenidos por el Reino Unido o un Estado miembro al amparo de lo establecido en el presente título y que procedan de dicho Estado.
 Artículo LAW.CONFISC.31: Confidencialidad
 1.El Estado requirente podrá exigir que el Estado requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado requirente.
 2.El Estado requirente, si no es contrario a los principios básicos de su Derecho interno y si así lo solicita, mantendrá reserva acerca de cualquier prueba e información proporcionada por el Estado requerido, salvo en la medida en que su revelación sea necesaria para las investigaciones o procedimientos descritos en la solicitud.
 3.Sin perjuicio de las disposiciones de su Derecho interno, cualquier Estado que haya recibido información de manera espontánea en virtud del artículo LAW.CONFISC.7 [Comunicación espontánea de información] deberá cumplir con los requisitos de confidencialidad que exija el Estado que facilite la información. Si el Estado receptor no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado emisor.
 Artículo LAW.CONFISC.32: Costes
 Los costes ordinarios relativos al cumplimiento de una solicitud correrán a cargo del Estado requerido. Cuando sean necesarios costes de carácter sustancial o extraordinario para dar cumplimiento a una solicitud, el Estado requirente y el Estado requerido se consultarán para acordar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud y la forma en que se sufragarán los costes.
 Artículo LAW.CONFISC.33: Daños y perjuicios
 1.Cuando una persona haya iniciado una acción judicial sobre la responsabilidad por daños y perjuicios resultantes de un acto u omisión en relación con cualquier cooperación prevista en el presente título, los Estados de que se trate estudiarán la posibilidad de consultarse entre sí, según proceda, para determinar cómo prorratear la suma de los daños y perjuicios debidos.
 2.El Estado que haya sido objeto de un litigio por daños y perjuicios procurará informar al otro Estado de dicho litigio si ese Estado pudiera tener interés en el caso.
 Artículo LAW.CONFISC.34: Recursos jurídicos
 1.Cada Estado velará por que las personas afectadas por las medidas adoptadas en virtud de los artículos LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] a LAW.CONFISC.11 [Ejecución de decomisos] dispongan de recursos jurídicos eficaces para preservar sus derechos.
 2.Los motivos de fondo para adoptar las medidas solicitadas en virtud de los artículos LAW.CONFISC.8 [Obligación de adoptar medidas provisionales] a LAW.CONFISC.11 [Ejecución de decomisos] no serán impugnados ante un tribunal del Estado requerido.
 Título XII: Otras disposiciones
 Artículo LAW.OTHER.134: Notificaciones
 1.A más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, la Unión y el Reino Unido efectuarán cualquiera de las notificaciones previstas en el artículo LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], apartado 2, el artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, y el artículo LAW.SURR.91 [Consentimiento a la entrega], apartado 4, e indicarán, en la medida en que sea posible, si no debe hacerse tal notificación.
 En la medida en que tal notificación o indicación no se haya hecho en relación con un Estado, en el momento contemplado en el párrafo primero podrán efectuarse notificaciones en relación con dicho Estado lo antes posible y, a más tardar, dos meses después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
 Durante ese período provisional, cualquier Estado respecto del cual no se haya efectuado notificación con arreglo al artículo LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], apartado 2, al artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, o al artículo LAW.SURR.91 [Consentimiento a la entrega], apartado 4, y que no haya sido objeto de una indicación de que no debe efectuarse tal notificación, podrá hacer uso de las posibilidades previstas en el artículo como si se hubiera efectuado dicha notificación. En el caso del artículo LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, un Estado únicamente podrá hacer uso de las posibilidades previstas en dicho artículo en la medida en que ello sea compatible con los criterios de notificación.
 2.Las notificaciones contempladas en los artículos LAW.SURR.79 [Ámbito de aplicación], apartado 4, LAW.SURR.85 [Intervención de la autoridad central], apartado 1, LAW.SURR.86 [Contenido y formulario de la orden de detención], apartado 2, LAW.SURR.105 [Posibles actuaciones por otras infracciones], apartado 1, LAW.SURR.106 [Entrega o extradición ulterior], apartado 1, LAW.CONFISC.4 [Solicitudes de información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad], apartado 4, LAW.CONFISC.5 [Solicitudes de información sobre transacciones bancarias], apartado 5, LAW.CONFISC.6 [Solicitudes de control de las transacciones bancarias], apartado 5, LAW.CONFISC 15 [Motivos de denegación], apartado 2, y LAW.CONFISC.23 [Formulario de solicitud y lenguas], apartados 3 y 7, podrán realizarse en cualquier momento.
 3.Las notificaciones contempladas en los artículos LAW.SURR.85 [Intervención de la autoridad central], apartado 1, LAW.SURR.86 [Contenido y formulario de la orden de detención], apartado 2, y CONFISC 23 [Formulario de solicitud y lenguas], apartados 3 y 7, podrán modificarse en cualquier momento.
 4.Las notificaciones contempladas en los artículos LAW.SURR.82 [Excepción del delito político], apartado 2, LAW.SURR.83 [Excepción de la nacionalidad], apartado 2, LAW.SURR.85 [Intervención de la autoridad central], apartado 1, LAW.SURR.91 [Consentimiento a la entrega], apartado 4, LAW.CONFISC.4 [Solicitudes de información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad], apartado 4, LAW.CONFISC.5 [Solicitudes de información sobre transacciones bancarias], apartado 5, y LAW.CONFISC.6 [Solicitudes de control de las transacciones bancarias], apartado 5, podrán retirarse en cualquier momento.
 5.La Unión publicará la información sobre las notificaciones del Reino Unido contempladas en el artículo LAW.SURR.85 [Intervención de la autoridad central], apartado 1, en el Diario Oficial de la Unión Europea.
 6.A más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Reino Unido notificará a la Unión la identidad de las siguientes autoridades:
 (a)la autoridad responsable de recibir y tratar los datos del PNR en virtud del título III [Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)];
 (b)la autoridad considerada autoridad policial competente a efectos del título V [Cooperación con Europol] y una breve descripción de sus competencias;
 (c)el punto nacional de contacto designado de conformidad con el artículo LAW.EUROPOL.50 [Punto nacional de contacto y funcionarios de enlace], apartado 1;
 (d)la autoridad considerada competente a efectos del título VI [Cooperación con Eurojust] y una breve descripción de sus competencias;
 (e)el punto de contacto designado de conformidad con el artículo LAW.EUROJUST.65 [Puntos de contacto para Eurojust], apartado 1;
 (f)el corresponsal nacional del Reino Unido para asuntos de terrorismo designado de conformidad con el artículo LAW.EUROJUST.65 [Puntos de contacto para Eurojust], apartado 2;
 (g)la autoridad competente en virtud del Derecho interno del Reino Unido para ejecutar una orden de detención, tal como se contempla en la letra c) del artículo LAW.SURR.78 [Definiciones], y la autoridad competente en virtud del Derecho interno del Reino Unido para dictar una orden de detención, tal como se contempla en la letra d) del artículo LAW.SURR.78 [Definiciones];
 (h)la autoridad designada por el Reino Unido de conformidad con el artículo LAW.SURR.103 [Tránsito], apartado 3;
 (i)la autoridad central designada por el Reino Unido de conformidad con el artículo LAW.EXINF.122 [Autoridades centrales];
 (j)la autoridad central designada por el Reino Unido de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.21 [Autoridades], apartado 1.
 La Unión publicará información sobre las autoridades mencionadas en el párrafo primero en el Diario Oficial de la Unión Europea.
 7.A más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, la Unión, en su nombre o en nombre de sus Estados miembros, según sea el caso, notificará al Reino Unido la identidad de las autoridades siguientes:
 (a)las Unidades de Información sobre los Pasajeros establecidas o designadas por cada Estado miembro a efectos de la recepción y el tratamiento de los datos del PNR en virtud del título III [Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)];
 (b)la autoridad competente en virtud del Derecho interno de cada Estado miembro para ejecutar una orden de detención, tal como se contempla en la letra c) del artículo LAW.SURR.78 [Definiciones], y la autoridad competente en virtud del Derecho interno de cada Estado miembro para dictar una orden de detención, tal como se contempla en la letra d) del artículo LAW.SURR.78 [Definiciones];
 (c)la autoridad designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo LAW.SURR.103 [Tránsito], apartado 3;
 (d)el organismo de la Unión a que se refiere el artículo LAW.MUTAS.114 [Definición de autoridad competente];
 (e)la autoridad central designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo LAW.EXINF.122 [Autoridades centrales];
 (f)la autoridad central designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo LAW.CONFISC.21 [Autoridades], apartado 1;
 (g)todo organismo de la Unión designado de conformidad con la primera frase del artículo LAW.CONFISC.21 [Autoridades], apartado 2, y si también está designado como autoridad central en virtud de la última frase de dicho apartado.
 8.Las notificaciones realizadas en virtud del apartado 6 o 7 podrán modificarse en cualquier momento. Tales modificaciones se notificarán al Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial.
 9.El Reino Unido y la Unión podrán notificar a más de una autoridad con respecto al apartado 6, letras a), b), d), e), g), h), i) y j), y al apartado 7, respectivamente, y podrán limitar dichas notificaciones para fines particulares.
 10.Cuando la Unión realice las notificaciones a que se refiere el presente artículo, indicará a cuál de los Estados miembros se aplica la notificación o si la realiza en su propio nombre.
 Artículo LAW.OTHER.135: Revisión y evaluación
 1.Esta parte se revisará conjuntamente de conformidad con el artículo FINPROV.3 [Revisión] o a petición de cualquiera de las Partes cuando así se acuerde conjuntamente.
 2.Las Partes decidirán por adelantado la manera en que debe llevarse a cabo la revisión y se comunicarán mutuamente la composición de sus equipos de revisión respectivos. Los equipos de revisión incluirán personas con la experiencia adecuada en relación con los temas objeto de revisión. Sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables, todos los participantes en la revisión deberán respetar la confidencialidad de las conversaciones y contar con la oportuna habilitación de seguridad. A efectos de dichas revisiones, el Reino Unido y la Unión adoptarán las disposiciones necesarias para el acceso adecuado a la documentación, los sistemas y el personal pertinentes.
 3.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la revisión abordará, en particular, la aplicación práctica, la interpretación y el desarrollo de la presente parte.
 Artículo LAW.OTHER.136: Denuncia
 1.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo FINPROV.8 [Denuncia], cada una de las Partes podrá denunciar en cualquier momento la presente parte mediante notificación escrita por vía diplomática. En tal caso, la presente parte dejará de estar en vigor el primer día del noveno mes siguiente a la fecha de la notificación.
 2.No obstante, si se denuncia la presente parte debido a que el Reino Unido o un Estado miembro ha denunciado el Convenio Europeo de Derechos Humanos o sus protocolos 1, 6 o 13, la presente parte dejará de estar en vigor a partir de la fecha en que dicha denuncia surta efecto o, si la notificación de denuncia se realiza con posterioridad a esa fecha, el decimoquinto día siguiente a la fecha de dicha notificación.
 3.Si cualquiera de las Partes notifica la denuncia en virtud del presente artículo, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se reunirá a fin de determinar las medidas que es preciso adoptar para garantizar que se concluya de manera adecuada la cooperación iniciada en virtud de la presente parte. En cualquier caso, en lo que respecta a todos los datos personales obtenidos a través de la cooperación en virtud de la presente parte antes de que deje de estar en vigor, las Partes garantizarán que se mantenga el nivel de protección con arreglo al cual los datos personales fueron transferidos después de que la denuncia surta efecto.
 Artículo LAW.OTHER.137: Suspensión
 1.En caso de deficiencias graves y sistemáticas en una Parte con respecto a la protección de los derechos fundamentales o al principio del Estado de Derecho, la otra Parte podrá suspender la presente parte o sus títulos mediante notificación escrita por vía diplomática. Dicha notificación deberá especificar las deficiencias graves y sistemáticas en que se basa la suspensión.
 2.En caso de deficiencias graves y sistemáticas en una Parte con respecto a la protección de los datos personales, incluso cuando dichas deficiencias hayan dado lugar a que deje de aplicarse la decisión de adecuación pertinente, la otra Parte podrá suspender la presente parte o sus títulos mediante notificación escrita por vía diplomática. Dicha notificación deberá especificar las deficiencias graves y sistemáticas en que se basa la suspensión.
 3.A efectos del apartado 2, se entenderá por «decisión de adecuación pertinente»:
 (a)en el caso del Reino Unido, una decisión adoptada por la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680
 82
 o la legislación posterior análoga, que acredite un nivel adecuado de protección;
 (b)en el caso de la Unión, una decisión adoptada por el Reino Unido que acredite un nivel adecuado de protección con respecto a las transferencias que entran en el ámbito de aplicación de la parte 3 de la Ley de protección de datos de 2018
 83
 o la legislación posterior análoga.
 4.En relación con la suspensión del título III [Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)] o del título X [Lucha contra el blanqueo de capitales], las referencias a una «decisión de adecuación pertinente» también incluyen:
 (a)en el caso del Reino Unido, una decisión adoptada por la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679
 84
 o la legislación posterior análoga que acredite un nivel adecuado de protección;
 (b)en el caso de la Unión, una decisión adoptada por el Reino Unido que acredite un nivel adecuado de protección con respecto a las transferencias que entran en el ámbito de aplicación de la parte 2 de la Ley de protección de datos de 2018 o la legislación posterior análoga.
 5.Los títulos que se vean afectados por la suspensión dejarán de aplicarse provisionalmente el primer día del tercer mes siguiente a la fecha de la notificación a que se refieren los apartados 1 o 2, salvo que, a más tardar dos semanas antes de la expiración de dicho plazo, ampliado, en su caso, de conformidad con el apartado 7, letra d), la Parte que haya notificado la suspensión notifique por escrito a la otra Parte, por vía diplomática, la retirada de la primera notificación o la reducción del ámbito de aplicación de la suspensión. En este último caso, solo dejarán de aplicarse provisionalmente los títulos a que se refiere la segunda notificación.
 6.Si una Parte notifica la suspensión de uno o varios títulos de la presente parte de conformidad con el apartado 1 o 2, la otra Parte podrá suspender todos los títulos restantes, mediante notificación por escrito por vía diplomática, con tres meses de antelación.
 7.Tras la notificación de suspensión de conformidad con el párrafo 1 o 2, el Consejo de Asociación se ocupará inmediatamente del asunto. El Consejo de Asociación estudiará la posibilidad de que la Parte que notificó la suspensión posponga su entrada en vigor, reduzca su ámbito de aplicación o la retire. A tal efecto, a recomendación del Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial, el Consejo de Asociación podrá:
 (a)acordar interpretaciones conjuntas de las disposiciones de la presente parte;
 (b)recomendar a las Partes medidas apropiadas;
 (c)adoptar las adaptaciones oportunas de la presente parte que sean necesarias para abordar las causas de la suspensión, con un período de validez máximo de doce meses; y
 (d)ampliar el plazo mencionado en el apartado 5 hasta tres meses.
 8.Si cualquiera de las Partes notifica la suspensión de conformidad con el presente artículo, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se reunirá a fin de determinar las medidas que es preciso adoptar para garantizar que se concluya de manera adecuada la cooperación iniciada en virtud de la presente parte que se vea afectada por la notificación. En cualquier caso, en lo que respecta a todos los datos personales obtenidos a través de la cooperación en virtud de la presente parte antes de que los títulos que se vean afectados por la suspensión dejen de aplicarse provisionalmente, las Partes garantizarán que se mantenga el nivel de protección con arreglo al cual los datos personales fueron transferidos después de que la suspensión surta efecto.
 9.Los títulos suspendidos se restablecerán el primer día del mes siguiente a la fecha en que la Parte que haya notificado la suspensión de conformidad con el apartado 1 o 2 notifique por escrito a la otra Parte por vía diplomática su intención de restablecerlos. La Parte que haya notificado la suspensión de conformidad con los apartados 1 o 2 notificará su intención de restablecer los capítulos suspendidos en cuanto las deficiencias graves y sistemáticas en que haya incurrido la otra Parte y en las que se basaba la suspensión hayan dejado de existir.
 10.Tras notificarse la intención de restablecer los títulos suspendidos de conformidad con el apartado 9, se restablecerán el resto de los títulos suspendidos con arreglo al apartado 6 al mismo tiempo que los que se suspendieron en virtud del apartado 1 o 2.
 Artículo LAW.OTHER.138: Gastos
 Las Partes y los Estados miembros, incluidas las instituciones, órganos y organismos de las Partes o de los Estados miembros, sufragarán sus propios gastos derivados de la aplicación de la presente parte, salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo.
 Título XIII: Solución de diferencias
 Artículo LAW.DS.1: Objetivo
 El objetivo del presente título es establecer un mecanismo rápido, eficaz y eficiente para evitar y resolver diferencias entre las Partes sobre la presente parte para llegar, incluidas las diferencias relativas a la presente parte cuando se aplica a situaciones reguladas por disposiciones distintas del presente Acuerdo, con vistas a llegar, en la medida de lo posible, a una solución de mutuo acuerdo.
 Artículo LAW.DS.2: Ámbito de aplicación
 1.El presente título se aplica a las diferencias entre las Partes relativas a la presente parte («las disposiciones contempladas»).
 2.Las disposiciones contempladas incluirán todas las disposiciones de la presente parte, con excepción de los artículos siguientes:
 (a)artículo LAW.GEN.5 [Ámbito de la cooperación cuando un Estado miembro ya no participa en las medidas análogas en virtud del Derecho de la Unión];
 (b)artículo LAW.PRUM.19 [Suspensión e inaplicación];
 (c)artículo LAW.PNR.28 [Conservación de los datos del PNR], apartado 14;
 (d)artículo LAW.PNR.38 [Suspensión de la cooperación en virtud del presente título];
 (e)artículo LAW.OTHER.136 [Denuncia];
 (f)artículo LAW.OTHER.137 [Suspensión]; y
 (g)artículo LAW.DS.6 [Suspensión].
 Artículo LAW.DS.3: Exclusividad
 Las Partes se comprometen a no someter una diferencia entre ellas relacionada con la presente parte a un mecanismo de solución de diferencias distinto del previsto en el presente título.
 Artículo LAW.DS.4: Consultas
 1.Si una Parte («la Parte demandante») considera que la otra Parte («la Parte demandada») ha incumplido una obligación en virtud de la presente parte, las Partes procurarán resolver el asunto mediante consultas de buena fe para llegar a una solución de mutuo acuerdo.
 2.La Parte demandante podrá solicitar la celebración de consultas mediante una solicitud presentada por escrito a la Parte demandada. La Parte demandante especificará en su solicitud escrita las razones en que se basa dicha solicitud, incluida la identificación de los hechos u omisiones que considera que dan lugar al incumplimiento de una obligación por parte de la Parte demandada, señalando las disposiciones contempladas que considere aplicables.
 3.La Parte demandada responderá a la solicitud sin demora, a más tardar dos semanas después de la fecha de su entrega. Las consultas se celebrarán regularmente, en persona o por cualquier otro medio de comunicación acordado por las Partes, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de entrega de la solicitud.
 4.Las consultas se considerarán concluidas tres meses después de la fecha de entrega de la solicitud, salvo que las Partes acepten continuarlas.
 5.La Parte demandante podrá solicitar que las consultas se realicen en el marco de la Comisión Especializada en Cooperación Policial y Judicial o en el marco del Consejo de Asociación. La primera reunión se llevará a cabo en el plazo de un mes a partir fecha de la solicitud de consultas a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial podrá decidir en cualquier momento remitir el asunto al Consejo de Asociación. El Consejo de Asociación podrá también decidir ocuparse del asunto. El Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial o, en su caso, el Consejo de Asociación, podrá resolver la diferencia mediante una decisión. Dicha decisión se considerará una solución de mutuo acuerdo en el sentido del artículo LAW.DS.5 [Solución de mutuo acuerdo].
 6.La Parte demandante podrá retirar unilateralmente, en cualquier momento, la solicitud de consultas. En tal caso, las consultas se darán por terminadas inmediatamente.
 7.Las consultas y, en particular, toda la información calificada como confidencial, así como las posiciones adoptadas por las Partes durante las consultas, serán confidenciales.
 Artículo LAW.DS.5: Solución de mutuo acuerdo
 1.Las Partes podrán llegar en cualquier momento a una solución de mutuo acuerdo respecto de cualquier diferencia a que se refiere el artículo LAW.DS.2 [Ámbito de aplicación].
 2.La solución de mutuo acuerdo podrá adoptarse mediante una decisión del Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial o del Consejo de Asociación. Cuando la solución de mutuo acuerdo consista en un acuerdo de las Partes sobre las interpretaciones conjuntas de las disposiciones de la presente parte, dicha solución se adoptará mediante una decisión del Consejo de Asociación.
 3.Cada Parte adoptará las medidas necesarias para aplicar la solución de mutuo acuerdo en el plazo acordado.
 4.Como muy tarde en la fecha en que venza el plazo acordado, la Parte encargada de la aplicación informará a la otra Parte, por escrito, de las medidas adoptadas para aplicar la solución de mutuo acuerdo.
 Artículo LAW.DS.6: Suspensión
 1.Cuando las consultas en virtud del artículo LAW.DS.4 [Consultas] no hayan concluido en una solución de mutuo acuerdo en el sentido del artículo LAW.DS.5 [Solución de mutuo acuerdo], la Parte demandante podrá, siempre que no haya retirado su solicitud de consultas de conformidad con el artículo LAW.DS.4 [Consultas], apartado 6, y cuando considere que la Parte demandada ha incumplido gravemente sus obligaciones en virtud de las disposiciones contempladas a que se refiere el artículo LAW.DS.4 [Consultas], apartado 2, suspender mediante notificación escrita por vía diplomática los títulos de la presente parte a los que se refiere el incumplimiento grave. Dicha notificación especificará el incumplimiento grave de las obligaciones por parte de la Parte demandada en el que se basa la suspensión.
 2.Los títulos que se vean afectados por la suspensión dejarán de aplicarse provisionalmente el primer día del tercer mes siguiente a la fecha de la notificación a que se refiere el apartado 1 o cualquier otra fecha acordada mutuamente por las Partes, salvo que, a más tardar dos semanas antes de la expiración de dicho plazo, la Parte demandante notifique por escrito a la Parte demandada, por vía diplomática, la retirada de la primera notificación o la reducción del ámbito de aplicación de la suspensión. En este último caso, solo dejarán de aplicarse provisionalmente los títulos a que se refiere la segunda notificación.
 3.Si la Parte demandante notifica la suspensión de uno o varios títulos de la presente parte de conformidad con el apartado 1, la Parte demandada podrá suspender todos los títulos restantes mediante notificación por escrito por vía diplomática, con tres meses de antelación.
 4.Si se notifica la suspensión de conformidad con el presente artículo, el Comité Especializado en Cooperación Policial y Judicial se reunirá a fin de determinar las medidas que es preciso adoptar para garantizar que se concluya de manera adecuada la cooperación iniciada en virtud de la presente parte que se vea afectada por la notificación. En cualquier caso, en lo que respecta a todos los datos personales obtenidos a través de la cooperación en virtud de la presente parte antes de que los títulos que se vean afectados por la suspensión dejen de aplicarse provisionalmente, las Partes garantizarán que se mantenga el nivel de protección con arreglo al cual los datos personales fueron transferidos después de que la suspensión surta efecto.
 5.Los títulos suspendidos se restablecerán el primer día del mes siguiente a la fecha en que la Parte demandante haya notificado por escrito a la Parte demandada, por vía diplomática, su intención de restablecerlos. La Parte demandante notificará inmediatamente su intención de restablecer los capítulos suspendidos cuando considere que el incumplimiento grave en el que se basaba la suspensión haya dejado de existir.
 6.Tras la notificación de la Parte demandante de su intención de restablecer los títulos suspendidos de conformidad con el apartado 5, se restablecerán el resto de los títulos suspendidos con arreglo al apartado 3 al mismo tiempo que los que se suspendieron en virtud del apartado 1.
 Artículo LAW.DS.7: Plazos
 1.Todos los plazos establecidos en el presente título se contarán en semanas o meses, según sea el caso, a partir del día siguiente al acto al que se refieran.
 2.
 Los plazos contemplados en el presente título podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las Partes.
 CUARTA PARTE: COOPERACIÓN TEMÁTICA
 Título I: Seguridad sanitaria
 Artículo HS.1: Cooperación en materia de seguridad sanitaria
 1.A los efectos del presente artículo, se entenderá por «amenaza transfronteriza grave para la salud» un peligro mortal o grave para la salud de origen biológico, químico, ambiental o desconocido que se propague o suponga un riesgo significativo de propagación a través de las fronteras de al menos un Estado miembro y del Reino Unido.
 2.Las Partes se informarán mutuamente de una amenaza transfronteriza grave para la salud que afecte a la otra Parte y procurarán hacerlo de manera oportuna.
 3.Cuando exista una amenaza transfronteriza grave para la salud, previa solicitud escrita del Reino Unido, la Unión podrá conceder al Reino Unido acceso ad hoc a su Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SAPR) en relación con la amenaza particular para permitir a las Partes y a las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiar información pertinente, evaluar los riesgos para la salud pública y coordinar las medidas que podrían ser necesarias para proteger la salud pública. La Unión se esforzará por responder oportunamente a la solicitud escrita del Reino Unido.
 Además, la Unión podrá invitar al Reino Unido a participar en un comité establecido en la Unión y compuesto por representantes de los Estados miembros con el fin de apoyar el intercambio de información y la coordinación respecto a la amenaza transfronteriza grave para la salud.
 Ambos acuerdos serán temporales y, en cualquier caso, no excederán la duración que cualquiera de las Partes, previa consulta a la otra Parte, considere necesaria para abordar la amenaza transfronteriza grave para la salud correspondiente.
 4.A los efectos del intercambio de información a que se refiere el apartado 2 y de cualquier solicitud formulada de conformidad con el apartado 3, cada una de las Partes designará un centro de coordinación y lo notificará a la otra Parte. Los centros de coordinación también deberán:
 (a)esforzarse por facilitar el entendimiento entre las Partes sobre si una amenaza constituye o no una amenaza transfronteriza grave para la salud;
 (b)buscar soluciones de mutuo acuerdo para cualquier problema técnico derivado de la aplicación del presente título.
 5.El Reino Unido observará todas las condiciones aplicables a la utilización del SAPR y el reglamento interno del comité mencionado en el apartado 3, durante el período de acceso concedido en relación con una amenaza transfronteriza grave para la salud particular. Si, tras intercambios aclaratorios entre las Partes:
 (a)la Unión considera que el Reino Unido no ha observado las condiciones o el reglamento interno antes mencionados, podrá poner fin al acceso del Reino Unido al SAPR o a su participación en dicho comité, según sea el caso, en relación con esa amenaza;
 (b)el Reino Unido considera que no puede aceptar las condiciones o el reglamento interno, podrá suspender su participación en el SAPR o su participación en dicho comité, según sea el caso, en relación con esa amenaza.
 6.Cuando redunde en su interés mutuo, las Partes cooperarán en los foros internacionales sobre prevención, detección, preparación y respuesta a las amenazas establecidas y emergentes para la seguridad sanitaria.
 7.El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y el organismo competente del Reino Unido encargado de la vigilancia, la información epidemiológica y el asesoramiento científico sobre enfermedades infecciosas cooperarán en cuestiones técnicas y científicas de interés mutuo para las Partes y, a tal efecto, podrán concluir un memorando de entendimiento.
 Título II: Ciberseguridad
 Artículo CYB.1: Diálogo sobre cuestiones cibernéticas
 Las Partes procurarán mantener un diálogo periódico para intercambiar información sobre avances importantes en materia política, en particular en relación con la seguridad internacional, la seguridad de las tecnologías emergentes, la gobernanza de internet, la ciberseguridad, la ciberdefensa y la ciberdelincuencia.
 Artículo CYB.2: Cooperación en materia cibernética
 1.Cuando redunde en su interés mutuo, las Partes cooperarán en materia cibernética compartiendo mejores prácticas y adoptando medidas prácticas de cooperación encaminadas a promover y proteger un ciberespacio abierto, libre, estable, pacífico y seguro basado en la aplicación del Derecho internacional existente, las normas para el comportamiento responsable del Estado y las medidas regionales de fomento de la confianza en materia cibernética.
 2.Las Partes también se esforzarán por cooperar en los foros y organismos internacionales pertinentes, y procurarán reforzar la ciberresiliencia mundial y aumentar la capacidad de terceros países para luchar contra la ciberdelincuencia de manera eficaz.
 Artículo CYB.3: Cooperación con el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT-UE) de la Unión Europea
 Previa aprobación de la Junta Directiva del Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT-UE) de la Unión Europea, el CERT-UE y el equipo nacional de respuesta a emergencias informáticas del Reino Unido cooperarán de forma voluntaria, oportuna y recíproca para intercambiar información sobre herramientas y métodos, como técnicas, tácticas, procedimientos y mejores prácticas, y sobre amenazas y vulnerabilidades generales.
 Artículo CYB.4: Participación en actividades específicas del Grupo de cooperación establecido en virtud de la Directiva (UE) 2016/1148
 1.Con el fin de promover la cooperación en materia de ciberseguridad y garantizando al mismo tiempo la autonomía del proceso de toma de decisiones de la Unión, las autoridades nacionales competentes del Reino Unido podrán participar por invitación, que el Reino Unido también podrá solicitar, del presidente del Grupo de cooperación, en consulta con la Comisión, en las siguientes actividades del Grupo de cooperación:
 (a)intercambio de mejores prácticas en materia de desarrollo de la capacidad con el fin de garantizar la seguridad de las redes y los sistemas de información;
 (b)intercambio de información sobre los ejercicios relacionados con la seguridad de las redes y los sistemas de información;
 (c)intercambio información, experiencias y mejores prácticas sobre riesgos e incidentes;
 (d)intercambio de información y mejores prácticas sobre sensibilización, programas de educación y formación; e
 (e)intercambio de información y mejores prácticas sobre investigación y desarrollo en materia seguridad de las redes y los sistemas de información.
 2.Cualquier intercambio de información, experiencias o mejores prácticas entre el Grupo de cooperación y las autoridades nacionales competentes del Reino Unido será voluntario y, en su caso, recíproco.
 Artículo CYB.5: Cooperación con la Agencia Europea para la Seguridad Cibernética (ENISA)
 1.Con el fin de promover la cooperación en materia de ciberseguridad y garantizando al mismo tiempo la autonomía del proceso de toma de decisiones de la Unión, el Reino Unido podrá participar por invitación, que el Reino Unido también podrá solicitar, del Consejo de Administración de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), en las siguientes actividades realizadas por la ENISA:
 (a)crear capacidades;
 (b)conocimientos e información; y
 (c)sensibilización y educación.
 2.Las condiciones de participación del Reino Unido en las actividades de la ENISA contempladas en el apartado 1, incluida una contribución financiera adecuada, se establecerán en los acuerdos de trabajo adoptados por el Consejo de Administración de la ENISA previa aprobación de la Comisión y acodados con el Reino Unido.
 3.El intercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre la ENISA y el Reino Unido será voluntario y, en su caso, recíproco.
 QUINTA PARTE: PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA UNIÓN, BUENA GESTIÓN FINANCIERA Y DISPOSICIONES FINANCIERAS
 Artículo UNPRO.0.1: Ámbito de aplicación
 1.La presente parte se aplicará a la participación del Reino Unido en los programas, actividades y servicios de la Unión en los que las Partes hayan acordado la participación del Reino Unido.
 2.La presente parte no se aplicará a la participación del Reino Unido en programas de cohesión enmarcados en el objetivo de cooperación territorial europea, ni en programas similares que tengan ese mismo objetivo, cuando dicha participación tenga lugar en virtud de actos de base de una o más instituciones de la Unión aplicables a dichos programas.
 Las condiciones aplicables a la participación en los programas a los que se hace referencia en el párrafo primero se especificarán en el acto de base aplicable y en el acuerdo de financiación que se celebre en virtud de ese acto. Las Partes acordarán disposiciones que tengan efectos análogos al capítulo 2 [Buena gestión financiera] en relación con la participación del Reino Unido en los programas mencionados.
 Artículo UNPRO.0.2: Definiciones
 A efectos de la presente parte, se entenderá por:
 (a)«acto de base»:
 I)un acto de una o más instituciones de la Unión por el que se instituya un programa o actividad y que establezca una base jurídica para una acción y para la ejecución de los gastos correspondientes consignados en el presupuesto de la Unión, o de la garantía presupuestaria con cargo a dicho presupuesto, incluidos cualquier modificación del acto y cualquier acto pertinente de una institución de la Unión que lo complemente o ejecute, con excepción de los referentes a la adopción de programas de trabajo, o
 II)un acto de una o más instituciones de la Unión por el que se instituya una actividad distinta de los programas que esté financiada con cargo al presupuesto de la Unión;
 (b)«acuerdo de financiación»: acuerdos relacionados con programas y actividades de la Unión en virtud del Protocolo I por los que se ejecutan fondos de la Unión, como convenios de subvención, convenios de contribución, acuerdos marco de colaboración financiera, convenios de financiación o acuerdos de garantía;
 (c)«otras normas referentes a la ejecución del programa o actividad de la Unión»: normas establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo
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 (Reglamento Financiero) que se apliquen al presupuesto general de la Unión y en el programa de trabajo o en las convocatorias de propuestas u otros procedimientos de concesión o adjudicación de la Unión;
 (d)«Unión»: la Unión Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o ambas, según requiera el contexto;
 (e)«procedimiento de concesión o adjudicación de la Unión»: un procedimiento para la concesión de financiación de la Unión iniciado por esta o por personas o entidades que tienen encomendada la ejecución de fondos de la Unión;
 (f)«entidad del Reino Unido»: cualquier tipo de entidad (persona física o jurídica o entidad de otra índole) que pueda participar en una actividad o en actividades de un programa o actividad de la Unión de conformidad con el acto de base y que tenga su lugar de establecimiento o residencia en el Reino Unido.
 Capítulo 1: Participación del Reino Unido en programas y actividades de la Unión
 Sección 1: Condiciones generales de participación en programas y actividades de la Unión
 Artículo UNPRO.1.3: Fundamento de la participación
 1.El Reino Unido participará en los programas, las actividades o, en casos excepcionales, la parte de los programas o actividades de la Unión que estén abiertos a su participación y que figuren en el Protocolo I [Programas y actividades en los que participa el Reino Unido], y contribuirá a ellos.
 2.El Protocolo I será objeto de acuerdo entre las Partes. Será adoptado y podrá ser modificado por el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión.
 3.El Protocolo I:
 (a)determinará los programas, actividades o, en casos excepcionales, la parte de los programas y actividades de la Unión en los que participará el Reino Unido;
 (b)establecerá la duración de dicha participación, que remitirá al período durante el cual el Reino Unido o entidades del Reino Unido podrán solicitar fondos de la Unión o podrán tener encomendada la ejecución de fondos de la Unión Europea;
 (c)establecerá condiciones específicas para la participación del Reino Unido y de entidades del Reino Unido, en particular mecanismos específicos para la aplicación de las condiciones financieras estipuladas en el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], los mecanismos específicos del mecanismo de corrección estipulado en el artículo UNPRO.2.2 [Programas a los que se aplica un mecanismo de corrección automática] y las condiciones de participación en estructuras creadas con la finalidad de ejecutar programas o actividades de la Unión; estas condiciones deberán cumplir lo dispuesto en el presente Acuerdo y en los actos de base y actos de una o más instituciones de la Unión por los que se creen tales estructuras;
 (d)cuando proceda, se fijará la cuantía de la contribución del Reino Unido a un programa de la Unión que se ejecute mediante un instrumento financiero o una garantía presupuestaria y, si procede, los mecanismos específicos contemplados en el artículo UNPRO.2.3. [Financiación en relación con programas ejecutados a través de instrumentos financieros o garantías presupuestarias].
 Artículo UNPRO.1.4: Cumplimiento de las normas del programa
 1.El Reino Unido participará en los programas, actividades o partes de programas o actividades de la Unión que figuran en el Protocolo I en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, en los actos de base y en otras normas aplicables a la ejecución de programas y actividades de la Unión.
 2.Las condiciones contempladas en el apartado 1 incluirán:
 (a)la admisibilidad de las entidades del Reino Unido y cualesquiera otras condiciones de admisibilidad referentes al Reino Unido, en particular al origen, lugar de actividad o nacionalidad;
 (b)las condiciones aplicables a la presentación, evaluación y selección de solicitudes y a la realización de actuaciones por parte de entidades admisibles del Reino Unido.
 3.Las condiciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 deberán ser equivalentes a las que se aplican a las entidades admisibles de los Estados miembros, sin perjuicio de casos excepcionales debidamente justificados previstos en las condiciones contempladas en el apartado 1. Cualquiera de las Partes podrá poner en conocimiento del Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión la necesidad de someter a debate los casos excepcionales debidamente justificados
 Artículo UNPRO.1.5: Condiciones de participación
 1.La participación del Reino Unido en un programa, actividad o parte de programa o actividad de la Unión contemplado en el artículo UNPRO.0.1 [Ámbito de aplicación] estará condicionada a que el Reino Unido:
 (a)haga todo lo posible, en el marco de la legislación del Reino Unido, para facilitar la entrada y residencia de las personas que participen en la ejecución de estos programas, actividades o partes de programas o actividades, incluidos alumnos, investigadores, becarios o voluntarios;
 (b)garantice, en la medida en que esté bajo el control de las autoridades del Reino Unido, que las condiciones para que las personas contempladas en la letra a) tengan acceso en el Reino Unido a servicios directamente relacionados con la ejecución de los programas o actividades sean las mismas que para los nacionales del Reino Unido, incluidas las tasas;
 (c)por lo que se refiere a la participación que implique el intercambio de información clasificada o sensible no clasificada o el acceso a ella, disponga de los acuerdos adecuados de conformidad con el artículo FINPROV.6 [Información clasificada o información sensible no clasificada].
 2.En relación con la participación del Reino Unido en un programa, actividad o parte de programa o actividad de la Unión contemplado en el artículo UNPRO.0.1 [Ámbito de aplicación], la Unión y los Estados miembros deberán:
 (a)hacer todo lo posible, en el marco de la legislación de la Unión o de los Estados miembros, para facilitar la entrada y residencia de los nacionales del Reino Unido que participen en la ejecución de estos programas, actividades o partes de programas o actividades, incluidos los alumnos, investigadores, becarios o voluntarios;
 (b)garantizar, en la medida en que esté bajo el control de las autoridades de la Unión o de los Estados miembros, que las condiciones para que los nacionales del Reino Unido contemplados en la letra a) tengan acceso en la Unión a servicios directamente relacionados con la ejecución de los programas o actividades sean las mismas que para los ciudadanos de la Unión, incluidas las tasas.
 3. El Protocolo I podrá establecer otras condiciones específicas referidas a este artículo que sean necesarias para la participación del Reino Unido en un programa o actividad de la Unión, o en partes de ellos.
 4.El presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo UNPRO.1.4 [Cumplimiento de las normas del programa].
 5.El presente artículo y el artículo UNPRO 3.1 [Suspensión, por la Unión, de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión] se entenderán asimismo sin perjuicio de cualquier acuerdo celebrado entre el Reino Unido e Irlanda en relación con la Zona de Viaje Común.
 Artículo UNPRO.1.6: Participación del Reino Unido en la gestión de programas o actividades
 1.Los representantes o expertos del Reino Unido, así como los expertos designados por este país, podrán tomar parte como observadores, a menos que se trate de asuntos reservados únicamente a los Estados miembros o relativos a un programa o una actividad en los que no participe el Reino Unido, en los comités, las reuniones de grupos de expertos u otras reuniones similares en las que tomen parte representantes o expertos de los Estados miembros o expertos designados por los Estados miembros, y que asistan a la Comisión Europea en la ejecución y gestión de los programas, las actividades o las partes de programas o actividades en los que participe el Reino Unido de conformidad con el artículo UNPRO.0.1 [Ámbito de aplicación], o que hayan sido instituidos por la Comisión Europea a efectos de la aplicación de la legislación de la Unión relativa a dichos programas, actividades o partes de programas o actividades. Los representantes o expertos del Reino Unido, así como los expertos designados por este país, no estarán presentes en el momento de una votación. Se informará al Reino Unido del resultado de la votación.
 2.Cuando los expertos o evaluadores no hayan sido nombrados en función de su nacionalidad, esta no será motivo para excluir a los nacionales del Reino Unido.
 3.Sin perjuicio de las condiciones establecidas en el apartado 1, la participación de representantes del Reino Unido en las reuniones contempladas en dicho apartado, o en otras reuniones relativas a la ejecución de programas o actividades, se regirá por las mismas normas y procedimientos que se aplican a los representantes de los Estados miembros, en particular sobre el uso de la palabra, la recepción de información y documentación, a menos que se refiera a puntos reservados únicamente a los Estados miembros o en relación con un programa o actividad en los que el Reino Unido no participe, así como sobre el reembolso de los gastos de viaje y estancia.
 4. En el Protocolo I podrán establecerse otras disposiciones sobre la participación de los expertos, así como sobre la participación del Reino Unido en comités directivos y estructuras instituidos a efectos de la ejecución de programas de la Unión, determinados en el Protocolo I
 Sección 2: Normas sobre financiación de la participación en programas y actividades de la Unión
 Artículo UNPRO.2.1: Condiciones financieras
 1.La participación del Reino Unido o de entidades del Reino Unido en programas, actividades o partes de programas o actividades de la Unión estará supeditada a que el Reino Unido contribuya financieramente a los fondos correspondientes del presupuesto de la Unión Europea.
 2.Dicha contribución financiera consistirá en la suma de:
 (a)una tasa de participación; y
 (b)una contribución operativa.
 3.La contribución operativa se concretará en un pago anual que podrá realizarse en uno o varios plazos.
 4.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo UNPRO.8 [Tasa de participación en los años 2021 a 2026], la tasa de participación será del 4 % de la contribución operativa anual y no estará sujeta a ajustes retroactivos, excepto en relación con la suspensión en virtud de la letra b) del artículo UNPRO.3.1 [Suspensión, por la Unión, de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión], apartado 7, y la anulación en virtud de la letra c) del artículo UNPRO.3.3 [Anulación de la participación en un programa o actividad en caso de modificación sustancial del programa de la Unión], apartado 6. A partir de 2028, el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión podrá adaptar el nivel de la tasa de participación.
 5.La contribución operativa cubrirá los gastos de funcionamiento y de apoyo y se añadirá, en créditos tanto de compromiso como de pago, a las cuantías consignadas en el presupuesto de la Unión adoptado con carácter definitivo para los programas o actividades y, con carácter excepcional, para partes de programas o actividades, incrementadas, si procede, con los ingresos afectados externos que no procedan de contribuciones financieras de otros donantes a programas y actividades de la Unión, determinados en el Protocolo I.
 6.La contribución operativa estará basada en una clave de contribución definida como la relación entre el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido a precios de mercado y el PIB de la Unión a precios de mercado. Los productos interiores brutos a precios de mercado que se aplicarán serán los últimos disponibles a partir del 1 de enero del año en que se efectúe el pago anual facilitados por Eurostat, tan pronto como se aplique el acuerdo contemplado en el artículo UNPRO.5.2 [Cooperación estadística] y con arreglo a las normas de este acuerdo. Antes de la aplicación de este acuerdo, el PIB del Reino Unido será el establecido sobre la base de los datos facilitados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
 7.La contribución operativa se calculará aplicando la clave de contribución a los créditos de compromiso iniciales incrementados según lo descrito en el apartado 5 consignados en el presupuesto de la Unión Europea adoptado con carácter definitivo para el año pertinente para financiar los programas y actividades de la Unión y, con carácter excepcional, partes de programas o actividades, en los que participe el Reino Unido.
 8.La contribución operativa de un programa, actividad o parte de programa o actividad en un año N podrá adaptarse, al alza o a la baja, con carácter retroactivo en uno o varios años posteriores sobre la base de los compromisos presupuestarios contraídos con cargo a los créditos de compromiso de ese ejercicio, su ejecución mediante compromisos jurídicos y su liberación.
 La primera adaptación deberá hacerse el año N + 1 cuando la contribución inicial deba adaptarse al alza o a la baja en función de la diferencia entre la contribución inicial y una contribución adaptada calculada aplicando la clave de contribución del año N a la suma:
 (a)del importe de los compromisos presupuestarios contraídos sobre los créditos de compromiso autorizados en el ejercicio N en el marco del presupuesto aprobado por la Unión Europea y sobre los créditos de compromiso correspondientes a liberaciones de créditos reconstituidos; y
 (b)cualquier crédito de ingresos afectados externos que no proceda de las contribuciones financieras de otros donantes, tal como se definen en el Protocolo I, a los programas y actividades de la Unión y que estuvieran disponibles al final del ejercicio N.
 Cada uno de los años siguientes, hasta que se hayan pagado o liberado todos los compromisos presupuestarios financiados con cargo a créditos de compromiso procedentes del ejercicio N y, a más tardar, tres años después del final del programa o después del final del marco financiero plurianual correspondiente al ejercicio N, si esta última fecha es anterior, la Unión calculará un ajuste de la contribución del ejercicio N reduciendo la contribución del Reino Unido por el importe resultante de aplicar la clave de contribución del año N a las liberaciones realizadas cada año sobre los compromisos del ejercicio N financiados con cargo al presupuesto de la Unión o a partir de las liberaciones disponibles de nuevo.
 En caso de anulación de los créditos de ingresos afectados externos que no procedan de las contribuciones financieras de otros donantes a los programas y actividades de la Unión, tal como se definen en el Protocolo I, la contribución del Reino Unido se reducirá por el importe resultante de aplicar la clave de contribución del año N al importe anulado.
 En el año N + 2 o en los años siguientes, tras haber efectuado los ajustes a que se refieren los párrafos segundo, tercero y cuarto, la contribución del Reino Unido para el año N se reducirá también por el importe resultante de multiplicar la contribución del Reino Unido para el año N y el coeficiente de:
 (a)los compromisos jurídicos del año N, financiados con cargo a cualquier crédito de compromiso disponible en el año N y resultantes de procedimientos competitivos de concesión o adjudicación,
 I)de los que hayan sido excluidos el Reino Unido y las entidades del Reino Unido, o
 II)respecto de los cuales el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión haya decidido, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo UNPRO.2.1a [Cuasi exclusión de un procedimiento competitivo de concesión o adjudicación de subvenciones], que se ha producido una cuasi exclusión del Reino Unido o de entidades del Reino Unido, o
 III)cuyo plazo de presentación de solicitudes haya expirado durante la suspensión a que se refiere el artículo UNPRO.3.1 [Suspensión, por la Unión, de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión] o tras la anulación a que se refiere el artículo UNPRO.3.3 [Anulación de la participación en un programa en caso de modificación sustancial de un programa de la Unión], o
 IV)para los que la participación del Reino Unido y de las entidades del Reino Unido haya sido limitada de conformidad con el artículo UNPRO.3.5 [Revisión de los incrementos financieros], apartado 3; y
 (b)el importe total de los compromisos jurídicos financiados con cargo a los créditos de compromiso del año N.
 Este importe de los compromisos jurídicos se calculará tomando todos los compromisos presupuestarios contraídos en el año N y deduciendo las liberaciones de créditos que se hayan efectuado en relación con dichos compromisos en el año N + 1.
 9.A petición del Reino Unido, la Unión le facilitará la información sobre su participación financiera que esté incluida en la información presupuestaria, contable, de rendimiento y de evaluación relacionada facilitada a las autoridades presupuestarias y de aprobación de la gestión de la Unión en relación con los programas y actividades en los que participe el Reino Unido. Dicha información se facilitará teniendo debidamente en cuenta la normativa sobre confidencialidad y protección de datos de la Unión y del Reino Unido, y se entenderá sin perjuicio de la información que el Reino Unido tiene derecho a recibir en virtud del capítulo 2 [Buena gestión financiera] de la presente parte.
 10.Todas las contribuciones del Reino Unido o pagos de la Unión, así como el cálculo de los importes adeudados y por recibir, se realizarán en euros.
 11.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 y el apartado 8, párrafo segundo, del presente artículo, las normas de desarrollo del presente artículo figuran en el anexo UNPRO-1 [Aplicación de las condiciones financieras]. El anexo UNPRO-1 podrá ser modificado por el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión.
 Artículo UNPRO.2.1a: Cuasi exclusión de un procedimiento competitivo de concesión o adjudicación de subvenciones
 1.Cuando el Reino Unido considere que determinadas condiciones establecidas en un procedimiento competitivo de concesión o adjudicación de subvenciones equivalen a una cuasi exclusión de las entidades del Reino Unido, lo notificará al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes del procedimiento de que se trate y proporcionará una justificación.
 2.En el plazo de tres meses a partir de la fecha límite para la presentación de solicitudes en el procedimiento de concesión o adjudicación de que se trate, el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión examinará la notificación a que se refiere el apartado 1 siempre que la tasa de participación de las entidades del Reino Unido en el procedimiento de adjudicación de que se trate sea al menos un 25 % inferior a la de:
 (a)la tasa media de participación de las entidades del Reino Unido en procedimientos competitivos de concesión o adjudicación similares que no contengan tal condición y que se hayan puesto en marcha en los tres años anteriores a la notificación; o bien,
 (b)a falta de procedimientos competitivos de concesión o adjudicación similares, la tasa media de participación de las entidades del Reino Unido en todos los procedimientos competitivos de concesión o adjudicación iniciados en el marco del programa, o del programa anterior, según proceda, en los 3 años anteriores a la notificación.
 3.El Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión decidirá, antes de que finalice el período mencionado en el apartado 2, si se ha producido una cuasi exclusión de las entidades del Reino Unido del procedimiento de concesión o adjudicación de que se trate a la luz de la justificación presentada por el Reino Unido con arreglo al apartado 1 y de la tasa de participación efectiva en el procedimiento de concesión o adjudicación de que se trate.
 4.A efectos de los apartados 2 y 3, la tasa de participación será la proporción del número de solicitudes presentadas por entidades del Reino Unido del total de solicitudes presentadas en el mismo procedimiento de concesión o adjudicación.
 Artículo UNPRO.2.2: Programas a los que se aplica un mecanismo de corrección automática
 1.Se aplicará un mecanismo de corrección automática en relación con los programas, actividades o partes de programas o actividades de la Unión para los que esté prevista la aplicación de un mecanismo de corrección automática en el Protocolo I. La aplicación de dicho mecanismo de corrección automática podrá limitarse a partes del programa o actividad especificadas en el Protocolo I, que se ejecuten mediante subvenciones para las que se organicen convocatorias competitivas. En el Protocolo I podrán establecerse normas pormenorizadas sobre la determinación de las partes del programa o la actividad a las que se aplique o no el mecanismo de corrección automática.
 2.El importe de la corrección automática para un programa, actividad o parte de programa o actividad será igual a la diferencia entre los importes iniciales de los compromisos jurídicos contraídos realmente con el Reino Unido o con entidades del Reino Unido financiados mediante créditos de compromiso del año en cuestión y la contribución operativa correspondiente abonada por el Reino Unido, ajustada de conformidad con el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 8, excluidos los gastos de apoyo, para el mismo período cuando este importe sea positivo.
 3.Cualquier importe contemplado en el apartado 2, que exceda para cada año durante dos años consecutivos del 8 % de la contribución correspondiente del Reino Unido al programa, ajustada de conformidad con el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 8, se adeudará al Reino Unido como contribución adicional con arreglo al mecanismo de corrección automática para cada uno de los dos años.
 4.En el Protocolo I podrán establecerse normas pormenorizadas sobre el establecimiento de los importes pertinentes de los compromisos jurídicos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, incluso en el caso de consorcios, y sobre el cálculo de la corrección automática.
 Artículo UNPRO.2.3: Financiación en relación con programas ejecutados a través de instrumentos financieros o garantías presupuestarias
 1.Cuando el Reino Unido participe en un programa, actividad o parte de programa o actividad que se ejecuten a través de un instrumento financiero o de una garantía presupuestaria, la contribución del Reino Unido a los programas ejecutados a través de instrumentos financieros o garantías presupuestarias con cargo al presupuesto de la Unión en virtud del título X del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión se efectuará en efectivo. El importe de la contribución en efectivo incrementará la garantía presupuestaria de la Unión o la dotación financiera del instrumento financiero.
 2.Cuando el Reino Unido participe en uno de los programas contemplados en el apartado 1 ejecutado por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, en caso de que este último deba cubrir pérdidas que no estén cubiertas por la garantía proporcionada por el presupuesto de la Unión, el Reino Unido abonará al Grupo del Banco Europeo de Inversiones un porcentaje de dichas pérdidas igual a la proporción del producto interior bruto a precios de mercado del Reino Unido de la suma del producto interior bruto a precios de mercado de los Estados miembros, del Reino Unido y de cualquier otro tercer país que participe en el programa. Los productos nacionales brutos a precios de mercado que se aplicarán serán los últimos disponibles a 1 de enero del año de vencimiento del pago facilitados por Eurostat, tan pronto como se aplique el acuerdo contemplado en el artículo UNPRO.5.2 [Cooperación estadística] y con arreglo a las normas de este acuerdo. Antes de la aplicación de este acuerdo, el PIB del Reino Unido será el establecido sobre la base de los datos facilitados por la OCDE.
 3.Cuando proceda, las modalidades de aplicación del presente artículo, en particular la garantía de que el Reino Unido recibe su porcentaje de las contribuciones no utilizadas a garantías presupuestarias e instrumentos financieros, se especificarán con más detalle en el Protocolo I.
 Sección 3: Suspensión y anulación de la participación en programas de la Unión
 Artículo UNPRO.3.1: Suspensión, por la Unión, de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión
 1.La Unión Europea podrá suspender unilateralmente la aplicación del Protocolo I, en relación con uno o varios programas o actividades o, excepcionalmente, partes de programas o actividades de la Unión de conformidad con el presente artículo, si el Reino Unido no abona su contribución financiera de conformidad con la sección 2 [Normas sobre financiación de la participación en programas de la Unión] del presente capítulo o si el Reino Unido introduce cambios significativos en una de las condiciones mencionadas a continuación que existían cuando se acordó e incluyó en el Protocolo I la participación del Reino Unido en un programa, una actividad o, excepcionalmente, partes de un programa o una actividad, y si tales cambios tienen un impacto significativo en su aplicación:
 (a)se modifican las condiciones de entrada y residencia en el Reino Unido de las personas que participen en la ejecución de estos programas y actividades, o partes de programas o actividades, incluidos los alumnos, investigadores, becarios o voluntarios; esto se aplicará, en particular, si el Reino Unido introduce un cambio en su legislación nacional sobre las condiciones de entrada y residencia de estas personas en el Reino Unido que discrimine entre Estados miembros;
 (b)se produce un cambio en las cargas financieras, incluidas las tasas, que se apliquen a las personas a que se refiere la letra a) del presente apartado con el fin de llevar a cabo las actividades que deben realizar para ejecutar el programa;
 (c)se modifican las condiciones mencionadas en el artículo UNPRO.1.5 [Condiciones de participación], apartado 3.
 2.La Unión Europea notificará al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión su intención de suspender la participación del Reino Unido en el programa o actividad de que se trate. La Unión determinará el alcance de la suspensión y proporcionará la debida justificación. A menos que la Unión retire su notificación, la suspensión surtirá efecto cuarenta y cinco días después de la fecha de notificación por parte de la Unión. La fecha en que surta efecto la suspensión constituirá la fecha de referencia de la suspensión a efectos del presente artículo.
 Antes de la notificación y la suspensión, y durante el período de suspensión, el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión podrá debatir medidas adecuadas para evitar o revocar la suspensión. En caso de que el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión llegue a un acuerdo para evitar la suspensión en el plazo mencionado en el párrafo primero, la suspensión no surtirá efecto.
 En cualquier caso, el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión se reunirá en un plazo de cuarenta y cinco días para debatir el asunto.
 3.A partir de la fecha de referencia de la suspensión, el Reino Unido no será tratado como país participante en el programa, actividad, o parte del programa o actividad de la Unión al que afecte la suspensión y, en particular, el Reino Unido o las entidades del Reino Unido dejarán de ser admisibles en las condiciones establecidas en el artículo UNPRO.1.4 [Cumplimiento de las normas del programa] y en el Protocolo I, por lo que respecta a los procedimientos de concesión o adjudicación de la Unión que aún no hayan concluido en esa fecha. Se considerará que un procedimiento de concesión o adjudicación ha concluido cuando se hayan contraído compromisos jurídicos como resultado de dicho procedimiento.
 4.La suspensión no afectará a los compromisos jurídicos contraídos antes de la fecha de referencia de la suspensión. El presente Acuerdo seguirá aplicándose a tales compromisos jurídicos.
 5.El Reino Unido informará a la Unión tan pronto como considere que se ha restablecido el cumplimiento de las condiciones de participación, y facilitará a la Unión todas las pruebas pertinentes a tal efecto.
 En el plazo de treinta días a partir de dicha notificación, la Unión evaluará el asunto y, a tal fin, podrá solicitar al Reino Unido que presente pruebas adicionales. El tiempo necesario para presentar dichas pruebas adicionales no se tendrá en cuenta en el período global de evaluación.
 Cuando la Unión compruebe que se ha restablecido el cumplimiento de las condiciones de participación, comunicará al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión que se revoca la suspensión. La revocación surtirá efecto el día siguiente a la fecha de notificación.
 Cuando la Unión compruebe que no se ha restablecido el cumplimiento de las condiciones de participación, la suspensión seguirá en vigor.
 6.El Reino Unido volverá a ser tratado como país participante en el programa o actividad de la Unión de que se trate y, en particular, el Reino Unido y las entidades del Reino Unido podrán volver a participar con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo UNPRO.1.4 [Cumplimiento de las normas del programa] y en el Protocolo I, por lo que respecta a los procedimientos de concesión o adjudicación de la Unión en el marco de dicho programa o actividad que se inicien después de la fecha en que surta efecto la revocación de la suspensión, o que se hubieran iniciado antes de esa fecha, si no ha expirado el plazo para la presentación de solicitudes.
 7.En caso de que se suspenda la participación del Reino Unido en un programa, actividad o parte de un programa o actividad, la contribución financiera del Reino Unido que se adeude durante el período de suspensión se establecerá como sigue:
 (a)la Unión recalculará la contribución operativa mediante el procedimiento descrito en la letra a), inciso iii) del párrafo quinto del artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 8;
 (b)la tasa de participación se ajustará en función del ajuste de la contribución operativa.
 Artículo UNPRO.3.2: Anulación, por la Unión, de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión
 1.Si, a más tardar un año después de la fecha de referencia a que se refiere el artículo UNPRO.3.1 [Suspensión, por la Unión, de la participación del Reino Unido en un programa de la Unión], apartado 2, la Unión no ha revocado la suspensión en virtud del artículo UNPRO.3.1 [Suspensión de la participación del Reino Unido], la Unión:
 (a)volverá a evaluar las condiciones en las que puede ofrecer al Reino Unido seguir participando en los programas, actividades o partes de programas o actividades de la Unión de que se trate y propondrá dichas condiciones al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de expiración del período de suspensión de un año con vistas a modificar el Protocolo I; a falta de un acuerdo sobre dichas medidas por parte del Comité especializado en un nuevo plazo de otros cuarenta y cinco días, la anulación surtirá efecto según se contempla en la letra b) del presente apartado; o
 (b)pondrá fin unilateralmente a la aplicación del Protocolo I, en relación con los programas, actividades o partes de programas o actividades de la Unión afectados, de conformidad con el presente artículo, teniendo en cuenta el impacto del cambio mencionado en el artículo UNPRO.3.1 [Suspensión de la participación del Reino Unido] en la ejecución del programa, la actividad o, excepcionalmente, la parte de programa o actividad, o el importe de la contribución no pagada.
 2.La Unión notificará al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión su intención de anular la participación del Reino Unido en uno o en varios programas o actividades de la Unión con arreglo a la letra b) del apartado 1. La Unión determinará el alcance de la anulación y proporcionará la debida justificación. A menos que la Unión retire su notificación, la anulación surtirá efecto 45 días después de la fecha de notificación por parte de la Unión. La fecha en que surta efecto la anulación constituirá la fecha de referencia de la anulación a efectos del presente artículo.
 3.A partir de la fecha de referencia de la anulación, el Reino Unido no será tratado como país participante en el programa de la Unión al que afecte la anulación y, en particular, el Reino Unido o las entidades del Reino Unido dejarán de ser admisibles en las condiciones establecidas en el artículo UNPRO.1.4 [Cumplimiento de las normas del programa] y en el Protocolo I, por lo que respecta a los procedimientos de concesión o adjudicación de la Unión que aún no hayan concluido en esa fecha. Se considerará que un procedimiento de concesión o adjudicación ha sido concluido cuando se hayan contraído compromisos jurídicos como resultado de dicho procedimiento.
 4.La anulación no afectará a los compromisos jurídicos contraídos antes de la fecha de referencia de suspensión contemplada en el artículo UNPRO.3.1 [Suspensión de la participación del Reino Unido], apartado 2. El presente Acuerdo seguirá aplicándose a tales compromisos jurídicos.
 5.Cuando se anule la aplicación del Protocolo I, o de una parte de él, con respecto a los programas o actividades o, excepcionalmente, partes de programas o actividades afectados:
 (a)la contribución operativa que cubra los gastos de apoyo relacionados con compromisos jurídicos ya contraídos seguirá adeudándose hasta la finalización de dichos compromisos jurídicos o hasta el final del marco financiero plurianual en virtud del cual se haya financiado el compromiso jurídico;
 (b)no se efectuará ninguna contribución en los años siguientes, excepto la contemplada en la letra a) del presente apartado.
 Artículo UNPRO.3.3: Anulación de la participación en un programa o actividad en caso de modificación sustancial del programa de la Unión
 1.El Reino Unido podrá anular unilateralmente su participación en un programa o actividad de la Unión contemplados en el Protocolo I cuando:
 (a)el acto de base de ese programa o actividad de la Unión se modifique de forma que las condiciones de participación del Reino Unido o de las entidades del Reino Unido en dicho programa o actividad de la Unión se modifiquen sustancialmente como consecuencia, en particular, de un cambio de los objetivos del programa o actividad y de las acciones correspondientes; o
 (b)el importe total de los créditos de compromiso a que se refiere el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras] se incremente en más de un 15 % con respecto a la dotación financiera inicial del programa o actividad, o parte de programa o actividad, en que participe el Reino Unido, y bien se haya incrementado el correspondiente límite máximo del marco financiero plurianual, bien se haya incrementado el importe de los ingresos externos a que se refiere el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 5, para todo el período de participación; o
 (c)el Reino Unido o las entidades del Reino Unido queden excluidos de la participación en parte de un programa o actividad por motivos debidamente justificados, y dicha exclusión se refiera a créditos de compromiso que excedan del 10 % de los créditos de compromiso consignados en el presupuesto de la Unión aprobado definitivamente para un año N respecto de dicho programa o actividad.
 2.A tal efecto, el Reino Unido notificará al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión su intención de anular la aplicación del Protocolo I en relación con el programa o actividad de la Unión de que se trate a más tardar sesenta días después de la publicación de la modificación o del presupuesto anual aprobado, o de una modificación de este, en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Reino Unido explicará los motivos por los que considera que la modificación altera sustancialmente las condiciones de participación. El Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión se reunirá en un plazo de cuarenta y cinco días para debatir el asunto.
 3.A menos que el Reino Unido retire su notificación, la anulación surtirá efecto cuarenta y cinco días después de la fecha de notificación por parte del Reino Unido. La fecha en que surta efecto la anulación constituirá la fecha de referencia a efectos del presente artículo.
 4.A partir de la fecha de referencia, el Reino Unido no será tratado como país participante en el programa de la Unión al que afecte la anulación y, en particular, el Reino Unido o las entidades del Reino Unido dejarán de ser admisibles en las condiciones establecidas en el artículo UNPRO.1.4 [Cumplimiento de las normas del programa] y en el Protocolo I, por lo que respecta a los procedimientos de concesión o adjudicación de la Unión que aún no hayan concluido a partir de esa fecha. Se considerará que un procedimiento de concesión o adjudicación ha sido concluido cuando se hayan contraído compromisos jurídicos como resultado de dicho procedimiento.
 5.La anulación no afectará a los compromisos jurídicos contraídos antes de la fecha de referencia. El presente Acuerdo seguirá aplicándose a tales compromisos jurídicos.
 6.En caso de anulación con arreglo al presente artículo en relación con los programas o actividades de que se trate:
 (a)la contribución operativa que cubra los gastos de apoyo relacionados con compromisos jurídicos ya contraídos seguirá adeudándose hasta la finalización de dichos compromisos jurídicos o hasta el final del marco financiero plurianual en virtud del cual se haya financiado el compromiso jurídico;
 (b)la Unión recalculará la contribución operativa del año en el que se produce la anulación mediante el procedimiento descrito en la letra a), inciso iii) del párrafo quinto del artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 8. No se efectuará ninguna contribución en los años siguientes, excepto la contemplada en la letra a) del presente artículo;
 (c)la tasa de participación se ajustará en función del ajuste de la contribución operativa.
 Sección 4: Revisión del rendimiento y de los incrementos financieros
 Artículo UNPRO.3.4: Evaluación del rendimiento
 1.Se aplicará un procedimiento de evaluación del rendimiento de conformidad con las condiciones establecidas en el presente artículo en relación con las partes del programa o actividad de la Unión a las que se aplique el mecanismo de corrección contemplado en el artículo UNPRO.2.2 [Programas a los que se aplica un mecanismo de corrección automática].
 2.El Reino Unido podrá solicitar al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión que inicie el procedimiento de evaluación del rendimiento cuando el importe calculado de conformidad con el método establecido en el artículo UNPRO 2.2 [Programas a los que se aplica un mecanismo de corrección automática], apartado 2, sea negativo y cuando dicho importe sea superior al 12 % de las correspondientes contribuciones del Reino Unido al programa o a la actividad, ajustadas de conformidad con el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 8.
 3.El Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión analizará, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la solicitud contemplada en el apartado 2, los datos pertinentes relacionados con el rendimiento y adoptará un informe en el que proponga medidas adecuadas para subsanar los problemas relacionados con el rendimiento.
 Las medidas contempladas en el párrafo primero se aplicarán durante un período de doce meses a partir de la adopción del informe. Tras la aplicación de las medidas, los datos de rendimiento durante el período en cuestión se utilizarán para calcular la diferencia entre los importes iniciales debidos en virtud de los compromisos jurídicos contraídos realmente con el Reino Unido o con entidades del Reino Unido durante ese año natural y la contribución operativa correspondiente abonada por el Reino Unido para el mismo año.
 Si la diferencia contemplada en el párrafo segundo es negativa y supera el 16 % de la contribución operativa correspondiente, el Reino Unido podrá:
 (a)notificar su intención de anular su participación en el programa o en la parte del programa de la Unión de que se trate notificándolo cuarenta y cinco días antes de la fecha prevista de anulación, y anular su participación de conformidad con el artículo UNPRO.3.3 [Anulación de la participación en un programa o actividad en caso de modificación sustancial del programa de la Unión], apartados 3 a 6; o
 (b)solicitar al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión que adopte medidas adicionales para abordar el problema del rendimiento insuficiente, en particular adaptando la participación del Reino Unido en el programa de que se trate y adaptando las futuras contribuciones financieras del Reino Unido en relación con dicho programa.
 Artículo UNPRO.3.5: Revisión de los incrementos financieros
 1.El Reino Unido podrá notificar al Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión su desacuerdo con respecto al importe de su contribución a un programa de la Unión en caso de que el importe de los créditos de compromiso a que se refiere el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras] se incremente en más de un 5 % en comparación con la dotación financiera inicial del programa o actividad de la Unión y bien se haya incrementado el límite máximo correspondiente, bien se haya incrementado el importe de los ingresos externos a que se refiere el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 5, para todo el período de participación.
 2.La notificación contemplada en el párrafo primero se efectuará en un plazo de sesenta días a partir de la fecha de publicación del presupuesto anual aprobado, o de una modificación de este, en el Diario Oficial de la Unión Europea. La notificación se entenderá sin perjuicio de la obligación del Reino Unido de abonar su contribución y de la aplicación del mecanismo de ajuste contemplado en el artículo UNPRO 2.1 [Condiciones financieras], apartado 8.
 3.El Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión elaborará un informe y propondrá y, en su caso, adoptará las medidas adecuadas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Entre estas medidas podrá incluirse la limitación de la participación del Reino Unido y de las entidades del Reino Unido en determinados tipos de acciones o procedimientos de concesión o adjudicación o, en su caso, una modificación del Protocolo I. La limitación de la participación del Reino Unido se considerará una exclusión a efectos del mecanismo de ajuste contemplado en el artículo UNPRO 2.1 [Condiciones financieras], apartado 8.
 4.Cuando se cumplan las condiciones contempladas en la letra b) del artículo UNPRO 3.3 [Anulación de la participación en un programa o actividad en caso de modificación sustancial del programa de la Unión], apartado 1, el Reino Unido podrá anular su participación en uno de los programas de la Unión contemplados en el Protocolo I de conformidad con el artículo UNPRO.3.3 [Anulación de la participación en un programa o actividad en caso de modificación sustancial del programa de la Unión], apartados 2 a 6.
 Capítulo 2: Buena gestión financiera
 Artículo UNPRO.4.X -1: Ámbito de aplicación
 El presente capítulo se aplicará en relación con los programas, actividades y servicios de la Unión en el marco de los programas de la Unión a que se refieren los Protocolos I y II.
 Sección 1: Protección de los intereses financieros y recuperación
 Artículo UNPRO.4.X: Ejercicio de la actividad a efectos de una buena gestión financiera
 A efectos de la aplicación del presente capítulo, las autoridades del Reino Unido y de la Unión a que se refiere el presente capítulo cooperarán estrechamente de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias.
 En el ejercicio de sus funciones en el territorio del Reino Unido, los agentes y organismos de investigación de la Unión actuarán de conformidad con el Derecho del Reino Unido.
 Artículo UNPRO.4.1: Revisiones y auditorías
 1.La Unión tendrá derecho a efectuar, con arreglo a lo dispuesto en los acuerdos de financiación o contratos pertinentes y de conformidad con la normativa aplicable de una o varias instituciones de la Unión, revisiones y auditorías técnicas, científicas, financieras o de otra índole en los locales de cualquier persona física residente en el Reino Unido, o de cualquier entidad jurídica establecida en el Reino Unido, que reciba financiación de la Unión, así como de cualquier tercero que participe en la ejecución de fondos de la Unión que resida o esté establecido en el Reino Unido. Podrán llevar a cabo dichas revisiones y auditorías agentes de las instituciones y órganos de la Unión, en particular de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, o bien otras personas facultadas por la Comisión Europea de conformidad con el Derecho de la Unión.
 2.Los agentes de las instituciones y órganos de la Unión, en particular los agentes de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, así como otras personas facultadas por la Comisión Europea, tendrán acceso adecuado a los locales, trabajos y documentos (en versión electrónica o en papel) y a toda la información necesaria para llevar a cabo las revisiones y auditorías a que se refiere el apartado 1. Tal acceso incluirá el derecho a obtener copias físicas o electrónicas y extractos de cualquier documento o contenido de cualquier soporte de datos que obre en poder de personas físicas o jurídicas auditadas o del tercero auditado.
 3.El Reino Unido no impedirá ni pondrá ningún obstáculo al derecho de los agentes y otras personas a que se refiere el apartado 2 a entrar en el Reino Unido y a acceder a los locales de las personas auditadas, en el ejercicio de sus funciones mencionadas en el presente artículo.
 4.No obstante la suspensión o anulación de la participación del Reino Unido en un programa o actividad, la suspensión de parte o de la totalidad de las disposiciones de la presente parte o del Protocolo I o la anulación del presente Acuerdo, las revisiones y auditorías podrán llevarse a cabo también después de la fecha de entrada en vigor de la suspensión o anulación de que se trate, en los términos establecidos en la normativa aplicable de una o varias instituciones de la Unión y conforme a lo dispuesto en los acuerdos o contratos de financiación correspondientes en relación con cualquier compromiso jurídico de ejecución del presupuesto de la Unión adquirido por la Unión antes de la fecha de entrada en vigor de la suspensión o anulación.
 Artículo UNPRO.4.2: Lucha contra las irregularidades y el fraude, así como contra otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión
 1.La Comisión Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) estarán autorizadas a llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones sobre el terreno, en el territorio del Reino Unido. La Comisión Europea y la OLAF actuarán de conformidad con la normativa de la Unión que rige tales controles, verificaciones e investigaciones.
 2.Las autoridades competentes del Reino Unido informarán a la Comisión Europea o a la OLAF, en un plazo razonable, de cualquier hecho o sospecha de que hayan tenido conocimiento y que permita suponer la existencia de irregularidades, fraudes u otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión.
 3.Los controles y verificaciones sobre el terreno podrán realizarse en los locales de cualquier persona física residente en el Reino Unido, o de cualquier entidad jurídica establecida en el Reino Unido, que reciba financiación de la Unión en virtud de un acuerdo de financiación o de un contrato, así como en los locales de cualquier tercero que participe en la ejecución de tales fondos de la Unión, que resida o esté establecido en el Reino Unido. La Comisión Europea o la OLAF prepararán y llevarán a cabo dichos controles y verificaciones en estrecha colaboración con la autoridad competente del Reino Unido designada por el Reino Unido. Previamente se informará a la autoridad designada con un plazo razonable del objeto, la finalidad y la base jurídica de los controles y verificaciones, para que pueda prestar asistencia. Con este fin, los funcionarios de las autoridades competentes del Reino Unido podrán participar en los controles y verificaciones sobre el terreno.
 4.Los agentes de la Comisión Europea y de la OLAF tendrán acceso a toda la información y la documentación, incluidos los datos informáticos (en versión electrónica o en papel) de las operaciones contempladas en el apartado 3, necesarios para llevar a cabo correctamente los controles y verificaciones sobre el terreno. En particular, los agentes de la Comisión Europea y de la OLAF podrán copiar los documentos pertinentes.
 5.La Comisión Europea o la OLAF y las autoridades competentes del Reino Unido decidirán en cada caso si realizan o no conjuntamente los controles y verificaciones sobre el terreno, también en caso de que ambas partes sean competentes para llevar a cabo las investigaciones.
 6.Cuando la persona, entidad u otro tercero que esté sujeto a control o verificación sobre el terreno se oponga a un control o a una verificación sobre el terreno, las autoridades del Reino Unido prestarán asistencia a la Comisión Europea o a la OLAF, de conformidad con las normas y reglamentaciones nacionales, para que puedan cumplir con su cometido en la realización del control o la verificación sobre el terreno. Dicha asistencia incluirá la adopción de medidas preventivas previstas en el Derecho nacional, en particular medidas con objeto de preservar las pruebas.
 7.La Comisión Europea o la OLAF informarán a las autoridades competentes del Reino Unido del resultado de tales controles y verificaciones. En particular, la Comisión Europea o la OLAF comunicarán lo antes posible a la autoridad británica competente cualquier hecho o sospecha referente a una irregularidad de que hayan tenido conocimiento durante la realización del control o la verificación sobre el terreno.
 8.Sin perjuicio de la aplicación del Derecho del Reino Unido, la Comisión Europea podrá imponer medidas y sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas que participen en la ejecución de un programa o actividad de conformidad con la legislación de la Unión.
 9.A efectos de una correcta aplicación del presente artículo, la Comisión Europea o la OLAF y las autoridades competentes del Reino Unido intercambiarán información periódicamente y, a petición de una de las Partes en el presente Acuerdo, se consultarán mutuamente, salvo que la legislación de la Unión o el Derecho del Reino Unido lo prohíban.
 10.Con objeto de facilitar una cooperación y un intercambio de información eficaces con la OLAF, el Reino Unido designará un punto de contacto.
 11.El intercambio de información entre la Comisión Europea o la OLAF y las autoridades competentes del Reino Unido cumplirá los requisitos de confidencialidad aplicables. Los datos personales incluidos en el intercambio de información se protegerán de conformidad con las normas aplicables.
 12.Sin perjuicio de la aplicabilidad del artículo LAW.MUTAS.114 [Definición de autoridad competente], si un nacional del Reino Unido, personas físicas residentes en el Reino Unido, o entidades jurídicas establecidas en el Reino Unido reciben financiación de la Unión en el marco de los programas y actividades de la Unión enumerados en el Protocolo I, directa o indirectamente, incluso en relación con cualquier tercero que participe en la ejecución de dicha financiación de la Unión, las autoridades del Reino Unido cooperarán con las autoridades de la Unión o con las autoridades de los Estados miembros de la Unión responsables de investigar, procesar y enjuiciar a los autores y cómplices de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, de conformidad con la legislación y los instrumentos internacionales aplicables, para permitirles cumplir con su cometido.
 Artículo UNPRO.4.3: Modificaciones de los artículos UNPRO.0.1, UNPRO.4.X-1, UNPRO.4.1 [Revisiones y auditorías] y UNPRO.4.2 [Lucha contra las irregularidades, el fraude, así como contra otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión]
 El Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión podrá modificar los artículos UNPRO.4.1 [Revisiones y auditorías] y UNPRO.4.2 [Lucha contra las irregularidades, el fraude, así como contra otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión], en particular para tener en cuenta los cambios en la normativa de una o varias instituciones de la Unión.
 El Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión podrá modificar el artículo UNPRO.0.1 [Ámbito de aplicación] y el artículo UNPRO.4.X-1 [Ámbito de aplicación] para ampliar la aplicación del presente capítulo a otros programas, actividades y servicios de la Unión.
 Artículo UNPRO.4.4: Recuperación y ejecución
 1.Las decisiones adoptadas por la Comisión Europea que comporten alguna obligación pecuniaria respecto a personas físicas o jurídicas distintas de los Estados en relación con cualquier derecho emanado de los programas, actividades, acciones o proyectos de la Unión tendrán fuerza ejecutiva en el Reino Unido. La orden de ejecución se adjuntará a la decisión, sin más formalidad que la comprobación de la autenticidad de la decisión por la autoridad nacional designada a tal efecto por el Reino Unido. El Reino Unido dará a conocer su autoridad nacional designada a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De conformidad con el artículo UNPRO.5.1 [Comunicación e intercambio de información], la Comisión Europea estará facultada para notificar dichas decisiones con fuerza ejecutiva directamente a las personas residentes y a las entidades dotadas de personalidad jurídica establecidas en el Reino Unido. La ejecución de dichas resoluciones se llevará a cabo de conformidad con el Derecho del Reino Unido.
 2.Las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictados en virtud de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o acuerdo relativa a los programas, actividades, o partes de programas o actividades de la Unión contemplados en el Protocolo I, tendrán fuerza ejecutiva en el Reino Unido del mismo modo que las decisiones de la Comisión Europea a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
 3.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para revisar la legalidad de las decisiones de la Comisión a que se refiere el apartado 1 y suspender, si procede, la ejecución de dichas decisiones. No obstante, el control de la conformidad a Derecho de la ejecución será competencia de los tribunales del Reino Unido.
 Sección 2: Otras normas para la ejecución de los programas de la Unión
 Artículo UNPRO.5.1: Comunicación e intercambio de información
 Las instituciones y órganos de la Unión que contribuyan a la ejecución de los programas o actividades de la Unión, o realicen controles respecto de tales programas o actividades, estarán facultados para comunicarse directamente —también mediante sistemas de intercambio electrónico— con cualquier persona física residente en el Reino Unido, o con cualquier entidad jurídica establecida en el Reino Unido, que reciba financiación de la Unión, así como con cualquier tercero que participe en la ejecución de financiación de la Unión que resida o esté establecido en el Reino Unido. Dichas personas, entidades o terceros podrán presentar directamente a las instituciones y órganos de la Unión toda la información y documentación pertinente que se les solicite con arreglo a la legislación de la Unión aplicable al programa o actividad de la Unión o a los contratos o acuerdos de financiación celebrados para la ejecución del programa o actividad.
 Artículo UNPRO.5.2: Cooperación estadística
 Eurostat y la Autoridad Estadística del Reino Unido podrán establecer un acuerdo que permita la cooperación en asuntos estadísticos pertinentes y prevea que Eurostat, con el acuerdo de la Autoridad Estadística del Reino Unido, facilite datos estadísticos sobre el Reino Unido a efectos de la presente parte, incluidos, en particular, los datos sobre el PIB del Reino Unido.
 Capítulo 3: Acceso del Reino Unido a servicios en el marco de programas de la Unión
 Artículo UNPRO.6: Normas sobre el acceso a los servicios
 1.Cuando el Reino Unido no participe en un programa o actividad de la Unión con arreglo al capítulo 1 [Participación del Reino Unido en programas de la Unión] de la presente parte, podrá no obstante tener acceso a los servicios prestados en el marco de los programas y actividades de la Unión con arreglo a los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo, a los actos de base y a cualquier otra norma relativa a la ejecución de los programas y actividades de la Unión.
 2.En su caso, el Protocolo II [Acceso del Reino Unido a los servicios establecidos en el marco de determinados programas y actividades]:
 (a)determinará los servicios en el marco de los programas y actividades de la Unión a los que tendrán acceso el Reino Unido y las entidades del Reino Unido;
 (b)establecerá condiciones específicas para el acceso del Reino Unido y de las entidades del Reino Unido; tales condiciones serán conformes con las condiciones establecidas en el presente Acuerdo y en los actos de base;
 (c)cuando proceda, especificará la contribución financiera o en especie del Reino Unido a un servicio prestado en el marco de programas y actividades de la Unión.
 3.El Protocolo II será adoptado y podrá ser modificado por el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión.
 4.El Reino Unido y los propietarios y operadores de vehículos espaciales públicos y privados que operen en o desde el Reino Unido tendrán acceso a los servicios prestados en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Decisión n.o 541/2014/UE de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de dicha Decisión hasta que se incluyan en el Protocolo II disposiciones sobre acceso similar o hasta el 31 de diciembre de 2021.
 Capítulo 4: [Revisiones]
 Artículo UNPRO.7: [Cláusula de revisión]
 Pasados cuatro años desde la entrada en vigor de los Protocolos I y II, el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión revisará su ejecución basándose en los datos relativos a la participación de entidades del Reino Unido en acciones indirectas y directas del programa, partes del programa, actividades y servicios cubiertos por los Protocolos I y II.
 A petición de cualquiera de las Partes, el Comité Especializado en Participación en Programas de la Unión debatirá los cambios o las propuestas de cambios que afecten a los términos de la participación del Reino Unido en cualquiera de los programas o partes de programas, actividades y servicios enumerados en los Protocolos I y II, y, en caso necesario, podrá proponer medidas apropiadas que entren en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo.
 Capítulo 5: Tasa de participación en los años 2021 a 2026
 Artículo UNPRO.8: Tasa de participación en los años 2021 a 2026
 La tasa de participación mencionada en el artículo UNPRO.2.1 [Condiciones financieras], apartado 4, tendrá el siguiente valor en los años 2021 a 2026:
 - En 2021: 0,5 %;
 - En 2022: 1 %;
 - En 2023: 1,5 %;
 - En 2024: 2 %;
 - En 2025: 2,5 %;
 - En 2026: 3 %.
 SEXTA PARTE: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y DISPOSICIONES HORIZONTALES
 Título I: Solución de diferencias
 Capítulo 1: Disposiciones generales
 Artículo INST.9: Objetivo
 El objetivo del presente título es establecer un mecanismo efectivo y eficaz para evitar y resolver cualquier diferencia entre las Partes sobre la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo y los acuerdos complementarios para llegar, en la medida de lo posible, a una solución mutuamente acordada.
 Artículo INST.10: Ámbito de aplicación
 1.
 El presente título se aplica, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5, a las diferencias entre las Partes relativas a la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario («disposiciones contempladas»).
 2.
 Las disposiciones contempladas incluirán todas las disposiciones del presente Acuerdo y cualquier acuerdo complementario, con excepción de:
 (a)el artículo GOODS.17 [Soluciones comerciales], apartados 1 a 6 y el artículo GOODS.21 [Bienes culturales] del título I del epígrafe primero de la segunda parte;
 (b)el anexo TBT-X [Medicamentos];
 (c)el título VII [Pequeñas y medianas empresas] del epígrafe primero de la segunda parte;
 (d)el título X [Buenas prácticas reguladoras y cooperación regulatoria] del epígrafe primero de la segunda parte;
 (e)el artículo LPFS.1.1 [Principios y objetivos], apartados 1, 2 y 4 y el artículo LPFS.1.2 [Derecho a regular, criterio de precaución e información científica y técnica], apartados 1 y 3 del capítulo 1 [Disposiciones generales], el capítulo 2 [Política de competencia], los artículos LPFS.3.9 [Organismo o autoridad independiente y cooperación] y LPFS.3.10 [Juzgados y tribunales] del capítulo 2 [Control de las subvenciones]; y el capítulo 5 [Fiscalidad] del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal y un desarrollo sostenible] del epígrafe primero de la segunda parte, y el artículo LPFS.9.4 [Mecanismo de reequilibrio], apartados 4 a 9 del capítulo 9 [Disposiciones horizontales e institucionales] del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal y un desarrollo sostenible] del epígrafe primero de la segunda parte;
 (f)la tercera parte [Cooperación policial y judicial en materia penal], incluido cuando se aplica en relación con situaciones reguladas por otras disposiciones del presente Acuerdo;
 (g)la cuarta parte [Cooperación temática];
 (h)el título II [Bases para la cooperación] de la sexta parte [Solución de diferencias y disposiciones horizontales];
 (i)el artículo FINPROV.10A [Disposición provisional para la transmisión de datos personales al Reino Unido] de la séptima parte; y
 (j)el Acuerdo sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada.
 3.
 Cualquiera de las Partes podrá acudir al Consejo de Asociación para resolver una diferencia sobre las obligaciones derivadas de las disposiciones mencionadas en el apartado 2.
 4.
 El artículo INST.11 [Exclusividad] se aplicará a las disposiciones mencionadas en el apartado 2.
 5.
 No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, el presente título no se aplicará respecto de las diferencias relacionadas con la interpretación y aplicación de las disposiciones del Protocolo sobre coordinación de la seguridad social o de sus anexos en casos individuales.
 Artículo INST.11: Exclusividad
 Las Partes se comprometen a no someter una diferencia entre ellas sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario a un mecanismo de solución de diferencias distinto de los previstos en el presente Acuerdo.
 Artículo INST.12: Elección de jurisdicción en caso de una obligación sustancialmente equivalente en virtud de otro acuerdo internacional
 1.
 Si surge una diferencia en relación con una medida supuestamente contraria a una obligación derivada del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario y de una obligación sustancialmente equivalente en virtud de otro acuerdo internacional suscrito por ambas Partes, incluido el acuerdo de la OMC, la Parte que solicite reparación seleccionará el foro en el que deberá resolverse la diferencia.
 2.
 Cuando una de las Partes haya seleccionado el foro e iniciado procedimientos de solución de diferencias en virtud del presente título o en el marco de otro acuerdo internacional, dicha Parte no iniciará estos procedimientos en virtud del otro acuerdo internacional con respecto a la medida concreta a que se refiere el apartado 1, a menos que el primer foro seleccionado no emita sus conclusiones por razones procesales o jurisdiccionales.
 3.
 A efectos del presente artículo:
 (a)los procedimientos de solución de diferencias conforme al presente título se considerarán incoados cuando una Parte solicite la constitución de un tribunal de arbitraje en virtud del artículo INST.14 [Procedimiento arbitral];
 (b)los procedimientos de solución de diferencias en el marco del Acuerdo de la OMC se considerarán incoados cuando una Parte solicite la constitución de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias de la OMC; y
 (c)los procedimientos de solución de diferencias en el marco de cualquier otro acuerdo se considerarán incoados si se inician de conformidad con las disposiciones pertinentes de ese acuerdo.
 4.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo o en cualquier acuerdo complementario impedirá que una Parte suspenda las obligaciones autorizadas por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC o autorizadas en virtud de los procedimientos de solución de diferencias de otro acuerdo internacional en el que sean parte las Partes. El Acuerdo sobre la OMC o cualquier otro acuerdo internacional entre las Partes no se invocará para impedir que una Parte suspenda las obligaciones previstas en el presente Título.
 Capítulo 2: Procedimiento
 Artículo INST.13: Consultas
 1.
 Si una Parte («la Parte demandante») considera que la otra Parte («la Parte demandada») ha incumplido una obligación en virtud del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario, las Partes procurarán resolver el asunto mediante consultas de buena fe para llegar a una solución de mutuo acuerdo.
 2.
 La Parte demandante podrá solicitar la celebración de consultas mediante una solicitud presentada por escrito a la Parte demandada. La Parte demandante especificará en su solicitud por escrito los motivos de la solicitud, incluida la identificación de las medidas en cuestión, el fundamento jurídico de la solicitud y las disposiciones contempladas que considere aplicables.
 3.
 La Parte demandada responderá a la solicitud sin demora y, en cualquier caso, a más tardar diez días después de la fecha de su recepción. Las consultas se celebrarán en persona o por cualquier otro medio de comunicación acordado por las Partes, en un plazo de treinta días después de la fecha de recepción de la solicitud. Si se celebran personalmente, las consultas tendrán lugar en el territorio de la Parte demandada, a menos que las Partes acuerden lo contrario.
 4.
 Las consultas se considerarán concluidas treinta días después de la fecha de recepción de la solicitud, salvo que las Partes acepten continuarlas.
 5.
 Las consultas sobre cuestiones de urgencia, incluidas aquellas relacionadas con mercancías perecederas o mercancías o servicios estacionales se celebrarán en un plazo de veinte días a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Las consultas se considerarán concluidas en ese plazo de veinte días, salvo que las Partes acepten continuarlas.
 6.
 Cada una de las Partes facilitará información factual suficiente para permitir un examen completo de la medida en cuestión, que incluya un examen del modo en que podría afectar al funcionamiento y la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario. Cada una de las Partes se esforzará por garantizar la participación del personal de sus autoridades competentes que tenga experiencia en la materia objeto de las consultas.
 7.
 En caso de controversia en relación con un ámbito distinto a los previstos en los títulos I a VII, el capítulo cuarto [Energía y materias primas] del título VIII, los títulos IX a XII del epígrafe primero o el epígrafe sexto de la segunda parte, a petición de la Parte demandante, las consultas a que se refiere el apartado 3 del presente artículo se celebrarán en el marco de un Comité Especializado o del Consejo de Asociación. El Comité Especializado podrá decidir en cualquier momento remitir el asunto al Consejo de Asociación. El Consejo de Asociación podrá también decidir ocuparse del asunto. El Comité Especializado o, en su caso, el Consejo de Asociación, podrá resolver la controversia mediante una decisión. Se aplicarán los períodos a que se hace referencia en el apartado 3 del presente artículo. El lugar de celebración de las reuniones se regirá por el reglamento interno del Comité Especializado o, en su caso, del Consejo de Asociación.
 8.
 Las consultas, en especial cualquier información declarada confidencial y las posiciones adoptadas por las Partes durante las consultas, serán confidenciales y se entenderán sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las Partes en otros procedimientos.
 Artículo INST.14: Procedimiento arbitral
 1.
 La Parte demandante podrá solicitar la constitución de un tribunal de arbitraje si:
 (a)la Parte demandada no responde a la solicitud de consultas en el plazo de diez días a partir de la fecha de su recepción;
 (b)las consultas no se celebran en los plazos mencionados en el artículo INST.13 [Consultas], apartados 3, 4 o 5;
 (c)las Partes acuerdan no celebrar consultas; o
 (d)las consultas han concluido sin que se haya llegado a una solución de mutuo acuerdo.
 2.
 La solicitud de constitución del tribunal de arbitraje se realizará mediante una solicitud presentada por escrito a la Parte demandada. En su solicitud, la Parte demandante identificará de forma explícita la medida en cuestión y explicará el modo en que dicha medida constituye un incumplimiento de las disposiciones contempladas de una manera suficiente para presentar claramente el fundamento jurídico de la reclamación.
 Artículo INST.15: Constitución de un tribunal de arbitraje
 1.
 El tribunal de arbitraje estará compuesto por tres árbitros.
 2.
 A más tardar diez días después de la fecha de recepción de la solicitud de constitución de un tribunal de arbitraje, las Partes se consultarán para acordar la composición del tribunal de arbitraje.
 3.
 Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la composición del tribunal de arbitraje en el plazo establecido en el apartado 2, cada una de las Partes designará a un árbitro de entre la sublista correspondiente a dicha Parte con arreglo al artículo INST.27 [Listas de árbitros] a más tardar cinco días después del vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo. Si una Parte no designa a un árbitro de entre su sublista en dicho plazo, el copresidente del Consejo de Asociación de la Parte demandante elegirá, a más tardar cinco días después del vencimiento del plazo, a un árbitro por sorteo de entre la sublista de la Parte que no haya designado a un árbitro. El copresidente del Consejo de Asociación de la Parte demandante podrá delegar la elección del árbitro por sorteo.
 4.
 Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre el presidente del tribunal de arbitraje en el plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo, el copresidente del Consejo de Asociación de la Parte demandante elegirá, a más tardar cinco días después del vencimiento del plazo, al presidente del tribunal de arbitraje por sorteo de entre la sublista de presidentes elaborada de conformidad con el artículo INST.27 [Listas de árbitros]. El copresidente del Consejo de Asociación de la Parte demandante podrá delegar la elección del presidente del tribunal de arbitraje por sorteo.
 5.
 Si no se creara ninguna de las listas contempladas en el artículo INST.27 [Listas de árbitros] o si dichas listas no contuvieran suficientes nombres en el momento en que se haga la selección con arreglo a los apartados 3 o 4 del presente artículo, los árbitros serán seleccionados por sorteo de entre las personas propuestas formalmente por una o ambas Partes de conformidad con el anexo INST-X [Normas de procedimiento].
 6.
 La fecha de constitución del tribunal de arbitraje será la fecha en la que el último de los tres árbitros haya notificado a las Partes la aceptación de su nombramiento de conformidad con el anexo INST-X [Normas de procedimiento].
 Artículo INST.16: Requisitos para los árbitros
 1.Todos los árbitros deberán:
 (a)tener conocimientos especializados demostrados en derecho y comercio internacional, incluso en cuestiones específicas comprendidas en los títulos I a VII, el capítulo 4 [Energía y materias primas] del título VIII, los títulos IX a XII del epígrafe primero [Comercio] de la segunda parte o del epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte, o en derecho y cualquier otra cuestión contemplada en el presente Acuerdo o en cualquier acuerdo complementario y, en el caso de los presidentes, tener también experiencia en procedimientos de solución de diferencias;
 (b)no estar vinculados a ninguna de las Partes ni aceptar instrucciones de ninguna de ellas;
 (c)actuar a título personal y no aceptar instrucciones de ninguna organización o gobierno con respecto a los asuntos relacionados con la diferencia; y
 (d)cumplir con el anexo INST-X [Código de conducta].
 2.
 Todos los árbitros serán personas cuya independencia esté fuera de toda duda, que posean las cualificaciones necesarias para ser nombrados en un cargo judicial alto de sus respectivos países o que sean jurisconsultos de reconocida competencia.
 3.
 Habida cuenta del objeto de un litigio concreto, las Partes podrán acordar derogar los requisitos enumerados en el apartado 1, letra a).
 Artículo INST.17: Funciones del tribunal de arbitraje
 El tribunal de arbitraje:
 (a)hará una evaluación objetiva del asunto planteado, que incluirá una evaluación objetiva de los hechos del caso y de la aplicabilidad y la conformidad de las medidas en cuestión con las disposiciones contempladas;
 (b)expondrá, en sus decisiones y laudos, las apreciaciones de hecho y de Derecho y la fundamentación de sus constataciones; y
 (c)consultará periódicamente a las Partes y dará las oportunidades adecuadas para alcanzar una solución de mutuo acuerdo.
 Artículo INST.18: Mandato
 1.
 Salvo que las Partes acuerden otra cosa en un plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de constitución del tribunal de arbitraje, el mandato de este será:
 «examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes contempladas en el presente Acuerdo o en un acuerdo complementario, la cuestión remitida en la solicitud de constitución del tribunal de arbitraje, decidir sobre la conformidad de la medida en cuestión con las disposiciones mencionadas en el artículo INST.10 [Ámbito de aplicación] y dictar un laudo de conformidad con el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje]».
 2.
 Si las Partes acuerdan un mandato distinto del mencionado en el apartado 1, deberán notificar el mandato acordado al tribunal de arbitraje dentro del plazo previsto en dicho apartado.
 Artículo INST.19: Procedimiento de urgencia
 1.
 Si una Parte lo solicita, el tribunal de arbitraje decidirá, a más tardar diez días después de la fecha de su constitución, si el caso tiene carácter de urgencia.
 2.
 En casos de urgencia, los plazos aplicables establecidos en el artículo INST.20 [Laudo del Tribunal de Arbitraje] se reducirán a la mitad.
 Artículo INST.20: Laudo del tribunal de arbitraje
 1.
 El tribunal de arbitraje presentará a las Partes un informe provisional en un plazo de cien días después de la fecha de su constitución. Si el tribunal de arbitraje considera que este plazo no puede cumplirse, el presidente del tribunal de arbitraje deberá notificarlo por escrito a las Partes, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el tribunal de arbitraje prevé presentar su informe provisional. El tribunal de arbitraje se demorará, en ningún caso, más de ciento treinta días a partir de la fecha de su constitución en presentar su informe provisional.
 2.
 Cada una de las Partes podrá solicitar por escrito al tribunal de arbitraje que reconsidere aspectos concretos del informe provisional dentro de los catorce días siguientes a su recepción. Una Parte podrá formular observaciones sobre la solicitud de la otra Parte en un plazo de seis días a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
 3.
 Si no se presenta por escrito ninguna solicitud de reconsideración de aspectos concretos del informe provisional dentro del plazo mencionado en el apartado 2, el informe provisional se convertirá en el laudo del tribunal de arbitraje.
 4.
 El tribunal de arbitraje comunicará su laudo a las Partes a más tardar ciento treinta días después de la fecha de su constitución. Si el tribunal de arbitraje considera que este plazo no puede cumplirse, su presidente deberá notificarlo por escrito a las Partes, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el tribunal de arbitraje prevé emitir su laudo. El tribunal de arbitraje no se demorará, en ningún caso, más de ciento sesenta días a partir de la fecha de su constitución en dictar su laudo.
 5.
 El laudo incluirá un examen de cualquier solicitud por escrito de las Partes sobre el informe provisional y abordará claramente las observaciones de las Partes.
 6. Para mayor certeza, se entenderá que el «laudo» o «laudos» previstos en los artículos INST.17 [Funciones del tribunal de arbitraje], INST.18 [Mandato], INST.28 [Sustitución de árbitros] y el artículo INST.29 [Laudos y decisiones del tribunal de arbitraje], apartados 1, 3, 4 y 6 se refieren también al informe provisional del tribunal de arbitraje.
 Capítulo 3: Cumplimiento
 Artículo INST.21: Medidas de cumplimiento
 1.
 Si al dictar su laudo de conformidad con el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1, el tribunal de arbitraje determina que la Parte demandada ha incumplido una obligación con arreglo al presente Acuerdo o a cualquier acuerdo complementario, dicha Parte adoptará las medidas necesarias para dar inmediatamente cumplimiento al laudo del tribunal de arbitraje a fin de ajustarse a las disposiciones contempladas.
 2.
 La Parte demandada, a más tardar treinta días después del dictamen del laudo, notificará a la Parte demandante las medidas que haya adoptado o tenga previsto adoptar para cumplir con el laudo.
 Artículo INST.22: Plazo prudencial
 1.
 Si no fuera posible el cumplimiento inmediato, la Parte demandada, a más tardar treinta días después de que se haya emitido el laudo contemplado en el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1, enviará una notificación a la Parte demandante sobre la duración del plazo prudencial que requerirá para el cumplimiento del laudo contemplado en el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1. Las Partes se esforzarán por llegar a un acuerdo sobre la duración del plazo prudencial para el cumplimiento.
 2.
 Si las Partes no alcanzan un acuerdo sobre la duración del plazo prudencial, la Parte demandante podrá, como muy pronto veinte días después de la recepción de la notificación prevista en el apartado 1, solicitar por escrito que el tribunal de arbitraje inicial fije la duración del plazo prudencial. El tribunal de arbitraje comunicará su laudo a las Partes a más tardar veinte días después de la fecha de recepción de la solicitud.
 3.
 La Parte demandada presentará una notificación por escrito de los progresos realizados en el cumplimiento del laudo mencionado en el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1, a la Parte demandante al menos un mes antes del vencimiento del plazo prudencial.
 4.
 Las Partes, de común acuerdo, podrán ampliar el plazo prudencial.
 Artículo INST.23: Examen del cumplimiento
 1.
 La Parte demandada, a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo prudencial, notificará a la Parte denunciante cualquier medida que haya adoptado para cumplir con el laudo mencionado en el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1.
 2.
 Cuando las Partes no estén de acuerdo sobre la existencia de cualquier medida adoptada para dar cumplimiento al laudo, o sobre la compatibilidad de este último con las disposiciones contempladas, la Parte demandante podrá presentar una solicitud, que deberá formularse por escrito, al tribunal de arbitraje inicial para que resuelva sobre el asunto. La solicitud identificará cualquier medida en cuestión y explicará el modo en que dicha medida constituye un incumplimiento de las disposiciones contempladas de tal forma que presente claramente el fundamento jurídico de la reclamación. El tribunal de arbitraje comunicará su laudo a las Partes a más tardar cuarenta y cinco días después de la fecha de recepción de la solicitud.
 Artículo INST.24: Reparaciones temporales
 1.
 La Parte demandada, a petición de la Parte demandante y previa consulta con ella, presentará una oferta de reparación temporal si:
 a)
 la Parte demandada notifica a la Parte demandante que no puede cumplir con el laudo contemplado en el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1; o
 b)
 la Parte demandada no notifica ninguna medida adoptada para el cumplimiento del laudo dentro del plazo mencionado en el artículo INST.21 [Medidas de cumplimiento] o antes de la fecha de vencimiento del plazo prudencial; o
 c)
 el tribunal de arbitraje considera que no se ha adoptado ninguna medida para el cumplimiento del laudo o la medida adoptada para dicho cumplimiento es incompatible con las disposiciones contempladas.
 2.
 En cualquiera de las condiciones mencionadas en el apartado 1, letras a), b) y c), la Parte demandante podrá notificar por escrito a la Parte demandada que tiene la intención de suspender la aplicación de obligaciones en virtud de las disposiciones contempladas si:
 a)
 la parte demandante decide no presentar una solicitud en virtud del apartado 1; o
 b)
 las Partes no alcanzan un acuerdo sobre la reparación temporal en un plazo de veinte días a partir del vencimiento del plazo prudencial o a partir de la fecha del dictamen del tribunal de arbitraje en virtud del artículo INST.23 [Examen del cumplimiento] si se presenta una solicitud en virtud del apartado 1.
 La notificación especificará el nivel de la suspensión prevista de las obligaciones.
 3. La suspensión de obligaciones estará sujeta a las siguientes condiciones:
 a) las obligaciones en virtud del epígrafe cuarto [Coordinación de la seguridad social y visados para visitas de corta duración] de la segunda parte, el Protocolo sobre coordinación de la seguridad social o sus anexos o la quinta parte [Programas de la Unión] no podrán suspenderse en virtud del presente artículo;
 b) no obstante lo dispuesto en la letra a), las obligaciones en virtud de la quinta parte [Programas de la Unión] podrán suspenderse únicamente cuando el laudo al que se hace referencia en el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1 tenga por objeto la interpretación y ejecución de la quinta parte [Programas de la Unión];
 c) las obligaciones ajenas a la quinta parte [Programas de la Unión] no podrán suspenderse cuando el laudo al que se hace referencia en el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1 tenga por objeto la interpretación y ejecución de la quinta parte [Programas de la Unión]; y
 d) las obligaciones en virtud del título II [Servicios e inversiones] del epígrafe primero de la segunda parte con respecto a los servicios financieros no podrán suspenderse con arreglo al presente artículo, a menos que el laudo a que se refiere el artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje], apartado 1 tenga por objeto la interpretación y ejecución de las obligaciones en virtud del título II [Servicios e inversiones] del epígrafe primero de la segunda parte con respecto a los servicios financieros.
 4.
 Cuando una Parte persista en el incumplimiento de un laudo de un panel de arbitraje establecido con arreglo a un acuerdo anterior celebrado entre las Partes, la otra Parte podrá suspender las obligaciones en virtud de las disposiciones contempladas a que se refiere el artículo INST.10 [Ámbito de aplicación]. Excepto por lo que se refiere a la norma del apartado 3, letra a), todas las normas relativas a las medidas correctoras temporales en caso de incumplimiento y a la revisión de dichas medidas se regirán por el acuerdo anterior.
 5.
 La suspensión de las obligaciones no excederá el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causados por el incumplimiento.
 6.
 Si el tribunal de arbitraje ha constatado un incumplimiento del epígrafe primero [Comercio] o el epígrafe tercero [Transporte por carretera] de la segunda parte, la suspensión podrá aplicarse en otro título del mismo epígrafe que en el que el tribunal haya constatado el incumplimiento, en particular si la parte demandante considera que dicha suspensión es eficaz para inducir al cumplimiento.
 7.
 Si el tribunal de arbitraje ha constatado un incumplimiento del epígrafe segundo [Aviación]:
 a) la parte demandante debe intentar en primer lugar suspender obligaciones en el mismo título que en el que el tribunal de arbitraje haya constatado el incumplimiento;
 b) si la parte demandante considera que no es factible o eficaz suspender obligaciones con respecto al mismo título que en el que el tribunal de arbitraje haya constatado el incumplimiento, podrá tratar de suspender las obligaciones del otro título en el mismo epígrafe.
 8.
 Si el tribunal de arbitraje ha constatado un incumplimiento del epígrafe primero [Comercio], el epígrafe segundo [Aviación], el epígrafe tercero [Transporte por carretera] o el epígrafe quinto [Pesca] de la segunda parte, y si la Parte demandante considera que no es factible o eficaz suspender obligaciones del mismo epígrafe que en el que el tribunal de arbitraje haya constatado el incumplimiento, y si las circunstancias son suficientemente graves, podrá suspender las obligaciones en virtud de las demás disposiciones contempladas.
 9.
 En el caso del apartado 7, letra b), y el apartado 8, la Parte demandante expondrá los motivos de su decisión.
 10.
 La Parte demandante podrá suspender las obligaciones diez días después de la fecha de recepción de la notificación mencionada en el apartado 2, salvo si la Parte demandada ha presentado una solicitud en virtud del apartado 11.
 11.
 Si la Parte demandada considera que el nivel notificado de suspensión de obligaciones supera el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causado por el incumplimiento, o que no se han seguido los principios y procedimientos establecidos el apartado 7, la letra b), el apartado 8 o el apartado 9, podrá presentar una solicitud por escrito al tribunal de arbitraje inicial antes del vencimiento del plazo de diez días establecido en el apartado diez para que resuelva sobre el asunto. El tribunal de arbitraje comunicará a las Partes su decisión sobre el nivel de suspensión de las obligaciones en un plazo de treinta días a partir de la fecha de la solicitud. Las obligaciones no se suspenderán hasta que el tribunal de arbitraje haya comunicado su decisión. La suspensión de obligaciones será compatible con esa decisión.
 12.
 El tribunal de arbitraje que actúe de conformidad con el apartado 11 no examinará la naturaleza de las obligaciones que deban suspenderse, sino que determinará si el nivel de dicha suspensión supera el nivel equivalente a la anulación o menoscabo causado por el incumplimiento. No obstante, si en el asunto remitido a arbitraje se alega que no se han seguido los principios y procedimientos establecidos en el apartado 7, letra b), el apartado 8 o el apartado 9, el tribunal de arbitraje examinará dicha alegación. En caso de que el tribunal de arbitraje determine que no se han seguido dichos principios y procedimientos, la Parte demandante los aplicará de forma coherente con el apartado 7, la letra b), el apartado 8 y el apartado 9. Las Partes aceptarán la decisión del tribunal de arbitraje como definitiva y no solicitarán un segundo procedimiento de arbitraje. El presente apartado no retrasará, en ningún caso, la fecha a partir de la cual la Parte demandante tiene derecho a suspender las obligaciones en virtud del presente artículo.
 13.
 La suspensión de las obligaciones o la reparación mencionadas en el presente artículo serán temporales y no se aplicarán una vez que:
 a)
 las Partes hayan alcanzado una solución de mutuo acuerdo con arreglo al artículo INST.31 [Solución de mutuo acuerdo];
 b)
 las Partes convengan en que la medida adoptada para el cumplimiento del laudo hace que la Parte demandada se ajuste a las disposiciones contempladas; o
 c)
 cualquier medida adoptada para dar cumplimiento que el tribunal de arbitraje considere incompatible con las disposiciones contempladas haya sido retirada o modificada a fin de que la Parte demandada cumpla esas disposiciones.
 Artículo INST.25: Revisión de cualquier medida adoptada para el cumplimiento del laudo después de la adopción de reparaciones temporales
 1.
 La Parte demandada notificará a la Parte demandante cualquier medida que haya adoptado para el cumplimiento del laudo tras la suspensión de las obligaciones o tras la aplicación de una reparación temporal, según sea el caso. Excepto en los casos previstos en el apartado 2, la Parte demandante pondrá fin a la suspensión de las obligaciones en un plazo de treinta días a partir de la entrega de la notificación. En los casos en que se haya aplicado la reparación, con excepción de los casos previstos en el apartado 2, la Parte demandada podrá poner fin a la aplicación de dicha reparación en un plazo de treinta días después de la entrega de su notificación conforme ha dado cumplimiento.
 2.
 Si las Partes disienten sobre si la medida notificada hace que la Parte demandada cumpla las disposiciones contempladas en un plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la notificación, la Parte demandante solicitará por escrito al tribunal de arbitraje inicial que resuelva sobre el asunto. El tribunal de arbitraje comunicará su laudo a las Partes a más tardar cuarenta y seis días después de la fecha de recepción de la solicitud. Se pondrá fin a la suspensión de las obligaciones o la reparación si el tribunal de arbitraje determina que la medida adoptada para el cumplimiento del laudo se ajusta a las disposiciones contempladas, según el caso. Cuando proceda, el nivel de la suspensión de las obligaciones o la reparación se ajustarán en función de la decisión del tribunal de arbitraje.
 Capítulo 4: Disposiciones de procedimiento comunes
 Artículo INST.26: Recepción de información
 1.
 A petición de una Parte, o por iniciativa propia, el tribunal de arbitraje podrá recabar de las Partes la información que considere necesaria y pertinente. Las Partes darán una respuesta pronta y completa a cualquier solicitud del tribunal de arbitraje en relación con dicha información.
 2.
 A petición de una Parte, o por iniciativa propia, el tribunal de arbitraje podrá recabar de cualquier fuente cualquier información que considere necesaria y pertinente. El tribunal de arbitraje también puede recabar la opinión de expertos si lo considera oportuno y con sujeción a los términos y condiciones acordados por las Partes, cuando proceda.
 3.
 El tribunal de arbitraje considerará amicus curiae las comunicaciones de personas físicas de una Parte o de personas jurídicas establecidas en una Parte de conformidad con el anexo INST- X [Normas de procedimiento].
 4.
 Toda información obtenida por el tribunal de arbitraje con arreglo al presente artículo se pondrá a disposición de las Partes y estas podrán presentar al tribunal de arbitraje observaciones sobre dicha información.
 Artículo INST.27: Listas de árbitros
 1.
 El Consejo de Asociación, a más tardar ciento ochenta días después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, establecerá una lista de personas con experiencia en sectores específicos cubiertos por el presente Acuerdo o sus acuerdos complementarios que estén dispuestas y puedan ejercer como miembros de un tribunal de arbitraje. La lista incluirá al menos quince personas y estará compuesta por tres sublistas:
 (a)una sublista de personas basada en propuestas de la Unión;
 (b)una sublista de personas basada en propuestas del Reino Unido; y
 (c)una sublista de personas que no son nacionales de ninguna de las Partes y que actuarán como presidentes del tribunal de arbitraje.
 Cada sublista estará compuesta al menos por cinco personas. El Consejo de Asociación velará por que en la lista figure siempre ese número mínimo de personas.
 2.
 El Consejo de Asociación podrá establecer listas adicionales de personas con experiencia en sectores específicos cubiertos por el presente Acuerdo o por cualquier acuerdo complementario. A reserva del acuerdo de las Partes, esas listas adicionales podrán utilizarse para constituir el tribunal de arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo INST.15 [Constitución de un tribunal de arbitraje], apartados 3 y 5. Las listas adicionales constarán de dos sublistas:
 (a)una sublista de personas basada en propuestas de la Unión; y
 (b)una sublista de personas basada en propuestas del Reino Unido.
 3.
 Las listas mencionadas en los apartados 1 y 2 no estarán compuestas por personas que sean miembros, funcionarios u otros agentes de las instituciones de la Unión, del Gobierno de un Estado miembro o del Gobierno del Reino Unido.
 Artículo INST.28: Sustitución de los árbitros
 Si en los procedimientos de solución de diferencias de conformidad con el presente título, un árbitro no puede participar, se retira o debe ser sustituido porque no cumple los requisitos del código de conducta, será aplicable el procedimiento establecido en el artículo INST.15 [Constitución de un tribunal de arbitraje]. El plazo para el dictamen de la resolución o decisión se prorrogará por el tiempo necesario para el nombramiento del nuevo árbitro.
 Artículo INST.29: Decisiones y laudos del tribunal de arbitraje
 1.
 Las deliberaciones del tribunal de arbitraje tendrán carácter confidencial. El tribunal de arbitraje hará todo lo posible para redactar resoluciones y adoptar decisiones por consenso. Si esto no fuera posible, el tribunal de arbitraje dirimirá la cuestión por mayoría de votos. Los votos particulares de los árbitros no se harán públicos en ningún caso.
 2.
 Las decisiones y laudos del tribunal de arbitraje serán vinculantes para la Unión y el Reino Unido. Estos no crearán derechos ni obligaciones respecto a personas físicas o jurídicas.
 3.
 Las decisiones y laudos del tribunal de arbitraje no pueden aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario.
 4.
 Para mayor certeza, el tribunal de arbitraje no tendrá competencia para determinar la legalidad de una medida que supuestamente constituya una violación del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario, en virtud del Derecho interno de una Parte. Ninguna decisión del tribunal de arbitraje al pronunciarse sobre una diferencia entre las Partes obligará a los órganos jurisdiccionales nacionales o de cualquiera de las Partes en cuanto a la interpretación que debe hacerse del Derecho interno de esa Parte.
 4 bis.
 Para mayor certeza, los tribunales de cada Parte no tendrán competencia para resolver las diferencias entre las Partes en virtud del presente Acuerdo.
 5.
 Cada una de las Partes pondrá a disposición del público los laudos y decisiones del tribunal de arbitraje, a reserva de la protección de la información confidencial.
 6.
 La información presentada por las Partes al tribunal de arbitraje será tratada de conformidad con las normas de confidencialidad establecidas en el anexo INST-X [Normas de procedimiento].
 Artículo INST.30: Suspensión y terminación de los procesos de arbitraje
 A petición conjunta de las Partes, el tribunal de arbitraje suspenderá sus actividades en cualquier momento por un período acordado por las Partes que no superará los doce meses consecutivos. El tribunal de arbitraje reanudará sus actividades antes de que finalice el período de suspensión a petición por escrito de ambas Partes, o al final del período de suspensión a petición por escrito de cualquiera de las Partes. La Parte requirente enviará una notificación a la otra Parte en consecuencia. Si una Parte no solicita la reanudación de las actividades del tribunal de arbitraje al final del período de suspensión, expirará la autoridad del grupo tribunal de arbitraje y se pondrá fin al procedimiento de solución de diferencias. En caso de suspensión de las actividades del tribunal de arbitraje, los plazos pertinentes se prorrogarán por el mismo período por el que se hubieran suspendido dichas actividades.
 Artículo INST.31: Solución de mutuo acuerdo
 5.Las Partes podrán llegar en cualquier momento a una solución de mutuo acuerdo respecto de cualquier diferencia a que se refiere el artículo INST.10 [Ámbito de aplicación].
 6.En caso de que se llegue a una solución de mutuo acuerdo durante el procedimiento del panel, las Partes notificarán conjuntamente la solución acordada al presidente del tribunal de arbitraje. Con tal notificación, se dará por concluido el procedimiento de arbitraje.
 7.La solución podrá adoptarse por medio de una decisión del Consejo de Asociación. Las soluciones de mutuo acuerdo se harán públicas. La versión que se haga pública no contendrá ninguna información que cualquiera de las Partes haya clasificado como confidencial.
 8.Cada Parte adoptará las medidas necesarias para aplicar la solución de mutuo acuerdo en el plazo acordado.
 9.Como muy tarde en la fecha en que venza el plazo acordado, la Parte encargada de la aplicación informará a la otra Parte, por escrito, de las medidas adoptadas para aplicar la solución de mutuo acuerdo.
 Artículo INST.32: Plazos
 1.
 Todos los plazos establecidos en el presente título corresponderán al número de días siguientes al acto o al hecho al que se refieran.
 2.
 Los plazos contemplados en el presente título podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las Partes.
 3.
 El tribunal de arbitraje podrá proponer en cualquier momento a las Partes que modifiquen cualquier plazo a que se hace referencia en el presente título, exponiendo los motivos de tal propuesta.
 Artículo INST.34: Gastos
 1.
 Cada una de las Partes asumirá los gastos en que incurra con motivo de su participación en el procedimiento del tribunal de arbitraje.
 2.
 Las Partes compartirán en igual medida los gastos derivados de los aspectos organizativos, incluidos la remuneración y los gastos de los miembros del tribunal de arbitraje. La remuneración de los árbitros se ajustará a lo dispuesto en el anexo INST-X [Normas de procedimiento].
 Artículo INST.34A: Anexos
 1.
 Los procedimientos de solución de diferencias establecidos en el presente título estarán regulados por las normas de procedimiento establecidas en el anexo INST-X [Normas de procedimiento] y se llevarán a cabo de conformidad con el anexo INST-X [Código de conducta].
 2.
 El Consejo de Asociación podrá modificar los anexos INST-X [Normas de procedimiento] e INST-X [Código de conducta].
 Capítulo 5: Disposiciones específicas para medidas unilaterales
 Artículo INST.34B: Procedimientos especiales para medidas correctoras y de reequilibrio
 1.
 A los efectos del artículo 3.12 [Medidas correctoras] del capítulo 3 [Control de las subvenciones] y el artículo 9.4 [Reequilibrio], apartados 2 y 3, del capítulo 9 [Disposiciones horizontales e institucionales] del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal y un desarrollo sostenible] del epígrafe primero de la segunda parte, el presente título se aplicará con las modificaciones establecidas en el presente artículo.
 2.
 No obstante lo dispuesto en el artículo INST.15 [Constitución de un tribunal de arbitraje] y el anexo INST-X [Normas de procedimiento de solución de diferencias], si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la composición del tribunal de arbitraje en un plazo de dos días, el copresidente del Consejo de Asociación de la Parte demandante elegirá por sorteo, a más tardar un día después del vencimiento del plazo de dos días, un árbitro de entre los que figuran en la sublista de cada Parte y al presidente del tribunal de arbitraje de la sublista de presidentes elaborada de conformidad con el artículo INST.27 [Listas de árbitros]. El copresidente del Consejo de Asociación de la Parte demandante podrá delegar esta elección por sorteo del árbitro o el presiente. Cada persona confirmará su disponibilidad a ambas Partes en un plazo de dos días a partir de la fecha en que se le haya comunicado su designación. La reunión organizativa a que se refiere la regla 10 del anexo INST-X [Normas de procedimiento de solución de diferencias] tendrá lugar en un plazo de dos días a partir de la constitución tribunal de arbitraje.
 3.
 No obstante lo dispuesto en la regla 11 del anexo INST-X [Normas de procedimiento de solución de diferencias], la Parte demandante entregará su comunicación escrita a más tardar siete días después de la fecha de constitución del tribunal de arbitraje. La Parte demandada entregará su comunicación escrita a más tardar siete días después de la fecha de entrega de la comunicación escrita de la Parte demandante. En caso necesario, el tribunal de arbitraje ajustará cualquier otro plazo pertinente del procedimiento de solución de diferencias a fin de garantizar la entrega oportuna del informe.
 4.
 El artículo INST.20 [Laudo del tribunal de arbitraje] no es aplicable y las referencias al laudo en el presente título se entenderán hechas al laudo a que se hace referencia en el
 (a)artículo 3.12 [Medidas correctoras], apartado 10, del capítulo 3 [Control de subvenciones] del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal y un desarrollo sostenible]; o
 (b)El artículo 9.4 [Reequilibrio], apartado 3, letra c).
 5.
 No obstante lo dispuesto en el artículo INST.23 [Examen del cumplimiento], apartado 2, el tribunal de arbitraje comunicará su decisión a las Partes a más tardar treinta días después de la fecha de recepción de la solicitud.
 Artículo INST.34C: Suspensión de obligaciones a efectos del artículo LPFS.3.12, apartado 12, el artículo FISH.9, apartado 5 y el artículo FISH.14, apartado 7.
 1.
 El nivel de la suspensión de obligaciones no excederá el nivel equivalente a la anulación o menoscabo de las ventajas derivadas del presente Acuerdo o de un acuerdo complementario directamente causados por las medidas correctoras desde la fecha en que estas entraron en vigor hasta la fecha en que se dicte el laudo.
 2.
 El nivel de la suspensión de obligaciones solicitado por la Parte demandante, así como la determinación por el tribunal de arbitraje del nivel de la suspensión de obligaciones, se basarán en hechos que demuestren que la anulación o menoscabo se deriva directamente de la aplicación de la medida correctora y afecta a bienes, proveedores de servicios, inversores u otros agentes económicos específicos, y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.
 3.
 El nivel de ventajas anuladas o menoscabadas solicitado por la Parte demandante o determinado por el tribunal de arbitraje:
 (a)no incluirá indemnizaciones punitivas, intereses o pérdidas hipotéticas de ganancias o de oportunidades de negocio;
 (b)se deducirá de cualquier reembolso previo de derechos, indemnización por daños y perjuicios u otras formas de compensación ya recibidas por los operadores afectados o por la Parte interesada; y
 (c)no incluirá la contribución a la anulación o menoscabo por acción u omisión intencionada o negligente de la Parte interesada o de cualquier persona o entidad en relación con la cual se soliciten soluciones en virtud de la suspensión de obligaciones prevista.
 Artículo INST.34D: Condiciones para las medidas de reequilibrio, correctoras, compensatorias y de salvaguardia
 Cuando una Parte adopte una medida en virtud del artículo 3.12 [Medidas correctoras] del capítulo 3 [Control de subvenciones] o del artículo 9.4 [Reequilibrio] del capítulo 9 [Disposiciones horizontales e institucionales] del título XI [Igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal y un desarrollo sostenible] del epígrafe primero de la segunda parte, del artículo ROAD.11 [Medidas correctoras] del epígrafe tercero [Transporte por carretera], del artículo FISH.9 [Medidas compensatorias en caso de retirada o reducción del acceso] o el artículo FISH.14 [Medidas correctoras y solución de diferencias] del epígrafe quinto de la segunda parte, o del artículo INST.36 [Medidas de salvaguardia] del título III de la sexta parte, dicha medida solo se aplicará en relación con las disposiciones contempladas en el sentido del artículo INST.10 [Ámbito de aplicación] y cumplirá, mutatis mutandis, las condiciones establecidas en el artículo INST.24 [Reparaciones temporales], apartado 3.
 Título II: Base de la cooperación
 Artículo COMPROV.4: Democracia, Estado de Derecho y derechos humanos
 1.
 Las Partes continuarán defendiendo los valores y principios compartidos de democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, que fundamentan sus políticas nacionales e internacionales. A este respecto, las Partes reafirman su adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que son Parte.
 2.
 Las Partes fomentarán estos valores y principios compartidos en los foros internacionales. Las Partes cooperarán a fin de promover dichos valores y principios, en particular con o en terceros países.
 Artículo COMPROV.5: Lucha contra el cambio climático
 1.
 Las Partes consideran que el cambio climático representa una amenaza existencial para la humanidad y reiteran su compromiso de fortalecer la respuesta mundial a esta amenaza. La lucha contra el cambio climático provocado por el ser humano según se expone en el proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y, en particular, en el Acuerdo de París adoptado por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio en su 21.o período de sesiones (el «Acuerdo de París») inspira las políticas internas y externas de la Unión y del Reino Unido. En consecuencia, cada una de las Partes respetará el Acuerdo de París y el proceso establecido por la CMNUCC y se abstendrá de realizar actos u omisiones que frustren materialmente el objeto y la finalidad del Acuerdo de París.
 2.
 Las Partes promoverán la lucha contra el cambio climático en los foros internacionales, en particular mediante la colaboración con otros países y regiones con el fin de aumentar su nivel de ambición respecto de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
 Artículo COMPROV.6: Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva
 1.
 Las Partes consideran que la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) y de sus vectores, entre agentes tanto públicos como privados, representa una de las amenazas más graves para la estabilidad y la seguridad internacionales. Las Partes acuerdan, por tanto, cooperar y contribuir a la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores, mediante el pleno cumplimiento y la aplicación nacional de las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados y acuerdos internacionales de desarme y de no proliferación y otras obligaciones internacionales en la materia.
 2.
 Asimismo, las Partes acuerdan cooperar y contribuir a la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores mediante lo siguiente:
 (a)adoptando las medidas necesarias para firmar, ratificar o adherirse, según proceda, a todos los demás instrumentos internacionales pertinentes, y aplicándolos en su totalidad; y
 (b)estableciendo un sistema eficaz de controles nacionales a la exportación, que controle las exportaciones y el tránsito de mercancías relacionadas con las ADM, en particular un control del uso final en dichas armas de las tecnologías de doble uso que incluya sanciones eficaces para las infracciones a los controles a la exportación.
 3.
 Las Partes convienen en establecer un diálogo periódico sobre estas cuestiones.
 Artículo COMPROV.7: Armas pequeñas y armas ligeras y otras armas convencionales
 1.
 Las Partes reconocen que la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas ligeras y armas de pequeño calibre (ALPC), incluidas sus municiones, su acumulación excesiva, su gestión deficiente, la existencia de arsenales con condiciones de seguridad insuficientes y su diseminación incontrolada siguen constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
 2.
 Las Partes convienen en observar y aplicar plenamente sus respectivas obligaciones de hacer frente al comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre, incluidas sus municiones, con arreglo a los actuales acuerdos internacionales y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como sus respectivos compromisos en el marco de otros instrumentos internacionales aplicables en este ámbito, tales como el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre en todos sus aspectos.
 3.
 Las Partes reconocen la importancia de los sistemas de control interno para la transferencia de armas convencionales en consonancia con las normas internacionales vigentes. Las Partes reconocen la importancia de aplicar esos controles de forma responsable, como contribución a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales y regionales, y a la reducción del sufrimiento humano, así como para la prevención del desvío de armas convencionales.
 4.
 A este respecto, las Partes se comprometen a aplicar en su totalidad el Tratado sobre el Comercio de Armas y a cooperar entre sí en el marco de dicho Tratado, en particular en el fomento de su universalización y plena aplicación por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.
 5.
 Las Partes se comprometen, por tanto, a cooperar en sus esfuerzos por regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales, así como por prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas.
 6.
 Las Partes convienen en establecer un diálogo periódico sobre estas cuestiones.
 Artículo COMPROV.8: Los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional
 1.
 Las Partes reafirman que los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes y que debe asegurarse su persecución efectiva, tomando medidas a nivel nacional y estrechando la cooperación internacional, en particular con la Corte Penal Internacional. Las Partes convienen en respaldar plenamente la universalidad e integridad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los instrumentos conexos.
 2.
 Las Partes convienen en establecer un diálogo periódico sobre estas cuestiones.
 Artículo COMPROV.9: Lucha antiterrorista
 1.
 Las Partes cooperarán en los niveles bilateral, regional e internacional para prevenir los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y luchar contra ellos, de conformidad con el Derecho internacional, incluidos, en su caso, los acuerdos internacionales relacionados con la lucha antiterrorista, el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, así como de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
 2.
 Las Partes reforzarán la cooperación en materia de lucha antiterrorista, en particular la prevención y la lucha contra el extremismo violento y la financiación del terrorismo, con el fin de promover sus intereses comunes en materia de seguridad, teniendo en cuenta la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin perjuicio de la cooperación policial y judicial en materia penal y de los intercambios de información.
 3.
 Las Partes convienen en establecer un diálogo periódico sobre estas cuestiones. Este diálogo tendrá entre otros objetivos el de promover y facilitar lo siguiente:
 (a)el intercambio de evaluaciones sobre la amenaza terrorista;
 (b)el intercambio de mejores prácticas y conocimientos especializados en materia de lucha contra el terrorismo;
 (c)la cooperación operativa y el intercambio de información; y
 (d)los intercambios sobre cooperación en el marco de las organizaciones multilaterales.
 Artículo COMPROV.10: Protección de datos personales
 1.
 Las Partes afirman su compromiso de garantizar un alto nivel de protección de los datos personales. Se esforzarán por colaborar en la promoción de unas normas internacionales estrictas.
 2.
 Las Partes reconocen que los individuos tienen derecho a la protección de los datos personales y la privacidad y que unas normas estrictas a este respecto contribuyen a confiar en la economía digital y a desarrollar el comercio, y son un factor clave para una cooperación policial eficaz. Para ello, las Partes se comprometerán a respetar, cada una en el marco de sus respectivas leyes y reglamentos, los compromisos que han contraído en el presente Acuerdo en relación con tales derechos.
 3.
 Las Partes cooperarán a nivel bilateral y multilateral, siempre respetando sus respectivas leyes y reglamentos. Dicha cooperación podría incluir el diálogo, el intercambio de experiencias y la cooperación en materia de aplicación de la ley, según proceda, con respecto a la protección de los datos personales.
 4.
 Cuando este Acuerdo, o cualquier acuerdo complementario, disponga la transmisión de datos personales, dicha transmisión se llevará a cabo de conformidad con la ley en materia de protección de los datos personales de la Parte que realiza la transmisión. Para mayor certeza, el presente apartado se entiende sin perjuicio de la aplicación de cualquier disposición específica en el presente Acuerdo relativa a la transmisión de datos personales, en particular el artículo DIGIT.7 [Protección de los datos personales y privacidad] y el artículo LAWGEN.4 [Protección de datos personales], y al título I de la sexta parte [Solución de diferencias]. En caso necesario, cada Parte hará todo lo posible por, con arreglo a sus normas sobre transferencias internacionales de datos personales, establecer las garantías necesarias para la transferencia de datos personales, teniendo en cuenta cualquier recomendación del Consejo de Asociación del artículo INST.1 [Consejo de Asociación], apartado 4.
 Artículo COMPROV.11: Cooperación mundial en cuestiones de interés económico, medioambiental y social compartido
 1.
 Las Partes reconocen la importancia de la cooperación a escala mundial para abordar las cuestiones que presentan un interés económico, medioambiental y social común. Cuando sea de interés mutuo, promoverán soluciones multilaterales a problemas comunes.
 2.
 Al tiempo que preservan su autonomía de decisión, y sin perjuicio de otras disposiciones del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario, las Partes tratarán de cooperar en las cuestiones mundiales actuales y emergentes de interés común, como son la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la contaminación transfronteriza, la protección ambiental, la digitalización, la salud pública, la protección de los consumidores, la fiscalidad, la estabilidad financiera, el comercio libre y justo y la inversión. A tal fin, se esforzarán por mantener un diálogo constante y efectivo y, en la medida de lo posible, coordinarán sus posiciones en las organizaciones y foros multilaterales en que participen las Partes, como las Naciones Unidas, el Grupo de los Siete (G-7), el Grupo de los Veinte (G-20), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
 Artículo COMPROV.12: Elementos esenciales
 El artículo COMPROV.4 [Democracia, Estado de Derecho y derechos humanos], apartado 1, el artículo COMPROV.5 [Lucha contra el cambio climático], apartado 1, y el artículo COMPROV.6 [Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva], apartado 1 constituyen elementos esenciales de la asociación establecida mediante el presente Acuerdo y los acuerdos complementarios.
 Título III: Cumplimiento de obligaciones y medidas de salvaguardia
 Artículo INST.35: Cumplimiento de las obligaciones descritas como elementos esenciales
 1.
 Si alguna de las Partes considera que ha habido un incumplimiento grave y sustancial de la otra Parte en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se describen como elementos esenciales en el artículo COMPROV.12 [Elementos esenciales], podrá decidir dar por terminado este Acuerdo o cualquier acuerdo complementario, o suspender su aplicación, ya sea total o parcialmente.
 2.
 Antes de hacerlo, la Parte que apele a la aplicación de este artículo deberá solicitar que el Consejo de Asociación se reúna inmediatamente con miras a buscar una solución oportuna y de mutuo acuerdo. Si no se encuentra una solución de mutuo acuerdo en un plazo de treinta días a partir de la fecha de la solicitud realizada al Consejo de Asociación, la Parte podrá adoptar las medidas mencionadas en el apartado 1.
 3.
 Las medidas a las que se refiere el apartado 1 se adoptarán respetando plenamente el Derecho internacional y serán proporcionadas. Se dará prioridad a las medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo y de cualquier acuerdo complementario.
 4.
 Las Partes consideran que, para que una situación constituya un incumplimiento grave y sustancial de cualquiera de las obligaciones contempladas como elementos esenciales en el artículo COMPROV.12 [Elementos esenciales], su gravedad y naturaleza deben ser de una naturaleza excepcional que amenace la paz y la seguridad o que tenga repercusiones internacionales. Para mayor certeza, un acto u omisión que rechace materialmente el objeto y propósito del Acuerdo de París siempre se considerará como un incumplimiento grave y sustancial a los efectos de este artículo.
 Artículo INST.36: Medidas de salvaguardia
 1. Si surgen graves dificultades, que puedan persistir, económicas, sociales o ambientales de carácter sectorial o regional, también en relación con las actividades pesqueras y sus comunidades dependientes, la Parte interesada podrá adoptar unilateralmente las medidas de salvaguardia adecuadas. El alcance y la duración de estas medidas de salvaguardia serán los estrictamente necesarios para remediar la situación. Se concederá preferencia a las medidas que menos perturben la aplicación del presente Acuerdo.
 2. La Parte interesada notificará sin demora a la otra Parte mediante el Consejo de Asociación las medidas adoptadas y aportará toda la información que corresponda. Las Partes celebrarán de inmediato consultas en el seno del Consejo de Asociación a fin de hallar una solución mutuamente aceptable.
 3. La Parte interesada no podrá adoptar medidas de salvaguardia hasta un mes después de la fecha de la notificación contemplada en el apartado 2, salvo que el procedimiento de consulta indicado en dicho apartado se haya celebrado de forma conjunta antes del vencimiento de dicho plazo. Cuando circunstancias excepcionales que exijan una intervención inmediata excluyan la posibilidad de un examen previo, la Parte interesada podrá aplicar de inmediato las medidas de salvaguardia estrictamente necesarias para remediar la situación.
 La Parte interesada notificará sin demora al Consejo de Asociación las medidas adoptadas y aportará toda la información que corresponda.
 4. Si una medida de salvaguardia adoptada por la Parte interesada crea un desequilibrio entre los derechos y obligaciones en virtud del presente Acuerdo o en virtud de cualquier acuerdo complementario, la otra Parte podrá tomar las medidas de reequilibrio proporcionadas que sean estrictamente necesarias para corregir el desequilibrio. Se otorgará preferencia a aquellas medidas que menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo. Los apartados 2 a 4 se aplicarán mutatis mutandis a dichas medidas de reequilibrio.
 5. Cualquiera de las Partes podría, sin recurrir previamente a consultas, de conformidad con el artículo INST.13 [Consultas], iniciar el procedimiento de arbitraje mencionado en el artículo INST.14 [Procedimiento arbitral] para impugnar una medida adoptada por la otra Parte en aplicación de los apartados 1 a 5 del presente artículo.
 6. Las medidas de salvaguardia mencionadas en el apartado 1 y las medidas de reequilibrio recogidas en el apartado 5 también podrán tomarse en relación con un acuerdo complementario, salvo que dicho acuerdo disponga lo contrario.
 SÉPTIMA PARTE: DISPOSICIONES FINALES
 Artículo FINPROV.1: Ámbito territorial
 1.
 El presente Acuerdo se aplicará a:
 (a)los territorios en los que son aplicables el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en las condiciones establecidas en dichos Tratados; y
 (b)el territorio del Reino Unido.
 2.
 El presente Acuerdo se aplicará también a la Bailía de Guernesey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man en la medida establecida en el epígrafe quinto [Pesca] y en el artículo OTH.9 [Ámbito geográfico de aplicación] del epígrafe sexto [Otras disposiciones] de la segunda parte del presente Acuerdo.
 3.
 El presente Acuerdo no se aplicará a Gibraltar ni tendrá efectos en dicho territorio.
 4.
 El presente Acuerdo no se aplicará a los territorios de ultramar que mantienen relaciones especiales con el Reino Unido: Anguila; Bermudas; territorio antártico británico; territorios británicos del Océano Índico; Islas Vírgenes británicas; Islas Caimán; Islas Malvinas (Falkland); Montserrat; Pitcairn, Henderson, Ducie y las Islas Oeno; Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha; Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur; e Islas Turcas y Caicos.
 Artículo FINPROV.2: Relación con otros acuerdos
 Este Acuerdo y cualquier acuerdo complementario se aplicarán sin perjuicio de cualquier acuerdo bilateral anterior entre el Reino Unido, por una parte, y la Unión y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por otra. Las Partes reafirman sus obligaciones de ejecutar dicho Acuerdo.
 Artículo FINPROV.3: Revisión
 Las Partes revisarán conjuntamente la aplicación del presente Acuerdo y los acuerdos complementarios y cualquier asunto relacionado con ellos cinco años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y cada cinco años a partir de entonces.
 Artículo FINPROV.6: Información clasificada e información delicada no clasificada
 Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo ni en ningún acuerdo complementario se interpretará como un requisito para que una Parte pueda hacer pública información clasificada.
 La información o el material clasificado proporcionado por las Partes o intercambiado entre ellas en virtud de este Acuerdo o de cualquier acuerdo complementario se manejará y protegerá de conformidad con el Acuerdo sobre la seguridad de la información clasificada y cualquier acuerdo de aplicación celebrado en virtud del mismo.
 Las Partes acordarán instrucciones de manejo para asegurar la protección de la información delicada no clasificada intercambiada entre ellas.
 Artículo FINPROV.7: Partes integrantes del presente Acuerdo
 1.
 Los protocolos, anexos, apéndices y notas a pie de página del presente Acuerdo forman parte integrante del presente Acuerdo.
 2.
 Cada uno de los anexos del presente Acuerdo, incluidos sus apéndices, formará parte integrante de la sección, el capítulo, el título, el epígrafe o el protocolo que haga referencia a dicho anexo o al que se haga referencia en dicho anexo. Para mayor certeza:
 (a)El anexo INST-X [REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN Y LOS COMITÉS] es parte integrante del título III [Marco institucional] de la primera parte.
 (b)Los anexos ORIG-1 [ NOTAS INTRODUCTORIAS A LAS NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS], ORIG-2 [NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS], ORIG-2A [CONTINGENTES DE ORIGEN Y ALTERNATIVAS A LAS NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS QUE FIGURAN EN EL ANEXO ORIG-2 [NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS]], ORIG-2B [NORMAS TRANSITORIAS ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS], ORIG-3 [DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR], ORIG-4 [TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE ORIGEN], ORIG-5 [DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA AL PRINCIPADO DE ANDORRA] Y ORIG-6 [DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LA REPÚBLICA DE SAN MARINO] son parte integrante del capítulo 2 [Normas de origen] del título I del epígrafe primero de la segunda parte.
 (c)El anexo SPS-1 [CRITERIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SPS.19, LETRA d)] es parte integrante del capítulo 3 [Medidas sanitarias y fitosanitarias] del título I del epígrafe primero de la segunda parte.
 (d)El anexo TBT-XX [MECANISMO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 4, PARA EL INTERCAMBIO PERIÓDICO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS Y CORRECTORAS CONEXAS], el anexo TBT-ZZ [MECANISMO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 5, PARA EL INTERCAMBIO PERIÓDICO DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS DISTINTOS DE LOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 4], el anexo TBT-1 [VEHÍCULOS DE MOTOR, EQUIPOS Y SUS COMPONENTES], el anexo TBT-2 [MEDICAMENTOS], el anexo TBT-3 [PRODUCTOS QUÍMICOS], el anexo TBT-4 [PRODUCTOS ECOLÓGICOS] y el anexo TBT-5 [COMERCIO DE VINO] son parte integrante del capítulo 4 [Obstáculos técnicos al comercio ] del título I del epígrafe primero de la segunda parte.
 (e)El anexo CUSTMS-1 [OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS] es parte integrante del capítulo 5 [Aduanas y facilitación del comercio] del título I del epígrafe primero de la segunda parte.
 (f)Los anexos SERVIN-1 [MEDIDAS VIGENTES], SERVIN-2 [MEDIDAS FUTURAS], SERVIN-3 [PERSONAS EN VISITA DE NEGOCIOS CON FINES DE ESTABLECIMIENTO, PERSONAS TRASLADADAS DENTRO DE UNA MISMA EMPRESA Y PERSONAS EN VISITA DE NEGOCIOS DE CORTA DURACIÓN], SERVIN-4 [PROVEEDORES DE SERVICIOS CONTRACTUALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES], SERVIN-5 [CIRCULACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS/NATURALES] Y SERVIN-6 [DIRECTRICES PARA LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES ] son parte integrante del título II [Servicios e inversiones] del epígrafe primero de la segunda parte.
 (g)El anexo PPROC-1 [CONTRATACIÓN PÚBLICA] es parte integrante del título VI [Contratación pública] del epígrafe primero de la segunda parte.
 (h)Los anexos ENER-1 [LISTAS DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS, HIDROCARBUROS Y MATERIAS PRIMAS], ENER-2 [ENERGÍA Y SUBSIDIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE], ENER-3 [NO APLICACIÓN DEL ACCESO DE TERCEROS Y SEPARACIÓN DE LA PROPIEDAD A NUEVAS INFRAESTRUCTURAS] Y ENER-4 [ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN EL HORIZONTE TEMPORAL DEL MERCADO DIARIO] son parte integrante del título VIII [Energía] del epígrafe primero de la segunda parte.
 (i)El anexo ENER-2 [ENERGÍA Y SUBSIDIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE] es parte integrante del título XI [LPFOFCSD] del epígrafe primero de la segunda parte.
 (j)El anexo AVSAF-1 [CERTIFICACIÓN DE LA AERONAVEGABILIDAD Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL], así como cualquier anexo adoptado de conformidad con el artículo AVSAF.12 [Adopción y modificaciones de los anexos del presente título] son parte integrante del título II [Seguridad aérea] del epígrafe segundo de la segunda parte.
 (k)El anexo ROAD-1 [TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA] es parte integrante del título I [Transporte de mercancías por carretera] del epígrafe tercero de la segunda parte.
 (l)Los anexos ROAD-2 [MODELO DE AUTORIZACIÓN DE UN SERVICIO INTERNACIONAL REGULAR O REGULAR ESPECIAL], ROAD-3 [MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UN SERVICIO INTERNACIONAL REGULAR O REGULAR ESPECIAL] y ROAD-4 [MODELO DE HOJA DE RUTA PARA SERVICIOS DISCRECIONALES] son parte integrante del título II [Transporte de viajeros por carretera] del epígrafe tercero de la segunda parte.
 (m)[Los anexos FISH.1, FISH.2, FISH.3 and FISH.4 [PROTOCOLO SOBRE EL ACCESO A LAS AGUAS] son parte integrante del epígrafe quinto [Pesca] de la segunda Parte].
 (n)El anexo LAW-1 [INTERCAMBIO DE DATOS DE ADN, HUELLAS DACTILARES Y MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS] es parte integrante del título II [Intercambio de datos de ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos] de la tercera parte.
 (o)El anexo LAW-2 [DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE LOS PASAJEROS] es parte integrante del título III [Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros] de la tercera parte.
 (p)El anexo LAW-3 [FORMAS DE DELICUENCIA RESPECTO DE LAS CUALES EUROPOL ES COMPETENTE] es parte integrante del título V [Cooperación con Europol] de la tercera parte.
 (q)El anexo LAW-4 [FORMAS DE DELICUENCIA GRAVE RESPECTO DE LAS CUALES EUROJUST ES COMPETENTE] es parte integrante del título VI [Cooperación con Eurojust] de la tercera parte.
 (r)El anexo LAW-5 [ORDEN DE DETENCIÓN] es parte integrante del título VII [Entregas] de la tercera parte.
 (s)El anexo LAW-6 [INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES PENALES – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE PROCEDIMIENTO] es parte integrante del título IX [Intercambio de información de antecedentes penales] de la tercera parte.
 (t)El anexo LAW-7 [DEFINICIÓN DE TERRORISMO] es parte integrante del título III [Transferencia y tratamiento de los datos del registro de nombres de los pasajeros], el título VII [Entregas] y el título XI [Embargo preventivo y decomiso] de la tercera parte.
 (u)El anexo LAW-8 [EMBARGO Y DECOMISO] es parte integrante del título XI [Embargo preventivo y decomiso] de la tercera parte.
 (v)El anexo UNPRO-1 [APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS [Artículo UNPRO.2.1.11]] es parte integrante de la Sección 2 [Normas sobre financiación de la participación en programas y actividades de la Unión] del capítulo 1 de la quinta parte [Participación en programas de la Unión, buena gestión financiera y disposiciones financieras].
 (w)El anexo INST-X [NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS] y el anexo INST-X [CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ÁRBITROS] son parte integrante del título I [Solución de diferencias] de la sexta parte.
 (x)El ANEXO DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A LA ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA DE COBRO DE LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A DETERMINADOS IMPUESTOS Y DERECHOS es parte integrante del Protocolo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos y derechos.
 (y)Los anexos SSC-1 [DETERMINADAS PRESTACIONES EN METÁLICO A LAS QUE NO SE APLICARÁ EL PROTOCOLO], SSC-2 [RESTRICCIÓN DE DERECHOS A LAS PRESTACIONES EN ESPECIE PARA MIEMBROS DE LA FAMILIA DE UN TRABAJADOR FRONTERIZO], SSC-3 [DERECHOS ADICIONALES PARA LOS PENSIONISTAS QUE REGRESAN AL ESTADO COMPETENTE], SSC-4 [CASOS EN LOS QUE NO SE PUEDE EFECTUAR O NO SE APLICA EL CÁLCULO PRORRATEADO], SSC-5 [PRESTACIONES Y ACUERDOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SSC.49 [Acumulación de prestaciones de la misma naturaleza]], SSC-6 [DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DEL REINO UNIDO], SSC-7 [PARTE RELATIVA A LA APLICACIÓN] y SSC-8 [DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SSC.11 [TRABAJADORES DESPLAZADOS]] y sus apéndices son parte integrante del Protocolo sobre coordinación de la seguridad social.
 Artículo FINPROV.8: Denuncia
 Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita por vía diplomática. El presente Acuerdo y cualquier acuerdo complementario dejarán de estar en vigor el primer día del duodécimo mes siguiente a la fecha de notificación.
 Artículo FINPROV.9: Textos auténticos
 El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca. Todas las versiones lingüísticas del Acuerdo se someterán, a más tardar el 30 de abril de 2021, a un proceso de revisión jurídica final. No obstante lo dispuesto en la frase anterior, el proceso de revisión jurídica final de la versión inglesa del Acuerdo concluirá a más tardar el día mencionado en el artículo FINPROV.11 [Entrada en vigor y aplicación provisional], apartado 1, si este día es anterior al 30 de abril de 2021.
 Las versiones lingüísticas resultantes del proceso de revisión jurídica final mencionado sustituirán ab initio las versiones firmadas del Acuerdo y se considerarán auténticas y definitivas mediante canje de notas diplomáticas entre las Partes.
 Artículo FINPROV.10: Futuras adhesiones a la Unión
 1.
 La Unión notificará al Reino Unido cualquier nueva solicitud de adhesión de un tercer país a la Unión.
 2.
 Durante las negociaciones entre la Unión y el tercer país relativas a la adhesión de dicho país a la Unión
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 , la Unión se esforzará para:
 a) previa solicitud del Reino Unido y, en la medida de lo posible, facilitar información sobre cualquier asunto contemplado en el presente Acuerdo y en cualquier acuerdo complementario; y
 b) tener en cuenta todas las preocupaciones expresadas por el Reino Unido.
 3.
 El Consejo de Asociación examinará los efectos de la adhesión de un tercer país a la Unión en el presente Acuerdo y en cualquier acuerdo complementario con suficiente antelación con respecto a dicha fecha de adhesión.
 4.
 En la medida en que sea necesario, el Reino Unido y la Unión, antes de la entrada en vigor del acuerdo sobre la adhesión de un tercer país a la Unión:
 a) modificarán el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario; y
 b) adoptarán, mediante decisión del Consejo de Asociación, cualesquiera otros ajustes o disposiciones transitorias que sean necesarios en relación con el presente Acuerdo o cualquier acuerdo complementario;
 c) decidirán, en el marco del Consejo de Asociación si:
 I) se aplica el artículo VSTV.1 [] a los nacionales de ese tercer país; o
 ii) se establecen disposiciones transitorias con respecto al artículo VSTV.1 [Visados para visitas de corta duración] en relación con este tercer país y sus nacionales una vez que este se adhiera a la Unión.
 5.
 En ausencia de una decisión en virtud del apartado 4, letra c), incisos i) o ii) cuando entre en vigor el acuerdo de adhesión del tercer país pertinente a la Unión, el artículo VSTV.1 [Visados para visitas de corta duración] no se aplicará a los nacionales de dicho tercer país.
 6.
 En el caso de que el Consejo de Asociación establezca disposiciones transitorias a que se refiere el apartado 4, letra c), inciso ii), especificará su duración. El Consejo de Asociación podrá prorrogar la duración de dichas disposiciones transitorias.
 7.
 Antes de la expiración de las disposiciones transitorias a las que se refiere el apartado 4, letra c), inciso ii), el Consejo de Asociación decidirá si aplica el artículo VSTV.1 [Visados para visitas de corta duración] a los nacionales de ese tercer país a partir del final de las disposiciones transitorias. En ausencia de dicha decisión, el artículo VSTV.1 [Visados para visitas de corta duración] no se aplicará a los nacionales de dicho tercer país a partir del final de las disposiciones transitorias.
 8.
 El apartado 4, letra c), y los apartados 5 y 7 se entienden sin perjuicio de las prerrogativas de la Unión con arreglo a su legislación interna.
 9.
 Para mayor seguridad y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, letra c) y los apartados 5 a 7, el presente Acuerdo se aplicará en relación con un nuevo Estado miembro de la Unión Europea a partir de la fecha de adhesión de dicho nuevo Estado miembro a la Unión Europea.
 Artículo FINPROV.10A: Disposición provisional para la transmisión de datos personales al Reino Unido
 1.
 Durante el período especificado, la transmisión de datos personales de la Unión al Reino Unido no se considerará como una transferencia a un tercer país con arreglo al Derecho de la Unión, siempre que el 31 de diciembre de 2020 se aplique la legislación sobre protección de datos del Reino Unido, mantenida e incorporada al Derecho del Reino Unido mediante el Acto legislativo de 2018 (Retirada) de la Unión Europea y modificada por los Reglamentos de 2019 sobre protección de datos, intimidad y comunicaciones electrónicas (Modificaciones, etc.) (Salida de la UE)
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 («el régimen de protección de datos aplicable»), y siempre que el Reino Unido no ejerza las competencias conferidas sin el acuerdo de la Unión en el marco del Consejo de Asociación.
 2.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 a 11, el apartado 1 también se aplicará en relación con la transmisión de datos personales procedentes de Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de Noruega al Reino Unido durante el período especificado con arreglo al Derecho de la Unión que se aplica en dichos Estados en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo celebrado en Porto el 2 de mayo de 1992, mientras el apartado 1 se aplique a la transmisión de datos personales de la Unión al Reino Unido, siempre que estos Estados notifiquen por escrito a ambas Partes su aceptación expresa por lo que se refiere a aplicar esta disposición.
 3.
 En el presente artículo, se entiende por «competencias conferidas» las competencias para:
 (a)adoptar reglamentos con arreglo a los artículos 17A, 17C y 74A de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018;
 (b)emitir un nuevo documento en el que se especifiquen las cláusulas estándar de protección de datos con arreglo a la sección 119A de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018;
 (c)aprobar un nuevo proyecto de código de conducta con arreglo al artículo 40, apartado 5, del RGPD del Reino Unido, distinto de un código de conducta que no pueda invocarse para proporcionar garantías adecuadas para las transferencias de datos personales a un tercer país con arreglo al artículo 46, apartado 2, del RGPD del Reino Unido;
 (d)aprobar nuevos mecanismos de certificación con arreglo al artículo 42, apartado 5, del RGPD del Reino Unido, distintos de los mecanismos de certificación que no puedan invocarse para proporcionar garantías adecuadas para las transferencias de datos personales a un tercer país con arreglo al artículo 46, apartado 2, letra f), del RGPD del Reino Unido;
 (e)aprobar nuevas normas corporativas vinculantes con arreglo al artículo 47 del RGPD del Reino Unido;
 (f)autorizar las nuevas cláusulas contractuales a las que se hace referencia en el artículo 46, apartado 3, letra a), del RGPD del Reino Unido; o
 (g)autorizar los nuevos acuerdos administrativos a los que se refiere el artículo 46, apartado 3, letra b), del RGPD del Reino Unido.
 4.
 El «período especificado» comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, finalizará:
 (a)En la fecha en que la Comisión Europea adopte decisiones de adecuación en relación con el Reino Unido con arreglo al artículo 36, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/680 y al artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, o, si fuera anterior
 (b)en la fecha correspondiente a cuatro meses después del inicio del período especificado, plazo que podrá prorrogarse dos meses adicionales, salvo objeción por
 una de las Partes,
 5.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 6 y 7, si, durante el período especificado, el Reino Unido modifica el régimen de protección de datos aplicable o ejerce las competencias designadas sin el acuerdo de la Unión en el marco del Consejo de Asociación, el período especificado finalizará en la fecha en que se ejerzan las competencias o entre en vigor la modificación.
 6.
 Las referencias al ejercicio de las competencias designadas en los apartados 1 a 5 no incluyen el ejercicio de dichas competencias cuando su efecto está limitado a la armonización con la legislación pertinente en materia de protección de datos de la Unión.
 7.
 Cualquier otra cosa que de otro modo sería una modificación del régimen de protección de datos que:
 (a)se haya hecho con el acuerdo de la Unión en el marco del Consejo de Asociación; o
 (b)se limite a la armonización con la legislación pertinente en materia de protección de datos de la Unión;
 no se considerará una modificación al régimen de protección de datos aplicable a efectos del apartado 5, sino que deberá considerarse parte del régimen de protección de datos aplicable a efectos del apartado 1.
 8.
 A efectos de los apartados 1, 5 y 7, por «acuerdo de la Unión en el marco del Consejo de Asociación» se entenderá:
 (a)una decisión el Consejo de Asociación como se describe en el apartado 11; o
 (b)un acuerdo incoado según lo descrito en el apartado 10.
 9.
 Si el Reino Unido notifica a la Unión que se propone ejercer las competencias designadas o se propone modificar el régimen de protección de datos aplicable, cualquiera de las dos Partes podrá solicitar, en un plazo de cinco días laborables, una reunión del Consejo de Asociación que deberá tener lugar en un plazo de dos semanas a partir de dicha solicitud.
 10.
 Si no se solicita dicha reunión, se considerará que la Unión ha dado su acuerdo a tal ejercicio o modificación durante el período especificado.
 11.
 En caso de solicitarse, en dicha reunión el consejo de Asociación examinará el ejercicio o la modificación propuestos y podrá adoptar una decisión en la que declare su acuerdo con el ejercicio o la modificación durante el período especificado.
 12.
 En la medida en que sea razonablemente posible, el Reino Unido notificará a la Unión en qué momento, durante el período especificado, incorporará un nuevo instrumento que pueda invocarse para transferir datos personales a un tercer país con arreglo al artículo 46, apartado 2, letra a), del RGPD del Reino Unido o a la sección 75, apartado 1, letra a) de la Ley de Protección de datos del Reino Unido de 2018 durante el período especificado. A raíz de una notificación del Reino Unido con arreglo al presente apartado, la Unión podrá solicitar una reunión del Consejo de Asociación para hablar del instrumento pertinente.
 13.
 El título I [Solución de diferencias] de la sexta parte no se aplica a las diferencias relativas a la interpretación y la aplicación del presente artículo.
 Artículo FINPROV.11: Entrada en vigor y aplicación provisional
 1.
 El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquel en que ambas Partes se hayan notificado mutuamente que han cumplido sus respectivos requisitos y procedimientos internos para establecer su consentimiento a vincularse.
 2.
 Las Partes acuerdan aplicar provisionalmente el presente Acuerdo a partir del 1 de enero de 2021, siempre que antes de esa fecha se hayan notificado mutuamente que se han cumplido sus respectivos requisitos y procedimientos internos para establecer su consentimiento a vincularse. La aplicación provisional cesará en la fecha que ocurra primero de entre las siguientes:
 (a)el 28 de febrero de 2021 u otra fecha que decida el Consejo de Asociación; o
 (b)el día mencionado en el apartado 1.
 3.
 A partir de la fecha de la aplicación provisional del presente Acuerdo, las Partes entenderán las referencias hechas en el presente Acuerdo a «la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo» o a «la entrada en vigor del presente Acuerdo» como referencias a la fecha en que el presente Acuerdo se aplique provisionalmente.
 ANEXOS
 ANEXO INST: REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN Y LOS COMITÉS
 Regla 1
 Presidente
 1.
 La Unión y el Reino Unido se notificarán el nombre, el cargo y los datos de contacto de los respectivos copresidentes designados. Se considera que cada copresidente está autorizado a representar, respectivamente, a la Unión y al Reino Unido, hasta la fecha en que se notifique un nuevo copresidente a la otra Parte.
 2.
 Las decisiones de los copresidentes previstas en el presente Reglamento interno se adoptarán de común acuerdo.
 3.
 Un copresidente podrá ser sustituido en una reunión concreta por la persona que se designe. El copresidente, o la persona que haya designado, notificará la designación al otro copresidente y a la Secretaría del Consejo de Asociación tan pronto como sea posible. Se entenderá que toda referencia a los copresidentes contenida en el presente Reglamento interno incluye a una persona designada.
 Regla 2
 Secretaría
 La Secretaría del Consejo de Asociación (en lo sucesivo, «Secretaría») estará compuesta por un funcionario de la Unión y un funcionario del Gobierno del Reino Unido. La Secretaría desempeñará las funciones que le atribuye el presente Reglamento interno.
 La Unión y el Reino Unido se notificarán mutuamente el nombre, el cargo y los datos de contacto del funcionario miembro de la Secretaría del Consejo de Asociación de la Unión y del Reino Unido, respectivamente. Se considerará que el funcionario en cuestión sigue actuando como miembro de la Secretaría en nombre de la Unión o del Reino Unido hasta la fecha en que la Unión o el Reino Unido notifiquen un nuevo miembro.
 Regla 3
 Reuniones
 1.
 La Secretaría convocará cada reunión del Consejo de Asociación para la fecha y en el lugar que acuerden los copresidentes. En caso de que la Unión o el Reino Unido hayan remitido una solicitud de reunión a través de la Secretaría, el Consejo de Asociación procurará reunirse en los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud, o antes en los casos previstos en el presente Acuerdo.
 2.
 El Consejo de Asociación celebrará sus reuniones en Bruselas y Londres de forma alterna, salvo que los copresidentes decidan otra cosa.
 3.
 No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los copresidentes podrán acordar que una reunión del Consejo de Asociación se celebre por videoconferencia o teleconferencia.
 Regla 4
 Participación en reuniones
 1.
 Con un plazo razonable de antelación a cada reunión, la Unión y el Reino Unido se informarán mutuamente a través de la Secretaría acerca de la composición prevista de sus respectivas delegaciones y especificarán el nombre y el cargo de cada miembro de la delegación.
 2.
 Cuando proceda, los copresidentes podrán, de común acuerdo, invitar a expertos (es decir, a funcionarios no gubernamentales) a asistir a las reuniones del Consejo de Asociación para que aporten información sobre una cuestión específica, pero únicamente en las partes de la reunión en las que se debatan tales cuestiones específicas.
 Regla 5
 Documentos
 Los documentos escritos que sustenten las deliberaciones del Consejo de Asociación serán numerados y distribuidos a la Unión y al Reino Unido por la Secretaría.
 Regla 6
 Correspondencia
 1.
 La Unión y el Reino Unido remitirán a través de la Secretaría su correspondencia destinada al Consejo de Asociación. Dicha correspondencia podrá enviarse en cualquier soporte escrito, incluido el correo electrónico.
 2.
 La Secretaría garantizará que la correspondencia destinada al Consejo de Asociación se entrega a los copresidentes y que se distribuya, cuando corresponda, de conformidad con la regla 5.
 3.
 Toda correspondencia procedente de los copresidentes o dirigida directamente a estos deberá transmitirse a la Secretaría y se distribuirá, cuando corresponda, de conformidad con la regla 5.
 Regla 7
 Orden del día de las reuniones
 1.
 La Secretaría elaborará un orden del día provisional para cada reunión. Este orden del día se transmitirá, junto con los documentos pertinentes, a los copresidentes, a más tardar diez días antes de la fecha de la reunión.
 2.
 El orden del día provisional incluirá los puntos solicitados por la Unión o el Reino Unido. Toda petición de este tipo, junto con todos los documentos pertinentes, se presentará a la Secretaría a más tardar quince días antes del inicio de la reunión.
 3.
 A más tardar cinco días antes de la fecha de la reunión, los copresidentes acordarán el orden del día provisional de dicha reunión.
 4.
 Al comienzo de cada reunión, el Consejo de Asociación adoptará el orden del día. A petición de la Unión o del Reino Unido, y por consenso, podrá añadirse al orden del día un punto distinto de los contenidos en el orden del día provisional.
 5.
 Los copresidentes podrán, de mutuo acuerdo, abreviar o ampliar los plazos contemplados en los apartados 1 a 3 a fin de atender a los requisitos de un caso concreto.
 Regla 8
 Acta
 1.
 El funcionario que ejerza como miembro de la Secretaría en representación de la Parte anfitriona redactará el proyecto de acta de cada reunión en los quince días siguientes al término de la reunión, salvo decisión en contrario de los copresidentes. El acta se enviará al miembro de la Secretaría de la otra Parte para la formulación de observaciones. Este último podrá formular observaciones en un plazo de siete días a partir de la fecha de recepción del borrador de acta.
 2.
 Por regla general, el acta resumirá cada punto del orden del día, especificando cuando proceda:
 (a)los documentos presentados al Consejo de Asociación;
 (b)toda declaración que uno de los copresidentes haya pedido hacer constar en el acta; y
 (c)las decisiones tomadas, las recomendaciones formuladas, las declaraciones acordadas y las conclusiones adoptadas sobre puntos específicos.
 3.
 El acta incluirá en un anexo una lista de los participantes que indicará, para cada una de las delegaciones, los nombres y los cargos de todas las personas que asistieron a la reunión.
 4.
 La Secretaría modificará el proyecto de acta para reflejar las observaciones recibidas, y los copresidentes aprobarán el proyecto revisado en los veintiocho días siguientes a la fecha de la reunión o en cualquier otro plazo acordado por los copresidentes. Una vez aprobada, los miembros de la Secretaría autenticarán mediante su firma dos versiones del acta. La Unión y el Reino Unido recibirán sendas versiones auténticas. Los copresidentes podrán acordar la validez de la firma electrónica y el intercambio de copias electrónicas para satisfacer este requisito.
 Regla 9
 Decisiones y recomendaciones
 1.
 Durante el período transcurrido entre las reuniones, el Consejo de Asociación podrá adoptar decisiones o recomendaciones por procedimiento escrito. Uno de los copresidentes presentará por escrito al otro copresidente el texto del proyecto de decisión o de recomendación en la lengua de trabajo del Consejo de Asociación. La otra Parte dispondrá de un mes, o de más tiempo cuando así lo especifique la Parte que propone, para manifestar su acuerdo con el proyecto de decisión o de recomendación. Si la otra Parte no manifiesta su acuerdo, se debatirá la decisión o recomendación propuesta y podrá ser adoptada en la reunión siguiente del Consejo de Asociación. Se considerará adoptado un proyecto de decisión o de recomendación cuando la otra Parte haya manifestado su acuerdo, y quedará registrado en el acta de la reunión siguiente del Consejo de Asociación con arreglo la regla 8.
 2.
 Si el Consejo de Asociación adopta decisiones o recomendaciones, se insertará el término «Decisión» o «Recomendación», respectivamente, en el título de dichos actos. La Secretaría registrará toda decisión o recomendación con un número de serie y una referencia a la fecha de su adopción.
 3.
 Las decisiones adoptadas por el Consejo de Asociación especificarán la fecha en la que comiencen a surtir efecto.
 4.
 Las decisiones y las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Asociación se establecerán por duplicado en las lenguas auténticas y serán firmadas por los copresidentes y enviadas por la Secretaría a la Unión y al Reino Unido inmediatamente después de la firma. Los copresidentes pueden acordar que la firma y el intercambio de copias electrónicas satisfacen el requisito de la firma.
 Regla 10
 Transparencia
 1.
 Los copresidentes podrán acordar que el Consejo de Asociación se reúna en público.
 2.
 Cada una de las Partes podrá decidir acerca de la publicación de las decisiones y recomendaciones del Consejo de Asociación en su correspondiente boletín oficial o en línea.
 3.
 Si la Unión o el Reino Unido presentan al Consejo de Asociación información confidencial o protegida de toda divulgación en virtud de sus disposiciones legales y reglamentarias, la otra parte tratará dicha información de forma confidencial.
 4.
 El orden del día provisional de una reunión se publicará antes del comienzo de la reunión del Consejo de Asociación. El acta de una reunión deberá hacerse pública tras su aprobación de conformidad con la regla 8.
 5.
 La publicación de los documentos mencionados en los apartados 2 a 4 se realizará de conformidad con las normas sobre protección de datos aplicables de ambas Partes.
 Regla 11
 Lenguas
 1.
 Las lenguas oficiales del Consejo Asesor serán las lenguas oficiales de la Unión y del Reino Unido.
 2.
 La lengua de trabajo del Consejo de Asociación será el inglés. Salvo que los copresidentes decidan lo contrario, el Consejo de Asociación se basará, para sus deliberaciones, en documentos redactados en inglés.
 3.
 El Consejo de Asociación adoptará las decisiones relativas a la modificación o la interpretación del Acuerdo en las lenguas de los textos auténticos del Acuerdo. Todas las demás decisiones del Consejo de Asociación, incluidas aquellas por las que se modifica el presente Reglamento interno, se adoptarán en la lengua de trabajo mencionada en el apartado 2.
 Regla 12
 Gastos
 1.
 La Unión y el Reino Unido se harán cargo de los gastos en que incurran como consecuencia de su participación en las reuniones del Consejo de Asociación.
 2.
 Los gastos relativos a la organización de reuniones y a la reproducción de documentos correrán a cargo de la Parte anfitriona.
 3.
 Los gastos relacionados con la interpretación desde y hacia la lengua de trabajo del Consejo de Asociación durante las reuniones correrán a cargo de la Parte que solicite dicha interpretación.
 3.
 Cada una de las Partes será responsable de la traducción de las decisiones y otros documentos a su propia lengua o lenguas oficiales, cuando sea necesario con arreglo a la regla 11, y se hará cargo de los gastos asociados a dicha traducción.
 Regla 13
 Comités
 1.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de la presente regla, las reglas 1 a 12 se aplicarán mutatis mutandis a los Comités.
 2.
 Los comités comunicarán al Consejo de Asociación sus calendarios de reuniones y sus órdenes del día con una antelación suficiente, e informarán al Consejo de Asociación de los resultados y las conclusiones de cada una de sus reuniones.
 ANEXO ORIG-1: NOTAS INTRODUCTORIAS A LAS NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS
 Nota 1
 Principios generales
 1.Este anexo establece las normas generales para los requisitos aplicables del anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] según lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo ORIG.3 [Requisitos generales] del presente Acuerdo.
 2.Por lo que respecta al presente anexo y el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos], los requisitos para que un producto sea originario, de acuerdo con la letra c) del apartado 1 del artículo ORIG.3 [Requisitos generales] del presente Acuerdo, son un cambio de clasificación arancelaria , un proceso de producción, un valor o peso máximo de materias no originarias, o cualquier otro requisito especificado en este anexo y en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 3.La referencia al peso en una norma de origen específica por productos significa el peso neto, que es el peso de una materia o un producto excluyendo el peso de los envases.
 4.El presente anexo y el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] se basan en el Sistema Armonizado, en su versión modificada el 1 de enero de 2017.
 Nota 2
 Estructura de la lista de normas de origen específicas por productos
 1.Las notas sobre las secciones o capítulos deben leerse, según corresponda, en relación con las normas de origen específicas por productos pertinentes para la sección, capítulo, partida o subpartida.
 2.Cada norma de origen específica por productos establecida en la columna 2 del anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] se aplica al producto correspondiente indicado en la columna 1 del anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 3.Cuando un producto está sujeto a otras normas alternativas de origen específicas por productos, este solo será originario si cumple una de las alternativas.
 4.Cuando un producto está sujeto a una norma de origen específica por productos que incluye múltiples requisitos, el producto será originario en una de las Partes solo si cumple todos los requisitos.
 5.A efectos del presente anexo y del anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] se utilizan las siguientes definiciones:
 (a)«sección» significa sección del Sistema Armonizado;
 (b)«capítulo» significa los primeros dos dígitos del número de la clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado;
 (c)«partida» significa los primeros cuatro dígitos del número de la clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado; y
 (d)«subpartida» significa los primeros seis dígitos del número de la clasificación arancelaria en el Sistema Armonizado.
 2.A efectos de las normas de origen específicas por productos se utilizan las siguientes abreviaturas:
 «PC» significa fabricación a partir de materias no originarias de cualquier Capítulo, salvo el del producto en cuestión; esto significa que cualquier materia no originaria utilizada en la producción del producto en cuestión debe clasificarse en un capítulo (nivel de dos dígitos del Sistema Armonizado) distinto al del producto (es decir, un cambio de capítulo);
 «CPA» significa fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida, salvo la del producto en cuestión; esto significa que cualquier materia no originaria utilizada en la producción del producto en cuestión debe clasificarse en una Partida (nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado) distinta a la del producto (es decir, un cambio de partida);
 «CSP» significa fabricación a partir de materias no originarias de cualquier subpartida, salvo la del producto en cuestión; esto significa que cualquier materia no originaria utilizada en la producción del producto en cuestión debe clasificarse en una subpartida (nivel de seis dígitos del Sistema Armonizado) distinta a la del producto (es decir, un cambio de subpartida).
 Nota 3
 Aplicación de las normas de origen específicas por productos
 1.El apartado 2 del artículo ORIG.3 [Requisitos generales] del presente Acuerdo, relativo a los productos que han adquirido el carácter originario que se utilizan en la producción de otros productos, se aplica independientemente de que este carácter se haya adquirido en la misma fábrica en una de las Partes en la que se utilizan dichos productos.
 2.Si una norma de origen específica por productos excluye específicamente una materia no originaria concreto o establece que el valor o el peso de una materia no originaria concreta no podrá superar un umbral determinado, dichas condiciones no se aplicarán a las materias no originarias clasificadas en otra parte del Sistema Armonizado.
 3.Ejemplo 1: cuando la norma para los bulldozers (subpartida 8429.11 SA) establece: «CTH, salvo de materias no originarias de la partida 84.31, partes aptas únicamente para maquinaria de la partida 84.25 a 84.30», entonces no está limitado el uso de materias no originarias clasificadas en otras partes distintas de 84.29 y 84.31, tales como tornillos (partida 73.18 SA), alambres aislados y conductores eléctricos (partida 85.44 SA) y electrónica variada (capítulo 85 SA).
 Ejemplo 2: cuando la norma para la partida 35.05 (dextrinas y otros almidones modificados, colas a base de almidones, etc.) establece «CTH, salvo de materias no originarias de la partida 11.08», entonces no está limitado el uso de materias no originarias clasificadas en otras partes distintas de 11.08 (almidones, inulina), tales como materias del capítulo 10 (cereales).
 4.Si una norma de origen específica por productos establece que un producto deberá fabricarse a partir de una materia concreta, esto no impide la utilización de otras materias que no puedan cumplir el requisito debido a su naturaleza intrínseca.
 Nota 4
 Cálculo de un valor máximo de materias no originarias
 A efectos de las normas de origen específicas por productos se utilizan las siguientes definiciones:
 (a)«valor en aduana» es el valor calculado de conformidad con el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994;
 (b)«EXW» o «precio ex-works» es
 (I)el precio franco fábrica del producto pagado o por pagar al fabricante en cuya empresa haya tenido lugar la última elaboración o transformación, siempre que el precio incluya el valor de todas las materias utilizadas y todos los demás costes ligados a la producción de un producto, previa deducción de todos los impuestos internos que sean o puedan ser reembolsados en el momento de la exportación del producto obtenido; o
 (II)si no existe un precio pagado o por pagar o si el precio real no refleja todos los costes relacionados con la producción del producto en que se haya incurrido realmente al fabricar el producto, el valor de todas las materias utilizadas y todos los demás costes incurridos en la producción de un producto en la Parte exportadora que:
 (A)incluye los gastos de venta, gastos generales y administrativos, así como los beneficios, que puedan asignarse razonablemente al producto; y
 (B)excluye los costes de flete, seguro y todos los demás gastos incurridos por el transporte del producto y los impuestos internos de la Parte exportadora que son, o pueden ser, reembolsados al exportarse el producto obtenido.
 (III)A efectos del inciso i), cuando la última producción ha sido adjudicada a un fabricante, el término «fabricante» en el inciso i) se refiere a la persona que ha empleado al subcontratista.
 (c)«MaxNOM» se refiere al valor máximo de materias no originarias expresado como porcentaje, y se calculará en función de la siguiente fórmula:
 VNM
 MaxNOM (%) =
 × 100
 EXW
 (d)«VNM» es el valor de las materias no originarias utilizadas en la producción del producto, que constituye su valor en aduana en el momento de la importación, incluidos los gastos de transporte, seguros y, en su caso, envasado, y el resto de los costes en que se haya incurrido para transportar las materias al puerto de importación en la Parte donde está ubicado el fabricante del producto; cuando el valor de las materias no originarias no se conozca y no pueda determinarse, se utilizará el primer precio comprobable pagado por las materias no originarias en la Unión o en el Reino Unido; el valor de las materias no originarias utilizadas en la producción del producto podrá calcularse sobre la base de la fórmula del valor medio ponderado u otro método de valoración del inventario con arreglo a principios contables generalmente aceptados en la Parte.
 Nota 5
 Definiciones de los procesos a que se refieren las secciones V a VII del anexo ORIG-2[Normas de origen específicas por productos]
 A efectos de las normas de origen específicas por productos se utilizan las siguientes definiciones:
 (a)«tratamiento biotecnológico»:
 (I)los cultivos biológicos o biotecnológicos (incluido el cultivo de células), la hibridación o la modificación genética de microorganismos [bacterias, virus (incluidos fagos), etc.] o células humanas, animales o vegetales; y
 (II)la producción, el aislamiento o la purificación de estructuras celulares o intercelulares (por ejemplo, genes aislados, fragmentos de genes y plásmidos), o la fermentación;
 (b)«cambio en el tamaño de las partículas»: la modificación deliberada y controlada del tamaño de las partículas de un producto, excepto a través del simple prensado o exprimido, que da lugar a un producto con un tamaño definido de partículas, una granulometría definida o una superficie definida, pertinente para los fines del producto resultante y con características físicas o químicas diferentes de las de los insumos;
 (c)«reacción química»: un proceso (incluido un tratamiento bioquímico) que da lugar a una molécula con una nueva estructura mediante la ruptura de los lazos intramoleculares y la formación de nuevos lazos intramoleculares, o la alteración de la disposición espacial de los átomos en la molécula, excepto los siguientes, que no se consideran reacciones químicas a efectos de la presente definición:
 (I)disolución en agua u otros disolventes;
 (II)eliminación de disolventes, incluida el agua disolvente; o
 (III)adición o eliminación de agua de cristalización;
 (d)«destilación»:
 (I)destilación atmosférica: un proceso de separación en el que se convierten aceites de petróleo, en una torre de destilación, en fracciones de acuerdo con un punto de ebullición y, a continuación, el vapor se condensa en diferentes fracciones licuadas; los productos obtenidos a partir de la destilación del petróleo pueden incluir gas licuado del petróleo, nafta, gasolina, queroseno, gasóleo o combustible para calefacción, gasóleo ligero y aceite lubricante; y
 (II)destilación al vacío: destilación a una presión inferior a la atmosférica, pero no tan reducida que pueda clasificarse como destilación molecular; la destilación al vacío se utiliza para destilar materiales termosensibles de elevado punto de ebullición, tales como destilados pesados en aceites de petróleo pesado para producir gasóleos de vacío y residuos ligeros y pesados;
 (e)el aislamiento o separación de isómeros de una mezcla de isómeros;
 (f)la mezcla deliberada y controlada de manera proporcional (incluida la dispersión) de materiales, excepto la adición de diluyentes, solo para cumplir especificaciones predeterminadas, que produce un producto con características físicas o químicas pertinentes para los fines o usos del producto y diferentes de las de los insumos;
 (g)«producción de materias estándar» (incluidas soluciones estándar): producción de un preparado adecuado para usos de análisis, calibración o referencia con grados precisos de pureza o proporciones certificadas por el fabricante; y
 (h)«purificación»: proceso que da como resultado la eliminación de, al menos, el 80 % del contenido de impurezas existente o la reducción o eliminación de impurezas, lo que resulta en un producto adecuado para una o más de las siguientes aplicaciones:
 (I)sustancias farmacéuticas, médicas, cosméticas, veterinarias o de uso alimentario;
 (II)productos químicos y reactivos para usos analíticos, de diagnóstico o de laboratorio;
 (III)elementos y componentes para microelectrónica;
 (IV)usos ópticos especializados;
 (V)uso biotécnico (por ejemplo, en células de cultivo, en tecnología genética o como catalizador);
 (VI)portadores utilizados en un proceso de separación; o
 (VII)usos de categoría nuclear.
 Nota 6
 Definiciones de los términos utilizados en la sección XI del anexo ORIG-2[Normas de origen específicas por productos]
 A efectos de las normas de origen específicas por productos se utilizan las siguientes definiciones:
 (a)«fibras sintéticas discontinuas»: cables de filamentos, fibras discontinuas o desperdicios de fibras sintéticas o artificiales discontinuas de las partidas 55.01 a 55.07;
 (b)«fibras naturales»: fibras distintas de las sintéticas o artificiales, cuyo uso se limita a las fases anteriores al hilado, e incluye los desperdicios y, a menos que se especifique lo contrario, incluye las fibras que se han cardado, peinado o transformado de otra forma, pero sin hilar; el término «fibras naturales» incluye la crin de la partida 05.11, la seda de las partidas 50.02 y 50.03, las fibras de lana, el pelo fino y el pelo ordinario de animal de las partidas 51.01 a 51.05, las fibras de algodón de las partidas 52.01 a 52.03 y las demás fibras de origen vegetal de las partidas 53.01 a 53.05;
 (c)«estampado»: técnica mediante la cual se da a un soporte textil una función evaluada objetivamente, como color, diseño o rendimiento técnico, con carácter permanente, utilizando técnicas de pantalla, de rodillos, digitales o de transferencia; y
 (d)«estampado (como operación autónoma)»: técnica mediante la cual se da a un soporte textil una función evaluada objetivamente, como color, diseño o rendimiento técnico, con carácter permanente, utilizando técnicas de pantalla, de rodillos, digitales o de transferencia combinadas con, al menos, dos operaciones de preparación o de acabado (como el desgrasado, el blanqueado, la mercerización, la termofijación, el perchado, el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, el acabado permanente, el decatizado, la impregnación, el zurcido y el desmotado, el cizallado, el proceso de centrifugado, el proceso de rameado, la molienda, el delustrado al vapor y el decatizado húmedo), siempre que el valor de todas las materias no originarias empleadas no supere el 50 % del precio franco fábrica del producto.
 Nota 7
 Tolerancias aplicables a los productos que contienen dos o más materias textiles básicas
 1.A efectos de la presente nota, las materias textiles básicas son las siguientes:
 (a)seda;
 (b)lana;
 (c)pelos ordinarios;
 (d)pelos finos;
 (e)crines;
 (f)algodón;
 (g)papel y materias para la fabricación de papel;
 (h)lino;
 (i)cáñamo;
 (j)yute y demás fibras bastas;
 (k)sisal y demás fibras textiles del género Ágave;
 (l)coco, abacá, ramio y demás fibras textiles vegetales;
 (m)filamentos sintéticos;
 (n)filamentos artificiales;
 (o)filamentos conductores eléctricos; uth
 (p)fibras sintéticas discontinuas de polipropileno;
 (q)fibras sintéticas discontinuas de poliéster;
 (r)fibras sintéticas discontinuas de poliamida;
 (s)fibras sintéticas discontinuas poliacrilonitrílicas;
 (t)fibras sintéticas discontinuas de poliimida;
 (u)fibras sintéticas discontinuas de politetrafluoroetileno;
 (v)fibras sintéticas discontinuas de poli(sulfuro de fenileno);
 (w)fibras sintéticas discontinuas de poli(cloruro de vinilo);
 (x)las demás fibras sintéticas discontinuas;
 (y)fibras artificiales discontinuas de viscosa;
 (``)las demás fibras artificiales discontinuas;
 (aa)hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéter, entorchados o no;
 (bb)hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéster, entorchados o no;
 (cc)productos de la partida 56.05 (hilados metálicos e hilados metalizados) que incorporen una banda consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película de material plástico, cubierta o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertada por encolado transparente o de color entre dos películas de material plástico;
 (dd)los demás productos de la partida 56.05;
 (ee)fibras de vidrio; y
 (ff)fibras de metal.
 2.Cuando se haga referencia a la presente nota en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos], los requisitos establecidos en su columna 2 no se aplicarán, como tolerancia, a las materias textiles básicas no originarias utilizadas en la fabricación de un producto, siempre que:
 (a)el producto contenga dos o más materias textiles básicas; y
 (b)el peso de las materias textiles básicas no originarias, conjuntamente, no sea superior al 10 % del peso total de todas las materias textiles básicas utilizadas.
 Ejemplo: en el caso de un tejido de lana de la partida 51.12 que contenga hilados de lana de la partida 51.07, hilados de fibras sintéticas discontinuas de la partida 55.09 y materias distintas de las materias textiles básicas, pueden utilizarse hilados de lana no originarios que no cumplan el requisito establecido en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos], o hilados sintéticos no originarios que no cumplan el requisito establecido en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos], o una combinación de ambos, siempre que su peso total no supere el 10 % del peso de todas las materias textiles básicas.
 3.No obstante lo dispuesto en la nota 7.2, letra b), en el caso de los productos que contengan «hilados de poliuretano segmentado con segmentos flexibles de poliéster, entorchados o no», la tolerancia máxima es del 20 %. Sin embargo, el porcentaje de las demás materias textiles básicas no originarias no podrá superar el 10 %.
 4.No obstante lo dispuesto en la nota 7.2, letra b), en el caso de los productos que contengan una banda consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película de material plástico, cubierta o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertada por encolado transparente o de color entre dos películas de material plástico, la tolerancia máxima es del 30 %. Sin embargo, el porcentaje de las demás materias textiles básicas no originarias no podrá superar el 10 %.
 Nota 8
 Otras tolerancias aplicables a determinados productos textiles
 1.Cuando se haga referencia a la presente nota en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos], pueden utilizarse materias textiles no originarias (a excepción de forros y entretelas) que no cumplan los requisitos establecidos en su columna 2 para un producto textil confeccionado, siempre que estén clasificadas en una partida distinta de la del producto en cuestión y que su valor no supere el 8 % del precio franco fábrica del producto.
 2.Las materias no originarias que no estén clasificadas en los capítulos 50 a 63 pueden utilizarse libremente en la producción de productos textiles clasificados en los capítulos 50 a 63, contengan o no materias textiles.
 Ejemplo: si un requisito establecido en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] dispone que deberán utilizarse hilados para un determinado artículo textil (como pantalones), ello no impide la utilización de artículos de metal no originarios (como botones), ya que los elementos metálicos no están clasificados en los capítulos 50 a 63. Por las mismas razones, no impide la utilización de cremalleras no originarias, aun cuando estas contienen normalmente materias textiles.
 3.Cuando un requisito establecido en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos] consista en un valor máximo de materias no originarias, el valor de las materias no originarias que no estén clasificadas en los capítulos 50 a 63 deberá tenerse en cuenta en el cálculo del valor de las materias no originarias.
 Nota 9
 Productos agrícolas
 Los productos agrícolas clasificados en la sección II del Sistema Armonizado y partida 24.01, que sean cultivados o recolectados en el territorio de una de las Partes, serán tratados como originarios del territorio de dicha Parte, incluso si se cultivan a partir de semillas, bulbos, portainjertos, esquejes, injertos, púas, brotes, yemas u otras partes vivas de plantas importadas de un tercer país.
 ANEXO ORIG-2: NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS
 Columna 1
 Clasificación del Sistema Armonizado (2017), incluida la descripción específica
 Columna 2
 Norma de origen específica por productos
 SECCIÓN I
 ANIMALES VIVOS; PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
 Capítulo 1
 Animales vivos
 01.01-01.06
 Todos los animales del capítulo 1 son enteramente obtenidos.
 Capítulo 2
 Carne y despojos comestibles
 02.01-02.10
 Fabricación en la que todas las materias de los capítulos 1 y 2 utilizadas son enteramente obtenidas.
 Capítulo 3
 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
 03.01-03.08
 Fabricación en la que todas las materias del capítulo 3 utilizadas son enteramente obtenidas.
 Capítulo 4
 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
 04.01-04.10
 Fabricación en la cual:
 — todas las materias del capítulo 4 utilizadas son enteramente obtenidas; y
 — el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 no supera el 20 % del peso del producto.
 Capítulo 5
 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
 05.01-05.11
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 SECCIÓN II
 PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL
 Capítulo 6
 Plantas vivas y otras plantas; productos de la floricultura; flores y capullos, cortados para ramos o adornos
 06.01-06.04
 Fabricación en la que todas las materias del capítulo 6 utilizadas son enteramente obtenidas.
 Capítulo 7
 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
 07.01-07.14
 Fabricación en la que todas las materias del capítulo 7 utilizadas son enteramente obtenidas.
 Capítulo 8
 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
 08.01-08.14
 Fabricación en la cual:
 — todas las materias del capítulo 8 utilizadas son enteramente obtenidas; y
 — el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 no supera el 20 % del peso del producto.
 Capítulo 9
 Café, té, yerba mate y especias
 09.01-09.10
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 Capítulo 10
 Cereales
 10.01-10.08
 Fabricación en la que todas las materias del capítulo 10 utilizadas son enteramente obtenidas.
 Capítulo 11
 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
 11.01-11.09
 Fabricación en la que todas las materias de los capítulos 10 y 11, las partidas 07.01, 07.14, 23.02 y 23.03 y la subpartida 0710.10 utilizadas son enteramente obtenidas.
 Capítulo 12
 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje
 12.01-12.14
 CPA
 Capítulo 13
 Goma laca; gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
 13.01-13.02
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida en la que el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 no es superior al 20 % del peso del producto.
 Capítulo 14
 Materias trenzables de origen vegetal; productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otra parte
 14.01-14.04
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 SECCIÓN III
 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL
 Capítulo 15
 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
 15.01-15.04
 CPA
 15.05-15.06
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 15.07-15.08
 CSP
 15.09-15.10
 Fabricación en la que todas las materias vegetales utilizadas son enteramente obtenidas.
 15.11-15.15
 CSP
 15.16-15.17
 CPA
 15.18-15.19
 CSP
 15.20
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 15.21-15.22
 CSP
 SECCIÓN IV
 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS
 Capítulo 16
 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos
 1601.00-1604.18
 Fabricación en la que todas las materias de los capítulos 1, 2, 3 y 16 utilizadas son enteramente obtenidas
 88
 .
 1604.19
 PC
 1604.20
 - Preparaciones de surimi:
 PC
 - Otros:
 fabricación en la que todas las materias de los capítulos 3 y 16 utilizadas son enteramente obtenidas
 89
 .
 1604.31-1605.69
 Fabricación en la que todas las materias de los capítulos 3 y 16 utilizadas son enteramente obtenidas.
 Capítulo 17
 Azúcares y artículos de confitería
 17.01
 CPA
 17.02
 CPA, siempre que el peso total de las materias no originarias de las partidas 11.01 a 11.08, 17.01 y 17.03 utilizadas no supere el 20 % del peso del producto.
 17.03
 CPA
 17.04
 - Chocolate blanco:
 CPA, siempre que:
 a) todas las materias del capítulo 4 sean enteramente obtenidas; y
 b) i) el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 40 % del peso del producto; o
 ii) el valor de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 30 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 CPA, siempre que:
 - todas las materias del capítulo 4 utilizadas sean enteramente obtenidas; y
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 40 % del peso del producto.
 Capítulo 18
 Cacao y sus preparaciones
 18.01-18.05
 CPA
 1806.10
 CPA, siempre que:
 - todas las materias del capítulo 4 utilizadas sean enteramente obtenidas; y
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 40 % del peso del producto.
 1806.20-1806.90
 CPA, siempre que:
 a) todas las materias del capítulo 4 sean enteramente obtenidas; y
 b) i) el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 40 % del peso del producto; o
 ii) el valor de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 30 % del precio franco fábrica del producto.
 Capítulo 19
 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
 19.01-19.05
 CPA, siempre que:
 - todas las materias del capítulo 4 utilizadas sean enteramente obtenidas;
 - el peso total de las materias no originarias de los capítulos 2, 3 y 16 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto;
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 10.06 y 11.08 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto; y
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 40 % del peso del producto.
 Capítulo 20
 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
 20.01
 CPA
 20.02-20.03
 Fabricación en la que todas las materias del capítulo 7 utilizadas son enteramente obtenidas.
 20.04-20.09
 CPA, siempre que el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 40 % del peso del producto.
 Capítulo 21
 Preparaciones alimenticias diversas
 21.01-21.02
 CPA, siempre que:
 - todas las materias del capítulo 4 utilizadas sean enteramente obtenidas; y
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto.
 2103.10
 2103.20
 2103.90
 CPA; sin embargo, podrá utilizarse harina de mostaza no originaria o mostaza preparada.
 2103.30
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 21.04-21.06
 CPA, siempre que:
 - todas las materias del capítulo 4 utilizadas sean enteramente obtenidas; y
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto.
 Capítulo 22
 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
 22.01-22.06
 CPA salvo las materias no originarias de las partidas 22.07 y 22.08, siempre que:
 - todas las materias de las subpartidas 0806.10, 2009.61 y 2009.69 utilizadas sean enteramente obtenidas;
 - todas las materias del capítulo 4 utilizadas sean enteramente obtenidas; y
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto.
 22.07
 CPA, excepto a partir de las materias no originarias de la partida 22.08, siempre que todas las materias del capítulo 10 y las subpartidas 0806.10, 2009.61 y 2009.69 utilizadas sean enteramente obtenidas.
 22.08-22.09
 CPA, salvo las materias no originarias de las partidas 22.07 y 22.08, siempre que todas las materias de las subpartidas 0806.10, 2009.61 y 2009.69 utilizadas sean enteramente obtenidas.
 Capítulo 23
 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
 23.01
 CPA
 2302.10-2303.10
 CPA, siempre que el peso de materias no originarias del capítulo 10 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto.
 2303.20-2308.00
 CPA
 23.09
 CPA, siempre que:
 - todas las materias de los capítulos 2 y 4 utilizadas sean enteramente obtenidas;
 - el peso total de materias no originarias de las partidas 10.01 a 10.04, 10.07 y 10.08, el capítulo 11 y las partidas 23.02 y 23.03 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto; y
 - el peso total de las materias no originarias de las partidas 17.01 y 17.02 utilizadas no sea superior al 20 % del peso del producto.
 Capítulo 24
 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
 24.01
 Fabricación en la que todas las materias de la partida 24.01 son enteramente obtenidas.
 2402.10
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida, siempre que el peso total de las materias no originarias de la partida 24.01 no sea superior al 30 % del peso de las materias utilizadas del capítulo 24.
 2402.20
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida, excepto la del producto y de tabaco para fumar de la subpartida 2403.19, en la que al menos el 10 % en peso de todas las materias utilizadas de la partida 24.01 sean enteramente obtenidas.
 2402.90
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida, siempre que el peso total de las materias no originarias de la partida 24.01 utilizadas no sea superior al 30 % del peso de las materias utilizadas del capítulo 24.
 24.03
 CPA, donde al menos el 10 % en peso de todas las materias utilizadas de la partida 24.01 son enteramente obtenidas.
 SECCIÓN V
 PRODUCTOS MINERALES
 Nota de sección: Para las definiciones de las normas de tratamiento horizontales dentro de la presente sección, véase la nota 5 del anexo ORIG-1
 Capítulo 25
 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
 25.01-25.30
 CPA;
 o
 MaxNOM 70 % (EXW).
 Capítulo 26
 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
 26.01-26.21
 CPA
 Capítulo 27
 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales
 27.01-27.09
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 27.10
 CPA, excepto a partir de biodiésel no originario de las subpartidas 3824.99 y 3826.00;
 o
 si se ha sometido a una destilación o reacción química, siempre que el biodiésel (incluido el aceite vegetal tratado con hidrógeno) de la partida 27.10 y las subpartidas 3824.99 y 3826.00 utilizado se obtenga mediante esterificación, transesterificación o hidrotratamiento.
 27.11-27.15
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 SECCIÓN VI
 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS
 Nota de sección: Para las definiciones de las normas de tratamiento horizontales dentro de la presente sección, véase la nota 5 del anexo ORIG-1
 Capítulo 28
 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos
 28.01-28.53
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 29
 Productos químicos orgánicos
 2901.10-2905.42
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 2905.43-2905.44
 CPA salvo a partir de materias no originarias de la partida 17.02 y la subpartida 3824.60.
 2905.45
 CSP; no obstante, podrán utilizarse materias no originarias de la misma subpartida que el producto, siempre que su valor total no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 2905.49-2942
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 30
 Productos farmacéuticos
 30.01-30.06
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 31
 Abonos
 31.01-31.04
 CPA; no obstante, podrán utilizarse materias no originarias de la misma partida que el producto, siempre que su valor total no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto;
 o
 MaxNOM 40 % (EXW).
 31.05
 - Nitrato sódico
 - Cianamida cálcica
 - Sulfato potásico (sulfato de potasio)
 - Sulfato de magnesio y potasio
 CPA; no obstante, podrán utilizarse materias no originarias de la misma partida que el producto, siempre que su valor total no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto;
 o
 MaxNOM 40 % (EXW).
 - Otros
 CPA; no obstante, podrán utilizarse materias de la misma partida que el producto, siempre que su valor total no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto y donde el valor de todas las materias no originarias utilizadas no exceda el 50 % del precio franco fábrica del producto;
 o
 MaxNOM 40 % (EXW).
 Capítulo 32
 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
 32.01-32.15
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 33
 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética
 33.01
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 3302.10
 CPA; no obstante, podrán utilizarse materias no originarias de la subpartida 3302.10, siempre que su valor total no exceda del 20 % del precio franco fábrica del producto.
 3302.90
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 33.03
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 33.04 -33.07
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 34
 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable
 34.01-34.07
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 35
 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas
 35.01-35.04
 CPA, salvo a partir de materias no originarias del capítulo 4.
 35.05
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 11.08.
 35.06-35.07
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 36
 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables
 36.01-36.06
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 37
 Productos fotográficos o cinematográficos
 37.01-37.07
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 38
 Productos diversos de las industrias químicas
 38.01-38.08
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 3809.10
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 11.08 y 35.05.
 3809.91-3822.00
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 38.23
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 3824.10-3824.50
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 3824.60
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las subpartidas 2905.43 y 2905.44.
 3824.71-3825.90
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 38.26
 Producción en la que el biodiésel se obtiene mediante transesterificación, esterificación o hidrotratamiento.
 SECCIÓN VII
 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
 Nota de sección: Para las definiciones de las normas de tratamiento horizontales dentro de la presente sección, véase la nota 5 del anexo ORIG-1
 Capítulo 39
 Plásticos y sus manufacturas
 39.01-39.15
 CSP;
 se ha sometido a reacción química, purificación, mezcla, producción de materiales estándar, cambio en el tamaño de las partículas, separación de isómeros o tratamiento biotecnológico;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 39.16-39.19
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 39.20
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 39.21-39.22
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 3923.10-3923.50
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 3923.90-3925.90
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 39.26
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 40
 Caucho y sus manufacturas
 40.01 - 40.11
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 4012.11-4012.19
 CSP;
 o
 recauchutado de neumáticos usados.
 4012.20-4017.00
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN VIII
 PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA O DE TALABARTERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA
 Capítulo 41
 Pieles (excepto la peletería) y cueros
 41.01-4104.19
 CPA
 4104.41-4104.49
 CSP, salvo a partir de materias no originarias de las subpartidas 4104.41 a 4104.49.
 4105.10
 CPA
 4105.30
 CSP
 4106.21
 CPA
 4106.22
 CSP
 4106.31
 CPA
 4106.32-4106.40
 CSP
 4106.91
 CPA
 4106.92
 CSP
 41.07-41.13
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las subpartidas 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 y 4106.92. No obstante, pueden utilizarse las materias no originarias de las subpartidas 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 y 4106.92, siempre que se sometan a un proceso de recurtido.
 4114.10
 CPA
 4114.20
 CPA salvo a partir de materias no originarias de las subpartidas 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 y 4107. No obstante, pueden utilizarse las materias no originarias de las subpartidas 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 y 4106.92 y de la partida 41.07, siempre que se sometan a un proceso de recurtido.
 41.15
 CPA
 Capítulo 42
 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
 42.01-42.06
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 43
 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial
 4301.10-4302.20
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 4302.30
 CSP
 43.03-43.04
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN IX
 MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA; CARBÓN VEGETAL; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA; ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y MIMBRE
 Capítulo 44
 Madera y manufacturas de madera; carbón vegetal
 44.01-44.21
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 45
 Corcho y sus manufacturas
 45.01-45.04
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 46
 Manufacturas de espartería o cestería; artículos de cestería y mimbre
 46.01-46.02
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN X
 PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES
 Capítulo 47
 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)
 47.01-47.07
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 48
 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
 48.01-48.23
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 49
 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias
 gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos
 49.01-49.11
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN XI
 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
 Nota de sección: para las definiciones de los términos utilizados para las tolerancias aplicables a determinados productos fabricados a partir de materias textiles, véanse las notas 6, 7 y 8 del anexo ORIG-1
 Capítulo 50
 Seda
 50.01-50.02
 CPA
 50.03
 - Cardado o peinado:
 cardado o peinado de desperdicios de seda.
 - Otros:
 CPA
 50.04-50.05
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de hilos continuos sintéticos o artificiales combinada con hilatura;
 extrusión de hilos continuos sintéticos o artificiales combinada con retorcido;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 50.06
 - Hilados de seda e hilados de desperdicios de seda:
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de hilos continuos sintéticos o artificiales combinada con hilatura;
 extrusión de hilos continuos sintéticos o artificiales combinada con retorcido;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 - «Pelo de Mesina» («crin de Florencia»):
 CPA
 50.07
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido;
 retorcido o cualquier operación mecánica combinado con tejido;
 tejido combinado con teñido;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 Capítulo 51
 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
 51.01-51.05
 CPA
 51.06-51.10
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 51.11-51.13
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido;
 tejido combinado con teñido;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 Capítulo 52
 Algodón
 52.01-52.03
 CPA
 52.04-52.07
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 52.08-52.12
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido;
 retorcido o cualquier operación mecánica combinado con tejido;
 tejido combinado con teñido o con recubrimiento o estratificación;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 Capítulo 53
 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
 53.01-53.05
 CPA
 53.06-53.08
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 53.09-53.11
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido;
 tejido combinado con teñido o con recubrimiento o estratificación;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 Capítulo 54
 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial
 54.01-54.06
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 54.07-54.08
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con teñido o con recubrimiento o estratificación;
 retorcido o cualquier operación mecánica combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 Capítulo 55
 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
 55.01-55.07
 Extrusión de fibras sintéticas o artificiales.
 55.08-55.11
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 55.12-55.16
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido;
 retorcido o cualquier operación mecánica combinado con tejido;
 tejido combinado con teñido o con recubrimiento o estratificación;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 Capítulo 56
 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes y sus manufacturas
 56.01
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 flocado combinado con teñido o estampado;
 o
 recubrimiento, flocado, estratificación o metalizado combinado con, al menos, otras dos operaciones principales de preparación o de acabado (como el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, la termofijación o el acabado permanente), siempre que el valor de las materias no originarias utilizadas no sea superior al 50 % del precio franco fábrica del producto.
 56.02
 - Fieltro punzonado:
 Extrusión de fibras sintéticas o artificiales combinada con formación del tejido; no obstante, pueden utilizarse:
 - el filamento de polipropileno no originario de la partida 54.02;
 - las fibras de polipropileno no originarias de las partidas 55.03 o 55.06; o
 - las estopas de filamento de polipropileno no originarias de la partida 55.01;
 de los que denominación, en todos los casos, de un solo filamento o fibra sea inferior a 9 decitex, siempre que su valor total no exceda el 40 % del precio franco fábrica del producto;
 o
 únicamente formación de tela no tejida en el caso del fieltro fabricado a partir de fibras naturales.
 - Otros:
 Extrusión de fibras sintéticas o artificiales combinada con formación del tejido;
 o
 únicamente formación de tela no tejida en el caso de los demás fieltros fabricados a partir de fibras naturales.
 5603.11-5603.14
 Fabricación a partir de
 - filamentos orientados direccionalmente o aleatoriamente; o
 - sustancias o polímeros de origen natural o sintético o artificial,
 seguida en ambos casos de aglomerado sin tejer.
 5603.91-5603.94
 Fabricación a partir de
 - fibras discontinuas orientadas direccionalmente o aleatoriamente; o
 - sustancias o polímeros de origen natural o sintético o artificial,
 seguida en ambos casos de aglomerado sin tejer.
 5604.10
 Fabricación a partir de hilos o cuerdas de caucho, sin recubrir de textiles.
 5604.90
 Hilatura de fibras naturales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 56.05
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales;
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 o
 retorcido combinado con cualquier operación mecánica.
 56.06
 Extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura;
 retorcido combinado con entorchado;
 hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales;
 o
 flocado combinado con teñido.
 56.07-56.09
 Hilatura de fibras naturales;
 o
 extrusión de fibras artificiales o sintéticas combinada con hilatura.
 Capítulo 57
 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
 Nota de este capítulo: para los productos del presente capítulo, se puede utilizar tejido de yute no originario como soporte.
 57.01-57.05
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido o con inserción de mechones;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido o con inserción de mechones;
 fabricación a partir de hilado de coco, de sisal o de yute o hilado clásico de anillos de viscosa;
 inserción de mechones combinada con teñido o estampado;
 inserción o tejido de filamentos sintéticos o artificiales combinados con recubrimiento o estratificación;
 flocado combinado con teñido o estampado;
 o
 extrusión de fibras sintéticas o artificiales combinada con técnicas sin tejido, incluido el punzonado.
 Capítulo 58
 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados
 58.01-58.04
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido o con inserción de mechones;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido o con inserción de mechones;
 tejido combinado con teñido, con flocado, con recubrimiento, con estratificación o con metalizado;
 inserción de mechones combinada con teñido o estampado;
 flocado combinado con teñido o estampado;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 58.05
 CPA
 58.06-58.09
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido o con inserción de mechones;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido o con inserción de mechones;
 tejido combinado con teñido, con flocado, con recubrimiento, con estratificación o con metalizado;
 inserción de mechones combinada con teñido o estampado;
 flocado combinado con teñido o estampado;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 58.10
 Bordado en el cual el valor de las materias no originarias utilizadas de cualquier partida, excepto la del producto, no excede el 50 % del precio franco fábrica del producto.
 58.11
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido o con inserción de mechones;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido o con inserción de mechones;
 tejido combinado con teñido, con flocado, con recubrimiento, con estratificación o con metalizado;
 inserción de mechones combinada con teñido o estampado;
 flocado combinado con teñido o estampado;
 teñido del hilado combinado con tejido;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 Capítulo 59
 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de material textil
 59.01
 Tejido combinado con teñido, con flocado, con recubrimiento, con estratificación o con metalizado;
 o
 flocado combinado con teñido o estampado.
 59.02
 - Que contenga como máximo el 90 % en peso de materias textiles:
 Tejido.
 - Otros:
 Extrusión de fibras sintéticas o artificiales combinada con tejido.
 59.03
 Tejido o tricotado combinado con impregnación, con recubrimiento, con revestimiento, con estratificación o con metalizado;
 tejido combinado con estampado; o
 estampado (como operación autónoma).
 59.04
 Calandrado combinado con teñido, recubrimiento, estratificación o metalizado. El tejido de yute no originario puede utilizarse como soporte;
 o
 tejido combinado con teñido, con recubrimiento, con estratificación o con metalizado. El tejido de yute no originario puede utilizarse como soporte.
 59.05
 - Impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados con caucho, plástico u otras materias:
 Tejido, tricotado o formación de tela no tejida combinada con impregnación, con recubrimiento, con revestimiento, con estratificación o con metalizado.
 - Otros:
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tejido;
 tejido tricotado o formación de tela no tejida combinada con teñido, con recubrimiento o con estratificación;
 tejido combinado con estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 59.06
 - Tejidos de punto:
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tricotado;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tricotado;
 tricotado combinado con cauchutado; o
 cauchutado combinado con, al menos, otras dos operaciones principales de preparación o de acabado (como el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, la termofijación o el acabado permanente), siempre que el valor de las materias no originarias utilizadas no sea superior al 50 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros tejidos compuestos por hilos con filamentos sintéticos que contengan más del 90 % en peso de materias textiles:
 Extrusión de fibras sintéticas o artificiales combinada con tejido.
 - Otros:
 Tejido, tricotado o proceso sin tejer combinado con teñido, con recubrimiento o con cauchutado;
 teñido del hilado combinado con tejido, tricotado o un proceso que no implique el tejido;
 o
 cauchutado combinado con, al menos, otras dos operaciones principales de preparación o de acabado (como el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, la termofijación o el acabado permanente), siempre que el valor de las materias no originarias utilizadas no sea superior al 50 % del precio franco fábrica del producto.
 59.07
 Tejido tricotado o formación de tela no tejida combinado con teñido, con estampado, con recubrimiento, con impregnación o con revestimiento;
 flocado combinado con teñido o estampado;
 o
 estampado (como operación autónoma).
 59.08
 - Manguitos de incandescencia impregnados:
 Fabricación de manguitos de incandescencia a partir de tejidos tubulares de punto.
 - Otros:
 CPA
 59.09-59.11
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tejido;
 extrusión de fibras sintéticas o artificiales combinada con tejido;
 tejido combinado con teñido o con recubrimiento o estratificación;
 o
 recubrimiento, flocado, estratificación o metalizado, combinado con, al menos, dos otras operaciones principales de preparación o de acabado (como el calandrado, el tratamiento contra el encogimiento, la termofijación o el acabado permanente), siempre que el valor de las materias no originarias utilizadas no sea superior al 50 % del precio franco fábrica del producto.
 Capítulo 60
 Tejidos de punto
 60.01-60.06
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tricotado;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tricotado;
 tricotado combinado con teñido, con flocado, con recubrimiento, con estratificación o con estampado;
 flocado combinado con teñido o estampado;
 teñido del hilado combinado con tricotado; o
 retorcido o texturizado combinado con tricotado, siempre que el valor de los hilados sin retorcer ni texturizar no originarios utilizados no sea superior al 50 % del precio franco fábrica del producto.
 Capítulo 61
 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto
 61.01-61.17
 - Obtenidos cosiendo o ensamblando dos piezas o más de tejidos de punto cortados u obtenidos directamente en formas determinadas:
 Tricotado combinado con confección (incluido corte del tejido).
 - Otros:
 Hilatura de fibras discontinuas naturales, o sintéticas o artificiales, combinada con tricotado;
 extrusión de hilos con filamentos sintéticos o artificiales combinada con tricotado; o
 tricotado y confección en una operación.
 Capítulo 62
 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
 62.01
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 Confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.02
 - Bordados:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 fabricación a partir de tejidos sin bordar, siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.03
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.04
 - Bordados:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 fabricación a partir de tejidos sin bordar, siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.05
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.06
 - Bordados:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 fabricación a partir de tejidos sin bordar, siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.07-62.08
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.09
 - Bordados:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 fabricación a partir de tejidos sin bordar, siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.10
 - Equipos ignífugos de tejido revestido con una lámina delgada de poliéster aluminizado:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 recubrimiento o estratificación combinado con confección, incluido el corte del tejido, siempre que el valor del tejido no recubierto ni estratificado no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.11
 - Prendas de vestir, para mujeres o niñas, bordadas:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 fabricación a partir de tejidos sin bordar, siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.12
 - Tejidos de punto, obtenidos cosiendo o uniendo de otra forma dos piezas o más de tejidos de punto cortados u obtenidos en formas determinadas:
 Tricotado combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.13-62.14
 - Bordados:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 fabricación a partir de tejidos sin bordar, siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto;
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.15
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.16
 - Equipos ignífugos de tejido revestido con una lámina delgada de poliéster aluminizado:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 recubrimiento o estratificación combinado con confección, incluido el corte del tejido, siempre que el valor del tejido no recubierto ni estratificado no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 62.17
 - Bordados:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 fabricación a partir de tejidos sin bordar, siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto;
 o
 confección, incluido el corte del tejido, precedida de estampado (como operación autónoma).
 - Equipos ignífugos de tejido revestido con una lámina delgada de poliéster aluminizado:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido);
 o
 recubrimiento o estratificación combinado con confección, incluido el corte del tejido, siempre que el valor del tejido no recubierto ni estratificado no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Entretelas cortadas para cuellos y puños:
 CPA, siempre que el valor de todas las materias no originarias utilizadas no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido).
 Capítulo 63
 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; artículos de prendería; trapos
 63.01-63.04
 - De fieltro, de telas no tejidas:
 Formación de tela no tejida combinada con confección (incluido corte del tejido).
 - Otros:
 -- Bordados:
 Tejido o tricotado, combinados con confección (incluido corte);
 o
 fabricación a partir de tejidos sin bordar (con exclusión de los de punto), siempre que el valor del tejido sin bordar no originario utilizado no supere el 40 % del precio franco fábrica del producto.
 -- Otros:
 Tejido, tricotado, combinados con confección (incluido corte).
 63.05
 Extrusión de fibras sintéticas o artificiales o hilatura de fibras naturales o fibras sintéticas o artificiales discontinuas combinada con tejido o tricotado y confección (incluido corte del tejido).
 63.06
 - De telas no tejidas:
 Formación de tela no tejida combinada con confección (incluido corte del tejido).
 - Otros:
 Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido).
 63.07
 MaxNOM 40 % (EXW).
 63.08
 Todos los artículos incorporados en un conjunto deberán respetar la norma que se les aplicaría si no estuvieran incorporados en el conjunto; no obstante, pueden incorporarse artículos no originarios, siempre que su valor total no supere el 15 % del precio franco fábrica del conjunto.
 63.09-63.10
 CPA
 SECCIÓN XII
 CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO
 Capítulo 64
 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
 64.01-64.05
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida, excepto los conjuntos formados por la parte superior del calzado fijo a la plantilla o a otras partes inferiores de la partida 64.06.
 64.06
 CPA
 Capítulo 65
 Sombreros, demás tocados y sus partes
 65.01-65.07
 CPA
 Capítulo 66
 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes
 66.01-66.03
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 67
 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello
 67.01-67.04
 CPA
 SECCIÓN XIII
 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS CERÁMICOS; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS
 Capítulo 68
 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas
 68.01-68.15
 CPA;
 o
 MaxNOM 70 % (EXW).
 Capítulo 69
 Productos cerámicos
 69.01-69.14
 CPA
 Capítulo 70
 Vidrio y sus manufacturas
 70.01-70.09
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 70.10
 CPA
 70.11
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 70.13
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 70.10.
 70.14-70.20
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN XIV
 PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS
 Capítulo 71
 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas
 71.01-71.05
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 71.06
 - En bruto:
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10;
 separación electrolítica, térmica o química de metales preciosos no originarios de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10;
 o
 fusión o aleación de metales preciosos no originarios de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10, entre ellos o con metales comunes, o purificación.
 - Semilabrados o en polvo:
 Fabricación a partir de metales preciosos en bruto no originarios.
 71.07
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 71.08
 - En bruto:
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10;
 separación electrolítica, térmica o química de metales preciosos no originarios de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10;
 o
 fusión o aleación de metales preciosos no originarios de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10, entre ellos o con metales comunes, o purificación.
 - Semilabrados o en polvo:
 Fabricación a partir de metales preciosos en bruto no originarios.
 71.09
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 71.10
 - En bruto:
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10;
 separación electrolítica, térmica o química de metales preciosos no originarios de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10;
 o
 fusión o aleación de metales preciosos no originarios de las partidas 71.06, 71.08 y 71.10, entre ellos o con metales comunes, o purificación.
 - Semilabrados o en polvo:
 Fabricación a partir de metales preciosos en bruto no originarios.
 71.11
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 71.12-71.18
 CPA
 SECCIÓN XV
 METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES
 Capítulo 72
 Hierro y acero
 72.01-72.06
 CPA
 72.07
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 72.06.
 72.08-72.17
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 72.08 a 72.17.
 72.18
 CPA
 72.19-72.23
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 72.19 a 72.23.
 72.24
 CPA
 72.25-72.29
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 72.25 a 72.29.
 Capítulo 73
 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
 7301.10
 PC, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 72.08 a 72.17.
 7301.20
 CPA
 73.02
 PC, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 72.08 a 72.17.
 73.03
 CPA
 73.04-73.06
 PC, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 72.13 a 72.17, 72.21 a 72.23 y 72.25 a 72.29.
 73.07
 - Accesorios de tubería, de acero inoxidable:
 CPA, salvo a partir de cospeles forjados no originarios; no obstante, se podrán utilizar cospeles forjados no originarios, siempre que su valor total no supere el 50 % del precio franco fábrica del producto.
 - Otros:
 CPA
 73.08
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la subpartidas 7301.20.
 7309.00-7315.19
 CPA
 7315.20
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 7315.81-7326.90
 CPA
 Capítulo 74
 Cobre y sus manufacturas
 74.01-74.02
 CPA
 74.03
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 74.04-74.07
 CPA
 74.08
 CPA y MaxNOM 50 % (EXW).
 74.09-74.19
 CPA
 Capítulo 75
 Níquel y sus manufacturas
 75.01
 CPA
 75.02
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 75.03-75.08
 CPA
 Capítulo 76
 Aluminio y sus manufacturas
 76.01
 CPA y MaxNOM 50 % (EXW).
 o
 Tratamiento térmico o electrolítico a partir de aluminio sin alear, o desperdicios y desechos de aluminio.
 76.02
 CPA
 76.03-76.16
 CPA y MaxNOM 50 % (EXW)
 90
 .
 Capítulo 78
 Plomo y sus manufacturas
 7801.10
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 7801.91-7806.00
 CPA
 Capítulo 79
 Cinc y sus manufacturas
 79.01-79.07
 CPA
 Capítulo 80
 Estaño y sus manufacturas
 80.01-80.07
 CPA
 Capítulo 81
 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias
 81.01-81.13
 Fabricación a partir de materias no originarias de cualquier partida.
 Capítulo 82
 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común
 8201.10-8205.70
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8205.90
 CPA; no obstante, podrán incorporarse al juego herramientas no originarias de la partida 82.05, siempre que su valor total no supere el 15 % del precio franco fábrica del juego.
 82.06
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de las partidas 82.02 a 82.05; no obstante, podrán incorporarse al juego herramientas no originarias de la partida 82.05 a 82.05, siempre que su valor total no supere el 15 % del precio franco fábrica del producto.
 82.07-82.15
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 83
 Manufacturas diversas de metal común
 83.01-83.11
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN XVI
 MÁQUINAS, APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO; Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS
 Capítulo 84
 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos
 84.01-84.06
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.07-84.08
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.09-84.12
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8413.11-8415.10
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8415.20
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8415.81-8415.90
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.16-84.20
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.21
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.22-84.24
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.25-84.30
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 84.31;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.31-84.43
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.44-84.47
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 84.48;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.48-84.55
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.56-84.65
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 84.66;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.66-84.68
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.70-84.72
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 84.73;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.73-84.78
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8479.10-8479.40
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8479.50
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8479.60-8479.82
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8479.89
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8479.90
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.80
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.81
 CSP;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 84.82-84.87
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 85
 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
 85.01-85.02
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 85.03;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.03-85.06
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.07
 — Acumuladores que contengan una o varias pilas de batería o baterías individuales y el circuito para interconectarlas entre sí,
 a menudo denominados «paquetes de baterías», del tipo utilizado como fuente primaria de energía eléctrica para la propulsión de vehículos de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04
 CPA, salvo a partir de materias de cátodo activo no originarias;
 o
 MaxNOM 30 % (EXW)
 91
 .
 - Pilas de batería, baterías individuales y sus partes, destinadas a ser incorporadas en un acumulador eléctrico de los tipos utilizados como fuente primaria de energía eléctrica para la propulsión de vehículos de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04
 CPA, salvo a partir de materias de cátodo activo no originarias;
 o
 MaxNOM 35 % (EXW)
 92
 - otros
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.08-85.18
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.19-85.21
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 85.22;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.22-85.23
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.25-85.27
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 85.29;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.28-85.34
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.35-85.37
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 85.38;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8538.10-8541.90
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8542.31-8542.39
 CPA;
 materias no originarias que se han sometido a una difusión;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 8542.90-8543.90
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 85.44-85.48
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN XVII
 MATERIAL DE TRANSPORTE
 Capítulo 86
 Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación
 86.01-86.09
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 86.07;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 87
 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
 87.01
 MaxNOM 45 % (EXW).
 87.02-87.04
 - Vehículos propulsados tanto con motor de émbolo de encendido de chispa o por comprensión y motor eléctrico, como motores de propulsión que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica;
 - vehículos propulsados únicamente con motor eléctrico
 MaxNOM 45 % (EXW) y los paquetes de baterías de la partida 85.07 de los tipos utilizados como fuente primaria de energía eléctrica para la propulsión del vehículo deben ser originarios
 93
 .
 - otros
 MaxNOM 45 % (EXW)
 94
 .
 87.05-87.07
 MaxNOM 45 % (EXW).
 87.08-87.11
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 87.12
 MaxNOM 45 % (EXW).
 87.13-87.16
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 88
 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
 88.01-88.05
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 89
 Navegación marítima y fluvial
 89.01-89.08
 PC;
 o
 MaxNOM 40 % (EXW).
 SECCIÓN XVIII
 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; APARATOS DE RELOJERÍA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS
 Capítulo 90
 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
 9001.10-9001.40
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 9001.50
 CPA;
 Revestimiento de la lente semiacabada en una lente oftalmológica acabada con potencia óptica destinada a ser montada en unas gafas;
 revestimiento de la lente mediante tratamientos adecuados para mejorar la visión y garantizar la protección del usuario;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 9001.90-9033.00
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 91
 Aparatos de relojería y sus partes
 91.01-91.14
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 92
 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios
 92.01-92.09
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN XIX
 ARMAS Y MUNICIONES; Y SUS PARTES Y ACCESORIOS
 Capítulo 93
 Armas y municiones; y sus partes y accesorios
 93.01-93.07
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN XX
 MANUFACTURAS DIVERSAS
 Capítulo 94
 Mobiliario; artículos de cama, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
 94.01-94.06
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 95
 Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; y sus partes y accesorios
 95.03-95.08
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 Capítulo 96
 Manufacturas diversas
 96.01-96.04
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 96.05
 Todos los artículos incorporados en un juego deberán respetar la norma que se les aplicaría si no estuvieran incorporados en el juego, siempre que se puedan incorporar artículos no originarios y que su valor total no supere el 15 % del precio franco fábrica del juego.
 96.06-9608.40
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 9608.50
 Todos los artículos incorporados en un juego deberán respetar la norma que se les aplicaría si no estuvieran incorporados en el juego, siempre que se puedan incorporar artículos no originarios y que su valor total no supere el 15 % del precio franco fábrica del juego.
 9608.60-96.20
 CPA;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW).
 SECCIÓN XXI
 OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES
 Capítulo 97
 Objetos de arte o colección y antigüedades
 97.01-97.06
 CPA
 ANEXO ORIG-2A: CONTINGENTES DE ORIGEN Y ALTERNATIVAS A LAS NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS QUE FIGURAN EN EL ANEXO ORIG-2 [NORMAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS]
 Disposiciones comunes
 1.
 En el caso de los productos que figuran en las siguientes tablas, las correspondientes normas de origen son opciones alternativas a las normas establecidas en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos], dentro de los límites de los contingentes anuales aplicables.
 2.
 Una declaración de origen elaborada con arreglo al presente anexo contendrá la siguiente declaración: «Contingentes de origen: producto originario de conformidad con el anexo ORIG-2A».
 3.
 En la Unión, la Comisión Europea gestionará cualquier cantidad a la que se haga referencia en el presente anexo, y tomará todas las medidas administrativas que considere necesarias para garantizar una gestión eficaz respecto a la legislación aplicable de la Unión.
 4.
 En el Reino Unido, la autoridad aduanera nacional gestionará cualquier cantidad a la que se haga referencia en el presente anexo, y tomará todas las medidas administrativas que considere necesarias para garantizar una gestión eficaz respecto a la legislación aplicable del Reino Unido.
 5.
 La Parte importadora administrará los contingentes de origen por orden cronológico de llegada y calculará la cantidad de productos introducidos en virtud de dichos contingentes de origen sobre la base de las importaciones de dicha Parte.
 Sección 1: asignación del contingente anual de atún en conserva
 Clasificación del Sistema Armonizado (2017)
 Designación del producto
 Norma alternativa específica por productos
 Contingente anual de exportaciones de la Unión al Reino Unido
 (peso neto)
 Contingente anual de exportaciones del Reino Unido a la Unión
 (peso neto)
 1604.14
 Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (Sarda spp.), enteros o en trozos (excepto el pescado picado)
 PC
 3 000 toneladas
 3 000 toneladas
 1604.20
 Las demás preparaciones y conservas de pescado
 De atunes, listados y demás pescados del género Euthynnus (excepto enteros o en trozos)
 PC
 4 000 toneladas
 4 000 toneladas
 De los demás pescados
 -
 -
 -
 Sección 2: asignación del contingente anual de productos de aluminio
 95
 Cuadro 1: contingentes aplicables desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023
 Clasificación del Sistema Armonizado (2017)
 Designación del producto
 Norma alternativa específica por productos
 Contingente anual de exportaciones de la Unión al Reino Unido
 (peso neto)
 Contingente anual de exportaciones del Reino Unido a la Unión
 (peso neto)
 76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16
 Productos de aluminio y artículos de aluminio (excepto el alambre de aluminio y el papel de aluminio)
 CPA
 95 000 toneladas
 95 000 toneladas
 76.05
 Alambre de aluminio
 CPA, excepto a partir de materias no originarias de la partida 76.04
 76.07
 Papel de aluminio
 CPA, excepto a partir de materias no originarias de la partida 76.06
 Cuadro 2: contingentes aplicables desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026
 Clasificación del Sistema Armonizado (2017)
 Designación del producto
 Norma alternativa específica por productos
 Contingente anual de exportaciones de la Unión al Reino Unido
 (peso neto)
 Contingente anual de exportaciones del Reino Unido a la Unión
 (peso neto)
 76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16
 Productos de aluminio y artículos de aluminio (excepto el alambre de aluminio y el papel de aluminio)
 CPA
 72 000 toneladas
 72 000 toneladas
 76.05
 Alambre de aluminio
 CPA, excepto a partir de materias no originarias de la partida 76.04
 76.07
 Papel de aluminio
 CPA, salvo a partir de materias no originarias de la partida 76.06
 Cuadro 3: contingentes aplicables a partir del 1 de enero de 2027
 Clasificación del Sistema Armonizado (2017)
 Designación del producto
 Norma alternativa específica por productos
 Contingente anual de exportaciones de la Unión al Reino Unido
 (peso neto)
 Contingente anual de exportaciones del Reino Unido a la Unión
 (peso neto)
 76.04
 Barras y perfiles, de aluminio
 CPA
 57 500 toneladas
 57 500 toneladas
 76.06
 Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm
 CPA
 76.07
 Papel de aluminio
 CPA, excepto a partir de materias no originarias de la partida 76.06
 Revisión de los contingentes para los productos de aluminio del cuadro 3 de la sección 2
 1.No antes de cinco años desde la entrada en vigor del presente Acuerdo y no antes de cinco años desde la finalización de cualquier revisión a que se refiere el presente apartado, el Comité de Asociación Comercial, a petición de cualquiera de las Partes y asistido por el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen, revisará los contingentes de aluminio establecidos en el cuadro 3 de la sección 2.
 2.
 La revisión a que se refiere el apartado 1 se hará sobre la base de la información disponible relativa a las condiciones del mercado en ambas Partes y a la información sobre sus importaciones y exportaciones de productos pertinentes.
 3.
 En base a los resultados de una revisión realizada de conformidad con el apartado 1, el Consejo de Asociación puede decidir aumentar o mantener la cantidad, cambiar el alcance, prorratear o cambiar cualquier asignación entre productos de los contingentes de aluminio establecidos en el cuadro 3 de la sección 2.
 ANEXO ORIG-2B: NORMAS TRANSITORIAS ESPECÍFICAS POR PRODUCTOS PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
 Sección 1. Normas provisionales específicas por productos aplicables desde la entrada en vigor del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2023.
 1.
 En el caso de los productos enumerados en la columna 1, la norma específica por productos que figura en la columna 2 se aplicará durante el período comprendido entre la entrada en vigor del presente Acuerdo y el 31 de diciembre de 2023.
 Columna 1
 Clasificación del Sistema Armonizado (2017), incluida la descripción específica
 Columna 2
 Norma de origen específica por productos aplicable desde la entrada en vigor del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2023
 85.07
 - Acumuladores que contengan una o varias pilas de batería o baterías individuales y el circuito para interconectarlas entre sí, a menudo denominados «paquetes de baterías», del tipo utilizado como fuente primaria de energía eléctrica para la propulsión de vehículos de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04
 CSP;
 Montaje de paquetes de baterías a partir de pilas de batería o baterías individuales no originarias;
 o
 MaxNOM 70 % (EXW)
 - Pilas de batería, baterías individuales y sus partes, destinadas a ser incorporadas en un acumulador eléctrico de los tipos utilizados como fuente primaria de energía eléctrica para la propulsión de vehículos de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04
 CPA;
 o
 MaxNOM 70 % (EXW)
 87.02-87.04
 - vehículos propulsados tanto con motor de combustión interna y motor eléctrico como con motores de propulsión distintos de los que se pueden cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica («híbrido»);
 - vehículos propulsados tanto con motor de émbolo de encendido de chispa o por comprensión y motor eléctrico, como con motores de propulsión que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica («vehículo híbrido eléctrico enchufable»);
 - vehículos propulsados únicamente con motor eléctrico
 MaxNOM 60 % (EXW)
 Sección 2. Normas provisionales específicas por productos aplicables desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026.
 1.
 En el caso de los productos enumerados en la columna 1, la norma específica por productos que figura en la columna 2 se aplicará durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2026.
 Columna 1
 Clasificación del Sistema Armonizado (2017), incluida la descripción específica
 Columna 2
 Norma de origen específica por productos aplicable desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026
 85.07
 - Acumuladores que contengan una o varias pilas de batería o baterías individuales y el circuito para interconectarlas entre sí, a menudo denominados «paquetes de baterías», del tipo utilizado como fuente primaria de energía eléctrica para la propulsión de vehículos de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04
 CPA, salvo a partir de materias de cátodo activo no originarias;
 o
 MaxNOM 40 % (EXW)
 - Pilas de batería, baterías individuales y sus partes, destinadas a ser incorporadas en un acumulador eléctrico de los tipos utilizados como fuente primaria de energía eléctrica para la propulsión de vehículos de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04
 CPA, salvo a partir de materias de cátodo activo no originarias;
 o
 MaxNOM 50 % (EXW)
 87.02-87.04
 - vehículos propulsados tanto con motor de combustión interna y motor eléctrico como con motores de propulsión distintos de los que se pueden cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica («híbrido»);
 - vehículos propulsados tanto con motor de émbolo de encendido de chispa o por comprensión y motor eléctrico, como con motores de propulsión que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica («vehículo híbrido eléctrico enchufable»);
 - vehículos propulsados únicamente con motor eléctrico
 MaxNOM 55 % (EXW)
 Sección 3. Revisión de las normas específicas por productos para la partida 85.07
 1. A más tardar cuatro años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité de Asociación Comercial, a petición de cualquiera de las Partes y asistido por el Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen, revisará las normas específicas por productos para la partida 85.07 aplicables a partir del 1 de enero de 2027, que figuran en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 2. La revisión a que se refiere el apartado 1 se efectuará sobre la base de la información disponible sobre los mercados de las Partes, como la relativa a la disponibilidad de materias originarias suficientes y adecuadas, el equilibrio entre la oferta y la demanda y otra información pertinente.
 3. Sobre la base de los resultados de la revisión realizada con arreglo al apartado 1, el Consejo de Asociación podrá adoptar una decisión para modificar las normas específicas por productos para la partida 85.07 aplicables a partir del 1 de enero de 2027, que figuran en el anexo ORIG-2 [Normas de origen específicas por productos].
 ANEXO ORIG-3:DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR
 1.La declaración del proveedor incluirá el contenido establecido en el presente anexo.
 2.Excepto en los casos contemplados en el punto 3, el proveedor expedirá una declaración para cada envío de productos en la forma prevista en el apéndice 1, y la adjuntará a la factura o a cualquier otro documento que describa los productos de que se trate con el suficiente detalle como para que estos puedan ser identificados.
 3.Cuando un proveedor suministre regularmente a un cliente específico productos respecto de los cuales la producción realizada en una Parte vaya, con toda probabilidad, a mantenerse sin cambios durante un largo período, dicho proveedor podrá presentar una sola declaración para cubrir los posteriores envíos de dichos productos («declaración a largo plazo del proveedor»). La declaración del proveedor de larga duración será generalmente válida por un período máximo de dos años a partir de la fecha de expedición de la declaración. Las autoridades aduaneras de la Parte en la que se expida la declaración podrán establecer las condiciones en las que cabrá admitirse períodos de validez más amplios. El proveedor expedirá su declaración a largo plazo en la forma prevista en el apéndice 2 y describirá los productos de que se trate con el suficiente detalle como para que estos puedan ser identificados. En caso de que la declaración a largo plazo del proveedor deje de ser aplicable a los productos suministrados, este informará inmediatamente al cliente de ello.
 4.El proveedor que expida una declaración deberá estar preparado para presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras de la Parte en la que se realice la declaración, todos los documentos apropiados que prueben que la información que en ella se facilita es correcta.
 Apéndice 1
 DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR
 La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, deberá redactarse con arreglo a las notas a pie de página. Sin embargo, no será necesario reproducir dichas notas.
 DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR
 El abajo firmante, proveedor de los productos mencionados en el documento adjunto, declara que:
 1.Las siguientes materias no originarias de [indíquese el nombre de la Parte pertinente] se han utilizado en [indíquese el nombre de la Parte pertinente] para producir estos productos:
 Descripción de los productos suministrados (1)
 Descripción de las materias no originarias utilizadas
 Partida SA de las materias no originarias utilizadas (2)
 Valor de las materias no originarias utilizadas (2) (3)
 Valor total
 2.Todas las demás materias utilizadas en [indíquese el nombre de la Parte pertinente] para producir esos productos son originarias de [indíquese el nombre de la Parte pertinente]
 Por la presente me comprometo a facilitar toda la documentación justificativa necesaria. ....................................................................................................................................(Lugar y fecha)
 ..............................................(Nombre y cargo del firmante, nombre y dirección de la empresa)................................................................................................................................................................................................................ (Firma) (6) ___
 Apéndice 2
 DECLARACIÓN A LARGO PLAZO DEL PROVEEDOR
 La declaración del proveedor a largo plazo, cuyo texto figura a continuación, deberá redactarse con arreglo a las notas a pie de página. Sin embargo, no será necesario reproducir dichas notas.
 DECLARACIÓN A LARGO PLAZO DEL PROVEEDOR
 El abajo firmante, proveedor de los productos mencionados en el documento adjunto, que se entregan de forma periódica a(4)................, declara que:
 1.Las siguientes materias no originarias de [indíquese el nombre de la Parte pertinente] se han utilizado en [indíquese el nombre de la Parte pertinente] para producir estos productos:
 Descripción de los productos suministrados (1)
 Descripción de las materias no originarias utilizadas
 Partida SA de las materias no originarias utilizadas (2)
 Valor de las materias no originarias utilizadas (2)(3)
 Valor total
 2.Todas las demás materias utilizadas en [indíquese el nombre de la Parte pertinente] para producir esos productos son originarias de una Parte [indíquese el nombre de la Parte pertinente];
 Esta declaración es válida para todos los envíos posteriores de estos productos expedidos
 desde el .............................. hasta el..................... (5)
 Me comprometo a informar a..................................................................................................................................... (4) inmediatamente si la presente declaración dejara de ser válida.
 ....................................................................................................................................(Lugar y fecha)
 ..............................................(Nombre y cargo del firmante, nombre y dirección de la empresa) ................................................................................................................................................................................................................ (Firma) (6)
 Notas a pie de página
 (1) Cuando la factura o cualquier otro documento al que se adjunta la declaración se refiera a distintos tipos de productos, o a productos que no incorporan materias no originarias en la misma proporción, el proveedor deberá diferenciarlos con claridad.
 (2) No es necesario facilitar la información solicitada a menos que así se requiera.
 Ejemplos:
 Una de las normas aplicables a las prendas de vestir del capítulo 62 se refiere al «Tejido combinado con confección (incluido corte del tejido)». Si un fabricante de estas prendas de una de las Partes utiliza tejidos importados de la otra Parte que han sido obtenidos allí tejiendo fibras no originarias, basta con que el proveedor de esta última Parte describa en su declaración la materia no originaria utilizada como fibra, sin que tenga que indicar la partida del SA y el valor de la fibra.
 Un fabricante de alambre de hierro clasificado en la partida 7217 del SA que lo haya fabricado a partir de barras de hierro no originario debería indicar en la segunda columna «barras de hierro». En el caso de que ese alambre vaya a ser utilizado para la fabricación de una máquina para la cual la norma de origen contiene una limitación aplicable a todas las materias no originarias utilizadas hasta un cierto porcentaje del valor, será necesario indicar en la tercera columna el valor de las barras no originarias.
 (3) El «valor de las materias no originarias» es el valor de las materias no originarias utilizadas en la producción del producto, que constituye su valor en aduana en el momento de la importación, incluidos los gastos de transporte, seguros y, en su caso, envasado, y el resto de los costes en que se haya incurrido para transportar las materias al puerto de importación en la Parte donde está ubicado el fabricante del producto; cuando el valor de las materias no originarias no se conozca y no pueda determinarse, se utilizará el primer precio comprobable pagado por las materias no originarias en la Unión o en el Reino Unido.
 (4) Nombre y dirección del cliente
 (5) Insértense las fechas
 (6) Cuando proceda, este campo podrá incluir una firma electrónica, una imagen escaneada u otra representación visual de la firma manuscrita del firmante en lugar de las firmas originales.
 ANEXO ORIG-4: TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE ORIGEN
 Se redactará la declaración de origen a que se refiere el artículo ORIG.19 [Declaración de origen] del presente Acuerdo utilizando el texto que figura a continuación en una de las siguientes versiones lingüísticas y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte exportadora. Si la declaración de origen se extiende a mano, se escribirá con tinta y en caracteres de imprenta. La declaración de origen deberá redactarse de conformidad con las notas a pie de página correspondientes. No es necesario reproducir las notas al pie de página.
 Versión búlgara
 Versión croata
 Versión checa
 Versión danesa
 Versión neerlandesa
 Versión inglesa
 Versión estonia
 Versión finlandesa
 Versión francesa
 Versión alemana
 Versión griega
 Versión húngara
 Versión italiana
 Versión letona
 Versión lituana
 Versión maltesa
 Versión polaca
 Versión portuguesa
 Versión rumana
 Versión eslovaca
 Versión eslovena
 Versión española
 Versión sueca
 [Período: de___________ a __________ (1)]
 El exportador de los productos incluidos en el presente documento [número de referencia del exportador: ... (2)] declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial de...(3).
 ..................................................................................................................(4)
 (Lugar y fecha)
 ..................................................................................................................
 (Nombre del exportador)
 (1) Si se cumplimenta una declaración de origen para varios envíos de productos originarios idénticos en el sentido del apartado 4, letra b), del artículo ORIG.19 [Declaración de origen] del presente Acuerdo, se indicará el período al que se aplica la declaración de origen. Dicho plazo no excederá de doce meses. Todas las importaciones del producto deberán realizarse dentro del período indicado. Cuando un período no sea aplicable, podrá dejarse el campo en blanco.
 (2) Indíquese el número de referencia a través del cual se identifica al exportador. Para el exportador de la Unión, este será el número asignado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Unión. Para el exportador del Reino Unido, este será el número asignado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el Reino Unido. Si no se ha asignado al exportador un número, se podrá dejar este campo en blanco.
 (3) Indíquese el origen del producto: el Reino Unido o la Unión.
 (4) El lugar y la fecha podrán omitirse si el propio documento contiene ya dicha información.
 ANEXO ORIG-5: DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA AL PRINCIPADO DE ANDORRA
 1.Los productos originarios del Principado de Andorra incluidos en los capítulos 25 a 97 del Sistema Armonizado serán aceptados por el Reino Unido como originarios de la Unión en el sentido del presente Acuerdo.
 2.El apartado 1 se aplicará únicamente a condición de que, en virtud de la unión aduanera establecida por la Decisión 90/680/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, relativa a la celebración de un acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra, el Principado de Andorra aplique a los productos originarios del Reino Unido el mismo trato arancelario preferencial que la Unión aplica a los productos en cuestión.
 3.La parte segunda, epígrafe primero [Comercio], título I, capítulo 2, del presente Acuerdo se aplica mutatis mutandis a efectos de definir el carácter originario de los productos mencionados en el apartado 1 de la presente Declaración conjunta.
 ANEXO ORIG-6: DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LA REPÚBLICA DE SAN MARINO
 1.Los productos originarios de la República de San Marino serán aceptados por el Reino Unido como originarios de la Unión en el sentido del presente Acuerdo.
 2.El apartado 1 se aplicará únicamente a condición de que, en virtud del Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Económica Europea y la República de San Marino, hecho en Bruselas el 16 de diciembre de 1991, la República de San Marino aplique a los productos originarios del Reino Unido el mismo trato arancelario preferencial que la Unión aplica a los productos en cuestión.
 3.La parte segunda, epígrafe primero [Comercio], título I, capítulo 2, del presente Acuerdo se aplica mutatis mutandis a efectos de definir el carácter originario de los productos mencionados en el apartado 1 de la presente Declaración conjunta.
 ANEXO SPS-1: CRITERIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO SPS.19, LETRA d)
 Los criterios a que se refiere el artículo SPS.19, letra d), son los siguientes:
 a)la información facilitada por la Parte exportadora a efectos de obtener la autorización de importación de un producto determinado en la Parte importadora de conformidad con el apartado 3 del artículo SPS.7 [Condiciones y procedimientos de importación] del presente Acuerdo;
 b)el resultado de las auditorías y las comprobaciones realizadas por la Parte importadora de conformidad con el artículo 11 [Auditorías y comprobaciones] del presente Acuerdo;
 c)la frecuencia y gravedad de los incumplimientos detectados por la Parte importadora respecto de los productos de la Parte exportadora;
 d)el historial de los operadores exportadores en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la Parte importadora; y
 e)las evaluaciones científicas disponibles y cualquier otra información pertinente sobre el riesgo asociado a los productos.
 ANEXO TBT-1: VEHÍCULOS DE MOTOR, EQUIPOS Y SUS COMPONENTES
 Artículo 1: Definiciones
 1.
 A efectos del presente anexo, se entenderá por:
 a)
 «WP.29»: el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE);
 b)
 «Acuerdo de 1958»: el Acuerdo relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos Reglamentos de las Naciones Unidas, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958, gestionado por el WP.29, y todas sus modificaciones y revisiones posteriores;
 c)
 «Acuerdo de 1998»: el Acuerdo sobre el establecimiento de Reglamentos Técnicos Mundiales aplicables a los vehículos de ruedas y a los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en dichos vehículos, hecho en Ginebra el 25 de junio de 1998, gestionado por el WP.29, y todas sus modificaciones y revisiones posteriores;
 d)
 «Reglamentos de las Naciones Unidas»: los Reglamentos adoptados de conformidad con el Acuerdo de 1958;
 e)
 «RTM»: un Reglamento Técnico Mundial establecido e incorporado al registro mundial de conformidad con el Acuerdo de 1998;
 f)
 «SA 2017»: la edición de 2017 de la nomenclatura del sistema armonizado establecida por la Organización Mundial de Aduanas;
 g)
 «homologación de tipo»: el procedimiento mediante el cual una autoridad de homologación certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente cumple las disposiciones administrativas y los requisitos técnicos pertinentes;
 h)
 «certificado de homologación de tipo»: el documento por el cual la autoridad de homologación certifica oficialmente que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente está homologado.
 2.
 El significado de los términos a que se refiere el presente anexo será el mismo que en el Acuerdo de 1958 o en el anexo 1 del Acuerdo OTC.
 Artículo 2: Definición del producto
 El presente anexo se aplica al comercio entre las Partes de todas las categorías de vehículos de motor, equipos y piezas de vehículos de motor, tal como se definen en el apartado 1.1 de la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3)
 96
 , que entran en el ámbito de aplicación, entre otros, de los capítulos 40, 84, 85, 87 y 94 del SA 2017 (en lo sucesivo, «los productos cubiertos»).
 Artículo 3: Objetivos
 Por lo que se refiere a los productos cubiertos, los objetivos del presente anexo son los siguientes:
 a)
 eliminar y prevenir cualquier obstáculo técnico innecesario al comercio bilateral;
 b)
 fomentar la compatibilidad y convergencia de las disposiciones reglamentarias basadas en normas internacionales;
 c)
 fomentar el reconocimiento de las aprobaciones basadas en regímenes de autorización aplicados en virtud de los acuerdos gestionados por el WP.29;
 d)
 reforzar las condiciones de mercado competitivas basadas en los principios de apertura, no discriminación y transparencia;
 e)
 fomentar altos niveles de protección de la salud humana, la seguridad y del medio ambiente; y
 f)
 mantener la cooperación en cuestiones de interés mutuo a fin de fomentar un continuo desarrollo del comercio que beneficie a ambas Partes.
 Artículo 4: Normas internacionales pertinentes
 Las Partes reconocen que el WP.29 es el organismo internacional de normalización pertinente y que los Reglamentos de las Naciones Unidas y los RTM establecidos en virtud del Acuerdo de 1958 y del Acuerdo de 1998 son normas internacionales pertinentes para los productos cubiertos por el presente anexo.
 Artículo 5: Convergencia reglamentaria sobre la base de las normas internacionales pertinentes
 1.Las Partes se abstendrán de introducir o mantener cualquier reglamento técnico interno, marcado o procedimiento de evaluación de la conformidad que difiera de los Reglamentos de las Naciones Unidas o los RTM en los ámbitos cubiertos por dichos Reglamentos o RTM, incluso cuando los Reglamentos de las Naciones Unidas o los RTM pertinentes no se hayan formulado pero estén a punto de formularse, a menos que existan razones justificadas por las que un Reglamento de las Naciones Unidas o un RTM específico sea un medio ineficaz o inadecuado para lograr los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo, en los ámbitos de la seguridad vial o la protección del medio ambiente o la salud humana.
 2.La Parte que introduzca uno de los reglamentos técnicos internos, marcados o procedimientos de evaluación de la conformidad divergentes a que hace referencia el apartado 1, determinará, a petición de la otra Parte, cuáles son las partes del reglamento técnico interno, marcado o procedimiento de evaluación de la conformidad que difiere sustancialmente de los Reglamentos de las Naciones Unidas o los RTM pertinentes y justificará esa divergencia.
 3.Cada una de las Partes considerará sistemáticamente la aplicación de los Reglamentos de las Naciones Unidas adoptados después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y ambas se informarán mutuamente de cualquier cambio relativo a la aplicación de dichos Reglamentos de las Naciones Unidas en su ordenamiento jurídico interno de conformidad con el protocolo establecido en virtud del Acuerdo de 1958 y en línea con los artículos 8 y 9.
 4.En la medida en que una Parte haya introducido o mantenga reglamentos técnicos internos, marcados o procedimientos de evaluación de la conformidad que difieran de los Reglamentos de las Naciones Unidas o los RTM, tal como contempla el apartado 1, dicha Parte revisará periódicamente esos reglamentos técnicos internos, marcados o procedimientos de evaluación de la conformidad, con una frecuencia no superior a cinco años, preferiblemente, a fin de aumentar su convergencia con los Reglamentos de las Naciones Unidas o los RTM pertinentes. Al revisar sus reglamentos técnicos internos, marcados o procedimientos de evaluación de la conformidad, cada Parte considerará si la divergencia sigue estando justificada. Si así lo solicita la otra Parte, se le notificará el resultado de estas revisiones, incluida la información científica y técnica utilizada.
 5.Cada una de las Partes se abstendrá de introducir o mantener reglamentos técnicos internos, marcados o procedimientos de evaluación de la conformidad que tengan el efecto de prohibir, restringir o aumentar la carga de la importación y la puesta en servicio en su mercado nacional de productos que hayan recibido homologaciones de tipo de acuerdo con los Reglamentos de las Naciones Unidas en las áreas cubiertas por estos, a menos que esos reglamentos técnicos internos, marcados o procedimientos de evaluación de la conformidad estén previstos de manera explícita en dichos Reglamentos de las Naciones Unidas.
 Artículo 6: Homologación de tipo y vigilancia del mercado
 1.
 Cada Parte aceptará en su mercado los productos que, según un certificado válido de homologación de tipo de las Naciones Unidas, sean conformes con sus reglamentos técnicos internos, marcados y procedimientos de evaluación de la conformidad, sin exigir ninguna otra prueba o marcado para verificar o certificar el cumplimiento de los requisitos cubiertos por el certificado de homologación de tipo de las Naciones Unidas de que se trate. En el caso de las homologaciones de vehículos, la homologación de tipo internacional de vehículo entero universal (IWVTA-U) de las Naciones Unidas se considerará válida con respecto a los requisitos cubiertos por la IWVTA-U. Los certificados de homologación de tipo de las Naciones Unidas expedidos por una Parte solo podrán considerarse válidos si dicha Parte se ha adherido a los Reglamentos de las Naciones Unidas pertinentes.
 2
 Las Partes estarán únicamente obligadas a aceptar certificados de homologación de tipo de las Naciones Unidas válidos expedidos con arreglo a la última versión de los Reglamentos de las Naciones Unidas a los que se haya adherido.
 3.
 A efectos del apartado 1, se considerará que los siguientes documentos son prueba suficiente de la existencia de una homologación de tipo válida de las Naciones Unidas:
 a)
 para vehículos enteros, una declaración de conformidad válida de las Naciones Unidas que certifique la conformidad con una IWVTA-U;
 b)
 para equipos y piezas, una marca de homologación de tipo válida de las Naciones Unidas colocada sobre el producto; o
 c)
 para los equipos y piezas en los que no pueda colocarse una marca de homologación de tipo de las Naciones Unidas, un certificado de homologación de tipo válido de las Naciones Unidas.
 4.
 Con el fin de llevar a cabo la vigilancia del mercado, las autoridades competentes de una Parte podrán verificar que los productos contemplados cumplen, según proceda:
 a)
 todos los reglamentos técnicos internos de esa Parte; o
 b)
 los Reglamentos de las Naciones Unidas cuya conformidad haya sido certificada, de conformidad con el presente artículo, mediante una declaración de conformidad válida de las Naciones Unidas que certifique la conformidad con una IWVTA-U, en el caso de los vehículos enteros, o mediante una marca de homologación de tipo válida de las Naciones Unidas colocada sobre el producto o un certificado de homologación de tipo válido de las Naciones Unidas, en el caso de los equipos y las piezas.
 Dichos controles se realizarán mediante un muestreo aleatorio en el mercado y de conformidad con los reglamentos técnicos a que se refieren las letras a) o b) del presente apartado, según el caso.
 5.
 Las Partes se esforzarán por cooperar en el ámbito de la vigilancia del mercado para fomentar la detección y la solución de los casos en que los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes no son conformes.
 6.
 Una Parte podrá adoptar cualquier medida adecuada con respecto a los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes que supongan un riesgo grave para la salud o la seguridad de las personas o con respecto a otros aspectos de la protección del interés público, o que, de otro modo, no cumplan los requisitos aplicables. Dichas medidas podrán incluir la prohibición o restricción de la comercialización, la matriculación o la puesta en servicio de los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes de que se trate, su retirada del mercado o su recuperación. Si una Parte decide adoptar o mantener este tipo de medidas, deberá informar de ello sin demora a la otra Parte y, a petición de esta última, exponer los motivos que justifiquen la adopción de dichas medidas.
 Artículo 7: Productos con nuevas tecnologías o nuevas características
 1.
 Ninguna de las Partes deberá impedir o limitar el acceso a su mercado de un producto contemplado en el presente anexo que haya sido aprobado por la Parte exportadora por el hecho de que el producto incorpore una nueva tecnología o una nueva característica que la Parte importadora aún no haya regulado, a menos que pueda demostrar que tiene motivos razonables para creer que dicha nueva tecnología o nueva característica representa un riesgo para la salud humana, la seguridad o el medio ambiente.
 2.
 Si una Parte decide impedir el acceso a su mercado de un producto o exige la retirada de su mercado de un producto de la otra Parte contemplado en el presente anexo porque incorpora una nueva tecnología o una nueva característica que representa un riesgo para la salud humana, la seguridad o el medio ambiente, notificará inmediatamente tal decisión a la otra Parte y al operador u operadores económicos afectados. La notificación incluirá toda la información científica o técnica pertinente que se haya tenido en cuenta en la decisión.
 Artículo 8: Cooperación
 1.
 Con el fin de seguir facilitando el comercio de vehículos de motor, sus piezas y equipos, y de evitar problemas de acceso al mercado, garantizando al mismo tiempo la salud humana, la seguridad y la protección del medio ambiente, las Partes se esforzarán por cooperar e intercambiar información, según proceda.
 2.
 Los ámbitos de cooperación previstos en el presente artículo podrán incluir, en particular:
 a)
 la elaboración y la creación de reglamentos técnicos o normas afines;
 b)
 el intercambio, en la medida de lo posible, de la investigación, la información y los resultados relacionados con la elaboración de nuevos reglamentos sobre seguridad de los vehículos o normas afines, reducción de las emisiones y nuevas tecnologías de los vehículos;
 c)
 el intercambio de la información disponible sobre la detección de defectos relacionados con la seguridad o con las emisiones, así como sobre el incumplimiento de los reglamentos técnicos; y
 d)
 la promoción de una mayor armonización internacional de los requisitos técnicos a través de foros multilaterales, como el Acuerdo de 1958 y el Acuerdo de 1998, y en particular a través de la cooperación a la hora de planificar iniciativas que persigan tal armonización.
 Artículo 9: Grupo de Trabajo sobre Vehículos de Motor y sus Componentes
 1.
 Un Grupo de Trabajo sobre Vehículos de Motor y sus Componentes asistirá al Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio en lo relativo a la supervisión y la revisión de la aplicación del presente anexo, así como para garantizar su correcto funcionamiento.
 2.
 Las funciones del Grupo de Trabajo sobre Vehículos de Motor y sus Componentes serán las siguientes:
 a)
 debatir, a petición de una Parte, cualquier asunto que surja en el marco del presente anexo;
 b)
 facilitar la cooperación y el intercambio de información de conformidad con el artículo 8;
 c)
 llevar a cabo debates técnicos, de conformidad con el artículo TBT.10 [Debates técnicos] del presente Acuerdo, sobre asuntos que entren en el ámbito de aplicación del presente anexo; y
 d)
 mantener una lista de puntos de contacto responsables de las cuestiones que puedan surgir en el marco del presente anexo.
 ANEXO TBT-2:Medicamentos
 Artículo 1: Definiciones
 1.
 A efectos del presente anexo, se entenderá por:
 (a)«autoridad»: una autoridad de una Parte enumerada en el apéndice A;
 b)«prácticas correctas de fabricación»: la parte del aseguramiento de la calidad que garantiza que los productos se producen y controlan de manera coherente de conformidad con las normas de calidad adecuadas para su uso previsto y con arreglo a lo dispuesto en la autorización de comercialización o las especificaciones del producto aplicables enumeradas en el apéndice B;
 c)«inspección»: la evaluación de una instalación de fabricación para determinar si dicha instalación de fabricación funciona de conformidad con las prácticas correctas de fabricación o los compromisos contraídos en el marco de la autorización de comercialización de un producto, que se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de la Parte correspondiente e incluye las inspecciones previa y posterior a la comercialización;
 d)«documento oficial de prácticas correctas de fabricación»: un documento expedido por una autoridad de una Parte tras la inspección de una instalación de fabricación, incluidos, por ejemplo, informes de inspección, certificados que acrediten que una instalación de fabricación cumple las prácticas correctas de fabricación, o una declaración de no conformidad con tales prácticas.
 Artículo 2: Ámbito de aplicación
 Las disposiciones del presente anexo se aplicarán a los medicamentos enumerados en el apéndice C.
 Artículo 3: Objetivos
 Por lo que se refiere a los productos cubiertos, los objetivos del presente anexo son los siguientes:
 a)
 facilitar la disponibilidad de medicamentos en el territorio de cada Parte;
 b)
 establecer las condiciones para el reconocimiento de las inspecciones y para el intercambio y la aceptación de los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación entre las Partes;
 c)
 promover la salud pública salvaguardando la seguridad de los pacientes y la salud y el bienestar de los animales, así como proteger unos niveles elevados de protección de los consumidores y del medio ambiente, cuando proceda, promoviendo enfoques reguladores acordes con las normas internacionales pertinentes.
 Artículo 4: Normas internacionales
 Las normas pertinentes para los productos cubiertos por el presente anexo garantizarán un elevado nivel de protección de la salud pública en consonancia con las normas, prácticas y directrices elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH) y la Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos para el registro de Medicamentos de Uso Veterinario (VICH).
 Artículo 5: Reconocimiento de inspecciones y aceptación de los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación
 1.
 Una Parte reconocerá las inspecciones realizadas por la otra Parte y aceptará los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación expedidos por la otra Parte de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y las directrices técnicas incluidas en el apéndice B.
 2.
 Una autoridad de una Parte puede optar, en circunstancias específicas, por no aceptar un documento oficial de prácticas correctas de fabricación expedido por una autoridad de la otra Parte en relación con las instalaciones de fabricación situadas en el territorio de la autoridad que haya publicado dicho documento. Entre dichas circunstancias cabe citar los indicios de incoherencias o insuficiencias importantes en un informe de inspección, los defectos de calidad determinados en la vigilancia posterior a la comercialización u otras pruebas específicas que planteen serias dudas en relación con la calidad del producto o la seguridad de los consumidores. Cada una de las Partes velará por que, cuando una autoridad de una Parte decida no aceptar un documento oficial de prácticas correctas de fabricación expedido por una autoridad de la otra Parte, dicha autoridad notifique a la autoridad pertinente de la otra Parte los motivos por los que no acepta el documento y pueda pedirle aclaraciones. La Parte pertinente velará por que su autoridad haga lo posible por responder oportunamente a esa solicitud de aclaración.
 3.
 Una Parte podrá aceptar documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación expedidos por una autoridad de la otra Parte en relación con instalaciones de fabricación situadas fuera del territorio de la autoridad que haya expedido dichos documentos.
 4.
 Cada Parte podrá establecer las condiciones en que acepta los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación expedidos de conformidad con el apartado 3.
 Artículo 6: Intercambio de documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación
 1.
 Cada una de las Partes velará por que, si una autoridad de una Parte solicita un documento oficial de prácticas correctas de fabricación a la autoridad de la otra Parte, la autoridad de la otra Parte procure transmitir el documento en un plazo de treinta días naturales a partir de la fecha de la solicitud.
 2.
 Cada una de las Partes tratará de manera confidencial la información incluida en un documento obtenido de conformidad con el apartado 1.
 Artículo 7: Salvaguardias
 1.
 Cada una de las Partes tiene derecho a llevar a cabo su propia inspección de las instalaciones de fabricación que hayan sido certificadas conformes por la otra Parte.
 2.
 Cada una de las Partes velará por que, antes de llevar a cabo una inspección con arreglo al apartado 1, la autoridad de la Parte que vaya a llevar a cabo la inspección notifique por escrito tal inspección a la autoridad pertinente de la otra Parte, indicándole los motivos por los que va a llevarla a cabo. La autoridad de la Parte que vaya a llevar a cabo la inspección procurará notificarlo por escrito a la autoridad de la otra Parte al menos treinta días antes de la inspección propuesta, pero podrá enviar un preaviso más breve en situaciones de urgencia. La autoridad de la otra Parte podrá participar en la inspección.
 Artículo 8: Modificaciones de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
 1.Cada una de las Partes notificará a la otra Parte, con un plazo mínimo de sesenta días, cualquier nueva medida o modificación en materia de prácticas correctas de fabricación en relación con cualquiera de las disposiciones legales y reglamentarias y las directrices técnicas pertinentes incluidas en el apéndice B.
 2.Las Partes intercambiarán toda la información necesaria, incluidas las modificaciones de sus respectivas disposiciones legales o reglamentarias, directrices técnicas o procedimientos de inspección relativos a las prácticas correctas de fabricación, de modo que cada Parte pueda considerar si siguen dándose las condiciones para el reconocimiento de las inspecciones y la aceptación de documentos oficiales sobre prácticas correctas de fabricación con arreglo al artículo 5, apartado 1.
 3.Si, como consecuencia de cualesquiera de las nuevas medidas o modificaciones mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, una Parte considera que ya no puede reconocer inspecciones ni aceptar documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación expedidos por la otra Parte, notificará a la otra Parte su intención de aplicar el artículo 9 y las Partes iniciarán consultas en el Grupo de Trabajo sobre Medicamentos.
 4.Toda notificación con arreglo al presente artículo se efectuará a través de los puntos de contacto designados en el Grupo de Trabajo sobre Medicamentos.
 Artículo 9: Suspensión
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, cada una de las Partes tendrá derecho a suspender total o parcialmente el reconocimiento de las inspecciones y la aceptación de los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación de la otra Parte, con arreglo al artículo 5, apartado 1, para todos o algunos de los productos enumerados en el apéndice C. Este derecho se ejercerá de forma objetiva y razonada. La Parte que ejerza tal derecho lo notificará a la otra Parte y proporcionará una justificación por escrito. La Parte seguirá aceptando los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación de la otra Parte expedidos antes de dicha suspensión, a menos que la Parte decida otra cosa por motivos de salud o seguridad.
 2.Cuando, tras las consultas mencionadas en el artículo 8, apartado 3, una Parte decida finalmente suspender el reconocimiento de las inspecciones y la aceptación de los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación con arreglo al artículo 5, apartado 1, podrá hacerlo de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, pero no antes de sesenta días tras el inicio de las consultas. Durante ese período de sesenta días, ambas Partes seguirán reconociendo las inspecciones y aceptando los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación expedidos por una autoridad de la otra Parte.
 3.Cuando se suspenda el reconocimiento de las inspecciones y la aceptación de los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación con arreglo al artículo 5, apartado 1, las Partes, si así lo solicita una de ellas, debatirán la cuestión en el Grupo de Trabajo sobre Medicamentos y harán todo lo posible por estudiar posibles medidas que permitan restablecer el reconocimiento de las inspecciones y la aceptación de los documentos oficiales de prácticas correctas de fabricación.
 Artículo 10: Cooperación reglamentaria
 1.
 Las Partes se esforzarán por consultarse mutuamente, según lo permita su legislación respectiva, sobre propuestas para introducir cambios significativos en reglamentos técnicos o procedimientos de inspección, especialmente aquellos que afecten al reconocimiento de los documentos de la otra Parte con arreglo al artículo 5 y, en su caso, por ofrecer la oportunidad de formular observaciones sobre dichas propuestas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.
 2.
 Las Partes se esforzarán por cooperar con vistas a reforzar, desarrollar y promover la adopción y la aplicación de directrices científicas o técnicas acordadas internacionalmente, en particular, cuando sea posible, mediante la presentación de iniciativas, propuestas y planteamientos conjuntos en las organizaciones y organismos internacionales pertinentes a que se refiere el artículo 4.
 Artículo 11: Modificaciones de los apéndices
 El Consejo de Asociación estará facultado para modificar el apéndice A con el fin de actualizar la lista de autoridades, el apéndice B con el fin de actualizar la lista de disposiciones legales y reglamentarias y directrices técnicas aplicables, y el apéndice C con el fin de actualizar la lista de productos cubiertos.
 Artículo 12: Grupo de Trabajo sobre Medicamentos
 1.
 El Grupo de Trabajo sobre Medicamentos asistirá al Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio en lo relativo a la supervisión y la revisión de la aplicación del presente anexo, así como para garantizar su correcto funcionamiento.
 2.
 Este Grupo de Trabajo desempeñará las siguientes funciones:
 (a)debatir, a petición de una Parte, cualquier asunto que surja en el marco del presente anexo;
 (b)facilitar la cooperación y los intercambios de información a efectos de lo establecido en los artículos 8 y 10;
 (c)funcionar como foro de consulta y debate a efectos de lo establecido en el artículo 8, apartado 3, y el artículo 9, apartado 3;
 d)
 llevar a cabo debates técnicos, de conformidad con el artículo TBT.10 [Debates técnicos] del presente Acuerdo, sobre asuntos que entren en el ámbito de aplicación del presente anexo; y
 e)
 mantener una lista de puntos de contacto responsables de las cuestiones que puedan surgir en el marco del presente anexo.
 Artículo 13: No aplicación del procedimiento de solución de diferencias
 El título I [Solución de diferencias] de la sexta parte del presente Acuerdo no se aplica a las diferencias relativas a la interpretación y la aplicación del presente anexo.
 APÉNDICE A. AUTORIDADES de las Partes
 1)Unión Europea:
 País
 Para los medicamentos de uso humano
 Para los medicamentos de uso veterinario
 Bélgica
 Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios / Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten / Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Bulgaria
 Agencia Búlgara de Medicamentos / ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
 Agencia Búlgara de Seguridad Alimentaria / Българска агенция по безопасност на храните
 Chequia
 Instituto Nacional para el Control de Medicamentos / Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
 Instituto para el Control Estatal de Medicamentos y Productos Biológicos de Uso Veterinario / Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
 Dinamarca
 Agencia Danesa de Medicamentos / Laegemiddelstyrelsen
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Alemania
 Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
 Instituto Paul-Ehrlich, Instituto Federal de Vacunas y Biomedicamentos / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
 Ministerio Federal de Sanidad / Bundesministerium für Gesundheit (BMG) / Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)
 97
 Oficina Federal de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria / Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
 Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura / Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
 Estonia
 Agencia Estatal de Medicamentos / Ravimiamet
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Irlanda
 Grecia
 Autoridad Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios / Health Products Regulatory Authority (HPRA)
 Organización Nacional de Medicamentos / Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 España
 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
 98
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Francia
 Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos y los Productos Sanitarios / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
 Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo. Agencia Nacional de Medicamentos Veterinarios / Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV)
 Croacia
 Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios / Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
 Ministerio de Agricultura, Dirección de Veterinaria y Seguridad Alimentaria / Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
 Italia
 Agencia Italiana de Medicamentos / Agenzia Italiana del Farmaco
 Ministerio de Sanidad, Dirección General de Sanidad Animal y Medicamentos Veterinarios / Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
 Chipre
 Letonia
 Ministerio de Sanidad, Servicios Farmacéuticos / Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας
 Agencia Estatal de Medicamentos / Zāļu valsts aģentūra
 Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Servicios Veterinarios / Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 Departamento de Evaluación y Registro del Servicio de Alimentación y Veterinaria / Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
 Lituania
 Agencia Estatal de Control de Medicamentos / Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
 Servicio Estatal de Alimentación y Veterinaria / Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba
 Luxemburgo
 Ministerio de Sanidad, División de Farmacia y Medicamentos / Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Hungría
 Malta
 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet / Instituto Nacional de Farmacia y Nutrición
 Autoridad Reguladora de Medicamentos / Medicines Regulatory Authority
 Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria, Dirección de Medicamentos Veterinarios / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)
 Sección de Medicamentos Veterinarios del Laboratorio Nacional de Veterinaria (NVL) dentro del Departamento de Salud y Bienestar de los Animales (AHWD) / Veterinary Medicines Section of the National Veterinary Laboratory (NVL) within the Animal Health and Welfare Department (AHWD)
 Países Bajos
 Inspección de Sanidad y Juventud / Inspectie Gezondheidszorg en Youth (IGJ)
 Comisión de Evaluación de Medicamentos / Bureau diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 Austria
 Polonia
 Agencia Austriaca de Seguridad Sanitaria y Alimentaria / Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
 Inspección General de Productos Farmacéuticos / Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Portugal
 Autoridad Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios / INFARMED, I.P
 Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
 Dirección General de Alimentación y Veterinaria / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)
 Rumanía
 Agencia Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios / Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
 Autoridad Nacional de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 Eslovenia
 Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios de la República de Eslovenia / Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Eslovaquia
 Instituto Nacional para el Control de Medicamentos / Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)
 Instituto de Control Estatal de Medicamentos y Productos Biológicos de Uso Veterinario / Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL)
 Finlandia
 Suecia
 Agencia Finlandesa de Medicamentos / Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)
 Agencia de Medicamentos / Läkemedelsverket
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 Véase la autoridad en el caso de los medicamentos de uso humano
 2)Reino Unido
 Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios / Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
 Dirección de Medicamentos Veterinarios / Veterinary Medicines Directorate
 APÉNDICE B. Lista de disposiciones legales y reglamentarias y directrices técnicas aplicables en materia de prácticas correctas de fabricación
 1)
 Para la Unión Europea:
 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano
 99
 ;
 Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios
 100
 ;
 Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano
 101
 ;
 Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE
 102
 ;
 Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos
 103
 ;
 Reglamento (CE) n.o 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.o 726/2004
 104
 ;
 Directiva 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, por la que se establecen los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los medicamentos en investigación de uso humano
 105
 ;
 Directiva 91/412/CEE de la Comisión, de 23 de julio de 1991, por la que se establecen los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos veterinarios
 106
 ;
 Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2017, por la que se complementa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano
 107
 ;
 Reglamento Delegado (UE) n.o 1252/2014 de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por el que se completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a principios y directrices de prácticas correctas de fabricación de principios activos para medicamentos de uso humano
 108
 ;
 Reglamento Delegado (UE) 2017/1569 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos en investigación de uso humano y las disposiciones de inspección
 109
 ;
 última versión de la «Guía de prácticas correctas de fabricación» contenida en el volumen IV de las Normas sobre medicamentos de la Unión Europea y recopilación de los procedimientos de la Unión Europea en materia de inspecciones e intercambio de información.
 2)
 Para el Reino Unido:
 Reglamentos sobre medicamentos humanos de 2012 (SI 2012/1916)
 Reglamentos sobre medicamentos de uso humano (ensayos clínicos) de 2004 (SI 2004/1031)
 Reglamentos sobre medicamentos veterinarios de 2013 (SI 2013/2033)
 Reglamentos sobre prácticas correctas de fabricación adoptados en virtud del Reglamento B17, y directrices sobre prácticas correctas de fabricación publicadas de conformidad con el Reglamento C17 de los Reglamentos sobre medicamentos humanos de 2012
 Principios y directrices sobre prácticas correctas de fabricación aplicables a efectos del anexo 2 del Reglamento sobre medicamentos veterinarios de 2013
 APÉNDICE C. PRODUCTOS CUBIERTOS
 Medicamentos de uso humano y veterinario:
 -medicamentos comercializados de uso humano o veterinario, incluidos los productos biológicos e inmunológicos comercializados de uso humano y veterinario,
 -medicamentos de terapia avanzada,
 -ingredientes farmacéuticos activos de uso humano o veterinario,
 -medicamentos en investigación.
 ANEXO TBT-3:PRODUCTOS QUÍMICOS
 Artículo 1: Definiciones
 A efectos del presente anexo, se entenderá por:
 (a)«autoridades competentes»:
 (I)para la Unión: la Comisión Europea;
 (II)para el Reino Unido: el Gobierno del Reino Unido.
 (b)«SGA de las Naciones Unidas»: el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
 Artículo 2: Ámbito de aplicación
 El presente anexo se aplica al comercio, la reglamentación, la importación y la exportación de productos químicos entre la Unión y el Reino Unido en lo que respecta a su registro, evaluación, autorización, restricción, aprobación, clasificación, etiquetado y envasado.
 Artículo 3: Objetivos
 1.
 Los objetivos del presente anexo son los siguientes:
 a)
 facilitar el comercio de productos químicos y productos afines entre las Partes;
 b)
 garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana y animal; y
 c)
 establecer la cooperación entre las autoridades responsables de la Unión y del Reino Unido.
 2.
 Las Partes reconocen que los compromisos contraídos en virtud del presente anexo no impiden a ninguna de las Partes establecer sus propias prioridades en materia de reglamentación sobre productos químicos, incluido el establecimiento de sus propios niveles de protección del medio ambiente y de la salud humana y animal.
 Artículo 4: organizaciones y organismos internacionales pertinentes
 Las Partes reconocen que las organizaciones y organismos internacionales, en particular la OCDE y el Subcomité de Expertos en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas (UNSCEGHS) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), son pertinentes para elaborar directrices científicas y técnicas con respecto a los productos químicos.
 Artículo 5: Participación en las organizaciones y organismos internacionales pertinentes y elaboración de la normativa
 1.
 Las Partes contribuirán activamente a la elaboración de las directrices científicas o técnicas a que se refiere el artículo 4 en relación con la evaluación de los peligros y riesgos de los productos químicos y los formatos para documentar los resultados de dichas evaluaciones.
 2.
 Cada una de las Partes aplicará las directrices emitidas por las organizaciones y los organismos internacionales mencionados en el artículo 4, a menos que dichas directrices sean ineficaces o inadecuadas para la consecución de los objetivos legítimos de esa Parte.
 Artículo 6: Clasificación y etiquetado de los productos químicos
 1.
 Cada una de las Partes aplicará el SGA de las Naciones Unidas del modo más completo posible dentro de su sistema respectivo, también en el caso de los productos químicos que no entren en el ámbito de aplicación del presente anexo, excepto cuando existan razones específicas para aplicar un sistema de etiquetado diferente para determinados productos químicos en la fase de producto terminado destinados al usuario final. Cada una de las Partes actualizará periódicamente esa aplicación sobre la base de las revisiones periódicas del SGA de las Naciones Unidas.
 2.
 Cuando la autoridad responsable de una Parte vaya a clasificar sustancias individuales de conformidad con sus normas y procedimientos respectivos, dará a la autoridad responsable de la otra Parte la posibilidad de expresar su punto de vista, de conformidad con dichas normas y procedimientos respectivos y dentro de los plazos aplicables.
 3.
 Cada una de las Partes hará pública la información sobre sus procedimientos de clasificación de sustancias, de conformidad con sus normas y procedimientos respectivos. Cada una de las Partes procurará responder a las observaciones de la otra Parte recibidas con arreglo al apartado 2.
 4.
 Ninguna disposición del presente artículo obligará a ninguna de las Partes a alcanzar un resultado particular en relación con la aplicación del SGA de las Naciones Unidas en su territorio o con la clasificación de una sustancia determinada, ni a adelantar, suspender o retrasar sus respectivos procedimientos ni procesos de toma de decisiones.
 Artículo 7: Cooperación
 1.
 Las Partes reconocen que la cooperación voluntaria en materia de reglamentación de productos químicos puede facilitar el comercio, de manera que beneficie a los consumidores, las empresas y el medio ambiente y contribuya a mejorar la protección de la salud humana y animal.
 2.
 Las Partes se comprometen a facilitar el intercambio de información no confidencial entre sus autoridades responsables, en particular en lo relativo a los formatos electrónicos y las herramientas utilizadas para almacenar datos.
 3.
 Las Partes cooperarán, cuando proceda, con vistas a reforzar, desarrollar y promover la adopción y la aplicación de directrices científicas o técnicas acordadas internacionalmente, en particular, cuando sea posible, mediante la presentación de iniciativas, propuestas y planteamientos conjuntos en las organizaciones y organismos internacionales pertinentes, en particular en aquellos a que se refiere el artículo 4.
 4.
 Las Partes cooperarán, si ambas Partes lo consideran beneficioso, en lo que respecta a la difusión de datos relacionados con la seguridad de los productos químicos, y pondrán dicha información a disposición del público con el objetivo de garantizar que los distintos grupos destinatarios puedan acceder fácilmente a ella y comprenderla. A petición de cualquiera de las Partes, la otra Parte facilitará a la Parte solicitante la información no confidencial de que disponga sobre la seguridad de los productos químicos.
 5.
 Si una Parte así lo solicita y la otra Parte está de acuerdo, las Partes iniciarán consultas sobre información y datos científicos en el contexto de cuestiones nuevas o emergentes relacionadas con los peligros o riesgos que plantean los productos químicos para la salud humana o el medio ambiente, con vistas a crear un fondo común de conocimientos y, si es viable, promover la mayor comprensión común posible de la ciencia en lo relativo a esas cuestiones.
 Artículo 8: Intercambio de información
 -Las Partes cooperarán e intercambiarán información sobre cualquier cuestión pertinente para la aplicación del presente anexo en el Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio.
 ANEXO TBT-4:PRODUCTOS ECOLÓGICOS
 Artículo 1: Objetivo y ámbito de aplicación
 1.
 El objetivo del presente anexo es establecer las disposiciones y procedimientos para fomentar el comercio de productos ecológicos de conformidad con los principios de no discriminación y reciprocidad, mediante el reconocimiento por las Partes de la equivalencia de sus respectivas legislaciones.
 2.
 El presente anexo se aplica a los productos ecológicos enumerados en los apéndices A y B que sean conformes con las disposiciones legales y reglamentarias que figuran en los apéndices C y D. El Consejo de Asociación estará facultado para modificar los apéndices A, B, C y D.
 Artículo 2: Definiciones
 A efectos del presente anexo, se entenderá por:
 «autoridad competente»: organismo oficial con competencia sobre las disposiciones legales y reglamentarias que figuran en los apéndices C o D, responsable de la implementación del presente anexo;
 «autoridad de control»: organismo al que la autoridad competente haya conferido, total o parcialmente, sus competencias de inspección y certificación en el ámbito de la producción ecológica de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que figuran en los apéndices C o D;
 «organismo de control»: entidad reconocida por la autoridad competente para llevar a cabo inspecciones y certificaciones en el ámbito de la producción ecológica de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que figuran en los apéndices C o D; y
 «equivalencia»: capacidad de diferentes disposiciones legales y reglamentarias y requisitos, así como de diferentes sistemas de inspección y certificación, para alcanzar los mismos objetivos.
 Artículo 3: Reconocimiento de la equivalencia
 1. Con respecto a los productos enumerados en el apéndice A, la Unión reconocerá las disposiciones legales y reglamentarias del Reino Unido que figuran en el apéndice C como equivalentes a las disposiciones legales y reglamentarias de la Unión que figuran en el apéndice D.
 2.
 Con respecto a los productos enumerados en el apéndice B, el Reino Unido reconocerá las disposiciones legales y reglamentarias de la Unión que figuran en el apéndice D como equivalentes a las disposiciones legales y reglamentarias del Reino Unido que figuran en el apéndice C.
 3.
 Dada la fecha de aplicación del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, esto es, el 1 de enero de 2022, cada una de las Partes volverá a evaluar el reconocimiento de la equivalencia a que se refieren los apartados 1 y 2 a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Si, como resultado de dicha reevaluación, una Parte no confirma la equivalencia, se suspenderá el reconocimiento de la equivalencia.
 4.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, en caso de modificación, revocación o sustitución de las disposiciones legales y reglamentarias que figuran en el apéndice C o D, las nuevas normas se considerarán equivalentes a las normas de la otra Parte, salvo que la otra Parte se oponga de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados 5 y 6.
 5.
 Si, tras recibir la información adicional de la otra Parte que ha solicitado, una Parte considera que las disposiciones legales y reglamentarias o los procedimientos administrativos o prácticas de la otra Parte ya no cumplen los requisitos de equivalencia, dicha Parte enviará una solicitud motivada a la otra Parte para que esta modifique las disposiciones legales y reglamentarias, los procedimientos administrativos o las prácticas pertinentes, y concederá a la otra Parte un plazo adecuado para garantizar la equivalencia, que no será inferior a tres meses.
 6.
 Si, tras la expiración del período previsto en el apartado 5, la Parte en cuestión todavía considera que se siguen sin cumplir los requisitos de equivalencia, podrá tomar la decisión de suspender unilateralmente el reconocimiento de la equivalencia de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes que figuran en los apéndices C o D con respecto a los productos ecológicos enumerados en los apéndices A o B.
 7.
 La decisión de suspender unilateralmente el reconocimiento de la equivalencia de las disposiciones legales y reglamentarias que figuran en los apéndices C o D con respecto a los productos ecológicos enumerados en los apéndices A o B también se podrá adoptar, tras la expiración de un plazo de preaviso de tres meses, cuando una Parte no haya facilitado la información requerida en virtud del artículo 6 o no esté de acuerdo con que se realice una evaluación por pares de conformidad con el artículo 7.
 8.
 Cuando se suspenda el reconocimiento de la equivalencia de conformidad con el presente artículo, las Partes, si así lo solicita una de ellas, debatirán la cuestión en el Grupo de Trabajo sobre Productos Ecológicos y harán todo lo posible por estudiar posibles medidas que permitan restablecer el reconocimiento de la equivalencia.
 9.
 Con respecto a los productos no incluidos en los apéndices A o B, la equivalencia se debatirá, si así lo pide una de las Partes, en el Grupo de Trabajo sobre Productos Ecológicos.
 Artículo 4: Importación y comercialización
 1.
 La Unión aceptará la importación en su territorio de los productos enumerados en el apéndice A y la comercialización de dichos productos como productos ecológicos, siempre que dichos productos cumplan las disposiciones legales y reglamentarias del Reino Unido que figuran en el apéndice C y vayan acompañados de un certificado de inspección expedido por un organismo de control reconocido por el Reino Unido e indicado a la Unión conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
 2.
 El Reino Unido aceptará la importación en su territorio de los productos enumerados en el apéndice B y la comercialización de dichos productos como productos ecológicos, siempre que dichos productos cumplan las disposiciones legales y reglamentarias de la Unión que figuran en el apéndice D y vayan acompañados de un certificado de inspección expedido por un organismo de control reconocido por la Unión e indicado al Reino Unido a que se refiere el apartado 3.
 3.
 Cada una de las Partes reconoce que las autoridades de control o los organismos de control indicados por la otra Parte son competentes para realizar los controles pertinentes de los productos ecológicos amparados por el reconocimiento de la equivalencia mencionado en el artículo 3 y para expedir el certificado de inspección mencionado en los apartados 1 y 2 del presente artículo con vistas a su importación y comercialización en el territorio de la otra Parte.
 4.
 La Parte importadora, en cooperación con la otra Parte, asignará números de código a cada autoridad de control y organismo de control indicados por la otra Parte.
 Artículo 5: Etiquetado
 1.
 Los productos importados en el territorio de una Parte de conformidad con el presente anexo cumplirán los requisitos de etiquetado establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte importadora que figuran en los apéndices C y D. Estos productos podrán llevar el logotipo ecológico de la Unión, cualquier logotipo ecológico del Reino Unido o ambos logotipos, según lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, siempre que dichos productos cumplan los requisitos de etiquetado del logotipo respectivo o de ambos logotipos.
 2.
 Las Partes se comprometen a evitar cualquier uso indebido de los términos relativos a la producción ecológica en relación con los productos ecológicos cubiertos por el reconocimiento de la equivalencia con arreglo al presente anexo.
 3.
 Las Partes se comprometen a proteger el logotipo ecológico de la Unión y cualquier logotipo ecológico del Reino Unido establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes contra toda aplicación abusiva o imitación. Las Partes velarán por que el logotipo ecológico de la Unión y el logotipo ecológico del Reino Unido solo se utilicen en el etiquetado, la publicidad o los documentos comerciales de los productos ecológicos que cumplan las disposiciones legales y reglamentarias enumeradas en los apéndices C y D.
 Artículo 6: Intercambio de información
 1.
 Las Partes intercambiarán toda información con respecto a la implementación y aplicación del presente anexo. En particular, a más tardar el 31 de marzo del segundo año siguiente al de la entrada en vigor del presente Acuerdo y a más tardar el 31 de marzo de cada año siguiente, cada Parte remitirá a la otra:
 a)
 un informe con información sobre los tipos y las cantidades de productos ecológicos exportados en virtud del presente anexo, que abarque el periodo comprendido entre enero y diciembre del año anterior;
 b)
 un informe sobre las actividades de seguimiento y supervisión realizadas por sus autoridades competentes, los resultados obtenidos y las medidas correctivas adoptadas, que abarque el período comprendido entre enero y diciembre del año anterior; y
 c)
 información detallada sobre las irregularidades observadas y las infracciones de las disposiciones legales y reglamentarias que figuran en el apéndice C o D, según proceda.
 2.
 Cada una de las Partes informará a la otra Parte, sin dilación indebida, de lo siguiente:
 a)
 cualquier actualización de la lista de sus autoridades competentes, autoridades de control y organismos de control, incluidos los datos de contacto pertinentes (en particular, la dirección y la dirección de internet);
 b)
 cualesquiera modificaciones o derogaciones que tenga previsto realizar con respecto a las disposiciones legales o reglamentarias que figuran en el apéndice C o el apéndice D, cualesquiera propuestas de nuevas disposiciones legales o reglamentarias, o cualesquiera modificaciones propuestas de los procedimientos administrativos y las prácticas relacionados con los productos ecológicos cubiertos por el presente anexo; y
 c)
 cualesquiera modificaciones o derogaciones que haya adoptado con respecto a las disposiciones legales o reglamentarias que figuran en el apéndice C o el apéndice D, o cualesquiera nuevas leyes o modificaciones pertinentes de los procedimientos administrativos y las prácticas relacionados con los productos ecológicos cubiertos por el presente anexo.
 Artículo 7: Revisiones por pares
 1.
 Después de un preaviso de al menos seis meses, cada una de las Partes permitirá que los funcionarios o especialistas designados por la otra Parte lleven a cabo revisiones por pares en su territorio para verificar que las autoridades de control y los organismos de control pertinentes realizan los controles necesarios para aplicar el presente anexo.
 2.
 Cada una de las Partes cooperará con la otra Parte y la asistirá, en la medida en que lo permita el Derecho aplicable, en la realización de las revisiones por pares mencionadas en el apartado 1, que podrán incluir visitas a oficinas de las autoridades de control y los organismos de control, instalaciones de procesamiento y operadores certificados.
 Artículo 8: Grupo de Trabajo sobre Productos Ecológicos
 1.
 El Grupo de Trabajo sobre Productos Ecológicos asistirá al Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio en lo relativo a la supervisión y la revisión de la aplicación del presente anexo, así como para garantizar su correcto funcionamiento.
 2.
 Las funciones del Grupo de Trabajo sobre Productos Ecológicos serán las siguientes:
 a)
 debatir cualquier asunto que surja en virtud del presente anexo a petición de una Parte, incluida cualquier posible necesidad de modificar el presente anexo o cualquiera de sus apéndices;
 b)
 facilitar la cooperación en relación con las disposiciones legales y reglamentarias, normas y procedimientos relativos a los productos ecológicos cubiertos por el presente anexo, incluidos los debates sobre cualquier cuestión técnica o reglamentaria relacionada con las normas y los sistemas de control; y
 c)
 llevar a cabo debates técnicos, de conformidad con el artículo TBT.10 [Debates técnicos] del presente Acuerdo, sobre asuntos que entren en el ámbito de aplicación del presente anexo.
 APÉNDICE A
 PRODUCTOS ECOLÓGICOS PROCEDENTES DEL REINO UNIDO PARA LOS QUE LA UNIÓN RECONOCE LA EQUIVALENCIA
 Descripción
 Observaciones
 Productos vegetales sin transformar
 Animales vivos o productos animales sin transformar
 Incluye la miel
 Productos de la acuicultura y algas
 Productos agrarios transformados destinados a la alimentación humana
 Productos agrarios transformados destinados a la alimentación animal
 Semillas y plántulas
 Los productos ecológicos enumerados en el presente apéndice serán productos agrarios o acuícolas sin transformar producidos en el Reino Unido o productos agrarios transformados destinados a la alimentación humana o animal que hayan sido transformados en el Reino Unido con ingredientes que se hayan cultivado en el Reino Unido o que hayan sido importados en él de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias del país.
 APÉNDICE B
 PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE LA UNIÓN PARA LOS QUE EL REINO UNIDO RECONOCE LA EQUIVALENCIA
 Descripción
 Observaciones
 Productos vegetales sin transformar
 Animales vivos o productos animales sin transformar
 Incluye la miel
 Productos de la acuicultura y algas
 Productos agrarios transformados destinados a la alimentación humana
 Productos agrarios transformados destinados a la alimentación animal
 Semillas y plántulas
 Los productos ecológicos enumerados en el presente apéndice serán productos agrarios o acuícolas sin transformar producidos en la Unión o productos agrarios transformados destinados a la alimentación humana o animal que hayan sido transformados en la Unión con ingredientes que se hayan cultivado en la Unión o que hayan sido importados en ella de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Unión.
 APÉNDICE C
 DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS SOBRE PRODUCTOS ECOLÓGICOS APLICABLES EN EL REINO UNIDO
 110
 Las siguientes disposiciones legales y reglamentarias son aplicables en el Reino Unido:
 1.REGLAMENTO (CEE) n.o 834/2007 DEL CONSEJO conservado
 2.REGLAMENTO (CEE) n.o 889/2008 DEL CONSEJO conservado
 3.REGLAMENTO (CEE) n.o 1235/2008 DEL CONSEJO conservado
 4.Reglamentos sobre productos ecológicos de 2009
 APÉNDICE D
 DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS SOBRE PRODUCTOS ECOLÓGICOS APLICABLES EN LA UNIÓN
 Las siguientes disposiciones legales y reglamentarias son aplicables en la Unión:
 1.Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2092/91
 111
 2.Reglamento (CE) n.o 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control
 112
 3.Reglamento (CE) n.o 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países
 113
 ANEXO TBT-5: COMERCIO DE VINO
 Artículo 1: Ámbito de aplicación y definiciones
 1.El presente anexo se aplica al vino clasificado en la partida 22.04 del Sistema Armonizado.
 2.A efectos del presente anexo, se entenderá por «vino producido en» la uva fresca, el mosto de uva y el mosto de uva parcialmente fermentado que hayan sido transformados en vino o añadidos a vino en el territorio de la Parte exportadora.
 Artículo 2: Definiciones de los productos y prácticas y tratamientos enológicos
 1.Las prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) se considerarán normas internacionales pertinentes a efectos del presente anexo.
 2.Cada una de las Partes autorizará la importación y la venta para el consumo del vino producido en la otra Parte, siempre que dicho vino haya sido producido de conformidad con:
 (a)las definiciones de los productos autorizadas en cada Parte con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere el apéndice A;
 (b)las prácticas enológicas establecidas en cada Parte con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere el apéndice A que sean conformes con las normas pertinentes de la OIV; y
 (c) las prácticas enológicas y las restricciones establecidas en cada Parte que no sean conformes con las normas pertinentes de la OIV y figuran en el apéndice B.
 3.El Consejo de Asociación estará facultado para modificar los apéndices a que se refiere el apartado 2.
 Artículo 3: Requisitos de certificación aplicables a la importación en los territorios respectivos de las Partes
 1.En el caso del vino producido en una Parte y comercializado en la otra Parte, la documentación y certificación que puede exigir cualquiera de las Partes se limitará a un certificado, tal como se establece en el apéndice C, autenticado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la Parte exportadora.
 2.El certificado exigido con arreglo al apartado 1 podrá ser un documento electrónico. Cada Parte facilitará el acceso al documento electrónico o a los datos necesarios para su establecimiento si así lo solicitan las autoridades competentes de la otra Parte en la que las mercancías vayan a despacharse a libre práctica. Si no se dispone de acceso a los sistemas electrónicos pertinentes, esos datos necesarios también podrán ser solicitados en forma de documento en papel.
 3.El Consejo de Asociación estará facultado para modificar el apéndice C.
 4.Los métodos de análisis reconocidos como métodos de referencia por la OIV y publicados por esta serán los métodos de referencia para determinar la composición analítica del vino en el contexto de las operaciones de control.
 Artículo 4: Información alimentaria y códigos de lote
 1.Salvo que el presente artículo disponga lo contrario, el etiquetado de los vinos importados y comercializados con arreglo al presente Acuerdo se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el territorio de la Parte importadora.
 2.
 Ninguna de las Partes exigirá que las siguientes fechas o sus equivalentes figuren en el recipiente, la etiqueta ni en el embalaje del vino:
 (a)la fecha de envasado;
 (b)la fecha de embotellado;
 (c)la fecha de producción o fabricación;
 (d)la fecha de expiración, la fecha de caducidad, la fecha límite de utilización o la fecha de vencimiento;
 (e)la fecha de consumo preferente, la fecha de duración mínima o la fecha de durabilidad mínima; o
 (f)la fecha de venta recomendada.
 No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, letra e), una Parte podrá exigir la indicación de una fecha de consumo preferente en los productos que, debido a la adición de ingredientes perecederos, puedan tener una fecha de consumo preferente más breve a la que el consumidor normalmente esperaría.
 3.Cada una de las Partes velará por que en la etiqueta de los productos envasados figure un código que permita identificar el lote al que pertenece el producto, de conformidad con la legislación de la Parte que exporte el producto envasado. El código de lote deberá figurar en un lugar fácilmente visible y ser claramente legible e indeleble. Ninguna de las Partes permitirá la comercialización de productos envasados que no cumplan los requisitos establecidos en el presente apartado.
 4.Cada una de las Partes permitirá que la información obligatoria, incluidas las traducciones o la indicación del número de unidades de bebida estándar o de bebida alcohólica, cuando proceda, figure en una etiqueta suplementaria colocada en el recipiente del vino. Podrán colocarse etiquetas suplementarias en el recipiente de vino después de la importación y antes de que el producto se comercialice en el territorio de la Parte, siempre que la información obligatoria figure de manera completa y correcta.
 5.La Parte importadora no podrá exigir que en la etiqueta figuren los alérgenos que se hayan utilizado en la producción de vino si estos no están presentes en el producto final.
 Artículo 5: Disposiciones transitorias
 El vino que, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, haya sido producido, descrito y etiquetado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de una Parte, pero de forma no conforme con el presente anexo, podrá seguir etiquetándose y comercializándose de la manera siguiente:
 a)
 por mayoristas o productores, durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo; y
 b)
 por minoristas, hasta que se agoten las existencias.
 Artículo 6: Intercambio de información
 Las Partes cooperarán e intercambiarán información sobre cualquier cuestión pertinente para la aplicación del presente anexo en el Comité Especializado en Comercio en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio.
 Artículo 7: Revisión
 A más tardar tres años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes estudiarán nuevas medidas para facilitar el comercio de vino entre las Partes.
 APÉNDICE A. DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE LAS PARTES
 Disposiciones legales y reglamentarias del Reino Unido
 114
 Disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere el artículo 2, apartado 2, relativas a:
 a)definiciones de los productos:
 (I)el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 conservado, en particular las normas de producción en el sector vitivinícola, de conformidad con los artículos 75, 81 y 91, el anexo II, parte IV, y el anexo VII, parte II, de dicho Reglamento y sus normas de desarrollo, incluidas las modificaciones posteriores;
 (II)el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión conservado, en particular sus artículos 47, 52 a 54 y sus anexos III, V y VI, incluidas las modificaciones posteriores;
 (III)el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 conservado y sus normas de desarrollo, incluidas sus modificaciones posteriores;
 b)prácticas enológicas y restricciones:
 (I)el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 conservado, en particular las prácticas enológicas y las restricciones, de conformidad con los artículos 80 y 83 y el anexo VIII de dicho Reglamento y sus normas de desarrollo, incluidas las modificaciones posteriores;
 (II)el Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión conservado, incluidas las modificaciones posteriores.
 Disposiciones legales y reglamentarias de la Unión:
 Disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere el artículo 2, apartado 2, relativas a:
 a)definiciones de los productos:
 (I)Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
 115
 , en particular las normas de producción en el sector vitivinícola, de conformidad con los artículos 75, 81 y 91, el anexo II, parte IV, y el anexo VII, parte II, de dicho Reglamento y sus normas de desarrollo, incluidas las modificaciones posteriores;
 (II)Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión
 116
 , en particular sus artículos 47, 52 a 54 y sus anexos III, V y VI, incluidas las modificaciones posteriores;
 (III)Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
 117
 , incluidas las modificaciones posteriores.
 a)prácticas enológicas y restricciones:
 (I)Reglamento (UE) n.o 1308/2013, en particular las prácticas enológicas y las restricciones de conformidad con los artículos 80 y 83 y el anexo VIII de dicho Reglamento y sus normas de desarrollo, incluidas las modificaciones posteriores;
 (II)Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión
 118
 , incluidas las modificaciones posteriores.
 APÉNDICE B. PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ADICIONALES Y RESTRICCIONES ACEPTADAS CONJUNTAMENTE POR LAS PARTES
 1)
 El mosto de uva concentrado, el mosto de uva concentrado rectificado y la sacarosa podrán utilizarse para el aumento artificial del grado alcohólico natural y edulcoración en las condiciones específicas y limitadas establecidas en el anexo VIII, parte I, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y en el anexo VIII, parte I, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 conservado, sin perjuicio de la exclusión de la utilización de estos productos en una forma reconstituida en los vinos cubiertos por el presente Acuerdo.
 2)
 No se permite la adición de agua en la vinificación, salvo cuando sea necesario por una necesidad técnica específica.
 3)
 Podrán utilizarse lías frescas en las condiciones específicas y limitadas establecidas en la parte A, cuadro 2, línea 11.2 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión y en línea con la parte A, cuadro 2, línea 11.2, del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión conservado.
 APÉNDICE C. MODELO DE AUTOCERTIFICACIÓN PARA EL VINO IMPORTADO DE [LA UNIÓN EUROPEA / EL REINO UNIDO] A [EL REINO UNIDO / LA UNIÓN EUROPEA] (1)
 1. Exportador (nombre y dirección)
 2. Número de serie (2)
 3. Importador (nombre y dirección)
 4. Autoridad competente del lugar de expedición en [la Unión Europea / el Reino Unido] (3)
 5. Sello aduanero [solo para uso oficial (de la Unión Europea / del Reino Unido)]
 6. Medio de transporte y pormenores de este (4)
 7. Lugar de descarga (si difiere de los datos del apartado 3)
 8. Descripción del producto importado (5)
 9. Cantidad en l/hl/kg
 10. Número de contenedores (6)
 11. Certificado
 «El producto descrito anteriormente está destinado al consumo humano directo y se ajusta a las definiciones y prácticas enológicas autorizadas con arreglo al anexo TBT-5 [Comercio de vino] del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra. Ha sido producido por un productor sometido a inspecciones y supervisiones por la siguiente autoridad competente (7)»:
 Expedidor que certifica la información anterior (8)
 Datos del expedidor (9)
 Lugar, fecha y firma del expedidor
 (1)De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del anexo TBT-5 [Comercio de vino] del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra.
 (2)Indíquese el número de trazabilidad de la partida, es decir, el número de serie que la identifica en los registros del exportador.
 (3)Indíquense el nombre completo, la dirección y los datos de contacto de la autoridad competente de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Reino Unido desde los que se exporta la partida que es responsable de verificar la información incluida en el presente certificado.
 (4)Indíquese el transporte utilizado para la entrega en el punto de entrada en la Unión Europea o en el Reino Unido; especifíquese el modo de transporte (buque, avión, etc.), indíquese el nombre del medio de transporte (nombre del buque, número de vuelo, etc.)
 (5)Apórtese la siguiente información:
 -denominación comercial, tal como figura en la etiqueta,
 -nombre del productor,
 -región vitícola,
 -nombre del país de producción (uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o el Reino Unido),
 -nombre de la indicación geográfica, si procede,
 -grado alcohólico volumétrico total,
 -color del producto (indíquese únicamente «tinto», «rosado» o «blanco»),
 -código de la nomenclatura combinada (código NC).
 (6)Un contenedor es un receptáculo para vino con una capacidad inferior a 60 litros. El número de contenedores puede ser el número de botellas.
 (7)Indíquense el nombre completo, la dirección y los datos de contacto de la autoridad competente pertinente de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Reino Unido.
 (8)Indíquense el nombre completo, la dirección y los datos de contacto del expedidor.
 (9)Indíquese:
 -Para la Unión Europea: el número de impuestos especiales del Sistema de Intercambio de Datos sobre Impuestos Especiales (SEED), o el número de IVA en caso de que el expedidor no tenga número SEED, o la referencia al número en la lista o el registro previstos en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión
 119
 ;
 -Para el Reino Unido: el número de impuestos especiales del Sistema de Intercambio de Datos sobre Impuestos Especiales (SEED) o el número de IVA en caso de que el expedidor no tenga número SEED, o la referencia al número del Wine Standards Board.
 ANEXO TBT-XX. MECANISMO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 4, PARA EL INTERCAMBIO PERIÓDICO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS Y CORRECTORAS CONEXAS
 [El presente anexo establecerá un mecanismo para el intercambio periódico de información entre el Sistema de Alerta Rápida de Productos No Alimentarios (RAPEX) de la Unión, o su sucesor, y la base de datos del Reino Unido relativa a la vigilancia del mercado y la seguridad de los productos creada en virtud de los Reglamentos sobre la seguridad general de los productos de 2005, o sus sucesores.
 De conformidad con el artículo TBT.9, apartado 8, el mecanismo especificará el tipo de información que se intercambiará, las modalidades de intercambio y la aplicación de las normas de confidencialidad y de protección de datos personales].
 ANEXO TBT-ZZ. MECANISMO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 5, PARA EL INTERCAMBIO PERIÓDICO DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS DISTINTOS DE LOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO TBT.9, APARTADO 4
 [El presente anexo establecerá un mecanismo para el intercambio periódico de información, incluido el intercambio de información por medios electrónicos, sobre las medidas adoptadas en relación con los productos no alimenticios no conformes distintos de los contemplados en el artículo TBT.9, apartado 4.
 De conformidad con el artículo TBT.9, apartado 8, el mecanismo especificará el tipo de información que se intercambiará, las modalidades de intercambio y la aplicación de las normas de confidencialidad y de protección de datos personales].
 ANEXO CUSTMS-1: OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS
 Artículo 1: Criterios y trato de los operadores económicos autorizados
 1. Los criterios especificados para calificar como operador económico autorizado a que se refiere el artículo CUSTMS.9 [Operadores económicos autorizados] del presente Acuerdo serán establecidos por las disposiciones legales, reglamentarias y procedimentales de las Partes. Los criterios especificados, que se publicarán, podrán incluir:
 a) inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal, en particular que no haya habido condena alguna por un delito grave en relación con la actividad económica del solicitante;
 b) demostración, por el solicitante, de un alto nivel de control de sus operaciones y del flujo de mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros comerciales y, en su caso, de los registros de transporte, que permita la correcta realización de los controles aduaneros;
 c) solvencia financiera, la cual se considerará acreditada cuando el solicitante tenga un buen nivel financiero que le permita cumplir sus compromisos, teniendo debidamente en cuenta las características del tipo de actividad de que se trate; y
 d) normas de seguridad y protección adecuadas que se considerarán cumplidas cuando el solicitante demuestre que mantiene medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la cadena de suministro internacional, incluso en los ámbitos de la integridad física y los controles de acceso, los procesos logísticos y el manejo de tipos específicos de bienes, el personal y la identificación de sus socios comerciales.
 2. Los criterios especificados para calificar como operador económico autorizado no se diseñarán ni aplicarán de manera que se pueda permitir o crear una discriminación arbitraria o injustificable entre operadores cuando prevalezcan las mismas condiciones. Dichos criterios permitirán a las pymes calificar como operadores económicos autorizados.
 3. El régimen de asociación comercial a que se refiere el artículo CUSTMS.9 [Operadores económicos autorizados] del presente Acuerdo incluirá el siguiente trato:
 a) tener en cuenta favorablemente en sus evaluaciones de riesgos el estatuto de operador económico autorizado concedido por la otra Parte, a fin de reducir las inspecciones o controles, así como en otras medidas relacionadas con la protección y la seguridad;
 b) conceder prioridad a la inspección de los envíos cubiertos por las declaraciones sumarias de salida o entrada presentadas por un operador económico autorizado, si la autoridad aduanera decide proceder a una inspección;
 c) tener en cuenta favorablemente el estatuto de operador económico autorizado concedido por la otra Parte con vistas a tratar a dicho operador como un socio seguro al evaluar los requisitos relativos a los socios comerciales para los solicitantes en el marco de su propio régimen; y
 d) esforzarse por establecer un mecanismo conjunto en el que las autoridades aduaneras de las Partes, en caso de que se interrumpan los flujos comerciales debido al aumento de los niveles de alerta de seguridad, al cierre de fronteras y/o a catástrofes naturales, emergencias peligrosas u otros incidentes graves, podrían facilitar y acelerar, en la medida de lo posible, cargas prioritarias relacionadas con los operadores económicos autorizados.
 Artículo 2: Reconocimiento mutuo y responsabilidad de la aplicación
 1. Se reconoce como compatible el estatuto de operador económico autorizado en virtud de los regímenes de asociación comercial de la Unión y el Reino Unido, y los titulares de dicho estatuto concedido en virtud de cada régimen serán tratados de acuerdo con el artículo 4.
 2. Los regímenes de cooperación comercial afectados son los siguientes:
 a) el operador económico autorizado por la Unión Europea (seguridad y protección) [artículo 38, apartado 2, letra b), del CAU]; y
 b) el programa de operadores económicos autorizados del Reino Unido (seguridad y protección) [artículo 38, apartado 2, letra b), del CAU, tal como se conserva en el Derecho nacional del Reino Unido].
 3. Las autoridades aduaneras, según la definición de la letra b) del artículo OTH.1 [Definiciones] («las autoridades aduaneras»), serán las responsables de la aplicación de las disposiciones del presente anexo.
 Artículo 3: Compatibilidad
 1. Las Partes cooperarán para mantener la compatibilidad de las normas aplicadas a cada uno de sus regímenes de asociación comercial en relación a las siguientes cuestiones:
 a) el proceso de solicitud de la concesión del estatuto de operador económico autorizado a los operadores;
 b) la evaluación de las solicitudes de estatuto de operador económico autorizado;
 c) la concesión del estatuto de operador económico autorizado; y
 d) la gestión, supervisión, suspensión, reevaluación y revocación del estatuto de operador económico autorizado.
 Las Partes velarán por que sus autoridades aduaneras supervisen el cumplimiento de las condiciones y criterios pertinentes por parte de los operadores económicos autorizados.
 2. Las Partes completarán un programa de trabajo conjunto que establezca un número mínimo de validaciones conjuntas de los titulares del estatuto de operador económico autorizado concedido en virtud de cada régimen de asociación comercial que debe completarse, a más tardar, para finales de 2021.
 3. Las Partes velarán por que sus regímenes de asociación comercial funcionen con arreglo a las normas pertinentes del Marco SAFE.
 Artículo 4: Trato de los titulares del estatuto
 1. Cada Parte brindará un trato comparable al otorgado a los operadores económicos autorizados en el marco del régimen de asociación comercial de la otra Parte. Dicho trato incluirá, en concreto, el trato establecido en el apartado 3 del artículo 1.
 2. Cada una de las Partes puede suspender el trato a que se refiere el apartado 3 del artículo 1 a un operador económico autorizado en el marco del régimen de asociación comercial de la otra Parte en virtud del presente Acuerdo si dicho operador incumple los requisitos legales. Dicha suspensión se comunicará sin demora a la otra autoridad aduanera, proporcionando cualquier información adicional relativa a los motivos de la suspensión, según proceda.
 3. Cada Parte informará a la mayor brevedad posible a la otra Parte en caso de que observe cualquier irregularidad cometida por un operador económico autorizado a la otra autoridad aduanera, a fin de permitirle a esta última adoptar una decisión fundada sobre la posible revocación o suspensión de la admisión del operador en cuestión.
 Artículo 5: Intercambio de información y comunicación
 1. Las Partes se esforzarán por comunicarse de manera efectiva entre sí en la aplicación del presente Acuerdo. Intercambiarán información y promoverán la comunicación sobre sus respectivos regímenes de cooperación comercial, entre otras medidas:
 a) facilitándose puntualmente actualizaciones del funcionamiento y desarrollo de sus regímenes de cooperación comercial;
 b) estableciendo en beneficio mutuo mecanismos que hagan posible el intercambio de información sobre la protección de la cadena de suministro;
 c) designando los puntos de contacto para sus respectivos regímenes de asociación comercial y facilitando la información de contacto de estos puntos a la otra Parte; y
 d) facilitando una comunicación interinstitucional eficaz entre la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea y Her Majesty's Revenue and Customs para mejorar las prácticas de gestión de riesgos en sus respectivos regímenes de asociación comercial con respecto a la seguridad de la cadena de suministro por parte de los operadores económicos autorizados.
 2. La información y los datos correspondientes se intercambiarán de forma sistemática por medios electrónicos.
 3. Los datos que deben intercambiarse en relación a los operadores económicos autorizados incluirán:
 a) nombre;
 b) dirección;
 c) estatuto de operador;
 d) fecha de validación o autorización;
 c) suspensiones y revocaciones de que haya sido objeto;
 f) la autorización única o número de identificación (en un formato decidido de mutuo acuerdo por las autoridades aduaneras); y
 g) otra información que las autoridades aduaneras hayan podido decidir de mutuo acuerdo, sujeta, en su caso, a las garantías necesarias.
 El intercambio de datos comenzará con la entrada en vigor del presente Acuerdo.
 4. Las Partes harán todo lo posible por establecer, en el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, un acuerdo para el intercambio totalmente automatizado de los datos a los que se hace referencia en el apartado 3 y, en cualquier caso, ejecutarán dicho acuerdo, a más tardar, un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
 Artículo 6: Tratamiento de los datos
 Cualquier intercambio de información entre las Partes en virtud del presente anexo estará sujeto mutatis mutandis a la confidencialidad y protección de la información establecida en el artículo 12 [Intercambio de información y confidencialidad] del Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
 Artículo 7: Consulta y revisión
 El Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen revisará periódicamente la aplicación de las disposiciones del presente anexo. Dicha revisión deberá incluir:
 a) las validaciones conjuntas del estatuto de operador económico autorizado otorgado por cada Parte para determinar los puntos fuertes y débiles de la aplicación del presente anexo;
 b) intercambios de opiniones sobre los datos que deben compartirse y el trato de los operadores.
 Artículo 8: Suspensión y desestimiento
 1.Cualquiera de las Partes puede seguir el procedimiento establecido en el apartado 2 en caso de que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
 a)antes o dentro del plazo de los tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo, la otra Parte ha realizado cambios sustanciales a las disposiciones legales a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 que se evaluaron para establecer que los programas de asociación comercial son compatibles, de tal magnitud que haya dejado de existir la compatibilidad requerida para el reconocimiento en virtud del apartado 1 del artículo 2;
 b)las disposiciones del apartado 2 del artículo 5 [Intercambio de información y comunicación] no son operativas.
 2.En el caso de que se produzca alguna de las circunstancias mencionadas en las letras a) o b) del apartado 1, cualquiera de las Partes podrá suspender el reconocimiento previsto en el apartado 1 del artículo 2 [Reconocimiento mutuo y responsabilidad de la aplicación] sesenta días después de notificar a la otra Parte su intención de hacerlo.
 3.Cuando una Parte notifique su intención de suspender el reconocimiento previsto en el apartado 1 del artículo 2 [Reconocimiento mutuo y responsabilidad de la aplicación] de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, la otra Parte podrá solicitar consultas en el marco del Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen. Estas consultas se celebrarán dentro de los sesenta días siguientes a la solicitud.
 4.Una Parte podrá seguir el procedimiento establecido en el apartado 5 en el caso de que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
 a)la otra Parte cambia su régimen de operadores económicos autorizados o su aplicación de este régimen de tal forma que la compatibilidad requerida para el reconocimiento en virtud del apartado 1 del artículo 2 [Reconocimiento mutuo y responsabilidad de la aplicación] haya dejado de existir.
 b)las validaciones conjuntas previstas en el apartado 2 del artículo 3 [Compatibilidad] no confirman la compatibilidad de los respectivos regímenes de operadores económicos autorizados de las Partes.
 5.En caso de que se produzca alguna de las circunstancias mencionadas en las letras a) o b), apartado 4, cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas en el marco del Comité Especializado en Comercio en materia de Cooperación Aduanera y Normas de Origen. Estas consultas se celebrarán dentro de los sesenta días siguientes a la solicitud. Si, transcurridos noventa días desde la solicitud, una Parte sigue considerando que ha dejado de existir la compatibilidad requerida para el reconocimiento con arreglo al apartado 1 del artículo 2 [Reconocimiento mutuo y responsabilidad de la aplicación], podrá notificar a la otra Parte su intención de suspender el reconocimiento de su programa. La suspensión surtirá efecto a los treinta días de la notificación.
 ANEXO SERVIN-1: MEDIDAS VIGENTES
 Notas preliminares
 1.
 Las Listas del Reino Unido y de la Unión establecen, en virtud de los artículos SERVIN.2.7 [Medidas no conformes - Liberalización de las inversiones], SERVIN.3.6 [Medidas no conformes - Comercio transfronterizo de servicios], y SERVIN.5.50 [Medidas no conformes - Servicios jurídicos], las reservas formuladas por el Reino Unido y la Unión con respecto a las medidas existentes que no se ajustan a las obligaciones impuestas por:
 (a)los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados – Liberalización de las inversiones] o SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados - Comercio transfronterizo de servicios];
 (b)el artículo SERVIN.3.3 [Presencia local - Comercio transfronterizo de servicios];
 (c)los artículos SERVIN.2.3 [Trato nacional – Liberalización de las inversiones] o SERVIN.3.4 [Trato nacional - Comercio transfronterizo de servicios];
 (d)los artículos SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida - Liberalización de las inversiones] o SERVIN.3.5 [Trato de nación más favorecida - Comercio transfronterizo de servicios];
 (e)el artículo SERVIN.2.5 [Altos directivos y consejos de administración];
 (f)el artículo SERVIN.2.6 [Requisitos de funcionamiento]; o
 (g)el artículo SERVIN.5.49 [Obligaciones - Servicios jurídicos].
 2. Las reservas formuladas por cada Parte se entenderán sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del AGCS.
 3. Cada reserva consta de los siguientes elementos:
 (a)«sector»: hace referencia al sector general en el que se formula la reserva;
 (b)«subsector»: hace referencia al sector específico en el que se formula la reserva;
 (c)«clasificación sectorial»: hace referencia, cuando proceda, a la actividad objeto de la reserva con arreglo a la CCP, la CIIU Rev. 3.1 o según se describa expresamente en la reserva;
 (d)«tipo de reserva»: obligación mencionada en el apartado 1 con respecto a la cual se formula la reserva;
 (e)«nivel de gobierno»: indica el nivel de gobierno que mantiene la medida con respecto a la cual se formula la reserva;
 (f)«medidas»: señala la legislación u otras medidas, según se maticen, en su caso, en el elemento «descripción», con respecto a las cuales se formula la reserva. Toda «medida» citada en el elemento «medidas»:
 (I)se referirá a la medida en su versión modificada, prorrogada o actualizada en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
 (II)comprenderá toda medida subordinada adoptada o mantenida en el marco de dicha medida y de conformidad con la misma; y
 (III)en relación a la lista de la Unión Europea, incluye cualquier ley u otra medida que aplique una Directiva a nivel de los Estados miembros; y
 (g)«descripción»: expone los aspectos no conformes de la medida vigente con respecto a la cual se formula la reserva.
 4.
 Para mayor certeza, si cualquiera de las Partes adopta una nueva medida a un nivel de gobernanza distinto de aquel en el que se adoptó originalmente la reserva, y esta nueva medida reemplaza de manera efectiva (dentro del territorio al cual se aplica) el aspecto disconforme de la medida original citada en el elemento «medidas», se considerará que la nueva medida constituye una «modificación» de la medida original en el sentido del apartado 1, letra c), del artículo SERVIN.2.7 [Medidas no conformes - Liberalización de las inversiones]; el apartado 1, letra c), del artículo SERVIN.3.6 [Medidas no conformes - Comercio transfronterizo de servicios]; la letra c) del artículo SERVIN.4.5 [Medidas no conformes – Entrada y estancia temporal de personas físicas con fines comerciales] y el artículo SERVIN.5.50 [Medidas no conformes – Servicios jurídicos].
 5.
 Las reservas se interpretarán teniendo en cuenta todos sus elementos. Las reservas se interpretarán a la luz de las obligaciones pertinentes de los capítulos o las secciones en función de los cuales se adopta la reserva. El elemento «medidas» prevalecerá sobre el resto de los elementos.
 6.
 Para los fines de las Listas del Reino Unido y de la Unión:
 (a)por «CIIU rev. 3.1» se entiende la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas que figuran en la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Informes Estadísticos, Serie M, n.o 4, CIIU rev. 3.1, 2002;
 (b)por «CCP» se entiende Clasificación Central de Productos Provisional (Cuadernos Estadísticos, Serie M, n.o 77, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Nueva York, 1991).
 7.
 Para los fines de las Listas del Reino Unido y de la Unión, se formula una reserva en cuanto al requisito de tener presencia local en el territorio de la Unión o el Reino Unido con respecto al artículo SERVIN.3.3 [Presencia local] y no con respecto al artículo SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados] ni al artículo SERVIN.3.4 [Trato nacional]. Además, dicho requisito no se adopta como reserva de conformidad con el artículo SERVIN.2.3 [Trato nacional].
 8.
 Toda reserva formulada a escala de la Unión es aplicable a toda medida adoptada por la Unión, a toda medida de un Estado miembro a nivel central, así como a toda medida adoptada por una administración de un Estado miembro, salvo que la reserva excluya a un determinado Estado miembro. Toda reserva formulada por un Estado miembro es aplicable a toda medida adoptada por un gobierno central, regional o local del Estado miembro en cuestión. A efectos de las reservas de Bélgica, se entenderá que el nivel de gobierno central engloba el gobierno federal y los gobiernos de las regiones y comunidades, puesto que todos ellos ostentan competencias legislativas equipolentes. A efectos de las reservas de la Unión y sus Estados miembros, se entenderá que el nivel regional de gobierno en Finlandia corresponde a las Islas Åland. Una reserva adoptada a nivel del Reino Unido se aplica a una medida del gobierno central, un gobierno regional o un gobierno local.
 9.
 La lista de reservas que figura a continuación no incluye medidas relacionadas con los requisitos y procedimientos de cualificación, las normas técnicas y los requisitos y procedimientos de concesión de licencias cuando no constituyan una limitación en el sentido de los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados - Liberalización de las inversiones], SERVIN.2.3 [Trato nacional - Liberalización de las inversiones], SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados - Comercio transfronterizo de servicios], SERVIN.3.3 [Presencia local - Comercio transfronterizo de servicios], SERVIN.3.4 [Trato nacional - Comercio transfronterizo de servicios] o SERVIN.5.49 [Obligaciones - Servicios jurídicos]. Tales medidas podrán incluir, en concreto, la necesidad de obtener una licencia; cumplir las obligaciones del servicio universal; tener cualificaciones reconocidas en sectores regulados; aprobar exámenes específicos, incluidos exámenes de idiomas; cumplir el requisito de pertenencia a una profesión determinada, como la afiliación a una organización profesional; disponer de un agente local para el servicio o mantener una dirección local; o cualquier otro requisito no discriminatorio que establezca que determinadas actividades no pueden realizase en zonas o ámbitos protegidos. Aunque no se citan, tales medidas podrán continuar aplicándose.
 10.
 Para mayor certeza, en el caso de la Unión, la obligación de conceder trato nacional no implica la obligación de extender a personas jurídicas o físicas del Reino Unido el trato concedido en un Estado miembro, de conformidad con el TFUE, o con cualquier medida adoptada con arreglo a dicho Tratado, incluida su aplicación en los Estados miembros, a:
 (I)personas físicas o residentes de otro Estado miembro, o
 (II)personas jurídicas constituidas y organizadas con arreglo al Derecho de otro Estado miembro o de la Unión, y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Unión.
 11.
 El trato concedido a las personas jurídicas establecidas por inversores de una Parte de conformidad con la legislación de la otra Parte (incluido, en el caso de la Unión, el Derecho de un Estado miembro) y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la otra Parte se entenderá sin perjuicio de cualesquier condición u obligación que, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 2 [Liberalización de las inversiones] del título II [Servicios e inversiones] del epígrafe primero [Comercio] de la segunda parte [Comercio, Transporte y Pesca] puedan haberse impuesto a tales personas jurídicas al establecerse en esa otra Parte y que continuarán siendo de aplicación.
 12.
 Las listas se aplican únicamente a los territorios del Reino Unido y de la Unión de conformidad con el artículo FINPROV.1 [Ámbito de aplicación territorial] / el artículo OTH.9.2 [Ámbito geográfico] y solo son pertinentes en el contexto de las relaciones comerciales entre la Unión y sus Estados miembros con el Reino Unido. No afectan a los derechos ni a las obligaciones de los Estados miembros que derivan del Derecho de la Unión.
 13.
 Para mayor certeza, las medidas no discriminatorias no constituyen una limitación al acceso a los mercados de acuerdo con los artículos SERVIN. 2.2 [Acceso a los mercados - Liberalización de las inversiones], SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados - Comercio transfronterizo de servicios], o SERVIN.5.49 [Obligaciones - Servicios jurídicos], para ninguna medida:
 (a)que exija que se separe la propiedad de las infraestructuras de la propiedad de los bienes o los servicios prestados a través de dichas infraestructuras, a fin de garantizar una competencia leal, por ejemplo en los ámbitos de la energía, el transporte y las telecomunicaciones;
 (b)que limite la concentración de la propiedad para garantizar una competencia leal;
 (c)destinada a garantizar la conservación y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, que incluya una limitación de la disponibilidad, la cantidad y el alcance de las concesiones otorgadas, así como la imposición de una moratoria o prohibición;
 (d)que limite el número de autorizaciones concedidas a causa de limitaciones técnicas o físicas, por ejemplo el espectro y las frecuencias de las telecomunicaciones; o
 (e)que exija que un determinado porcentaje de los accionistas, propietarios, socios o directivos de una empresa esté cualificado para ejercer o ejerza una profesión determinada, como la de abogado o contable.
 14.
 Con respecto a los servicios financieros: A diferencia de las filiales extranjeras, las sucursales establecidas directamente en un Estado miembro por una institución financiera no perteneciente a la Unión no estarán sujetas, con ciertas excepciones limitadas, a las normas cautelares armonizadas a nivel de la Unión Europea que permiten a esas filiales beneficiarse de mayores facilidades para instalar nuevos establecimientos y suministrar servicios transfronterizos en todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, esas sucursales reciben autorización para actuar en el territorio de un Estado miembro en condiciones equivalentes a las que se aplican a las instituciones financieras nacionales de ese Estado miembro, y pueden estar obligadas a cumplir diversos requisitos cautelares como, en el caso de las operaciones bancarias y con valores, la capitalización por separado y otros requisitos de solvencia y de presentación y publicación de cuentas o, en el caso de los seguros, determinados requisitos de garantía y de depósito, la capitalización por separado y la localización en el respectivo Estado miembro de los activos que representen las reservas técnicas y un mínimo de una tercera parte del margen de solvencia.
 En la lista de reservas que figura a continuación se utilizan las abreviaturas siguientes:
 UK Reino Unido
 UE Unión Europea, incluidos todos sus Estados miembros
 AT Austria
 BE Bélgica
 BG Bulgaria
 CY Chipre
 CZ Chequia
 DE Alemania
 DK Dinamarca
 EE Estonia
 EL Grecia
 ES España
 FI Finlandia
 FR Francia
 HR Croacia
 HU Hungría
 IE Irlanda
 IT Italia
 LT Lituania
 LU Luxemburgo
 LV Letonia
 MT Malta
 NL Países Bajos
 PL Polonia
 PT Portugal
 RO Rumanía
 SE Suecia
 SI Eslovenia
 SK República Eslovaca
 Lista de la Unión
 Reserva n.o 1 – Todos los sectores
 Reserva n.o 2 – Servicios profesionales (todas las profesiones excepto las relacionadas con la salud)
 Reserva n.o 3 – Servicios profesionales (relacionados con la salud y la venta al por menor de productos farmacéuticos)
 Reserva n.o 4 – Servicios de investigación y desarrollo
 Reserva n.o 5 – Servicios inmobiliarios
 Reserva n.o 6 – Servicios prestados a las empresas
 Reserva n.o 7 – Servicios de comunicaciones
 Reserva n.o 8 – Servicios de construcción
 Reserva n.o 9 – Servicios de distribución
 Reserva n.o 10 – Servicios de enseñanza
 Reserva n.o 11 – Servicios medioambientales
 Reserva n.o 12 – Servicios financieros
 Reserva n.o 13 – Servicios sociales y de salud
 Reserva n.o 14 – Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes
 Reserva n.o 15 – Servicios de ocio, culturales y deportivos
 Reserva n.o 16 – Servicios de transporte y servicios auxiliares del transporte
 Reserva n.o 17 – Actividades relacionadas con la energía
 Reserva n.o 18 – Agricultura, pesca y manufacturas
 Reserva n.o 1 – Todos los sectores
 Sector:
 Todos los sectores
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Requisitos de funcionamiento
 Altos directivos y consejos de administración
 Obligaciones para los servicios jurídicos
 Capítulo/sección:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios y Marco regulatorio para los servicios jurídicos
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Tipos de establecimiento
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y al Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 La UE: El trato concedido en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las personas jurídicas constituidas de conformidad con el Derecho de la Unión o de un Estado miembro y que tengan su sede social, administración central o centro de actividad principal en la Unión, incluidas las establecidas en la Unión por inversores del Reino Unido, no se concederá a las personas jurídicas establecidas fuera de la Unión, ni a las sucursales u oficinas de representación de dichas personas jurídicas, incluidas las sucursales u oficinas de representación de personas jurídicas del Reino Unido.
 Podrá concederse un trato menos favorable a las personas jurídicas constituidas de conformidad con el Derecho de la Unión o de un Estado miembro de la Unión que solo tengan su sede social en la Unión, salvo que pueda acreditarse su vinculación efectiva y continua con la economía de uno de los Estados miembros.
 Medidas:
 UE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración:
 Esta reserva se aplica a los servicios sociales, de salud y de enseñanza:
 La UE (se aplica también al ámbito regional de gobierno): Al vender o enajenar sus participaciones en el capital de una empresa estatal o una entidad pública existente que preste servicios sociales, de salud o de enseñanza (CCP 93, 92), o bien activos de dicha empresa estatal o entidad pública, todo Estado miembro podrá prohibir o imponer limitaciones sobre la titularidad de tales participaciones o activos por parte de inversores del Reino Unido o sus empresas, y/o sobre la capacidad de los titulares de tales participaciones y activos para controlar cualquier empresa resultante. En lo concerniente a dicha venta u otra forma de enajenación, todo Estado miembro podrá adoptar o mantener medidas relativas a la nacionalidad de los altos directivos o de los miembros de los consejos de administración, así como cualquier medida que limite el número de proveedores.
 A los efectos de la presente reserva:
 (I) se considerará medida vigente toda medida mantenida o adoptada a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo que, en el momento de la venta u otra forma de enajenación, prohíba o imponga limitaciones sobre la titularidad de participaciones o activos, imponga requisitos de nacionalidad o residencia, o limitaciones del número de proveedores con arreglo a lo dispuesto en la presente reserva; y
 (II) se entenderá por «empresa estatal» toda empresa propiedad de un Estado miembro o bajo su control mediante participaciones, incluidas las empresas constituidas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo con el único fin de vender o enajenar participaciones en el capital de una empresa estatal o una entidad pública existente o activos de estas últimas.
 Medidas:
 UE: Las expuestas con anterioridad en el elemento descripción.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y al Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones
 En AT: Para explotar una sucursal, las sociedades no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (no EEE) deberán designar, como mínimo, a un representante que sea residente en Austria.
 Los directivos (directores generales, personas físicas) encargados del cumplimiento de la Ley de Comercio austriaca (Gewerbeordnung) deberán tener su domicilio en Austria.
 En BG: Las personas jurídicas extranjeras no constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) podrán desarrollar su actividad económica en la República de Bulgaria si se hallan constituidas en dicho país en forma de sociedad inscrita en el Registro Mercantil. El establecimiento de sucursales requerirá autorización.
 Las oficinas de representación de empresas extranjeras deberán registrarse en la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria y no podrán ejercer ningún tipo de actividad económica, sino que únicamente estarán facultadas para publicitar su sociedad matriz y desempeñar funciones de representación e intermediación.
 En EE: Si la residencia de al menos la mitad de los miembros del consejo de administración de una sociedad de responsabilidad limitada publica, una sociedad de responsabilidad limitada privada o de una sucursal no se encuentra en Estonia, en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo o en la Confederación Suiza, la sociedad limitada privada, la sociedad limitada pública o la sociedad extranjera deberá designar un punto de contacto cuya dirección en Estonia pueda utilizarse para la entrega de los documentos procesales de la empresa y las declaraciones de intenciones dirigidas a la empresa (es decir, la sucursal de una empresa extranjera).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados y al Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 En FI: Al menos uno de los socios de una sociedad colectiva o uno de los socios colectivos de una sociedad comanditaria simple deberá ser residente en el EEE o, si se trata de una persona jurídica, tener su domicilio social en el EEE (no se admitirán sucursales). La autoridad de registro podrá conceder exenciones.
 Para desarrollar una actividad comercial como empresario individual será obligatorio residir en el EEE.
 Las empresas extranjeras de un país no perteneciente al EEE que se propongan desarrollar una actividad económica o comercial mediante el establecimiento de una sucursal en Finlandia necesitarán una licencia comercial.
 Al menos uno de los miembros ordinarios y uno de los miembros suplentes del consejo de administración, así como el director general, deberán ser residentes en el EEE. La autoridad de registro podrá conceder exenciones a las empresas.
 En SE: Las sociedades extranjeras que no se hayan constituido como persona jurídica en Suecia o que lleven a cabo su actividad a través de un agente comercial deberán efectuar sus transacciones comerciales a través de una sucursal establecida en Suecia con administración independiente y contabilidad separada. El director general y el director general adjunto de la sucursal, en su caso, deberán residir en el EEE. Las personas físicas no residentes en el EEE que efectúen transacciones comerciales en Suecia deberán designar e inscribir a un representante residente responsable de las actividades desarrolladas en Suecia. Se llevarán cuentas distintas para las actividades desarrolladas en Suecia. En casos concretos, la autoridad competente podrá conceder exenciones a los requisitos sobre sucursales y residencia. Los proyectos de construcción cuya duración sea inferior a un año (llevados a cabo por una persona física o jurídica domiciliada fuera del EEE) quedarán exentos de los requisitos de establecer una sucursal y de designar a un representante residente.
 En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades cooperativas de interés económico, deberán residir en el EEE al menos el 50 % de los miembros del consejo de administración y el 50 % de los miembros suplentes del consejo de administración, el director general, el director general adjunto y al menos una de las personas autorizadas a firmar en nombre de la empresa, en su caso. La autoridad competente podrá conceder exenciones a este requisito. Si ninguno de los representantes de la empresa o sociedad reside en Suecia, el consejo de administración deberá designar e inscribir a una persona residente en Suecia a la que se haya autorizado a recibir notificaciones en nombre de la empresa o sociedad.
 Para la constitución de todos los demás tipos de personas jurídicas regirán condiciones análogas.
 En SK: Las personas físicas que se inscriban en el registro correspondiente (Registro de Comercio, de Empresas u otro registro profesional) como personas autorizadas para actuar en nombre de un empresario deben presentar el permiso de residencia en Eslovaquia.
 Medidas:
 AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2);
 GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); y Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2a).
 BG: Ley de Comercio, artículo 17a; y
 Ley de Territorio de las Inversiones, artículo 24.
 EE: Äriseadustik (Código de Comercio) § 631 (1, 2 y 4).
 FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Ley sobre el Derecho a Ejercer una Actividad Comercial) (122/1919), artículo 1;
 Osuuskuntalaki (Ley de Cooperativas) (1488/2001);
 Osakeyhtiölaki (Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) (624/2006); y
 Laki luottolaitostoiminnasta (Ley de Entidades de Crédito) (121/2007).
 SE: Lag om utländska filialer m.m (Ley de Sucursales Extranjeras) (1992:160);
 Aktiebolagslagen (Ley de Sociedades) (2005:551);
 Ley de Sociedades Cooperativas de Interés Económico (2018:672); y Ley de Agrupaciones Europeas de Interés Económico (1994:1927).
 SK: Ley 513/1991 sobre el Código Mercantil (artículo 21); Ley 455/1991 de Concesión de Licencias; y
 Ley n.o 404/2011 sobre Residencia de Extranjeros (artículos 22 y 32).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, al Trato nacional, a los Requisitos de funcionamiento y al Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 En BG: Las empresas establecidas podrán contratar a nacionales de terceros países solo para puestos para los que no se exige la nacionalidad búlgara. El número total de nacionales de terceros países contratados por una empresa establecida durante los doce meses anteriores no deberá superar el 20 % (el 35 % en el caso de las pequeñas y medianas empresas) del número medio de nacionales búlgaros y nacionales de otros Estados miembros, de los Estados partes del Acuerdo sobre el EEE o de la Confederación Suiza con contrato de trabajo. Además, antes de contratar a un nacional de un tercer país, el empleador deberá demostrar que no existe un trabajador búlgaro, de la UE, del EEE o de Suiza adecuado para el puesto respectivo mediante la realización de una prueba sobre la situación del mercado laboral.
 En el caso de los trabajadores altamente cualificados, estacionales y desplazados, así como de las personas trasladadas dentro de una misma empresa, los investigadores y los estudiantes, no hay un límite en el número de nacionales de terceros países que pueden trabajan para una sola empresa. No se exigirá realizar ninguna prueba sobre la situación del mercado laborar para contratar a nacionales de terceros países en estas categorías.
 Medidas:
 BG: Ley de Migración y Movilidad Laboral.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En PL: El ámbito de actividad de una oficina de representación solo podrá abarcar la publicidad y promoción de la sociedad matriz extranjera representada por la oficina. Por lo que respecta a todos los sectores salvo los servicios jurídicos, los inversores no pertenecientes a la Unión Europea y sus empresas únicamente podrán establecerse en forma de sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima, mientras que las empresas nacionales podrán también adoptar la forma de sociedades no comerciales (sociedad colectiva y sociedad de responsabilidad ilimitada).
 Medidas:
 PL: Ley, de 6 de marzo de 2018, sobre normas relativas a la actividad económica de empresarios extranjeros y otras personas extranjeras en el territorio de la República de Polonia.
 b)
 Adquisición de bienes inmuebles
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional:
 En AT (se aplica al ámbito regional de gobierno): La adquisición, compra y alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles por parte de personas físicas y jurídicas no pertenecientes a la Unión Europea requerirá una autorización de la administración regional competente (Länder). Esta autorización se concederá únicamente si se estima que la adquisición resulta conveniente para el interés público (en particular desde el punto de vista económico, social y cultural).
 En CY: Los chipriotas y las personas de origen chipriota, así como los nacionales de otro Estado miembro, podrán adquirir todo tipo de bienes inmuebles en Chipre sin restricción alguna. Ningún extranjero podrá adquirir un bien inmueble sin la autorización previa del Consejo de Ministros, salvo por causa de muerte. Cuando un extranjero desee adquirir un bien inmueble cuya superficie exceda de lo necesario para la construcción de una vivienda o local o, en cualquier caso, sea superior a dos donums (2 676 m2), toda autorización concedida por el Consejo de Ministros estará supeditada a las condiciones, restricciones y criterios establecidos en la normativa elaborada por el Consejo de Ministros y aprobada por la Cámara de Representantes. Se entenderá por «extranjero» toda persona que no tenga la nacionalidad de la República de Chipre, incluidas las sociedades bajo control extranjero. Quedan excluidos de esta definición los extranjeros de origen chipriota y los cónyuges no chipriotas de nacionales de la República de Chipre.
 En CZ: Los predios agrícolas de propiedad estatal están sujetos a una normativa específica. Los predios agrícolas pertenecientes al Estado solo podrán ser adquiridos por ciudadanos checos, nacionales de otro Estado miembro, de Estados partes del Acuerdo sobre el EEE o de Suiza. Las personas jurídicas podrán adquirir predios agrícolas pertenecientes al Estado solo si son empresarios agrícolas en la República Checa o personas con una categoría similar en otro Estado miembro, en Estados partes del Acuerdo sobre el EEE o en la Confederación Suiza.
 En DK: Las personas físicas que no residan en Dinamarca y que no hayan residido previamente en Dinamarca durante un período total de cinco años deberán, de conformidad con la Ley de Adquisición de Dinamarca, obtener el permiso del Ministerio de Justicia para adquirir los títulos de propiedad inmobiliaria en Dinamarca. Esto también se aplica a las personas jurídicas que no están registradas en Dinamarca. Para las personas físicas, se permitirá la adquisición de bienes inmuebles si el solicitante va a hacer de esos bienes inmuebles su residencia principal.
 Para las personas jurídicas que no están registradas en Dinamarca, en general se permitirá la adquisición de bienes inmuebles, si la adquisición es un requisito previo para las actividades comerciales del comprador. También se requiere permiso si el solicitante va a utilizar los bienes inmuebles como una vivienda secundaria. Dicho permiso solo se concederá si se considera que el solicitante, a través de una evaluación general y concreta, tiene fuertes lazos particulares con Dinamarca.
 El permiso contemplado en la Ley de Adquisición solo se concede para la adquisición de un bien inmueble específico. La adquisición de predios agrícolas por parte de personas físicas o jurídicas se regirá asimismo por la Ley de Explotaciones Agrarias danesa, que impone restricciones a todas las personas, tanto de nacionalidad danesa como extranjeras, en lo referente a la adquisición de propiedades agrícolas. Por consiguiente, toda persona física o jurídica que desee adquirir una propiedad inmueble agrícola deberá cumplir los requisitos establecidos en dicha ley. En general, esto significa que se aplica un requisito limitado de residencia a la explotación agrícola. Dicho requisito no será personal. Las entidades jurídicas deberán ser de los tipos enumerados en los artículos 20 y 21 de la ley y estar registradas en la Unión (o en el EEE).
 En EE: Las personas jurídicas de un Estado miembro de la OCDE tendrán derecho a adquirir un inmueble que contenga:
 I.menos de diez hectáreas de predios agrícolas, tierras forestales o predios forestales y agrícolas en total, sin restricciones.
 II.diez hectáreas o más de predios agrícolas si la persona jurídica se ha dedicado, durante los tres años inmediatamente anteriores al año en que se realiza la transacción de adquisición del inmueble, a la producción de los productos agrícolas enumerados en el anexo I al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, excepto los productos de la pesca y el algodón (en lo sucesivo, producto agrícola).
 III.diez hectáreas o más de tierras forestales si la persona jurídica se ha dedicado, durante los tres años inmediatamente anteriores al año en que se realiza la transacción de adquisición del inmueble, a la gestión forestal en el sentido de la Ley Forestal (en lo sucesivo, gestión forestal) o a la producción de productos agrícolas.
 IV.menos de diez hectáreas de predios agrícolas y menos de diez hectáreas de tierras forestales, o diez hectáreas o más de predios agrícolas y forestales en total, si la persona jurídica se ha dedicado, durante los tres años inmediatamente anteriores al año en que se realiza la transacción de adquisición del inmueble, a la producción de productos agrícolas o a la gestión forestal.
 Si una persona jurídica no cumple los requisitos previstos en los incisos ii) a iv), únicamente podrá adquirir un inmueble que contenga diez hectáreas o más de predios agrícolas, tierras forestales o predios agrícolas y forestales en total con la autorización del ayuntamiento de la municipalidad donde esté situado el inmueble que se desea adquirir.
 Las restricciones a la adquisición de bienes inmuebles serán aplicables a los nacionales de países no pertenecientes al EEE en determinadas zonas geográfica.
 En EL: La adquisición o el arrendamiento de bienes inmuebles en las regiones fronterizas estará prohibida a las personas físicas o jurídicas que no pertenezcan a los Estados miembros y la Asociación Europea de Libre Comercio o que estén basados fuera de ellos. La prohibición podrá levantarse mediante una decisión discrecional de un comité de la administración descentralizada correspondiente (o del Ministro de Defensa Nacional en caso de que las propiedades a explotar pertenezcan al Fondo de Explotación de la Propiedad Pública/Privada). .
 En HR: Las empresas extranjeras solo podrán adquirir bienes inmuebles para la prestación de servicios si se encuentran establecidas y constituidas como personas jurídicas en Croacia. La adquisición de los bienes inmuebles necesarios para la prestación de servicios por parte de sucursales requerirá la aprobación del Ministerio de Justicia. Los nacionales extranjeros no podrán adquirir suelo agrícola.
 En MT: Las personas que no sean nacionales de un Estado miembro no podrán adquirir bienes inmuebles con fines comerciales. Las empresas en las que un 25 % (o un porcentaje superior) de las participaciones en el capital corresponda a personas no pertenecientes a la Unión Europea deberán obtener la autorización de la administración competente (Ministerio de Hacienda) para comprar bienes inmuebles con fines comerciales o económicos. La administración competente determinará si la adquisición propuesta supone un beneficio neto para la economía maltesa.
 En PL: Se requerirá un permiso para la adquisición directa o indirecta de bienes inmuebles por parte de extranjeros. El permiso se expedirá en virtud de una decisión administrativa del ministro competente en materia de asuntos internos, con el consentimiento del Ministerio de Defensa Nacional; en el caso de las fincas rústicas también será necesario el consentimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
 Medidas:
 AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;
 Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;
 NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;
 OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;
 Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;
 Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;
 Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; y
 Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.
 CY: Ley de Adquisición de Bienes Inmuebles (por Extranjeros) (capítulo 109), en su versión modificada.
 CZ: Ley n.o 503/2012 Sb. sobre la Oficina del Patrimonio del Estado, en su versión modificada.
 DK: Ley de Adquisición de Bienes Inmuebles danesa (Ley de Consolidación n.o 265, de
 21 de marzo de 2014, relativa a la Adquisición de Bienes Inmuebles;
 Orden Ejecutiva sobre Adquisiciones (Orden Ejecutiva n.o 764 de 18 de septiembre de 1995); y Ley de Explotaciones Agrarias (Ley de Consolidación n.o 27, de 4 de enero de 2017).
 EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (Ley de Restricciones a la Adquisición de Inmuebles), capítulos 2 y 4, capítulos 3 y 10, 2017.
 EL: Ley 1892/1990, en su versión actual, en combinación, en lo que respecta a su aplicación, con la decisión ministerial F.110/3/330340/S.120/7-4-14 del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Protección Ciudadana.
 HR: Ley de Titularidad y otros Derechos de Propiedad (Boletines Oficiales n.o 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12 y 152/14), artículos 354 a 358.b; Ley del Suelo Agrícola (Boletines Oficiales n.o 20/18, 115/18 y 98/19), artículo 2; Ley de Procedimiento Administrativo General.
 MT: Ley (de Adquisición por no Residentes) de Bienes Inmuebles (Cap. 246); y Protocolo n.o 6 sobre la adquisición de residencias secundarias en Malta, anejo al Tratado relativo a la adhesión de la República de Malta a la Unión Europea.
 PL: Ley de 24 de marzo de 1920, relativa a la Adquisición de Bienes Inmuebles por parte de Extranjeros (Boletín Oficial de 2016, punto 1061, y modificaciones posteriores).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En HU: La adquisición de bienes inmuebles por parte de no residentes estará supeditada a la obtención de una autorización del órgano administrativo competente en función de la ubicación geográfica de la propiedad.
 Medidas:
 HU: Decreto Gubernamental n.o 251/2014 (X. 2.) sobre la adquisición por extranjeros de
 bienes inmuebles distintos del suelo utilizado para fines agrícolas o forestales; y Ley LXXVIII de 1993 (apartado 1/A).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, al Trato nacional y al Trato de nación más favorecida:
 En LV: Los nacionales del Reino Unido podrán adquirir suelo urbano a través de personas jurídicas registradas en Letonia o en otro Estado miembro a condición de que:
 (I)más del 50 % del capital de dichas empresas pertenezca a nacionales de Estados miembros, al Gobierno letón o a un municipio de Letonia, de forma conjunta o por separado;
 (II)más del 50 % del capital de dichas empresas pertenezca a personas físicas y jurídicas de terceros países con los que Letonia haya celebrado acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones que hayan sido aprobados por el Parlamento letón antes del 31 de diciembre de 1996;
 (III)más del 50 % del capital de dichas empresas pertenezca a personas físicas y jurídicas de terceros países con los que Letonia haya celebrado acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones después del 31 de diciembre de 1996, siempre que en tales acuerdos se hayan determinado los derechos de las personas físicas y jurídicas letonas con respecto a la adquisición de suelo en el tercer país interesado;
 (IV) más del 50 % del capital de dichas empresas pertenezca conjuntamente a personas contempladas en los incisos i) a iii); o
 (V)dichas empresas sean sociedades anónimas cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores.
 En la medida en que el Reino Unido permita a los nacionales y las empresas de Letonia adquirir fincas urbanas en sus territorios, Letonia permitirá a los nacionales y las empresas del Reino Unido adquirir fincas urbanas en Letonia en las mismas condiciones que los nacionales letones.
 Medidas:
 LV: Ley relativa a la reforma del régimen del suelo en las ciudades de la República de Letonia, secciones 20 y 21.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y al Trato de nación más favorecida:
 En DE: Ciertas condiciones de reciprocidad pueden aplicarse a la adquisición de bienes inmuebles.
 En ES: Requerirán autorización administrativa previa del Consejo de Ministros las inversiones extranjeras de estados que no sean Estados miembros en actividades directamente relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles de destino diplomático, salvo que exista un acuerdo para liberalizarlas en régimen de reciprocidad.
 En RO: Los nacionales extranjeros, los apátridas y las personas jurídicas (que no sean nacionales de un Estado miembro del EEE, ni personas jurídicas establecidas en él) podrán adquirir derechos de propiedad de tierras de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales y sobre una base de reciprocidad. Los nacionales extranjeros, los apátridas y las personas jurídicas no podrán adquirir derechos de propiedad de tierras en condiciones más favorables que las aplicables a las personas físicas y jurídicas de la Unión Europea.
 Medidas:
 DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB, Ley Introductoria al Código Civil).
 ES: Real Decreto 664/1999, de 23 de abril de 1999, sobre inversiones exteriores.
 RO: Ley 17/2014 sobre algunas medidas que regulan la compraventa de suelo agrícola situado fuera de centros urbanos y que las modifica; y
 Ley n.o 268/2001 sobre la privatización de las empresas que poseen suelo de propiedad pública y la gestión privada del estado para la agricultura y el establecimiento de la Agencia Estatal de Dominios, con modificaciones posteriores.
 Reserva n.o 2 – Servicios profesionales (todas las profesiones excepto las relacionadas con la salud)
 Sector – subsector:
 Servicios profesionales – servicios jurídicos; agente de patentes, agente de la propiedad industrial, abogados especializados en propiedad intelectual; servicios de contabilidad y teneduría de libros; servicios de auditoría, servicios de asesoramiento tributario; servicios de arquitectura y planificación urbana, servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería
 Clasificación sectorial:
 CCP 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte de 879
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Obligaciones para los servicios jurídicos
 Capítulo/sección:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios y Marco regulatorio para los servicios jurídicos
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Servicios jurídicos (parte de CCP 861)
 120
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y al Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 En la UE: Son aplicables los requisitos relativos a la forma jurídica no discriminatorios en cada Estado miembro.
 i)
 Servicios jurídicos designados prestados con el título profesional de origen [parte de CCP 861 — servicios de asesoramiento legal, arbitraje, conciliación y mediación en relación con la jurisdicción local y la legislación internacional regulados por la sección 7 (Servicios jurídicos) del capítulo 5 (Marco regulador) del título II del epígrafe primero (Comercio) de la segunda parte (Comercio, Transporte y Pesca)]
 Para mayor certeza, de acuerdo con las notas preliminares, en concreto el apartado 9, los requisitos para registrarse en un Colegio de Abogados pueden incluir el requisito de haber completado alguna formación bajo la supervisión de un abogado con licencia, o tener una oficina o una dirección postal dentro del jurisdicción de un Colegio de Abogados específico para ser elegible para solicitar la afiliación en dicho Colegio. Algunos Estados miembros pueden imponer el requisito de tener el derecho a practicar la legislación de la jurisdicción de acogida con aquellas personas físicas que ocupen determinados puestos en un bufete de abogados/compañía/empresa o para accionistas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Acceso a los mercados y Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 En AT:
 Para la práctica de servicios jurídicos con respecto al Derecho de la jurisdicción de acogida (de la Unión y el Estado miembro), incluida la representación procesal, es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) de un país del EEE o de Suiza. Solo abogados con nacionalidad de un país del EEE o de Suiza pueden prestar servicios jurídicos a través de presencia comercial. La práctica de servicios jurídicos en relación con el Derecho público internacional y el Derecho de la jurisdicción de origen solo se permite de forma transfronteriza.
 La participación en el capital social y en los beneficios de explotación de una empresa de servicios jurídicos por abogados extranjeros (que deberán estar plenamente cualificados en su jurisdicción de origen) no podrá ser superior al 25 %; el resto debe estar en manos de abogados plenamente cualificados del EEE o de Suiza, y solo estos últimos pueden ejercer una influencia decisiva en la toma de decisiones del bufete de abogados.
 En BE: (también respecto al trato de nación más favorecida) Los abogados extranjeros pueden ejercer como consultores jurídicos. Los abogados que sean miembros de colegios extranjeros (fuera de la UE) y deseen establecerse en Bélgica pero no cumplan las condiciones para el registro en el Colegio de abogados plenamente cualificados, en la lista de la UE o en la Lista de Abogados en Prácticas, podrán solicitar el registro en la denominada «Lista B». Solo en el Colegio de Bruselas existe una «Lista B». Un abogado que figure en la Lista B está autorizado a prestar servicios jurídicos designados.
 En BG: (también respecto al trato de nación más favorecida): Requisito de residencia permanente para los servicios de mediación legal. Un mediador puede ser solo una persona que haya sido inscrita en el Registro Uniforme de Mediadores con el Ministerio de Justicia.
 En Bulgaria, el trato nacional pleno en materia de establecimiento y actividad empresarial, así como en materia de prestación de servicios, podrá extenderse únicamente a los nacionales y sociedades de países con los que se hayan celebrado o vayan a celebrarse acuerdos bilaterales de asistencia jurídica mutua.
 En CY: Es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) en Suiza o un Estado del EEE. Únicamente podrán ser socios, accionistas o miembros del consejo de administración de un bufete de abogados en Chipre los abogados colegiados.
 En CZ: Para los abogados extranjeros es necesaria la residencia (presencia comercial).
 En DE: En el caso de los abogados extranjeros (que no tengan cualificaciones del EEE o de Suiza) podrán introducirse restricciones en cuanto a la tenencia de acciones de una empresa de servicios jurídicos que preste servicios jurídicos en el Derecho de la jurisdicción de acogida.
 En DK: Sin perjuicio de la reserva de la UE anterior, únicamente podrán poseer acciones de una empresa de servicios jurídicos los abogados que ejerzan activamente la abogacía en él, su empresa matriz o filial, y otros empleados de la empresa o de otra empresa de abogados registrada en Dinamarca. El resto de los empleados del bufete solo podrán poseer colectivamente un 10 % de las acciones y de los derechos de voto, y para ser accionistas deberán aprobar un examen sobre las normas de especial importancia para el ejercicio de la abogacía.
 Únicamente podrán ser miembros del directorio los abogados que ejercen activamente la abogacía en el bufete, su empresa matriz o filial, y otros accionistas y representantes de los empleados. La mayoría de los miembros del directorio deberán ser abogados que ejerzan activamente la abogacía en el bufete, su empresa matriz o filial. Únicamente podrán ser directores del bufete de abogados los abogados que ejerzan activamente la abogacía en dicho bufete, su empresa matriz o filial, y otros accionistas que hayan aprobado el examen mencionado anteriormente.
 En ES: Es necesaria una dirección profesional para prestar los servicios jurídicos designados.
 En FR, para ejercer de forma permanente se requiere la residencia o el establecimiento en el EEE. Sin perjuicio de la reserva de la UE anterior: En lo que respecta a todos los abogados, las empresas deberán adoptar una de las siguientes formas jurídicas autorizadas por el Derecho francés de forma no discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d’exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) y «asociación», en determinadas condiciones. Las partes interesadas, los directores y los socios pueden estar sujetos a restricciones específicas en relación con su actividad profesional.
 En HR: Solo un abogado que tenga el título croata de abogado puede establecer una empresa de servicios jurídicos (las empresas británicas pueden establecer sucursales, que puede que no contraten a abogados croatas).
 En HU: Se requiere la suscripción de un contrato de cooperación con un abogado (ügyvéd) o una empresa de servicios jurídicos (ügyvédi iroda) húngaro. Un asesor jurídico extranjero no puede ser miembro de una empresa de servicios jurídicos húngara. Un abogado extranjero no está autorizado a preparar documentos que deban presentarse o a actuar como representante legal de un cliente ante un árbitro, conciliador o mediador en ningún litigio.
 En PT (también respecto al trato de nación más favorecida): Los extranjeros titulares de un diploma otorgado por cualquier Facultad de Derecho de Portugal pueden registrarse en el Colegio de Abogados de Portugal (Ordem dos Advogados), en los mismos términos que los nacionales portugueses, si sus respectivos países otorgan a los nacionales portugueses un trato recíproco.
 Cualquier otro extranjero titular de un diploma en Derecho reconocido por una Facultad de Derecho de Portugal puede inscribirse como miembro del Colegio de Abogados a condición de que se someta a la formación necesaria y apruebe la evaluación final y el examen de admisión.
 La asesoría legal está permitida para los juristas, siempre que tengan su residencia profesional (domiciliação) en PT, superen un examen de admisión y estén colegiados.
 En RO: Los abogados extranjeros no podrán formular conclusiones oralmente ni por escrito ante los tribunales ni demás órganos jurisdiccionales, salvo en caso de arbitraje internacional.
 En SE: (también respecto al trato de nación más favorecida) Sin perjuicio de la reserva de la UE anterior: Un miembro del Colegio de Abogados de Suecia solo podrá ser contratado por otro miembro del Colegio o por una sociedad a través de la cual desarrolle su actividad un miembro del Colegio. No obstante, un miembro del Colegio también podrá ser contratado por un bufete de abogados extranjero, siempre que este último tenga su domicilio social en un país de la Unión o del EEE o en la Confederación Suiza. Supeditado a una exención del Consejo del Colegio de Abogados de Suecia, un miembro del Colegio de Abogados de Suecia también puede ser empleado de un bufete de abogados no perteneciente a la Unión Europea.
 Las sociedades personalistas o capitalistas constituidas por miembros del Colegio para el ejercicio profesional no podrán tener otra finalidad ni prestar otros servicios distintos de los relacionados con la abogacía. Si bien se permitirá la colaboración con otros bufetes de abogados, la colaboración con bufetes extranjeros requerirá la autorización del Consejo del Colegio de Abogados de Suecia. Solo los miembros del Colegio podrán, de forma directa, indirecta o a través de una sociedad, ejercer la abogacía, participar en el capital social o ser socios. Solo los miembros del Colegio podrán ser miembros titulares o suplentes del consejo de administración, directores generales adjuntos, signatarios autorizados o secretarios de las sociedades personalistas o capitalistas constituidas.
 En SI: (también respecto al trato de nación más favorecida) Los abogados extranjeros que tienen derecho a ejercer la abogacía en un país extranjero pueden prestar servicios jurídicos o ejercer la abogacía en las condiciones establecidas en el artículo 34a de la Ley de Fiscales, siempre que se cumpla realmente el requisito de reciprocidad. Sin perjuicio de la reserva de la UE sobre los requisitos relativos a la forma jurídica no discriminatorios, la presencia comercial de los abogados nombrados por el Colegio de Abogados de Eslovenia se limitará exclusivamente a empresas individuales, bufetes constituidos como sociedades personalistas de responsabilidad limitada y bufetes constituidos como sociedades personalistas de responsabilidad ilimitada. Las actividades de los bufetes se limitarán al ejercicio de la abogacía. La pertenencia a un bufete quedará reservada a los abogados.
 En SK: En el caso de los abogados de un tercer país, estará supeditado a la condición de reciprocidad.
 ii)
 Otros servicios jurídicos (Derecho de la jurisdicción de acogida, incluidos servicios de asesoramiento legal, arbitraje, conciliación y mediación, así como servicios de representación jurídica).
 Para mayor certeza, de conformidad con las notas preliminares, en particular el apartado 9, los requisitos para registrarse en un Colegio de abogados podrán incluir el requisito de haber obtenido un título en Derecho en la jurisdicción de acogida o su equivalente, o haber completado alguna práctica bajo la supervisión de un abogado con licencia o exigir una dirección postal dentro de la jurisdicción de un Colegio determinado para poder afiliarse a él.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En la UE: La representación de personas físicas o jurídicas ante la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solo podrá ser realizada por un abogado cualificado en uno de los Estados miembros del EEE que tenga su domicilio social en el EEE, en la medida en que tengan derecho, dentro de dicho Estado miembro, a actuar como representante en asuntos de marcas o en asuntos de propiedad industrial y por los representantes profesionales cuyos nombres figuren en la lista que la EUIPO mantiene a tal fin. (parte de CCP 861)
 En AT: Para la práctica de servicios jurídicos con respecto al Derecho de la jurisdicción de acogida (de la Unión y el Estado miembro), incluida la representación procesal, es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) de un país del EEE o de Suiza. Solo abogados con nacionalidad de un país del EEE o de Suiza pueden prestar servicios jurídicos a través de presencia comercial. La práctica de servicios jurídicos en relación con el Derecho público internacional y el Derecho de la jurisdicción de origen solo se permite de forma transfronteriza.
 La participación en el capital social y en los beneficios de explotación de una empresa de servicios jurídicos por abogados extranjeros (que deberán estar plenamente cualificados en su jurisdicción de origen) no podrá ser superior al 25 %; el resto debe estar en manos de abogados plenamente cualificados del EEE o de Suiza, y solo estos últimos pueden ejercer una influencia decisiva en la toma de decisiones del bufete de abogados.
 En BE: (también respecto al trato de nación más favorecida) Se necesita la residencia para la admisión completa en el Colegio, también para la representación procesal. En el caso de los abogados extranjeros que deseen obtener la admisión plena en el Colegio de Abogados, el requisito de residencia será de un mínimo de seis años a partir de la fecha de la solicitud de colegiación (tres años en determinadas circunstancias). Asimismo, deberán disponer de un certificado expedido por el ministro belga de Asuntos Exteriores que acredite que la legislación nacional o un convenio internacional permiten la reciprocidad (condición de reciprocidad).
 Los abogados extranjeros pueden ejercer como consultores jurídicos. Los abogados que sean miembros de colegios extranjeros (fuera de la UE) y deseen establecerse en Bélgica pero no cumplan las condiciones para el registro en el Colegio de abogados plenamente cualificados, en la lista de la UE o en la Lista de Abogados en Prácticas, podrán solicitar el registro en la denominada «Lista B». Solo en el Colegio de Bruselas existe una «Lista B». Un abogado en la Lista B está autorizado a ofrecer asesoramiento. La representación ante la «Cour de Cassation» estará supeditada a la inclusión en una lista determinada.
 En BG: (también respecto al trato de nación más favorecida) Reservado a ciudadanos de un Estado miembro, de otro Estado que sea parte del Acuerdo sobre el EEE, o de la Confederación Suiza que hayan sido autorizados a ejercer la profesión de abogado de conformidad con la legislación de cualquiera de los países mencionados anteriormente. Un ciudadano extranjero (con excepción de lo indicado anteriormente) que haya sido autorizado a ejercer la profesión de abogado de conformidad con la legislación de su propio país, podrá presentar recursos ante los órganos judiciales de la República de Bulgaria como asesor jurídico o mandatario de un ciudadano de su propio país, actuando en un caso específico, junto con un abogado búlgaro en casos en los que esto se haya previsto en un acuerdo entre el Estado búlgaro y el del Estado extranjero respectivo, o sobre la base del principio de mutualidad, presentando una solicitud preliminar a tal efecto ante el presidente del Consejo Supremo del Colegio. Los países en relación con los cuales existirá mutualidad serán designados por el Ministro de Justicia, a petición del presidente del Consejo del Colegio Supremo. Para poder ofrecer servicios de mediación legal, un ciudadano extranjero debe tener un permiso de residencia a largo plazo o permanente en la República de Bulgaria y haber sido inscrito en el Registro Uniforme de Mediadores con el Ministro de Justicia
 En CY: Es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) en Suiza o un Estado del EEE. Únicamente podrán ser socios, accionistas o miembros del consejo de administración de un bufete de abogados en Chipre los abogados colegiados.
 En CZ: Para los abogados externos se requiere la admisión completa en el Colegio Checo y la residencia (presencia comercial).
 En DE: Únicamente los abogados con cualificación del EEE o de Suiza podrán incorporarse al Colegio de Abogados y, de este modo, estar facultados para prestar servicios jurídicos. Se requiere presencia comercial para obtener la admisión completa al Colegio. Las exenciones pueden ser otorgadas por una asociación de abogados con competencia. En el caso de los abogados extranjeros (que no tengan cualificaciones del EEE o de Suiza) podrán introducirse restricciones en cuento a la tenencia de acciones de un bufete de abogados que preste servicios jurídicos en Derecho nacional.
 En DK: La prestación de servicios jurídicos con el título «advokat» (abogado) o cualquier título similar, así como la representación ante los tribunales, estarán reservadas a los abogados que tengan una licencia danesa para ejercer dicha profesión. Los abogados de la UE, del EEE y de Suiza podrán ejercer con el título de su país de origen.
 Sin perjuicio de la reserva de la UE sobre los requisitos relativos a la forma jurídica no discriminatorios, únicamente podrán poseer acciones de un bufete de abogados los abogados que ejerzan activamente la abogacía en él, su empresa matriz o filial, y otros empleados del bufete o de otro bufete de abogados registrado en Dinamarca. El resto de los empleados del bufete solo podrán poseer colectivamente un 10 % de las acciones y de los derechos de voto, y para ser accionistas deberán aprobar un examen sobre las normas de especial importancia para el ejercicio de la abogacía.
 Únicamente podrán ser miembros del directorio los abogados que ejercen activamente la abogacía en el bufete, su empresa matriz o filial, y otros accionistas y representantes de los empleados. La mayoría de los miembros del directorio deberán ser abogados que ejerzan activamente la abogacía en el bufete, su empresa matriz o filial. Únicamente podrán ser directores del bufete de abogados los abogados que ejerzan activamente la abogacía en dicho bufete, su empresa matriz o filial, y otros accionistas que hayan aprobado el examen mencionado anteriormente.
 En EE: Se exigirá residencia (presencia comercial).
 En EL: Es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) en Suiza o un Estado del EEE
 En ES: Es necesaria la nacionalidad suiza o de un Estado del EEE. Las autoridades competentes pueden conceder exenciones al requisito de nacionalidad.
 En FI: Para el uso del título profesional de «abogado» («asianajaja» en finlandés o «advokat» en sueco) se requiere la residencia y ser miembro de un Colegio de Abogados en el EEE o en Suiza. No obstante, los abogados no colegiados también podrán prestar servicios jurídicos.
 En FR: Sin perjuicio de la reserva de la UE sobre los requisitos relativos a la forma jurídica no discriminatorios, se necesita la residencia o el establecimiento en el EEE para una admisión completa en el Colegio, necesaria para la prestación de servicios jurídicos en una empresa de servicios jurídicos; la participación en el capital social y el derecho de voto pueden estar sujetos a restricciones cuantitativas relacionadas con la actividad profesional de los socios. La representación ante la «Cour de Cassation» y el «Conseil d'État» estará supeditada a cuotas y reservada a los nacionales franceses y de la UE.
 En lo que respecta a todos los abogados, las empresas deberán adoptar una de las siguientes formas jurídicas autorizadas por el Derecho francés de forma no discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d’exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) y «asociación», en determinadas condiciones. Para ejercer de forma permanente se requiere la residencia o el establecimiento en el EEE.
 En HR: Es necesaria la nacionalidad de un Estado de la Unión Europea.
 En HU: Es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) en Suiza o un Estado del EEE
 En LT: (también respecto al trato de nación más favorecida) Es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) en Suiza o un Estado del EEE.
 Los abogados de países extranjeros únicamente podrán ejercer ante los tribunales en las condiciones establecidas en los acuerdos internacionales, incluidas las disposiciones específicas relativas a la representación procesal. Se requiere la admisión completa en el Colegio.
 En LU (también respecto al trato de nación más favorecida): Es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) en Suiza o un Estado del EEE. El Consejo del Colegio podrá, sobre una base de reciprocidad, dispensar del requisito de nacionalidad a un ciudadano extranjero.
 En LV (también respecto al trato de nación más favorecida): Es necesaria la nacionalidad suiza o de un Estado del EEE. Los abogados de países extranjeros únicamente podrán ejercer ante los tribunales en el marco de acuerdos bilaterales de asistencia judicial mutua.
 Para los abogados de la Unión Europea o del exterior existen requisitos especiales. Por ejemplo, solamente podrán participar en procedimientos judiciales penales en asociación con un abogado perteneciente al Colegio Letón de Abogados Jurados.
 En MT: Es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) en Suiza o un Estado del EEE.
 En NL: Solamente podrán utilizar el título de «abogado» los abogados con licencia local inscritos en el registro neerlandés. En lugar de emplear el término completo «abogado», los abogados extranjeros (no inscritos) estarán obligados a mencionar el colegio profesional de su jurisdicción de origen al ejercer la profesión en los Países Bajos.
 En PT (también respecto al trato de nación más favorecida): se exigirá residencia (presencia comercial). Para la representación procesal, se requiere la plena admisión al Colegio de Abogados. Los extranjeros titulares de un diploma otorgado por cualquier Facultad de Derecho de Portugal pueden registrarse en el Colegio de Abogados de Portugal (Ordem dos Advogados), en los mismos términos que los nacionales portugueses, si sus respectivos países otorgan a los nacionales portugueses un trato recíproco.
 Cualquier otro extranjero titular de un diploma en Derecho reconocido por una Facultad de Derecho de Portugal puede inscribirse como miembro del Colegio de Abogados a condición de que se someta a la formación necesaria y apruebe la evaluación final y el examen de admisión. Solo los bufetes de abogados donde las acciones pertenezcan exclusivamente a abogados admitidos en el Colegio de Abogados de Portugal podrán llevar acabo su actividad en Portugal.
 En RO: Los abogados extranjeros no podrán formular conclusiones oralmente ni por escrito ante los tribunales ni demás órganos jurisdiccionales, salvo en caso de arbitraje internacional.
 En SE: (también respecto al trato de nación más favorecida) Para obtener la admisión en el Colegio de Abogados y utilizar el título de «advokat», se requiere la residencia de un país del EEE o de Suiza. El Consejo del Colegio de Abogados de Suecia podrá conceder exenciones. No será necesario darse de alta en el Colegio de Abogados para ejercer la abogacía con respecto al Derecho de Suecia.
 Sin perjuicio de la reserva de la UE sobre los requisitos relativos a la forma jurídica no discriminatorios, un miembro del Colegio de Abogados de Suecia solo podrá ser contratado por otro miembro del Colegio o por una sociedad a través de la cual desarrolle su actividad un miembro del Colegio. No obstante, un miembro del Colegio también podrá ser contratado por un bufete de abogados extranjero, siempre que este último tenga su domicilio social en un país del EEE o en la Confederación Suiza. Supeditado a una exención del Consejo del Colegio de Abogados de Suecia, un miembro del Colegio de Abogados de Suecia también puede ser empleado de un bufete de abogados no perteneciente a la Unión Europea.
 Las sociedades personalistas o capitalistas constituidas por miembros del Colegio para el ejercicio profesional no podrán tener otra finalidad ni prestar otros servicios distintos de los relacionados con la abogacía. Si bien se permitirá la colaboración con otros bufetes de abogados, la colaboración con bufetes extranjeros requerirá la autorización del Consejo del Colegio de Abogados de Suecia. Solo los miembros del Colegio podrán, de forma directa, indirecta o a través de una sociedad, ejercer la abogacía, participar en el capital social o ser socios. Solo los miembros del Colegio podrán ser miembros titulares o suplentes del consejo de administración, directores generales adjuntos, signatarios autorizados o secretarios de las sociedades personalistas o capitalistas constituidas.
 En SI: (también respecto al trato de nación más favorecida) La representación procesal remunerada está condicionada por la presencia comercial en la República de Eslovenia. Los abogados extranjeros que tienen derecho a ejercer la abogacía en una jurisdicción de acogida pueden prestar servicios jurídicos o ejercer la abogacía en las condiciones establecidas en el artículo 34a de la Ley de Fiscales, siempre que se cumpla realmente el requisito de reciprocidad.
 Sin perjuicio de la reserva de la UE sobre los requisitos relativos a la forma jurídica no discriminatorios, la presencia comercial de los abogados nombrados por el Colegio de Abogados de Eslovenia se limitará exclusivamente a empresas individuales, bufetes constituidos como sociedades personalistas de responsabilidad limitada y bufetes constituidos como sociedades personalistas de responsabilidad ilimitada. Las actividades de los bufetes se limitarán al ejercicio de la abogacía. La pertenencia a un bufete quedará reservada a los abogados.
 En SK: (también respecto al trato de nación más favorecida) para la práctica de servicios jurídicos con respecto al Derecho de la jurisdicción de acogida, incluida la representación procesal de los clientes, es necesaria la nacionalidad y la residencia (presencia comercial) de un país del EEE. En el caso de los abogados de un tercer país, estará supeditado a la condición de reciprocidad.
 Medidas:
 UE: Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, artículo 120; REGLAMENTO (CE) n.o 6/2002 DEL CONSEJO, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, artículo 78.
 AT: Rechtsanwaltsordnung (Ley de Abogacía) RAO, RGBl. Nr. 96/1868, artículos 1 y 21c.
 BE: Código Procesal belga (artículos 428 a 508); Real Decreto de 24 de agosto de 1970.
 BG: Ley de Abogacía; Ley de Mediación; y Ley del Notariado y de Actividad Notarial.
 CY: Ley de Abogacía (capítulo 2), en su versión modificada.
 CZ: Ley n.o 85/1996 Sb. de Abogacía.
 DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; Orden Federal de Abogacía);
 Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); y § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG; Ley de servicios jurídicos).
 DK: Retsplejeloven (Ley relativa a la administración de justicia) capítulos 12 y 13 (Ley consolidada n.o 1284 de 14 de noviembre de 2018).
 EE: Advokatuuriseadus (Ley sobre el Colegio de Abogados); Tsiviilkohtumenetluse seadustik (Código de Procedimiento Civil); halduskohtumenetluse seadustik (Código de Procedimiento en los Tribunales Administrativos); kriminaalmenetluse seadustik (Código de Procedimiento Criminal); y väärteomenetluse seadustik (Código de Procedimiento Criminal).
 EL: Código de Juristas Noveles n.o 4194/2013.
 ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, artículo 13.1a.
 FI: Laki asianajajista (Ley de Abogacía) (496/1958), sec. 1 y 3; y Oikeudenkäymiskaari (Código de Procedimiento Judicial) (4/1734).
 FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990, décret 91-1197 du 27 novembre 1991 y Ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
 HR: Legal Profession Act (Ley de Abogacía [Boletines Oficiales n.o 9/94, 117/08, 75/09 y 18/11]).
 HU: ACT LXXVIII of 2017 on the professional activities of Attorneys at Law (Ley LXXVIII de 2017 sobre la actividad profesional de los abogados).
 LT: Ley sobre el Colegio de Abogados de la República de Lituania, de 18 de marzo de 2004, n.o IX-2066, en su última versión modificada por la Ley de 12 de diciembre de 2017, n.o XIII-571.
 LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
 LV: Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 79; y Ley de Abogacía de la República de Letonia, artículo 4.
 MT: Code of Organisation and Civil Procedure (Código de Organización y Enjuiciamiento Civil) (Cap. 12).
 NL: Advocatenwet (Ley de Abogacía).
 PT: Lei 145/2015, 9 set., alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul. (art.o 194 substituído p/ art.o 201.o; e art.o 203.o substituído p/ art.o 213.o).
 Estatuto da Ordem dos Advogados (Estatuto del Colegio de Abogados) y Decreto-ley n.o 229/2004, artículos 5, 7 a 9;
 Ley 88/2003, artículos 77 y 102;
 Estatuto da Câmara dos Solicitadores (Estatuto del Colegio de Solicitadores), en su versión modificada por la Ley 49/2004, más alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; por la Ley 14/2006 y por el Decreto-ley n.o 226/2008, alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun.;
 Ley 78/2001, artículos 31, 4, alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul.;
 Ordenanza n.o 282/2010 por la que se regula la mediación familiar y laboral, alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out;
 Ley n.o 21/2007 de Mediación Penal, artículo 12;
 Ley 22/2013, de 26 de febrero, alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.
 RO: Ley de Abogacía;
 Ley de Mediación; y
 Ley de Notarios y de Actividad Notarial.
 SE: Rättegångsbalken (Código de Procedimiento Judicial de Suecia) (1942:740); y Código Deontológico del Colegio de Abogados de Suecia, aprobado el 29 de agosto de 2008.
 SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009) (Ley de Abogacía, texto consolidado no oficial elaborado por el Parlamento esloveno de 21 de mayo de 2009).
 SK: Ley 586/2003 de Abogacía, artículos 2 y 12.
 Con respecto a la liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En PL: Los abogados extranjeros pueden establecerse solo en forma de una sociedad registrada, una sociedad limitada o una sociedad anónima limitada.
 Medidas:
 PL: Ley de 5 de julio de 2002 relativa a la prestación de asistencia jurídica en la República de Polonia por parte de abogados extranjeros, artículo 19.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados
 En IE, IT: Para la práctica de servicios jurídicos con respecto al Derecho de la jurisdicción de acogida, incluida la representación procesal de clientes, es necesaria la residencia (presencia comercial).
 Medidas:
 IE: Solicitors Acts 1954-2011 (Leyes de 1954 a 2011 de Procuraduría).
 IT: Real Decreto 1578/1933 por el que se ordenan las profesiones de abogado y procurador, artículo 17.
 b) Agentes de patentes, agentes de la propiedad industrial, abogados especializados en propiedad intelectual (parte de CCP 879, 861, 8613)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En BG y CY: Para explotar los servicios de una agencia de patentes será necesaria la nacionalidad de un país del EEE o de Suiza. En CY: Se exige la residencia.
 En DE: Solo los abogados especializados en patentes con titulación alemana pueden ser admitidos en el Colegio de Abogados y, por lo tanto, tienen derecho a proporcionar servicios como agente de patentes en Alemania en el ámbito del Derecho interno. Los abogados extranjeros especializados en patentes pueden ofrecer servicios jurídicos en Derecho de otros países si demuestran tener conocimientos especializados. Para la prestación de servicios jurídicos se exige el registro en Alemania. Los abogados extranjeros (sin cualificación del EEE ni de Suiza) especializados en patentes no pueden establecer un bufete junto con abogados nacionales especializados en patentes.
 Los abogados extranjeros (que no sean del EEE ni de Suiza) especializados en patentes pueden tener presencia comercial solo en forma de Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG y solo pueden adquirir una participación minoritaria.
 En EE: Para explotar los servicios de una agencia de patentes será necesaria la nacionalidad estonia o de la UE, así como la residencia permanente.
 En ES y PT: Es necesaria la nacionalidad de un país del EEE para prestar servicios de agente de la propiedad industrial.
 En FR: Es necesario el establecimiento o la residencia en el EEE para estar registrado en la lista de servicios de agente de la propiedad industrial. La nacionalidad de un país del EEE es obligatoria para las personas físicas. Es necesario el establecimiento en el EEE para representar a un cliente ante la oficina nacional de la propiedad intelectual. Los servicios solo podrán ser prestados por sociedades constituidas en alguna de las siguientes formas jurídicas: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d’exercice libéral) o cualquier otra forma jurídica en determinadas condiciones. Independientemente de la forma jurídica, más de la mitad de las acciones y los derechos de voto deberán estar en manos de profesionales del EEE. Los bufetes de abogados podrán tener derecho a prestar servicios de agente de la propiedad industrial (véase la reserva en relación con los servicios jurídicos).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En FI y HU: Para explotar los servicios de una agencia de patentes será necesaria la residencia en un país del EEE.
 En SI: El titular o solicitante de derechos registrados (patentes, marcas, protección de dibujos y modelos) deberá ser residente en Eslovenia. De lo contrario, dispondrá de un agente de patentes o de un agente de marcas registradas y de dibujos y modelos residente en el país con el fin principal de servicios de tratamiento, notificación, etc.
 Medidas:
 BG: Artículo 4 de la Ordenanza para Representantes sobre Propiedad Intelectual.
 CY: Ley de Abogacía (capítulo 2), en su versión modificada.
 DE: Patentanwaltsordnung (PAO).
 EE: Patendivoliniku seadus (Ley de Agentes de la Propiedad Industrial), § 2 (14).
 ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, artículos 155-157.
 FI: Tavaramerkkilaki (Ley de Marcas Comerciales) (7/1964);
 Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (Ley de Abogados Autorizados Especializados en Propiedad Industrial) (22/2014); y
 Laki kasvinjalostajanoikeudesta (Ley sobre los Derechos de los Obtentores) (1279/2009); Mallioikeuslaki (Ley de Dibujos o Modelos Registrados) (221/1971).
 FR: Code de la propriété intellectuelle
 HU: Ley XXXII de 1995 sobre los Agentes de la Propiedad Industrial.
 PT: Decreto-ley 15/95, modificado por la Ley 17/2010, por Portaria 1200/2010, artículo 5, y por Portaria 239/2013; y Ley n.o 9/2009.
 SI: Zakon o industrijski lastnini (Ley de la Propiedad Industrial), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Boletín Oficial de la República de Eslovenia, n.o 51/06 –texto oficial consolidado y 100/13).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En IE: Para el establecimiento, al menos uno de los directores, socios, gerentes o empleados de una empresa deberá estar registrado como abogado especializado en patentes o propiedad intelectual en Irlanda. A nivel transfronterizo, se requiere la nacionalidad y la presencia comercial en el EEE, que el lugar principal de actividad comercial sea un Estado miembro del EEE, y que la cualificación sea conforme a la legislación de un Estado miembro del EEE.
 Medidas:
 IE: Artículos 85 y 86 de la Trade Marks Act de 1996, en su versión modificada;
 Rule 51, Rule 51A and Rule 51B of the Trade Marks Rules 1996, en su versión modificada; artículos 106 y 107 de la Patent Act de 1992, en su versión modificada; y el Register of Patent Agent Rules S.I. 580 de 2015.
 c)
 Servicios de contabilidad y teneduría de libros (CCP 8621 salvo los servicios de auditoría, 86213, 86219, 86220)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En AT: La participación de contables y tenedores de libros extranjeros, acreditados con arreglo al Derecho de su país de origen, en el capital y los derechos de voto de una empresa austriaca no podrá superar el 25 %. El proveedor de servicios debe tener una oficina o una sede profesional en el EEE (CCP 862).
 En FR: Es necesario el establecimiento o la residencia. Los servicios podrán ser prestados por sociedades constituidas en cualquier forma jurídica salvo SNC (société en nom collectif) y SCS (société en commandite simple). Se aplicarán condiciones específicas a SEL (sociétés d’exercice libéral), la AGC (Association de gestion et comptabilité) y SPE (Société pluri-professionnelle d’exercice). (CCP 86213, 86219 y 86220).
 En IT: En cuanto a los servicios de contabilidad y teneduría de libros, la inscripción en el registro profesional correspondiente, necesaria para la prestación de estos servicios, estará supeditada al requisito de residencia o domicilio social (CCP 86213, 86219, 86220).
 En PT: (también respecto al trato de nación más favorecida): Para poder prestar servicios de contabilidad, la inscripción en el registro profesional por parte de la Cámara de Contables Certificados (Ordem dos Contabilistas Certificados), necesaria para la prestación de estos servicios, estará supeditada al requisito de residencia o domicilio social, siempre que exista un trato recíproco para los nacionales portugueses.
 Medidas:
 AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Ley de Profesionales de la Contabilidad y la Auditoría, BGBl.
 I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; y
 Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.
 FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.
 IT: Decreto Legislativo 139/2005; y Ley 248/2006.
 PT: Decreto-ley n.o 452/99, modificado por la Ley n.o 139/2015 de 7 de septiembre.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En CY: El acceso está limitado a las personas físicas/naturales. Es necesaria una autorización, supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: situación del empleo en el subsector. Se permitirá la creación de asociaciones profesionales (sociedades personalistas) entre personas físicas.
 Medidas:
 CY: Ley de Auditores de 2017 (Ley 53(I)/2017).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En SI: Se requiere el establecimiento en la Unión Europea para prestar servicios de contabilidad y teneduría de libros (CCP 86213, 86219, 86220).
 Medidas:
 SI: Ley de servicios en el mercado interior, Boletín Oficial de la RS n.o 21/10.
 d)
 Servicios de auditoría (CCP 86211, 86212 salvo servicios de contabilidad y teneduría de libros)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Trato de nación más favorecida, y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En la UE: La prestación de servicios de auditoría legal estará supeditada a la aprobación por parte de las autoridades competentes de un Estado miembro que puedan reconocer la equivalencia de las calificaciones de un auditor nacional del Reino Unido o de cualquier tercer país, sujeto a reciprocidad (CCP 8621).
 Medidas:
 UE: Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo; y Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En BG: Pueden ser aplicables requisitos jurídicos formales no discriminatorios.
 Medidas:
 BG: Ley de Auditoría Independiente de Cuentas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En AT: La participación de auditores extranjeros, acreditados con arreglo al Derecho de su país de origen, en el capital y los derechos de voto de una empresa austriaca no podrá superar el 25 %. El proveedor de servicios debe tener una oficina o sede profesional en el EEE.
 Medidas:
 AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Ley de Profesionales de la Contabilidad y la Auditoría, BGBl.
 I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En DK: La prestación de servicios de auditoría legal exige autorización danesa como auditor. La aprobación requiere la residencia en un Estado miembro del EEE. Los derechos de voto en sociedades de auditoría autorizadas y sociedades de auditoría no autorizadas, con arreglo al Reglamento de aplicación de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado CEE, relativa al control legal de documentos, no debe superar el 10 % de los derechos de voto.
 En FR: (también respecto al trato de nación más favorecida) Para las auditorías legales: Es necesario el establecimiento o la residencia. Los ciudadanos británicos podrán prestar servicios de auditoría legal en Francia, sujeto a reciprocidad. Los servicios podrán ser prestados por sociedades constituidas en cualquier forma jurídica, salvo aquellas en las que los socios se consideren comerciantes («commerçants»), como SNC (Société en nom collectif) y SCS (Société en commandite simple).
 En PL: La prestación de servicios de auditoría estará supeditada al requisito de establecimiento en la Unión Europea.
 Se aplican requisitos de forma jurídica.
 Medidas:
 DK: Revisorloven (Ley de Auditores de Cuentas y Sociedades de Auditoría), Ley n.o 1287 de 20 de noviembre de 2018.
 FR: Code de commerce
 PL: Ley de 11 de mayo de 2017 relativa a los auditores, las sociedades de auditoría y la supervisión pública (Boletín Oficial de 2017, punto 1089).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En CY: El acceso está limitado a las personas físicas/naturales. Es necesaria una autorización, supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: situación del empleo en el subsector. Se permitirá la creación de asociaciones profesionales (sociedades personalistas) entre personas físicas.
 En SK: Únicamente estarán autorizadas a efectuar auditorías en la República Eslovaca las empresas que reserven un porcentaje mínimo del 60 % de sus participaciones en el capital o de sus derechos de voto a nacionales eslovacos o de otro Estado miembro.
 Medidas:
 CY: Ley de Auditores de 2017 (Ley 53(I)/2017).
 SK: Ley n.o 423/2015 de Auditoría de Cuentas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En DE: Las sociedades de auditoría («Wirtschaftsprüfungsgesellschaften») solo podrán adoptar formas jurídicas admisibles dentro del EEE. Las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias simples podrán reconocerse como Wirtschaftsprüfungsgesellschaften siempre que estén inscritas en el Registro Mercantil como sociedades mercantiles de personas, sobre la base de sus actividades fiduciarias (artículo 27 de la WPO). No obstante, los auditores de terceros países inscritos de conformidad con el artículo 134 de la WPO podrán ejercer la auditoría fiscal de cuentas anuales o confeccionar los estados financieros de empresas cuya administración central se encuentre fuera de la Unión y cuyos valores negociables se coticen en un mercado regulado.
 Medidas:
 DE: Handelsgesetzbuch (HGB, Código de Comercio);
 Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung - WPO, Ley de Contables Públicos).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En ES: Los auditores legales deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro. La presente reserva no se aplicará a la auditoría de empresas constituidas fuera de la Unión Europea y cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado en España.
 Medidas:
 ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
 Con respecto a la liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En EE: Se aplican requisitos de forma jurídica. La mayoría de los votos representados por las acciones de una sociedad de auditoría pertenecerán a auditores legales sujetos a la supervisión de una autoridad competente de un Estado miembro del EEE, que hayan adquirido su cualificación en un Estado miembro del EEE, o a sociedades de auditoría. Al menos tres cuartas partes de las personas que representan a una empresa de auditoría con arreglo a la ley deberán haber obtenido sus cualificaciones en un Estado miembro del EEE.
 Medidas:
 EE: Ley de Auditores (Audiitortegevuse seadus) § 76-77
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En SI: Se exigirá presencia comercial. Una entidad de auditoría de un país tercero puede poseer participaciones o constituir asociaciones en sociedades de auditoría eslovenas a condición de que, con arreglo a la legislación del país en el que esté constituida la entidad de auditoría del país tercero, las sociedades de auditoría eslovenas puedan poseer participaciones o constituir asociaciones en entidades de auditoría en ese país (requisito de reciprocidad).
 Medidas:
 SI: Ley de Auditorías (ZRev-2), Boletín Oficial de la RS n.o 65/2008 (en su última versión modificada n.o 84/18); y Ley de Empresas (ZGD-1), Boletín Oficial de la RS n.o 42/2006 (en su última versión modificada n.o 22/19 - ZPosS).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En BE: Se requiere un establecimiento en el lugar donde se llevará a cabo la actividad profesional en Bélgica, en el que se conservarán las actas, documentos y correspondencia relacionados con dicha actividad, y que contará al menos con un administrador o gerente del establecimiento autorizado como auditor.
 En FI: Al menos uno de los auditores de las sociedades de responsabilidad limitada de Finlandia y de las sociedades que estén obligadas a realizar auditorías deberá ser residente en el EEE. Los prestadores de servicios de auditoría deberán ser auditores autorizados a escala local, o bien sociedades de auditoría autorizadas a escala local.
 En HR: Únicamente podrán prestar servicios de auditoría las personas jurídicas establecidas en Croacia o las personas físicas residentes en dicho país.
 En IT: Se requiere residencia para la prestación de servicios de auditoría por parte de personas físicas.
 En LT: Se requiere establecimiento en el EEE para la prestación de servicios de auditoría.
 En SE: Solo los auditores autorizados en Suecia y las sociedades de auditoría registradas en Suecia pueden prestar servicios de auditoría legal. Se requiere la residencia en el EEE. Los títulos de «auditor aprobado» y «auditor autorizado» podrán ser utilizados únicamente por auditores aprobados o autorizados en Suecia. Los auditores de sociedades cooperativas de interés económico y de otros tipos de empresas que no sean contadores públicos o contables autorizados deberán residir en el EEE, a menos que el Gobierno o un organismo gubernamental designado por el Gobierno dictamine otra cosa en un caso determinado.
 Medidas:
 BE: Ley de 22 de julio de 1953 por la que se crea un Instituto de Auditores de Cuentas (Institut des Réviseurs d'Entreprises) y se organiza la supervisión pública de la profesión de auditor de cuentas, coordinada el 30 de abril de 2007.
 (Ley de Contables Públicos).
 FI: Tilintarkastuslaki (Ley de Auditoría) (459/2007), Legislación sectorial que exige el recurso a auditores autorizados a escala local.
 HR: Ley de Auditoría (Boletines Oficiales n.o 146/05, 139/08 y 144/12), artículo 3.
 IT: Decreto Legislativo 58/1998, artículos 155, 158 y 161;
 Decreto 99/1998 del Presidente de la República; y Decreto Legislativo 39/2010, artículo 2.
 LT: Ley de Auditoría, de 15 de junio de 1999, n.o VIII-1227 (en su nueva versión de 3 de julio de 2008, n.o X1676).
 SE: Revisorslagen (Ley de Auditores) (2001:883);
 Revisionslag (Ley de Auditoría) (1999:1079);
 Aktiebolagslagen (Ley de Sociedades) (2005:551);
 Lag om ekonomiska föreningar (Ley de Sociedades Cooperativas de Interés Económico) (2018:672); y
 otros actos por los que se regulan las condiciones para recurrir a auditores aprobados.
 e)
 Servicios de asesoramiento tributario (CCP 863, no incluye los servicios de asesoría jurídica y de representación legal sobre asuntos fiscales, que se encuentran entre los servicios jurídicos)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En AT: La participación de asesores fiscales extranjeros, acreditados con arreglo al Derecho de su país de origen, en el capital y los derechos de voto de una empresa austriaca no podrá superar el 25 %. El proveedor de servicios debe tener una oficina o sede profesional en el EEE.
 Medidas:
 AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Ley de Profesionales de la Contabilidad y la Auditoría, BGBl.
 I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En FR: Es necesario el establecimiento o la residencia. Los servicios podrán ser prestados por sociedades constituidas en cualquier forma jurídica salvo SNC (société en nom collectif) y SCS (société en commandite simple). Se aplicarán condiciones específicas a SEL (sociétés d’exercice libéral), la AGC (Association de gestion et comptabilité) y SPE (Société pluri-professionnelle d’exercice).
 Medidas:
 FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En BG: Los asesores fiscales deberán ser nacionales de un Estado miembro.
 Medidas:
 BG: Ley de Contabilidad;
 Ley de Auditoría Independiente de Cuentas; Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y Ley del Impuesto sobre Sociedades.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En CY: El acceso está limitado a las personas físicas/naturales. Es necesaria una autorización, supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: situación del empleo en el subsector. Se permitirá la creación de asociaciones profesionales (sociedades personalistas) entre personas físicas.
 Medidas:
 CY: Ley de Auditores de 2017 (Ley 53(I)/2017).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En HU: Las personas físicas presentes en el territorio de Hungría deberán cumplir el requisito de residencia en el EEE para poder prestar servicios de asesoramiento tributario.
 En IT: Se exige la residencia.
 Medidas:
 HU: Ley XCII de 2003 sobre Normas de Tributación; y
 Decreto n.o 26/2008 del Ministerio de Hacienda, relativo a la autorización y el registro de las actividades de asesoramiento tributario.
 IT: Decreto Legislativo 139/2005; y Ley 248/2006.
 f)
 Servicios de arquitectura y planificación urbana, servicios de ingeniería e ingeniería integrada (CCP 8671, 8672, 8673, 8674)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En FR: Un arquitecto solo podrá establecerse en Francia para prestar servicios de arquitectura con alguna de las siguientes formas jurídicas (de manera no discriminatoria): SA o SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral) o SAS (société par actions simplifiée), o bien como profesional autónomo o como socio en un gabinete de arquitectura (CCP 8671).
 Medidas:
 FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation;
 Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions SELCA; y Loi 77-2 du 3 janvier 1977.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Para la prestación de servicios de arquitectura, planificación urbana e ingeniería por parte de personas físicas, se exigirá la residencia en el EEE o en Suiza.
 Medidas:
 BG: Ley de Desarrollo Territorial;
 Ley de la Cámara de Constructores; y
 Ley de las Cámaras de Arquitectos e Ingenieros en Diseño de Desarrollo de Proyectos.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En HR: Los dibujos y modelos o proyectos elaborados por un arquitecto, ingeniero o planificador urbano extranjero deberán ser validados por una persona física o jurídica autorizada en Croacia para verificar su compatibilidad con la legislación croata (CCP 8671, 8672, 8673, 8674).
 Medidas:
 HR: Ley sobre Ordenación Territorial y Construcción (Boletines Oficiales n.o 118/18 y 110/19)
 Ley sobre Ordenación Territorial (Boletines Oficiales n.o 153/13 y 39/19).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En CY: Las condiciones de nacionalidad y residencia se aplican a la prestación de servicios de arquitectura y planificación urbana, ingeniería y servicios integrados de ingeniería (CCP 8671, 8672, 8673, 8674).
 Medidas:
 CY: Ley 41/1962, en su versión modificada; Ley 224/1990, en su versión modificada; y Ley 29(i)/2001 en su versión modificada.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En CZ: Se requiere la residencia en el EEE.
 En HU: Las personas físicas presentes en el territorio de Hungría deberán cumplir el requisito de residencia en el EEE para poder prestar los siguientes servicios: servicios de arquitectura, servicios de ingeniería (solo aplicable a graduados en prácticas), servicios integrados de ingeniería y servicios de arquitectura paisajística (CCP 8671, 8672, 8673, 8674).
 En IT: se requiere residencia o domicilio profesional o dirección comercial en Italia para inscribirse en el registro profesional, lo cual es necesario para el ejercicio de los servicios de arquitectura e ingeniería (CCP 8671, 8672, 8673, 8674).
 En SK: Se requiere la residencia en el EEE para la inscripción en el colegio profesional, lo cual es necesario para el ejercicio de los servicios de arquitectura y de ingeniería (CCP 8671, 8672, 8673, 8674).
 Medidas:
 CZ: Ley n.o 360/1992 Sb. sobre la práctica de la profesión de arquitectos, ingenieros y técnicos autorizados que trabajan en el ámbito de la edificación.
 HU: Ley LVIII de 1996 sobre los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros.
 IT: Real Decreto 2537/1925 por el que se regulan las profesiones de arquitecto e ingeniero; Ley
 1395/1923; y
 Decreto del Presidente de la República (D.P.R.) 328/2001.
 SK: Ley 138/1992 de Arquitectos e Ingenieros, artículos 3, 15, 15a, 17a y 18a.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BE: la prestación de servicios de arquitectura incluye la supervisión de la ejecución de las obras (CCP 8671, 8674). Los arquitectos extranjeros que hayan sido habilitados en su país de acogida y deseen ejercer su profesión con carácter ocasional en Bélgica deberán obtener la autorización previa del Consejo del Colegio de Arquitectos de la zona geográfica en la que pretendan desarrollar su actividad.
 Medidas:
 BE: Ley de 20 de febrero de 1939 relativa a la protección del título y de la profesión de arquitecto; y
 Ley de 26 de junio de1963 por la que se crea un Colegio de Arquitectos; Código Deontológico, de 16 de diciembre de
 1983, elaborado por el Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos (aprobado en virtud del artículo 1 del A. R. [Real Decreto] de 18 de abril de 1985, M. B. [Boletín Oficial belga] de 8 de mayo de 1985).
 Reserva n.o 3 – Servicios profesionales (relacionados con la salud y la venta al por menor de productos farmacéuticos)
 Sector – subsector:
 Servicios profesionales - servicios médicos (incluidos los psicólogos) y dentales; servicios proporcionados por parteras, enfermeros, fisioterapeutas y personal paramédico; servicios veterinarios; venta al por menor de productos farmacéuticos, médicos y ortopédicos, y otros servicios prestados por farmacéuticos
 Clasificación sectorial:
 CCP 9312, 93191, 932, 63211
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 a)
 Servicios médicos, dentales, de parto, de enfermería, de fisioterapia y paramédicos (CCP 852, 9312, 93191)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Trato de nación más favorecida, y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En IT: se puede permitir ejercer a los profesionales extranjeros en base a la reciprocidad (parte de la CCP 9312).
 Medidas:
 IT: Ley 56/1989 sobre la Ordenación de la Profesión de Psicólogo.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En CY: La nacionalidad chipriota y la condición de residencia se aplican para la prestación de servicios médicos, dentales, de parto, de enfermería, de fisioterapia y paramédicos.
 Medidas:
 CY: Ley de Registro de Profesionales Médicos (capítulo 250), en su versión modificada;
 Ley de Registro de Odontólogos (capítulo 249), en su versión modificada;
 Ley 75(I)/2013 – Podólogos;
 Ley 33(I)/2008, en su versión modificada – Fisiólogos;
 Ley 34 (I)/2006, en su versión modificada – Terapeutas Ocupacionales;
 Ley 9 (I)/1996, en su versión modificada – Técnicos Dentales;
 Ley 68(I)/1995, en su versión modificada – Psicólogos;
 Ley 16(I)/1992, en su versión modificada - Ópticos;
 Ley 23 (I) / 2011, en su versión modificada – Radiólogos/Radioterapeutas;
 Ley 31 (I) / 1996, en su versión modificada – Dietistas/Nutricionistas;
 Ley 140/1989, en su versión modificada – Fisioterapeutas; y
 Ley 214/1988, en su versión modificada – Enfermeros.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Presencia local:
 En DE (se aplica también al nivel de gobierno regional): Se podrán imponer restricciones geográficas al registro profesional, aplicables tanto a los nacionales como a los no nacionales.
 Los médicos (incluidos los psicólogos, los psicoterapeutas y los dentistas) que deseen tratar pacientes afiliados a la seguridad social tendrán que registrarse en las asociaciones regionales de médicos o dentistas del seguro obligatorio de enfermedad (kassenärztliche o zahnärztliche Vereinigungen). Dicho registro podrá ser objeto de restricciones cuantitativas en función de la distribución regional de los médicos. Los dentistas quedarán exentos de tales restricciones. El registro únicamente es obligatorio para los médicos que participen en el sistema sanitario público. Se podrán imponer restricciones no discriminatorias sobre la forma jurídica que deben adoptar los establecimientos que prestan estos servicios (artículo 95 del SGB V).
 En el caso de las parteras, el acceso está limitado exclusivamente a las personas físicas. En lo que respecta a la prestación de servicios médicos y dentales, se permitirá el acceso a las personas físicas y a los centros de asistencia médica y organismos autorizados. Se podrán aplicar requisitos de establecimiento.
 Con respecto a la telemedicina, el número de prestadores de servicios de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) podrá limitarse con objeto de garantizar la interoperabilidad, la compatibilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes. Dicha limitación se aplicará de manera no discriminatoria (CCP 9312, 93191).
 Medidas:
 Bundesärzteordnung (BÄO; Reglamento federal sobre la práctica médica);
 Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);
 Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG, Ley sobre la prestación de Servicios de Psicoterapia);
 Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);
 Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen(HebG);
 Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);
 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V, Código de Seguridad Social, libro cinco) - Seguro Obligatorio de Enfermedad.
 Nivel regional:
 Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;
 Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der
 Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der
 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) in Bayern;
 Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);
 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);
 Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG);
 Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);
 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);
 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);
 Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG);
 Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) y Thüringer Heilberufegesetz.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Presencia local:
 En FR: Aunque los inversores de la Unión disponen también de otros tipos de forma jurídica, los inversores extranjeros solo tienen acceso a formas jurídicas de «société d'exercice libéral» y «société civile professionnelle». Se exigirá la nacionalidad francesa para la prestación de servicios médicos y dentales, así como para los proporcionados por parteras. Sin embargo, los extranjeros también podrán tener acceso a este mercado en función de las cuotas fijadas anualmente. Los servicios médicos y dentales y los servicios prestados por parteras y enfermeras podrán ser prestados por sociedades constituidas en las siguientes formas jurídicas: SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions SCP, société coopérative (únicamente en el caso de los médicos generalistas o especialistas independientes) o société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) solo para la atención multidisciplinaria a domicilio.
 Medidas:
 FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; y Code de la santé publique.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En AT: La cooperación de médicos con objeto de prestar atención sanitaria pública ambulatoria, las denominadas prácticas grupales, solo puede tener lugar bajo la forma legal de Offene Gesellschaft/OG o Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Solo los médicos pueden ejercer como colaboradores en dicha práctica grupal. Deben tener derecho a la práctica médica independiente, registrarse en la Cámara de Médicos de Austria y ejercer activamente la profesión médica en la práctica. El resto de personas físicas o jurídicas no podrán ejercer como asociadas de la práctica en grupo como tampoco participar en sus ingresos o beneficios (parte de la CCP 9312).
 Medidas:
 AT: Ley de Práctica Médica, BGBl. I n.o 169/1998, §§ 52a - 52c;
 Ley Federal de Ordenación de las Profesiones Paramédicas de Nivel Superior, BGBl. n.o 460/1992; y Ley Federal de Ordenación de las Profesiones de Masajista Médico y Terapéutico de Nivel Inferior y Superior, BGBl. Nr. 169/2002.
 b)
 Servicios de veterinaria (CCP 932)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En AT: Únicamente podrán prestar servicios de veterinaria los nacionales de un Estado miembro del EEE. Quedarán exentos del requisito de nacionalidad los nacionales de todo Estado no perteneciente al EEE con el que se haya celebrado un acuerdo con la Unión que disponga la concesión del trato nacional con respecto a la inversión y el comercio transfronterizo de servicios de veterinaria.
 En ES: La afiliación a una asociación profesional es necesaria para el ejercicio de la profesión y requiere la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión, aunque un acuerdo profesional bilateral puede dispensar de dicho requisito. La prestación de servicios veterinarios se limita a las personas físicas.
 En FR: La nacionalidad de un país del EEE es necesaria para la prestación de servicios veterinarios, pero existen exenciones al requisito de nacionalidad en base a la reciprocidad. Las formas jurídicas que puede adoptar una empresa prestadora de servicios de veterinaria se reducen a SEP (société en participation), SCP (Société civile professionnelle) y SEL (Société d'exercice liberal).
 Se podrán autorizar, en determinadas circunstancias, otras formas jurídicas de sociedad previstas por el Derecho interno de Francia o el Derecho de otro Estado miembro del EEE que tengan su sede social, administración central o centro de actividad principal en ellos.
 Medidas:
 AT: Tierärztegesetz (Ley de Práctica Veterinaria), BGBl. Nr.16/1975, § 3 (2) (3).
 ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; artículos 62 y 64.
 FR: Code rural et de la pêche maritime.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En CY: Requisito de nacionalidad y residencia para la prestación de servicios veterinarios.
 En EL: Se requiere nacionalidad de un país del EEE o de Suiza para la prestación de servicios veterinarios.
 En HR: Únicamente podrán prestar servicios transfronterizos de veterinaria en la República de Croacia las personas físicas y jurídicas establecidas en un Estado miembro con objeto de desarrollar actividades veterinarias. Solo los nacionales de un Estado miembro pueden establecer un consultorio veterinario en la República de Croacia.
 En HU: Se requiere nacionalidad de un país del EEE para ser miembro de la Cámara Veterinaria de Hungría, lo cual es necesario para la prestación de servicios veterinarios. La autorización de establecimiento está supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: condiciones del mercado de trabajo en el sector.
 Medidas:
 CY: Ley 169/1990, en su versión modificada.
 EL: Decreto Presidencial 38/2010, Decisión Ministerial 165261/IA/2010 (Boletín Oficial 2157/B).
 HR: Ley de Práctica Veterinaria (Boletines Oficiales n.o 83/13, 148/13 y 115/ 18, artículos 3(67), 105 y 121.
 HU: Ley CXXVII de 2012 sobre el Colegio de Veterinarios de Hungría y sobre las condiciones aplicables a la prestación de servicios de veterinaria.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En CZ: La presencia física en el territorio es necesaria para la prestación de servicios veterinarios.
 En IT y PT: Se requiere la residencia para la prestación de servicios veterinarios.
 En PL: La presencia física en el territorio es necesaria para la prestación de servicios veterinarios. Para ejercer una profesión de veterinario en el territorio de Polonia, los nacionales no pertenecientes a la Unión Europea deben aprobar un examen en lengua polaca organizado por la Cámara de Veterinarios de Polonia.
 En SI: Únicamente podrán prestar servicios transfronterizos de veterinaria en la República de Eslovenia las personas físicas y jurídicas establecidas en un Estado miembro con objeto de desarrollar actividades veterinarias.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En SK: Se requiere la residencia en el EEE para la inscripción en el colegio profesional, lo cual es necesario para el ejercicio de la profesión. La prestación de servicios veterinarios se limita a las personas físicas.
 Medidas:
 CZ: Ley n.o 166/1999 Sb. (Ley de Práctica Veterinaria), artículos 58 a 63 y 39; y
 Ley n.o 381/1991 Sb. (sobre el Colegio de Veterinarios de la República Checa), artículo 4.
 IT: Decreto Legislativo C.P.S. 233/1946, artículos 7 a 9; y
 Decreto 221/1950 del Presidente de la República (D.P.R.), apartado 7.
 PL: Ley de 21 de diciembre de 1990 relativa a la Profesión de Veterinario y a los Colegios de Veterinarios.
 PT: Decreto-ley 368/91 (Estatuto del Colegio de Veterinarios) alterado p/ Lei 125/2015, 3.
 SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Reglamentación sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para veterinarios), Uradni list RS, št. (Boletín Oficial n.o) 71/2008, 7/2011, 59/2014 en 21/2016, Ley sobre servicios en el mercado interno, Boletín Oficial de la RS n.o 21/2010.
 SK: Ley 442/2004 de Veterinarios Privados y Colegio de Veterinarios, artículo 2.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En DE (se aplica también al nivel de gobierno regional): La prestación de servicios veterinarios se limita a las personas físicas. La prestación de servicios de telemedicina solo estará permitida en el contexto de un tratamiento primario en el que el paciente ya haya sido atendido de forma presencial por un veterinario.
 En DK y NL: La prestación de servicios veterinarios se limita a las personas físicas.
 En IE: La prestación de servicios veterinarios se limita a las personas físicas o asociaciones de estas.
 En LV: La prestación de servicios veterinarios se limita a las personas físicas.
 Medidas:
 DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO, Código Federal de la Profesión Veterinaria).
 Nivel regional:
 Actos legislativos relativos a los colegios profesionales sanitarios de los Länder (Heilberufs- und
 Kammergesetze der Länder) y (sobre la base de estos)
 Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HBKG);
 Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG);
 Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);
 Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG);
 Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG);
 Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH);
 Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz);
 Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG);
 Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG);
 Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg);
 Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG);
 Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG);
 Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG);
 Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA);
 Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG);
 Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG); y
 Berufsordnungen der Kammern (Códigos Deontológicos de los Colegios de Veterinarios).
 DK: Lovbekendtgørelse nr. 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (Ley consolidada n.o 40 de 15 de enero de 2020 sobre la Profesión de Veterinario).
 IE: Veterinary Practice Act 2005 (Ley de 2005 de Práctica Veterinaria).
 LV: Ley de Medicina Veterinaria.
 NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).
 c)
 Venta al por menor de productos farmacéuticos, médicos y ortopédicos, y otros servicios prestados por farmacéuticos (CCP 63211)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración:
 En AT: La venta al por menor de medicamentos y de determinados productos sanitarios al público solo podrá efectuarse a través de una oficina de farmacia. Para explotar una oficina de farmacia será obligatorio tener la nacionalidad de un Estado miembro del EEE o de Suiza. En este sentido, los arrendatarios y las personas encargadas de la gestión de una oficina de farmacia deberán ser nacionales de un Estado miembro del EEE o de Suiza.
 Medidas:
 AT: Apothekengesetz (Ley de Farmacia), RGBl. n.o 5/1907, en su versión modificada, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (Ley de Medicamentos) BGBL. n.o 185/1983, en su versión modificada, §§ 57, 59, 59a; y Medizinproduktegesetz (Ley de Productos Médicos), BGBl. Nr. 657/1996, en su versión modificada, § 99.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En DE: Únicamente las personas físicas (farmacéuticos) podrán explotar una oficina de farmacia. Los nacionales de otros países o las personas que no hayan aprobado el examen alemán de farmacia solo podrán obtener una licencia para hacerse cargo de la regencia de una farmacia que lleve al menos tres años en funcionamiento. El número total de oficinas de farmacia por persona estará limitado a una oficina de farmacia y a hasta tres sucursales.
 En FR: Para explotar una oficina de farmacia será necesaria la nacionalidad de un Estado miembro del EEE o de la Confederación Suiza.
 Los farmacéuticos extranjeros podrán establecerse en Francia en función de cuotas fijadas anualmente. Debe autorizarse la apertura de la farmacia y la presencia comercial, incluida la venta a distancia de medicamentos al público por medio de los servicios de la sociedad de la información, debe adoptar una de las formas jurídicas que están permitidas por la legislación nacional de manera no discriminatoria: société d’exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle or pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.
 Medidas:
 DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG, Ley alemana de Farmacia);
 Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);
 Gesetz über Medizinprodukte (MPG);
 Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).
 FR: Code de la santé publique; y
 Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales and Loi 2015-990 du 6 août 2015.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional:
 En EL: Para explotar una oficina de farmacia será necesario tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea.
 En HU: Para explotar una oficina de farmacia será necesario tener la nacionalidad de un país del EEE.
 En LV: Con vistas a ejercer libremente la profesión en una oficina de farmacia, los farmacéuticos o técnicos auxiliares de farmacia extranjeros que se hayan formado en un país que no es ni un Estado miembro ni un Estado del EEE deberán trabajar durante un período mínimo de un año en una oficina de farmacia en un Estado miembro del EEE bajo la supervisión de un farmacéutico.
 Medidas:
 EL: Ley 5607/1932, en su versión modificada por las Leyes 1963/1991 y 3918/2011.
 HU: Ley XCVIII de 2006 sobre las disposiciones generales relativas al suministro fiable y económicamente viable de medicamentos y material médico y sobre la distribución de medicamentos.
 LV: Ley de Farmacia, artículo 38.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En BG: Los titulares de oficinas de farmacia deberán ser farmacéuticos titulados y podrán regentar una única oficina de farmacia, en la que deberán prestar sus servicios. Existe una cuota del número de farmacias (máximo cuatro) que pueden ser propiedad de una persona en la República de Bulgaria.
 En DK: Únicamente podrán prestar servicios de venta al por menor de medicamentos y de determinados productos sanitarios al público las personas físicas a las que la Autoridad de la Salud y el Medicamento danesa haya concedido la licencia de farmacéutico.
 En ES, HR, HU y PT: La autorización de establecimiento está supeditada a una prueba de necesidades económicas.
 Principal criterio: población y densidad de población de la zona.
 En IE: Se prohíbe la venta de medicamentos por correspondencia, excepto en el caso de los medicamentos sin receta.
 En MT: La expedición de licencias de farmacia estará supeditada a restricciones específicas. Ninguna persona podrá tener más de una licencia a su nombre en una localidad [artículo 5, apartado 1, del Pharmacy Licence Regulations (LN279/07)], salvo en caso de que no se hayan presentado más solicitudes para la localidad en cuestión [artículo 5, apartado 2, del Pharmacy Licence Regulations (LN279/07)].
 En PT: En las sociedades mercantiles cuyo capital se divida en acciones, estas últimas deberán ser nominativas. Una persona no podrá ostentar o ejercer al mismo tiempo, de forma directa o indirecta, la titularidad, la explotación o la gestión de más de cuatro oficinas de farmacia.
 En SI: La red de farmacias en Eslovenia está compuesta por entidades públicas de farmacia propiedad de los municipios y de farmacéuticos privados con concesiones (en las que el propietario mayoritario debe ser un farmacéutico de profesión). Está prohibida la venta de medicamentos con receta por correspondencia.
 Medidas:
 BG: Ley de Medicamentos de Uso Humano, artículos 222, 224 y 228.
 DK: Apotekerloven (Ley de Farmacia danesa) LBK Nr. 801 del 12 de junio de 2018.
 ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia,
 artículos 2 y 3.1; y
 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).
 HR: Ley de Asistencia Sanitaria (Boletines Oficiales n.o 100/18 y 125/19).
 HU: Ley XCVIII de 2006 sobre las disposiciones generales relativas al suministro fiable y económicamente viable de medicamentos y material médico y sobre la distribución de medicamentos.
 En IE: Irish Medicines Boards Acts 1995 and 2006 (No. 29 of 1995 and No. 3 of 2006) (Leyes de 1995 y 2006 de los Consejos de Medicina [n.o 29 de 1995 y n.o 3 de 2006]); Reglamentos S.I. 540 de 2003 sobre medicamentos (prescripción y control de la oferta), modificado; Reglamentos S.I. 540 de 2007 sobre medicamentos (control de la comercialización), modificado; Pharmacy Act 2007 (No. 20 of 2007) [Ley de 2007 de farmacia (n.o 20 de 2007)]; Reglamento S.I. 488 de 2008 sobre empresas farmacéuticas minoristas, modificado
 MT: Reglamento relativo a las licencias de farmacia [Pharmacy Licence Regulations (LN279/07)], publicado en el marco de la Ley de Medicamentos (Medicines Act, Cap. 458).
 PT: Decreto-ley 307/2007, artículos 9, 14 y 15 alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:
 - p/ Acórdão TC 612/2011, 24/01/2012,
 - p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.,
 - p/ Lei 16/2013, 8 fev.,
 - p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.,
 - p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.,
 - p/ Lei 51/2014, 25 ago.,
 - p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov.; y Ordinance 1430/2007revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out.
 SI: Ley de Servicios de Farmacia (Boletín Oficial de la RS n.o 85/2016); y Ley de Medicamentos (Boletín Oficial de la RS n.o 17/2014).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En IT: Únicamente podrán ejercer la profesión las personas físicas inscritas en el registro y las personas jurídicas constituidas en forma de sociedades personalistas en las que todos los asociados sean farmacéuticos inscritos. Será necesario tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o ser residente en Italia para poder inscribirse en el registro profesional de farmacéuticos y ejercer la profesión en el país. Asimismo, podrán inscribirse en el registro profesional los nacionales extranjeros debidamente titulados que sean nacionales de un país con el que Italia haya celebrado un acuerdo especial por el que se autorice el ejercicio de la profesión a condición de reciprocidad (Decreto Legislativo CPS 233/1946 artículos 7-9 y D.P.R. 221/1950 apartados 3 y 7). Las farmacias nuevas o vacantes se autorizarán después de un concurso público. Solo podrán participar nacionales de Estados miembros de la Unión Europea inscritos en el registro nacional de farmacéuticos («Albo Nazionale dei Farmacisti»).
 La autorización de establecimiento está supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: población y densidad de población de la zona.
 Medidas:
 IT: Ley 362/1991, artículos 1, 4, 7 y 9;
 Decreto Legislativo C.P.S. 233/1946, artículos 7 a 9; y
 Decreto del Presidente de la República 221/1950, apartados 3 y 7).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En CY: Se aplicará el requisito de nacionalidad para la venta al por menor de productos farmacéuticos, médicos y ortopédicos, y otros servicios prestados por farmacéuticos (CCP 63211).
 Medidas:
 CY: Ley de Farmacia y Fármacos (capítulo 254), en su versión modificada.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En BG: La venta al por menor de medicamentos y de determinados productos sanitarios al público solo podrá efectuarse a través de una oficina de farmacia. Se prohíbe la venta de medicamentos por correspondencia, excepto en el caso de los medicamentos sin receta.
 En EE: La venta al por menor de medicamentos y de determinados productos sanitarios al público solo podrá efectuarse a través de una oficina de farmacia. Se prohíbe la venta de medicamentos por correspondencia, así como el envío por correo o mensajería de medicamentos pedidos por internet. La autorización de establecimiento está supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: densidad de población de la zona.
 En EL: Únicamente podrán prestar servicios de venta al por menor de medicamentos y de determinados productos sanitarios al público las personas físicas que sean farmacéuticos con licencia y las empresas fundadas por farmacéuticos con licencia.
 En ES: Únicamente podrán prestar servicios de venta al por menor de productos farmacéuticos y de determinados productos sanitarios al público las personas físicas que sean farmacéuticos con licencia. Cada farmacéutico no puede obtener más de una licencia.
 En LU: Solo las personas físicas podrán prestar servicios de venta al por menor de productos farmacéuticos y de determinados productos sanitarios al público.
 En NL: La venta de medicamentos por correspondencia está sujeta a una serie de requisitos.
 Medidas:
 BG: Ley de Medicamentos de Uso Humano, artículos 219, 222, 228 y 234(5).
 EE: Ravimiseadus (Ley de Medicamentos), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2) y § 41 (3); y Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (Ley de Organización de Servicios de Salud, RT I 2001, 50, 284).
 EL: Ley 5607/1932, en su versión modificada por las Leyes 1963/1991 y 3918/2011.
 ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia,
 artículos 2 y 3.1; y
 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).
 LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (anexo a043);
 Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (anexo a041); y
 Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (anexo a017).
 NL: Geneesmiddelenwet, artículo 67.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En BG: Los farmacéuticos deberán cumplir el requisito de residencia permanente.
 Medidas:
 BG: Ley de Medicamentos de Uso Humano, artículos 146, 161, 195, 222 y 228.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En DE, SK: Para obtener una licencia de farmacéutico o abrir una oficina de farmacia con objeto de ejercer la venta al por menor de medicamentos y de determinados productos sanitarios al público, será necesario cumplir el requisito de residencia.
 Medidas:
 DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG, Ley alemana de Farmacia);
 Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);
 Gesetz über Medizinprodukte (MPG);
 Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).
 SK: Ley 362/2011 sobre Productos Farmacéuticos y Productos Sanitarios, artículo 6; y
 Ley 578/2004 de Proveedores de Asistencia Sanitaria, Personal Sanitario y Organizaciones Profesionales en el Ámbito de la Asistencia Sanitaria.
 Reserva n.o 4 - Servicios de investigación y desarrollo
 Sector – subsector:
 Servicios de investigación y desarrollo (I+D)
 Clasificación sectorial:
 CCP 851, 853
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 La UE: Por lo que respecta a los servicios de investigación y desarrollo (I+D) financiados con fondos públicos que perciban una dotación financiera concedida por la Unión Europea a escala de la Unión, únicamente podrán otorgarse derechos exclusivos o autorizaciones a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y a las personas jurídicas de la Unión Europea cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión (CCP 851, 853).
 En el caso de los servicios de I+D financiados con fondos públicos que perciban una dotación financiera concedida por un Estado miembro, solo podrán otorgarse derechos exclusivos o autorizaciones a los nacionales del Estado miembro de la Unión Europea interesado y a las personas jurídicas de dicho Estado miembro que tengan su administración central en este último (CCP 851, 853).
 Esta reserva se entiende sin perjuicio de la quinta parte [Participación en programas de la Unión, buena gestión financiera y disposiciones financieras] y de la exclusión de la contratación por una Parte o de los subsidios contemplados en los apartados 6 y 7 del artículo SERVIN.1.1 [Objetivo y ámbito de aplicación].
 Medidas:
 UE: Todos los programas marco de investigación o innovación de la Unión actuales y futuros, con inclusión de todas las normas de participación de Horizonte 2020 y los reglamentos relativos a iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC), las decisiones adoptadas en virtud del artículo 185, y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), así como los programas de investigación nacionales, regionales o locales actuales y futuros.
 Reserva n.o 5 - Servicios inmobiliarios
 Sector – subsector:
 Servicios inmobiliarios
 Clasificación sectorial:
 CCP 821, 822
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En CY: Requisito de residencia y de nacionalidad para la prestación de servicios inmobiliarios.
 Medidas:
 CY: Ley de Agentes Inmobiliarios 71(1)/2010, en su versión modificada.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En CZ: Para obtener la licencia necesaria para la prestación de servicios inmobiliarios son necesarios la residencia, para personas físicas, y el establecimiento, para personas jurídicas, en la República Checa.
 En HR: La prestación de servicios inmobiliarios requerirá presencia comercial en el EEE.
 En PT: La residencia en el EEE es obligatoria para las personas físicas. Las personas jurídicas deberán cumplir el requisito de constitución de una sociedad en el EEE.
 Medidas:
 CZ: Ley relativa a licencias comerciales.
 HR: Ley de Corretaje de Bienes Inmuebles (Boletines Oficiales n.o 107/07 y 144/12), artículo 2.
 PT: Decreto-ley 211/2004 (artículos 3 y 25), modificado y publicado de nuevo por el Decreto-ley 69/2011.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En DK: Por lo que respecta a la prestación de servicios inmobiliarios por parte de personas físicas presentes en el territorio de
 Dinamarca, únicamente podrán utilizar el título de «agente inmobiliario» los agentes inmobiliarios que sean personas físicas inscritas en el registro de agentes inmobiliarios de la Autoridad de Comercio danesa. Dicha Ley dispone que el solicitante deberá ser residente en Dinamarca o en otro Estado miembro, en un país perteneciente al EEE o en la Confederación Suiza.
 La Ley sobre la Venta de Bienes Inmuebles únicamente será de aplicación para la prestación de servicios inmobiliarios a clientes. La Ley sobre la Venta de Bienes Inmuebles no es aplicable al arrendamiento de bienes inmuebles (CCP 822).
 Medidas:
 DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (Ley sobre la Venta de Bienes Inmuebles).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En SI: En la medida en que el Reino Unido permita a los nacionales y empresas eslovenos prestar servicios inmobiliarios, Eslovenia permitirá a los nacionales y empresas del Reino Unido prestar servicios inmobiliarios en las mismas condiciones, siempre que cumplan los siguientes requisitos: autorización para ejercer la profesión de agente inmobiliario en el país de origen, presentación de la certificación pertinente sobre los antecedentes penales e inscripción en el registro de agentes inmobiliarios del ministerio (esloveno) competente.
 Medidas:
 SI: Ley de Agencias Inmobiliarias.
 Reserva n.o 6 - Servicios prestados a las empresas
 Sector – subsector:
 Servicios prestados a las empresas – servicios de arrendamiento o alquiler sin operadores; servicios relacionados con los de los consultores en administración; ensayos y análisis técnicos; servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología; servicios relacionados con la agricultura; servicios de seguridad; servicios de colocación; servicios de traducción e interpretación y otros servicios prestados a las empresas
 Clasificación sectorial:
 CIIU Rev. 37, parte de la CCP 612, parte de 621, parte de 625, 831, parte de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte de 893
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operarios (CCP 83103, CCP 831)
 Con respecto a la liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En SE: Cuando existe participación extranjera en la propiedad de buques, debe acreditarse que existe influencia sueca predominante para que pueda enarbolarse el pabellón de Suecia. Dominar la influencia operativa sueca significa que el funcionamiento del buque se efectúa en Suecia y que más de la mitad de la propiedad del buque es sueca o de otro país del EEE. Otros buques extranjeros, en determinadas circunstancias, podrán quedar exentos de esta norma cuando sean arrendados, con o sin opción de compra, por personas jurídicas suecas en virtud de contratos de fletamento a casco desnudo (CCP 83103).
 Medidas:
 SE: Sjölagen (Ley de Navegación Marítima) (1994:1009), capítulo 1, artículo 1.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En SE: Los prestadores de servicios de arrendamiento o alquiler de turismos y de determinados vehículos todo terreno (terrängmotorfordon) sin conductor mediante contratos de duración inferior a un año tendrán la obligación de designar a un responsable que se encargue, entre otros, de velar por que la actividad se desarrolle de conformidad con las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables, así como de garantizar la observancia de las normas de seguridad vial. El responsable deberá residir en el EEE (CCP 831).
 Medidas:
 SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (Ley relativa al arrendamiento o alquiler de automóviles).
 b)
 Servicios de alquiler o arrendamiento y otros servicios prestados a las empresas relacionados con la aviación
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 La UE: Para el alquiler o el arrendamiento de aeronaves sin tripulación (dry lease), las aeronaves utilizadas por una compañía aérea de la Unión Europea están sujetas a los requisitos aplicables de registro de aeronaves. Un acuerdo de arrendamiento sin tripulación en el que es parte una aerolínea de la Unión estará sujeto a los requisitos de la legislación de la Unión o nacional sobre seguridad aérea, como la aprobación previa y otras condiciones aplicables al uso de aeronaves registradas de terceros países. Para matricular una aeronave se podrá exigir que esta pertenezca, bien a personas físicas que cumplan determinados criterios de nacionalidad, bien a empresas que cumplan determinados criterios referentes a la propiedad del capital y al control (CCP 83104).
 En lo relativo a los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI), en aquellos casos en que los proveedores de servicios de SRI que operan fuera de la Unión no dispensen a las compañías aéreas de la Unión un trato equivalente (es decir, no discriminatorio) al concedido por los proveedores de servicios de SRI de la Unión a las compañía aéreas de un tercer país en la Unión, o en aquellos casos en que compañías aéreas que no sean de la Unión no dispensen a los proveedores de servicios de SRI de la Unión un trato equivalente al concedido en la Unión , se podrán tomar medidas para conceder el mismo trato discriminatorio a las compañías aéreas que no sean de la Unión por parte de los prestadores de servicios SRI que operen en la Unión o a los prestadores de servicios SRI que no sean de la Unión por parte de las compañías aéreas en la Unión, respectivamente.
 Medidas:
 UE: Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida); y Reglamento (CE) n.o 80/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2299/89 del Consejo.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional
 En BE: Las aeronaves (civiles) privadas pertenecientes a personas físicas que no posean la nacionalidad de un Estado miembro del EEE podrán matricularse únicamente si las personas interesadas tienen su domicilio o residencia en Bélgica desde hace, al menos, un año ininterrumpido. Las aeronaves (civiles) privadas pertenecientes a personas jurídicas extranjeras no constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro del EEE podrán matricularse únicamente si las personas interesadas tienen un centro de actividad, una agencia o una oficina en Bélgica desde hace, al menos, un año ininterrumpido (CCP 83104).
 Procedimientos de autorización de extinción aérea de incendios, vuelos de entrenamiento, pulverización, agrimensura, cartografía, fotografía y otros servicios aéreos agrícolas, industriales y de inspección.
 Medidas:
 BE: Arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.
 c)
 Servicios relacionados con los de los consultores en administración: servicios de arbitraje y conciliación (CCP 86602)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En BG: Para los servicios de mediación, en la República de Bulgaria se exige la residencia permanente o de larga duración a los ciudadanos de países que no sean Estados miembros del EEE o de la Confederación Suiza.
 En HU: El ejercicio de actividades de mediación (tales como el arbitraje y la conciliación) requerirá la autorización del ministro de Justicia mediante inscripción en el registro; dicha autorización solo podrá concederse a personas jurídicas o físicas establecidas o residentes en Hungría.
 Medidas:
 BG: Ley de Mediación, artículo 8.
 HU: Ley LV de Mediación de 2002.
 d)
 Servicios de ensayos y análisis técnicos (CCP 8676)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En CY: La prestación de servicios por parte de químicos y biólogos estará supeditada al requisito de nacionalidad de un Estado miembro.
 En FR: Únicamente podrán ejercer la profesión de biólogo las personas físicas con nacionalidad de un país del EEE.
 Medidas:
 CY: Registro de la Ley de Colegiación de Químicos de 1988 (Ley 157/1988), en su versión modificada.
 FR: Código de la Salud pública (Code de la Santé Publique).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En BG: De acuerdo con la Ley de Comercio búlgara, para la prestación de servicios de ensayos y análisis técnicos son necesarios el establecimiento en Bulgaria y la inscripción en el registro comercial.
 En cuanto a los servicios de inspección técnica periódica de vehículos de transporte por carretera, la persona interesada debería estar registrada de conformidad con la Ley de Comercio búlgara o la Ley de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro, o bien en otro Estado miembro del EEE.
 La realización de ensayos y análisis de la composición y pureza del aire y del agua corresponderá exclusivamente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bulgaria, o a sus organismos en cooperación con la Academia de Ciencias de Bulgaria.
 Medidas:
 BG: Ley de Requisitos Técnicos de los Productos;
 Ley de Mediciones;
 Ley de Calidad del Aire Ambiente; y
 Ley del Agua, Ordenanza N-32 relativa a la inspección técnica periódica de vehículos de transporte por carretera.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Presencia local:
 En IT: En cuanto a los biólogos, analistas químicos, ingenieros agrónomos y peritos agrónomos (periti agrari), se aplicarán requisitos de residencia e inscripción en el registro profesional correspondiente. Los nacionales de terceros países podrán inscribirse a condición de reciprocidad.
 Medidas:
 IT: Biólogos y analistas químicos: Ley 396/1967 sobre la Profesión de Biólogo; y el Real Decreto 842/1928 sobre la Profesión de Analista Químico.
 e)
 Servicios relacionados con el asesoramiento en ciencia y tecnología (CCP 8675)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Trato de nación más favorecida, y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Presencia local:
 En IT: La inscripción en el registro de geólogos, necesaria para el ejercicio de las profesiones de agrimensor o geólogo con vistas a la prestación de servicios relacionados con la prospección y la explotación de minas, entre otros, estará supeditada al requisito de residencia o domicilio social en Italia. Se exigirá la nacionalidad de un Estado miembro; sin embargo, los extranjeros pueden inscribirse bajo la condición de reciprocidad.
 Medidas:
 IT: Geólogos: Ley n.o 112/1963, artículos 2 y 5; D.P.R. 1403/1965, artículo 1.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En BG: En el caso de las personas físicas, se requiere la nacionalidad y la residencia de un Estado miembro del EEE o de la Confederación Suiza para desempeñar las funciones correspondientes a la geodesia, la cartografía y el catastro. En el caso de las personas jurídicas, se requiere la inscripción en el registro mercantil con arreglo a la legislación de un Estado miembro del EEE o de la Confederación Suiza.
 Medidas:
 BG: Ley del Catastro y del Registro de la Propiedad; y Ley de Geodesia y Cartografía.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En CY: Se aplicará el requisito de nacionalidad para la provisión de servicios pertinentes.
 Medidas:
 CY: Ley 224/1990 en su versión modificada.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En FR: Únicamente se podrá acceder a la actividad de agrimensura a través de una SEL (société d'exercice liberal à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), una SCP (société civile professionnelle), una SA y una SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Para los servicios de exploración y prospección se requiere el establecimiento. En el caso de los investigadores científicos este requisito se podría suprimir mediante decisión del ministro de Investigaciones Científicas, de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores.
 Medidas:
 FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 y décret n°71-360 du 6 mai 1971.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En HR: Los servicios de consultoría geológica, geodésica y minera de base, así como los servicios conexos de asesoramiento relacionados con la protección del medio ambiente en el territorio de Croacia, solo podrán prestarse conjuntamente con personas jurídicas del país o por mediación de estas.
 Medidas:
 HR: Ordenanza relativa a los requisitos para la concesión de autorizaciones a personas jurídicas con objeto de desarrollar actividades profesionales relacionadas con la protección del medio ambiente (Boletín Oficial n.o 57/10), artículos 32-35.
 f)
 Servicios relacionados con la agricultura (parte de CCP 88)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Presencia local:
 En IT: En cuanto a los biólogos, analistas químicos, ingenieros agrónomos y peritos agrónomos (periti agrari), se aplicarán requisitos de residencia e inscripción en el registro profesional correspondiente. Los nacionales de terceros países podrán inscribirse a condición de reciprocidad.
 Medidas:
 IT: Biólogos y analistas químicos: Ley 396/1967 sobre la Profesión de Biólogo; y el Real Decreto 842/1928 sobre la Profesión de Analista Químico.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato de nación más favorecida:
 En PT: Únicamente las personas físicas podrán ejercer las profesiones de biólogo, analista químico y agrónomo. Para los nacionales de terceros países, el régimen de reciprocidad se aplica en el caso de los ingenieros e ingenieros técnicos (y no un requisito de ciudadanía). En el caso de los biólogos, no existe un requisito de ciudadanía ni un requisito de reciprocidad.
 Medidas:
 PT: Decreto Ley 119/92 modificado por la Ley 123/2015, de 2 de septiembre. (Ordem Engenheiros);
 Ley 47/2011 modificada por la Ley 157/2015, de 17 de septiembre. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); y
 Decreto Ley 183/98 modificado por la Ley 159/2015, de 18 de septiembre. (Ordem dos Biólogos).
 g)
 Servicios de seguridad (CCP 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En IT: Con vistas a obtener la autorización necesaria para prestar servicios de guardias de seguridad y transporte de objetos de valor, será necesario cumplir los requisitos de nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y de residencia.
 En PT: Se prohíbe la prestación transfronteriza de servicios de seguridad por parte de proveedores extranjeros.
 Requisito de nacionalidad para el personal especializado.
 Medidas:
 IT: Ley de Seguridad Pública (TULPS) 773/1931, artículos 133-141; Real Decreto 635/1940, artículo 257.
 PT: Ley 34/2013 modificada por la Ley 46/2019, de 16 de mayo; y la Ordenanza 273/2013 modificada por la Orden 106/2015, de 13 de abril.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En DK: Requisito de residencia para las personas que soliciten una autorización para prestar servicios de seguridad.
 Requisito de residencia para los directivos y la mayoría de los miembros del consejo de administración de una entidad jurídica que soliciten una autorización para prestar servicios de seguridad. No obstante, para los directivos y los consejos de administración no es necesaria la residencia en la medida en que se desprenda de acuerdos internacionales u órdenes emitidas por el Ministerio de Justicia.
 Medidas:
 DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En EE: Los guardias de seguridad deben ser residentes.
 Medidas:
 EE: Turvaseadus (Ley de Seguridad) § 21, § 22.
 h)
 Servicios de colocación (CCP 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional (se aplica también al nivel regional de gobierno):
 En BE: En todas las regiones de Bélgica, una empresa cuya administración central se encuentre fuera del EEE tendrá que demostrar que presta servicios de colocación en su país de origen. En la Región Valona, los prestadores de servicios de colocación deberán adoptar una determinada forma jurídica (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Toda empresa cuya administración central se encuentre fuera del EEE tendrá que demostrar que cumple los requisitos establecidos en el Decreto (por ejemplo, con respecto a la forma jurídica). En la Comunidad Germanófona, toda empresa cuya administración central se encuentre fuera del EEE deberá cumplir los criterios de admisión establecidos en el citado Decreto (CCP 87202).
 Medidas:
 BE: Región Flamenca: Artículo 8, § 3, Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.
 Región Valona: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (Decreto de 3 de abril de 2009 relativo al registro o a la autorización de las agencias de colocación), artículo 7; y Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (Decisión del Gobierno de Valonia, de 10 de diciembre de 2009, por la que se aplica el Decreto de 3 de abril de 2009 relativo al registro o a la autorización de las agencias de colocación), artículo 4.
 Comunidad Germanófona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, artículo 6.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En DE: Para obtener una licencia de explotación de una empresa de trabajo temporal será necesario tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o presencia comercial en la Unión Europea [(en virtud del artículo 3, apartados 3 a 5, de la Ley sobre empresas de trabajo temporal (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales podrá adoptar un reglamento sobre la colocación y contratación de trabajadores no pertenecientes al EEE en el ámbito de determinadas profesiones, como las relacionadas con la salud y la atención sanitaria. Se denegará la licencia o su prórroga si los establecimientos, partes de establecimientos o establecimientos auxiliares que no estén situados en el EEE están destinados a realizar actividades de trabajo temporal (de conformidad con el artículo 3, apartado 2 de la Ley sobre empresas de trabajo temporal (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
 Medidas:
 DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);
 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Código de Seguridad Social, libro tres) - Promoción del empleo;
 Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; Ordenanza sobre el empleo de extranjeros).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En ES: Antes del inicio de la actividad, las agencias de colocación deben presentar una declaración jurada que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente (CCP 87201, 87202).
 Medidas:
 ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).
 i)
 Servicios de traducción e interpretación (CCP 87905)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En BG: Para realizar actividades de traducción oficial, las personas físicas extranjeras deben poseer un permiso de residencia de larga duración o permanente en la República de Bulgaria.
 Medidas:
 BG: Reglamento relativo a la legalización, la certificación y la traducción de documentos.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En HU: Los servicios de traducción oficial, certificación oficial de traducciones y copias certificadas de documentos oficiales redactados en lengua extranjera únicamente podrán ser prestados por el Organismo húngaro de Traducción y Legalización de Documentos (OFFI).
 En PL: Solo podrán ser traductores jurados las personas físicas.
 Medidas:
 HU: Decreto del Consejo de Ministros n.o 24/1986 relativo a la traducción e interpretación oficiales.
 PL: Ley de 25 de noviembre de 2004 relativa a la profesión de traductor e intérprete jurado (Boletín Oficial de 2019, punto 1326).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En FI: Los traductores jurados deberán ser residentes en el EEE.
 Medidas:
 FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (Ley sobre los Traductores Jurados) (1231/2007), artículo 2(1).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En CY: Para la prestación de servicios oficiales de traducción y certificación es necesaria la inscripción en el registro de traductores. Se aplicará el requisito de nacionalidad.
 En HR: Los traductores jurados deberán tener la nacionalidad de un país del EEE.
 Medidas:
 CY: Ley de Establecimiento, Registro y Regulación de servicios de traducción jurada en la República de Chipre.
 HR: Ordenanza sobre intérpretes judiciales permanentes (BO 88/2008), artículo 2.
 j)
 Otros servicios prestados a las empresas (parte de CCP 612, parte de 621, parte de 625, 87901, 87902, 88493, parte de 893, parte de 85990, 87909, CIIU 37)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En SE: Las casas de empeño deberán constituirse en forma de sociedad de responsabilidad limitada o como sucursal (parte de la CCP 87909).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En CZ: Solo las empresas de envasado y empaquetado autorizadas podrán prestar servicios relacionados con la recuperación y valorización de envases y deberán ser personas jurídicas constituidas en forma de sociedad anónima (CCP 88493, CIIU 37).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En NL: Para la prestación de servicios de contraste se exigirá presencia comercial en los Países Bajos. En la actualidad, el contraste de artículos de metales preciosos es competencia exclusiva de dos monopolios del Estado neerlandés (parte de la CCP 893).
 Medidas:
 CZ: Ley 477/2001 rec. (Ley de Envasado y Empaquetado), apartado 16.
 SE: Ley de Casas de Empeño (1995:1000).
 NL: Waarborgwet 1986.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En PT: La prestación de servicios de agencias de cobranza y de información comercial estará supeditada al requisito de nacionalidad de un Estado miembro (CCP 87901, 87902).
 Medidas:
 PT: Ley 49/2004.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En CZ: Los servicios de subasta estarán supeditados a una licencia. La prestación de servicios de subasta en la República Checa requerirá una licencia, que podrán obtener (para la prestación de servicios de subasta pública voluntaria) las sociedades constituidas en la República Checa y las personas físicas con permiso de residencia, siempre que ambas se inscriban en el Registro Mercantil de la República Checa (parte de la CCP 612, parte de 621, parte de 625, parte de 85990).
 Medidas:
 CZ: Ley n.o 455/1991 rec.;
 Ley de Licencias Comerciales; y
 Ley n.o 26/2000 rec., de Subastas Públicas.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En SE: El plan económico de una sociedad de crédito a la vivienda deberá obtener el visto bueno de dos personas. Estas personas deberán estar autorizadas por una administración pública del EEE (CCP 87909).
 Medidas:
 SE: Ley de Asociaciones de Préstamo y Construcción (1991:614).
 Reserva n.o 7 – Servicios de comunicaciones
 Sector – subsector:
 Servicios de comunicaciones (servicios postales y de mensajería)
 Clasificación sectorial:
 Parte de CCP 71235, parte de 73210, parte de 751
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 La UE: La organización de la instalación de buzones en la vía pública, la emisión de sellos de correos y la prestación del servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales o administrativos podrán ser objeto de restricciones con arreglo a la legislación nacional. Podrán establecerse sistemas de concesión de licencias para aquellos servicios respecto de los cuales exista una obligación de servicio universal general. Dichas licencias podrán estar supeditadas a obligaciones de servicio universal específicas o a una contribución financiera a un fondo de compensación.
 Medidas:
 UE: Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio.
 Reserva n.o 8 – Servicios de construcción
 Sector – subsector:
 Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos
 Clasificación sectorial:
 CCP 51
 Tipo de reserva:
 Trato nacional
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 En CY: Requisito de nacionalidad.
 Medida:
 Ley de registro y control de contratistas de obras de construcción y técnicas de 2001 [29 (I) /2001], artículos 15 y 52.
 Reserva n.o 9 - Servicios de distribución
 Sector – subsector:
 Servicios de distribución - general, distribución de tabaco
 Clasificación sectorial:
 CCP 3546, parte de 621, 6222, 631, parte de 632
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Servicios de distribución (CCP 3546, 631, 632 excepto 63211, 63297, 62276, parte de 621)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En PT: Existe un régimen de autorización especial para la instalación de determinados establecimientos minoristas y centros comerciales. Esto hace referencia a centros comerciales que tengan un área bruta locativa igual o superior a 8 000 m2, y establecimientos minoristas que tengan un área de ventas igual o superior a 2 000 m2, cuando se encuentren fuera de centros comerciales. Principal criterio: Contribución a una multiplicidad de ofertas comerciales; evaluación de servicios al consumidor; calidad del empleo y responsabilidad social corporativa; integración en el entorno urbano; contribución a la ecoeficiencia (CCP 631, 632 excepto 63211, 63297).
 Medidas:
 PT: Decreto-ley n.o 10/2015, de 16 de enero.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En CY: Existe un requisito de nacionalidad para los servicios de distribución por parte de representantes farmacéuticos (CCP 62117).
 Medidas:
 CY: Ley n.o 74(I)2020 en su versión modificada.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En LT: La distribución de dispositivos pirotécnicos requerirá una licencia. Solo podrán obtener una licencia las personas jurídicas establecidas en la Unión (CCP 3546).
 Medidas:
 LT: Ley sobre la Supervisión de la Circulación de Dispositivos Pirotécnicos (23 de marzo de 2004, n.o IX-2074).
 b)
 Distribución de tabaco (parte de CCP 6222, 62228, parte de 6310, 63108)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En ES: La venta al por menor de productos del tabaco es monopolio del Estado. El establecimiento estará supeditado al requisito de nacionalidad de un Estado miembro. Solo las personas físicas pueden operar como estanquero. Un estanquero solo puede obtener una licencia (CCP 63108).
 En FR: Existe un monopolio del Estado en lo concerniente a la venta de tabaco al por mayor y al por menor. Requisito de nacionalidad para los estancos (buraliste) (parte de la CCP 6222, parte de 6310).
 Medidas:
 ES: Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2014.
 FR: Code général des impôts.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En AT: Únicamente las personas físicas podrán solicitar una autorización para regentar un estanco.
 Se concederá prioridad a los nacionales de un Estado miembro del EEE (CCP 63108).
 Medidas:
 AT: Ley de 1996 de Monopolio del Tabaco, artículos 5 y 27.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En IT: Se necesitará una licencia para distribuir y vender tabaco. La licencia se concederá mediante procedimientos públicos. La concesión de licencias está supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: población y densidad geográfica de los puntos de venta vigentes (parte de la CCP 6222, parte de 6310).
 Medidas:
 IT: Decreto Legislativo n.o 184/2003;
 Ley 165/1962;
 Ley 3/2003;
 Ley 1293/1957;
 Ley 907/1942; y
 Decreto del Presidente de la República (D.P.R.) 1074/1958.
 Reserva n.o 10 – Servicios de enseñanza
 Sector – subsector:
 Servicios de enseñanza (de financiación privada)
 Clasificación sectorial:
 CCP 921, 922, 923, 924
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En CY: Se requiere la nacionalidad de un Estado miembro para los propietarios y accionistas mayoritarios de una escuela de financiación privada. Los nacionales del Reino Unido pueden obtener autorización del ministro (de Educación) con arreglo a la forma y las condiciones especificadas.
 Medidas:
 CY: Ley de Escuelas Privadas de 2019 [N. 147(I)/2019]
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: La prestación de servicios de enseñanza primaria y secundaria de financiación privada solo podrá ser ofertada por empresas búlgaras autorizadas (requisito de presencia comercial). Se podrán crear o transformar centros de educación infantil, primaria y secundaria búlgaros con participación extranjera, a petición de asociaciones, sociedades o empresas de personas físicas o jurídicas búlgaras o extranjeras, debidamente registradas en Bulgaria, por decisión del Consejo de Ministros y sobre la base de una propuesta del ministro de Educación y Ciencia. Asimismo, se podrán crear o transformar centros de educación infantil, primaria y secundaria extranjeros a petición de personas jurídicas extranjeras, de conformidad con los convenios y acuerdos internacionales pertinentes y con arreglo a las disposiciones precedentes. Los centros de enseñanza superior extranjeros no podrán crear filiales en el territorio de Bulgaria. Dichos centros podrán crear facultades, departamentos, institutos y escuelas en Bulgaria, pero únicamente dentro de la estructura de los centros de educación secundaria búlgaros y en cooperación con estos (CCP 921, 922).
 Medidas:
 BG: Ley de Educación Preescolar y Escolar; y
 Ley de Educación Superior, apartado 4 de las disposiciones adicionales.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional
 En SI: Únicamente podrán fundar centros privados de enseñanza primaria las personas físicas y jurídicas eslovenas. El proveedor de estos servicios deberá establecer su domicilio social o una sucursal en el país (CCP 921).
 Medidas:
 SI: Ley de Organización y Financiación de la Educación (Boletín Oficial n.o 12/1996) y sus revisiones, artículo 40.
 Con respecto a los servicios transfronterizos – Presencia local:
 En CZ y SK: Para poder solicitar la autorización del Estado con objeto de fundar y explotar un centro privado de educación superior, será necesario estar establecido en un Estado miembro. La presente reserva no se aplicará a los servicios posteriores a la enseñanza secundaria técnica y profesional (CPC 92310).
 Medidas:
 CZ: Ley n.o 111/1998 rec. (Ley de Educación Superior), artículo 39; y
 Ley n.o 561/2004 rec., de educación preescolar, primaria, secundaria y superior, formación profesional y otras enseñanzas (Ley de Educación).
 SK: Ley n.o 131 sobre Universidades, de 21 de febrero de 2002.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y servicios transfronterizos: Acceso a los mercados:
 En ES e IT: Para crear una universidad privada que expida títulos de carácter oficial será necesario obtener una autorización. Se solicitará una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: población y densidad de los establecimientos existentes.
 En ES: El procedimiento incluye una consulta del Parlamento.
 En IT: Se basa en un programa de tres años, y únicamente podrán obtener autorización para expedir títulos oficiales reconocidos por el Estado las personas jurídicas italianas (CCP 923).
 Medidas:
 ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, (Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) artículo 4.
 IT: Real Decreto1592/1933 (Ley de Educación Secundaria);
 Ley 243/1991 (Contribución ocasional del Estado a las universidades privadas);
 Resolución 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); y
 Decreto del Presidente de la República (D.P.R.) 25/1998.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En EL: Los propietarios y la mayoría de los miembros del consejo de administración de los centros privados de enseñanza primaria y secundaria, así como los profesores de tales centros, deberán ser nacionales de un Estado miembro (CCP 921, 922). Únicamente podrán impartir enseñanzas universitarias los centros constituidos como personas jurídicas de Derecho público que dispongan de autonomía plena. No obstante, la Ley 3696/2008 permite el establecimiento por parte de residentes de la Unión (personas físicas o jurídicas) de centros privados de educación superior que expidan certificados que no hayan obtenido el reconocimiento de títulos universitarios (CCP 923).
 Medidas:
 EL: Leyes 682/1977, 284/1968, 2545/1940, Decreto presidencial 211/1994 modificado por el Decreto presidencial 394/1997, Constitución griega, artículo 16, apartado 5 y Ley 3549/2007.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En AT: La prestación de servicios de enseñanza universitaria de financiación privada en el ámbito de las ciencias aplicadas requerirá una autorización de la autoridad competente, la Agencia de garantía de calidad y acreditación de Austria (AQ Austria). Los inversores que deseen ofertar un plan de estudios en materia de ciencias aplicadas deberán tener como actividad principal la impartición de este tipo de estudios y presentar una evaluación de necesidades y un estudio de mercado para la aprobación del plan de estudios propuesto. El ministerio competente podrá denegar una autorización si considera que el plan de estudios en cuestión es incompatible con los intereses educativos nacionales. La solicitud para una universidad privada requiere una autorización de la autoridad competente, la Agencia de garantía de calidad y acreditación de Austria (AQ Austria). El ministerio competente podrá denegar la aprobación si la decisión de la entidad de acreditación no responde a los intereses educativos nacionales (CCP 923).
 Medidas:
 AT: Ley de Universidades de Ciencias Aplicadas, BGBl. I n.o 340/1993, en su versión modificada, artículo 2; Ley de Universidades Privadas, BGBl. I n.o 74/2011, en su versión modificada, artículo 2; y
 Ley de Garantía de Calidad en la Educación Superior, BGBl. n.o 74/2011 en su versión modificada, artículo 25, apartado 3.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FR: Los profesores de centros docentes privados deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro (CCP 921, 922, 923). No obstante, los nacionales del Reino Unido podrán obtener una autorización de las autoridades competentes pertinentes para ejercer como profesores en centros de educación primaria, secundaria y superior. Asimismo, los nacionales del Reino Unido podrán obtener una autorización de las autoridades competentes pertinentes para fundar y explotar o gestionar centros de educación primaria, secundaria o superior. Dicha autorización se concederá de manera discrecional.
 Medidas:
 FR: Code de l'éducation.
 Con respecto a las Inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En MT: Los proveedores de servicios que deseen ofrecer servicios de enseñanza superior o de adultos de financiación privada deberán obtener una licencia del Ministerio de Educación y Empleo. La decisión relativa a la expedición de una licencia podrá ser de carácter discrecional (CCP 923, 924).
 Medidas:
 MT: Notificación oficial 296 de 2012.
 Reserva n.o 11 – Servicios medioambientales
 Sector – subsector:
 Servicios medioambientales – tratamiento y reciclado de pilas y baterías usadas, vehículos fuera de uso y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; protección del aire ambiente y del clima (servicios de depuración de gases de escape)
 Clasificación sectorial:
 Parte de la CCP 9402, 9404
 Tipo de reserva:
 Presencia local
 Capítulo:
 Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 En SE: Únicamente podrán recibir autorización para prestar servicios de control de gases de escape las entidades establecidas en Suecia o cuyo centro de actividad principal se encuentre en dicho país (CCP 9404).
 En SK: Para el tratamiento y reciclado de pilas y baterías usadas, aceites usados, vehículos fuera de uso y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, será obligatoria la constitución de una sociedad en el EEE (requisito de residencia) (parte de la CCP 9402).
 Medidas:
 SE: Ley de Vehículos (2002:574).
 SK: Ley 79/2015 sobre los Residuos.
 Reserva n.o 12 – Servicios financieros
 Sector – subsector:
 Servicios financieros – seguros y banca
 Clasificación sectorial:
 No aplicable
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Servicios de seguros y relacionados con los seguros
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En IT: El acceso a la profesión actuarial está limitado exclusivamente a las personas físicas. Se permiten las asociaciones profesionales de personas físicas (no constituidas como sociedades comerciales). Para ejercer la profesión será necesario tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, si bien se podrá permitir el ejercicio de profesionales extranjeros sobre una base de reciprocidad.
 Medidas:
 IT: Artículo 29 del Código de Seguros Privados (Decreto Legislativo n.o 209, de 7 de septiembre de 2005); y la Ley194/1942, artículo 4, Ley 4/1999 relativa al registro.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En BG: Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán estar constituidas como sociedades anónimas autorizadas en virtud del Código de Seguridad Social y registradas de conformidad con la Ley de Comercio o con la legislación de otro Estado miembro de la UE (no se admitirán sucursales).
 En BG, ES, PL y PT: No se permite el establecimiento directo de sucursales para actividades de intermediación de seguros, que están reservadas a sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro (la sociedad debe constituirse en el país). En el caso de PL, hay un requisito de residencia para los intermediarios de seguros.
 Medidas:
 BG: Código de Seguros, artículos 12, 56-63, 65, 66 y 80 apartado 4, Código de Seguridad Social, artículos120a-162, 209-253, 260-310
 ES: Reglamento de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), artículo 36.
 PL: Ley de 11 de septiembre de 2015 relativa a la actividad de reaseguro (Boletín Oficial de 2020, puntos 895 y 1180); Ley de 15 de diciembre de 2017 relativa a la distribución de seguros (Boletín Oficial de 2019, punto 1881); Ley, de 28 de agosto de 1997, sobre la organización y el funcionamiento de los fondos de pensiones (Boletín Oficial de 2020, punto 105); Ley, de 6 de marzo de 2018, sobre normas relativas a la actividad económica de empresarios extranjeros y otras personas extranjeras en el territorio de la República de Polonia
 PT: Artículo 7 del Decreto-Ley 94-B/98 derogado por el Decreto-Ley 2/2009, de 5 de enero; y el capítulo I, sección VI del Decreto-Ley 94-B/98, artículos 34, apartados 6, 7 y artículo 7 del Decreto-Ley 144/2006 derogado por la Ley 7/2019, de 16 de enero. Artículo 8 del régimen jurídico que regula la actividad de distribución de seguros y reaseguros, aprobado por la Ley 7/2019, de 16 de enero.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional:
 En AT: La dirección de una sucursal deberá estar constituida por un mínimo de dos personas físicas residentes en AT.
 En BG: Los miembros de los consejos de administración y supervisión de las compañías de seguros o reaseguros y toda persona facultada para gestionar o representar a tales compañías deberán ser residentes en Bulgaria.
 El presidente de la junta directiva, el presidente del consejo de administración, el director ejecutivo y el gestor de las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán tener su domicilio o un permiso de residencia permanente en Bulgaria.
 Medidas:
 AT: Ley de Supervisión de Seguros de 2016, artículo 14, apartado 1, punto 3, Diario Oficial I n.o 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015)
 BG: Código de Seguros, artículos 12, 56-63, 65, 66 y artículo 80, apartado 4.
 Código de Seguridad Social, artículos 120a-162, 209-253, 260-310
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Antes de crear una sucursal o una agencia con objeto de prestar servicios de seguros, los aseguradores o reaseguradores extranjeros deberán haber recibido autorización en su país de origen para las mismas clases de servicios de seguros que deseen prestar en BG.
 Los ingresos de los regímenes voluntarios de pensión complementaria, así como los ingresos similares vinculados directamente con los fondos de pensiones voluntarias administrados por entidades constituidas con arreglo al Derecho de otro Estado miembro y que puedan efectuar operaciones relacionadas con los fondos de pensiones voluntarias de conformidad con la legislación aplicable, no serán imponibles en virtud del procedimiento previsto en la Ley del impuesto sobre sociedades.
 En ES: Antes de establecer una sucursal o una agencia en España con objeto de prestar determinados servicios de seguros, los aseguradores extranjeros deberán haber estado autorizados a prestar las mismas clases de servicios de seguros en su país de origen durante al menos cinco años.
 En PT: Para establecer una sucursal o agencia, las empresas de seguros extranjeras deben haber sido autorizadas a desempeñar la actividad de seguro y reaseguro, de conformidad con la legislación nacional pertinente durante al menos cinco años.
 Medidas:
 BG: Código de Seguros, artículos 12, 56-63, 65, 66 y artículo 80, apartado 4.
 Código de Seguridad Social, artículos 120a-162, 209-253, 260-310
 ES: Reglamento de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), artículo 36.
 PT: Artículo 7 del Decreto-Ley 94-B/98 y capítulo I, Sección VI del Decreto-Ley 94-B/98, artículos 34, apartados 6, 7 y artículo 7 del Decreto-ley 144/2006; Artículo 215 del régimen jurídico que regula el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio, aprobado por la Ley 147/2005, de 9 de septiembre.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En AT: Para poder obtener una licencia de apertura de una sucursal, los aseguradores extranjeros deberán tener en su país de origen una forma jurídica que se corresponda o sea comparable a una sociedad anónima o a una mutua de seguros.
 En EL: Las empresas de seguros y reaseguros con sede en terceros países pueden operar en Grecia mediante el establecimiento de una filial o una sucursal cuando la sucursal, en este caso, no adopta una forma jurídica específica, ya que implica la presencia permanente en el territorio de un Estado miembro (es decir, en Grecia) de una empresa cuya administración central se encuentra fuera de la UE, que recibe autorización en ese Estado miembro (Grecia) y que ejerce la actividad aseguradora.
 Medidas:
 AT: Ley de Supervisión de Seguros de 2016, artículo 14, apartado 1, punto 1, Diario Oficial I n.o 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1 BGBl. I Nr. 34/2015)
 EL: Artículo 130 de la Ley 4364/ 2016 (Boletín Oficial 13/A/ 05.02.2016)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En AT: Se prohíben las actividades de promoción y la intermediación en nombre de una filial no establecida en la Unión o de una sucursal no establecida en AT (excepto en materia de reaseguros y retrocesión).
 En DK: Ninguna persona ni sociedad (incluidas las compañías de seguros) podrá participar con fines comerciales en la ejecución de contratos de seguro directo de personas residentes en DK, buques daneses o bienes ubicados en DK, salvo las compañías de seguros autorizadas por la legislación danesa o por las autoridades competentes danesas.
 En SE: Solo se permitirá la prestación de servicios de seguros directos por parte de un asegurador extranjero a través de un asegurador autorizado en Suecia, siempre que el asegurador extranjero y la compañía de seguros sueca pertenezcan a un mismo grupo de sociedades o hayan celebrado un acuerdo de cooperación.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En DE, HU y LT: La prestación de servicios de seguros directos por compañías de seguros no constituidas en la Unión Europea requiere la creación y la autorización de una sucursal.
 En SE: La prestación de servicios de intermediación de seguros por parte de empresas no constituidas en el EEE requiere el establecimiento de una presencia comercial (requisito de presencia local).
 En SK: El seguro de transporte aéreo y marítimo, que cubra una aeronave/buque y la responsabilidad, solo puede ser suscrito por compañías de seguros establecidas en la Unión o por una sucursal autorizada en la República Eslovaca de compañías de seguros que no estén establecidas en la Unión.
 Medidas
 AT: Ley de Supervisión de Seguros de 2016, artículo13 apartados 1 y 2, Diario Oficial I No. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015) DE: §§67-69 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) para todos los servicios de seguros, implementa Solvencia 2; en relación con §105 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo para el seguro obligatorio de responsabilidad aérea.
 DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) para todos los servicios de seguros; en relación con Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo para el seguro obligatorio de responsabilidad aérea.
 DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.
 HU: Ley LX de 2003LT: Ley de Seguros,18 de septiembre de 2003 m. n.o IX- 1737, modificada en último lugar por la Ley n.o XIII-2232, de 13 de junio de 2019.
 SE: Lag om försäkringsförmedling (Ley de Mediación de Distribución de Seguros (capítulo 3, sección 3, 2018:12192005:405); y la Ley sobre la Actividad de Aseguradores Extranjeros en Suecia (Capítulo 4, secciones 1 y 10, 1998:293).
 SK: Ley 39/2015 de Seguros
 b)
 Servicios bancarios y otros servicios financieros
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En BG: Para llevar a cabo actividades de préstamo con fondos que no se recauden mediante la captación de depósitos u otros fondos reembolsables, la adquisición de participaciones en una institución de crédito u otra institución financiera, el arrendamiento financiero, las operaciones de garantía, la adquisición de créditos sobre préstamos y otras formas de financiación (factoraje, forfeiting, etc.), las instituciones financieras no bancarias están sujetas al régimen de registro en el Banco Nacional de Bulgaria. La institución financiera tendrá su actividad principal en el territorio de Bulgaria.
 En BG: Los bancos no pertenecientes al EEE pueden ejercer la actividad bancaria en Bulgaria después de obtener una licencia del BNB para iniciar y desarrollar actividades comerciales en la República de Bulgaria a través de una sucursal.
 En IT: Con objeto de recibir autorización para establecer el sistema de liquidación de valores o prestar los servicios de depositario central de valores con un establecimiento en Italia, será obligatoria la constitución de una empresa en Italia (no se admitirán sucursales).
 En el caso de instituciones de inversión colectiva distintas de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (en lo sucesivo, «OICVM») armonizados en virtud de la legislación de la Unión, la sociedad fideicomisaria o depositaria deberá estar establecida en Italia o en otro Estado miembro y disponer de una sucursal en el país.
 También se exige que las sociedades de fondos de inversión no armonizadas con arreglo a la legislación de la Unión estén constituidas en Italia (no se admitirán sucursales).
 Solo podrán llevar a cabo actividades de gestión de los recursos de fondos de pensiones las entidades bancarias, las compañías de seguros, las empresas de servicios de inversión y las sociedades gestoras de OICVM armonizados en virtud la legislación de la Unión que tengan su sede social oficial en la Unión, así como los OICVM constituidos en Italia.
 Para las actividades de venta a domicilio, los intermediarios deberán recurrir a vendedores de servicios financieros autorizados que residan en el territorio de un Estado miembro.
 Las oficinas de representación de intermediarios de fuera de la Unión Europea no podrán ejercer actividades destinadas a la prestación de servicios de inversión, incluida la negociación por cuenta propia o por cuenta de clientes y la colocación y suscripción de instrumentos financieros (se requerirá el establecimiento de una sucursal).
 En PT: Únicamente podrán gestionar fondos de pensiones las sociedades especializadas constituidas a tal efecto en PT y las compañías de seguros establecidas en PT y autorizadas a suscribir seguros de vida, así como las entidades autorizadas a proporcionar fondos de pensiones en otros Estados miembros. No se permitirá el establecimiento directo de sucursales de países no pertenecientes a la Unión Europea.
 Medidas:
 BG: Ley de Entidades de Crédito, artículo 2, apartado 5, artículo 3a y artículo17
 Código de Seguridad Social, artículos 121, 121b,121f; y
 Ley Monetaria, artículo 3.
 IT: Decreto Legislativo n.o 58/1998, artículos 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 y 80;
 Reglamento conjunto del Banco de Italia y Consob, de 22 de febrero de 1998, artículos 3 y 41;
 Reglamento del Banco de Italia, de 25 de enero de 2005;
 Título V, capítulo VII, sección II, del Reglamento de Consob 16190 de 29 de octubre de 2007, artículos 17-21, 78-81, 91-111; y con sujeción al:
 Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores
 PT: Decreto-Ley n.o 12/2006, modificado por el Decreto-Ley n.o 180/2007, el Decreto-Ley n.o 357-A/2007 y el Reglamento n.o 7/2007-R, modificado por el Reglamento n.o 2/2008-R, Reglamento n.o 19/2008-R, Reglamento n.o 8/2009. Artículo 3 del régimen jurídico que regula el establecimiento y funcionamiento de los fondos de pensiones y las entidades que los gestionan aprobado por la Ley 27/2020, de 23 de julio.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En HU: Las sucursales de sociedades gestoras de fondos de inversión no pertenecientes al EEE no podrán participar en la gestión de fondos de inversión europeos ni podrán prestar servicios de gestión de activos a fondos de pensiones privados.
 Medidas:
 HU: Ley CCXXXVII de 2013 sobre las Entidades Financieras y de Crédito;
 Ley CCXXXVII de 2013 sobre las Entidades Financieras y de Crédito; y
 Ley CXX de 2001 sobre el Mercado de Capitales.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En BG: Un banco será administrado y representado conjuntamente por al menos dos personas. Las personas encargadas de la dirección y representación de una entidad bancaria deberán estar presentes físicamente en el domicilio de la entidad destinado a tal efecto. No se puede elegir a personas jurídicas como miembros de la junta directiva o del consejo de administración de un banco.
 En SE: El fundador de una caja de ahorros será una persona física.
 Medidas:
 BG: Ley de Entidades de Crédito, artículo 10;
 Código de Seguridad Social, artículo 121e; y
 Ley Monetaria, artículo 3.
 SE: Sparbankslag (Ley de Cajas de Ahorros) (1987:619), capítulo 2, artículo 1.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional:
 En HU: El consejo de administración de una entidad de crédito deberá contar con un mínimo de dos miembros con residencia reconocida en virtud de la reglamentación en materia cambiaria y que hayan residido con carácter permanente en HU durante un período no inferior a un año.
 Medidas:
 HU: Ley CCXXXVII de 2013 sobre las Entidades Financieras y de Crédito;
 Ley CCXXXVII de 2013 sobre las Entidades Financieras y de Crédito; y
 Ley CXX de 2001 sobre el Mercado de Capitales.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En RO: Los gestores de mercados deberán ser personas jurídicas constituidas en forma de sociedades anónimas de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de sociedades. Los sistemas alternativos de negociación (Sistema multilateral de negociación (SMN) en virtud de la Directiva MiFID II) pueden ser gestionados por un operador de sistemas establecido con arreglo a las condiciones descritas anteriormente o por una empresa de servicios de inversión autorizada por la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară - Autoridad de Supervisión Financiera).
 En SI: Se podrán ofrecer planes de pensiones a través de un fondo de pensiones mutualista (que no sea una persona jurídica y que, por tanto, esté gestionado por una compañía de seguros, una entidad bancaria o una entidad gestora de fondos de pensiones), de una entidad gestora de fondos de pensiones o de una compañía de seguros. También podrán ofrecer planes de pensiones las entidades gestoras de planes de pensiones constituidas de conformidad con la legislación aplicable en otro Estado miembro de la UE.
 Medidas:
 RO: Ley n.o 126, de 11 de junio de 2018, relativa a los instrumentos financieros y el Reglamento n.o 1/2017 por el que se modifica y complementa el Reglamento n.o 2/2006 sobre los mercados regulados y los sistemas alternativos de negociación, aprobado por la Orden de NSC n.o 15/2006 - ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară - Autoridad de Supervisión Financiera. SI: Ley de Pensiones de Jubilación y de Invalidez (Boletín Oficial n.o 102/2015, en su versión modificada n.o 28/19).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En HU: Las empresas no pertenecientes al EEE únicamente podrán prestar servicios financieros o llevar a cabo actividades auxiliares para tales servicios a través de su sucursal en HU.
 Medidas:
 HU: Ley CCXXXVII de 2013 sobre las Entidades Financieras y de Crédito;
 Ley CCXXXVII de 2013 sobre las Entidades Financieras y de Crédito; y
 Ley CXX de 2001 sobre el Mercado de Capitales.
 Reserva n.o 13 - Servicios sociales y de salud
 Sector – subsector:
 Servicios sociales y de salud
 Clasificación sectorial:
 CCP 931, 933
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En DE (se aplica también al nivel de gobierno regional): La organización y regulación de los servicios de salvamento y los «servicios de ambulancia acreditados» corresponde a los Länder (estados federados). La mayoría de los Länder delegan sus competencias en materia de servicios de salvamento a favor de los municipios. Los municipios pueden conceder prioridad a las organizaciones sin ánimo de lucro. Esto se aplica tanto a los proveedores de servicios nacionales como a los extranjeros (CCP 931, 933). Por otro lado, los servicios de ambulancia se encuentran supeditados a requisitos de planificación, autorización y acreditación. Con respecto a la telemedicina, el número de prestadores de servicios de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) podrá limitarse con objeto de garantizar la interoperabilidad, la compatibilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes. Dicha limitación se aplicará de manera no discriminatoria.
 En HR: En determinadas zonas geográficas podrá limitarse el establecimiento de determinados tipos de instituciones privadas de servicios sociales en función de las necesidades existentes (CCP 9311, 93192, 93193, 933).
 En SI: Serán monopolio del Estado los siguientes servicios: el suministro de sangre, la preparación sanguínea, la extracción y conservación de órganos humanos para trasplante, los servicios sociomédicos, los servicios de higiene, los servicios epidemiológicos y de salud ecológica, los servicios patoanatómicos y la procreación biomédicamente asistida (CCP 931).
 Medidas:
 DE: Bundesärzteordnung (BÄO, Reglamento Federal sobre la Práctica Médica):
 Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);
 Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG, Ley sobre la prestación de Servicios de Psicoterapia);
 Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);
 Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG);
 Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG);
 Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);
 Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG);
 Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG);
 Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG);
 Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG);
 Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG);
 Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg); Bundesapothekerordnung (BapO);
 Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG);
 Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG);
 Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG);
 Gewerbeordnung (Ley de Ordenación del Comercio y la Industria);
 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; Código de Seguridad Social, libro cinco) - Seguro Obligatorio de Enfermedad;
 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI; Código de Seguridad Social, libro seis) - Seguro Obligatorio de Pensión;
 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII; Código de Seguridad Social, libro siete) - Seguro Obligatorio de Accidente;
 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX; Código de Seguridad Social, libro nueve) - Rehabilitación y Participación de las Personas con Discapacidad;
 Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI; Código de Seguridad Social, libro once) - Asistencia Social;
 Personenbeförderungsgesetz (PBefG; (Ley de Transporte Público).
 A nivel regional:
 Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württemberg;
 Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);
 Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz);
 Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG);
 Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG);
 Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG);
 Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V);
 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG);
 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch
 Unternehmer (RettG NRW);
 Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG);
 Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG);
 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG);
 Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA);
 Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG);
 Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG).
 Landespflegegesetze:
 Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz -
 LPflG);
 Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG);
 Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz-
 LPflegEG);
 Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz - LPflegeG);
 Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung
 des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG);
 Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG);
 Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz;
 Landespflegegesetz (LPflegeG M-V);
 Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch
 Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG);
 Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW);
 Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur
 (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz);
 Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz);
 Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG);
 Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz - LPflegeG);
 Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG).
 Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg;
 Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG);
 Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts;
 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG);
 Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG);
 Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG);
 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011);
 Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V);
 Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG);
 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW);
 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf);
 Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG);
 Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz - SächsKHG);
 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA);
 Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein;
 Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG).
 HR: Ley de Sanidad (Boletines Oficiales n.os 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12 y 144/12).
 SI: Ley de Servicios de Salud (Boletín Oficial n.o 23/2005 de la República de Eslovenia), artículos 1, 3, y 62-64; Ley sobre el Tratamiento de la Infertilidad y sobre la Procreación Biomédicamente Asistida (Boletín Oficial n.o 70/2000 de la República de Eslovenia), artículos 15 y 16; y
 Ley de Provisión de Sangre (ZPKrv-1), Boletín Oficial n.o 104/06 de la República de Eslovenia, artículos 5 y 8.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FR: En lo concerniente a la prestación de servicios de hospital y de ambulancia, servicios de instituciones residenciales de salud (distintos de los servicios de hospital) y servicios sociales, se necesitará una autorización para desempeñar funciones de gestión. El proceso de autorización tendrá en cuenta la disponibilidad de gestores locales. Las empresas pueden adoptar cualquier forma jurídica, excepto las reservadas a las profesiones liberales.
 Medidas:
 FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; y Code de la santé publique.
 Reserva n.o 14 – Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes
 Sector – subsector:
 Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes – hoteles, restaurantes y servicios de suministro de comidas desde el exterior; servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo (incluidos los organizadores de viajes en grupo); servicios de guías de turismo
 Clasificación sectorial:
 CCP 641, 642, 643, 7471, 7472
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Será obligatoria la constitución de una sociedad (no se admitirán sucursales). Los servicios de agencias de viajes y de organización de viajes en grupo podrán ser prestados por una persona establecida en el EEE siempre que, al establecerse en el territorio de Bulgaria, dicha persona presente una copia de un documento que acredite su derecho a ejercer esa actividad y un certificado u otro tipo de documento expedido por una entidad de crédito o aseguradora que demuestre que la persona interesada dispone de un seguro de responsabilidad civil por los daños que pueda ocasionar en caso de incumplimiento culpable de sus obligaciones profesionales. En aquellos casos en que la participación pública (estatal o municipal) en el capital de una empresa búlgara supere el 50 %, el número de administradores extranjeros no podrá exceder del número de administradores de nacionalidad búlgara. Requisito de nacionalidad de un país del EEE para guías turísticos (CCP 641, 642, 643, 7471, 7472).
 Medidas:
 BG: Ley de Turismo, artículos 61, 113 y 146.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En CY: Únicamente las personas físicas y jurídicas de la Unión Europea podrán obtener una licencia de establecimiento y explotación de una agencia o empresa de viajes y turismo, así como renovar la licencia de explotación de una agencia o empresa existente. Las agencias no residentes, a excepción de las domiciliadas en otro Estado miembro, no podrán ejercer en la República de Chipre, de forma organizada o permanente, las actividades previstas en el artículo 3 de la Ley anteriormente señalada, salvo que se encuentren representadas por una agencia residente. La prestación de servicios de guías de turismo, de agencias de viaje y de operadores turísticos estará supeditada al requisito de nacionalidad de un Estado miembro (CCP 7471, 7472).
 Medidas:
 CY: Ley de 1995 de Agencias de Viajes y Turismo y de Guías de Turismo (Ley n.o 41(I)/1995 en su versión modificada).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En EL: Los nacionales de terceros países deben obtener un diploma de las Escuelas de Guía de Turismo del Ministerio de Turismo griego, a fin de tener derecho al ejercicio de la profesión. Con carácter excepcional, el derecho a ejercer la profesión se puede otorgar temporalmente (hasta un año) a nacionales de terceros países con arreglo a determinadas condiciones definidas de manera explícita, derogándose así las disposiciones mencionadas anteriormente, en caso de que se confirme la ausencia de un guía turístico para una lengua específica.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En ES (para ES se aplica también al ámbito regional de gobierno): La prestación de servicios de guías de turismo estará supeditada al requisito de nacionalidad de un Estado miembro (CCP 7472).
 En HR: La prestación de servicios de hostelería y catering en hogares y casas rurales estarán supeditados al requisito de nacionalidad de un país del EEE (CCP 641, 642, 643, 7471, 7472).
 Medidas:
 EL: Decreto Presidencial 38/2010, Decisión Ministerial 165261/IA/2010 (Boletín Oficial 2157/B), artículo 50 de la Ley 4403/2016, artículo 47 de la Ley 4582/2018 (Boletín Oficial 208/A). ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;
 Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;
 Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas, artículo 4;
 Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
 Castilla-La Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;
 Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, artículo 88;
 Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;
 Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;
 Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;
 Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;
 Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, artículo 5;
 La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;
 Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra.
 Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la Profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; y
 Región de Murcia: Decreto n.o 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
 HR: Ley del Sector de la Hostelería y la Restauración (Boletines Oficiales n.o 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 y 50/12); y Ley de Prestación de Servicios de Turismo (Boletines Oficiales n.o 68/07 y 88/10).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En HU: La prestación transfronteriza de servicios de agencias de viajes, de organización de viajes en grupo y de guías de turismo requerirá una licencia expedida por la Oficina Húngara de Licencias Comerciales. Solo se concederán licencias a los nacionales del EEE y a las personas jurídicas con domicilio social en el EEE (CCP 7471, 7472).
 En IT (se aplica también al nivel de gobierno regional): los guías de turismo de países no pertenecientes a la Unión deberán obtener una licencia especial de la entidad regional para poder ejercer como guía turístico profesional. Los guías de turismo de los Estados miembros podrán ejercer libremente la profesión sin necesidad de licencia. La licencia se concederá a los guías de turismo que demuestren poseer unos conocimientos y unas competencias adecuados (CCP 7472).
 Medidas:
 HU: Ley CLXIV de 2005 de Comercio; Decreto Gubernamental n.o 213/1996 (XII.23.) relativo a las actividades de agencias de viajes y de organización de viajes.
 IT: Ley 135/2001, artículos 7.5 y 6; y Ley 40/2007 (D.L. 7/2007).
 Reserva n.o 15 – Servicios de ocio, culturales y deportivos
 Sector – subsector:
 Servicios de esparcimiento; otros servicios deportivos
 Clasificación sectorial:
 CCP 962, parte de 96419
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 Otros servicios deportivos (CCP 96419)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En AT (se aplica al ámbito regional de gobierno): La prestación de servicios de escuela de esquí y guías de montaña se regirá por la legislación de los Estados federados (Bundesländer). Dicha prestación podrá estar supeditada al requisito de nacionalidad de un Estado miembro del EEE. Se podrá exigir a las empresas que nombren director general a un nacional de un Estado miembro del EEE.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En CY: Requisito de nacionalidad para el establecimiento de una escuela de baile y requisito de nacionalidad para los instructores de educación física.
 Medidas:
 AT: Tiroler Schischulgesetz. Nr. 53/97;
 Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;
 NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710;
 Oö. Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997;
 Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;
 Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;
 Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97;
 Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;
 Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;
 Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;
 Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;
 Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; y
 Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.
 CY: Ley 65(I)/1997 en su versión modificada; y
 Ley 17(I) /1995 en su versión modificada.
 Reserva n.o 16 – Servicios de transporte y servicios auxiliares del transporte
 Sector – subsector:
 Servicios de transporte - pesca y transporte fluvial y marítimo - cualquier otra actividad comercial realizada a bordo de un buque; transporte marítimo y fluvial y servicios auxiliares del transporte marítimo y fluvial; transporte por ferrocarril y servicios auxiliares del transporte por ferrocarril; transporte por carretera y servicios auxiliares del transporte por carretera; servicios auxiliares de servicios de transporte aéreo
 Clasificación sectorial:
 CIIU Rev. 3.1 0501, 0502; CCP 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Transporte marítimo y servicios auxiliares del transporte marítimo. Cualquier otra actividad comercial realizada a bordo de un buque (CIIU Rev. 3.1 0501, 0502; CCP 5133, 5223, 721, parte de 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En la UE: En el caso de los servicios portuarios, el organismo gestor de un puerto, o la autoridad competente, podrá limitar el número de proveedores de servicios portuarios para un determinado servicio portuario.
 Medidas:
 UE: Reglamento (UE) 2017/352, de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, artículo 6.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración; Comercio transfronterizo de servicios - Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Únicamente los buques que enarbolen pabellón de Bulgaria o de otro Estado miembro podrán realizar actividades de transporte y cualesquiera otras actividades relacionadas con obras de ingeniería hidráulica y trabajos técnicos submarinos, prospección y extracción de recursos minerales y otros recursos inorgánicos, practicaje, repostaje, recepción de residuos, mezclas de agua y petróleo y otras similares, llevadas a cabo en aguas interiores y en el mar territorial de Bulgaria.
 El número de proveedores de servicios portuarios podrá limitarse en función de la capacidad objetiva del puerto, que será determinada por una comisión de expertos creada por el ministro de Transporte, Tecnología de la Información y Comunicaciones.
 La prestación de servicios de apoyo estará supeditada al requisito de nacionalidad. El capitán y el jefe de máquinas del buque deberán ser nacionales de un Estado miembro del EEE o de la Confederación Suiza. (CIIU Rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
 Medidas:
 BG: Código de la Marina Mercante; Ley de Navegación Marítima, Vías Navegables Interiores y Puertos de la República de Bulgaria; Ordenanza relativa a los requisitos y criterios de selección de los transportistas búlgaros de personas y mercancías en virtud de los tratados internacionales; y Ordenanza n.o 3 relativa a la prestación de servicios a embarcaciones sin tripulación.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En BG: En lo concerniente a los servicios de apoyo relacionados con el transporte público llevado a cabo en puertos búlgaros, el derecho a prestar tales servicios se otorgará mediante un contrato de concesión en el caso de los puertos de importancia nacional. Este derecho se otorgará mediante un contrato con el propietario del puerto correspondiente en el caso de los puertos de importancia regional (CCP 74520, 74540, 74590).
 Medidas:
 BG: Código de la Marina Mercante; Ley de Navegación Marítima, Vías Navegables Interiores y Puertos de la República de Bulgaria.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En DK: Los prestadores del servicio de practicaje solo podrán prestarlo en Dinamarca si están domiciliados en el EEE y están inscritos y aprobados por las autoridades danesas, de acuerdo con la Ley de Practicaje danesa (CCP 74520).
 Medidas:
 DK: Ley de Practicaje danesa, artículo 18.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En DE (se aplica también al nivel de gobierno regional): Para poder utilizar una embarcación no perteneciente a un nacional de un Estado miembro solo en actividades distintas de los servicios de transporte y auxiliares en las vías navegables federales alemanas será necesario obtener previamente una autorización especial. Únicamente se podrán conceder exenciones a embarcaciones no pertenecientes a la Unión Europea cuando no haya embarcaciones de la Unión Europea disponibles o cuando las disponibles se encuentren en circunstancias muy desfavorables, o bien sobre una base de reciprocidad. Por tanto, se podrán conceder exenciones a las embarcaciones de pabellón del Reino Unido sobre una base de reciprocidad (artículo 2, apartado 3, de la KüSchVO). Todas las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la legislación relativa al practicaje se encuentran reguladas y únicamente podrán obtener la acreditación correspondiente los nacionales del EEE o de la Confederación Suiza. El suministro y el funcionamiento de las instalaciones de practicaje están restringidos a las autoridades públicas o a las empresas que estas designen.
 En cuanto al arrendamiento o alquiler de embarcaciones marítimas con o sin operadores, o el arrendamiento o alquiler de embarcaciones no marítimas sin operador, se podrán imponer restricciones a la celebración de contratos de transporte de mercancías con buques de pabellón extranjero o al fletamento de tales embarcaciones, en función de la disponibilidad de buques de pabellón alemán o de otro Estado miembro.
 Las operaciones entre residentes y no residentes en relación con:
 (I) el alquiler de embarcaciones de transporte por vías navegables interiores que no estén matriculadas en el espacio económico;
 (II) el transporte de mercancías con dichas embarcaciones de transporte por vías navegables interiores; o
 (III) los servicios de remolque facilitados por dichas embarcaciones de transporte por vías navegables interiores,
 podrán ser objeto de restricciones dentro del área económica (transporte marítimo y fluvial, servicios de apoyo para el transporte marítimo y fluvial, alquiler de barcos, servicios de arrendamiento de embarcaciones sin operadores (CCP 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)).
 Medidas:
 DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; Ley de Protección de Pabellones);
 Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);
 Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz - BinSchAufgG);
 Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung - BinSchPatentV);
 Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz - SeeLG);
 Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz - SeeAufgG); y
 Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung - SeeEigensichV).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FI: los servicios de apoyo relacionados con el transporte marítimo prestados en el mar territorial de Finlandia se reservarán a las flotas que enarbolen pabellón finlandés, noruego o de la Unión (CCP 745).
 Medidas:
 FI: Merilaki (Ley de Navegación Marítima) (674/1994); y
 Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (Ley sobre el Derecho a Ejercer una Actividad Comercial) (122/1919), artículo 4.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En EL: Existe un monopolio público con respecto a los servicios de carga y descarga en las zonas portuarias (CCP 741).
 En IT: Se aplica una prueba de necesidades económicas para los servicios de carga y descarga del transporte marítimo. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, la densidad de población, la distribución geográfica y la creación de nuevos puestos de trabajo (CCP 741).
 Medidas:
 EL: Código de Derecho Marítimo Público (Decreto Legislativo n.o 187/1973).
 IT: Código de Navegación;
 Ley 84/1994; y
 Decreto Ministerial 585/1995.
 b)
 Transporte por ferrocarril y servicios auxiliares del transporte por ferrocarril (CCP 711, 743)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Únicamente los nacionales de un Estado miembro podrán prestar servicios de transporte por ferrocarril o servicios de apoyo relacionados con el transporte por ferrocarril en Bulgaria. El ministro de Transporte expedirá una licencia para la prestación de servicios de transporte de personas o mercancías por ferrocarril a las empresas ferroviarias constituidas como sociedades mercantiles (CCP 711, 743).
 Medidas:
 BG: Ley de Transporte por Ferrocarril, artículos 37, 48.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En LT: Se concederán derechos exclusivos para la prestación de servicios de transporte a las empresas ferroviarias de propiedad pública o cuyo 100 % de participaciones accionariales pertenezca al Estado (CCP 711).
 Medidas:
 LT: Código de Transporte por Ferrocarril de la República de Lituania, de 22 de abril de 2004, n.o IX-2152, en su versión modificada de 8 de junio de 2006, n.o X-653.
 c)
 Transporte por carretera y servicios auxiliares del transporte por carretera (CCP 712, 7121, 7122, 71222, 7123)
 Para los servicios de transporte por carretera no cubiertos por los títulos I [Transporte de mercancías por carretera] y II [Transporte de pasajeros por carretera] del epígrafe tercero [Transporte por carretera] de la segunda parte [Comercio, Transporte y Pesca] y el anexo ROAD-1 [Transporte de mercancías por carretera].
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En AT: (en lo que respecta también al trato de nación más favorecida) en cuanto al transporte de pasajeros y mercancías, solo pueden concederse autorizaciones o derechos exclusivos a los nacionales de las partes contratantes del EEE y a las personas jurídicas de la Unión que tengan su sede principal en Austria. Las licencias se concederán de manera no discriminatoria y sobre una base de reciprocidad (CPC 712).
 Medidas:
 AT: Güterbeförderungsgesetz (Ley de Transporte de Mercancías), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;
 Gelegenheitsverkehrsgesetz (Ley de Transporte Ocasional), BGBl. Nr.112/1996; § 6; y
 y Kraftfahrliniengesetz (Ley de Transporte Regular), BGBl. I Nr. 203/1999 en su versión modificada, §§ 7 y 8.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En EL: Para servicios de transporte de mercancías por carretera. Para ejercer la profesión de transportista de mercancías por carretera se necesitará una licencia griega. Las licencias se concederán de manera no discriminatoria y sobre una base de reciprocidad (CPC 7123).
 Medidas:
 EL: Autorización de transportistas de mercancías por carretera: Ley griega 3887/2010 (Boletín Oficial
 A' 174), en su versión modificada por el artículo 5 de la Ley 4038/2012 (Boletín Oficial A' 14)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En IE: Prueba de necesidades económicas para servicios de autobuses interurbanos. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, la densidad de población, la distribución geográfica, los efectos sobre las condiciones del tráfico y la creación de nuevos puestos de trabajo (CCP 7121, CCP 7122).
 En MT: Taxis: se aplicarán restricciones al número de licencias.
 Karozzini (coches de caballos): se aplicarán restricciones al número de licencias (CCP 712).
 En PT: Prueba de necesidades económicas para servicios de grandes automóviles de lujo. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, la densidad de población, la distribución geográfica, los efectos sobre las condiciones del tráfico y la creación de nuevos puestos de trabajo (CCP 71222).
 Medidas:
 IE: Ley de 2009 de Regulación del Transporte Público.
 MT: Reglamento relativo a los Servicios de Taxi (SL499.59).
 PT: Decreto-Ley 41/80, de 21 de agosto.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En CZ: La constitución de una sociedad en la República Checa será obligatoria (no se admitirán sucursales).
 Medidas:
 CZ: Ley n.o 111/1994 rec. sobre el Transporte por Carretera.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida:
 En SE: El ejercicio de la profesión de transportista por carretera requerirá una licencia sueca. Entre los criterios para recibir una licencia de taxi se incluyen que la empresa haya designado a una persona física para que actúe como gestor de transporte (un requisito de residencia de facto; véase la reserva de Suecia sobre los tipos de establecimiento.
 Medidas:
 SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (Ley de Circulación Comercial);
 Yrkestrafikförordning (2012:237) (Reglamento del Gobierno sobre la circulación comercial);
 Taxitrafiklag (2012:211) (Ley de Taxis); y
 Taxitrafikförordning (2012:238) (Reglamento del Gobierno sobre los taxis).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En SK: Se puede otorgar una concesión de servicio de taxi y un permiso para la explotación de un servicio de envío taxis a una persona que tenga una residencia o un lugar de establecimiento en el territorio de la República Eslovaca o en otro Estado miembro del EEE.
 Medidas:
 Ley 56/2012 rec. sobre el Transporte por Carretera.
 d)
 Servicios auxiliares de servicios de transporte aéreo
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En la UE: En cuanto a los servicios de asistencia en tierra, se podrá exigir el establecimiento en el territorio de la Unión Europea. El grado de apertura de los servicios de asistencia en tierra dependerá del tamaño del aeropuerto. Se podrá limitar el número de prestatarios de estos servicios en cada aeropuerto. En el caso de los «grandes aeropuertos», dicho límite no podrá ser inferior a dos prestatarios.
 Medidas:
 UE: Directiva 1996/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad.
 En BE (se aplica también al nivel de gobierno regional): La prestación de servicios de asistencia en tierra estará supeditada a la condición de reciprocidad.
 Medidas:
 BE: Arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (artículo 18);
 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (artículo 14); y
 Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (artículo 14).
 e)
 Servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte (parte de la CCP 748)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 La UE (se aplica también al ámbito regional de gobierno): Únicamente podrán prestar servicios de despacho de aduanas personas residentes en la Unión o personas jurídicas constituidas en la Unión.
 Medidas:
 UE: Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión.
 Reserva n.o 17 – Actividades relacionadas con la energía
 Sector – subsector:
 Actividades relacionadas con la energía – explotación de minas y canteras; producción, transmisión y distribución de electricidad, gas, vapor y agua caliente por cuenta propia; transporte de combustible por tuberías; servicios de almacenamiento de combustibles transportados por tuberías; y servicios relacionados con la distribución de energía
 Clasificación sectorial:
 CIIU Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CCP 5115, 63297, 713, parte de 742, 8675, 883, 887
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Explotación de minas y canteras (CIIU Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CCP 5115, 7131, 8675, 883)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En NL: Los trabajos de prospección y explotación de hidrocarburos realizados en los Países Bajos siempre serán ejecutados conjuntamente por una empresa privada y la sociedad anónima (de responsabilidad limitada) pública designada por el ministro de Asuntos Económicos. Los artículos 81 y 82 de la Ley de Minas disponen que todas las acciones de la sociedad designada deberán pertenecer de forma directa o indirecta al Estado neerlandés (CIIU Rev.3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).
 En BE: La prospección y explotación de recursos minerales y otros recursos no vivos del mar territorial y la plataforma continental serán objeto de concesión. El concesionario debe tener un domicilio declarado en Bélgica (CIIU Rev. 3.1 14).
 En IT (se aplica también al ámbito regional de gobierno): Las minas pertenecientes al Estado se regirán por normas específicas de exploración y explotación. Toda actividad de exploración requerirá la obtención de un permiso de prospección («permesso di ricerca», artículo 4 del Real Decreto 1447/1927). Dicho permiso tendrá una duración determinada y delimitará con precisión la superficie explorada. Se podrá expedir más de un permiso para la misma zona a distintas personas físicas o jurídicas (este tipo de licencia no concederá necesariamente derechos exclusivos). La extracción y explotación de minerales requerirá una autorización («concessione», artículo 14) de la autoridad regional (CIUU Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CCP 8675, 883).
 Medidas
 BE: Arrêté Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.
 IT: Servicios de exploración: Real Decreto 1447/1927; Decreto Legislativo 112/1998, artículo 34.
 NL: Mijnbouwwet (Ley de Minas).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, al Trato nacional y al Trato de nación más favorecida:
 En BG: Las actividades de prospección o exploración de recursos naturales subterráneos realizadas en el territorio de la República de Bulgaria, en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva del Mar Negro requerirán un permiso, mientras que las actividades de extracción y explotación estarán sujetas a una concesión otorgada en virtud de la Ley de Recursos Naturales Subterráneos.
 Se prohíbe a las empresas registradas en territorios que brinden un trato fiscal favorable (es decir, en paraísos fiscales), o relacionadas de forma directa o indirecta con tales empresas, participar en licitaciones públicas para la adjudicación de permisos o concesiones de prospección, exploración o extracción de recursos naturales, incluidos los minerales de uranio y torio, así como explotar un permiso o una concesión obtenidos con anterioridad, puesto que estas operaciones están excluidas, o registrar el descubrimiento geológico o comercial de un yacimiento a raíz de actividades de exploración.
 La extracción de mineral de uranio se cierra mediante el Decreto n.o 163 del Consejo de Ministros, de 20 de agosto de 1992.
 Por lo que respecta a la exploración y extracción de mineral de torio, será aplicable el régimen general de concesiones mineras. Las decisiones de autorización de exploración y extracción de mineral de torio se tomarán de manera individualizada y no discriminatoria, atendiendo a cada caso concreto.
 Con arreglo a la Decisión de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria, de 18 de enero de 2012 (ch. 14 de junio de 2012), queda prohibido todo uso de la tecnología de fracturación hidráulica en actividades de prospección, exploración o extracción de petróleo y gas.
 Se prohíbe la exploración y la extracción de gas de esquisto (CIIU Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13,3.1 14).
 Medidas:
 BG: Ley de Recursos Naturales Subterráneos;
 Ley de Concesiones;
 Ley de Privatización y Control Posterior a la Privatización;
 Ley de Uso Seguro de la Energía Nuclear; Decisión de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria de 18 de enero de 2012; Ley de relaciones económicas y financieras con empresas registradas en territorios que brinden un trato fiscal favorable, las personas controladas por las mismas y sus beneficiarios efectivos; y Ley de Recursos del Subsuelo.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, al Trato nacional y al Trato de nación más favorecida:
 En CY: El Consejo de Ministros podrá negarse a autorizar que las actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos sean realizadas por cualquier entidad que esté controlada de manera efectiva por el Reino Unido o por nacionales del Reino Unido. Una vez concedida la autorización, ninguna entidad podrá quedar bajo el control directo o indirecto del Reino Unido o de un nacional del Reino Unido sin la aprobación previa del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros podrá negarse a conceder una autorización a una entidad que esté controlada de manera efectiva por el Reino Unido o por un nacional del Reino Unido, si dicho país no concede a las entidades de la República o a las entidades de los Estados miembros, en lo que respecta al acceso a las actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y a su ejercicio, un trato comparable al que la República o el Estado miembro conceda a las entidades del Reino Unido (CIIU Rev. 3.1 1110).
 Medidas:
 CY: Ley de (Prospección, Exploración y Explotación de) Hidrocarburos de 2007 [(Ley 4(I)/2007], en su versión modificada.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En SK: Para la explotación de minas, las actividades relacionadas con la explotación de minas y las actividades geológicas, será obligatoria la constitución de una sociedad en el EEE (no se admitirán sucursales). Las actividades de prospección y explotación de minas cubiertas por la Ley de la República Eslovaca 44/1988 sobre protección y explotación de los recursos naturales están reguladas de manera no discriminatoria, inclusive a través de medidas de política pública para garantizar la conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente, como la autorización o prohibición de determinadas tecnologías mineras. Para mayor certidumbre, dichas medidas incluyen la prohibición del uso de la lixiviación de cianuro para tratar o refinar minerales, el requisito de una autorización específica para el uso de la tecnología de fracturación hidráulica en actividades de prospección, exploración o extracción de petróleo y gas, así como la aprobación previa por referéndum local en el caso de recursos minerales nucleares o radiactivos. Esto no incrementa los aspectos no conformes de la medida vigente con respecto a la cual se formula la reserva. (CIIU Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 5115, 7131, 8675 y 883).
 Medidas
 SK: Ley 51/1988, de Minería, Explosivos y Administración Estatal de Minas; y Ley 569/2007 de Actividades Geológicas, Ley 44/1988 sobre Protección y Explotación de los Recursos Naturales.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En FI: La prospección y explotación de recursos minerales requerirá una licencia, que será otorgada por el Gobierno para la extracción de material nuclear. La explotación de minas de terceros requerirá asimismo una autorización del Gobierno. Se podrán conceder autorizaciones a las personas físicas residentes en el EEE y a las personas jurídicas establecidas en el EEE. Podrá ser necesaria una prueba de necesidades económicas (CIIU Rev. 3.1 120, CCP 5115, 883, 8675).
 En IE: Las empresas de exploración de minerales y explotación minera que desarrollen su actividad en Irlanda deberán tener presencia en dicho país. En el caso de la exploración de minerales, se exigirá que las empresas (irlandesas y extranjeras) contraten los servicios de un agente o de un responsable de exploración residente en Irlanda durante la ejecución de los trabajos. En el caso de la minería, se exige que el titular de cualquier arrendamiento o licencia de explotación minera pública sea una empresa constituida en Irlanda. No hay restricciones en cuanto a la propiedad de dicha empresa (CIIU Rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CCP 883).
 Medidas
 FI: Kaivoslaki (Ley de Minas) (621/2011); y
 Ydinenergialaki (Ley de Energía Nuclear) (990/1987).
 IE: Leyes de Explotación de Recursos Minerales, de 1940 a 2017; y Leyes de Ordenación del Territorio y Reglamentación Ambiental.
 Con respecto únicamente a las Inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En SI: La exploración y explotación de recursos minerales, incluidos los servicios mineros regulados, están sujetas al establecimiento en o la ciudadanía del EEE, de la Confederación Suiza o de un país miembro de la OCDE (CIIU Rev. 3.1 10, CIIU Rev. 3.1 11, CIIU Rev. 3.1 12, CIIU Rev. 3.1 13, CIIU Rev. 3.1 14, CCP 883, CCP 8675).
 Medidas
 SI: Ley de Minas de 2014.
 b)
 Producción, transmisión y distribución de electricidad, gas, vapor y agua caliente por cuenta propia; transporte de combustible por tuberías; servicios de almacenamiento de combustibles transportados por tuberías; servicios relacionados con la distribución de energía (CIIU Rev. 3.1 40, 3.1 401, CCP 63297, 713, parte de 742, 74220, 887)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En DK: Todo propietario o usuario que desee instalar una infraestructura de gas o una tubería para el transporte de petróleo crudo o refinado, productos petrolíferos y gas natural deberá obtener una autorización de la administración local antes de comenzar las obras. Podrá limitarse el número de autorizaciones expedidas (CCP 7131).
 En MT: Enemalta plc tiene el monopolio del suministro eléctrico (CIIU Rev. 3.1 401; CCP 887).
 En NL: La propiedad de la red eléctrica y de la red de gasoductos corresponde con carácter exclusivo al Gobierno neerlandés (sistemas de transporte) y a otras entidades públicas (sistemas de distribución) (CIIU Rev. 3.1 040, CCP 71310).
 Medidas:
 DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmeforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Orden n.o 1257, de 27 de noviembre de 2019, relativa al diseño, la instalación y la explotación de tanques de combustible, sistemas de tuberías y conductos).
 MT: EneMalta Act (Ley de Transferencia de Activos, Derechos, Pasivos y Obligaciones), capítulos 272 y 536.
 NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En AT: Por lo que respecta al transporte de gas, solo se concederán autorizaciones a los nacionales de un Estado miembro del EEE que tengan su domicilio en el EEE. Las sociedades capitalistas y personalistas deberán tener su domicilio social en el EEE. El explotador de la red deberá designar a un director general y a un director técnico encargado del control técnico de la explotación de la red, y ambos deberán ser nacionales de un Estado miembro del EEE.
 La autoridad competente podrá permitir excepciones a los requisitos de nacionalidad y domicilio cuando la explotación de la red se considere de interés público.
 En el caso del transporte de mercancías distintas del gas y del agua, se aplicarán las siguientes reservas:
 (I)por lo que respecta a las personas físicas, solo se concederán autorizaciones a los nacionales del EEE que tengan su domicilio en Austria; y
 (II)las sociedades capitalistas y personalistas deberán tener su domicilio social en Austria. Se realizará una prueba de necesidades económicas o de interés. Las tuberías transfronterizas no deberán comprometer los intereses de Austria en materia de seguridad ni su condición de país neutral. Las sociedades capitalistas y personalistas deberán nombrar director general a un nacional de un Estado miembro del EEE. La autoridad competente podrá permitir excepciones a los requisitos de nacionalidad y domicilio cuando la explotación de la tubería se considere de interés económico nacional (CCP 713).
 Medidas:
 AT: Rohrleitungsgesetz (Ley de Transporte por Tuberías), BGBl. Nr. 411/1975, § 5 (1) y (2), § 5 (1) y (3), § 15, § 16; y
 Gaswirtschaftsgesetz 2011(Ley de Gas), BGBl. I Nr. 107/2011, artículos 43 y 44, artículos 90 y 93.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – (se aplica solo al nivel regional de gobierno) Trato nacional, Presencia local:
 En AT: Por lo que respecta al transporte y distribución de electricidad, solo se concederán autorizaciones a los nacionales de un Estado miembro del EEE que tengan su domicilio en el EEE. Si el explotador designa a un director general o a un arrendatario, quedará exento del requisito de domicilio.
 Las personas jurídicas (empresas) y las sociedades personalistas deberán tener su domicilio social en el EEE. Deberán designar a un director general o a un arrendatario, que en ambos casos deberán ser nacionales de un Estado miembro del EEE y estar domiciliados en el EEE.
 La autoridad competente podrá permitir excepciones a los requisitos de nacionalidad y domicilio cuando la explotación de la red se considere de interés público (CIIU Rev. 3.1 40, CCP 887).
 Medidas:
 AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 en su versión modificada;
 Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 en su versión modificada; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -
 organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. Nr. 1/2006 en su versión modificada; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999 en su versión modificada;
 Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. Nr. 134/2011;
 Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. Nr. 59/2003 en su versión modificada;
 Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005;
 Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 70/2005; y
 Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En CZ: Para las actividades de generación, transporte, distribución, comercialización y otras actividades de operador del mercado de electricidad, la generación, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de gas, así como la generación y distribución de calefacción, se requiere autorización. Solo podrán obtener dicha autorización las personas físicas con un permiso de residencia o las personas jurídicas establecidas en la Unión. Existen derechos exclusivos con respecto a las licencias de transmisión y de operador del mercado de electricidad y gas (CIIU Rev. 3.1 40, CCP 7131, 63297, 742, 887).
 En LT: Solo se podrán expedir licencias de transporte, distribución, suministro público y organización del comercio de energía eléctrica a personas jurídicas establecidas en la República de Lituania o a sucursales de personas jurídicas extranjeras o de otras organizaciones establecidas en la República de Lituania. Los permisos para generar electricidad, desarrollar la capacidad de generación de electricidad y construir una línea directa pueden expedirse a personas físicas con residencia en la República de Lituania o a personas jurídicas establecidas en la República de Lituania, o a sucursales de personas jurídicas u otras organizaciones de otros Estados miembros establecidas en la República de Lituania. La presente reserva no se aplicará a los servicios de asesoramiento relacionados con el transporte y la distribución de energía eléctrica a comisión o por contrato (CIIU Rev. 3.1 401, CCP 887).
 En el caso de los combustibles, se exigirá el establecimiento. Solo se podrán expedir licencias de transporte, distribución, almacenamiento de combustibles y licuefacción de gas natural a personas jurídicas establecidas en la República de Lituania o a sucursales de personas jurídicas u otras organizaciones (filiales) de otros Estados miembros establecidas en la República de Lituania.
 La presente reserva no se aplicará a los servicios de asesoramiento relacionados con el transporte y la distribución de combustibles a comisión o por contrato (CCP 713, CCP 887).
 En PL: las siguientes actividades requerirán autorización de conformidad con la Ley de Energía:
 (I) la producción de combustibles o energía, a excepción de: la producción de combustibles sólidos o gaseosos; la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía distintas de las renovables y cuya capacidad total no exceda de 50 MW; la producción combinada de calor y electricidad a partir fuentes de energía distintas de las renovables y cuya capacidad total no exceda de 5 MW; la generación de energía térmica a partir de fuentes de energía cuya capacidad total no exceda de 5 MW;
 (II) el almacenamiento de combustibles gaseosos en instalaciones de almacenamiento, licuefacción de gas natural y regasificación de gas natural licuado en instalaciones de GNL, así como el almacenamiento de combustibles líquidos, a excepción de: el almacenamiento local de gas líquido en instalaciones de capacidad inferior a 1 MJ/s y el almacenamiento de combustibles líquidos en el comercio al por menor;
 (III) la transmisión o distribución de combustibles o energía, a excepción de: la distribución de combustibles gaseosos en redes de menos de 1 MJ/s de capacidad y del transporte o distribución de energía térmica cuando la capacidad total demandada por los clientes no exceda de 5 MW;
 (IV) el comercio de combustibles o energía, a excepción de: el comercio de combustibles sólidos; el comercio de energía eléctrica a través de instalaciones de tensión inferior a 1 kV pertenecientes al cliente; el comercio de combustibles gaseosos cuando el volumen de negocios anual no exceda de un importe equivalente a 100 000 EUR; el comercio de gas licuado cuando el volumen de negocios anual no exceda de un importe equivalente a 10 000 EUR; y el comercio de combustibles gaseosos y de energía eléctrica en bolsas de mercancías por parte de sociedades mediadoras en el mercado del dinero que ejerzan la actividad de mediación en dicha bolsa de conformidad con la Ley de 26 de octubre de 2000 relativa a las Bolsas de Mercancías, así como el comercio de energía térmica cuando la capacidad demandada por los clientes no exceda de 5 MW. Los límites del volumen de negocios no se aplicarán a los servicios comerciales al por mayor de combustibles gaseosos o gas licuado ni a los servicios comerciales al por menor de gas embotellado.
 La autoridad competente solo podrá conceder una licencia a los solicitantes que hayan establecido su centro de actividad principal o su residencia en el territorio de un Estado miembro del EEE o de la Confederación Suiza (CIIU Rev. 3.1 040, CCP 63297, 74220, CCP 887).
 Medidas:
 CZ: Ley n.o 458/2000 rec. sobre condiciones comerciales y administración pública en los sectores de la energía (Ley de Energía).
 LT: Ley de Gas Natural de la República de Lituania, de 10 de octubre de 2000, n.o VIII-1973; Ley de Electricidad de la República de Lituania, de 20 de julio de 2000, n.o VIII-1881.
 PL: Ley de Energía de 10 de abril de 1997, artículos 32 y 33.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En SI: La producción, comercialización, suministro a clientes finales, transporte y distribución de electricidad y gas natural está supeditada al establecimiento en la Unión (CIIU Rev. 3.1 4010, 4020, CCP 7131, CCP 887).
 Medidas:
 SI: Energetski zakon (Ley de Energía) de 2014, Boletín Oficial n.o 17/2014 de la República de Eslovenia; y Ley de Minería de 2014.
 Reserva n.o 18 – Agricultura, pesca y manufacturas
 Sector – subsector:
 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; ganadería de animales y renos, pesca y acuicultura; actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
 Clasificación sectorial:
 CIIU Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CCP 881, 882, 88442
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Requisitos de funcionamiento
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones; Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 UE/Estado miembro (a menos que se especifique lo contrario)
 Descripción:
 a)
 Agricultura, caza y silvicultura (CIIU Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CCP 881)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional:
 En IE: El establecimiento en actividades de molienda seca por parte de residentes extranjeros requerirá autorización (CIIU Rev. 3.1 1531).
 Medidas:
 IE: Ley de 1933 de Productos Agrícolas (Cereales).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FI: Únicamente podrán poseer renos y ejercer la cría de renos los nacionales de un Estado miembro del EEE que residan en la zona de pastoreo de renos. Se podrán conceder derechos exclusivos.
 En FR: Asimismo, se precisará autorización previa para convertirse en miembro o administrador de una cooperativa agrícola (CIIU Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).
 En SE: Únicamente el pueblo sami podrá poseer y criar renos.
 Medidas:
 FI: Poronhoitolaki (Ley sobre la Cría de Renos) (848/1990), capítulo 1, artículo 4, Protocolo 3 del Tratado de Adhesión de Finlandia.
 FR: Code rural et de la pêche maritime.
 SE: Ley de Cría de Renos (1971:437), artículo 1.
 b)
 Pesca y acuicultura (CIIU Rev. 3.1 050, 0501, 0502, CCP 882)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios: Acceso a los mercados:
 En FR: Un buque francés que enarbole pabellón de Francia solo podrá obtener una licencia de pesca o pescar en función de las cuotas nacionales cuando exista un vínculo económico real con el territorio francés, y a condición de que el buque esté dirigido y controlado desde un establecimiento permanente ubicado en territorio francés (CIIU Rev. 3.1 050, CCP 882).
 Medidas:
 FR: Code rural et de la pêche maritime.
 c)
 Industria manufacturera - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones (CIIU Rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CCP 88442)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios: Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En LV: Únicamente tendrán derecho a crear medios de comunicación y a publicar información en ellos las personas jurídicas constituidas en Letonia y las personas físicas letonas. No se admitirán sucursales (CCP 88442).
 Medidas:
 LV: Ley sobre la Prensa y otros Medios de Comunicación, artículo 8.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En DE (se aplica también al nivel de gobierno regional): Todos los diarios, revistas y publicaciones periódicas impresos o distribuidos públicamente deberán indicar con claridad un director (nombre completo y domicilio de una persona física). Se podrá exigir que el director sea residente permanente en Alemania, la Unión o un Estado miembro del EEE. El ministro federal del Interior podrá autorizar excepciones (CIIU Rev. 3.1 223, 224).
 Medidas:
 DE:
 A nivel regional:
 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);
 Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);
 Berliner Pressegesetz (BlnPrG);
 Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);
 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);
 Hamburgisches Pressegesetz;
 Hessisches Pressegesetz (HPresseG);
 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);
 Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);
 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);
 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;
 Saarländisches Mediengesetz (SMG);
 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);
 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);
 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);
 Thüringer Pressegesetz (TPG).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En IT: En la medida en que el Reino Unido permita a los inversores italianos poseer más del 49 % de las participaciones en el capital y los derechos de voto de una empresa editora del Reino Unido, Italia permitirá a los inversores del Reino Unido poseer más del 49 % de las participaciones en el capital y los derechos de voto de una empresa editora italiana en las mismas condiciones (CIIU Rev. 3.1 221, 222).
 Medidas:
 IT: Ley n.o 416/1981, artículo 1 (y modificaciones posteriores).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Altos directivos y consejos de administración:
 En PL: Requisito de nacionalidad para el editor jefe de periódicos y diarios (CIIU Rev. 3.1 221, 222).
 Medidas:
 PL: Ley de 26 de enero de 1984 relativa a la Prensa (Boletín Oficial n.o 5, punto 24, y modificaciones posteriores).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En SE: Las personas físicas que sean propietarias de publicaciones periódicas impresas y editadas en sueco deberán residir en Suecia o ser nacionales de un Estado miembro del EEE. Los propietarios de esas publicaciones periódicas que sean personas jurídicas deberán estar establecidos en el EEE. Las publicaciones periódicas impresas y publicadas en Suecia, así como las grabaciones técnicas, deberán tener un director o realizador que habrá de estar domiciliado en Suecia (CIIU Rev. 3.1 22, CCP 88442).
 Medidas:
 SE: Ley de Libertad de Prensa (1949:105);
 Ley Fundamental de Libertad de Expresión (1991:1469); y
 Ley 1991:1559 relativa a las ordenanzas en el ámbito de la Ley de Libertad de Prensa y la Ley Fundamental de Libertad de Expresión.
 Lista del Reino Unido
 Reserva n.o 1 – Todos los sectores
 Reserva n.o 2 – Servicios profesionales (todas las profesiones excepto las relacionadas con la salud)
 Reserva n.o 3 – Servicios profesionales (servicios veterinarios)
 Reserva n.o 4 – Servicios de investigación y desarrollo
 Reserva n.o 5 – Servicios prestados a las empresas
 Reserva n.o 6 – Servicios de comunicaciones
 Reserva n.o 7 – Servicios de transporte y servicios auxiliares del transporte
 Reserva n.o 8 – Actividades relacionadas con la energía
 Reserva n.o 1 – Todos los sectores
 Sector:
 Todos los sectores
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de rendimiento
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Requisitos de rendimiento
 El Reino Unido podrá hacer cumplir un compromiso o pacto establecido de conformidad con las disposiciones que regulan los compromisos posteriores a la oferta en el City Code on Takeovers and Mergers (Código de la City sobre Adquisiciones y Fusiones), o de conformidad con los Deeds of Undertaking (Términos del compromiso) en relación con adquisiciones o fusiones, en las que el compromiso o el pacto no se haya impuesto o requerido como condición para la autorización de la adquisición o fusión.
 Medidas:
 City Code on Takeovers and Mergers (Código de la City sobre Adquisiciones y Fusiones)
 Companies Act 2006 (Ley de 2006 de Sociedades)
 Law of Property 1989 (Ley de 1989 de Propiedades) (disposiciones diversas) relativa a la ejecución de los Deeds of Undertaking (Términos del compromiso) en relación con adquisiciones o fusiones
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Altos directivos y consejos de administración
 Esta reserva se aplica solo a los servicios sociales, de salud o de enseñanza:
 El Reino Unido, al vender o enajenar sus participaciones en el capital de una empresa estatal o una entidad pública existente que preste servicios sociales, de salud o de enseñanza (CCP 93, 92), o bien activos de dicha empresa estatal o entidad pública, podrá prohibir o imponer limitaciones sobre la titularidad de tales participaciones o activos por parte de inversores de la Unión o sus empresas, así como sobre la capacidad de los titulares de tales participaciones y activos para controlar cualquier empresa resultante. En lo concerniente a dicha venta u otra forma de enajenación, el Reino Unido podrá adoptar o mantener medidas relativas a la nacionalidad de los altos directivos o de los miembros de los consejos de administración, así como cualquier medida que limite el número de proveedores.
 A los efectos de la presente reserva:
 (I)se considerará medida vigente toda medida mantenida o adoptada a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo que, en el momento de la venta u otra forma de enajenación, prohíba o imponga limitaciones sobre la titularidad de participaciones o activos, imponga requisitos de nacionalidad o limitaciones del número de proveedores con arreglo a lo dispuesto en la presente reserva; y
 (II)se entenderá por «empresa estatal» toda empresa propiedad del Reino Unido o bajo su control mediante participaciones, incluidas las empresas constituidas a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo con el único fin de vender o enajenar participaciones en el capital de una empresa estatal o una entidad pública existente o activos de estas últimas.
 Medidas:
 Las expuestas con anterioridad en el elemento descripción.
 Reserva n.o 2 – Servicios profesionales (todas las profesiones excepto las relacionadas con la salud)
 Sector – subsector:
 Servicios profesionales – servicios jurídicos; servicios de auditoría
 Clasificación sectorial:
 Parte de la CCP 861, CCP 862
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 (a)Servicios jurídicos (parte de CCP 861)
 Para prestar determinados servicios jurídicos, es posible que sea necesario obtener una autorización o licencia de una autoridad competente o cumplir unos requisitos de registro. En la medida en que los requisitos para obtener una autorización, licencia o registro sean no discriminatorios y conformes a los compromisos establecidos por el artículo SERVIN.5.49, no se enumeran. Estos pueden incluir, por ejemplo, el requisito de haber obtenido las cualificaciones especificadas, haber completado un período reconocido de formación o requerir, tras colegiarse, una oficina o dirección postal dentro de la jurisdicción de la autoridad competente.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Presencia local, Trato nacional:
 Los colegios profesionales y los órganos reguladores pertinentes podrán exigir el requisito de residencia (presencia comercial) para la prestación de determinados servicios jurídicos con respecto al Derecho interno del Reino Unido. Son aplicables los requisitos relativos a la forma jurídica no discriminatorios.
 Los colegios profesionales y los órganos reguladores pertinentes podrán exigir el requisito de residencia para la prestación de determinados servicios jurídicos con respecto al Derecho interno del Reino Unido relacionados con la inmigración.
 Medidas:
 Inglaterra y Gales: Solicitors Act 1974 (Ley de 1974 de Procuradores); Administration of Justice Act 1985 (Ley de 1985 de Administración de Justicia); Legal Services Act 2007 (Ley de 2007 de Servicios Jurídicos). Escocia: Solicitors (Scotland) Act 1980 (Ley de 1980 de Procuradores [de Escocia]); Legal Services (Scotland) Act 2010 (Ley de 2010 de Servicios Jurídicos [de Escocia]). Irlanda del Norte: Solicitors (Northern Ireland) Order 1976 (Orden de 1976 relativa a los Procuradores [de Irlanda del Norte]). Para todas las jurisdicciones, Immigration and Asylum Act 1999 (Ley de 1999 de Inmigración y Asilo). Asimismo, las medidas aplicables en cada territorio comprenden todos los requisitos establecidos por los colegios profesionales y los órganos reguladores.
 (b)Servicios de auditoría (CCP 86211, 86212 salvo los servicios de contabilidad y teneduría de libros)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 Las autoridades competentes del Reino Unido podrán reconocer la equivalencia de las cualificaciones de un auditor nacional de la Unión o de cualquier tercer país con objeto de autorizarlo como auditor legal en el territorio del Reino Unido a reserva de reciprocidad (CCP 8621).
 Medidas:
 Companies Act 2006 (Ley de 2006 de Sociedades)
 Reserva n.o 3 – Servicios profesionales (servicios veterinarios)
 Sector – subsector:
 Servicios profesionales – servicios veterinarios
 Clasificación sectorial:
 CCP 932
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 Se requerirá presencia física para ejercer la profesión veterinaria. La práctica de la medicina veterinaria está reservada a los veterinarios cualificados que sean miembros del Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS).
 Medidas:
 Veterinary Surgeons Act 1966 (Ley de 1966 de Veterinarios)
 Reserva n.o 4 – Servicios de investigación y desarrollo
 Sector – subsector:
 Servicios de investigación y desarrollo (I+D)
 Clasificación sectorial:
 CCP 851, 853
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 Por lo que respecta a los servicios de investigación y desarrollo (I+D) financiados con fondos públicos que perciban una dotación financiera concedida por el Reino Unido, únicamente podrán otorgarse derechos exclusivos o autorizaciones a los nacionales del Reino Unido y a las personas jurídicas del Reino Unido cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro del Reino Unido (CCP 851, 853).
 Esta reserva se entiende sin perjuicio de la quinta parte [Participación en programas de la Unión, buena gestión financiera y disposiciones financieras] y de la exclusión de la contratación por una Parte o de los subsidios o becas contemplados en los apartados 6 y 7 del artículo SERVIN.1.1 [Objetivo y ámbito de aplicación].
 Medidas:
 Todos los programas de investigación o innovación existentes y futuros.
 Reserva n.o 5 – Servicios prestados a las empresas
 Sector – subsector:
 Servicios prestados a las empresas– servicios de arrendamiento o alquiler sin operarios y otros servicios prestados a las empresas
 Clasificación sectorial:
 Parte de la CCP 831
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 Para el alquiler o el arrendamiento de aeronaves sin tripulación (dry lease), las aeronaves utilizadas por una compañía aérea del Reino Unido están sujetas a los requisitos aplicables de registro de aeronaves. Un acuerdo de arrendamiento sin tripulación en el que es parte una aerolínea del Reino Unido estará sujeto a los requisitos de la legislación nacional sobre seguridad aérea, como la aprobación previa y otras condiciones aplicables al uso de aeronaves registradas de terceros países. Para matricular una aeronave se podrá exigir que esta pertenezca, bien a personas físicas que cumplan determinados criterios de nacionalidad, bien a empresas que cumplan determinados criterios referentes a la propiedad del capital y al control (CCP 83104).
 En lo concerniente a los servicios de sistemas informatizados de reserva (SIR), en aquellos casos en que los prestadores de servicios de SIR que desarrollan su actividad fuera del Reino Unido no brinden a las compañías aéreas del Reino Unido un trato equivalente (es decir, no discriminatorio) al otorgado en el Reino Unido, o en aquellos casos en que las compañías aéreas no pertenecientes al Reino Unido no brinden a los prestadores de servicios de SRI del Reino Unido un trato equivalente al otorgado en el Reino Unido, se podrán tomar medidas para que los prestadores de servicios de SRI que desarrollan su actividad en el Reino Unido brinden un trato discriminatorio equivalente a las compañías aéreas no pertenecientes al Reino Unido, o para que las compañías aéreas del Reino Unido brinden un trato equivalente a los prestadores de servicios de SRI que desarrollan su actividad fuera del Reino Unido.
 Medidas: Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida), tal como se mantiene en el Derecho del Reino Unido por la Ley sobre (la retirada de) la Unión Europea de 2018 [European Union (Withdrawal) Act 2018], y en su versión modificada por los Reglamentos de S.I. 2018 1392 sobre la explotación de servicio aéreos (modificación, etc.) (salida de la UE).
 Reglamento (CE) n.o 80/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2299/89 del Consejo, tal como se mantiene en el Derecho del Reino Unido por la Ley sobre (la retirada de) la Unión Europea de 2018 [European Union (Withdrawal) Act 2018], y en su versión modificada por los Reglamentos de 1080 (S.I. 2018/2019) sobre los sistemas informatizados de reserva (modificación) (salida de la UE).
 Reserva n.o 6 – Servicios de comunicaciones
 Sector – subsector:
 Servicios de comunicaciones (servicios postales y de mensajería)
 Clasificación sectorial:
 Parte de CCP 71235, parte de 73210, parte de 751
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 La organización de la instalación de buzones en la vía pública, la emisión de sellos de correos y la prestación del servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales o administrativos podrán ser objeto de restricciones con arreglo a la legislación nacional. Para una mayor certeza, los operadores postales podrán estar sujetos a obligaciones de servicio universal específicas o a una contribución financiera a un fondo de compensación.
 Medidas:
 Postal Services Act 2011 (Ley de 2011 de servicios postales)
 Reserva n.o 7 – Servicios de transporte y servicios auxiliares del transporte
 Sector – subsector:
 Servicios de transporte - servicios auxiliares de los servicios de transporte marítimo, servicios auxiliares de los servicios de transporte ferroviario, servicios auxiliares de los servicios de transporte por carretera, servicios auxiliares de los servicios de transporte aéreo
 Clasificación sectorial:
 CCP 711, CCP 712, CCP 721, CCP 741, CCP 742, CCP 743, CCP 744, CCP 745, CCP 746, CCP 748, CCP 749
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 (a)Servicios auxiliares de servicios de transporte (CCP 746)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 El grado de apertura de los servicios de asistencia en tierra dependerá del tamaño del aeropuerto. Se podrá limitar el número de prestatarios de estos servicios en cada aeropuerto. En el caso de los «grandes aeropuertos», dicho límite no podrá ser inferior a dos prestadores.
 Medidas:
 El Airports (Groundhandling) Regulations 1997 (S.I. 1997/2389) (Reglamentos S.I. 1997/2389 sobre aeropuertos [asistencia en tierra] de 1997)
 (b)Servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Presencia local, Trato nacional:
 Los servicios aduaneros, incluidos los servicios de despacho de aduana y los servicios relativos al uso de instalaciones de almacenamiento temporales o almacenes aduaneros, solo podrán ser prestados por personas establecidas en el Reino Unido. Para evitar dudas, esto incluye a los residentes en el Reino Unido, las personas con una sede fija y permanente de las actividades en el Reino Unido o una oficina registrada en el Reino Unido.
 Medidas:
 Taxation (Cross-Border Trade Act) 2018 [Ley de 2018 de fiscalidad (comercio transfronterizo)]; la Customs and Excise Management Act 1979 (Ley de 1979 de administración de aduanas e impuestos especiales); el Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019 [Reglamento de 2019 sobre aduanas (exportaciones) (salida de la UE)]; el Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018 [Reglamento de 2018 sobre aduanas (derechos de importación) (salida de la UE)]; el Customs (Special Procedures and Outward Processing) (EU Exit) Regulations 2018 [Reglamento de 2018 sobre aduanas (procedimientos especiales y de perfeccionamiento pasivo)(salida de la UE)]; el Customs and Excise (Miscellaneous Provisions and Amendments) (EU Exit) Regulation 2019/1215 [Reglamento 2019/1215 sobre administración de aduanas e impuestos especiales (disposiciones diversas y modificación) (salida de la UE)].
 (c)Servicios auxiliares del transporte marítimo
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En el caso de los servicios portuarios, el organismo gestor de un puerto, o la autoridad competente, podrá limitar el número de proveedores de servicios portuarios para un determinado servicio portuario.
 Medidas:
 Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, artículo 6, tal como se mantiene en el Derecho del Reino Unido por la Ley sobre (la retirada de) la Unión Europea de 2018 [European Union (Withdrawal) Act 2018], y en su versión modificada por los Reglamentos de S.I. 2020/671 sobre los servicios portuarios y de practicaje (modificación) (salida de la UE)
 Port Services Regulations 2019 (Reglamento de 2019 sobre servicios portuarios)
 Reserva n.o 8 – Actividades relacionadas con la energía
 Sector – subsector:
 Actividades relacionadas con la energía – explotación de minas y canteras
 Clasificación sectorial:
 CIIU Rev. 3.1 11, 8675, 883
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Nivel de gobierno:
 Central y regional (salvo disposición en contrario)
 Descripción:
 Se necesitará una licencia para llevar a cabo actividades de exploración y producción en la plataforma continental del Reino Unido, así como para prestar servicios que requieran un acceso directo a recursos naturales o su explotación.
 La presente reserva se aplicará a las licencias de producción expedidas con respecto a la plataforma continental del Reino Unido. Para que una empresa pueda obtener una licencia, deberá disponer de un centro de actividad en el territorio del Reino Unido por alguna de las siguientes vías:
 (I) presencia de personal en el Reino Unido;
 (II) inscripción de una empresa británica en el Registro Mercantil; o
 (III) inscripción de una sucursal británica de una empresa extranjera en el Registro Mercantil.
 Este requisito se aplicará a toda empresa que solicite una licencia nueva y a toda empresa que desee adherirse a una licencia existente mediante cesión, y abarcará todas las licencias y todas las sociedades, sean o no explotadoras. Las empresas que deseen adherirse a una licencia relativa a un yacimiento en producción deberán: a) estar inscritas en el Registro Mercantil como empresa británica; o b) desarrollar su actividad a través de un centro de actividad fijo en el Reino Unido de conformidad con lo dispuesto en artículo 148 de la Ley de 2003 de Presupuestos (Finance Act 2003), lo que, por lo general, requerirá presencia de personal (CIIU Rev. 3.1 11, CCP 883, 8675).
 Medidas:
 Petroleum Act 1998 (Ley de 1988 del Petróleo)
 ANEXO SERVIN-2: MEDIDAS FUTURAS
 Notas preliminares
 1.
 Las Listas del Reino Unido y de la Unión establecen, en virtud de los artículos SERVIN.2.7 [Medidas no conformes - Liberalización de las inversiones], SERVIN.3.6 [Medidas no conformes - Comercio transfronterizo de servicios], y SERVIN.5.50 [Medidas no conformes - Servicios jurídicos], las reservas formuladas por el Reino Unido y la Unión con respecto a las medidas existentes que no se ajustan a las obligaciones impuestas por:
 (a)los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados – Liberalización de las inversiones] o SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados - Comercio transfronterizo de servicios];
 (b)el artículo SERVIN.3.3 [Presencia local – Comercio transfronterizo de servicios];
 (c)los artículos SERVIN.2.3 [Trato nacional – Liberalización de las inversiones] o SERVIN.3.4 [Trato nacional - Comercio transfronterizo de servicios];
 (d)los artículos SERVIN.2.4 [Trato de nación más favorecida - Liberalización de las inversiones] o SERVIN.3.5 [Trato de nación más favorecida - Comercio transfronterizo de servicios];
 (e)el artículo SERVIN.2.5 [Altos directivos y consejos de administración];
 (f)el artículo SERVIN.2.6 [Requisitos de funcionamiento]; o
 (g)el artículo SERVIN.5.49 [Obligaciones - Servicios jurídicos].
 2.
 Las reservas formuladas por cada Parte se entenderán sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del AGCS.
 3.
 Cada reserva consta de los siguientes elementos:
 (a)«sector» hace referencia al sector general en el que se formula la reserva;
 (b)«subsector» hace referencia al sector específico en el que se formula la reserva;
 (c)«clasificación sectorial» alude, en su caso, a la actividad a la que se aplica la reserva con arreglo a la CCP, la CIIU Rev.3.1 o según se describa expresamente en la reserva de una Parte;
 (d)«tipo de reserva» especifica la obligación mencionada en el punto 1 con respecto a la cual se formula la reserva;
 (e)«descripción» establece el ámbito del sector, del subsector o de las actividades objeto de la reserva; y
 (f)«medidas vigentes» identifica, en aras de la transparencia, medidas vigentes aplicables al sector, al subsector o a las actividades objeto de la reserva.
 4.
 Las reservas se interpretarán teniendo en cuenta todos sus elementos. El elemento «descripción» prevalecerá sobre el resto de los elementos.
 5.
 Para los fines de las Listas del Reino Unido y de la Unión Europea:
 a) por «CIIU rev. 3.1» se entiende la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas que figuran en la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Informes Estadísticos, Serie M, n.o 4, CIIU rev. 3.1, 2002;
 b) por «CPC» se entiende la Clasificación Central de Productos Provisional (Cuadernos Estadísticos, Serie M, n.o 77, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Nueva York, 1991).
 6.
 Para los fines de las Listas del Reino Unido y de la Unión, se formula una reserva en cuanto al requisito de tener presencia local en el territorio de la Unión o el Reino Unido con respecto al artículo SERVIN.3.3 [Presencia local] y no con respecto al artículo SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados] ni al artículo SERVIN.3.4 [Trato nacional]. Además, dicho requisito no se adopta como reserva de conformidad con el artículo SERVIN.2.3 [Trato nacional].
 7.
 Toda reserva formulada a escala de la Unión es aplicable a toda medida adoptada por la Unión, a toda medida de un Estado miembro a nivel central, así como a toda medida adoptada por una administración de un Estado miembro, salvo que la reserva excluya a un determinado Estado miembro. Toda reserva formulada por un Estado miembro es aplicable a toda medida adoptada por un gobierno central, regional o local del Estado miembro en cuestión. A efectos de las reservas de Bélgica, se entenderá que el nivel de gobierno central engloba el gobierno federal y los gobiernos de las regiones y comunidades, puesto que todos ellos ostentan competencias legislativas equipolentes. A efectos de las reservas de la Unión y sus Estados miembros, se entenderá que el nivel regional de gobierno en Finlandia corresponde a las Islas Åland. Una reserva adoptada a nivel del Reino Unido se aplica a una medida del gobierno central, un gobierno regional o un gobierno local.
 8.
 La lista de reservas que figura a continuación no incluye medidas relacionadas con los requisitos y procedimientos de cualificación, las normas técnicas y los requisitos y procedimientos de concesión de licencias cuando no constituyan una limitación en el sentido de los artículos SERVIN.2.2 [Acceso a los mercados - Liberalización de las inversiones], SERVIN.2.3 [Trato nacional - Liberalización de las inversiones], SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados - Comercio transfronterizo de servicios], SERVIN.3.3 [Presencia local - Comercio transfronterizo de servicios], SERVIN.3.4 [Trato nacional - Comercio transfronterizo de servicios] o SERVIN 5.49 [Obligaciones - Servicios jurídicos]. Tales medidas podrán incluir, en particular, la necesidad de obtener una licencia, cumplir las obligaciones del servicio universal, tener cualificaciones reconocidas en sectores regulados, aprobar exámenes específicos, incluidos exámenes de idiomas, para cumplir el requisito de pertenencia a una profesión determinada, como la afiliación a una organización profesional, disponer de un agente local para el servicio o mantener una dirección local, o cualquier otro requisito no discriminatorio que establezca que determinadas actividades no pueden realizase en zonas o ámbitos protegidos. Aunque no se citan, tales medidas podrán continuar aplicándose.
 9.
 Para mayor certeza, en el caso de la Unión Europea, la obligación de conceder trato nacional no implica la obligación de extender a personas jurídicas o físicas del Reino Unido el trato concedido en un Estado miembro, de conformidad con el TFUE, o con cualquier medida adoptada con arreglo a dicho Tratado, incluida su aplicación en los Estados miembros, a:
 i) personas físicas o residentes de otro Estado miembro, o
 ii) personas jurídicas constituidas y organizadas con arreglo al Derecho de otro Estado miembro o de la Unión, y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Unión.
 10.
 El trato concedido a las personas jurídicas establecidas por inversores de una Parte de conformidad con el Derecho de la otra Parte (incluido, en el caso de la Unión, el Derecho de un Estado miembro) y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la otra Parte se entenderá sin perjuicio de cualquier condición u obligación que, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 2 [Liberalización de las inversiones] del título II [Servicios e inversiones] del epígrafe primero [Comercio] de la segunda parte [Comercio, Transporte y Pesca] puedan haberse impuesto a tales personas jurídicas al establecerse en esa otra Parte y que continuarán siendo de aplicación.
 11.
 Las listas se aplican únicamente a los territorios del Reino Unido y de la Unión Europea de conformidad con el artículo FINPROV.1 [Ámbito de aplicación territorial] y el artículo OTH.9.2 [Ámbito geográfico] y solo son pertinentes en el contexto de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y sus Estados miembros con el Reino Unido. No afectan a los derechos ni a las obligaciones de los Estados miembros que derivan del Derecho de la Unión.
 12.
 Para mayor certeza, las medidas no discriminatorias no constituyen una limitación al acceso a los mercados de acuerdo con los artículos SERVIN. 2.2 [Acceso a los mercados - Liberalización de las inversiones], SERVIN.3.2 [Acceso a los mercados - Comercio transfronterizo de servicios], o SERVIN.5.49 [Obligaciones - Servicios jurídicos], para ninguna medida:
 (a)que exija que se separe la propiedad de las infraestructuras de la propiedad de los bienes o los servicios prestados a través de dichas infraestructuras, a fin de garantizar una competencia leal, por ejemplo en los ámbitos de la energía, el transporte y las telecomunicaciones;
 (b)que limite la concentración de la propiedad para garantizar una competencia leal;
 (c)destinada a garantizar la conservación y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, que incluya una limitación de la disponibilidad, la cantidad y el alcance de las concesiones otorgadas, así como la imposición de una moratoria o prohibición;
 (d)que limite el número de autorizaciones concedidas a causa de limitaciones técnicas o físicas, por ejemplo el espectro y las frecuencias de las telecomunicaciones; o
 (e)que exija que un determinado porcentaje de los accionistas, propietarios, socios o directivos de una empresa esté cualificado para ejercer o ejerza una profesión determinada, como la de abogado o contable.
 13.
 Con respecto a los servicios financieros: A diferencia de las filiales extranjeras, las sucursales establecidas directamente en un Estado miembro por una institución financiera no perteneciente a la Unión Europea no estarán sujetas, con ciertas excepciones limitadas, a las normas cautelares armonizadas a nivel de la Unión Europea que permiten a esas filiales beneficiarse de mayores facilidades para instalar nuevos establecimientos y suministrar servicios transfronterizos en todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, esas sucursales reciben autorización para actuar en el territorio de un Estado miembro en condiciones equivalentes a las que se aplican a las instituciones financieras nacionales de ese Estado miembro, y pueden estar obligadas a cumplir diversos requisitos cautelares como, en el caso de las operaciones bancarias y con valores, la capitalización por separado y otros requisitos de solvencia y de presentación y publicación de cuentas o, en el caso de los seguros, determinados requisitos de garantía y de depósito, la capitalización por separado y la localización en el respectivo Estado miembro de los activos que representen las reservas técnicas y un mínimo de una tercera parte del margen de solvencia.
 En la lista de reservas que figura a continuación se utilizan las abreviaturas siguientes:
 UK Reino Unido
 UE Unión Europea, incluidos todos sus Estados miembros
 AT Austria
 BE Bélgica
 BG Bulgaria
 CY Chipre
 CZ Chequia
 DE Alemania
 DK Dinamarca
 EE Estonia
 EL Grecia
 ES España
 FI Finlandia
 FR Francia
 HR Croacia
 HU Hungría
 IE Irlanda
 IT Italia
 LT Lituania
 LU Luxemburgo
 LV Letonia
 MT Malta
 NL Países Bajos
 PL Polonia
 PT Portugal
 RO Rumanía
 SE Suecia
 SI Eslovenia
 SK República Eslovaca
 Lista de la Unión
 Reserva n.o 1 – Todos los sectores
 Reserva n.o 2 – Servicios profesionales– distintos de los relacionados con la salud
 Reserva n.o 3 – Servicios profesionales – relacionados con la salud y la venta al por menor de productos farmacéuticos
 Reserva n.o 4 – Servicios prestados a las empresas – servicios de investigación y desarrollo
 Reserva n.o 5 – Servicios prestados a las empresas – servicios inmobiliarios
 Reserva n.o 6 – Servicios prestados a las empresas – servicios de alquiler o arrendamiento
 Reserva n.o 7 – Servicios prestados a las empresas – Servicios de agencias de cobranza y servicios de información crediticia
 Reserva n.o 8 – Servicios prestados a las empresas – Servicios de colocación
 Reserva n.o 9 – Servicios prestados a las empresas – Servicios de investigación y seguridad
 Reserva n.o 10 – Servicios prestados a las empresas – Otros servicios prestados a las empresas
 Reserva n.o 11 – Telecomunicaciones
 Reserva n.o 12 – Construcción
 Reserva n.o 13 – Servicios de distribución
 Reserva n.o 14 – Servicios de enseñanza
 Reserva n.o 15 – Servicios medioambientales
 Reserva n.o 16 – Servicios financieros
 Reserva n.o 17 – Servicios sociales y de salud
 Reserva n.o 18 – Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes
 Reserva n.o 19 – Servicios de ocio, culturales y deportivos
 Reserva n.o 20 – Servicios de transporte y servicios auxiliares relacionados con el transporte
 Reserva n.o 21 – Agricultura, pesca y agua
 Reserva n.o 22 – Actividades relacionadas con la energía
 Reserva n.o 23 – Otros servicios no incluidos en otra parte
 Reserva n.o 1 – Todos los sectores
 Sector:
 Todos los sectores
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Obligaciones para los servicios jurídicos
 Capítulo/sección:
 Liberalización de las inversiones, Comercio transfronterizo de servicios y Marco regulatorio para los servicios jurídicos
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Establecimiento
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 La UE: Los servicios considerados servicios públicos a nivel nacional o local podrán estar sujetos a monopolio público o a derechos exclusivos otorgados a operadores privados.
 Existen servicios públicos en sectores tales como los de servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología, servicios de investigación y desarrollo (I+D) de las ciencias sociales y las humanidades, servicios de ensayos y análisis técnicos, servicios relacionados con el medio ambiente, servicios de salud, servicios de transporte y servicios auxiliares en relación con todos los medios de transporte. A menudo se confieren derechos exclusivos respecto de estos servicios a operadores privados, por ejemplo mediante concesiones otorgadas por las autoridades públicas, con sujeción a determinadas obligaciones de servicio. Puesto que también suelen existir servicios públicos a nivel descentralizado, no resulta práctica la formulación de listas detalladas y exhaustivas por sectores. La presente reserva no es aplicable a los servicios de telecomunicaciones ni a los servicios de informática y servicios conexos.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional; al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional y al Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 En FI: Se podrán imponer restricciones al derecho de las personas físicas que no tengan la vecindad civil de Åland, y de las personas jurídicas, a adquirir y poseer bienes inmuebles en las Islas Åland sin la autorización previa de las autoridades competentes de dicho territorio. Se podrán imponer restricciones al derecho de las personas físicas que no tengan la vecindad civil de Åland, y de las empresas, a establecerse y desarrollar actividades económicas en las Islas Åland sin la autorización previa de las autoridades competentes de dicho territorio.
 Medidas vigentes:
 FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (Ley relativa a la adquisición de bienes inmuebles en Åland) (3/1975), artículo 2; y Ahvenanmaan itsehallintolaki (Ley del Estatuto de Autonomía de Åland) (1144/1991), artículo 11.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración; Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 En FR: De conformidad con los artículos L151-1 y R135-1 y siguientes del Código financiero y monetario, se reserva el derecho a que las inversiones extranjeras en Francia en los sectores contemplados en el artículo R.151-3 del Código financiero y monetario estén sujetas a la autorización previa del ministerio de Economía.
 Medidas vigentes:
 FR: Las expuestas con anterioridad en el elemento descripción.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración:
 En FR: Limitación de la participación de extranjeros en las empresas recientemente privatizadas a un monto variable, fijado en cada caso por el Gobierno de Francia, respecto del capital ofrecido al público. El establecimiento en determinadas actividades comerciales, industriales o artesanales requerirá una autorización especial si el director general no es titular de un permiso de residencia permanente.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 En HU: El establecimiento deberá adoptar la forma de sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima u oficina de representación. No se permitirá la entrada inicial a través de una sucursal, salvo en el caso de los servicios financieros.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Determinadas actividades económicas relacionadas con la explotación o uso del patrimonio estatal o público serán objeto de concesiones otorgadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Concesiones.
 En las sociedades mercantiles en cuyo capital el Estado o algún municipio tenga una participación superior al 50 %, las operaciones de enajenación de inmovilizado de la sociedad, la celebración de algún tipo de contrato de adquisición de participaciones, arrendamiento, actividad conjunta, crédito o garantía real, así como la asunción de obligaciones mediante letras de cambio, estarán sujetas a autorización o permiso de la Agencia de Privatización u otros organismos estatales o regionales, según proceda. La presente reserva no es aplicable a la explotación de minas y canteras, que es objeto de una reserva distinta consignada en la Lista de la Unión Europea en el anexo SERVIN-1.
 En IT: El Gobierno podrá ejercer determinadas facultades especiales en empresas que desarrollen actividades relacionadas con los ámbitos de la defensa y la seguridad nacional, así como determinadas actividades de importancia estratégica en los ámbitos de la energía, el transporte y las comunicaciones. Esto se aplica a todas las personas jurídicas que desarrollen actividades consideradas de importancia estratégica en materia de defensa y seguridad nacional, y no solo con respecto a las empresas privatizadas.
 Cuando exista una amenaza de daño grave de los intereses esenciales de defensa y seguridad nacional, el Gobierno dispondrá de las siguientes facultades especiales:
 a) someter a condiciones específicas la adquisición de acciones o participaciones;
 b) vetar la adopción de resoluciones relativas a operaciones especiales tales como traspasos, fusiones, escisiones y cambios de actividad; o
 c) rechazar una adquisición de acciones o participaciones cuando el comprador pretenda alcanzar un nivel de participación en el capital que pueda redundar en perjuicio de los intereses de defensa y seguridad nacional.
 La sociedad interesada deberá notificar a la Presidencia del Consejo de Ministros toda resolución, acto o transacción (traspaso, fusión, escisión, cambio de actividad o terminación) relativos a activos estratégicos en los ámbitos de la energía, el transporte y las comunicaciones. En particular, deberán notificarse las adquisiciones por parte de personas físicas o jurídicas de fuera de la Unión Europea que otorguen a tales personas el control de la sociedad.
 El presidente del Consejo de Ministros podrá ejercer las siguientes facultades especiales:
 a) vetar toda resolución, acto o transacción que suponga un riesgo excepcional de perjuicio grave del interés público en materia de seguridad y gestión de redes y suministros;
 b) imponer condiciones específicas en aras del interés público; o
 c) rechazar una adquisición en circunstancias excepcionales de riesgo que comprometan los intereses esenciales del Estado.
 Los criterios de evaluación de las amenazas reales o excepcionales, así como las condiciones y procedimientos que rigen el ejercicio de las mencionadas facultades especiales, se establecen en la legislación.
 Medidas vigentes:
 IT: Ley 56/2012 relativa a las facultades especiales en empresas que desarrollan actividades en los ámbitos de la defensa y la seguridad nacional, la energía, el transporte y las comunicaciones; y
 Decreto del Presidente del Consejo de Ministros (DPCM) 253, de 30 de noviembre de 2012, por el que se definen las actividades de importancia estratégica en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración:
 En LT: Empresas, sectores e instalaciones de importancia estratégica para la seguridad nacional.
 Medidas vigentes:
 LT: Ley n.o IX-1132 de protección de objetos de importancia para garantizar la seguridad nacional de la República de Lituania, de 10 de octubre de 2002 (en su versión modificada por la Ley n.o XIII-992, de 12 de enero de 2018).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Altos directivos y consejos de administración:
 En SE: Requisitos discriminatorios con respecto a los fundadores, altos directivos y consejos de administración cuando se incorporen al Derecho sueco nuevas formas de asociación jurídica.
 b)
 Adquisición de bienes inmuebles
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración:
 En HU: La adquisición de bienes de propiedad estatal.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En HU: La adquisición de tierras de cultivo por personas jurídicas extranjeras y personas físicas no residentes.
 Medidas vigentes:
 HU: Ley CCXII de 2013 sobre la circulación de terrenos agrícolas y forestales [capítulo II (apartados 6-36) y capítulo IV (apartados 38-59)]; y
 Ley CCXII de 2013, relativa a las medidas transitorias y determinadas disposiciones de la Ley CXXII de 2013, sobre la circulación de terrenos agrícolas y forestales (capítulo IV, apartados 8-20).
 En LV: La adquisición de suelo rural por nacionales del Reino Unido o de un tercer país.
 Medidas vigentes:
 LV: Ley relativa a la privatización de las tierras en las zonas rurales, artículos 28, 29 y 30.
 En SK: Las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán adquirir terrenos agrícolas ni forestales situados en el exterior de la zona edificada de un municipio, ni tampoco otros tipos de tierras (por ejemplo, las vinculadas a recursos naturales, lagos, ríos, vías públicas, etc.).
 Medidas vigentes:
 SK: Ley n.o 44/1988 sobre la protección y explotación de los recursos naturales;
 Ley n.o 229/1991, relativa a la reglamentación de la propiedad de la tierra y otras propiedades agrícolas;
 Ley n.o 460/1992, Constitución de la República Eslovaca;
 Ley n.o 180/1995, relativa a ciertas medidas para acuerdos de propiedad de tierras;
 Ley n.o 202/1995 relativa a las divisas;
 Ley n.o 503/2003, relativa a la restitución de la propiedad de la tierra;
 Ley n.o 326/2005 relativa a los bosques; y
 Ley n.o 140/2014 sobre la adquisición de propiedad de terrenos agrícolas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En BG: Las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden adquirir tierras. Las personas jurídicas búlgaras con participación extranjera no podrán adquirir terrenos agrícolas. Las personas jurídicas extranjeras y las personas naturales extranjeras con residencia permanente en el extranjero podrán adquirir edificios y derechos de propiedad de bienes inmuebles (usufructo, derecho de construcción, derecho a edificar una superestructura y servidumbres). Las personas físicas extranjeras con residencia permanente en el extranjero, las personas jurídicas extranjeras en que la participación extranjera asegure una mayoría en la adopción de decisiones o bloquee la adopción de decisiones podrán adquirir derechos de propiedad de bienes inmuebles en las regiones geográficas específicas designadas por el Consejo de Ministros previa obtención de un permiso.
 BG: Constitución de la República de Bulgaria, artículo 22; Ley de Propiedad y Explotación de Predios Agrícolas, artículo 3; y Ley de Bosques, artículo 10.
 En EE: Las personas físicas o jurídicas extranjeras que no pertenezcan al EEE o a los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos podrán adquirir un bien inmueble que incluya tierras agrícolas o forestales únicamente con la autorización del gobernador del condado y de la junta de gobierno local y deberán demostrar, conforme a lo dispuesto en la legislación que, de acuerdo con su finalidad prevista, el bien inmueble se utilizará de manera eficiente, sostenible y consecuente.
 Medidas vigentes:
 EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (Ley de Restricciones a la Adquisición de Inmuebles), capítulos 2 y 3.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios - Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En LT: Toda medida que sea coherente con los compromisos de la Unión Europea y que sea aplicable en Lituania en el marco del AGCS con respecto a la adquisición de tierras. Los procedimientos, condiciones y restricciones aplicables a la adquisición de terrenos se establecerán en el Derecho constitucional, en la Ley de Tierras y en la Ley de Adquisición de Predios Agrícolas.
 No obstante, las Administraciones locales (municipios) y otras entidades nacionales de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que desarrollen en Lituania actividades económicas especificadas en la Ley constitucional de conformidad con los criterios de la Unión Europea y de otros procedimientos de integración en los que Lituania tome parte podrán adquirir en propiedad terrenos no agrícolas destinados a la construcción y explotación de los edificios e instalaciones necesarios para sus actividades directas.
 Medidas vigentes:
 LT: Constitución de la República de Lituania;
 Ley constitucional de la República de Lituania sobre la aplicación del artículo 47, apartado 3, de la Constitución de la República de Lituania, de 20 de junio de 1996, n.o I-1392, modificada en último lugar el 20 de marzo de 2003, n.o IX-1381;
 Ley de Tierras, de 27 de enero de 2004, n.o IX-1983; y
 Ley de Adquisición de Predios Agrícolas, de 24 de abril de 2014, n.o XII-854.
 c)
 Reconocimiento
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En la UE: Las Directivas de la Unión Europea relativas al reconocimiento mutuo de los diplomas y otras cualificaciones profesionales solo son aplicables a los ciudadanos de la Unión. El derecho a ejercer actividades profesionales reguladas en un Estado miembro no otorga el derecho a ejercerlas en otro Estado miembro.
 d)
 Trato de nación más favorecida
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Trato de nación más favorecida y Marco regulatorio para los servicios jurídicos – Obligaciones:
 La UE: Otorga un trato diferenciado a un tercer país en virtud de tratados internacionales de inversión u otros acuerdos comerciales en vigor o firmados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
 La UE: Otorga un trato diferenciado a un tercer país en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que:
 (I)creen un mercado interior de servicios e inversiones;
 (II)otorguen el derecho de establecimiento; o
 (III)exijan la aproximación de legislaciones en uno o varios sectores económicos.
 Se entenderá por «mercado interior de servicios e inversiones» una zona sin fronteras interiores en la que se garantice la libre circulación de servicios, capitales y personas.
 Se entenderá por «derecho de establecimiento» la obligación de suprimir sustancialmente todos los obstáculos al establecimiento entre las partes en el acuerdo bilateral o multilateral con la entrada en vigor de dicho acuerdo. El derecho de establecimiento incluirá el derecho de los nacionales de las partes en el acuerdo bilateral o multilateral a crear y administrar empresas en las mismas condiciones previstas para los nacionales en la legislación de la Parte en el que se lleve a cabo dicho establecimiento.
 Se entenderá por «aproximación de legislaciones»:
 (I)la adaptación de la legislación de una o varias partes en el acuerdo bilateral o multilateral a la legislación de la otra Parte o de las otras partes en dicho acuerdo; o
 (II)la incorporación de la legislación común al ordenamiento jurídico de las partes en el acuerdo bilateral o multilateral.
 Dicha adaptación o incorporación se llevará a cabo, y se considerará que se ha llevado a cabo, únicamente a partir del momento en que haya sido incorporada al ordenamiento jurídico nacional de la Parte o las partes en el acuerdo bilateral o multilateral.
 Medidas vigentes:
 UE: Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo;
 Acuerdos de estabilización;
 Acuerdos bilaterales entre la UE y la Confederación Suiza; y
 Acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo.
 La UE: Otorgamiento de un trato diferenciado a determinados nacionales o empresas en relación con el derecho de establecimiento en virtud de acuerdos bilaterales existentes o futuros celebrados entre los siguientes Estados miembros: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT y cualquiera de los siguientes países o principados: Andorra, Mónaco, San Marino y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
 En DK, FI y SE: Dinamarca, Suecia y Finlandia podrán adoptar medidas destinadas a promover la cooperación nórdica, tales como:
 a) apoyo financiero a proyectos de I+D (Nordic Industrial Fund — Fondo Industrial Nórdico);
 b) financiación de estudios de viabilidad para proyectos internacionales (Nordic Fund for Project Exports – Fondo Nórdico de Exportación de Proyectos); y
 c) asistencia financiera a empresas que utilicen tecnologías ambientales (Nordic Environment Finance Corporation – Sociedad Nórdica de Financiación Ambiental). El objetivo de la Corporación de Financiación Ambiental Nórdica (NEFCO) es promover las inversiones de interés ambiental nórdico, centrándose en Europa Oriental.
 La presente reserva se entenderá sin perjuicio de la exclusión de la contratación pública por una Parte o de los subsidios contemplados en los apartados 6 y 7 del artículo SERVIN.1.1 [Objetivo y ámbito de aplicación].
 En PL: Se podrán otorgar condiciones preferentes de establecimiento o de prestación transfronteriza de servicios en virtud de tratados de comercio y navegación, que podrán incluir la supresión o modificación de determinadas restricciones consignadas en la lista de reservas aplicables en Polonia.
 En PT: Exención de los requisitos de nacionalidad para el ejercicio de determinadas actividades y profesiones por parte de personas físicas que presten servicios para países cuya lengua oficial sea el portugués (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental).
 e)
 Armas, municiones y material de guerra
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Presencia local:
 En la UE: Producción, distribución o comercio de armas, municiones y material de guerra. El material de guerra se limita a cualquier producto que esté destinado y fabricado únicamente para usos militares en relación con actividades bélicas o defensivas.
 Reserva n.o 2 – Servicios profesionales - distintos de los relacionados con la salud
 Sector:
 Servicios profesionales – servicios jurídicos: servicios de notarios y agentes judiciales; servicios de contabilidad y teneduría de libros; servicios de auditoría, servicios de asesoramiento tributario; servicios de arquitectura y planificación urbana, servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería
 Clasificación sectorial:
 Parte de la CCP 861, parte de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte de 879
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios jurídicos
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 La UE, a excepción de SE: La prestación de servicios de asesoramiento jurídico y de autorización, documentación y certificación jurídicas prestados por juristas que ejerzan funciones públicas, tales como notarios, huissiers de justice u otros officiers publics et ministériels, así como con respecto a los servicios prestados por agentes judiciales designados mediante un acto oficial de la administración (parte de la CCP 861, parte de 87902).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Trato de nación más favorecida:
 En BG: El trato nacional pleno en materia de establecimiento y actividad empresarial, así como en materia de prestación de servicios, podrá extenderse únicamente a los ciudadanos y sociedades de países con los que se hayan celebrado o vayan a celebrarse acuerdos preferenciales (parte de la CCP 861).
 En LT: Los abogados de países extranjeros únicamente podrán ejercer ante los tribunales en las condiciones establecidas en los acuerdos internacionales (parte de la CCP 861), incluidas las disposiciones específicas relativas a la representación ante los tribunales.
 b)
 Servicios de contabilidad y teneduría de libros (CCP 8621 salvo los servicios de auditoría, 86213, 86219, 86220)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En HU: Actividades transfronterizas para servicios de contabilidad y teneduría de libros.
 Medidas vigentes:
 HU: Ley C de 2000; y Ley LXXV de 2007.
 c)
 Servicios de auditoría (CCP 86211, 86212 salvo los servicios de contabilidad y teneduría de libros)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios - Trato Nacional:
 En BG: Las auditorías independientes de cuentas serán efectuadas por auditores oficiales que sean miembros del Instituto de Contables Públicos Certificados. A condición de reciprocidad, el Institute of the Certified Public Accountants inscribirá en el registro correspondiente a toda sociedad de auditoría del Reino Unido o de un tercer país que aporte pruebas de que:
 a) tres cuartas partes de los miembros de sus órganos de administración y los auditores oficiales que llevan a cabo las auditorías en nombre de la sociedad cumplen unos requisitos equivalentes a los exigidos a los auditores búlgaros y han superado los exámenes pertinentes;
 b) la sociedad de auditoría efectúa auditorías independientes de cuentas de conformidad con los requisitos de independencia y objetividad; y
 c) la sociedad de auditoría publica en su sitio web un informe anual de transparencia o satisface otros requisitos equivalentes en materia de divulgación en caso de auditar entidades de interés público.
 Medidas vigentes:
 BG: Ley de Auditoría Independiente de Cuentas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración:
 En CZ: En la República Checa solo estarán autorizadas a efectuar auditorías las personas jurídicas que reserven a nacionales de Chequia o de otro Estado miembro de la Unión Europea un porcentaje no inferior al 60 % de las participaciones en el capital o de los derechos de voto.
 Medidas vigentes:
 CZ: Ley n.o 93/2009 rec., de 14 de abril de 2009, sobre Auditores.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En HU: Prestación transfronteriza de servicios de auditoría.
 Medidas vigentes:
 Ley C de 2000; y Ley LXXV de 2007.
 En PT: Prestación transfronteriza de servicios de auditoría.
 d)
 Servicios de arquitectura y planificación urbana (CCP 8674)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En HR: La prestación transfronteriza de servicios de planificación urbana.
 Reserva n.o 3 – Servicios profesionales – relacionados con la salud y la venta al por menor de productos farmacéuticos
 Sector:
 Servicios profesionales del ámbito de la salud y la venta al por menor de productos farmacéuticos, médicos y ortopédicos, otros servicios prestados por farmacéuticos
 Clasificación sectorial:
 CCP 63211, 85201, 9312, 9319, 93121
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios médicos y dentales; servicios proporcionados por parteras, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos y personal paramédico (CCP 63211, 85201, 9312, 9319, CCP 932)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados y Trato nacional:
 En FI: La prestación de todos los servicios profesionales del ámbito de la salud, tanto de financiación pública como privada, incluidos los servicios médicos y dentales, los servicios proporcionados por parteras, fisioterapeutas y personal paramédico, y los servicios proporcionados por psicólogos, con exclusión de los servicios proporcionados por enfermeros (CCP 9312, 93191).
 Medidas vigentes:
 FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Ley de Sanidad Privada) (152/1990).
 En BG: La prestación de todos los servicios profesionales del ámbito de la salud, ya sean de financiación pública o privada, incluidos los servicios médicos y dentales, los servicios proporcionados por enfermeros, parteras, fisioterapeutas y personal paramédico, y los servicios proporcionados por psicólogos (CCP 9312, parte de 9319).
 Medidas vigentes:
 BG: Ley de los Profesionales Médicos, Ley de la Organización Profesional del Gremio de los Enfermeros, las Parteras y el Personal Paramédico.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados y Trato nacional:
 En CZ y MT: La prestación de todos los servicios profesionales del ámbito de la salud ya sean de financiación pública o privada, incluidos los servicios prestados por profesionales como médicos, dentistas, parteras, enfermeros, fisioterapeutas, personal paramédico, psicólogos, así como otros servicios conexos (CCP 9312, parte de 9319).
 Medidas vigentes:
 CZ: Ley n.o 296/2008 rec., relativa a la conservación de la calidad y la seguridad de los tejidos y células de origen humano destinados al uso humano («Ley de Tejidos y Células de Origen Humano»);
 Ley n.o 378/2007 rec., relativa a los medicamentos y por la que se modifican algunas leyes conexas (Ley de Medicamentos);
 Ley n.o 268/2014, relativa a los productos sanitarios por la que se modifica la Ley n.o 634/2004 rec. sobre tasas administrativas en su versión posteriormente modificada;
 Ley n.o 285/2002 rec., relativa a la donación, la extracción y el trasplante de tejidos y órganos, por la que se modifican determinadas leyes (Ley de Trasplantes).
 Ley n.o 372/2011 rec., sobre los servicios sanitarios y las condiciones que rigen su prestación.
 Ley n.o 373/2011 sobre servicios sanitarios específicos).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE, a excepción de NL y SE: La prestación de todos los servicios profesionales del ámbito de la salud ya sean de financiación pública o privada, que incluyen los servicios prestados por profesionales como médicos, dentistas, parteras, enfermeros, fisioterapeutas, personal paramédico y psicólogos, estará supeditada al requisito de residencia. Estos servicios solo podrán ser prestados por personas físicas presentes físicamente en el territorio de la Unión Europea (CCP 9312, parte de 93191).
 En BE: La prestación transfronteriza de servicios relacionados con el ámbito de la salud, ya sean de financiación pública o privada, incluidos los servicios médicos, dentales y de parteras y los servicios prestados por enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos y personal paramédico. (parte de la CCP 85201, 9312, parte de 93191)
 En PT: (Asimismo, en relación con el Trato de nación más favorecida) En lo que respecta a las profesiones de fisioterapeutas, personal paramédico y podólogos, se podrá permitir que los profesionales extranjeros ejerzan sobre la base de la reciprocidad.
 b)
 Servicios de veterinaria (CCP 932)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En BG: Podrán abrir clínicas veterinarias tanto personas físicas como personas jurídicas.
 La práctica de la medicina veterinaria solo se permite a los nacionales del EEE y a los residentes permanentes (se requiere la presencia física para los residentes permanentes).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BE, LV: Prestación transfronteriza de servicios de veterinaria.
 c)
 Venta al por menor de productos farmacéuticos, médicos y ortopédicos, otros servicios prestados por farmacéuticos (CCP 63211)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 La UE, a excepción de EL, IE, LU, LT y NL: Para limitar de manera no discriminatoria el número de prestadores autorizados a prestar un determinado servicio en una zona o región local concreta. Así pues, se podrá efectuar una prueba de necesidades económicas que tenga en cuenta factores tales como el número de establecimientos existentes y la repercusión en estos, la infraestructura de transporte, la densidad de población o la distribución geográfica.
 La UE, a excepción de BE, BG, EE, ES, IE e IT: Únicamente se permitirá la venta por correspondencia desde Estados miembros del EEE, por lo que será necesario el establecimiento en cualquiera de dichos países para poder vender al por menor medicamentos y determinados productos sanitarios al público general en la Unión. En CZ: La venta al por menor solo es posible a partir de los Estados miembros.
 En BE: La venta al por menor de medicamentos y de determinados productos sanitarios solo es posible en una farmacia establecida en Bélgica.
 En BG, EE, ES, IT y LT: Venta al por menor transfronteriza de medicamentos.
 En IE y LT: Venta al por menor transfronteriza de medicamentos que requieren receta médica.
 En PL: Los intermediarios en el comercio de medicamentos deben estar registrados y tener un lugar de residencia o domicilio social en el territorio de la República de Polonia.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FI: Venta al por menor de productos farmacéuticos, médicos y ortopédicos.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En SE: Venta al por menor de productos farmacéuticos y el suministro de productos farmacéuticos al público general.
 Medidas vigentes:
 AT: Arzneimittelgesetz (Ley de Medicamentos) BGBL. n.o 185/1983, en su versión modificada, artículos 57, 59, 59a; y
 Medizinproduktegesetz (Ley de Productos Médicos), BGBl. n.o 657/1996, en su versión modificada, artículo 99.
 BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; y Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
 CZ: Ley n.o 378/2007 rec., relativa a los medicamentos, en su versión modificada; y Ley n.o 372/2011 rec., sobre los servicios sanitarios, en su versión modificada.
 Fi: Lääkelaki (Ley de Medicamentos) (395/1987).
 PL: Ley de Medicamentos. 73 bis (Boletín Oficial de 2020, punto 944, 1493).
 SE: Ley de Comercio de Medicamentos (2009:336);
 Reglamento sobre el comercio de medicamentos (2009:659); y
 La Agencia Sueca del Medicamento ha adoptado otros reglamentos que pueden consultarse en (LVFS 2009:9).
 Reserva n.o 4 – Servicios prestados a las empresas – servicios de investigación y desarrollo
 Sector:
 Servicios de investigación y desarrollo
 Clasificación sectorial:
 CCP 851, 852, 853
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Capítulo:
 Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 En RO: Suministro transfronterizo de servicios de investigación y desarrollo.
 Medidas vigentes:
 RO: Ordenanza del Gobierno n.o 6/2011;
 Orden del Ministerio de Educación e Investigación n.o 3548/2006; y Decisión del Gobierno n.o 134/2011.
 Reserva n.o 5 – Servicios prestados a las empresas – servicios inmobiliarios
 Sector:
 Servicios inmobiliarios
 Clasificación sectorial:
 CCP 821, 822
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Capítulo:
 Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 En CZ y HU: Prestación transfronteriza de servicios inmobiliarios.
 Reserva n.o 6 – Servicios prestados a las empresas – servicios de alquiler o arrendamiento
 Sector:
 Servicios de arrendamiento o alquiler sin operarios
 Clasificación sectorial:
 CCP 832
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Capítulo:
 Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 En BE y FR: Prestación transfronteriza de servicios de arrendamiento o alquiler sin operarios con respecto a efectos personales y artículos de uso doméstico.
 Reserva n.o 7 – Servicios prestados a las empresas – Servicios de agencias de cobranza y servicios de información crediticia
 Sector:
 servicios de agencias de cobranza, servicios de información crediticia
 Clasificación sectorial:
 CCP 87901, 87902
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Presencia local
 Capítulo:
 Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 La UE, a excepción de ES, LV y SE, con respecto a la prestación de servicios de agencias de cobranza y servicios de información crediticia.
 Reserva n.o 8 – Servicios prestados a las empresas – Servicios de colocación
 Sector – subsector:
 Servicios prestados a las empresas – Servicios de colocación
 Clasificación sectorial:
 CCP 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional. Presencia local:
 La UE, a excepción de HU y SE: Servicios de colocación de personal doméstico, de otros trabajadores para la industria o el comercio, de personal de enfermería y de otro tipo de personal (CCP 87204, 87205, 87206 y 87209).
 En BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI y SK: Servicios de búsqueda de personal directivo (87201).
 En AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SI y SK: El establecimiento de servicios de colocación de personal de apoyo para oficinas y de otros trabajadores (CCP 87202).
 En AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI y SK: Servicios de colocación de personal de apoyo para oficinas (CCP 87203).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En la UE, a excepción de BE, HU y SE: La prestación transfronteriza de servicios de colocación de personal de apoyo para oficinas y de otros trabajadores (CCP 87202).
 En IE: La prestación transfronteriza de servicios de búsqueda de personal directivo (87201).
 En FR, IE, IT y NL: La prestación transfronteriza de servicios de suministro de personal para oficinas (CCP 87203).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados
 En DE: Se limita el número de prestadores de servicios de colocación.
 En ES: Restringir el número de proveedores de servicios de búsqueda de personal ejecutivo y servicios de colocación (CCP 87201, 87202).
 En FR: Estos servicios pueden estar supeditados a monopolio de Estado (CCP 87202).
 En IT: Restringir el número de proveedores de servicios de suministro de personal para oficinas (87203).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En DE: El Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales podrá adoptar un reglamento sobre la colocación y contratación de trabajadores no pertenecientes a la Unión Europea ni al EEE en el ámbito de determinadas profesiones (CCP 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).
 Medidas vigentes:
 AT: Artículos 97 y 135 de la Ley de comercio de Austria (Gewerbeordnung), Boletín Oficial de la Legislación Federal n.o 194/1994 en su versión modificada; y
 Ley de empleo temporal (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Boletín Oficial de la Legislación Federal n.o 196/1988 en su versión modificada.
 BG: Ley de fomento del empleo, artículos 26, 27, 27a y 28.
 CY: Ley de oficinas de empleo privadas n.o 126(I)/2012 en su versión modificada.
 CZ: Ley de empleo (435/2004).
 DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);
 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Código de Seguridad Social, libro tres) - Promoción del empleo;
 Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; Ordenanza sobre el empleo de extranjeros).
 DK: Secciones 8a – 8f del Decreto Ley n.o 73, de 17 de enero de 2014, e indicado en el Decreto n.o 228 de 7 de marzo de 2013 (empleo de profesiones marítimas); y Ley de permisos de empleo de 2006. S1(2) y (3).
 EL: Ley 4052/2012 (Boletín Oficial del Estado, n.o 41 A), modificada en determinadas disposiciones por la Ley n.o 4093/2012 (Boletín Oficial del Estado, n.o 222 A).
 ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).
 FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (Ley de Servicios Públicos de Empleo y Emprendimiento) (916/2012).
 HR: Ley del mercado laboral (Boletines Oficiales n.o 118/18, 32/20).
 Ley de Empleo (Boletines Oficiales n.o 93/14, 127/17, 98/19).
 Ley de Abogacía (Boletines Oficiales n.o 130/11m, 74/13, 67/17, 46/18 y 53/20).
 IE: Ley de permisos de empleo de 2006. S1(2) y (3).
 IT: Decreto Legislativo n.o 276/2003, artículos 4 y 5.
 LT: Código laboral lituano de la República de Lituania aprobado por la Ley n.o XII-2603 de 14 de septiembre de 2016 de la República de Lituania,
 Ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros en la República de Lituania, de 29 de abril de 2004, n.o IX-2206, en su última versión modificada por la Ley de 3 de diciembre de 2019, n.o
 XIII-2582
 .
 LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (Ley de 18 de enero de 2012 relativa a la creación de una agencia para el desarrollo del empleo – ADEM).
 MT: Ley de Servicios de Formación y Empleo (capítulo 343) (artículos 23-25); y Reglamento de oficinas de empleo (S.L. 343,24).
 PL: Artículo 18 de la Ley de 20 de abril de 2004 relativa a la promoción del empleo e instituciones del mercado laboral (Dz. U. de 2015, punto 149, en su versión modificada).
 PT: Decreto-ley n.o 260/2009, de 25 de septiembre, modificado por la Ley n.o 5/2014, de 12 de febrero (acceso y provisión de servicios de agencias de colocación).
 RO: Ley n.o 156/2000 relativa a la protección de los ciudadanos rumanos que trabajan en el extranjero, en su segunda publicación, y Decisión del Gobierno n.o 384/2001 para aprobar las normas metodológicas para aplicar la Ley n.o 156/2000, y modificaciones posteriores;
 Ordenanza del Gobierno n.o 277/2002, modificada por la Ordenanza del Gobierno n.o 790/2004 y la Ordenanza del Gobierno n.o 1122/2010; y
 Ley n.o 53/2003 – Código Laboral, en su segunda publicación, con sus modificaciones y su complemento posteriores y la Decisión del Gobierno n.o 1256/2011, relativa a las condiciones de operación y procedimiento de autorización para agencias de trabajo temporal.
 SI: Ley de regulación del mercado laboral (Boletines Oficiales del Estado, n.o 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); y ley de empleo, actividad laboral autónoma y empleo de extranjeros – ZZSDT (Boletín Oficial de la República de Eslovenia n.o 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Boletín Oficial de la República de Eslovenia n.o 1/2018).
 SK: Ley n.o 5/2004, relativa a servicios relacionados con el empleo; y Ley n.o 455/1991, relativa a licencias comerciales.
 Reserva n.o 9 – Servicios prestados a las empresas – Servicios de investigación y seguridad
 Sector – subsector:
 Servicios prestados a las empresas – Servicios de investigación y seguridad
 Clasificación sectorial:
 CCP 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios de seguridad (CCP 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI y SK: Prestación de servicios de seguridad.
 En DK, HR y HU: Prestación de los siguientes subsectores: servicios de guardas de seguridad (87305) en HR y HU, servicios de consultoría en seguridad (87302) en HR, servicios de guardia de aeropuertos (parte de 87305) en DK y servicio de furgones blindados (87304) en HU.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En BE: Las personas jurídicas de los consejos de administración de las empresas prestadoras de servicios de guardias de seguridad (87305), así como de consultoría y formación en materia de seguridad (87302), deberán ser nacionales de un Estado miembro. Los altos directivos de las empresas prestadoras de servicios de guardias de seguridad y de consultoría en materia de seguridad deberán ser nacionales residentes de un Estado miembro.
 En FI: Únicamente podrán obtener una licencia para prestar servicios de seguridad las personas físicas residentes en el EEE o las personas jurídicas constituidas en el EEE.
 En ES: La prestación transfronteriza de servicios de seguridad. Existen requisitos de nacionalidad para el personal de seguridad privado.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BE, FI, FR y PT: Se prohíbe la prestación transfronteriza de servicios de seguridad por parte de prestadores extranjeros. Existen requisitos de nacionalidad para el personal especializado en PT y para directores generales y consejeros delegados en FR.
 Medidas vigentes:
 BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, de 2 de octubre de 2017
 BG: Ley relativa a empresas de seguridad privada.
 CZ: Ley relativa a licencias comerciales.
 DK: Reglamento sobre seguridad de aviación.
 FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (Ley de Servicios de Seguridad Privada).
 LT: Ley de Seguridad de Personas y Activos n.o IX-2327, de 8 de julio de 2004.
 LV: Ley de Actividades de Guarda de Seguridad (secciones 6, 7 y 14).
 PL: Ley de 22 de agosto de 1997 relativa a la protección de las personas y la propiedad (Boletín Oficial de 2016, punto 1432, en su versión modificada).
 PT: Ley 34/2013 modificada por la Ley 46/2019, de 16 de mayo; y la Ordenanza 273/2013 modificada por la Ordenanza 106/2015, de 13 de abril.
 SI: Zakon o zasebnem varovanju (Ley de seguridad privada).
 b)
 Servicios de investigación (CCP 87301)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE, a excepción de AT y SE: Prestación de servicios de investigación.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En LT y PT: Los servicios de investigación se mantendrán en régimen de monopolio estatal.
 Reserva n.o 10 – Servicios prestados a las empresas – Otros servicios prestados a las empresas
 Sector – subsector:
 Servicios prestados a las empresas – otros servicios prestados a las empresas (servicios de traducción e interpretación, servicios de copia y reproducción, servicios relacionados con la distribución de energía y servicios relacionados con las manufacturas)
 Clasificación sectorial:
 CCP 87905, 87904, 884, 887
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios de traducción e interpretación (CCP 87905)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En HR: Prestación transfronteriza de traducción e interpretación de documentos oficiales.
 b)
 Servicios de copia y reproducción (CCP 87904)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En HU: Prestación transfronteriza de copia y reproducción.
 c)
 Servicios relacionados con la distribución de energía y servicios relacionados con las manufacturas (parte de CCP 884, 887, salvo los servicios de asesoramiento y consultoría)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En HU: Los servicios relacionados con la distribución de energía, y la prestación transfronteriza de servicios relacionados con las manufacturas, a excepción de los servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con estos sectores.
 d)
 Mantenimiento y reparación de embarcaciones, de equipo de transporte por ferrocarril y de aeronaves y sus partes (parte de CCP 86764, CCP 86769, CCP 8868)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En la UE, a excepción de DE, EE y HU: La prestación transfronteriza de servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte por ferrocarril.
 En la UE, a excepción de CZ, EE, HU, LU y SK: La prestación transfronteriza de servicios de mantenimiento y reparación de buques de transporte por vías navegables interiores.
 En la UE, a excepción de EE, HU y LV: La prestación transfronteriza de servicios de mantenimiento y reparación de buques marítimos.
 En la UE, a excepción de AT, EE, HU, LV y PL: La prestación transfronteriza de servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves y sus partes (parte de CCP 86764, CCP 86769, CCP 8868).
 En la UE: La prestación transfronteriza de servicios de peritajes obligatorios y certificación de buques.
 Medidas vigentes:
 UE: Reglamento (CE) n.o 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques.
 e)
 Otros servicios prestados a las empresas relacionados con la aviación
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Trato de nación más favorecida:
 La UE: Otorgamiento de un trato diferenciado a un tercer país en virtud de acuerdos bilaterales existentes o futuros relacionados con los siguientes servicios:
 a) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo;
 b) los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI);
 c) mantenimiento y reparación de aeronaves y sus partes; y
 d) arrendamiento o alquiler de aeronaves sin tripulación.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En DE, FR: Extinción aérea de incendios, vuelos de entrenamiento, pulverización, agrimensura, cartografía, fotografía y otros servicios aéreos agrícolas, industriales y de inspección.
 En FI y SE: Extinción aérea de incendios
 Reserva n.o 11 – Telecomunicaciones
 Sector:
 Servicios de difusión de emisiones por satélite
 Clasificación sectorial:
 Parte de la CCP 861, parte de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte de 879
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 En BE: Servicios de difusión de emisiones por satélite.
 Reserva n.o 12 – Construcción
 Sector:
 Servicios de construcción
 Clasificación sectorial:
 CCP 51
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 En LT: Únicamente se otorgará el derecho de elaborar la documentación técnica de obras de construcción de gran importancia a empresas de proyectos registradas en Lituania o a empresas de proyectos extranjeras que hayan sido acreditadas por un organismo autorizado a tal efecto por el Gobierno. El derecho de llevar a cabo actividades técnicas en los principales ámbitos de la construcción se podrá otorgar a personas no lituanas que hayan sido acreditadas por un organismo autorizado por el Gobierno de Lituania.
 Reserva n.o 13 – Servicios de distribución
 Sector:
 Servicios de distribución
 Clasificación sectorial:
 CCP 62117, 62251, 8929, parte de 62112, 62226, 631
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a) Distribución de productos farmacéuticos
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Distribución transfronteriza de productos farmacéuticos al por mayor (CCP 62251).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FI: Distribución de productos farmacéuticos (CCP 62117, 62251, 8929).
 Medidas vigentes:
 BG: Ley de medicamentos de uso humano; Ley de productos sanitarios.
 FI: Lääkelaki (Ley de Medicamentos) (395/1987).
 b)
 Distribución de bebidas alcohólicas
 En FI: Distribución de bebidas alcohólicas (parte de CCP 62112, 62226, 63107, 8929).
 Medidas vigentes:
 FI: Alkoholilaki (Ley del Alcohol) (1102/2017).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En SE: Se mantiene un monopolio sobre la venta al por menor de licores, vino y cerveza (excepto la cerveza sin alcohol). Actualmente, a través de la Systembolaget AB, se mantiene un monopolio gubernamental de ese tipo sobre la venta al por menor de licores, vino y cerveza (excepto la cerveza sin alcohol). Se entenderá por «bebidas alcohólicas» las bebidas con una graduación superior a un 2,25 % de alcohol por volumen. Por lo que respecta a la cerveza, el umbral se establece en una graduación superior a un 3,5 % de alcohol por volumen (parte de CCP 631).
 Medidas vigentes:
 SE: Ley sobre el Alcohol (2010:1622).
 c)
 Otras distribuciones (parte de CCP 621, CCP 62228, CCP 62251, CCP 62271, parte de CCP 62272, CCP 62276, CCP 63108, parte de CCP 6329)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Distribución al por mayor de productos químicos, metales preciosos y piedras preciosas, sustancias medicinales y productos y objetos para uso médico; de tabaco y productos del tabaco, y de bebidas alcohólicas.
 Bulgaria se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a los servicios prestados por corredores de mercancías.
 Medidas vigentes:
 En BG: Ley de medicamentos de uso humano;
 Ley de productos sanitarios;
 Ley de actividad veterinaria;
 Ley de prohibición de las armas químicas y de control de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores;
 Ley del tabaco y los productos del tabaco; y Ley de impuestos especiales y depósitos fiscales y Ley de vino y bebidas alcohólicas.
 Reserva n.o 14 – Servicios de enseñanza
 Sector:
 Servicios de enseñanza
 Clasificación sectorial:
 CCP 92
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: Servicios educativos que reciben financiación pública o apoyo estatal en cualquier forma. En aquellos casos en que se permita la prestación de servicios de enseñanza de financiación privada por parte de prestadores extranjeros, la participación de operadores privados en el sistema educativo podrá estar supeditada a una concesión otorgada de manera no discriminatoria.
 La UE, a excepción de CZ, NL, SE y SK: Con respecto a la prestación de servicios de enseñanza de financiación privada, es decir, distintos de los clasificados como servicios de enseñanza primaria, secundaria, superior y de adultos (CCP 929).
 En CY, FI, MT y RO: La prestación de servicios de enseñanza primaria, secundaria y de adultos de financiación privada (CCP 921, 922, 924).
 En AT, BG, CY, FI, MT y RO: La prestación de servicios de enseñanza superior de financiación privada (CCP 923).
 En CZ y SK: La mayoría de los miembros del consejo de administración de todo establecimiento que preste servicios de enseñanza de financiación privada deberán ser nacionales de ese país (CCP 921, 922, 923 para SK salvo 92310, 924).
 En SI: Únicamente podrán fundar centros privados de enseñanza primaria las personas físicas y jurídicas eslovenas. El prestador de estos servicios deberá establecer su domicilio social o una sucursal en el país. La mayoría de los miembros del consejo de administración de todo establecimiento que preste servicios de enseñanza secundaria o superior de financiación privada deberán ser nacionales eslovenos (CCP 922, 923).
 En SE: Los proveedores de servicios de enseñanza autorizados por las autoridades públicas para prestar dichos servicios. Esta reserva se aplicará a los proveedores de servicios de enseñanza de financiación privada que reciban algún tipo de apoyo estatal, entre otros los prestadores de servicios de enseñanza reconocidos por el Estado, los prestadores de servicios de enseñanza bajo supervisión estatal o los servicios de enseñanza que den derecho a ayudas al estudio (CCP 92).
 En SK: Los prestadores de servicios de enseñanza de financiación privada distintos de los servicios de enseñanza técnica y profesional postsecundaria deberán ser residentes del EEE. Se podrá efectuar una prueba de necesidades económicas y las entidades locales podrán limitar el número de centros docentes establecidos (CCP 921, 922, 923 salvo 92310, 924).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En BG, IT y SI: Restringir la prestación transfronteriza de servicios de enseñanza primaria de financiación privada (CCP 921).
 En BG y IT: Restringir la prestación transfronteriza de servicios de enseñanza secundaria de financiación privada (CCP 922).
 En AT: Restringir la prestación transfronteriza de servicios de enseñanza de adultos de financiación privada a través de emisiones radiofónicas o televisivas (CCP 924).
 Medidas vigentes:
 BG: Ley de educación pública, artículo 12;
 Ley de educación superior, apartado 4 de las disposiciones adicionales; y Ley de educación y formación profesional, artículo 22.
 FI: Perusopetuslaki (Ley de educación básica) (628/1998);
 Lukiolaki (Ley de educación secundaria superior general) (629/1998);
 Laki ammatillisesta koulutuksesta (Ley de educación y formación profesional) (630/1998);
 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (Ley de formación profesional de adultos) (631/1998);
 Ammattikorkeakoululaki (Ley de escuelas politécnicas) (351/2003); y Yliopistolaki (Ley de universidades) (558/2009).
 IT: Real Decreto n.o 1592/1933 (Ley de educación secundaria);
 Ley 243/1991 (Contribución ocasional del Estado a las universidades privadas);
 Resolución 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); y
 Decreto del Presidente de la República (D.P.R.) 25/1998.
 SK: Ley 245/2008 de educación;
 Ley 131/2002 de universidades; y
 Ley 596/2003 de la Administración Pública de la Educación y de la Autoadministración de la Escuela.
 Reserva n.o 15 – Servicios medioambientales
 Sector – subsector:
 Servicios medioambientales — gestión de residuos y suelos
 Clasificación sectorial:
 CCP 9401, 9402, 9403, 94060
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Capítulo:
 Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 En DE: La prestación de servicios de gestión de residuos excepto los servicios de asesoramiento, y con respecto a los servicios relativos a la protección del suelo y la gestión de suelos contaminados, excepto los servicios de asesoramiento.
 Reserva n.o 16 – Servicios financieros
 Sector:
 Servicios financieros
 Clasificación sectorial:
 No aplicable
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Todos los servicios financieros
 Con respecto a la liberalización de las inversiones – Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Trato de nación más favorecida:
 La UE: Conceder un trato diferenciado a un inversor o a un proveedor de servicios financieros de un tercer país en virtud de cualquier tratado internacional de inversión bilateral o multilateral u otro acuerdo comercial.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados
 La UE: el derecho a exigir al proveedor de servicios financieros, distinto de una sucursal, que, al establecerse en un Estado miembro, adopte una forma jurídica específica, sobre una base no discriminatoria.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local
 La UE: el derecho a adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la prestación transfronteriza de todos los servicios financieros, excepto:
 En la EU (excepto en BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI):
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) e intermediación de seguros directos para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (II)el reaseguro y la retrocesión;
 (III)los servicios auxiliares de los seguros;
 (IV)el suministro y transferencia de información financiera y tratamiento de información financiera y programas informáticos conexos por prestadores de otros servicios financieros; y
 (V)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En BE:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) e intermediación de seguros directos para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (II)el reaseguro y la retrocesión;
 (III)los servicios auxiliares de los seguros;
 (IV)para la prestación de servicios bancarios y otros servicios financieros descritos en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], excepto el suministro y la transferencia de información financiera, y el procesamiento de datos financieros y programas informáticos conexos por parte de prestadores de otros servicios financieros;
 En CY:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (II)la intermediación de seguros;
 (III)los servicios de reaseguro y retrocesión;
 (IV)los servicios auxiliares de los seguros;
 (V)el intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, en una bolsa, en un mercado extrabursátil, o de otro modo, de valores negociables;
 (VI)el suministro y transferencia de información financiera y tratamiento de información financiera y programas informáticos conexos por prestadores de otros servicios financieros; y
 (VII)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En EE:
 (I)los seguros directos (incluidos los coaseguros);
 (II)los servicios de reaseguro y retrocesión;
 (III)la intermediación de seguros;
 (IV)los servicios auxiliares de los seguros;
 (V)la aceptación de depósitos;
 (VI) préstamos de todo tipo;
 (VII)los servicios de arrendamiento financieros;
 (VIII)todos los servicios de pago y transferencia monetaria; las garantías y los compromisos;
 (IX)el intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea a través de bolsa o en el mercado extrabursátil;
 (X) la participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la suscripción y colocación como agentes (pública o privadamente) y el suministro de servicios relacionados con esas emisiones;
 (XI)el corretaje de cambios;
 (XII)la administración de activos, como fondos en efectivo o cartera de valores, todo tipo de gestión de inversiones colectivas, servicios de custodia, de depósito y fiduciarios;
 (XIII) los servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con inclusión de valores, productos derivados, y otros instrumentos negociables;
 (XIV) la provisión y transferencia de información financiera, y el tratamiento de datos financieros y programas informáticos conexos; y
 (XV)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En LT:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (II)el reaseguro y la retrocesión;
 (III)los servicios auxiliares de los seguros;
 (IV)la aceptación de depósitos;
 (V) los préstamos de todo tipo;
 (VI) el arrendamiento financiero;
 (VII) todos los servicios de pago y transferencia de fondos; las garantías y los compromisos;
 (VIII)el intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea a través de bolsa o en el mercado extrabursátil;
 (IX) la participación en emisiones de valores de todo tipo, incluidas la suscripción y la colocación en calidad de agente (de manera pública o privada) y la prestación de servicios relacionados con dichas emisiones;
 (X)el corretaje de cambios;
 (XI)la administración de activos, como fondos en efectivo o cartera de valores, todo tipo de gestión de inversiones colectivas, servicios de custodia, de depósito y fiduciarios;
 (XII) los servicios de liquidación y compensación de activos financieros, incluidas las acciones y obligaciones, los productos derivados y otros instrumentos negociables;
 (XIII) la provisión y transferencia de información financiera, y el tratamiento de datos financieros y programas informáticos conexos; y
 (XIV)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En LV:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (II)el reaseguro y la retrocesión; y
 (III)servicios auxiliares de los seguros
 (IV)la participación en emisiones de valores de todo tipo, incluidas la suscripción y la colocación en calidad de agente (de manera pública o privada) y la prestación de servicios relacionados con dichas emisiones;
 (V) el suministro y transferencia de información financiera y tratamiento de información financiera y programas informáticos conexos por prestadores de otros servicios financieros; y
 (VI)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En MT:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (II)el reaseguro y la retrocesión;
 (III)los servicios auxiliares de los seguros;
 (IV)la aceptación de depósitos;
 (V) los préstamos de todo tipo;
 (VI)el suministro y transferencia de información financiera y tratamiento de información financiera y programas informáticos conexos por prestadores de otros servicios financieros; y
 (VII)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En PL:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) para el seguro de riesgos relacionados con las mercancías en el comercio internacional;
 (II)el reaseguro y la retrocesión de los riesgos relacionados con las mercancías en el comercio internacional;
 (III)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro y la retrocesión) e intermediación de seguros directos para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (IV)el suministro y transferencia de información financiera y tratamiento de información financiera y programas informáticos conexos por prestadores de otros servicios financieros; y
 (V) el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En RO:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) e intermediación de seguros directos para el seguro de riesgos relacionados con:
 a.transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 b.las mercancías en tránsito internacional;
 (II)el reaseguro y la retrocesión; y
 (III) los servicios auxiliares de los seguros;
 (IV)la aceptación de depósitos;
 (V)los préstamos de todo tipo;
 (VI) las garantías y los compromisos;
 (VII)el corretaje de cambios;
 (VIII)la provisión y transferencia de información financiera, y el tratamiento de datos financieros y programas informáticos conexos; y
 (IX)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 En SI:
 (I)los servicios de seguros directos (incluido el coaseguro) e intermediación de seguros directos para el seguro de riesgos relacionados con:
 (II)transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos; y
 (III)las mercancías en tránsito internacional;
 (IV)el reaseguro y la retrocesión;
 (V)los servicios auxiliares de los seguros;
 (VI)los préstamos de todo tipo;
 (VII)la aceptación de garantías y compromisos de instituciones de crédito extranjeras por entidades jurídicas nacionales y propietarios exclusivos;
 (VIII)el suministro y transferencia de información financiera y tratamiento de información financiera y programas informáticos conexos por prestadores de otros servicios financieros; y
 (IX)el asesoramiento y otros servicios financieros auxiliares relacionados con los servicios bancarios y otros servicios financieros, indicados en la letra a), inciso ii), letra L), de la definición de servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) que figura en el artículo SERVIN.5.38 [Definiciones], sin incluir la intermediación citada en esa letra.
 b)
 Servicios de seguros y relacionados con los seguros
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Los seguros de transporte, incluidos los seguros de mercancías, de los propios vehículos y de responsabilidad civil por riesgos situados en Bulgaria, no podrán ser suscritos directamente con compañías de seguros extranjeras.
 En DE: Las compañías de seguros extranjeras que hayan establecido una sucursal en Alemania podrán celebrar contratos de seguro de transporte internacional en Alemania, pero solo a través de la citada sucursal.
 Medidas vigentes:
 DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); y
 Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En ES: Se exigirá residencia o, en su defecto, dos años de experiencia, para poder ejercer la profesión actuarial.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En FI: La prestación de servicios de correduría de seguros queda condicionada al establecimiento de una sede permanente de actividad en la UE.
 Solamente los aseguradores que tengan su administración central en la Unión Europea o una sucursal en Finlandia pueden ofrecer servicios de seguros directos, incluido el coaseguro.
 Medidas vigentes:
 FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (Ley de compañías de seguros extranjeras) (398/1995);
 Vakuutusyhtiölaki (Ley de compañías de seguros) (521/2008); y
 Laki vakuutusedustuksesta (Ley de mediación de seguros) (234/2018).
 En FR: El seguro de riesgos relacionados con el transporte terrestre solo puede ser suscrito por compañías de seguros establecidas en la Unión Europea.
 Medidas vigentes:
 FR: Code des assurances.
 En HU: Sólo las personas jurídicas de la UE y las sucursales registradas en Hungría pueden prestar servicios de seguros directos.
 Medidas vigentes:
 HU: Ley LX de 2003.
 En IT: Los seguros de transporte, incluidos los seguros de mercancías, de los propios vehículos y de responsabilidad civil por riesgos situados en Italia, solo podrán ser suscritos con compañías de seguros establecidas en la Unión Europea, a excepción de los seguros de transporte internacional de bienes importados por Italia.
 Prestación transfronteriza de servicios actuariales.
 Medidas vigentes:
 IT: Artículo 29 del Código de seguros privados (Decreto legislativo n.o 209, de 7 de septiembre de 2005), Ley 194/1942 de la profesión actuarial.
 En PT: El seguro de transporte aéreo y marítimo, incluido el seguro de mercancías, aeronaves, cascos y responsabilidad civil, solo pueden suscribirlo personas jurídicas de empresas de la Unión Europea. Solo las personas físicas de la Unión Europea, o las empresas establecidas en la Unión Europea pueden actuar en Portugal como intermediarios de esas operaciones de seguros.
 Medida vigente:
 PT: Artículo 3 de la Ley 147/2015, artículo 8 de la Ley 7/2019.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional
 En SK: Los nacionales extranjeros podrán constituir compañías de seguros en forma de sociedades anónimas o llevar a cabo actividades de seguros por mediación de sus sucursales con domicilio registrado en Eslovaquia. En ambos casos, la autorización correspondiente estará supeditada a la evaluación de la autoridad de control.
 Medidas vigentes:
 SK: Ley 39/2015, de seguros.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados
 En FI: Como mínimo, la mitad de los miembros del consejo de administración y de la junta de supervisión, así como el consejero delegado o director general de toda compañía de seguros que ofrezca planes de pensiones obligatorios deberán tener su lugar de residencia en el EEE, salvo que las autoridades competentes hayan concedido una exención a este respecto. Los aseguradores extranjeros no podrán obtener en Finlandia una licencia como sucursal para ofrecer planes de pensiones obligatorios. Al menos un auditor deberá tener su residencia permanente en el EEE.
 En cuanto a las demás compañías de seguros, como mínimo un miembro del consejo de administración y de la junta de supervisión y el consejero delegado o director general deberán ser residentes en el EEE. Al menos un auditor deberá tener su residencia permanente en el EEE. El apoderado de una compañía de seguros del Reino Unido deberá tener su lugar de residencia en Finlandia, a no ser que la compañía tenga su administración central en la Unión Europea.
 Medidas vigentes:
 FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (Ley de compañías de seguros extranjeras) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (Ley de compañías de seguros) (521/2008);
 Laki vakuutusedustuksesta (Ley de mediación de seguros) (570/2005);
 Laki vakuutusten tarjoamisesta (Ley de distribución de seguros) (234/2018); y
 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (Ley de entidades prestadoras de servicios de planes de pensiones obligatorios) (354/1997).
 c)
 Servicios bancarios y demás servicios financieros
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 La UE: Solo las personas jurídicas con domicilio social en la Unión Europea pueden actuar como depositarias de los activos de los fondos de inversión. Para desempeñar las actividades de gestión de fondos comunes, incluidos los fondos de inversión colectiva, así como de sociedades de inversión cuando la legislación nacional lo permita, será obligatoria la constitución de una sociedad de gestión especializada que tenga su administración central y su domicilio social en el mismo Estado miembro.
 Medidas vigentes:
 UE: Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM); y
 Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA).
 En EE: En lo concerniente a la aceptación de depósitos, será necesario obtener la autorización de la Agencia de Supervisión Financiera de Estonia y constituir de conformidad con la legislación estonia una sociedad anónima, una filial o una sucursal.
 Medidas vigentes:
 EE: Krediidiasutuste seadus (Ley de entidades de crédito), artículos 206 y 21.
 En SK: Podrán únicamente prestar servicios de inversión las sociedades de gestión constituidas en forma de sociedad anónima cuyo capital social se ajuste a lo dispuesto en la legislación.
 Medidas vigentes:
 SK: Ley 566/2001, de garantías y servicios de inversión; y Ley 483/2001, de bancos.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración
 En FI: Al menos uno de los fundadores, de los miembros del consejo de administración y de la junta de supervisión y el consejero delegado o director general de los prestadores de servicios bancarios, así como la persona autorizada a firmar en nombre de la entidad de crédito, deberán tener su residencia permanente en el EEE. Al menos un auditor deberá tener su residencia permanente en el EEE.
 Medidas vigentes:
 FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (Ley de bancos comerciales y otras entidades de crédito en forma de sociedad limitada (1501/2001);
 Säästöpankkilaki (Ley de cajas de ahorro) (1502/2001);
 Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (Ley sobre cooperativas de crédito y otras entidades de crédito en forma de cooperativa);
 Laki hypoteekkiyhdistyksistä (Ley de sociedades de crédito hipotecario) (936/1978);
 Maksulaitoslaki (Ley de Entidades de Pago) (297/2010);
 Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (Ley de explotación de entidades de pago extranjeras en Finlandia); y
 Laki luottolaitostoiminnasta (Ley de Entidades de Crédito) (121/2007).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En IT: Servicios de «consulenti finanziari» (consultoría financiera). Para las actividades de venta a domicilio, los intermediarios deberán recurrir a vendedores de servicios financieros autorizados que residan en el territorio de un Estado miembro.
 Medidas vigentes:
 IT: Artículos 91 a 111 del Reglamento de la CONSOB n.o 16190, de 29 de octubre de 2007, relativo a los Intermediarios.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Presencia local:
 En LT: Solo podrán actuar como depositarios de los activos de fondos de pensiones los bancos con domicilio social o una sucursal en Lituania que estén autorizados a prestar servicios de inversión en el EEE. Al menos un alto cargo del consejo de administración del banco deberá hablar lituano.
 Medidas vigentes:
 LT: Ley de Bancos de la República de Lituania, de 30 de marzo de 2004, n.o IX-2085, modificada por la Ley n.o XIII-729, de 16 de noviembre de 2017;
 Ley de instituciones de inversión colectiva de la República de Lituania, de 4 de julio de 2003, n.o IX-1709; modificada por la Ley n.o XIII-1872 de 20 de diciembre de 2018;
 Ley de concurrencia de pensiones voluntarias complementarias de la República de Lituania, de 3 de junio de 1999, n.o VIII-1212 (revisada por la Ley n.o XII-70 de 20 de diciembre de 2012);
 Ley de pagos de la República de Lituania, de 5 de junio de 2003, n.o IX-1596, en su última versión modificada por la Ley de 17 de octubre de 2019, n.o XIII-2488.
 Ley de entidades de pago de la República de Lituania, de 10 de diciembre de 2009, n.o XI-549 (nueva versión de la Ley n.o XIII-1093, de 17 de abril de 2018
 Con respecto al comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En FI: En cuanto a los servicios de pago, se podrá imponer el requisito de residencia o domicilio en Finlandia.
 Reserva n.o 17 – Servicios sociales y de salud
 Sector:
 Servicios sociales y de salud
 Clasificación sectorial:
 CCP 93, 931, salvo 9312, parte de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios de salud – Servicios de hospital, servicios de ambulancia y servicios de instituciones residenciales de salud (CCP 93, 931, salvo 9312, parte de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración:
 La UE: Para la prestación de todos los servicios de salud que reciben financiación pública o apoyo estatal en cualquier forma.
 La UE: Respecto a todos los servicios de salud de financiación privada, salvo los de hospital, de ambulancia y de instituciones residenciales de salud distintos de los servicios de hospital. La participación de operadores privados en la red sanitaria de financiación privada podrá estar sujeta a una concesión otorgada de manera no discriminatoria. Podrá ser necesaria una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, las infraestructuras de transporte, la densidad de población, la distribución geográfica y la creación de nuevos puestos de trabajo.
 La presente reserva no se refiere a la prestación de los distintos servicios profesionales del ámbito de la salud, que abarcan los servicios prestados por profesionales tales como médicos, dentistas, parteras, enfermeros, fisioterapeutas, personal paramédico y psicólogos, y que se abordan en otras reservas (CCP 931, salvo 9312, parte de 93191).
 En AT, PL y SI: La prestación de servicios de ambulancia de financiación privada (CCP 93192).
 En BE: El establecimiento de servicios de financiación privada de ambulancia y de instituciones residenciales de salud distintos de los servicios de hospital (CCP 93192, 93193).
 En BG, CY, CZ, FI, MT y SK: La prestación de servicios de financiación privada de hospital, de ambulancia y de instituciones residenciales de salud distintos de los servicios de hospital (CCP 9311, 93192, 93193).
 En FI: Prestación de otros servicios de salud humana (CCP 93199).
 Medidas vigentes:
 CZ: Ley n.o 372/2011, sobre los servicios sanitarios y las condiciones que rigen su prestación.
 FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Ley de sanidad privada) (152/1990).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento:
 En DE: Los servicios del sistema de seguridad social de Alemania que puedan ser prestados por distintas sociedades o entidades en condiciones de competencia y que, por tanto, no sean «servicios prestados exclusivamente en ejercicio de facultades gubernamentales». Brindar un trato más favorable en virtud de un acuerdo comercial bilateral con respecto a la prestación de servicios sociales y de salud (CCP 93).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En DE: La propiedad de los hospitales de financiación privada administrados por las Fuerzas Armadas del país.
 Nacionalizar otros hospitales importantes de financiación privada (CCP 93110).
 En FR: Para la prestación de los servicios de análisis y ensayos de laboratorio de financiación privada.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FR: La prestación de los servicios de análisis y ensayos de laboratorio de financiación privada (parte de la CCP 9311).
 Medidas vigentes:
 FR: Code de la Santé Publique
 b)
 Servicios sociales y de salud, incluidos los seguros de pensiones
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE, a excepción de HU: La prestación transfronteriza de servicios de salud, servicios sociales y actividades o servicios que formen parte de un plan de jubilación público o de un régimen legal de seguridad social. La presente reserva no se refiere a la prestación de los distintos servicios profesionales del ámbito de la salud, que abarcan los servicios prestados por profesionales tales como médicos, dentistas, parteras, enfermeros, fisioterapeutas, personal paramédico y psicólogos, y que se abordan en otras reservas (CCP 931, salvo 9312, parte de 93191).
 En HU: La prestación transfronteriza de todos los servicios de hospital, de ambulancia y de instituciones residenciales de salud distintos de los servicios de hospital, que reciben financiación pública (CCP 9311, 93192, 93193).
 c)
 Servicios sociales, incluidos los seguros de pensiones
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento:
 La UE: La prestación de todos los servicios sociales que reciban financiación pública o apoyo estatal de cualquier tipo, así como las actividades o servicios que formen parte de un plan de jubilación público o de un régimen legal de seguridad social. La participación de operadores privados en la red social de financiación privada podrá estar sujeta a una concesión otorgada de manera no discriminatoria. Podrá ser necesaria una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, las infraestructuras de transporte, la densidad de población, la distribución geográfica y la creación de nuevos puestos de trabajo.
 En BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT y PT: La prestación de servicios sociales de financiación privada distintos de los relacionados con centros de recuperación y descanso y residencias de ancianos.
 En CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK y SI: La prestación de servicios sociales de financiación privada.
 En DE: Los servicios del sistema de seguridad social de Alemania que puedan ser prestados por distintas sociedades o entidades en condiciones de competencia y que, por tanto, puedan no estar comprendidos en la definición de «servicios prestados exclusivamente en ejercicio de facultades gubernamentales».
 Medidas vigentes:
 FI: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (Ley de servicios sociales privados) (922/2011).
 IE: Ley de sanidad de 2004 (S. 39); y
 Ley de sanidad de 1970 (en su versión modificada – S.61A).
 IT: Ley 833/1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud;
 Decreto Legislativo 502/1992, de reforma sanitaria; y Ley 328/2000, de reforma de los servicios sociales.
 Reserva n.o 18 – Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes
 Sector:
 Servicios de guías de turismo, servicios sociales y de salud
 Clasificación sectorial:
 CCP 7472
 Tipo de reserva:
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En FR: Supeditar al requisito de nacionalidad de un Estado miembro la prestación de servicios de guías de turismo.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Trato de nación más favorecida:
 En LT: En la medida en que el Reino Unido permita a los nacionales de Lituania prestar servicios de guías de turismo, Lituania permitirá a los nacionales del Reino Unido prestar servicios de guías de turismo en las mismas condiciones.
 Reserva n.o 19 – Servicios de ocio, culturales y deportivos
 Sector:
 Servicios de ocio, culturales y deportivos
 Clasificación sectorial:
 CCP 962, 963, 9619, 964
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales (CCP 963)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE, a excepción de AT y, para la liberalización de las inversiones, en LT: La prestación de servicios de bibliotecas, archivos, museos y otros servicios culturales.
 En AT y LT: Para el establecimiento puede ser necesaria una licencia o concesión.
 b)
 Servicios de espectáculos, teatro, bandas y orquestas, y circos (CCP 9619, 964 salvo 96492)
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 La UE, a excepción de AT y SE: La prestación transfronteriza de servicios de espectáculos, incluidos los de teatro, bandas y orquestas, circos y discotecas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI y SK: Con respecto a la prestación transfronteriza de servicios de espectáculos, incluidos los de teatro, bandas y orquestas, circos y discotecas.
 En BG: La prestación de los siguientes servicios de espectáculos: circos, parques de atracciones y servicios de atracciones similares, servicios de salas de baile, discotecas y academias de baile y otros servicios de espectáculos.
 En EE: La prestación de otros servicios de espectáculos, excepto para los servicios de salas de cine.
 En LT y LV: La prestación de todos los servicios de espectáculos, excepto los servicios de salas de cine.
 En CY, CZ, LV, PL, RO y SK: La prestación transfronteriza de servicios deportivos y otros servicios de ocio.
 c)
 Agencias de noticias y de prensa (CCP 962)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FR: La participación extranjera en sociedades existentes que editen publicaciones en francés no podrá exceder del 20 % del capital o de los derechos de voto de la sociedad. El establecimiento de agencias de prensa del Reino Unido estará supeditado a las condiciones previstas en la reglamentación nacional. El establecimiento de agencias de prensa por parte de inversores extranjeros estará supeditado a la condición de reciprocidad.
 Medidas vigentes:
 FR: Ordonnance n.o 45-2646 du 2 novembre 1945 portant règlementation provisoire des agences de presse; y Loi n.o 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En HU: Para la prestación de servicios de agencias de noticias y de prensa.
 d)
 Servicios de juegos de azar y apuestas (CCP 96492)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: La prestación de servicios de juego que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, en particular las loterías, las tarjetas de sorteo directo, los servicios de juego ofrecidos en casinos, salones recreativos y otras instalaciones con licencia, los servicios de apuestas, el bingo y los servicios de juego gestionados por instituciones benéficas u organizaciones sin ánimo de lucro y prestados a beneficio de estas.
 Reserva n.o 20 – Servicios de transporte y servicios auxiliares relacionados con el transporte
 Sector:
 Servicios de transporte
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Transporte marítimo – Cualquier otra actividad comercial realizada a bordo de un buque
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 La UE: La nacionalidad de la tripulación de un buque de navegación marítima y de interior.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Altos directivos y consejos de administración:
 La UE, excepto LV y MT: Solo las personas físicas o jurídicas de la UE podrán matricular un buque y operar una flota bajo el pabellón nacional del Estado de establecimiento (se aplica a toda actividad comercial marítima realizada a borde de un buque de navegación marítima, incluidas la pesca, la acuicultura y los servicios relacionados con la pesca; transporte internacional de pasajeros y de carga (CCP 721); y servicios auxiliares del transporte marítimo).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En MT: El enlace marítimo de Malta con el continente europeo a través de Italia estará sujeto a derechos exclusivos (CCP 7213, 7214, parte de 742, 745, parte de 749).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En SK: Los inversores extranjeros deberán tener su centro de actividad principal en Eslovaquia para poder solicitar una licencia que les habilite para prestar servicios en el país (CCP 722).
 b)
 Servicios auxiliares del transporte marítimo
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: La prestación de servicios de practicaje y atraque. Para mayor seguridad, y con independencia de los criterios que puedan ser aplicables a la matriculación de buques en un Estado miembro de la Unión Europea, la Unión Europea se reserva el derecho de limitar la prestación de servicios de practicaje y atraque a los buques inscritos en los registros nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (CCP 7452).
 La UE, a excepción de LT y LV: Únicamente podrán prestar servicios de remolque y tracción los buques que enarbolen el pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea (CCP 7214).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En LT: Solo podrán prestar servicios de practicaje y atraque y de remolque y tracción las personas jurídicas de Lituania o las personas jurídicas de un Estado miembro de la
 Unión Europea que posean sucursales en Lituania y dispongan de un certificado expedido por la Administración Lituana de Seguridad Marítima (CCP 7214, 7452).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En BE: Los servicios de carga y descarga únicamente podrán ser prestados por trabajadores acreditados y autorizados a trabajar en zonas portuarias designadas por real decreto (CCP 741).
 Medidas vigentes:
 BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;
 Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;
 Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);
 Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);
 Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge); Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); y
 Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.
 c)
 Servicios auxiliares del transporte por vías navegables interiores
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local, Trato de nación más favorecida:
 La UE: Servicios auxiliares del transporte por vías navegables interiores.
 d)
 Transporte por ferrocarril y servicios auxiliares del transporte por ferrocarril
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En la UE: Transporte de pasajeros por ferrocarril (CCP 7111).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Presencia local:
 En la UE: Transporte de mercancías por ferrocarril (CCP 7112).
 En LT: Los servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte por ferrocarril se mantendrán en régimen de monopolio estatal (CCP 86764, 86769, parte de 8868).
 En SE (con respecto únicamente al Acceso a los mercados): Los servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte por ferrocarril estarán supeditados a una prueba de necesidades económicas en el caso de que el inversor pretenda construir la infraestructura de sus propias terminales. Principal criterio: limitaciones de espacio y capacidad (CCP 86764, 86769, parte de 8868).
 Medidas vigentes:
 UE: Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único
 SE: Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2010:900).
 e)
 Transporte por carretera (transporte de pasajeros, transporte de carga, servicios de transporte internacional por camión) y servicios auxiliares del transporte por carretera
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: Para los servicios de transporte por carretera cubiertos por los títulos I [Transporte de mercancías por carretera] y II [Transporte de pasajeros por carretera] del epígrafe tercero [Transporte por carretera] de la segunda parte [Comercio, Transporte y Pesca] y el anexo ROAD-1 [Transporte de mercancías por carretera].
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración:
 La UE: Para los servicios de transporte por carretera cubiertos por los títulos I [Transporte de mercancías por carretera] y II [Transporte de pasajeros por carretera] del epígrafe tercero [Transporte por carretera] de la segunda parte [Comercio, Transporte y Pesca] y el anexo ROAD-1 [Transporte de mercancías por carretera]:
 restringir la prestación de servicios de cabotaje en un Estado miembro de la Unión Europea por parte inversores extranjeros establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea (CCP 712).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: Para los servicios de transporte por carretera no cubiertos por los títulos I [Transporte de mercancías por carretera] y II [Transporte de pasajeros por carretera] del epígrafe tercero [Transporte por carretera] de la segunda parte [Comercio, Transporte y Pesca] y el anexo ROAD-1 [Transporte de mercancías por carretera]:
 I)supeditar la prestación de servicios de transporte por carretera al requisito de establecimiento y limitar la prestación transfronteriza de tales servicios (CCP 712);
 II)restringir la prestación de servicios de cabotaje en un Estado miembro de la Unión Europea por parte inversores extranjeros establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea (CCP 712); y
 III)podrá ser necesaria una prueba de necesidades económicas en el caso de los servicios de taxi en la Unión Europea para establecer un límite en el número de proveedores de servicios. Principal criterio: demanda local con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable (CCP 71221).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En BE: La legislación puede establecer un número máximo de licencias (CCP 71221).
 En IT: Se efectuará una prueba de necesidades económicas a los servicios de grandes automóviles de lujo. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, la densidad de población, la distribución geográfica, los efectos sobre las condiciones del tráfico y la creación de nuevos puestos de trabajo.
 Se efectuará una prueba de necesidades económicas a los servicios de autobuses interurbanos. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, la densidad de población, la distribución geográfica, los efectos sobre las condiciones del tráfico y la creación de nuevos puestos de trabajo.
 Se efectuará una prueba de necesidades económicas a la prestación de servicios de transporte de carga. Principal criterio: demanda local (CCP 712).
 En BG y DE: Por lo que respecta al transporte de pasajeros y de carga, solo pueden concederse autorizaciones o derechos exclusivos a personas físicas de la Unión y a las personas jurídicas de la Unión que tengan su sede principal en ella. (CCP 712).
 En MT: En cuanto a servicios públicos de autobús: Toda la red estará sujeta a una concesión que comprenderá un acuerdo de obligación de servicio público para atender las necesidades de determinados colectivos sociales (como los estudiantes y las personas de edad avanzada) (CCP 712).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional,
 En FI: La prestación de servicios de transporte por carretera requerirá una autorización, que no se concederá a los vehículos de matrícula extranjera (CCP 712).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FR: La prestación de servicios de autobuses interurbanos (CCP 712).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En ES: La prestación de los servicios de transporte de pasajeros recogidos en el código 7122 de la CCP estará supeditada a una prueba de necesidades económicas. Principal criterio: demanda local. Se efectuará una prueba de necesidades económicas a los servicios de autobuses interurbanos. Principal criterio: la cantidad de establecimientos ya existentes y el efecto sobre ellos, la densidad de población, la distribución geográfica, los efectos sobre las condiciones del tráfico y la creación de nuevos puestos de trabajo.
 En SE: Los servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera estarán supeditados a una prueba de necesidades económicas en el caso de que el proveedor de servicios pretenda construir la infraestructura de sus propias terminales. Principal criterio: limitaciones de espacio y capacidad (CCP 6112, 6122, 86764, 86769, parte de 8867).
 En SK: Se efectuará una prueba de necesidades económicas a los servicios de transporte de carga. Principal criterio: demanda local (CCP 712).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En BG: Imponer el requisito de establecimiento para los servicios complementarios de transporte por carretera (CCP 744).
 Medidas vigentes:
 UE: Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo; Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera; y
 Reglamento (CE) n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006.
 FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (Ley de transporte comercial por carretera)
 693/2006; Laki liikenteen palveluista (Ley de servicios de transporte) 320/2017; y
 Ajoneuvolaki (Ley de vehículos) 1090/2002.
 IT: Decreto Legislativo n.o 285/1992 (Código vial y sus posteriores modificaciones), artículo 85;
 Decreto Legislativo n.o 395/2000 (transporte de pasajeros por carretera), artículo 8;
 Ley 21/1992 (Ley marco sobre el transporte público no regular de pasajeros por carretera);
 Ley 218/2003 (transporte de pasajeros en autobuses alquilados con conductor), artículo 1; y Ley 151/1981 (Ley marco sobre el transporte público local).
 SE: Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2010:900).
 f)
 Transporte por el espacio y alquiler de vehículos espaciales
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Requisitos de rendimiento, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: La prestación de servicios de transporte por el espacio y la prestación de servicios de alquiler de vehículos espaciales (CCP 733, parte de 734).
 g)
 Nación más favorecida
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Trato de nación más favorecida:
 -Transporte (cabotaje) distinto del transporte marítimo
 En FI: Concesión de trato diferenciado a un determinado país en virtud de acuerdos bilaterales existentes o futuros, que exima a las embarcaciones con pabellón de otro país extranjero determinado o a los vehículos de matrícula extranjera de la prohibición general de prestar servicios de transporte de cabotaje (incluido el transporte combinado por carretera y ferrocarril) en Finlandia, a condición de reciprocidad (parte de los CCP 711, 712 y 722).
 -Servicios complementarios relacionados con el transporte marítimo
 En BG: En la medida en que el Reino Unido permita a los proveedores de servicios de Bulgaria prestar servicios de carga y descarga y servicios de almacenamiento en puertos marítimos y fluviales, incluidos los servicios relativos a los contenedores y a las mercancías en contenedores, Bulgaria permitirá a los prestadores de servicios del Reino Unido prestar servicios de carga y descarga y servicios de almacenamiento en puertos marítimos y fluviales, incluidos los servicios relativos a los contenedores y a las mercancías en contenedores, en las mismas condiciones (parte de las CCP 741 y 742).
 -Servicios de arrendamiento o alquiler de embarcaciones
 En DE: El fletamento de buques extranjeros por parte de consumidores residentes en Alemania podrá estar supeditado a una condición de reciprocidad (CCP 7213, 7223 y 83103).
 - Transporte por carretera y por ferrocarril
 La UE: Otorgamiento de un trato diferenciado a un país en virtud de acuerdos bilaterales existentes o futuros en materia de transporte internacional por carretera de mercancías (incluido el transporte combinado por carretera o ferrocarril) y el transporte de pasajeros, celebrados entre la Unión o los Estados miembros y un tercer país (CCP 7111, 7112, 7121, 7122 y 7123). Dicho trato podrá:
 a) reservar o limitar la prestación de los servicios de transporte pertinentes entre las Partes contratantes o en el territorio de las Partes contratantes a los vehículos matriculados en cada Parte contratante
 121
 ; o
 b) permitir la concesión de exenciones fiscales a dichos vehículos.
 -Transporte por carretera
 En BG: Se podrán adoptar medidas en virtud de acuerdos existentes o futuros con el fin de reservar o limitar la prestación de estos tipos de servicios de transporte y determinar las condiciones aplicables a dicha prestación, entre ellas las autorizaciones de tránsito y los impuestos preferenciales de circulación, en el territorio de Bulgaria o a nivel transfronterizo (CCP 7121, 7122, 7123).
 En CZ: Se podrán adoptar medidas en virtud de acuerdos existentes o futuros con el fin de reservar o limitar a las Partes contratantes interesadas la prestación de servicios de transporte y de determinar las condiciones de explotación, entre ellas las autorizaciones de tránsito y los impuestos preferenciales de circulación aplicables a los servicios de transporte con origen, recorrido o destino dentro del territorio de la República Checa (CCP 7121, 7122 y 7123).
 En ES: Se podrá denegar la autorización de establecimiento de una presencia comercial en España a los proveedores de servicios cuyo país de origen no permita el acceso efectivo de los prestadores de servicios españoles a su mercado (CCP 7123).
 Medidas vigentes:
 Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.
 En HR: Se podrán adoptar medidas en virtud de acuerdos existentes o futuros en materia de transporte internacional por carretera con el fin de reservar o limitar a las partes interesadas la prestación de servicios de transporte y de determinar las condiciones de explotación, entre ellas las autorizaciones de tránsito y los impuestos preferenciales de circulación aplicables a los servicios de transporte con origen, recorrido o destino dentro del territorio de Croacia (CCP 7121, 7122, 7123).
 En LT: Medidas adoptadas en virtud de acuerdos bilaterales que establecen disposiciones sobre los servicios de transporte y especifican las condiciones de explotación, incluidos los permisos bilaterales de tránsito u otros permisos de transporte hacia el interior, a través y hacia el exterior de Lituania, para las Partes contratantes en cuestión, así como los impuestos de circulación y otros gravámenes (CCP 7121, 7122 y 7123).
 En SK: Se podrán adoptar medidas en virtud de acuerdos existentes o futuros con el fin de reservar o limitar a las Partes contratantes interesadas la prestación de servicios de transporte y de determinar las condiciones de explotación, entre ellas las autorizaciones de tránsito y los impuestos preferenciales de circulación aplicables a los servicios de transporte con origen, recorrido o destino dentro del territorio de Eslovaquia (CCP 7121, 7122 y 7123).
 - Transporte ferroviario
 En BG, CZ y SK: Con arreglo a acuerdos existentes o futuros que regulan los derechos de tráfico y las condiciones de explotación, así como la prestación de servicios de transporte en el territorio de Bulgaria, la República Checa y Eslovaquia y entre dichos países. (CCP 7111, 7112).
 -Transporte aéreo – Servicios auxiliares del transporte aéreo
 La UE: Otorgamiento de un trato diferenciado a un tercer país en virtud de acuerdos bilaterales existentes o futuros relacionados con los servicios de asistencia en tierra.
 -Transporte por carretera y por ferrocarril
 En EE: Cuando se conceda un trato diferenciado a un país en virtud de acuerdos bilaterales existentes o futuros en materia de transporte internacional por carretera (incluido el transporte combinado por carretera o ferrocarril), reserva o limitación de la prestación de servicios de transporte que entren o circulen, en Estonia, atraviesen dicho país o salgan de él con dirección a las Partes contratantes a los vehículos matriculados en cada Parte contratante, y que prevean una exención fiscal para dichos vehículos (parte de CCP 711, parte de 712, parte de 721).
 -Todos los servicios de transporte de pasajeros y de carga, salvo el transporte marítimo y aéreo
 En PL: En la medida en que el Reino Unido permita a los transportistas polacos de pasajeros y mercancías la prestación de servicios de transporte con destino y recorrido dentro de su territorio, Polonia permitirá a los transportistas del Reino Unido de pasajeros y mercancías prestar servicios de transporte con destino y recorrido dentro de su territorio en las mismas condiciones.
 Reserva n.o 21 – Agricultura, pesca y agua
 Sector:
 Agricultura, caza y silvicultura; pesca, acuicultura, servicios relacionados con la pesca; captación, depuración y distribución de agua
 Clasificación sectorial:
 CIIU Rev. 3.1 011, CIIU Rev. 3.1 012, CIIU Rev. 3.1 013, CIIU Rev. 3.1 014, CIIU Rev. 3.1 015, CCP 8811, 8812, 8813, salvo los servicios de asesoramiento y consultoría; CIIU Rev. 3.1 0501, 0502, CCP 882
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Trato de nación más favorecida
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Agricultura, caza y silvicultura
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En HR: Actividades agrícolas y de caza.
 En HU: Actividades agrícolas (CIIU Rev.3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CCP 8811, 8812, 8813, salvo los servicios de asesoramiento y consultoría).
 Medidas vigentes:
 HR: Ley de Tierras Agrícolas (Boletines Oficiales n.o 20/18, 115/18, 98/19)
 b)
 Pesca, acuicultura y servicios relacionados con la pesca (CIIU Rev. 3.1 0501, 0502, CCP 882)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida, Presencia local:
 La UE:
 1.
 En particular en el ámbito de la política pesquera común y de acuerdos pesqueros con terceros países, el acceso a los recursos biológicos y a los caladeros situados en aguas marítimas sujetas a la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros, así como las autorizaciones para pescar en virtud de una licencia de pesca de un Estado miembro, incluidos:
 a)
 la regulación del desembarque de las capturas por los buques que enarbolen pabellón del Reino Unido o de un tercer país con respecto a las cuotas que se les hayan asignado o, únicamente con respecto a los buques que enarbolen pabellón de un Estado miembro, la exigencia de que una parte del total de capturas se desembarque en puertos de la Unión;
 b)
 la determinación del tamaño mínimo que ha de tener una empresa para conservar buques de pesca artesanal y de bajura;
 c)
 la concesión de un trato diferenciado en virtud de acuerdos bilaterales existentes o futuros en materia de pesca; y
 d)
 la exigencia de que la tripulación de un buque que enarbole pabellón de un Estado miembro esté compuesta por nacionales de los Estados miembros.
 2.
 La autorización de un buque pesquero para enarbolar el pabellón de un Estado miembro solo si:
 a) es propiedad al cien por cien de:
 i) las sociedades constituidas en la Unión; o
 ii) nacionales de los Estados miembros;
 b) sus operaciones cotidianas se dirigen y controlan desde el interior de la Unión; y
 c) cualquier fletador, gestor naval u operador del buque sea una sociedad constituida en la Unión o un nacional de un Estado miembro.
 3.
 Únicamente podrán obtener una licencia de pesca comercial que otorgue el derecho a pescar en aguas territoriales de un Estado miembro los buques que enarbolen pabellón de un Estado miembro
 4.
 El establecimiento de instalaciones de acuicultura interior o marina.
 5.
 El apartado 1, letras a), b), c) (trato distinto del trato de nación más favorecida) y d); el apartado 2, letra a), inciso i), y letras b) y c), y el apartado 3 solo se aplicarán a las medidas aplicables a los buques o a las empresas, independientemente de la nacionalidad de sus titulares reales.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En FR: Los nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea no podrán desarrollar actividades de cría de peces, mariscos o algas en aguas territoriales francesas.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Trato de nación más favorecida y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Únicamente podrán capturar recursos biológicos marinos y fluviales en las aguas marítimas interiores y en el mar territorial de Bulgaria las embarcaciones que enarbolen pabellón búlgaro. Los buques extranjeros no podrán desarrollar actividades de pesca comercial en la zona económica exclusiva, salvo en virtud de un acuerdo entre Bulgaria y el Estado de abanderamiento. Los buques de pesca extranjeros no podrán mantener sus artes de pesca en funcionamiento cuando atraviesen la zona económica exclusiva.
 c)
 Captación, depuración y distribución de agua
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios - Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: Con respecto a diversas actividades, entre ellas la prestación de servicios relacionados con la captación, la depuración y la distribución de agua para uso doméstico, industrial, comercial o de otra índole, incluidos el suministro de agua potable y la gestión del agua.
 Reserva n.o 22 – Actividades relacionadas con la energía
 Sector:
 Producción de energía y servicios conexos
 Clasificación sectorial:
 CIIU Rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte de 4030, CCP 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte de 88, 887.
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios de energía – general [CIIU Rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte de 403, 41; CCP 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (salvo los servicios de asesoramiento y consultoría)]
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de rendimiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 La UE: En el supuesto de que un Estado miembro permita la propiedad extranjera de una red de transporte de gas o electricidad o de una red de transporte de petróleo y gas por tuberías, con respecto a las empresas del Reino Unido controladas por personas físicas o jurídicas de un tercer país que represente más del 5 % de las importaciones de petróleo, gas natural o electricidad de la Unión, con vistas a garantizar la seguridad del abastecimiento energético de la Unión en general o de un Estado miembro en particular. La presente reserva no se aplicará a los servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con la distribución de energía.
 Tampoco se aplicará esta reserva a HR, HU y LT (en el caso de LT, solo la CCP 7131) en lo concerniente al transporte de combustibles por tuberías, ni a LV en lo concerniente a los servicios relacionados con la distribución de energía, ni a SI en lo concerniente a los servicios relacionados con la distribución de gas (CIIU Rev. 3.1 401, 402, CCP 7131, 887, salvo los servicios de asesoramiento y consultoría).
 En CY: Con respecto a la fabricación de productos de la refinación del petróleo, en la medida en que el inversor esté controlado por una persona física o jurídica de un tercer país que represente más del 5 % de las importaciones de petróleo o gas natural de la Unión así como con respecto a la fabricación de gas, la distribución por cuenta propia de combustibles gaseosos por tuberías, la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, el transporte de combustibles por tuberías, los servicios relacionados con la distribución de electricidad y gas natural salvo los servicios de asesoramiento y consultoría, los servicios comerciales al por mayor de electricidad y los servicios comerciales al por menor de carburante, electricidad y gas no embotellado. Requisitos de nacionalidad y residencia para los servicios relacionados con la energía. (CIIU Rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPP 613, 62271, 63297, 7131 y 887, salvo los servicios de asesoramiento y consultoría)
 En FI: Las redes de transmisión y distribución y los sistemas de energía, vapor y agua caliente.
 En FI: Las restricciones cuantitativas en forma de monopolios o derechos exclusivos en cuanto a la importación de gas natural y a la producción y distribución de vapor y agua caliente. En la actualidad, existen monopolios naturales y derechos exclusivos (CIIU Rev. 3.1 40, CCP 7131, 887, salvo los servicios de asesoramiento y consultoría).
 En FR: Los sistemas de transmisión de electricidad y gas y el transporte de petróleo y gas por tuberías (CCP 7131).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En BE: Los servicios de distribución de energía y servicios relacionados con la distribución de energía (CCP 887 salvo los servicios de consultoría).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional, Presencia local:
 En BE: En cuanto a los servicios de transmisión, respecto a los tipos de entidades jurídicas y al tratamiento de los operadores públicos o privados a los que BE ha concedido derechos exclusivos. Se requiere el establecimiento dentro de la Unión (CIIU Rev. 3.1 4010, CCP 71310).
 En BG: En cuanto a los servicios relacionados con la distribución de energía (parte de CCP 88).
 En PT: Con respecto a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica; la fabricación de gas; el transporte de combustibles por tuberías; los servicios comerciales al por mayor de electricidad; los servicios comerciales al por menor de electricidad y gas no embotellado; y los servicios relacionados con la distribución de electricidad y gas natural. Las concesiones en los sectores del gas y la electricidad se otorgarán únicamente a sociedades de responsabilidad limitada que tengan su administración central y sede de dirección efectiva en PT (CIIU Rev. 3.1 232, 4010, 4020, CCP 7131, 7422, 887, salvo los servicios de asesoramiento y consultoría).
 En SK: Se necesitará autorización para prestar servicios de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, servicios de fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos, servicios de producción y distribución de vapor y agua caliente, servicios de transporte de combustibles por tuberías, servicios comerciales al por mayor y al por menor de electricidad, vapor y agua caliente, y servicios relacionados con la distribución de energía, incluidos los servicios en las áreas de la eficiencia energética, el ahorro de energía y las auditorías energéticas. Se efectuará una prueba de necesidades económicas y la solicitud de autorización solo podrá denegarse en caso de saturación del mercado. Solo podrán obtener autorización para ejercer estas actividades las personas físicas con residencia permanente en el EEE y las personas jurídicas del EEE.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BE: A excepción de las empresas dedicadas a la extracción de minerales metálicos y a la explotación de otras minas y canteras, se podrá prohibir que las empresas controladas por personas físicas o jurídicas de un tercer país que represente más del 5 % de las importaciones de petróleo, gas natural o electricidad de la Unión Europea adquieran el control de la actividad. Se requiere la incorporación (no sucursales) (CIIU Rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte de 4010, parte de 4020, parte de 4030).
 Medidas vigentes:
 UE: Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE; y
 Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE.
 BG: Ley de Energía.
 CY: El Reglamento de Leyes del Mercado de la Electricidad de 2003, Ley 122(I)/2003, en su versión modificada;
 el Reglamento de Leyes del Mercado del Gas de 2004, Ley 183(I)/2004, en su versión modificada;
 Ley del Petróleo (Oleoductos), capítulo 273;
 Ley del Petróleo, capítulo 272, en su versión modificada; y
 Leyes de 2003 de Especificaciones sobre el Petróleo y los Combustibles, Ley 148(I)/2003, en su versión modificada.
 FI: Maakaasumarkkinalaki (Ley del Mercado del Gas Natural) (508/2000); y Sähkömarkkinalaki (Ley del Mercado de la Electricidad) (386/1995). Maakaasumarkkinalaki (Ley del Mercado del Gas Natural) (587/2017)
 FR: Code de l’énergie.
 PT: Gas natural: Decreto-ley 230/2012 y Decreto-ley 231/2012, de 26 de octubre; Electricidad: Decreto-ley 215-A/2012 y Decreto-ley 215-B/2012, de 8 de octubre; y Petróleo crudo o productos petrolíferos: Decreto-ley 31/2006, de 15 de febrero.
 SK: Ley 51/1988, de Minería, Explosivos y Administración Estatal de Minas;
 Ley 569/2007 de Actividades Geológicas;
 Ley 251/2012 de Energía; y Ley 657/2004 de Energía Térmica.
 b)
 Electricidad [CIIU Rev. 3.1 40, 401; CCP 62271, 887 (salvo los servicios de asesoramiento y consultoría)]
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de funcionamiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FI: La importación de energía eléctrica. Con respecto al comercio transfronterizo, la venta de electricidad al por mayor y al por menor.
 En FR: Únicamente las sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente al Estado francés, a otra entidad del sector público o a Électricité de France (EDF) podrán poseer y gestionar redes de transporte o distribución de electricidad.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BG: Para la generación de electricidad y la producción de calor.
 En PT: Las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica se llevarán a cabo a través de concesiones exclusivas de servicio público.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BE: La concesión de una autorización individual para la generación de 25 MW o más de energía eléctrica estará supeditada al requisito de establecimiento en la Unión, o en otro Estado que disponga de un régimen similar al establecido en la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y con cuya economía la sociedad interesada mantenga un vínculo efectivo y continuo.
 La generación de energía eléctrica en aguas territoriales de BE estará sujeta a concesión y a la obligación de crear una empresa en participación con una persona jurídica de la Unión o de un país que disponga de un régimen similar al previsto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, en particular por lo que respecta a las condiciones relativas a los procesos de autorización y selección.
 Asimismo, la persona jurídica interesada debería tener su administración central o su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea, o en un país que cumpla los requisitos mencionados y con cuya economía mantenga un vínculo efectivo y continuo.
 La construcción de líneas eléctricas que conecten las instalaciones de generación en alta mar con la red de transporte Elia requerirá autorización, y la sociedad interesada deberá cumplir las condiciones anteriormente expuestas, salvo la obligación de crear una empresa en participación.
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Trato nacional:
 En BE: Se necesitará autorización para poder suministrar electricidad a través de un intermediario que tenga clientes establecidos en BE que estén conectados a la red nacional o a una línea directa cuya tensión nominal sea superior a 70 000 voltios. Solo podrán obtener dicha autorización las personas físicas o jurídicas del EEE.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados:
 En FR: Para la generación de energía eléctrica.
 Medidas vigentes:
 BE: Arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;
 Arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; y Arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge;
 Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci;
 Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.
 FI: Maakaasumarkkinalaki (Ley del Mercado del Gas Natural) (508/2000); y Sähkömarkkinalaki (Ley del Mercado de la Electricidad) 588/2013; Maakaasumarkkinalaki (Ley del Mercado del Gas Natural) (587/2017)
 FR: Code de l’énergie.
 PT: Decreto-ley 215-A/2012; y
 Electricidad: Decreto-ley 215-B/2012, de 8 de octubre.
 c)
 Combustibles, gas, petróleo crudo o productos petrolíferos [CIIU Rev. 3.1 232, 40, 402; CCP 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte de 88, 887 (salvo los servicios de asesoramiento y consultoría)]
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de funcionamiento y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FI: Para prevenir el control o la propiedad de terminales de gas natural licuado (GNL) (incluidas las instalaciones destinadas al almacenamiento o la regasificación del GNL) por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras por razones de seguridad energética.
 En FR: Únicamente las sociedades cuyo capital pertenezca íntegramente al Estado francés, a otra entidad del sector público o a ENGIE podrán poseer y gestionar redes de transporte o distribución de gas por razones de seguridad energética nacional.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BE: En cuanto a los servicios de almacenamiento de gas, respecto a los tipos de entidades jurídicas y al trato de los operadores públicos o privados a los que Bélgica haya concedido derechos exclusivos. Se impondrá el requisito de establecimiento dentro de la Unión para los servicios de almacenamiento de gas (parte de CCP 742).
 En BG: Para el transporte por tuberías y almacenamiento de petróleo y gas natural, incluida la transmisión transitoria (CCP 71310, parte de CCP 742).
 En PT: Para la prestación transfronteriza de servicios de almacenamiento de combustibles transportados por tuberías (gas natural). Asimismo, las concesiones relativas al transporte, la distribución y el almacenamiento subterráneo de gas natural, así como a las terminales de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL, se otorgarán mediante concesión de contratos adjudicados en licitaciones públicas (CCP 7131, CCP 7422).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En BE: El transporte de gas natural y otros combustibles por tuberías está supeditado a un requisito de autorización. El transporte de gas natural y otros combustibles por tuberías requerirá una autorización, que solo podrá concederse a personas físicas o jurídicas establecidas en un Estado miembro [de conformidad con el artículo 3 del Arrêté royal (Real Decreto) de 14 de mayo de 2002].
 Las personas jurídicas que deseen solicitar la autorización deberán:
 a)estar constituidas con arreglo a la legislación belga, la legislación de otro Estado miembro o la legislación de un tercer país que se haya comprometido a respetar un marco reglamentario similar a las disposiciones comunes establecidas por la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural; y
 b)tener su sede administrativa, su establecimiento principal o su administración central en un Estado miembro, o en un tercer país que se haya comprometido a respetar un marco reglamentario similar a las disposiciones comunes establecidas por la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, siempre que la actividad de dicho establecimiento o administración represente un vínculo efectivo y continuo con la economía del país interesado (CCP 7131).
 En BE: Por regla general, el suministro de gas natural a clientes establecidos en Bélgica (tanto empresas de distribución como consumidores cuyo consumo total combinado de gas procedente de todos los puntos de suministro alcance un nivel mínimo de un millón de centímetros cúbicos al año) requerirá una autorización individual otorgada por el ministro competente, salvo en el caso de que el proveedor sea una empresa de distribución que utilice su propia red de distribución. Solo podrán obtener dicha autorización las personas físicas o jurídicas de la Unión Europea.
 En CY: En cuanto a la prestación transfronteriza de servicios de almacenamiento de combustibles transportados por tuberías y de servicios de venta al por menor de fueloil y gas embotellado, salvo la venta por correspondencia (CCP 613, CCP 62271, CCP 63297, CCP 7131, CCP 742).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En HU: La prestación de servicios de transporte por tuberías estará supeditada al requisito de establecimiento. Los servicios podrán prestarse a través de un contrato de concesión adjudicado por el Estado o la entidad local competente. La prestación de estos servicios se regirá por lo dispuesto en la Ley de Concesiones húngara (CCP 7131).
 Con respecto al Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados:
 En LT: Para los servicios de transporte por tuberías de combustibles y servicios auxiliares del transporte por tuberías de mercancías que no sean combustible.
 Medidas vigentes:
 BE: Arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; y
 Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (artículo 8.2).
 BG: Ley de Energía.
 CY: El Reglamento de Leyes del Mercado de la Electricidad de 2003, Ley 122(I)/2003, en su versión modificada;
 el Reglamento de Leyes del Mercado del Gas de 2004, Ley 183(I)/2004, en su versión modificada;
 Ley del Petróleo (Oleoductos), capítulo 273;
 Ley del Petróleo, capítulo 272, en su versión modificada; y
 Leyes de 2003 de Especificaciones sobre el Petróleo y los Combustibles, Ley 148(I)/2003, en su versión modificada.
 FI: Maakaasumarkkinalaki (Ley del Mercado del Gas Natural) (508/2000); Maakaasumarkkinalaki (Ley del Mercado del Gas Natural) (587/2017).
 FR: Code de l’énergie.
 HU: Ley XVI de 1991, de Concesiones.
 LT: Ley de Gas Natural de la República de Lituania, de 10 de octubre de 2000, n.o VIII-1973.
 PT: Gas natural: Decreto-ley 230/2012 y Decreto-ley 231/2012, de 26 de octubre; Electricidad: Decreto-ley 215-A/2012 y Decreto-ley 215-B/2012, de 8 de octubre; y Petróleo crudo o productos petrolíferos: Decreto-ley 31/2006, de 15 de febrero.
 d)
 Nuclear (CIIU Rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte de 4010, CCP 887)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En DE: Con respecto a la producción, el tratamiento o el transporte de materiales nucleares, así como con respecto a la generación o distribución de energía eléctrica de origen nuclear.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En AT y FI: Con respecto a la producción, el tratamiento, la distribución o el transporte de materiales nucleares, así como con respecto a la generación o distribución de energía eléctrica de origen nuclear.
 En BE: Con respecto a la producción, el tratamiento o el transporte de materiales nucleares, así como con respecto a la generación o distribución de energía eléctrica de origen nuclear.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración, Requisitos de funcionamiento:
 En HU y SE: Con respecto al tratamiento de combustibles nucleares y la generación de energía eléctrica de origen nuclear.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración:
 En BG: En cuanto al tratamiento de materiales fisionables y fusionables o de los materiales de los cuales se derivan, así como al comercio con ellos, al mantenimiento y a la reparación del equipo y de los sistemas en las instalaciones nucleares de producción energética, al transporte de dichos materiales y a los residuos y desechos de su tratamiento, al uso de la radiación ionizante, y en todos los demás servicios relativos al uso de la energía nuclear con fines pacíficos (incluidos los servicios de ingeniería y asesoramiento y los servicios relativos a programas informáticos, etc.).
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FR: Dichas actividades deben respetar las obligaciones del Acuerdo Euratom.
 Medidas vigentes:
 AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (Ley constitucional sobre una Austria desnuclearizada), BGBl. I n.o 149/1999.
 BG: Ley de Utilización Segura de la Energía Nuclear.
 FI: Ydinenergialaki (Ley de Energía Nuclear) (990/1987).
 HU: Ley CXVI de 1996 de Energía Nuclear; y
 Decreto del Gobierno n.o 72/2000 de Energía Nuclear.
 SE: Código de Medio Ambiente (1998:808); y la Ley de Actividades de Tecnología Nuclear (1984:3).
 Reserva n.o 23 – Otros servicios no incluidos en otra parte
 Sector:
 Otros servicios no incluidos en otra parte
 Clasificación sectorial:
 CCP 9703, parte de CCP 612, parte de CCP 621, parte de CCP 625, parte de 85990
 Tipo de reserva:
 Acceso a los mercados
 Trato nacional
 Altos directivos y consejos de administración
 Requisitos de funcionamiento
 Presencia local
 Capítulo:
 Liberalización de las inversiones y Comercio transfronterizo de servicios
 Descripción:
 La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:
 a)
 Servicios funerarios, de incineración y de sepultura (CCP 9703)
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional:
 En FI: Los servicios de incineración y de explotación y mantenimiento de cementerios únicamente podrán ser prestados por el Estado, los ayuntamientos, las parroquias, las comunidades religiosas y las fundaciones o sociedades sin ánimo de lucro.
 Con respecto a la Liberalización de las inversiones – Acceso a los mercados, Trato nacional, Altos directivos y consejos de administración y Comercio transfronterizo de servicios – Acceso a los mercados, Trato nacional, Presencia local:
 En DE: Las actividades de explotación de cementerios se reservarán a las personas jurídicas de Derecho público. La creación y explotación de cementerios y los servicios relacionados con pompas fúnebres.
 En PT: La prestación de servicios funerarios y de sepultura requerirá presencia comercial. Se requiere tener nacionalidad de un Estado del EEE para ser directivo técnico de entidades proveedoras de servicios funerarios y de sepultura.
 En SE: Iglesia de Suecia o autoridad local con el monopolio de los servicios funerarios y crematorios.
 En CY, SI:
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