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 SENTENCIA T-161 DE FEBRERO 25 DE 2004
 SENTENCIA T-161 DE 25 DE FEBRERO DE 2004
 CONTENIDO:IRRENUNCIABILIDAD AL DERECHO ALIMENTARIO DE UN MENOR. SE INCURRE EN VÍA DE HECHO CUANDO SE PERMITE QUE SE INCUMPLA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA BAJO CUALQUIER CONDICIÓN.
 TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE ALIMENTOS, VÍA DE HECHO, RENUNCIA AL DERECHO DE ALIMENTOS
 Sentencia T-161 de febrero 25 de 2004
 Sent. T-161, feb. 25/2004. Exp. T-802.310
 Acción de tutela instaurada por María Clemencia Moreno Martínez, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa.
 Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala Civil del honorable Tribunal Superior de Tunja, para resolver el amparo constitucional demandado por la señora María Clemencia Moreno Martínez, por intermedio de apoderado, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa.
 La señora María Clemencia Moreno Martínez, a nombre propio y como representante legal de Johan Sebastián Morales Moreno, interpone acción de tutela en contra del juez Promiscuo de Familia de Garagoa, porque el funcionario declaró probada la excepción de cobro de lo no debido, levantó las medidas cautelares que garantizaban el pago de las mesadas atrasadas y ordenó la devolución de los dineros retenidos, dentro del proceso ejecutivo de alimentos, instaurado por la actora contra el progenitor del menor.
 Agrega el apoderado de la actora que la decisión del juez accionado se fundó en que su poderdante renunció al cobro de la cuota alimentaria, aduciendo que atendería a la subsistencia del menor sin ayuda del padre de este, y sostiene que el fallador estaba en el deber de considerar que los alimentos son irrenunciables y que la defensora de familia no podría aprobar tal renuncia.
 a) La señora María Clemencia Moreno Martínez, por intermedio de apoderado, en calidad de representante legal de Johan Sebastián Morales Moreno, instauró demanda ejecutiva de alimentos en contra del señor William Morales Perilla, padre del menor.
 Adujo el apoderado de la actora que el señor Morales Perilla “ha incumplido con sus obligaciones alimentarias para con el menor Johan Sebastián Morales Moreno y solo desde su nacimiento ha aportado en tres o cuatro oportunidades para el sostenimiento del menor en cada oportunidad con la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000)”, agregó que el padre del nombrado “nunca ha aportado ni en especie ni en dinero cosa alguna desde el nacimiento del menor”, y expuso que Johan Sebastián siempre ha estado bajo el cuidado de su madre.
 En consecuencia solicitó al juez de la causa i) librar mandamiento de pago en contra del obligado por “la suma de dos millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 2.350.000) mcte., a razón de cincuenta mil pesos ($ 50.000) mensuales, correspondiente a los meses de febrero de 1999 hasta la fecha de la presentación de la demanda (47 meses)”; y iii)(sic) decretar el embargo del 50% del salario que devenga el demandado como trabajador al servicio del municipio de Garagoa.
 Como fundamento de la pretensión el ejecutante anexó a la demanda el acta de conciliación suscrita el 9 de febrero de 1999, ante el defensor de familia del lugar, por los señores William Morales Perilla y María Clemencia Moreno Martínez, que da cuenta i) de que el nombrado ofreció aportar la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) mensuales para el mantenimiento del menor Johan Sebastián, ii) que la madre aceptó dicha suma, la que el obligado consignaría en una cuenta de ahorros a sus órdenes, y iii) que el padre visitaría y departiría con el menor, sin oposición de la progenitora.
 b) El Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa: i) ordenó al demandado cumplir con sus obligaciones alimentarias y para el efecto libró mandamiento de pago en su contra, en los términos solicitados en la demanda, el 10 de diciembre de 2002, ii) decretó el embargo preventivo del 30% del salario y de las prestaciones sociales devengadas por el demandado, y iii) ofició al empleador para que procediera de conformidad.
 c) El ejecutado, una vez notificado del mandamiento de pago, i) propuso las excepciones de cobro de lo no debido, de pago y de pago parcial de la obligación, ii) solicitó el levantamiento de los medidas cautelares, y iii) en subsidio de esta última pretensión solicitó que se redujera el monto del embargo, por cuanto “se me está descontando la suma de algo más de $ 180.000 de tal suerte que si esa cantidad se resta del salario líquido que me queda, solo me sobra $ 313.889, con lo cual debo responder por los gastos del hogar conformado por mi esposa e hijos, cantidad que no alcanza para esos fines, dado que mi esposa no tiene trabajo, se dedica a las labores del hogar y mis hijos se encuentran estudiando y actualmente no producen dinero alguno para ayuda del hogar”.
 Con el objeto de que se tramitaran las excepciones propuestas, el señor Morales Perilla solicitó al juez del conocimiento “que inaplique, por ser contrario a la Constitución Política de Colombia, el artículo 152 del Código del Menor, en cuanto dispone no admitir otra excepción que la de pago en el proceso ejecutivo por alimentos (...)”.
 — Reconoce el obligado haber acordado con la madre de Johan Sebastián el pago de una cuota alimentaria de $ 50.000 mensuales, pero pone de presente que “con posterioridad el suscrito debió acudir a la misma defensoría de familia para que se reglamentaran debidamente las visitas a mi hijo, para lo cual se suscribió el Acta 60 del 02 de agosto de 1999, sin embargo, en vista de que la ahora demandante ha manipulado los sentimientos afectivos del niño hacia el suscrito como su padre y como consecuencia de ello el niño lloraba cuando iba a visitarlo y no quería estar conmigo, cité nuevamente a la demandante a la defensoría de familia y allí en acta de conciliación 65 del 13 de septiembre de 1999, la ahora ejecutante en forma expresa renunció a recibir de mi parte alimentos para el menor”.
 — Aduce haber cumplido con la obligación de consignar la suma acordada “durante los meses en que estuvo vigente la conciliación de fecha 9 de febrero de 1999, es decir de marzo a agosto de dicho año, ya que en el mes de julio consigné lo de dos meses. Además el suscrito tiene afiliado al menor al sistema nacional de salud en Saludcoop EPS y le he suministrado ropa y los útiles escolares durante los años 2001 y 2002, como lo demuestro con las consignaciones expedidas por los propietarios del almacén “Medellín y su Moda “y “Papelería Cateryn” de este municipio que adjunto a este escrito”.
 — Afirma “que si algo debo será únicamente la diferencia de lo que consigné, entre la fecha en que se suscribió la conciliación obligándome a suministrar la cuota alimentaria, hasta la fecha en que mi demandante renunció también en la audiencia de conciliación a que le siguiera suministrando tales alimentos”.
 Y, para fundamentar las excepciones propuestas acompañó a la contestación de la demanda i) fotocopias auténticas de las actas 60 y 65, suscritas ante el defensor de familia de Garagoa, el 2 de agosto y el 13 de septiembre de 1999, por él y por la actora, y aceptadas por la defensora; ii) cuatro comprobantes de consignación, tres por $ 50.000 y uno por $ 100.000, de la cuenta 336-126610 del Banco de Bogotá, a nombre de Clemencia Moreno; y iii) sendas constancias expedidas por María Helena Leguizamón y Jorge Héctor Salgado, propietarios del almacén Medellín y su Moda y de la Papelería Cateryn, sobre la compra, por parte del señor Morales Moreno, de ropa y artículos escolares con destino al menor Johan Sebastián, durante los años de 2001 y 2002.
 De los documentos relacionados vale destacar i) el Acta de conciliación 60, suscrita el 2 de agosto de 1999 por los señores William Morales Perilla y María Clemencia Moreno Martínez, de la que se desprende que el padre visitaría a Johan Sebastián el segundo y el cuarto sábado de cada mes, y que para ello retiraría al menor de su domicilio a las 2 p.m., y lo reintegraría a las 6 p.m. del día siguiente; y el acta de conciliación 65, suscrita el 13 de septiembre del mismo año, entre las mismas partes, que da cuenta de que estas acordaron i) “dejar sin efecto el acta de conciliación 60 del 2 de agosto de 1999 (...), y ii) “que la señora María Clemencia Moreno Martínez, asume a partir de la fecha en su totalidad la manutención del menor, el cual convive bajo su mismo techo”.
 El acta 65, refiere que las partes convinieron lo relativo a manutención del menor, en razón de que este rehusaba salir con el padre, y el señor Morales Perilla condicionaba el cumplimiento de su obligación alimentaria. El asunto fue planteado así:
 “Cuando voy a visitar al niño noto que él no quiere salir conmigo, el llora y piensa que la mamá influye en él por lo que deseo renunciar y dejar sin efecto el acta de conciliación 60 del 2 de agosto de 1999, suscrita en este despacho. Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la señora quien manifiesta: Yo también deseo dejar sin efecto el acta de conciliación anotada porque el niño llora cuando el papá va por él y el señor William Morales Perilla me ha dicho verbalmente que él no le dará alimentos al niño si no lo puede ver, ni tampoco deseo que él dé nada para alimentos, y también deseo que no me moleste, no es cierto que yo influya en el niño”(sic).
 d) El juzgado accionado interrogó a los padres de Johan Sebastián sobre los hechos de la demanda y su contestación.
 El señor William Morales i) se refirió a la renuncia de que da cuenta el acta 65 suscrita ante la defensora de familia de Garagoa, a la que se ha hecho mención, y reconoció haber continuado, aunque parcialmente, con la atención alimentaria a la que se comprometió, hasta que fue sorprendido por su esposa, entrevistándose con la actora, ii) sostuvo que por esto “vinieron los problemas”, y iii) afirmó que sus relaciones con el menor “han sido buenas”. Contestó el demandado:
 (...) ahí conciliamos en el sentido que ella renunciaba a la consignación para gastos del menor y que yo dejaba de ira a la casa de ella a la visita del niño para ella así evitarse problemas con el señor que convivía. Luego nos encontrábamos clandestinamente y yo le aportaba a ella ayuda para el menor y le enviaba con terceros como Don Ignacio Fula, Jaime Sánchez, Calor(sic) Modera plata para la matrícula del niño y a él le daba personalmente dinero. Los años pasado y antepasado le di lo necesario para el estudio y ropa también le di; este año si no le di nada como consecuencia de todos estos problemas, y todo se generó porque mi esposa nos sorprendió y por eso vinieron los problemas y por eso María Clemencia me demandó. Como en audiencia de conciliación, como ya dije ante la defensoría, mi demandante renunció a la cuota que habiamos acordado, pues yo creo que no hay lugar a cobro de dineros, y si cree tener derecho, pues que me demande ahora por alimentos, pues considero que con esta demanda está cobrando algo que no le debo.
 (...) le dejé de dar aproximadamente en el mes de septiembre del año pasado, por los problemas que hubo con mi esposa.
 (...) Pues las relaciones con él han sido buenas, a veces me acuerdo (sic) con el niño en el parque o en la calle y me comentaba que la mamá lo regaña si se encuentra conmigo y lo amenazan que le pegan si lo ven conmigo entre ella y el señor con quien vive, el niño me saluda bien, yo nunca le infundo que se porte mal con la mamá, por el contrario, le digo que se porte bien, que no le responda mal a la mamá y que sea juicioso, yo con el niño estoy muy bien, pero cuando está con la mamá no me vuelve ni a mirar; en este año cuando me he encontrado con el niño le doy para las onces, unas veces cinco mil, otras dos mil pesos y así” (sic).
 La señora María Clemencia Moreno, por su parte, reconoció haber recibido algunas sumas de parte del señor Morales Perilla, e indicó las razones que la condujeron a manifestar, ante la defensora de familia del lugar que asumiría la manutención del menor, sin el concurso del primeramente nombrado, así:
 “El no ha ayudado, desde hace unos dos años no le ha dado sino unas dos muditas de ropa, no le ha dado nada más y mandó $ 50.000 con don Ignacio Fula, hará como unos dos años le dio cuadernos para preescolar, para el aprto (sic) me ayudó unos cien mil pesos, él se los pasó a una hermana mía Maribel Moreno, los cuadernos fueron una sola vez y le dio al niño unas dos muditas de ropa.
 (...) con don Carlos Modera sí, una vez me mandó como $ 30.000, eso fue como el año pasado, al niño sí le da a veces mil pesos o hasta cinco mil pesos, eso para los onces del día (...).
 (...) “que lo que yo quiero es cuota para la ayuda de mi hijo y que me dejen la vida tranquila, por eso le comenté a mi abogado y solicito ayuda ya que el niño está sin ropa ni nada”.
 (...) Pues la verdad yo estaba chantajeada, me llamaba la esposa de William y me trataba de lo peor y el día de la conciliación el mismo William me trató muy mal delante de la Dra. Martha Niño, defensora de familia, yo para ellos he sido la perra y la puta peor”.(sic)
 e) El 13 de febrero y el 19 de marzo de 2003, el secretario del juzgado de familia de Garagoa recibió del Banco Agrario los títulos judiciales 41534-2203 y 41534-2290 por la suma de $ 180.783 cada uno, y el 26 de marzo siguiente la juez ordenó pagarlos a la actora.
 No obstante los títulos no se entregaron a la beneficiaria como fue ordenado, porque, tal como se lo hizo saber el apoderado de la actora al juzgado del conocimiento, en el escrito contentivo de los alegatos de conclusión, “para sorpresa de la demandante al acercarse al despacho a retirar los respectivos títulos ya ordenada su entrega por el juzgado, mediante auto debidamente ejecutoriado, se le manifiesta a la señora Clemencia Moreno, que solamente se le había autorizado entregar cien mil pesos ($ 100.000), razón que no entiende la parte demandante y solicita al juzgado le dé cumplimiento a los autos que el juzgado mismo ha ordenado (sic) (...)”.
 f) Mediante providencia del 22 de julio del 2003, el juzgado accionado i) declaró probada la excepción de cobro de lo no debido, ii) dispuso la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares, y iii) ordenó cancelar a órdenes del ejecutado los títulos judiciales obrantes en el expediente.
 Expuso el juzgado que la defensoría de familia del centro zonal —ICBF— de Garagoa quebrantó el ordenamiento al aprobar el acta de conciliación 65, por cuanto quien representa a un menor no puede renunciar a los alimentos a que este tiene derecho, pero así mismo denuncia haber sido “asaltado en su buena fe”, porque la ejecutante le presentó el acta en la que se acordó la cuota alimentaria “con ocultamiento de las actas posteriores”.
 Destaca que el ejecutado, confiado en la aprobación de la conciliación que lo liberaba de su obligación alimentaria, “creyó de buena fe, en que podía dejar de seguir consignado a nombre de la demandante el valor que esta se rehusó seguir recibiendo”; y agrega que, “seguramente movido por su instinto paternal efectuó a favor de su menor hijo algunas consignaciones dinerarias, le compró ropa y canceló el valor de útiles escolares”.
 Se detiene en la previsión del artículo 107 del Código del Menor, a cuyo tenor literal la demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos no admitirá otra excepción que la de pago, para sostener que esta disposición viola el derecho de defensa y que en consecuencia corresponde inaplicarla y considerar todas las excepciones propuestas por el obligado.
 Con el propósito de fundamentar su decisión, trae a colación la sentencia de marzo 29 de 1990, mediante la cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia “declaró INEXEQUIBLE el artículo 107 del Código Procesal del Trabajo, que no admitía la proposición de excepciones en el proceso ejecutivo laboral diferente a la de pago”, como también la providencia del honorable Tribunal Superior de Bogotá, de 11 de marzo de 1971, que resolvió, en aplicación del artículo 26 de la anterior Constitución, apartarse de lo dispuesto en el artículo del Código de Procedimiento Laboral a que se hace mención.
 Como consecuencia de las anteriores consideraciones, el accionado levantó las medidas previas decretadas y ordenó entregar los títulos de depósito judicial al demandado, para su cobro.
 En el expediente obra fotocopia de todo lo actuado en el proceso ejecutivo de alimentos, a que se ha hecho mención, además:
 — El “reporte de actuación”, elaborado el 1o de septiembre de 1999, en razón de la actividad de “consulta, asistencia y asesoría a la familia”, prestada por una sicóloga —nombre ilegible—, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la regional Boyacá, en la ciudad de Garagoa.
 Revela el documento que por remisión de la defensora de familia del lugar acudieron el señor William Morales y la señora Clemencia Moreno, en compañía del menor Sebastián, en razón de que “el menor rechaza al padre y en los días estipulados para visitas el menor no ha querido tener acercamiento (...)”.
 Informa la profesional que el señor Morales Perilla “tiene familia establecida hace 20 años aproximadamente; tuvo una relación con la usuaria de la cual nace el menor. La usuaria actualmente convive con compañero una niña y el menor”.
 Relata la consultada i) que “el usuario refiere que el niño fue producto de una aventura siendo un “problema”, ii) que “la usuaria refiere que su hijo no es un problema y si el usuario no le va a brindar afecto ella prefiere que el usuario no vea al menor”; iii) que este último planteamiento es aceptado por el padre; iv) que el niño sostiene no querer “a ese señor”; y v) que la madre insiste en “retirar la demanda y no hacerle más daño al menor además evitar conflictos entre las dos familias”.
 Además, del acta se extraen las siguientes apreciaciones de la profesional: “al parecer el usuario no expresa afectividad hacia el menor, cuando el usuario intenta acercamiento el niño llora y se retira (...) cuando el usuario quiere coger al menor este se rehúsa y corre donde la mamá (...) al parecer el niño no ha establecido vínculo afectivo con el usuario (...) al parecer el usuario se está involucrando en la relación afectiva de ella”.
 Finalmente el documento hace constar que la asesoría concluyó, y que los padres de Johan Sebastián resolvieron adelantar los trámites correspondientes, dice así:
 “A partir de la expresión de sentimiento de aceptación por parte del señor William Morales a no volver a tener relación afectiva y comunicativa con el menor y la responsabilidad materna (anexo escrito por usuarios) se remite a la defensora con el fin de adelantar los trámites correspondientes”.
 En el anexo a que se refiere el anterior documento se lee, textualmente:
 “Renuncio a las visitas del menor Sebastián Morales Moreno y demás peticiones de la Sra. Clemencia Moreno y aceptando problemas futuros y relaciones con el menor —firma ilegible—(sic).
 Yo Clemencia Moreno deceo retirar la demanda para no ocacionar mas problemas y no enfermar el niño me ciento capas de sacarlo adelante sola —Clemencia Moreno Martínez—(sic).
 El acuerdo entre los dos no enbolucrarnos en nuestras familias ni el uno ni el otro y de igual manera el respeto entre nosotros y así el niño —Clemencia Moreno Martínez, firma ilegible—”(sic).
 La señora María Clemencia Moreno Martínez, por intermedio de apoderado, instaura acción de tutela en contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de Garagoa, por violación de los derechos fundamentales del menor Johan Sebastián a la igualdad, y al debido proceso, dada “la indebida aplicación y flagrante violación de las normas que fundamentan el proceso ejecutivo de alimentos”.
 Expone el apoderado judicial que el artículo 158 del Código del Menor preceptúa que el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse y recuerda que el deudor no puede oponer al alimentario la excepción de compensación.
 Agrega que la sentencia proferida por el juzgado accionado viola los artículos 42 y 44 de la Carta, porque al menor Johan Sebastián le asiste, como a sus hermanos, el derecho de recibir alimentos de su progenitor, a fin de hacer efectivos sus derechos constitucionales a la vida, a la integridad física, a la educación, a la cultura, a la salud, y a una alimentación equilibrada.
 Recuerda que el artículo 44 en comento “deposita en el Estado a través de sus jueces la obligación de asistir y proteger al niño para garantizarle su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, e interroga sobre la actuación del juzgado accionado al respecto debido a que “ignora y con su decisión deja desamparado a quien debe proteger”.
 Así mismo aduce que disposiciones legales sobre la demanda ejecutiva por alimentos, los efectos de las actas de conciliación y la orden de pago de obligaciones periódicas —como la alimentaria—, para concluir que el accionado incurrió en vía de hecho, “toda vez que no se aplicaron las normas transcritas y se interpretaron a su acomodo y razón para obtener una sentencia amañada muy posiblemente, estaríamos frente a una sentencia anunciada, de la cual ya se sabía el resultado de la misma antes de proferirla. O de otra manera se explica (sic) el que en repetidas ocasiones se le solicitó al despacho la entrega de dineros recaudados, producto de la medida cautelar y descontados al demandado a través de títulos consignados a órdenes del despacho y que de manera intencionada se negó su entrega, desconociendo el derecho del menor que reclamaba alimentos, porque su madre, quien lo ha alimentado durante su corta vida, no puede más sola con esta carga y acude a quien por ley también tiene la obligación de procurar los alimentos y la justicia debe protegerlo, pero que tenemos que la misma se los niega y por el contrario se los desconoce, en un acto abiertamente contrario a la ley y a la Constitución Política”.
 La Sala Civil Familia del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, admitió la demanda a que se hace mención, y dispuso vincular a la actuación al señor William Morales Perilla, y a la defensora de familia de Garagoa.
 4.1. El señor Morales Perilla intervino para solicitar se niegue la tutela a fin de salvaguardar el principio de autonomía funcional del juez, y por cuanto la Jueza Promiscua del Circuito de Garagoa no incurrió en vía de hecho al declarar probada la excepción de pago de lo no debido, dentro del proceso ejecutivo por alimentos adelantado por la actora en su contra, porque “aplicó debidamente las normas que regulan la materia y tuvo en cuenta acertadamente las pruebas aportadas al proceso”. El siguiente es un aparte de su escrito:
 “Como se dijo al interponer la excepción la demandante en forma expresa, libre y voluntaria manifestó su deseo de no volver a recibir alimentos de parte del suscrito para nuestro hijo, sino ASUMIR desde esa fecha todos los alimentos para el menor, pues seguramente tenía, como tiene ahora, la suficiente capacidad económica para suministrar alimentos para el menor por sí misma, sin necesidad de que el suscrito se los suministrara. Tal vez por esa suficiencia económica le permite pagar jugosos honorarios a abogado que la represente, claro que está en su derecho, pues se trata de su dinero.
 En consecuencia, habiendo asumido desde esa fecha la demandante la totalidad del suministro de alimentos para el menor y expresado que no deseaba que yo le siguiera suministrando alimentos para nuestro hijo, y siendo que así quedó anotado textualmente en el acta de conciliación y si así fue aceptado por la Defensoría de Familia, lógico es que para el suscrito cesó a partir de dicha conciliación, es decir desde el 13 de septiembre de 1999, la obligación de suministrar los alimentos acordados o conciliados en audiencia anterior con la demandante, por lo cual no tenía por qué y desde ese momento volver a pagar o entregar a la demandante la cuota inicialmente acordada, salvo nuevo acuerdo o demanda judicial tendiente a ello.
 En este caso la conciliación en la cual la demandante ASUMIÓ el suministro de los alimentos del menor por sí misma y por sí sola, es válida, porque conforme los artículos 47 de la Ley 23 de 1991 y 40-2 de la ley 640 de 2001, con relación a las obligaciones alimentarias es válida y posible cualquier clase de conciliación”.
 4.2. La defensora de familia del centro zonal Garagoa del ICBF, con el visto bueno de la profesional coordinadora de la entidad, interviene mediante un escrito en el que manifiesta;
 — Que no está de acuerdo con la pretensión de amparo “porque la obligación no era exigible por voluntad de las partes en dicho momento (...)”.
 — Que los padres del menor Johan Sebastián Morales Moreno “acordaron como cuota alimentaria mensual $ 50.000 siendo obligado el señor”, en conciliación adelantada el 9 de febrero de 1999.
 — Que conforme lo indica el acta de conciliación 60, el 2 de agosto de 1999 “se concilió las visitas a favor del menor”.
 — Que el 13 de septiembre del mismo año “en buen ambiente conciliatorio”, la madre se mostró muy segura “de no desear la cuota alimentaria para su hijo, fue enfática”.
 — Que la actora “en ningún momento manifestó que renunciaba a los alimentos del menor hijo, sino que los asumía”.
 — Que “no se dan los presupuestos para afirmar que renunció a los alimentos, primero porque no lo dijo y segundo porque no es viable; y no los asumió en su totalidad ni los renunció porque no es cierto”.
 Para concluir la defensora explica su actuación dentro del asunto, en los siguientes términos:
 “Considero que no fue un desacierto haber aprobado la conciliación mencionada por lo expuesto, no hubo renuncia a los alimentos. La señora manifestó asumir los gastos alimenticios, como ya se anotó y asumió una parte de un todo de lo que comprende el concepto de alimentos. Considero debió haber solicitado una nueva conciliación,
 Debo anotar que para atender la situación de posible rechazo del menor hacia su padre en las visitas el caso se remitió a sicología como consta en la actuación de 1 de septiembre de 1999 suscrita por la Dra. Ligia Buitrago R. sicóloga de contrato. La cual anexo”.
 La Sala Civil Familia del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja niega la pretensión de amparo por improcedente; para el efecto sostiene que la acción de tutela no es vía alterna para dirimir los conflictos, ni instrumento para rectificar decisiones judiciales en firme, ni menos para desautorizar interpretaciones judiciales proferidas dentro del marco de la autonomía y de la independencia de los jueces, además sostiene:
 Providencia que no merece reparo alguno, porque no transgrede ninguna norma integrante del ordenamiento jurídico, sino que se encuentra soportada en las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y fallos de otras corporaciones, que impone a los jueces hacer una interpretación de la normatividad que involucra principios y valores constitucionales, a efecto de dar prevalencia a los derechos de cada uno de los asociados, sin que se refleje en ella decisión arbitraria, proferida por fuera del ordenamiento jurídico y desconocimiento abierto y ostensible de las normas constitucionales y legales, que sean incompatibles con el debido proceso.
 En efecto la operación valorativa que ha hecho para sustentar su proveído resulta intangible, porque precisamente no comporta negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de las normas procesales, que estructuren la vía de hecho denunciada, porque es un hecho cierto que cuando se concilia respecto de los alimentos y que el incumplimiento será motivo para iniciar el proceso ejecutivo, por cuanto el acta presta mérito para ello, también es cierto que tal obligación alimentaria es susceptible de modificaciones, si han variado las circunstancias y demás del alimentante y el alimentario, bien para aumento, disminución o exoneración, para lo cual también es susceptible la conciliación”.
 Recibido el expediente T-802.310 en el despacho del magistrado ponente el 30 de octubre del año 2003, y una vez elaborado el proyecto de fallo, este fue registrado el 13 de febrero del año en curso, y quedó, conjuntamente con el expediente contentivo de la actuación, que consta de 3 cuadernos de 81, 22 y 63 folios, en la secretaría general a disposición de los demás integrantes de la Sala Octava, para su estudio y posterior decisión.
 La Corte Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las decisiones de instancia, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9o de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto de 22 de octubre de 2003, expedido por la Sala de Selección Número Diez.
 Corresponde a esta Sala revisar la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que negó la acción de tutela instaurada por la señora María Clemencia Moreno Martínez, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa.
 Debe en consecuencia analizarse previamente el planteamiento del fallador de instancia, en cuanto niega la acción por improcedente en defensa de la autonomía del juez accionado, quien a su decir sustenta la decisión que la actora controvierte en principios y valores constitucionales.
 De manera que la Sala tendrá que detenerse en dicho pronunciamiento, por la demandante sostiene que el juez accionado incurrió en vía de hecho i) al darle valor probatorio a una acta de conciliación en la que la madre del menor “renunció” al derecho alimentario de un menor, siendo este irrenunciable; ii) contrarió el artículo 158 del Código del Menor; iii) se apartó de las disposiciones legales que regulan los procesos ejecutivos con obligaciones periódicas; iv) no protegió al menor como era su deber, e(sic) v) hizo caso omiso de las disposiciones constitucionales que establecen las obligaciones alimentarias de los padres, la igualdad de derechos de los hijos, y la prevalencia de los derechos de los niños.
 El artículo 86 de la Carta Política establece la acción de tutela para que las personas reclamen ante los jueces, en todo momento y lugar el restablecimiento de sus derechos fundamentales, quebrantados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
 Conforme lo dispone el Código del Menor las ejecuciones por alimentos se tramitan por el proceso ejecutivo de mínima cuantía, lo que permite a la Sala concluir que la acción que se revisa es procedente, habida cuenta que la actora reclama el restablecimiento de sus derechos y los del menor, aduciendo que fueron quebrantados en la providencia que puso fin al proceso ejecutivo por alimentos iniciado contra el padre del menor, la que no puede ser recurrida.
 4. Los padres no pueden reclamar ante las autoridades sobre el derecho a departir con los menores, si no cumplen o no se allanan a cumplir con su obligación alimentaria.
 4.1. El artículo 13 de la Carta Política, siguiendo el artículo 1o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1) , dispone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, a continuación preceptúa que no habrá diferencias de trato y que todos gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, y se detiene en la protección especial que el Estado deberá dispensar a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta.
 Otros artículos del mismo ordenamiento se refieren en detalle a los derechos de los niños, es especial al de percibir alimentos, como también a la responsabilidad de ambos padres de sostener a sus hijos, mientras sean menores e impedidos —arts. 42 y 45—.
 Ahora bien, mediante la Ley 51 de 1981 el Estado suscribió la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (2) , considerando, entre otros aspectos, su obligación de “garantizar al hombre y a la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos sociales y culturales civiles y políticos”, recordando que “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos respecto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política social económica y cultural del país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad”; y preocupado, al comprobar, que a pesar de las resoluciones y declaraciones internacionales tendientes a favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la discriminación persiste.
 Un punto que analiza la convención tiene que ver con la necesidad de que los gobiernos adopten medidas para que los derechos y las obligaciones de los hombres y de las mujeres para con los hijos sean las mismas, cualquiera fuere el estado civil de los progenitores; así, prevé que los jueces y los tribunales, al igual que todas las autoridades públicas, deberán adoptar decisiones que propendan porque el cumplimiento de dichos deberes y obligaciones se realice en condiciones de equidad —arts. 16 y 2o—.
 En este sentido el programa de acción de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo (3) al tratar el mejoramiento de la condición de la mujer, se detiene en las responsabilidades y participación del hombre en este proceso y destaca cómo los gobiernos “deberían adoptar medidas para asegurar que los niños reciban apoyo financiero de sus padres, entre otras cosas velando porque se cumplan las leyes relativas al pago de alimentos”, considerando, entre otras acciones, las de modificar sus leyes y políticas a fin de que los padres cumplan realmente con sus responsabilidades económicas, en cuanto el instrumento considera la falta de apoyo financiero una relación “abusiva” contra la familia, que deberá proscribirse —Cap. IV, 4.28—.
 También la Convención sobre Derechos del Niño (4) , se detiene en el asunto, reconoce el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, al igual que la obligación de los padres de proporcionarles, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo integral; y urge a los estados parte para que adopten medidas apropiadas, entre otros aspectos, para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres, o de las personas que tienen la responsabilidad de asistir financieramente al menor.
 4.2. En materia de medidas tendientes a hacer efectiva la obligación alimentaria, el Código del Menor es prolijo en disposiciones, entre estas vale recordar i) que los créditos por alimentos pertenecen a la primera clase; ii) que en caso de incumplimiento la persona que tuviere al menor bajo su cuidado podrá provocar conciliación para que se determine la persona del alimentante, la cuantía de la prestación, y el lugar y la forma de pago; y iii) que tanto el defensor, como los jueces de familia, el comisario de familia o el inspector de policía de lugar, son competentes para adelantar la conciliación.
 Establecida la cuantía de la prestación la normatividad en comento regula su ejecución sobre el mismo expediente, y por el trámite ejecutivo de mínima cuantía, en el que no se admitirá otra excepción que la de pago.
 La Corte observa entonces que el suministro de alimentos a los menores, y los mecanismos para hacer efectiva la obligación alimentaria, a partir de las normas sobre derechos humanos, al igual que desde la normativa constitucional y legal, son asuntos que cuentan con un elevado nivel de protección en el ordenamiento, que perdería todo su empuje y desarrollo si los defensores de familia, jueces, comisarios e inspectores pudieran alterarlo, así fuere con el objeto de hacer prevalecer otros principios y valores constitucionales.
 En esta línea vale considerar que el artículo 4o de la Carta Política dispone que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, de acuerdo con esto lo conducente es hacer prevaler los derechos de los niños incluso entre otros derechos y garantías previstas incluso en el ordenamiento superior, de suerte que quien incumple una obligación alimentaria con un menor, previamente determinada, no puede sino demostrar su pago, y aquel que tiene a su cargo hacer efectiva dicha obligación no puede optar por ampliar las posibilidades de defensa del obligado, dilatando el asunto y sacrificando por consiguiente la supervivencia del menor.
 En especial cuando está claro que el padre no cumple ni ha cumplido con la obligación alimentaria, y condiciona injustificadamente el apoyo, haciendo caer toda la responsabilidad financiera del sostenimiento del menor en la madre, como acontece en el asunto en el que se ocupa la Sala, según se analiza más adelante.
 Porque a los defensores, comisarios, inspectores y jueces de familia les corresponde poner todo su empeño para que desde su nacimiento los niños tengan acceso a una alimentación equilibrada, sin escatimar esfuerzos para protegerlos contra toda forma de abandono, haciendo que los padres les proporcionen el apoyo que los niños necesitan, garantizándoles así su desarrollo integral.
 De manera que les corresponde tener presente que —tal como lo tiene definido la jurisprudencia constitucional— el padre que se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias para con un menor y no se allana a cumplirlas, no puede ser oído por ninguna instancia institucional sobre sus derechos en relación con el menor, dijo esta Corte:
 “El inciso primero del artículo 150 del Decreto 2737 de 1989 no quebranta los artículos 29, 42 y 44 constitucionales, porque resulta razonable, ante la inminente e indiscutible necesidad de que el alimentante satisfaga las necesidades básicas del menor, que el legislador prevea a la administración de justicia de mecanismos eficaces para conminar dicho cumplimiento, como viene a serlo que el alimentante requiera demostrar la satisfacción de la prestación a su cargo en relación con el menor, siempre que pretenda hacer efectivos sus derechos referentes al mismo.
 Estima esta corporación, por tanto, que la carga que el inciso primero del artículo 150 del Decreto 2737 de 1989 impone a los alimentantes, en cuanto permite garantizar la subsistencia de los menores de edad, que se puede ver seriamente amenazada ante el incumplimiento de quienes están obligados a responder por su sostenimiento y educación y a solidarizarse con su manutención, consulta debidamente los mandatos constitucionales de prioridad absoluta de los derechos de los menores, de solidaridad, justicia y equidad —C.P., arts. 2o, 42, 44 y 92—” (5) .
 Resulta proporcionado y razonable, por consiguiente, que en un proceso ejecutivo por alimentos no proceda sino la excepción de pago de la obligación, sin perjuicio del derecho de los alimentantes de solicitar la modificación o exoneración de la prestación, acudiendo a los procedimientos establecidos para el efecto.
 5. El caso concreto. El juez accionado incurrió en vía de hecho, porque permitió que el padre del menor Johan Sebastián incumpla su obligación alimentaria.
 5.1. La señora María Clemencia Moreno Martínez puede exigir que el progenitor de su hijo cumpla efectivamente con su responsabilidad de atender financieramente la congrua subsistencia del menor; y el padre de Johan Sebastián, sin condicionar el cumplimiento de su obligación alimentaria, puede, una vez demuestre el cumplimiento de la prestación, demandar apoyo institucional, a fin de iniciar un acercamiento afectivo con el pequeño.
 Tal como quedó planteado en los antecedentes, en febrero de 1999 los padres de Johan Sebastián Morales Moreno, de cuatro años de edad —quien vive con su madre—, convinieron en que el señor Morales consignaría a órdenes de esta la suma de $ 50.000 mensuales, para la atención alimentaria del menor, y que el alimentante departiría con el niño, sin oposición de la madre.
 En este punto vale aclarar que no existe en el expediente prueba que permita suponer el cumplimiento de la obligación alimentaria a cargo del señor Morales Perilla durante los primeros años de vida del menor, por el contrario la madre asegura —y el nombrado no la desmiente—, haber atendido al menor desde su nacimiento sin apoyo del progenitor.
 En agosto del mismo año, aunque el padre del pequeño ya incumplía con el pago de la cuota alimentaria acordada, acudió en compañía de la señora Moreno Martínez al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a fin de regular cómo departiría con el menor, de modo que se acordó un régimen de visitas, sin que la defensora haya verificado el cumplimiento de la prestación alimentaria —las pruebas anexadas al expediente indican que el padre consignó la suma acordada entre febrero y julio de 1999—.
 El 1o de septiembre siguiente —el incumplimiento de la obligación alimentaria persistía— el señor Morales Perilla se presentó nuevamente ante la defensora de familia del lugar, esta vez con el propósito de ponerla al tanto de las dificultades surgidas en sus relaciones afectivas con el menor, e insistir en el planteamiento —ya manifestado a la madre— de condicionar el cumplimiento de su obligación alimentaria, a las salidas que el pequeño rehusaba.
 Nótese que la condición impuesta por el padre no podía ser aceptada por la madre, y menos permitida por la defensora de familia presente, porque es el derecho de los progenitores a departir con sus hijos menores e impedidos el que se condiciona, y no la obligación pura y simple, a cargo de aquellos, de responder por el derecho fundamental de los niños a una alimentación equilibrada.
 El 9 de septiembre del mismo año, exasperada la madre por el trato del padre hacia el menor —mi hijo no es un problema— manifestó ante la sicóloga su deseo de asumir la responsabilidad alimentaria sola y se comprometió a “retirar la demanda”.
 Así las cosas, el 13 de septiembre de 1999 los progenitores de Johan Sebastián suscribieron una acta con el beneplácito de la defensora de familia del lugar, que dejaba sin valor lo previamente acordado sobre alimentos y visitas, porque “él no quiere salir conmigo, él llora y pienso que la mamá influye (...), y debido a que “él no le dará alimentos al niño sino (sic) lo puede ver (...)”.
 Manifestó la madre que asumiría la obligación alimentaria, expresó su preocupación por el estado del menor quien enfermaría de insistirle en la relaciones con su progenitor, y solicitó “no ser molestada”, por el padre de su hijo.
 Refiere la sicóloga del Instituto de Bienestar Familiar, quien atendió a la familia Morales Moreno, por remisión de la defensora, el 9 de septiembre del mismo año, i) que el niño manifestó no querer “a ese señor”, ii) que el padre trató al pequeño de “problema” y “producto de una aventura”, y iii) que la madre, ante la manifestación del padre, expuso su deseo de “retirar la demanda”, porque “su hijo no es problema”, el padre no le brinda afecto, y no quiere que el menor se enferme.
 No explica la funcionaria la razón de esta percepción, pero también agrega que “al parecer el usuario se está involucrando en la relación afectiva de ella”.
 Esto último tampoco puede pasar por desapercibido, porque los padres están obligados a sostener y educar a sus hijos, menores o impedidos, en la cuantía y la forma que lo exijan las circunstancias particulares del beneficiado y del obligado, determinada de común acuerdo o señalada por el funcionario competente, sin hostigamiento de ninguna clase, en cuanto las prestaciones alimentarias se deben en razón del parentesco y dada la situación de los alimentario y alimentante, y si bien pueden variar —en razón de dicha situación—, solo cesan cuando la necesidad o la relación parental termina —C.P., art. 42, C.M., art. 313—.
 5.2. La señora Moreno Martínez optó entonces por buscar asesoría profesional e instaurar en el año 2002 una demanda ejecutiva en contra del señor Morales Perilla, con base en el acta en la que aparece determinada la obligación alimentaria y señalada la oportunidad y forma de pago, así el juez accionado libró la orden de pago solicitada y ordenó retener el salario del obligado, que no fue entregado a la madre, sino reintegrado al progenitor, porque este se opuso a la ejecución argumentando que se le cobra lo que no debe.
 Llama la atención de la Sala que la excepción propuesta por el padre haya sido tramitada, con fundamento en el artículo 4o constitucional, como también que el medio de defensa esgrimido, fundado en que el progenitor nada debe, haya prosperado; porque la señora Moreno Martínez ha atendido y respondido durante los ocho años de la vida de Johan Sebastián por su congrua subsistencia, sin un real apoyo del progenitor.
 Pero lo anterior no es todo, aduce el juez accionado que el obligado dejó de cumplir con la prestación toda vez que confió en la extinción de su obligación, dada la renuncia de la madre ante la defensora de familia; pero las pruebas que obran en el proceso ejecutivo indican que el padre después de haber acordado con la madre que esta asumiría íntegramente la obligación contribuyó en una oportunidad con algunos útiles escolares y con el suministro de ropa, y envió dinero a la madre con amigos comunes, y también está probado —porque el padre lo confesó ante el juez accionado— que este suspendió todo apoyo al menor, porque fue sorprendido por su esposa entrevistándose clandestinamente con la actora; es decir, la razón de su incumplimiento no fue la renuncia de esta.
 De manera que el juez accionado quebrantó los derechos constitucionales de la señora Moreno Martínez y del pequeño Johan Sebastián, al haber dado trámite a una excepción distinta de la de pago, sin considerar que la restricción legal que el mismo resolvió no aplicar se funda en que quien no cumple con su obligación alimentaria no puede ser oído sino para demostrar el pago, en el proceso ejecutivo, como en todos los trámites, diligencias y actuaciones judiciales y administrativas relativas a intereses y derechos de los menores.
 Además el accionado declaró probada la excepción de cobro de lo no debido, contrariando la evidencia procesal, y sin analizar las pruebas aportadas conforme le indica la sana crítica, porque, de haber hecho así, habría concluido que el padre se sustrae injustamente de sus obligaciones constitucionales.
 La Sala Civil Familia del honorable Tribunal Superior de Tunja niega la pretensión de amparo instaurada por la señora María Clemencia Morales Martínez, a nombre propio y en representación del menor Johan Sebastián Morales, contra el juez de familia de Garagoa, porque la sentencia que la actora controvierte “no comporta negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de las normas procesales (...)”.
 Afirma la Sala en comento que “la obligación alimentaria es susceptible de modificaciones, si han variado las circunstancias y demás del alimentante y el alimentario, bien para aumento, disminución y exoneración, para lo cual es susceptible la conciliación”.
 No obstante, la Sala destaca que las pruebas no demuestran que el padre dejó de cumplir la prestación porque las necesidades del menor se aminoraron, o debido a que las condiciones del alimentante cambiaron, está demostrado, eso sí, i) que en septiembre de 1999 el padre promovió ser exonerado de la cuota alimentaria porque el menor rehusaba su compañía, ii) que durante los años 2000 y 2001 él mismo prestó a la madre ayudas esporádicas haciendo entrega de elementos y sumas caprichosas, directamente y por conducto de terceros y iii) que en el año 2000 suspendió todo apoyo —“(...) este año si no le di nada como consecuencia de todos estos problemas, y todo se generó porque mi esposa nos sorprendió y por eso vinieron los problemas y por eso María Clemencia me demandó”.
 Lo último con el agravante de que al parecer de la sicóloga designada por Bienestar Familiar (sept./99) el usuario —se refiere al padre— “se está involucrando en la relación afectiva de ella”.
 De modo que la sentencia que se revisa será revocada, para en su lugar ordenarle al juez accionado seguir adelante la ejecución instaurada por la señora Moreno Martínez, y hacer que el señor Morales Perilla sostenga y eduque efectivamente al menor, entregando a la madre la suma acordada de la manera prevista, sin condiciones ni hostigamiento de ninguna clase, en cuanto las prestaciones alimentarias se deben en razón del parentesco y nunca cesan, aunque pueden, variar, pero esto solo por razones fundadas en la misma relación alimentaria —C.P., art. 42, C.M. art. 313—.
 En ese orden de ideas debe afirmarse que el señor Morales Perilla no podía dejar de proporcionar alimentos al menor argumentando que este rehúsa todo acercamiento, porque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y un pequeño de cuatro años no puede ser coaccionado a frecuentar a quien no le demuestra afecto, sin perjuicio del derecho del padre de enmendar su conducta, y solicitar apoyo institucional, de considerarlo necesario, a fin de lograr la aceptación de su hijo, para beneficio de ambos.
 Y tampoco puede evadir su obligación arguyendo que dejó de entrevistarse con la madre, al ser sorprendido por su esposa, porque los padres no pueden condicionar el cumplimiento de la prestación alimentaria, como tampoco utilizarla para exigir de los demás integrantes del grupo familiar respuestas determinadas a sus requerimientos.
 Finalmente se hará un llamado a Prevención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a fin de que los defensores de familia sean instruidos respecto de la prevalencia de los derechos de los niños, que comporta el que la previsión legal de que los padres no sean oídos en los trámites judiciales y administrativos atinentes a sus derechos e intereses respecto de los menores en tanto no demuestren el cumplimiento de la obligación alimentaria, o se allanen a cumplirla, se cumpla inexorablemente. Llamamiento que se hará extensivo a los jueces, comisarios e inspectores de policía.
 1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil Familias del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 28 de agosto de 2003, dentro de la acción de tutela instaurada por María Clemencia Moreno Martínez, a nombre propio y del menor Johan Sebastián Morales Moreno, contra el juez de familia de Garagoa.
 2. ORDENAR el restablecimiento de los derechos fundamentales de la actora y de su hijo a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física, y a percibir alimentos. En consecuencia, dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida el 22 de julio de 2003 por el juzgado accionado para resolver las excepciones propuestas por el demandado dentro del proceso ejecutivo por alimentos instaurado por María Clemencia Moreno Martínez contra William Morales Perilla y disponer que el accionado i) profiera nuevamente la providencia con sujeción al ordenamiento constitucional, y ii) adelante las actuaciones tendientes a que la actora perciba real y efectivamente las sumas que el padre del menor le adeuda, a la mayor brevedad.
 3. PREVENIR al Instituto Colombiano de Bienestar familiar sobre las actuaciones de la defensora de familia de Garagoa a fin de que se instruya a los funcionarios sobre su responsabilidad respecto del cumplimiento, real, efectivo e incondicional de las obligaciones alimentarias y se tomen los correctivos que sean del caso, entre estos que los alimentantes no sean oídos en las diligencias judiciales y administrativas relativas a sus derechos e intereses respecto de los menores, si no demuestran el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Ofíciese.
 Hacer extensivo el anterior llamamiento a los jueces de familia, en especial al juez promiscuo de Garagoa, como también a los comisarios de familia e inspectores de policía.
 Magistrados: Álvaro Tafur Galvis—Jaime Araújo Rentería—Clara Inés Vargas Hernández (en comisión).
 (1) En igual sentido Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
 (2) La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Se trata del instrumento que marca el desarrollo de los derechos de las mujeres como resultado del año de 1975, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como internacional de la mujer.
 (3) Naciones Unidas, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994.
 (4) Ley 12 de 1991.
 (5) Sobre la relación de la obligación alimentaria y el derecho de los padres a ser escuchados respecto de sus derechos sobre los hijos se puede consultar la Sentencia C-011 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, en la que se declaró exequible el inciso primero del artículo 150 del Decreto 2737 de 1989, por cuanto la exigencia del legislador impuesta al alimentante respecto de la obligación alimentaria “se trata de un requisito posible y sencillo de cumplir, además de enorme trascendencia para el desarrollo del menor, dada la ordinaria imposibilidad de este de atender no solamente su congrua subsistencia, sino también sus necesidades básicas y la defensa de sus propios intereses”.


type: other

text:
ECLI:SI:VDSS:2010:PDP.532.2010
 VDS0008221
 odpravnina - individualna pogodba o zaposlitvi - direktor - razrešitev
 Ker tožnik ni dokazal, da se je s toženo stranko dogovoril za sporazumno razrešitev z mesta direktorja in prenehanje delovnega razmerja, ni izpolnjen pogoj za plačilo odpravnine iz individualne pogodbe o zaposlitvi, da bi bil tožnikov zahtevek iz tega naslova utemeljen.
 Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo zahtevek, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki plačati odpravnino v znesku 188.657,76 EUR skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 3. 2005 dalje do plačila, kot zavrnilo zahtevek, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka dalje do plačila. V skladu z uspehom v sporu je odločilo, da tožeča stranka sama krije svoje stroške postopka, dočim je toženi stranki dolžna povrniti njene stroške v višini 3.609,00 EUR v roku 8 dni, po tem roku pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.
 Tožnik se je pritožil zoper sodbo iz vseh pritožbenih razlogov po določbi 1. odst. 338. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/1999 in spremembe), ki se v skladu z določbo 19. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. l. RS, št. 2/2004) uporablja tudi v sporih pred delovnim sodiščem. Ves čas zatrjuje, da je bil v njegovem primeru s strani predsednika skupščine tožene stranke podan predlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi dne 20. 2. 2005 brez utemeljenega razloga in pisne obrazložitve. V dokazne namene je predložil dopis, ki je datiran z istim datumom, ki izkazuje, da je privolil v sporazumno prenehanje pogodbe. Tožena stranka je na to očitno pristala, saj ga je na skupščini dne 28. 2. 2005 skladno z določbami statuta tudi razrešila kot direktorja družbe. Vse to je potrdil v svoji izpovedbi U. M.. Sodišče prve stopnje je zmotno presodilo tako njegovo izpovedbo kot izpovedbe zaslišanih prič. U. M je potrdil, da ga je o prenehanju pogodbe o zaposlitvi obvestil sam predsednik skupščine A. M.. Iz podatkov v spisu in izpovedbe A. M. ne izhaja, da je tožena stranka podala odpoved zaradi nedoseganja rezultatov. V konkretnem primeru je prišlo do soglasja med strankama o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi dne 20. 2. 2005. Sodišče prve stopnje je zmotno uporabilo določbo 79. čl. Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/2002 in spremembe), da mora biti sporazum o prenehanju delovnega razmerja sklenjen v pisni obliki, sicer je neveljaven. V konkretnem primeru je potrebno presojati odpoved pogodbe v obligacijsko pravnem in ne v delovno pravnem smislu. Sodišče je prezrlo sprejeto sodno prakso, da v kolikor je predpisana obličnost za sporazumno odpoved, je ta lahko podana v dveh različnih izjavah. V tej zvezi se sklicuje na sodbo opr. št. VIII Ips 109/2004. Na njegovo pisno izjavo z dne 20. 2. 2005 je bil tako v nadaljevanju s potrditvijo zapisnika skupščine tožene stranke z dne 28. 2. 2005 dosežen sporazum, kar pomeni, da sta se glede tega upoštevali konkludentni dejanji obeh strank. Poleg tega bi moralo sodišče upoštevati argumente šibkejše strani v skladu z določbo 83. čl. Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001). Zato predlaga, da pritožbeno sodišče spremeni izpodbijano sodbo tako, da njegovim zahtevkom v celoti ugodi oz. podrejeno, da jo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
 Tožena stranka v odgovoru na pritožbo navaja, da je sodišče pravilno razsodilo. Zaslišani priči U. M. in A. M. sta potrdili, da se v zadevi ni sledilo tožnikovemu predlogu za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Tožnik ni oblikoval zahtevka skladno z določbo 3. odst. XI. točke pogodbe o zaposlitvi, zaradi česar ni izkazane podlage za neposredno izplačilo odpravnine. Sklenitev pisnega dogovora glede odpravnine ni zahteval niti prej niti kasneje. Sodišče prve stopnje je po izvedenih dokazih pravilno odločilo, ko je zavrnilo tožnikove zahtevke. Zato predlaga, da pritožbeno sodišče zavrne pritožbo in v celoti potrdi sodbo sodišča prve stopnje.
 Pritožbeno sodišče je preizkusilo sodbo v mejah pritožbenega izpodbijanja in po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka ter na pravilno uporabo materialnega prava (2. odst. 350. čl. ZPP). Po takšnem preizkusu je ugotovilo, da vsebuje izpodbijana sodba v odločilnih dejstvih pravilne dejanske in pravne razloge. Sodišče prve stopnje je na ugotovljeno dejansko stanje tudi pravilno uporabilo materialno pravo. Poleg tega tako v zvezi z izvedenim postopkom kot z izdano sodbo ni storila nobene bistvene postopkovne kršitve, na katere opozarja pritožba in na katere je moralo pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti. Izpodbijana sodba ne vsebuje nikakršnih nasprotujočih dejstev, ki se nanašajo na izpovedbe prič, glede tega so razlogi pravilno obrazloženi in jih je mogoče preizkusiti. Zato pritožbeno sodišče na preostale tožnikove pritožbene navedbe še odgovarja.
 Odpravnina predstavlja odmeno, ki se izplača upravičencu v enkratnem denarnem znesku. Namen odpravnine je v tem, da se opravi tista škoda, ki je nastala zaradi prenehanja delovnega razmerja delavca oz. zaradi odpoklica ali druge oblike prenehanja poslovodne funkcije direktorja, uprave ali vodilnega delavca v družbi. ZDR opredeljuje dve vrsti odpravnin, in sicer odpravnino na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca in podobnih odpovedi (107., 108. in 109. čl. ZDR) ter odpravnino ob upokojitvi (132. čl. ZDR). Ne glede na to je odpravnina lahko predmet dogovora med delavcem, upravo, direktorjem ali vodilnim delavcem na eni strani ter delodajalcem na drugi strani, skladno z dispozitivno naravo obligacijskih razmerij in predpisi, ki urejajo gospodarske družbe. Vsekakor se višina odpravnine ter iz tega naslova ostale pravice posebej opredelijo v individualni pogodbi o zaposlitvi.
 V konkretnem primeru je predmet spora, ali je tožnik upravičen do izplačila odpravnine po prenehanju funkcije direktorja dne 28. 2. 2005 skladno s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeni med strankama za čas od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2008. V skladu s 1. alinejo 2. odstavka XI. točke pogodbe o zaposlitvi pripada direktorju odpravnina v višini 24 kratnika njegove zadnje plače pred prenehanjem delovnega razmerja v primeru, če se pogodbeni stranki sporazumeta o odpovedi pogodbe za zaposlitev (razrešitev brez utemeljenega razloga) s hkratnim prenehanjem delovnega razmerja direktorja. Tožnik je v skladu s trditvenim bremenom v postopku pred delovnim sodiščem uveljavljal prav takšen razlog odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V tej zvezi je sodišče prve stopnje po obširno izvedenem postopku pravilno ocenilo dokaze in utemeljeno zavrnilo tožnikov zahtevek za plačilo odpravnine.
 Neutemeljeno je pritožbeno zavzemanje, da je šlo v primeru tožnika za sporazumno razrešitev z mesta direktorja in prenehanje delovnega razmerja pri toženi stranki. Tudi po ugotovitvi pritožbenega sodišča dopis tožnika z dne 20. 2. 2005 ne pomeni, da se je tožnik o tem sporazumel s toženo stranko. Glede tega je potrebno opozoriti, da tožnik, razen navedene listine, v skladu s trditvenim bremenom v sporu ni dokazal, da je tožena stranka dopis dejansko prejela in nanj ustrezno pisno odgovorila. Sicer pa, v kolikor je (v obligacijskem smislu) takšen dopis utegnil predstavljati ponudbo tožnika, bi moral s strani delodajalca slediti formalni in dejanski sprejem takšne ponudbe, ter v tej zvezi ustrezen pisni sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ki bi vseboval še sporazum o vseh pravicah in obveznostih, med ostalim tudi glede upravičenja do odpravnine. Vse to v konkretnem primeru ni bilo podano, zato ni mogoče govoriti, da je prišlo glede takšnih vprašanj do kakršnegakoli sporazuma med strankama.
 Po ugotovitvi pritožbenega sodišča ima notarski zapis o razrešitvi tožnika z mesta direktorja z dne 28. 2. 2005 zgolj značaj konstitutivnega akta o prenehanju poslovodne funkcije, nikakor pa ne narave formalnega akta sprejema tožnikove ponudbe o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Tožena stranka je namreč z izpovedbama prič U. M. in A. M. dokazala, da med strankama ni bilo nobenega dejanskega dogovora o upravičenju tožnika do odpravnine iz naslova dogovorjenega sporazuma o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sodišče prve stopnje je glede tega pravilno ocenilo njuni izpovedbi. Poleg tega je pomembno, da je tožnik na lastno iniciativo podal razrešitev z dnem 28. 2. 2005, pri čemer je z naslednjim dnem že nadaljeval delovno razmerje pri drugem delodajalcu. Takšna dejstva pa so za presojo tožbenih zahtevkov odločilnega pomena. Zato kakršnokoli pritožbeno sklicevanje, da so bili v konkretnem primeru dejansko izkazani razlogi za plačilo zahtevane višine odpravnine, ki je imela temelj v sporazumnem prenehanju delovnega razmerja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ne more biti upoštevno.
 Pritožbeno sodišče je preizkusilo vse pritožbene navedbe, ki jih je poskušal uveljaviti tožnik v vloženi pritožbi, da ovrže odločitev sodišča prve stopnje. Pritožbeno sodišče se je v razlogih te sodbe opredelilo samo do tistih navedb, ki bi lahko bile odločilne, vendar je tudi za te ugotovilo, da za drugačno presojo niso pomembne (1. odst. 360. čl. ZPP). Zato je zavrnilo pritožbo in v celoti potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.
 Stranki sta v pritožbenem postopku priglasili stroške in sicer tožnik v vloženi pritožbi, tožena stranka pa v vloženem odgovoru na pritožbo. Pritožbeno sodišče je odločilo, da stranki sami krijeta vsaka svoje pritožbene stroške, saj tožnik s pritožbo ni uspel, oz. na drugi strani odgovor tožene stranke na tožnikovo pritožbo ni v ničemer prispeval k sprejeti rešitvi zadeve (1. odst. 165. čl. v zvezi s 1. odst. 155. čl. ZPP).
 ZDR člen 72.
 VDSS sodba in sklep Pdp 270/2014
 VDSS sklep Pdp 418/2011
 P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYyNTU2


type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 EUROPSKA KOMISIJA
 Bruxelles, 4.1.2019.
 COM(2018) 853 final
 2018/0429(NLE)
 Prijedlog
 ODLUKE VIJEĆA
 o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji
 OBRAZLOŽENJE
 1.KONTEKST PRIJEDLOGA
 Priloženi prijedlog pravni je instrument za sklapanje Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji.
 U skladu s aktima o pristupanju Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske te tri države članice pristupaju međunarodnim sporazumima koje su potpisale ili sklopile Europska unija i njezine države članice putem protokola uz te sporazume.
 Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane,
 1
 potpisan je 9. rujna 2006. i stupio je na snagu 1. srpnja 2016. („Sporazum”).
 Nakon Odluke Vijeća od [....] o potpisivanju Protokola uz Sporazum kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Rumunjske i Republike Hrvatske Europskoj uniji, Protokol je potpisan s predstavnikom Republike Koreje dana [....].
 Predloženim Protokolom Republika Bugarska, Republika Hrvatska i Rumunjska postaju ugovorne stranke Sporazuma, a EU se obvezuje osigurati vjerodostojnu inačicu Sporazuma na bugarskom, hrvatskom i rumunjskom jeziku.
 2.PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA
 Nakon potpisivanja Protokola, Komisija predlaže Vijeću da odobri sklapanje, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske EU-u.
 2018/0429 (NLE)
 Prijedlog
 ODLUKE VIJEĆA
 o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji
 VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
 uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),
 uzimajući u obzir akte o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske te Republike Hrvatske, a posebno njihov članak 6. stavak 2.,
 uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
 uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,
 budući da:
 (1)Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, („Sporazum”) potpisan je 9. rujna 2006. i stupio je na snagu 1. srpnja 2016.
 (2)Bugarska i Rumunjska postale su države članice Unije 1. siječnja 2007., a Hrvatska 1. srpnja 2013.
 (3)U skladu s člankom 6. stavkom 2. akata o pristupanju Bugarske, Rumunjske, odnosno Hrvatske, pristupanje Sporazumu o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, dogovara se putem protokola uz Sporazum („Protokol”). U skladu s člankom 6. stavkom 2. Akta o pristupanju, u slučaju takvog pristupanja primjenjuje se pojednostavnjeni postupak sklapanjem protokola između Vijeća, koje odlučuje jednoglasno u ime država članica, i dotičnih trećih zemalja.
 (4)Vijeće je 23. listopada 2006. i 14. rujna 2012. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s dotičnim trećim zemljama kako bi se sklopili protokoli uz međunarodne sporazume koje su sklopile Europska unija i njezine države članice.
 (5)Pregovori s Korejom uspješno su završeni razmjenom verbalnih nota.
 (6)U skladu s Odlukom Vijeća [XXX]
 2
 Protokol je potpisan [...], podložno njegovu kasnijem sklapanju.
 (7)Stoga bi Protokol trebalo odobriti u ime Unije i njezinih država članica,
 DONIJELO JE OVU ODLUKU:
 Članak 1.
 Protokol uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji odobrava se u ime Unije i njezinih država članica
 3
 .
 Članak 2.
 Predsjednik Vijeća određuje osobu koja je ovlaštena u ime Europske unije i njezinih država članica poslati obavijest predviđenu u članku 4. Protokola, kako bi se izrazila suglasnost Unije i njezinih država članica da budu obvezane Protokolom.
 Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
 Sastavljeno u Bruxellesu,
 Za Vijeće
 Predsjednik
 (1)
 SL L 288, 19.10.2006., str. 31.
 (2)
 Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji (SL L , , str. ).
 (3)
 Tekst Protokola objavljen je u SL L [...], [...], str. [...], zajedno s odlukom o njegovu potpisivanju.
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 EUROPSKA KOMISIJA
 Bruxelles, 4.1.2019.
 COM(2018) 853 final
 PRILOG
 PrijedloguODLUKE VIJEĆA
 o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji
 PROTOKOL
 UZ SPORAZUM O SURADNJI
 O CIVILNOM GLOBALNOM NAVIGACIJSKOM SATELITSKOM SUSTAVU (GNSS)
 IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE,
 I REPUBLIKE KOREJE, S DRUGE STRANE,
 KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE HRVATSKE I RUMUNJSKE EUROPSKOJ UNIJI
 EUROPSKA UNIJA
 i
 KRALJEVINA BELGIJA,
 REPUBLIKA BUGARSKA,
 ČEŠKA REPUBLIKA,
 KRALJEVINA DANSKA,
 SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,
 REPUBLIKA ESTONIJA,
 IRSKA,
 HELENSKA REPUBLIKA,
 KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,
 FRANCUSKA REPUBLIKA,
 REPUBLIKA HRVATSKA,
 TALIJANSKA REPUBLIKA,
 REPUBLIKA CIPAR,
 REPUBLIKA LATVIJA,
 REPUBLIKA LITVA,
 VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
 MAĐARSKA,
 REPUBLIKA MALTA,
 KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
 REPUBLIKA AUSTRIJA,
 REPUBLIKA POLJSKA,
 PORTUGALSKA REPUBLIKA,
 RUMUNJSKA,
 REPUBLIKA SLOVENIJA,
 SLOVAČKA REPUBLIKA,
 REPUBLIKA FINSKA,
 KRALJEVINA ŠVEDSKA,
 UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,
 dalje u tekstu „države članice”,
 s jedne strane, i
 REPUBLIKA KOREJA,
 s druge strane,
 PODSJEĆAJUĆI na Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, (dalje u tekstu „Sporazum”) potpisan 9. rujna 2006., koji je stupio na snagu 1. srpnja 2016., a posebno njegov članak 18. stavak 3.,
 UZIMAJUĆI U OBZIR pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji 1. siječnja 2007. te pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013.,
 ŽELEĆI da Republika Bugarska, Republika Hrvatska i Rumunjska pristupe
 Sporazumu,
 UZIMAJUĆI U OBZIR članak 6. stavak 2. Akta o uvjetima pristupanja Republike Bugarske i Rumunjske, članak 6. stavak 2. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbe ugovora na kojima se temelji Europska unija, pristupanje tih država Sporazumu dogovara se sklapanjem protokola uz Sporazum,
 SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:
 ČLANAK 1.
 Republika Bugarska, Republika Hrvatska i Rumunjska postaju stranke Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, te svaka pojedinačno donosi i prima na znanje tekst Sporazuma jednako kao i ostale države članice.
 ČLANAK 2.
 Ovaj je Protokol sastavni dio Sporazuma.
 ČLANAK 3.
 Protokolu su priloženi tekstovi Sporazuma na bugarskom, hrvatskom i rumunjskom jeziku.
 ČLANAK 4.
 Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma na koji stranke diplomatskim notama obavijeste depozitara Sporazuma o završetku internih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Protokola.
 U POTVRDU TOGA u nastavku potpisani, koje su za to propisno ovlastile njihove vlade, potpisali su ovaj Protokol.
 SASTAVLJENO u xxxx dana xx. xx godine dvije tisuće zz, u po dva primjerka, na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i korejskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.
 ZA EUROPSKU UNIJU I DRŽAVE ČLANICE
 ZA REPUBLIKU KOREJU


text:
Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine
 21.06.2013 Reede
 Euroopa Kohus tegi hiljuti ühe huvitava otsuse (14.03.2013 otsus kohtuasjas nr C-527/11), mille valguses võib ennustada, et ka meie käibemaksuseadust võib väike „jäseme amputeerimine“ ees oodata, kirjutab Eesti Maksumaksjate Liidu (EMLi) juhatuse liige Martin Huberg ajakirja MaksuMaksja juuni/juulinumbris.
 Kaasuse asjaolud
 Üks Läti osaühing nimega Ablessio esitas sealsele maksuametile avalduse enda käibemaksukohustuslasena registreerimiseks. Avaldus jäeti aga rahuldamata ning ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimata. Põhjus — äriühingul puuduvad deklareeritud majandustegevuseks, st ehitusteenuste pakkumiseks vajalikud majanduslikud, tehnilised ja rahalised vahendid. Läti käibemaksuseaduses ongi selline alus registreerimisest keeldumiseks ette nähtud.
 Lisaks põhjendas maksuamet registreerimata jätmist sellega, et Ablessiol puudub kinnisvara ega ole sõlmitud ühtki lepingut sellise vara üürimiseks. Pealegi on äriruumide üürileping sõlmitud vaid 4 m2 suuruse mitteeluruumi kohta. Äriühing ei ole kantud ehitusregistrisse ega ole asutamisest saadik läbi viinud tegelikku majandustegevust, äriühingu ainus töötaja on juhatuse esimees, kellele ilmselt palka ei maksta (otsuse p 10).
 Ablessio vaidlustas erinevates instantsides maksuameti otsuse ning vaidlus jõudis Euroopa Kohtusse, kes pidi vastama Läti ülemkohtu küsimusele: kas direktiivi 2006/112 artikleid 213, 214 ja 273 tuleb tõlgendada nii, et need ei luba liikmesriigi maksuametil käibemaksu nõuetekohase kogumise tagamiseks ja maksupettuste ärahoidmiseks keelduda äriühingule käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit andmast vaid sel põhjusel, et ameti arvates puuduvad tal deklareeritud majandustegevuseks vajalikud majanduslikud, tehnilised ja rahalised vahendid ning et äriühingu osanik on selle numbri juba mitu korda saanud äriühingute jaoks, mis ei ole kunagi teostanud reaalset majandustegevust ja mille osalus on võõrandatud varsti pärast numbri saamist?
 Ressursse ei pea alati olema
 Euroopa Kohus tuletas esmalt meelde, et käibemaksukohustuslaste registreerimise peamiseks eesmärgiks on käibemaksusüsteemi nõuetekohase toimimise tagamine.
 Käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri andmine tõendab maksukohustuslase staatust käibemaksuga maksustamisel ja lihtsustab kontrolli maksukohustuslaste üle eesmärgiga tagada maksu nõuetekohane kogumine. Euroopa Liidu sisese kaubanduse maksustamise üleminekukorra raames on käibemaksukohustuslaste registreerimise eesmärk lihtsustada selle liikmesriigi väljaselgitamist, kus leiab aset tarnitud kauba lõpptarbimine (p 19). Samuti on registreerimise numbril oluline tähendus ka teatud tehingute tõendamisel (numbri arvele ja deklaratsioonidesse kandmine, p 20).
 Põhimõtteliselt jätab direktiiv liikmesriikidele ettevõtjate käibemaksukohustuslasena registreerimise tagamise meetmete võtmisel teatud kaalutlusruumi, kuid kaalutlusruum ei ole piiramatu ning registreerimisest tohib keelduda vaid õiguspärase aluse olemasolul (p-d 22–23).
 Kohus rõhutas, et direktiivi art 9 lõige 1 loeb maksukohustuslaseks iga isiku, kes mis tahes paigas teostab iseseisvalt mis tahes majandustegevust, olenemata nimetatud tegevuse eesmärgist või tulemustest (p 24).
 Seda direktiivi sätet tõlgendatakse laiendavalt ning Igaüht, kellel on objektiivselt tõendatud kavatsus alustada iseseisvalt majandustegevust ja kes teeb selleks vajalikke esmaseid investeeringuid, tuleb pidada maksukohustuslaseks (p 25).
 Maksukohustuslasteks, kes võivad taotleda käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, peetakse mitte ainult isikuid, kes teostavad juba majandustegevust, vaid ka neid, kes kavatsevad seda alustada ja kes teevad selleks vajalikke esmaseid investeeringuid. Neil isikutel ei tarvitse olla võimalik oma majandustegevuse algstaadiumis tõendada, et neil on juba selleks tegevuseks vajalikud majanduslikud, tehnilised ja rahalised vahendid.
 Seega ei luba direktiiv 2006/112 — eelkõige selle artiklid 213 ja 214 — liikmesriigi maksuametil keelduda taotlejale käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit andmast vaid sel põhjusel, et ta ei suuda tõendada, et tal on käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse esitamise ajal olemas deklareeritud majandustegevuseks vajalikud majanduslikud, tehnilised ja rahalised vahendid (p-d 26–27).
 Millal siiski võib registreerimisest keelduda?
 Kuigi Läti seaduse sätte osas, mis andis aluse registreerimisest keeldumiseks, on sellega seisukoht kujundatud, analüüsib Euroopa Kohus ka liikmesriigi kohtu küsimuse teist poolt — kas maksupettuste ja maksude vältimise ning muude kuritarvituste vältimisega koostoimes saab sellist alust registreerimisest keeldumise alusena rakendada.
 Kohus leidis, et maksupettuste ning maksude vältimise ning muude võimalike kuritarvituste vastane võitlus on direktiiviga tunnustatud ja toetatud eesmärk (p 28). Käibemaksukohustuslaste registri andmete õigsuse tagamine aitab ka käibemaksusüsteemi nõuetekohasele toimimisele kaasa, seega on pädev asutus tõesti kohustatud kontrollima, kas registreerimise taotlejal on maksukohustuslase staatus (p 29). Seetõttu on õigus ka takistada registreerimisnumbri kuritarvitamist, iseäranis nende isikute suhtes, kelle tegevus (ning järelikult ka maksukohustuslase staatus) on fiktiivne. Sellegipoolest ei tohi need meetmed minna kaugemale sellest, mis on vajalik maksu nõuetekohase kogumise kindlustamiseks ja pettuste ärahoidmiseks, ning nendega ei tohi seada süstemaatiliselt kahtluse alla käibemaksu mahaarvamise õigust ja sellest tulenevalt ka maksustamise neutraalsust (p 30).
 Kohus tuletas meelde, viidates muu hulgas varasemale lahendile asjas C-385/09, et maksukohustuslase staatusest teavitamine ning registreerimine (direktiivi art-d 213 ja 214) on kontrolliotstarbelised vorminõuded, mis ei saa seada kahtluse alla eelkõige õigust mahaarvamisele või käibemaksuvabastusele seoses ühendusesisese tarnega, kui nende õiguste tekkimise sisulised tingimused on täidetud (p 32).
 Kuna registreerimiskohustus on niikuinii vaid vorminõue, ei takista registreerimata jätmine ka hilisemat sisendkäibemaksu mahaarvamist, kui mahaarvamisõiguse tingimused on täidetud (p 33).
 Seega, et registreerimata jätmine oleks proportsionaalne meede maksupettuste ärahoidmise eesmärgi suhtes, peaks see põhinema arvestataval teabel, mis lubab objektiivselt järeldada, et kui maksukohustuslasele antakse käibemaksukohustuslasena registreerimise number, hakkab ta seda tõenäoliselt kuritarvitama. Otsus peab põhinema hinnangul, mis antakse kogumis juhtumi kõigile asjaoludele ja tõenditele, mis on ettevõtja esitatud andmete kontrollimise käigus kogutud (p 34).
 Kohus märkis, et ainuüksi sellest, et maksukohustuslasel puuduvad deklareeritud majandustegevuseks vajalikud majanduslikud, tehnilised ja rahalised vahendid, ei piisa tõendamaks, et ta tõenäoliselt paneb toime maksupettuse. Sellegipoolest ei saa välistada, et sedalaadi asjaolud — mida kinnitavad muud objektiivsed seigad, mis tekitavad kahtluse, et maksukohustuslane kavandab pettust — võivad olla teabeks, mida tuleb pettuseohu üldisel hindamisel arvesse võtta (p 36).
 Lisaks märkis kohus ka, et direktiiv ei näe ette ühtki piirangut selle kohta, mitu käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldust võib sama isik esitada, tegutsedes erinevate juriidiliste isikute nimel. Direktiiv ei luba ka järeldada, et juriidilise isiku üle kontrolliõiguse loovutamine pärast tema käibemaksukohustuslasena registreerimist on õigusvastane tegevus. Sellegipoolest võib ka neid asjaolusid pettuseohu üldise hindamise raames arvesse võtta (p 37).
 Kuidas see Eestit puudutab?
 Kuigi käsitletud kohtuotsus puudutas Läti käibemaksuseadust ja selle rakendamist, teab igaüks, kes on Balti riikide käibemaksuseadustega põgusalt tutvunud, et mitmetes rõhuasetustes on seadused küllalt sarnased, kuigi vormid erinevad. Isegi maksumäärad olid varem võrreldavad ning šnitti võeti üksteiselt omal ajal ilmselt paljudes küsimustes.
 Ka meie käibemaksuseaduses on § 20 lõige 41 järgmises sõnastuses: Isik peab registreerimiseks tõendama, et ta tegeleb ettevõtlusega Eestis või alustab Eestis ettevõtlust. Kui isiku ettevõtlusega tegelemine või ettevõtluse alustamine ei ole piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Maksuhaldur otsustab registreerimise tõendite saamisest alates kolme tööpäeva jooksul. Maksuhaldur jätab isiku registreerimata, kui isik ei tegele ettevõtlusega või ei alusta ettevõtlust.
 EML on selle sätte rakendamisega korduvalt kokku puutunud ning võib öelda, et vahel ei oska kartagi, mis kõik võib käibemaksukohustuslasena registreerimisel takistuseks saada. Näiteks on ka meie praktikas olnud juhus, kus üks olulistest takistustest oli puuduv rendileping, mis ametniku arvates pidi ilmselgelt tõendama, et ettevõtlusega ei tegeleta ega kavatsetagi tegelema hakata.
 Samuti on meie praktikas olnud juhtum, kus registreerimata jätmise ja edutu vaidemenetluse tõttu oli lihtsam turult „toimiv keha“ soetada, millel oli juba KMK number olemas, sest maksuhaldurile lihtsalt ei mahtunud mingitel asjaoludel pähe, miks peaks keegi asutama tütarühingut selleks, et osa enda tegevusest sellele üle anda ja seega ka, et tütarühing võiks seetõttu olla ka käibemaksukohustuslasena registreeritud.
 Arvestades, et Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt ei pruugi alustaval ettevõtjal olla võimalik tõendada majanduslike, tehniliste ja rahaliste vahendite olemasolu, on loomulikult küsitav, kas KMS § 20 lõige 41 on direktiiviga kooskõlas. Pigem mitte. Kindlasti on juhtumeid, kus sätet saab kohaldada ka direktiiviga vastuollu minemata, kuid see on pigem menetleja kaalutlusõiguse realiseerimise, mitte sellele seaduses sätestatud piiride tulemus.
 Sisuliselt võib kohtuotsusest välja lugeda ka, et maksuhalduril ei ole õigust registreerimisest keeldumise alusena viidata sellele, et toimub tegevus, mida tuntakse „riiulifirmade müügi“ nime all. Kusjuures tuleb arvestada, et käibemaksuseadus sätestab tegelikult ka tingliku tõendatuse eeldamise võimaluse. KMS § 20 lõike 1 teise lause kohaselt võib isik esitada avalduse enda käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks äriregistri infosüsteemi kaudu digitaalallkirjastatult või taotleda notarilt avalduse koostamist ja e-notari infosüsteemi kaudu esitamist.
 Notari kui ametniku puhul, kes ongi ellu kutsutud selleks, et tõendada õigussuhteid [1], võib eeldada, et tema edastatud avaldusega seonduvalt on kontrollitud ja tõendatud ka ettevõtlusega tegelemine või ettevõtlusega tegelemise alustamine. Tegelikult ei pruugi see muidugi nii olla, sest ametniku funktsioon selles menetluses võib olla teine. Ma ei hakanud maksuhaldurilt statistikat küsima, mitu notari esitatud avaldust on jäänud positiivse tagajärjeta, kuid võib eeldada, et mitte piisavalt, sest vastaselt juhul oleks selline võimalus ilmselt elimineeritud. Seega on minu arvates praeguses seaduses „riiulifirmade müügi“ toimimine sisse kirjutatud, tuleb vaid läbida õige rituaal.
 Samalaadne probleem puudutab käibemaksukohustuslaste registrist kustutamist. KMS § 22 lõige 31: Maksuhalduril on õigus kustutada registrist maksukohustuslane, kes ei tegele Eestis ettevõtlusega. Kui maksukohustuslase ettevõtlusega tegelemine ei ole piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda maksukohustuslaselt lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Maksuhaldur teatab maksukohustuslasele registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks. Kui ettevõtlusega tegelemine ei ole ettenähtud tähtaja jooksul tõendatud, kustutab maksuhaldur maksukohustuslase registrist.
 Praktikas rakendatakse sätet selliselt, et käibemaksukohustuslasest juriidilise isiku registrijärgsele aadressile saadetakse lihtkirjaga korraldus, millega kohustatakse mingiks tähtpäevaks (tavaliselt antakse aega umbes 2 nädalat) esitama maksuhaldurile tõendeid majandustegevuse kohta ning korralduse täitmata jätmise tagajärjeks on käibemaksukohustuslaste registrist kustutamine. Paraku on üsna levinud, et registrijärgne aadress ei lange tegevuskoha omaga kokku, korraldus ei jõua kohale ning jääb loomulikult ka täitmata, mille tulemusena realiseerub variant B ehk kustutamine. [2]
 Esiteks on muidugi küsitav, kas nii kergekäeliselt tohiks kustutada ettevõtjat käibemaksukohustuslaste registrist, kuid suurem probleem tekib viidatud sätte koosmõjust käibemaksukohustuslasena registreerimise sätetega.
 Kui isik kustutatakse registrist, tekib tal KMS § 29 lõike 10 kohaselt kohustus tasuda käibemaksu võõrandamata kaubalt, põhivara puhul aga korrigeerida sisendkäibemaksu KMS § 32 lõikes 4 sätestatut arvestades. Selleks et korrigeerimist vältida, peaks saama isiku uuesti käibemaksukohustuslasena registreerida tagasiulatuvalt, kuid sellist alust seaduses ei ole.
 Mõnel juhul võiks proovida tõlgendada KMS § 19 lõiget 1 koostoimes § 20 lõikega 1 selliselt, et hoolimata Maksu- ja Tolliameti (MTA) vahepealsest haldusaktist, millega isik kustutati, on seadusjärgne registreerimise piirmäär (16 000 euro suurune aastakäive) ületatud ning selle hetke seisuga saaks ka registreerimist uuesti taotleda. Samas ei aitaks see tõlgendus neid, kellel on vastav käibe suurus saavutamata. Vabatahtlik registreerimine tagasiulatuvalt võimalik ei ole (vt KMS § 20 lg-d 2 ja 4).
 Seega, koostoimes tagasiulatuva registreerimise võimaluse puudumisega pannakse isik olukorda, kus ta ei saa sisendkäibemaksu maha arvata, peab varem soetatud kaupadelt tasuma käibemaksu (KMS § 29 lg 10) ning hilisema käibemaksukohustuslasena registreerimise puhul on võimalik, et tema võõrandatavad kaubad või osutatavad teenused sisaldavad endas mahaarvamata käibemaksu (kumulatsiooni võimalus).
 Seejuures ei leevenda olukorda oluliselt ka KMS § 29 lõige 5 (isegi kui anda sellele sättele nii lai tõlgendus, nagu Rahandusministeerium suures hädas on välja pakkunud). [3] Põhivara hilisem võõrandamine ei tekita küll käibemaksukohustuslasena registreerimiskohustust ega lähe vastava künnise arvestamisel ka arvesse (vt KMS § 19 lg 1), kuid kui soetaja on käibemaksukohustuslane, tekib kumulatsioonioht kõigest hoolimata.
 MaksuMaksjas on varem kajastamist leidnud ka KMS § 29 lõike 5 suhe käibemaksudirektiiviga Euroopa Kohtu 21.10.2010 lahendi asjas nr C-385/09 valguses. [4] Praeguses loos käsitletav lahend on viidatud lahendiga seotud, sest kui mis tahes põhjusel jääb üks isik õigel ajal käibemaksukohustuslaseks registreerimata, saab ta sisendkäibemaksu mahaarvamist läbi viia vaid KMS § 29 lõike 5 alusel — see peaks kompenseerima KMS § 20 lõigete 2 ja 4 keeldu tagasiulatuva registreerimise osas.
 KMS § 29 lõige 5 võimaldab sisendkäibemaksu maha arvata üksnes kauba osas ning seda võõrandamise hetkel, mitte aga kohe käibemaksukohustuslasena registreerimise hetkel. Liiatigi ei laiene säte põhivarale, mis oli kasutusse võetud enne käibemaksukohustuslasena registreerimist. [5] Täielikult jääb sisendkäibemaks maha arvamata sisseostetud teenuste osas.
 Arvestades Euroopa Kohtu lahendites C-385/09 ja C-527/11 väljendatud seisukohti, tuleks vorminõue jätta kõrvale ning võimaldada Eestis tagasiulatuvat käibemaksukohustuslasena registreerimist koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega — oleks ebaõiglane, kui õigused tekivad tagasiulatuvalt, kuid kohustused mitte.
 KMS § 29 lõiget 5 ei saaks ka tagasiulatuva registreerimise korral kohaldada, sest sellisel juhul tuleks tagada kohene sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus[6], kuid KMS § 29 lõige 5 on üles ehitatud edasimüüdava kauba olemasolule ning mahaarvamine tagatakse alles võõrandamiskäibe tekkimisel. See tähendab, et kui tagasiulatuvalt tekitatakse kohustused, peab õigust saama koheselt realiseerida sarnaselt üldkorrale (KMS § 31 lg 9, direktiivi 2006/112/EÜ art 167 — mahaarvamisõigus tekib maksukohustusega sünkroonselt).
 Seega, KMS § 29 lõike 5 muutmisest ei piisa, vaid Eestis tuleb võimaldada tagasiulatuvat registreerimist ka juhtudel, mil 16 000 euro suurune käive ei ole täitunud.
 Arvestades eelpool kirjeldatud Euroopa Kohtu seisukohti, tuleks meie käibemaksuseaduses muuta § 20 lõiget 41 — kontroll enne registreerimist võib jääda, kuid registreerimata jätmine eeldaks tõendite kogumist, mille põhjal saab objektiivselt ja veenvalt asuda seisukohale, et isik tõenäoliselt hakkaks registreeringut kuritarvitama. Seejuures tuleks muuta ka KMS § 20 lõikeid 2 ja 4 ning võimaldada tagasiulatuv registreerimine, mis lisaks kõigele muule kompenseeriks ka võimalikku varasemat registreerimata jätmist.
 KMS § 22 lõige 31 tuleks samuti ringi vaadata — kustutamine peaks eelkõige olema meede, mis tõepoolest rakendub juhul, kui ettevõtlusega ei tegeleta või kui on ilmne, et äriühingut kasutatakse maksupettusteks. Selline liinitöö, nagu praegu toimub (lihtkiri ja vastuse mittesaamisel kustutamine), tuleb lõpetada. Selle järele kaoks ka vajadus, kui KMS § 20 lõiked 2 ja 4 lubaksid tagasiulatuvat registreerimist.
 KMS § 29 lõige 5 peaks jääma vaid nendele ettevõtjatele, kes end tagasiulatuvalt käibemaksukohustuslasena registreerida ei soovi.
 [1] Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande (notariaadiseaduse § 2 lg 1).
 [2] Dokumentide lihtkirjaga kättetoimetamise ja kättetoimetamise tõendamise kohta vt Riigikohtu halduskolleegiumi 13.10.2009 lahendit kohtuasjas nr 3-3-1-65-09.
 [3] Vt Lasse Lehis. Rahandusministeerium õpetab topeltmaksustamist vältima. – MaksuMaksja, 2012, 6/7, lk 20-22.
 [4] Vt Tõnis Elling. Sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus enne isiku käibemaksukohustuslaseks registreerimist toimunud tehingutelt. – MaksuMaksja, 2010, 11, lk 28-30.
 [5] Põhivara müügil kohaldatakse Riigikohtu praktika alusel maksuvaba käibe sätteid, kuigi maksuhaldur oli arvamusel, et põhivara tuleks sootuks maksustada mahaarvamisõiguseta. Vt Riigikohtu halduskolleegiumi 12.02.2007 otsust kohtuasjas 3-3-1-90-06. Vt ka Hiie Marrandi. Käibemaksu kumulatsioon ja maksuvaba käive. – MaksuMaksja, 2007, 3, lk 52-54.
 [6] Selle kohta vt Euroopa Kohtu 11.07.1991 otsust kohtuasjas nr C-97/90.
 Veel selles kategoorias: « Ühendusesiseste tehingute ja toimingute deklareerimisest KMD-l ja VD-l Käibemaks kinnisvara müügi korral »