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 52013PC0174
 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por buques y la contaminación marina causada por instalaciones de hidrocarburos y de gas /* COM/2013/0174 final - 2013/0092 (COD) */
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1.
 OBJETIVO DE LA PROPUESTA
 En 2004, se encomendó a la Agencia
 Europea de Seguridad Marítima («la Agencia» o «la AESM»), creada en 2002[1], una serie de tareas en el ámbito de la lucha contra la
 contaminación marina[2]. Habida cuenta del carácter a largo plazo de la responsabilidad
 de la Agencia en la lucha contra la contaminación, sus tareas podrán llevarse a
 cabo con eficacia y rigor si se dispone de la adecuada seguridad financiera por
 medio de un compromiso plurianual. Por consiguiente, en 2006, el legislador de
 la UE estableció una financiación plurianual para la actuación de la Agencia en
 el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por buques en el período
 comprendido entre 2007 y 2013[3]. La presente propuesta legislativa tiene como objetivo prorrogar
 la financiación plurianual durante el período comprendido entre 2014 y 2020, en
 el marco de las nuevas perspectivas financieras[4].
 2.
 JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
 2.1. Contexto
 La Agencia fue creada en 2002, a raíz del
 grave accidente marítimo del petrolero Erika ocurrido en diciembre de 1999, que
 provocó importantes vertidos de hidrocarburos. En vista del vertido de
 hidrocarburos causado por el accidente del petrolero Prestige en noviembre de
 2002, se encomendó a la Agencia una serie de tareas y obligaciones específicas
 en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por buques. La Agencia
 adoptó, en octubre de 2004, un plan de acción para la preparación y la lucha
 contra la contaminación por hidrocarburos (denominado en lo sucesivo «el plan
 de acción de hidrocarburos»). En junio de 2007, se adoptó un segundo plan de
 acción para la preparación y lucha contra la contaminación por sustancias
 nocivas y potencialmente peligrosas (denominado en lo sucesivo «el plan de
 acción de SNPP»)[5].
 El Consejo de Administración de la AESM actualiza ambos planes de acción como
 parte de los programas de trabajo anuales de la Agencia.
 En marzo de 2010, el Consejo de
 Administración aprobó una estrategia a cinco años[6], que incluye dos temas
 pertinentes para la lucha contra la contaminación causada por buques. En primer
 lugar, el tema 8 desarrolla la función de la AESM en materia de vertidos
 ilegales por buques (cuestiones relativas al control de las obligaciones y
 refuerzo adicional de CleanSeaNet mediante la integración de información sobre
 la posición de los buques). En segundo lugar, el tema 12 trata de la
 preparación y la lucha contra la contaminación marina.
 Por último, la Comisión propuso, en octubre de 2010, una
 modificación del Reglamento relativo a la AESM, que, entre otras cosas, prevé
 una ampliación explícita de las actividades de lucha contra la contaminación,
 con el fin de abarcar los accidentes en instalaciones de hidrocarburos y de gas
 en alta mar[7]. La presente propuesta sugiere, además, que se amplíe la ayuda de
 la AESM, incluidas las actividades de lucha contra la contaminación, a los
 países vecinos de la UE. En abril de 2012, el Parlamento Europeo y el Consejo
 alcanzaron un acuerdo sobre la propuesta, y, por otro lado, el Reglamento
 adoptado en enero de 2013[8] confirma las disposiciones antes citadas.
 2.2. Tareas desempeñadas actualmente
 por la AESM en el ámbito de la lucha contra la contaminación
 De conformidad con el Reglamento (CE) no
 2038/2006 y la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de
 buques[9],
 las tres principales tareas de la Agencia en el ámbito de la lucha contra la
 contaminación causada por buques son las siguientes:
 a) Asistencia operativa a los Estados
 miembros
 La Agencia ofrece una red de buques de
 apoyo equipados para la lucha contra los vertidos de hidrocarburos para
 incrementar la capacidad de respuesta de los Estados miembros, en caso de que
 se vean afectados por una marea negra. También dispone de un servicio de
 detección y seguimiento por satélite de los vertidos de hidrocarburos, conocido
 como «CleanSeaNet», y facilita información sobre los vertidos de sustancias
 químicas a través de la red «MAR-ICE». Los Estados ribereños afectados pueden
 solicitar la intervención de los buques equipados para la lucha contra los
 vertidos de hidrocarburos a través del Mecanismo Comunitario de Protección
 Civil[10].
 Se está llevando a cabo la integración progresiva con los mecanismos de
 intervención de los Estados miembros a través de la participación periódica en
 ejercicios nacionales y regionales.
 b) Cooperación y coordinación
 La Agencia funciona como punto de enlace
 con expertos en la lucha contra la contaminación de los Estados miembros, así
 como con acuerdos regionales en vigor y con la Organización Marítima
 Internacional (OMI).
 c) Información
 La Agencia recopila, analiza y difunde
 información sobre las mejores prácticas, técnicas e innovación en el ámbito de
 la lucha contra la contaminación marina.
 Resumen de las prestaciones (2007 – septiembre de 2012)
 A continuación se indican el principal servicio de preparación y lucha contra la contaminación marina de la AESM y las prestaciones que se han conseguido a través del marco de financiación plurianual ya existente.
 Red de buques de apoyo equipados para la lucha contra los vertidos de hidrocarburos:
 Están actualmente vigentes 16 contratos que ofrecen cobertura a todas las cuencas marinas regionales de la Unión Europea. Se pueden movilizar de forma simultánea y están listos para hacerse a la mar en 24 horas 18 buques con una capacidad media de almacenamiento de hidrocarburos recuperados de aproximadamente 3 500 m3. || Los buques de la AESM han participado en 36 ejercicios operativos internacionales (transfronterizos) desde 2007. La participación en ejercicios facilita la integración entre los servicios de la AESM y los mecanismos de intervención de los Estados miembros.
 CleanSeaNet
 Se han obtenido más de 12 000 imágenes por satélite desde que se puso en marcha el servicio en abril de 2007, con una media de más de 2 000 imágenes al año. || Han sido objeto de control más de 1 000 millones de km2. || Los Estados miembros confirman la existencia de unos 200 vertidos ilegales al año, a raíz de la vigilancia sobre el terreno.
 Intervención en caso de incidente
 Se ha recurrido a los servicios de lucha contra la contaminación de la AESM en un total de 25 incidentes desde 2007. La ayuda de emergencia a los Estados ribereños afectados incluye lo siguiente: buques equipados para la lucha contra la contaminación, imágenes por satélite, activación de «MAR-ICE» y asistencia especializada sobre el terreno. || La ayuda de emergencia incluye cuatro movilizaciones de buques equipados para la lucha contra la contaminación en Europa. || La ayuda de emergencia incluye una intervención de ayuda con equipos a los Estados Unidos con motivo del incidente de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon.
 Mejores prácticas: Desarrollo y fomento
 La AESM ha organizado 20 reuniones y seminarios de expertos (además de las sesiones de formación periódicas sobre CleanSeaNet para funcionarios de los Estados miembros o reuniones con operadores de buques de la red.) || Publicación de siete inventarios sobre distintos aspectos de la política y capacidad de los Estados miembros en materia de preparación y lucha contra la contaminación. || Gestión del programa de intercambio de funcionarios «EMPOLLEX», que ha facilitado el intercambio de 21 expertos entre los Estados miembros desde su creación en junio de 2008. || Desarrollo de un instrumento único de decisión de intervención para la aplicación de agentes de dispersión durante un incidente. Estudios específicos coordinados, en su caso (por ejemplo, estudio sobre las instalaciones de vertido, estudio sobre la seguridad de las plataformas: desarrollo de requisitos aplicables a los buques que intervienen en condiciones atmosféricas peligrosas)
 2.3. Tareas futuras
 Tal como se ha explicado anteriormente,
 con la entrada en vigor, en enero de 2013, de las modificaciones del Reglamento
 por el que se crea la AESM, se encomendó a esta las siguientes tareas nuevas en
 el ámbito de la lucha contra la contaminación:
 a) las actividades de lucha contra la
 contaminación actualmente llevadas a cabo por la AESM en caso de «contaminación
 causada por buques» cubrirán también «la contaminación marina causada por
 instalaciones de hidrocarburos y de gas»;
 b) el servicio CleanSeaNet ya existente
 de la AESM «controlará también la extensión y el impacto medioambiental de la
 contaminación marina por hidrocarburos causada por instalaciones de hidrocarburos
 y de gas»;
 c) el ámbito geográfico actual (Estados
 miembros y países en vías de adhesión) se amplía a «los países europeos vecinos
 asociados y a los países que participan en el Memorándum de Acuerdo de París
 sobre el control de los buques por el Estado del puerto», por lo que los buques
 de la AESM podrán intervenir en el conjunto de las cuencas marítimas regionales
 de la Unión.
 La Comisión propone que el importe reservado
 para tal fin se utilice únicamente para las dos primeras tareas nuevas, para que
 la financiación inicial permita comenzar las nuevas tareas sin poner en peligro
 las tareas actuales. La tercera tarea nueva se financiaría con cargo a los
 programas existentes de la UE aplicables a países cubiertos por la política de
 ampliación y por la Política Europea de Vecindad (el programa SAFEMED en el
 caso del mar Mediterráneo y los programas de la iniciativa TRACECA en el caso
 del mar Negro). Desde el punto de vista presupuestario y de gestión de los
 programas, se considera más adecuado financiar esta nueva tarea dentro del
 marco ya existente de ayuda de la UE a estos países.
 2.4. Evaluación de las actividades
 desarrolladas actualmente por la AESM en el ámbito de la lucha contra la
 contaminación
 De acuerdo con lo dispuesto en el
 Reglamento (CE) n° 1406/2002, la Agencia ha presentado informes sobre la
 ejecución financiera de los planes de acción antes del 31 de enero de cada año
 hasta el año 2012. Estos informes están disponibles en el sitio web de la
 Agencia. A partir de 2013, los informes se integrarán el informe anual de
 actividades de la Agencia.
 Además, la Comisión presentó, en mayo de
 2011, un informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 2038/2006[11]. Dicho informe
 está basado en los datos globales facilitados por la Agencia, con el visto bueno
 del Consejo de Administración de la AESM, e incluye una consulta de las partes
 interesadas y una serie de hipótesis detalladas[12]. La supervisión y
 el control de las actividades de la Agencia corresponden al Consejo de
 Administración de la AESM, mediante la adopción del programa de trabajo, del
 presupuesto y del informe anual, así como al Tribunal de Cuentas y a la
 Autoridad Presupuestaria, a través del procedimiento de aprobación de la
 gestión.
 Las dos conclusiones principales derivadas
 de estas actividades de evaluación son las que se indican a continuación:
 1) el presupuesto dedicado a la lucha
 contra la contaminación es el adecuado y
 2) las medidas financiadas son rentables,
 aportan un valor añadido y son gestionadas de forma adecuada.
 2.5. Evaluación ex ante de
 las actividades propuestas
 Se ha llevado a cabo una evaluación ex
 ante que se adjunta a la presente propuesta (documento SEC(2013) xxx).
 Dicha evaluación confirma la utilidad y la eficacia del marco financiero
 plurianual y determina el importe que debe asignarse.
 3. Aspectos
 jurídicos de la propuesta
 3.1. Base jurídica
 La base jurídica de la propuesta es el
 artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
 que ha servido de base jurídica del Reglamento (CE) no 2038/2006, en la
 versión anterior del Tratado.
 3.2. Principios de
 subsidiariedad y proporcionalidad
 Se cumplen plenamente los principios de
 subsidiariedad y proporcionalidad, ya que la actuación de la Agencia
 corresponde a la vertiente europea de un sistema diferenciado de lucha contra
 la contaminación causada por buques y por instalaciones en alta mar. La mayor
 parte de las intervenciones se inician a petición de los Estados ribereños
 afectados. El hecho de que la UE sea parte contratante de un conjunto de organizaciones
 regionales, enumeradas a continuación, es ilustrativo de la estrecha
 cooperación existente a escala regional:
 ·
 Convenio sobre protección del medio marino de
 la zona del mar Báltico (Convenio de Helsinki revisado de 1992);
 ·
 Convenio sobre la protección del mar
 Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona) y algunos de sus
 protocolos;
 ·
 Acuerdo sobre cooperación en la lucha contra
 la contaminación del mar del Norte producida por los hidrocarburos y otras
 sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn);
 ·
 Convenio sobre la protección del medio marino
 del Nordeste Atlántico (Convenio OSPAR);
 ·
 Acuerdo de cooperación para la protección de
 las costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la contaminación
 (Acuerdo de Lisboa) y su Protocolo Adicional, que aún no han entrado en vigor.
 La Unión está negociando también su
 adhesión al Convenio para la Protección del Mar Negro contra la Contaminación
 (Convenio de Bucarest).
 3.3. Instrumentos elegidos
 Un Reglamento resulta el instrumento
 jurídico más adecuado para establecer un marco financiero plurianual. Este
 instrumento ya se eligió en 2006.
 4. Repercusiones
 presupuestarias
 En vista de lo anteriormente expuesto, la
 Comisión propone asignar de nuevo una dotación financiera plurianual imputable
 al presupuesto de la Unión para el período comprendido entre el 1 de enero
 de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, coincidiendo con el nuevo marco
 financiero plurianual. De conformidad con el paquete de medidas de la Comisión
 titulado «Un presupuesto para Europa 2020», de junio de 2011, y de acuerdo con
 la práctica corriente, el importe debe proceder de la Rúbrica 1 «Crecimiento
 inteligente e integrador». La Comisión propone, por lo tanto, dedicar un
 importe de 160,5 millones de euros al período de referencia. Se facilitan más
 datos en la ficha financiera legislativa adjunta y en la evaluación ex ante.
 Los importes anuales deberían recibir la autorización de la Autoridad
 Presupuestaria siguiendo el procedimiento presupuestario.
 5. Contenido
 de la propuesta
 La propuesta se ajusta en gran medida a
 la estructura del Reglamento (CE) n° 2038/2006, con las adaptaciones necesarias;
 consta de ocho artículos, que se indican a continuación:
 ·
 Artículo 1: Objetivo
 ·
 Artículo 2: Definiciones
 ·
 Artículo 3: Ámbito de aplicación
 ·
 Artículo 4: Financiación de la Unión
 ·
 Artículo 5: Inventario de capacidades
 existentes
 ·
 Artículo 6: Protección de los intereses
 financieros de la Unión
 ·
 Artículo 7: Evaluación intermedia
 ·
 Artículo 8: Entrada en vigor
 2013/0092 (COD)
 Propuesta de
 REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
 DEL CONSEJO
 relativo a la financiación plurianual de
 la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el ámbito de la
 lucha contra la contaminación causada por buques y la contaminación marina
 causada por instalaciones de hidrocarburos y de gas
 (Texto pertinente a efectos del EEE)
 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la
 Unión Europea, y, en particular, su artículo 100, apartado 2,
 Vista la propuesta de la Comisión Europea,
 Previa transmisión de la propuesta a los
 Parlamentos nacionales,
 Visto el dictamen del Comité Económico y
 Social Europeo[13],
 Visto el dictamen del Comité de las
 Regiones[14],
 De conformidad con el procedimiento
 legislativo ordinario[15],
 Considerando lo siguiente:
 (1) A través del Reglamento
 (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002[16], se creó la
 Agencia Europea de Seguridad Marítima (denominada en lo sucesivo «la Agencia»),
 a fin de garantizar un nivel elevado, uniforme y eficaz de seguridad marítima y
 de prevención de la contaminación por los buques.
 (2) El Reglamento (CE) no
 724/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004[17], que modifica el
 Reglamento (CE) no 1406/2002, encomienda a la Agencia tareas en el ámbito de la
 prevención de la contaminación y de la lucha contra la contaminación causada
 por buques, a raíz de accidentes ocurridos en aguas europeas, en particular los
 de los petroleros Erika y Prestige.
 (3) El Reglamento (UE) no 100/2013
 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013[18], que modifica el
 Reglamento (CE) no 1406/2002, encomienda a la Agencia tareas en materia de
 lucha contra la contaminación marina causada por instalaciones de hidrocarburos
 y de gas y amplía los servicios de la Agencia a los países cubiertos por la
 política de ampliación y por la Política Europea de Vecindad.
 (4) El Reglamento (CE) no
 2038/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006[19], establece una
 financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad
 Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por los
 buques, que expira el 31 de diciembre de 2013.
 (5) A efectos de la
 realización de esas tareas de prevención y lucha contra la contaminación causada
 por buques, el Consejo de Administración de la Agencia adoptó, el 22 de octubre
 de 2004, un plan de acción en el ámbito de la preparación y la lucha contra la
 contaminación por hidrocarburos, que determina las actividades de la Agencia en
 ese ámbito y pretende dar un uso óptimo a los recursos financieros de que
 dispone la Agencia. El 12 de junio de 2007, el Consejo de Administración de la
 Agencia adoptó un plan de acción para la preparación y la lucha contra la
 contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. De
 conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) n° 1406/2002, ambos planes
 de acción son actualizados anualmente a través del programa de trabajo anual de
 la Agencia.
 (6) La actuación de la
 Agencia en materia de lucha contra la contaminación, según prevén los planes de
 acción, consiste en actividades de información, cooperación y coordinación y,
 sobre todo, de prestación de asistencia operativa a los Estados afectados
 mediante la oferta, previa solicitud, de buques anticontaminación adicionales
 capaces de intervenir en casos de contaminación por hidrocarburos y otros tipos
 de contaminación como la causada por sustancias nocivas y potencialmente
 peligrosas. Es preciso que la Agencia preste particular atención a las zonas
 calificadas de sensibles, sin menoscabo de la ayuda que haya de proporcionar a
 otras zonas que lo necesiten.
 (7) Las actividades de la
 Agencia en este ámbito no deben eximir a los Estados ribereños de su
 responsabilidad de contar con mecanismos adecuados de lucha contra la
 contaminación y deben respetar los acuerdos de cooperación existentes, que
 prevén una asistencia mutua en caso de incidente de contaminación marítima. La
 Unión se ha adherido a varias organizaciones regionales y está preparando la
 adhesión a otras organizaciones regionales.
 (8) Es conveniente que la
 actuación de la Agencia se coordine con las actividades de los acuerdos
 bilaterales y regionales a los que se ha adherido la Unión. En caso de
 producirse un incidente de contaminación marítima, la Agencia debe asistir al
 Estado miembro o a los Estados miembros afectados bajo cuya autoridad vayan a
 llevarse a cabo las operaciones de limpieza.
 (9) La Agencia debe
 desempeñar un papel activo en el mantenimiento y el desarrollo de servicios de
 imágenes por satélite a efectos de la vigilancia, la detección precoz de casos
 de contaminación y la identificación de los buques o las instalaciones de
 hidrocarburos y de gas responsables. Este sistema ha de permitir aumentar la
 disponibilidad de los datos y la eficacia de la lucha contra la contaminación
 causada por buques.
 (10) Los medios adicionales
 que la Agencia vaya a proporcionar a los Estados afectados deben ponerse a
 disposición de estos a través del Mecanismo Comunitario de Protección Civil
 creado por la Decisión 2007/779/CE, Euratom, del Consejo, de 8 de noviembre de
 2007[20].
 (11) A fin de garantizar una
 aplicación rigurosa, es conveniente que la Agencia disponga de un sistema
 viable y rentable de financiación, en particular, para prestar asistencia
 operativa a los Estados afectados.
 (12) Resulta, pues, necesario
 proporcionar seguridad financiera a la financiación de las tareas encomendadas
 a la Agencia en materia de lucha contra la contaminación y de otras acciones
 asociadas, sobre la base de un compromiso plurianual. La Autoridad
 Presupuestaria debe fijar los importes anuales de la contribución de la Unión,
 de conformidad con el procedimiento presupuestario anual.
 (13) Los importes que van a
 comprometerse para financiar la lucha contra la contaminación deben cubrir el
 período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020,
 de acuerdo con el nuevo marco financiero plurianual. Por consiguiente, resulta
 necesario prever una dotación financiera que cubra el mismo período.
 (14) La ayuda prestada por la
 Agencia a países cubiertos por la política de ampliación y la Política Europea
 de Vecindad debe financiarse a través de los programas de la Unión ya
 existentes aplicables a estos países y, por lo tanto, no debe formar parte de
 dicho marco financiero plurianual.
 (15) A fin de optimizar la
 asignación de los compromisos y tener en cuenta las eventuales modificaciones
 respecto a las actividades de lucha contra la contaminación causada por buques,
 resulta necesario realizar un seguimiento constante de las necesidades
 especiales en materia de actuación, para permitir la adaptación de los
 compromisos financieros anuales.
 (16) De acuerdo con lo
 dispuesto en el Reglamento (UE) no 100/2013, que modifica el Reglamento (CE) n°
 1406/2002, la Agencia debe informar acerca de la ejecución financiera del marco
 plurianual en su informe anual.
 HAN ADOPTADO EL PRESENTE
 REGLAMENTO:
 Artículo 1
 Objeto
 El presente Reglamento establece las
 disposiciones aplicables a la contribución financiera de la Unión al
 presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, a efectos de la
 ejecución de las tareas que le han sido encomendadas en el ámbito de la lucha
 contra la contaminación causada por buques y por instalaciones de hidrocarburos
 y de gas, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) no
 1406/2002.
 Artículo 2
 Definiciones
 A efectos del presente Reglamento se
 aplicarán las siguientes definiciones:
 a) «hidrocarburos»: el petróleo en todas
 sus formas, incluidos los crudos de petróleo, el fueloil, los fangos, los
 residuos petrolíferos y los productos refinados, de conformidad con el Convenio
 Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación
 por Hidrocarburos de 1990.
 b) «sustancias nocivas y potencialmente
 peligrosas»: toda sustancia, distinta de los hidrocarburos, cuya introducción
 en el medio marino pueda ocasionar riesgos para la salud humana, para los
 recursos vivos y la flora y fauna marinas, menoscabar los alicientes
 recreativos o entorpecer otros usos legítimos del mar, de conformidad con lo
 establecido en el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los
 Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y potencialmente Peligrosas de
 2000.
 Artículo 3
 Ámbito de aplicación
 Se asignará a la Agencia la contribución
 financiera de la Unión a que se refiere el artículo 1 con objeto de financiar
 actividades en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por buques
 y la contaminación marina causada por instalaciones de hidrocarburos y de gas
 como las mencionadas en los planes de acción de la Agencia para la preparación
 y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos y para la preparación y
 lucha contra la contaminación por sustancias nocivas y potencialmente
 peligrosas, y relacionadas, en particular, con:
 a) la información, en particular mediante
 la recopilación, el análisis y la difusión de las mejores prácticas, técnicas e
 innovación, tales como los instrumentos para la vigilancia del vaciado de
 tanques y de las descargas operativas y los vertidos accidentales de plataformas
 en alta mar;
 b) la cooperación y la coordinación,
 mediante la puesta a disposición de los Estados miembros y de la Comisión de
 asistencia técnica y científica en el marco de las actividades relevantes del
 Mecanismo Comunitario de Protección Civil y de los acuerdos regionales
 pertinentes;
 c) la asistencia operativa, mediante la
 oferta, previa solicitud, de medios adicionales, tales como buques
 anticontaminación de apoyo, imágenes por satélite y equipos, y de ayuda a las
 actividades de lucha contra la contaminación realizadas por los Estados
 afectados, en caso de contaminación causada de forma accidental o deliberada
 por buques o por instalaciones de hidrocarburos y de gas.
 Artículo 4
 Financiación de la Unión
 La dotación financiera para la ejecución de
 las tareas a que se refiere el artículo 3, en el período comprendido entre el 1
 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, ascenderá a 160 500 000 euros, a
 precios corrientes.
 La Autoridad Presupuestaria fijará los
 créditos anuales, ajustándose al marco financiero. A este respecto, la
 financiación necesaria de la asistencia operativa a los Estados miembros, de
 conformidad con el artículo 3, letra c), deberá estar garantizada.
 Artículo 5
 Inventario de capacidades
 Con objeto de definir los requisitos en
 materia de prestación de asistencia operativa por parte de la Agencia, tal como
 buques anticontaminación adicionales, la Agencia elaborará periódicamente una
 lista de los mecanismos públicos y, en su caso, privados de lucha contra la
 contaminación y de la capacidad de lucha disponible en las distintas regiones
 de la Unión.
 Los Estados miembros facilitarán a la
 Agencia la información necesaria para la elaboración de dicha lista.
 El Consejo de Administración de la
 Agencia tendrá en cuenta dicha lista antes de adoptar una decisión sobre las
 actividades de lucha contra la contaminación de la Agencia, en el marco de los
 programas de trabajo anuales.
 Artículo 6
 Protección de los intereses
 financieros de la Unión
 1. La Comisión y la Agencia velarán por
 que, cuando se ejecuten las acciones financiadas al amparo del presente
 Reglamento, los intereses financieros de la Unión queden protegidos mediante la
 aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier
 otra actividad ilícita, mediante la realización de comprobaciones efectivas y
 mediante la recuperación de los importes abonados indebidamente y, en caso de
 detectarse irregularidades, mediante sanciones efectivas, proporcionadas y
 disuasorias, de conformidad con los Reglamentos (CE, Euratom) no 2988/95[21] y (Euratom, CE) no
 2185/96[22]
 del Consejo y con el Reglamento (CE) no 1073/1999[23] del Parlamento
 Europeo y del Consejo.
 2. Tratándose de acciones de la Unión
 financiadas al amparo del presente Reglamento, constituirá irregularidad, con
 arreglo al artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95,
 toda infracción de una disposición de Derecho comunitario o todo incumplimiento
 de una obligación contractual producidos por un acto u omisión de un agente
 económico, que tenga o pueda tener por efecto perjudicar al presupuesto general
 de la Unión Europea o a los presupuestos gestionados por esta, a causa de la
 realización de un gasto indebido.
 3. La Comisión y la Agencia, en el marco
 de sus obligaciones respectivas, velarán por mantener la adecuada relación
 entre costes y beneficios en la financiación de las acciones de la Unión al
 amparo del presente Reglamento.
 Artículo 7
 Evaluación intermedia
 La Comisión presentará al Parlamento
 Europeo y al Consejo un informe basado en la información facilitada por la
 Agencia sobre la aplicación del presente Reglamento, a más tardar el 31 de
 diciembre de 2017. El informe, que se elaborará sin perjuicio de las funciones
 del Consejo de Administración de la Agencia, expondrá los resultados de la
 utilización de la contribución de la Unión a que se refiere el artículo 4
 en relación con los compromisos y los gastos durante el período comprendido
 entre el 1 de enero de 2014 y el
 31 de diciembre de 2016.
 Sobre la base de este informe, y a fin de
 tomar en consideración el progreso científico en el ámbito de la lucha contra
 la contaminación causada por buques y la contaminación marina causada por
 instalaciones de hidrocarburos y de gas, especialmente la contaminación causada
 por hidrocarburos o sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, la Comisión
 propondrá en su caso las modificaciones oportunas del Reglamento.
 Artículo 8
 Entrada en vigor
 El presente Reglamento entrará en el
 vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
 Europea.
 El presente Reglamento será
 obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
 miembro.
 Hecho en Bruselas, el
 Por el Parlamento Europeo Por
 el Consejo
 El Presidente El
 Presidente
 [...] [...]
 FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
 PARA PROPUESTAS
 1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
 1.1. Denominación de la
 propuesta/iniciativa
 Propuesta de Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo
 relativo a la financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de
 Seguridad Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por
 buques y la contaminación marina causada por instalaciones de hidrocarburos y
 de gas
 1.2. Ámbito(s) político(s)
 afectado(s) en la estructura GPA/PPA[24]
 06: Energía y transporte
 0602: Política de transporte terrestre, aéreo y marítimo
 060203: Agencia Europea de Seguridad Marítima
 06020302: Agencia Europea de Seguridad Marítima — Medidas contra
 la contaminación
 Aplicación de las disposiciones relativas a la lucha contra la
 contaminación causada por buques y la contaminación marina causada por
 instalaciones de hidrocarburos y de gas
 1.3. Naturaleza de la
 propuesta/iniciativa
 x La
 propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva
 ̈ La
 propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una
 acción preparatoria[25]
 ̈ La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una
 acción existente
 ̈ La
 propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva
 acción
 1.4. Objetivos
 1.4.1. Objetivo(s)
 estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la
 propuesta/iniciativa
 Objetivos/valor añadido de la UE en consonancia con Europa 2020:
 La Agencia contribuye a un transporte marítimo seguro, fiable y
 sostenible para la economía de la UE y sus ciudadanos. Este objetivo se ajusta
 perfectamente a las tres prioridades de Europa 2020:
 - Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el
 conocimiento y la innovación. La Agencia contribuye al desarrollo de las
 mejores normas técnicas posibles para los buques, y fomenta, por lo tanto, el
 conocimiento y la innovación.
 - Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un
 uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva. La Agencia
 contribuye a la prevención de la contaminación por los buques y a la lucha
 contra la contaminación marina en varios ámbitos. El transporte marítimo
 contribuirá a la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los
 recursos». La Agencia desempeñará su papel en la aplicación de la legislación
 por el sector.
 - Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel
 de empleo que ofrezca cohesión social y territorial. En lo que se refiere a las
 islas y a las regiones ultraperiféricas, el transporte marítimo es un elemento
 esencial para garantizar la cohesión territorial y la integración en la UE. La
 Agencia contribuye a un transporte marítimo seguro, fiable y sostenible para la
 UE.
 1.4.2. Objetivo(s) específico(s)
 y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)
 Ámbito presupuestario 06 02 objetivo específico no 3 Mejorar la seguridad del transporte.
 Actividad(es) ) GPA/PPA afectada(s):
 06020302 Agencia Europea de Seguridad Marítima
 1.4.3. Resultado(s) e incidencia
 esperados
 Especifíquense
 los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios/la
 población destinataria.
 Proporcionar seguridad financiera, dentro de una perspectiva
 plurianual, a la actuación de la Agencia en el ámbito de la lucha contra la
 contaminación
 1.4.4. Indicadores de resultados
 e incidencia
 Especifíquense
 los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la
 propuesta/iniciativa.
 La AESM ha desarrollado indicadores de
 rendimiento que publica en sus programas de trabajo anuales. El Consejo de
 Administración procede a un control constante de dichos indicadores. Los
 informes anuales de la Agencia son el principal instrumento de control.
 1.5. Justificación de la
 propuesta/iniciativa
 1.5.1. Necesidad(es) que deben
 satisfacerse a corto o largo plazo
 Permitir a la AESM celebrar contratos plurianuales y realizar la
 planificación presupuestaria necesaria.
 1.5.2. Valor añadido de la
 intervención de la Unión Europea
 La participación de la UE está establecida en el Reglamento por el
 que se crea la AESM, modificado; la presente propuesta creará valor añadido, al
 facilitar una planificación y una utilización más eficaces de los recursos de
 la UE.
 1.5.3. Principales conclusiones derivadas
 de experiencias similares anteriores
 Tanto la evaluación específica de la AESM efectuada en 2008 como
 la evaluación general de las agencias de la UE efectuada en 2009 han puesto de
 manifiesto el valor añadido que aporta la Agencia.
 La Comisión presentó en mayo de 2011, con la referencia COM(2011) 286,
 el informe intermedio previsto en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 2038/2006.
 El Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión llevó a cabo
 en 2009 una auditoría específica sobre la red de buques de apoyo equipados para
 la lucha contra los vertidos de hidrocarburos.
 1.5.4. Coherencia y posibles
 sinergias con otros instrumentos pertinentes
 La propuesta es coherente con la
 política y la normativa de la UE en materia de seguridad marítima, en
 particular con el Reglamento (UE) no 100/2013 por el que se crea la AESM, que
 revisa el mandato de la Agencia. La propuesta viene a continuación del
 Reglamento (CE) no 2038/2006, que expira a finales de 2013.
 1.6. Duración e incidencia
 financiera
 x Propuesta/iniciativa de
 duración limitada
 –
 x Propuesta/iniciativa en vigor desde el 1.1.2014 hasta el
 31.12.2020.
 –
 x Incidencia financiera de 2014 a 2020 (más los pagos pendientes)
 o Propuesta/iniciativa de duración
 ilimitada
 1.7. Modo(s) de gestión
 previsto(s)[26]
 ̈ Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión
 x Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:
 –
 ̈ agencias ejecutivas
 –
 x organismos creados por las Comunidades[27]
 –
 ̈ organismos nacionales del sector público/organismos con misión
 de servicio público
 –
 ̈ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones
 específicas de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y
 que estén identificadas en el acto de base correspondiente, a efectos de lo
 dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Financiero
 ̈ Gestión compartida con los Estados miembros
 ̈ Gestión descentralizada con terceros países
 ̈ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense)
 2. MEDIDAS DE GESTIÓN
 2.1. Disposiciones en materia
 de seguimiento e informes
 Especifíquense la
 frecuencia y las condiciones.
 Todas las agencias de la UE trabajan bajo un sistema de control
 estricto que incluye una estructura de auditoría interna, el Servicio de
 Auditoría Interna de la Comisión, el Consejo de Administración, la Comisión, el
 Tribunal de Cuentas y la Autoridad Presupuestaria. Este sistema seguirá siendo aplicable,
 tal como se establece en el Reglamento por el que se crea la AESM.
 2.2. Sistema de gestión y de
 control
 2.2.1. Riesgo(s) identificado(s)
 Ninguno
 2.2.2. Método(s) de control
 previsto(s)
 No procede.
 2.3. Medidas de prevención
 del fraude y de las irregularidades
 Especifíquense
 las medidas de prevención y protección existentes o previstas.
 Seguirán aplicándose las medidas de lucha contra el fraude
 establecidas en el artículo 20 del Reglamento por el que se crea la AESM. La
 propuesta incluye, además, un artículo específico sobre la protección de los
 intereses financieros de la Unión.
 3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
 PROPUESTA/INICIATIVA
 3.1. Rúbrica(s) del marco
 financiero plurianual y de la(s) línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)
 · Líneas presupuestarias de gastos existentes
 En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas
 presupuestarias.
 Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución
 Número [Rúbrica........................................] || CD/CND ([28]) || de países de la AELC[29] || de países candidatos[30] || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra a bis), del Reglamento Financiero
 1a || 06.02.03.02 [Contribución a la AESM con cargo al Título III - medidas contra la contaminación] || CD || SÍ || NO || NO || NO
 3.2. Incidencia estimada en
 los gastos
 3.2.1. Resumen de la incidencia
 estimada en los gastos
 En millones EUR (al tercer decimal) a precios
 corrientes
 Rúbrica del marco financiero plurianual: || 1 || Crecimiento inteligente e inclusivo ||
 || DG MOVE || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL
 ||  Créditos de operaciones || || || || || || || ||
 || Número de línea presupuestaria 06.02.03.02 || Compromisos || (1) || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500
 || Pagos || (2) || 19,926 || 22,239 || 23,318 || 20,245 || 23,268 || 23,833 || 25,175 || 158,004
 || Créditos de carácter administrativo financiados con la dotación de programas específicos[31] || || || || || || || ||
 || Número de la línea presupuestaria no disponible || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 || TOTAL de los créditos destinados a la DG MOVE || Compromisos || = 1 + 3 || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500
 || Pagos || = 2 + 3 || 19,926 || 22,239 || 23,318 || 20,245 || 23,268 || 23,833 || 25,175 || 158,004
 ||  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500
 || Pagos || (5) || 19,926 || 22,239 || 23,318 || 20,245 || 23,268 || 23,833 || 25,175 || 158,004
 ||  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados con cargo a la dotación de programas específicos || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 || TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 1 del marco financiero plurianual || Compromisos || = 4 + 6 || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500
 || Pagos || = 5 + 6 || 19,926 || 22,239 || 23,318 || 20,245 || 23,268 || 23,833 || 25,175 || 158,004
 Rúbrica del marco financiero plurianual: || 5 || «Gastos administrativos»
 En millones EUR (al tercer decimal)
 || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL
 DG MOVE ||
  Recursos humanos || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
  Otros gastos administrativos || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 TOTAL DG MOVE || Créditos || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || (Total compromisos = Total pagos) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 En millones EUR (al tercer decimal)
 || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL
 TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero plurianual || Compromisos || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500
 Pagos || 19,926 || 22,239 || 23,318 || 20,245 || 23,268 || 23,833 || 25,175 || 158,004
 3.2.2. Incidencia estimada en
 los créditos de operaciones
 –
 ̈ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de
 operaciones
 –
 x La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de
 operaciones, tal como se explica a continuación:
 Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer
 decimal)
 Indíquense los objetivos y resultados ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL
 RESULTADOS
 Tipo de realización || Coste medio de la realiza-ción || No de realiza-ciones || Coste || No de realiza-ciones || Coste || No de realiza-ciones || Coste || No de realiza-ciones || Coste || No de realiza-ciones || Coste || No de realiza-ciones || Coste || No de realiza-ciones || Coste || Número total de realiza-ciones || Coste total
 Mejorar la seguridad del transporte || || || || || || || || || || || || || || || ||
 Red de buques anticontaminación[32] || Número de buques disponibles para movilización simultánea || Aprox. 0,95 millones EUR/ buque/año || 19 || 15,620 || 19 || 16,150 || 19 || 17,100 || 19 || 17,600 || 19 || 19,975 || 19 || 20,000 || 19 || 21,000 || 19 || 127,445
 CleanSeaNet || Número de imágenes por satélite procesadas al año || Aprox. 2,05 EUR/imagen por satélite || 2000 || 3,605 || 2000 || 3,850 || 2000 || 3,900 || 2000 || 4,550 || 2000 || 4,050 || 2000 || 4,350 || 2000 || 4,400 || 14,000 || 28,705
 Cooperación y coordinación/ información || Actividades con Estados miembros, incluidos estudios y formación || No cuantifica-ble || N/D || 0,450 || N/D || 0,600 || N/D || 0,600 || N/D || 0,650 || N/D || 0,650 || N/D || 0,700 || N/D || 0,700 || N/D || 4,350
 COSTE TOTAL || || 19,675 || || 20,600 || || 21,600 || || 22,800 || || 24,675 || || 25,050 || || 26,100 || || 160,500
 3.2.3. Incidencia estimada en
 los créditos de carácter administrativo
 3.2.3.1. Resumen
 –
 x La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos
 administrativos
 –
 o La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos
 administrativos, tal como se explica a continuación:
 En millones EUR
 (al tercer decimal)
 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL
 RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || || || || || || || ||
 Recursos humanos || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 Otros gastos administrativos || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 Subtotal para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 TOTAL || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
 3.2.3.2. Necesidades
 estimadas de recursos humanos
 –
 x La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos
 humanos
 –
 o La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos
 humanos, como se explica a continuación:
 3.2.4. Compatibilidad con el
 marco financiero plurianual vigente
 –
 o La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero
 plurianual vigente.
 –
 ̈ La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la
 rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual.
 Explíquese la reprogramación requerida,
 precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes
 correspondientes.
 La propuesta afecta al marco financiero
 plurianual para el período 2014-2020.
 –
 ̈ La propuesta/iniciativa requiere el recurso al instrumento de
 flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual[33].
 Explíquese qué es lo que se requiere,
 precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.
 3.2.5. Contribución de terceros
 –
 La propuesta/iniciativa prevé la
 cofinanciación que se estima a continuación:
 Créditos en millones EUR (al tercer decimal)
 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total
 Contribución AELC de Noruega e Islandia calculada en un 2 % del presupuesto || 0,472 || 0,407 || 0,466 || 0,407 || 0,481 || 0,481 || 0,496 || 3,210
 TOTAL de los créditos cofinanciados || 20,147 || 21,007 || 22,066 || 23,207 || 25,156 || 25,531 || 26,596 || 163,710
 3.3. Incidencia estimada en
 los ingresos
 – La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los
 ingresos.
 [1] Reglamento (CE) n° 1406/2002 del Parlamento Europeo y
 del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de
 Seguridad Marítima (DO L 208 de 5.8.2002, p. 1).
 [2] Reglamento (CE) no 724/2004 del Parlamento Europeo y del
 Consejo, de 31 de marzo de 2004 (DO L 129 de 31.4.2004, p. 1).
 [3] Reglamento (CE) no 2038/2006 del Parlamento Europeo y
 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo a la financiación plurianual
 de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el ámbito de la
 lucha contra la contaminación por los buques, y por el que se modifica el
 Reglamento (CE) no 1406/2002 (DO L 394 de 30.12.2006, p. 1; véase también la
 corrección de errores en el DO L 30 de 3.2.2007, p. 12).
 [4] «Un presupuesto para Europa 2020», COM(2011) 500 y
 COM(2011) 398, ambas de fecha 29.6.2011.
 [5] Ambos planes de acción figuran en el sitio web de la
 AESM en la siguiente dirección:
 http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/action-plans.html
 [6] El documento puede consultarse en el sitio web de la
 AESM en la siguiente dirección:
 http://www.emsa.europa.eu/documents/item/145-emsa-5-year-strategy.html
 [7] COM(2010) 611 de 28.10.2010.
 [8] Reglamento (UE) no 100/2013 del Parlamento Europeo
 y del Consejo, de 15 de enero de 2013, que modifica el Reglamento (CE) no
 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 39
 de 9.2.2013, p. 30).
 [9] Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del
 Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de
 buques y la introducción de sanciones para las infracciones (DO L 255 de 30.9.2005,
 p. 11).
 [10] Decisión 2007/779/CE del Consejo, de 8 de noviembre de
 2007, por la que se establece un Mecanismo Comunitario de Protección Civil (DO
 L 314 de 1.12.2007, p. 9).
 [11] COM(2011) 286 de 23.5.2011.
 [12] Los datos de la AESM pueden consultarse en la siguiente
 dirección: http://www.emsa.europa.eu/opr-documents/item/617-multi-annual-funding-mid-term-report-emsas-contribution.html
 [13] DO C... de ..., p..
 [14] DO C... de ..., p..
 [15] DO C... de ..., p..
 [16] DO L 208 de 5.8.2002, p. 1.
 [17] DO L 129 de 31.4.2004, p. 1.
 [18] DO L 39 de 9.2.2013, p. 30.
 [19] DO L 394 de 30.12.2006, p. 1.
 [20] DO L 314 de 1.12.2007, p. 9.
 [21] DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
 [22] DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
 [23] DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
 [24] GPA: gestión por actividades; PPA: presupuestación por
 actividades.
 [25] Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letra
 a) o b), del Reglamento Financiero.
 [26] Las explicaciones sobre los modos de gestión y las
 referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
 [27] Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento
 Financiero.
 [28] CD = Créditos disociados / CND = Créditos no disociados.
 [29] AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.
 [30] Países candidatos y, en su caso, países candidatos
 potenciales de los Balcanes Occidentales.
 [31] Asistencia técnica o administrativa y gastos de apoyo a la
 ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»),
 investigación indirecta, investigación directa.
 [32] Incluidos importes para ejercicios marítimos y 6,02 millones
 de euros para la lucha contra la contaminación marina causada por instalaciones
 de hidrocarburos y de gas.
 [33] Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional.


type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
 18.4.2009
 NL
 Publicatieblad van de Europese Unie
 C 90/23
 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 maart 2009 — Borax Europe/Commissie
 (Zaak T-166/05) (1)
 („Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten en geluidsopnamen - Weigering van toegang - Uitzondering betreffende bescherming van persoonlijke levenssfeer en integriteit van het individu - Uitzondering betreffende bescherming van besluitvormingsproces”)
 2009/C 90/36
 Procestaal: Engels
 Partijen
 Verzoekende partij: Borax Europe Ltd (Guildford, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: D. Vandermeersch en K. Nordlander, advocaten)
 Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Costa de Oliveira en I. Chatzigiannis, gemachtigden)
 Voorwerp
 Beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de secretaris-generaal van de Commissie van 21 februari 2005 tot weigering van de toegang tot bepaalde documenten en geluidsopnamen in het kader van de dertigste aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 1967, 196, blz. 1)
 Dictum
 1)
 De beschikking van de secretaris-generaal van de Commissie van 21 februari 2005 wordt nietig verklaard voor zover zij aan Borax Europe Ltd de toegang weigert tot de opnamen van de vergadering van 5 en 6 oktober 2004, tot de twee ontwerpen van notulen van die vergadering, tot dertien commentaren van deskundigen, tot twee commentaren van vertegenwoordigers van de industrie en tot het document dat de Deense rapporteur heeft overhandigd.
 2)
 De Commissie wordt verwezen in de kosten.
 (1) PB C 155 van 25.6.2005.


type: other

text:
A049-04
 Auto 049/04
 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones por las cuales dichos textos se estiman violados
 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de suficiencia y pertinencia del cargo de inconstitucionalidad
 RECHAZO DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No hace tránsito a cosa juzgada
 RECHAZO DE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Falta de indicación clara y precisa de las razones
 RECURSO DE SUPLICA CONTRA RECHAZO DE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Denegación por ausencia de razones de orden constitucional
 Referencia: Recurso de súplica contra el auto del 19 de marzo de 2004. Expediente D-5087.
 Actor: Omar Arturo Vega Sanabria
 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil cuatro (2004).
 Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver el recurso de súplica interpuesto por el ciudadano Omar Arturo Vega Sanabria, contra el auto del 19 de marzo del año en curso, dictado por el Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, mediante el cual se rechazó la demanda incoada contra el artículo 8o (parcial) de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
 1. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Omar Arturo Vega Sanabria solicitó ante esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 8o y 10o (parciales) de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
 2. El proceso en referencia fue repartido al Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, quien mediante auto del pasado 4 de marzo, rechazó la demanda contra el artículo 10o parcialmente acusado por existir cosa juzgada e inadmitió la misma en relación con el artículo 8o de la Ley 769 de 2002, concediéndole al actor un término de tres (3) días contados a partir de la notificación del auto para que la corregiera, pues estimó que éste no indicó en forma clara y precisa las razones por las cuales el texto acusado es inexequible. Así mismo señaló que el demandante se limitó a formular el cargo de inconstitucionalidad a partir de hipótesis que no están contenidas en la norma y que además la interpretación que realiza es errada, si se tiene en cuenta lo dicho en la sentencia C-526 de 2003.[1]
 3. El día 11 de marzo del año en curso, el ciudadano Vega Sanabria presentó escrito de corrección de la demanda, donde aduce que sustituye en su integridad el texto presentado inicialmente por el que a continuación se transcribe:
 “NORMA CONSTITUCIONAL QUE SE CONSIDERA VIOLADA CON El PARAGRAFO QUINTO DEL ARTICULO OCTAVO DE LA LEY 769 DE 2002: ARTICULO 58
 La Ley 769 cuestionada establece en el artículo octavo la obligación para el Ministerio de Transporte de poner en funcionamiento el RUNT, o Registro Nacional de Tránsito, para lo cual dispone que cada municipio deberá implementar la estrategia necesaria para actualizar los registros, que podrá consistir en una autodeclaración, e impone una sanción al propietario que no la realice en el término establecido, además de impedírsele realizar trámites en cualquier organismo de tránsito del país a quien figure como propietario de algún vehículo del que no se realice la referida declaración.
 Para determinar el soporte Constitucional de ésta limitación al derecho constitucional fundamental, debe confrontarse con el contenido del artículo 58 de la Carta, el cual dispone:
 “Artículo 58.- Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
 Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.”
 Del simple análisis del aparte de la norma que se demanda se deduce que su principal consecuencia, independientemente de su finalidad, es la de imponer una gravosa e injusta limitación a las posibilidades de disposición que otorga la Ley al titular del derecho de propiedad, dejándole exclusivamente la tenencia sobre el vehículo, en los casos que adelante se indicarán, puesto que establece que a pesar de haber adquirido tal posibilidad de disposición conforme al artículo 669 del Código Civil, no puede hacer uso de ella por decisión unilateral de la administración, situación que se encuentra proscrita desde el punto de vista constitucional, por ser violatoria de los mas básicos principios del derecho.
 No sobra recordar el contenido del artículo 669 del Código Civil, en el que se establecen los poderes o atribuciones que se le otorgan al propietario de un bien, que son precisamente los que injustamente se vulneran con el aparte demandado del Parágrafo Quinto del artículo Octavo de la Ley No. 769 de 2002:
 “Artículo 669.- El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno."
 Esta vulneración, además de no encontrar ninguna justificación, es violatoria de un derecho fundamental, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho real de propiedad se ha reconocido como tal, lo cual ha sido aceptado por la Corte Constitucional en diversas ocasiones, como por ejemplo en la sentencia T -506 de agosto 21 de 1992, M.P. Angarita B., razón por la cual dicha violación, así sea por parte de la administración, es injustificada y genera la obligación de reparar los perjuicios ocasionados.
 No sobra recordar que la propiedad privada, garantizada por la norma citada, "goza de los privilegios que le otorgan el Estado y sus instituciones, amparo a la propiedad que no puede ser menoscabado, violado o vulnerado por leyes posteriores. Luego la propiedad legítimamente constituida tiene todas las prerrogativas legales y está protegida por este ordenamiento constitucional", conforme a lo expresamente manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T-547 de octubre 2 de 1992, MP Martínez Caballero.
 En consecuencia, es claro que en un Estado social de derecho como el nuestro no puede la administración vulnerar el derecho de propiedad que alguna persona ostente sobre un bien, lo cual se encuentra limitado incluso al legislativo de manera general, razón por la cual así ha de declararse, disponiendo la inconstitucionalidad del aparte de la norma demandada.
 En efecto, vale recordar que previamente a la expedición de la Ley objeto del presente trámite, en la interpretación del anterior Código de Tránsito existen fundadas dudas sobre el carácter obligatorio del registro del automotor entre no comerciantes, y en especial si era necesario obtener el registro para transferir la propiedad a un tercero, como bienes muebles que son, puesto que el artículo 88 de la anterior norma, modificado por el Decreto No. 1809 de 1990, disponía que en el Registro Terrestre Automotor se inscribían, entre otros, todos los actos o contratos que implicaran gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres, "para que surta efectos ante las autoridades v ante terceros", pero no disponía que de ello dependieran los efectos entre las partes ni la validez de los contratos de compraventa, puesto que era claro que entre dichas partes la traslación de la propiedad se presentaba con la simple entrega del bien.
 En consecuencia, al no ser necesario adelantar el trámite de registro del traspaso de la propiedad de los vehículos como un requisito para que se entendiera realizada la tradición, especialmente si los contratantes no tenían la calidad de comerciantes, para el momento de expedición de la Ley objeto del presente trámite existen muchas personas naturales y jurídicas que en el territorio nacional han realizado ventas de vehículos de los que no han registrado los respectivos traspasos, ya porque no se han ocupado de ello, por no ser estrictamente necesario, o porque quienes los adquirieron y recibieron el respectivo "formulario de traspaso", han omitido el registro ante la autoridad de tránsito correspondiente.
 Por tanto, en la actualidad figuran inscritas personas naturales o jurídicas en los sistemas de información que llevan las autoridades de tránsito como propietarios de vehículos, sin serio en estricto rigor jurídico.
 Pues bien, la norma atacada del Código Nacional de Tránsito al imponer a quien figura como propietario, sin que realmente lo sea, la obligación de efectuar la mencionada declaración, so pena de quedar imposibilitado para realizar cualquier trámite ante todos los organismos de tránsito del país, violenta su derecho de propiedad, en relación con los vehículos que efectivamente son de su propiedad, pero para los que no puede ejercer las facultades y prerrogativas que a su favor establece la ley. En el caso mencionado, es decir, una persona no comerciante que ha enajenado un vehículo del que no se registró el traspaso, pero cuya propiedad y tenencia ya no detenta, en el evento de no actualizar la información con la declaración (lo cual no podrá realizar al no ser el propietario) se verá abocado a la imposibilidad de transferir la propiedad de cualquier otro vehículo del que sí ostente la propiedad, habida cuenta que queda sancionado por una causa que le es ajena. Esta situación viene a ser irremediable, pues mal haría esta persona inscribiéndose como propietario de un bien sobre el cual ya no tiene el derecho de dominio, así dicha trasferencia no aparezca registrada en el tránsito.
 Lo dicho lleva a concluir que la limitación que impone el artículo octavo en el aparte demandado puede, en la eventualidad descrita, tener el alcance de cercenar la facultad de disposición que otorga la Ley al titular del derecho de dominio, dejando al propietario exclusivamente como mero tenedor, puesto que establece que a pesar de haber adquirido tal posibilidad de disposición conforme al artículo 669 del Código Civil, no puede hacer uso de ella por una decisión de la administración.
 Por lo anterior, disponer la norma en cuestión que se abstenga la Administración de realizar en todo el país y para todos los vehículos trámites de tránsito a la persona que figure como propietario es inconstitucional, y resulta injustamente gravoso para los colombianos, personas naturales o jurídicas.
 Dicha violación se hace mas drástica y se irriga a otras normas constitucionales, frente a las personas naturales o jurídicas cuya actividad económica se deriva o involucra contratos, trámites y actos en general sobre vehículos automotores, como por ejemplo las entidades dedicadas al arrendamiento financiero o leasing, que deben transferir la propiedad del vehículo a la finalización del contrato por el ejercicio de la opción de adquisición, así como las que tienen por objeto social el arrendamiento simple, la compra-venta, etc., las que verían restringido y en algunos casos anulado su espectro de acción negocial y empresarial al impedírseles adelantar trámites ante los organismos de transito, cuando siguen figurando como propietarios de bienes que han transferido con antelación a la expedición de la norma que nos ocupa.
 Todo lo anterior, y la imposibilidad que la norma establezca la limitación al derecho de propiedad, se encuentra también tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, adoptado como legislación nacional mediante Ley 16 de 1972, que establece en el Artículo 21:
 “Artículo 21.- 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes... 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa...”.
 En conclusión, es claro que la norma en cuestión se encuentra limitando el derecho de una persona de disponer del bien del que es legítimo propietario sin justificación alguna (derecho de propiedad), cuando sigue figurando como propietario de un vehículo que ha transferido con antelación a la expedición de la norma que nos ocupa, en el caso que no se realice la declaración indicada en el Parágrafo Quinto del Artículo Octavo de la Ley 769 de 2002, lo cual no es permitido por la Constitución Nacional, mucho más tomando en cuenta que con esta disposición el Estado no se encuentra promoviendo el acceso a la propiedad, como lo exige el artículo 60 de la Carta, sino precisamente todo lo contrario.”
 4. Una vez analizado el escrito de corrección de la demanda presentado por el actor, el Magistrado Sustanciador mediante auto del 19 de marzo del año en curso, resolvió rechazar la demanda incoada con fundamento en consideraciones que a continuación se exponen:
 2.- En este caso el actor no indicó en forma clara y precisa las razones por las cuales el texto acusado es inexequible. Aunque presentó escrito de corrección de la demanda sobre este cargo, se limitó a reiterar la supuesta violación del derecho a la propiedad contenida en la norma, pues para él la disposición impone una limitación desproporcionada al titular del derecho a la propiedad. Además, el actor considera que la norma viola el artículo 669 del Código Civil que describe los poderes de un propietario.
 3.-En primer lugar, los argumentos del actor no demuestran el carácter desproporcionado de la medida, y mucho menos desvirtúan la presunción de constitucionalidad de la norma, especialmente teniendo en cuenta que la Corte ha podido referirse a la misma y sus alcances. Así, como lo ha anotado la Corte (sentencia C-526 de 2003).
 “una vez presentada la declaración a que hace referencia el inciso segundo del parágrafo 50 del artículo 8 de la Ley 769 de 2002 objeto de la acusación, el propietario del vehículo podrá adelantar los trámites que requiera en materia de tránsito y transporte ante cualquier autoridad de tránsito del país, lo cual indica que no se trata de la imposición de una sanción a perpetuidad sino, tan sólo de un requisito para poder adelantar las gestiones a que se ha hecho alusión. ”
 Ya que este requisito no establece una medida cautelar extraprocesal, ni se perfila como una medida desproporcionada, es claro que la argumentación de este cargo está viciada por partir de una interpretación errada de la norma a pesar del pronunciamiento de la Corte al respecto.
 En este punto cabe reiterar que el cargo tiene que derivar de un contenido normativo realmente existente y no de hipótesis deducidas por el actor pero que no hacen parte de la norma. Así, para llegar a la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es menester "definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución.[2] No son admisibles entonces interpretaciones erradas de las normas acusadas o de las normas constitucionales a fin de establecer un cargo inexistente.
 Considera este despacho que el cargo no está debidamente sustentado, pues las razones de la violación que reposan en el libelo, corresponden a las opiniones del actor sobre el alcance de la norma acusada, derivadas no sólo del derecho a la propiedad sino también del funcionamiento del registro automotor en Colombia. Así, la Corte considera que no es procedente admitir la demanda ya que el cargo debe contar con los rasgos mínimos de claridad, pertinencia y suficiencia.
 4.- De otro lado, considera este despacho que las razones presentadas por el ciudadano no ofrecen argumentos suficientes para desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la norma pues la supuesta violación a la Carta se predica frente a la Constitución -para lo cual no basta citar los artículos constitucionales que se consideran violados- y no frente a otras leyes, como el Código Civil citado por el demandante.
 Así, al no ser corregida la demanda en debida forma, habrá de ser rechazada advirtiendo al demandante que contra esta decisión procede el recurso de súplica ante el pleno de la Corte.” (negrillas adicionadas)
 5. En memorial presentado el 29 de marzo del año en curso, el demandante interpuso recurso de súplica contra el auto que rechazó la demanda,[3] argumentando que no comparte las afirmaciones contenidas en la referida providencia, según la cual, el cargo no está debidamente sustentado pues parte de una interpretación errada de la norma y que además los argumentos son insuficientes, pues la violación debe darse en relación a normas constitucionales y no frente a leyes como el Código Civil citado.
 Frente a tales afirmaciones, el actor sostiene que la violación a la que ha hecho referencia en su escrito, no alude a norma alguna del Código Civil, estatuto que ha sido citado solo por cuanto allí se define en forma puntual el derecho de propiedad que goza de protección constitucional conforme al artículo 58 Superior.
 De igual forma aclara que la violación constitucional que se advierte en la norma demandada, no corresponde a una simple opinión suya ni a una interpretación errada de la misma, pues señala que dicha violación brota de la interpretación lógica de la norma en el entorno en que viene funcionando el sistema de registro automotor del país.
 Para finalizar reitera como cargo de inconstitucionalidad lo manifestado en el escrito de corrección de demanda, el cual fue transcrito anteriormente en el punto tercero de esta providencia.
 La Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, con fundamento en el artículo 6°, inciso 2,° del Decreto 2067 de 1991.
 El recurrente en súplica controvierte lo dispuesto en el auto del pasado 19 de marzo del año en curso, mediante el cual se rechazó la demanda interpuesta contra las expresiones “además de la imposibilidad de adelantar trámites en materia de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tránsito en el país” contenidas en el segundo inciso del parágrafo quinto del articulo 8o de la Ley 769 de 2002, pues estima, que la misma debió admitirse en razón de que la norma acusada de inconstitucionalidad contraría el ordenamiento superior en especial sus artículos 58, 60 y 333 así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, adoptado como legislación nacional mediante Ley 16 de 1972 (artículo 21).
 Debe entonces la Corte examinar si le asiste o no razón al actor en relación con el recurso de súplica interpuesto.
 Previamente a resolver el asunto sometido a consideración de la Sala, la Corte comenzará por recordar que esta Corporación[4] ha manifestado en relación con los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para su procedencia, la obligación que le asiste al actor de determinar con exactitud la norma acusada como inconstitucional, de señalar así mismo, las normas constitucionales que se consideren infringidas e indicar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados.
 En efecto la Corte en la Sentencia C-045 de 2003,[5] dijo sobre el asunto, lo siguiente:
 “Al respecto, cabe recordar que la Corte ha entendido que las razones que los accionantes han de invocar para acusar a una norma de infringir la Constitución, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[6], así como que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[7] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. (negrilla y subrayado adicionado)
 “Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo[8]. En efecto, el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte ,y señala que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal.
 3- La formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante ya que, como lo dijo la Corte al declarar la exequibilidad de esa exigencia, “el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable”[9]. Al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. En tales circunstancias, antes de pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte debe verificar si el actor ha materialmente formulado un cargo, pues de no ser así, la decisión debe ser inhibitoria, ya que la demanda sería “sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control constitucional”[10]. Nótese que la jurisprudencia de esta Corporación exige la existencia de acusaciones susceptibles de ser analizadas y discutidas mediante el trámite propio del control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”[11]
 De igual manera esta Corporación al decidir en el auto 178 de 2003[12] un recurso de súplica, precisó el sentido y alcance de los requisitos de suficiencia y pertinencia en las demandas de inconstitucionalidad, así:
 “8.- La Corte ha establecido[13] que un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.[14]
 La claridad consiste en que los argumentos de la demanda sean inteligibles, ordenados, coherentes y sigan un hilo conductor del cual pueda inferirse -sin excesivo esfuerzo- la idea del demandante. La claridad exige especificidad. Ésta implica que no son admisibles los cargos genéricos, vagos, abiertos y gaseosos (Sentencia C-1052 de 2001). El requisito de suficiencia es cumplido cuando el argumento que sustenta el cargo contiene los elementos de tipo jurídico necesarios para evidenciar una oposición entre el texto que se demanda y el texto constitucional.[15] Sobre el mismo particular, la Sentencia citada advirtió que:
 “la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”[16]
 Por último, el cargo es pertinente si se desprende del texto normativo de la disposición, es decir, si existe una congruencia entre la redacción de la disposición y lo que se dice de ella. No es pertinente el reproche si recae sobre una norma diferente a la demandada, si se dirige a controvertir una hipótesis no contemplada en la disposición o si se encamina a resolver un caso particular. Tampoco es pertinente el cargo si pretende la declaratoria de inexequibilidad de la norma porque la misma sea inconveniente o superflua, o si se refiere “a aspectos meramente interpretativos de la ley”. [17]
 De acuerdo con lo señalado queda claro entonces que las demandas de inconstitucionalidad deben cumplir formal y materialmente con los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, pues lo contrario, conduciría a un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda. De ahí, surge entonces la necesidad de depurar el litigio constitucional, pues no hay razón para que esta Corporación admita demandas que evidentemente no están llamadas a prosperar por carencia de los requisitos exigidos en la ley, pues ha de tenerse en cuenta que no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes, sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido una demanda en forma.
 Dentro de esta perspectiva, resulta claro entonces, que el cumplimiento de los referidos requisitos mínimos, lejos de afectar el núcleo esencial del derecho ciudadano a la participación, conformación, ejercicio y control político (Art. 40 C.P.), buscan garantizar su realización material y, a su vez, permitir un óptimo funcionamiento en la administración de justicia (C.P. arts 209, 228 y 241).
 Debe tenerse en cuenta además, que cuando en cumplimiento de lo indicado en el Decreto 2067 de 1991, se dicta un auto de inadmision o rechazo no se afecta en manera alguna el derecho político de los ciudadanos de acusar normas, puesto que no sólo el propio actor tiene la posibilidad de proceder a la corrección de su escrito sino que además, el rechazo de una demanda no hace tránsito a cosa juzgada.
 4. Análisis caso concreto.
 Tal como quedó establecido en los antecedentes de esta providencia, mediante auto del 19 de marzo de 2003 se rechazó la demanda interpuesta por el ciudadano Omar Arturo Vega Sanabria contra las expresiones “además de la imposibilidad de adelantar trámites en materia de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tránsito en el país” contenidas en el segundo inciso del parágrafo quinto del articulo 8o de la Ley 769 de 2002.
 El motivo que tuvo el Magistrado Sustanciador para rechazar la demanda fue que consideró que el cargo no estaba debidamente sustentado dado que las razones de la violación que se exponen en la demanda, corresponden a opiniones del actor sobre el alcance de la norma acusada, que no se derivan del propio texto de la norma.
 Esta Sala comparte los fundamentos expuestos por el Magistrado Sustanciador para rechazar la demanda interpuesta contra el aparte demandado del segundo inciso del parágrafo quinto del articulo 8o de la Ley 769 de 2002, pues efectivamente el actor no indicó en la forma clara y precisa que exige la ley, las razones por las cuales el texto acusado de inconstitucionalidad vulnera el ordenamiento Superior y en especial sus artículos 58, 60 y 333, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, adoptado como legislación nacional mediante Ley 16 de 1972 (artículo 21).
 En efecto el actor, tanto en su escrito de demanda como en el de corrección de la misma, se limitó a argumentar la supuesta violación del derecho a la propiedad (art. 58 de la C.P.), sobre la base de unas hipótesis o eventualidades deducidas por él que no hacen parte del texto de la norma acusada. Como el cargo de inconstitucionalidad debe derivar de un contenido normativo realmente existente, es forzoso concluir que el actor no cumplió con los requisitos de pertinencia y suficiencia, exigibles de cualquier acción pública de inconstitucionalidad.
 Para dar trámite al asunto de la referencia de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 244 de la C. P. y el Decreto 2067 de 1991, era necesario que el actor indicara además de la norma acusada como inconstitucional y las normas constitucionales que estima violadas, las razones por las cuales dichos textos se estimen violados de una forma coherente de tal manera que se guardara una relación de causa a efecto en los requisitos, relación que no se aprecia en la argumentación de la demanda.
 Como lo ha manifestado esta Corporación en ocasiones anteriores, no basta indicar en la demanda que una disposición vulnera un artículo de la Constitución si no se señalan las razones de orden constitucional para sustentar tal afirmación. Ya ha manifestado la Sala Plena de la Corte que “la efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”.[18]
 En ese orden de ideas se estima, que la demanda instaurada por el ciudadano Vega Sanabria se encuentra rechazada conforme a derecho y, en tal virtud, el recurso de súplica presentado no está llamado a prosperar.
 En consecuencia, la Sala,
 CONFIRMAR el auto suplicado del 19 de marzo de 2004, proferido por el Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, por el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Omar Arturo Vega Sanabria contra las expresiones “además de la imposibilidad de adelantar trámites en materia de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tránsito en el país”, contenidas en el segundo inciso del parágrafo quinto del articulo 8o de la Ley 769 de 2002.
 Que el H. Magistrado doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA, no firma el presente auto por encontrarse en comisión en el exterior debidamente autorizado por la Sala Plena.
 [2] Ver Sentencias C-O47/01, C-174/01, C-328/01, C-362/01, C-402/01, C-409/01, C-551/01.
 [3] Según informe de la Secretaria General de esta Corporación de fecha 31 de marzo del año en curso, el precitado auto de rechazo fue notificada por medio del estado No. 042 del 24 de marzo de 2004 y dentro del término de ejecutoria ( 25, 26 y 27 de marzo de 2004) el demandante presentó recurso de súplica contra auto del 19 de marzo de 2004.
 [4] Ver entre otras las Sentencias C-375 de 1999 y C-087 de 2002.
 [6] Ver por ejemplo, el Auto de Sala Plena 244 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
 [7] Defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001 M.P. Jaime Cordoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-519 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001 M.P. Fabio Morón Díaz, C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Gálvis, C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre varios pronunciamientos.
 [8] Ver, entre otras, las sentencias C-024/94 Fundamento Jurídico No 9.1.c, C-509/96 y C-236/97.
 [9] Sentencia C-131/93. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No. 1.3
 [10] Sentencia C-236/97. MP Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte No 3.
 [11] Sentencia C-447/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
 [13] Ver la sentencia C-528 de 2003.
 [14] Ver el Auto A-244 de 2001, en dicha oportunidad la Corte, al resolver el recurso de súplica presentado por el actor, confirmó el auto de rechazo por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.
 [15] Sentencia C-1052 de 2001
 [17] Sentencia C-236 de 1997.
 [18] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1052 del 4 de octubre de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).