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La Unión Deportiva Las Palmas, S. A. D., también conocida simplemente como Las Palmas o Unión Deportiva, es un club de fútbol español de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Fue fundada el 22 de agosto de 1949 y actualmente juega en la Segunda División de España. Los colores que identifican al club son el azul y el amarillo. Desde 2003 juega como local en el Estadio de Gran Canaria, propiedad del Cabildo. Su filial es Las Palmas Atlético, que actualmente milita en Tercera División RFEF.
 Cuenta con un total de 34 temporadas en Primera División, 29 en Segunda y 6 en Segunda B. Ocupa el vigésimo puesto en la clasificación histórica de Primera División con 1042 puntos. Entre sus logros, destaca un subcampeonato de Primera División en la temporada 1968-69 y otro en la Copa del Rey, tras perder en la final por 3-1 frente al F. C. Barcelona, en su 74.a edición. Además, también ha ganado cuatro Ligas de Segunda División y dos de Segunda División B. Mantiene una intensa rivalidad con el Club Deportivo Tenerife, contra el que disputa el derbi canario.
 Historia
 Origen y antecedentes
 Fundación y primera década
 La constante fuga de jóvenes talentos de los clubes canarios a otros de la península con mayores medios y organización hizo que a finales de los años cuarenta la situación del fútbol canario se viese muy mermada. Los diferentes equipos, apoyados por las fuerzas locales, decidieron entonces aunar los esfuerzos de los principales equipos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para unirse bajo un nuevo club, que representase honrosamente a la ciudad en categoría nacional. Los impulsores, Manuel Rodríguez Monroy y Adolfo Miranda Ortega, vicepresidente y presidente respectivamente del Comité Regional de la Federación de Fútbol de Las Palmas, convocaron una reunión a tal efecto que tuvo lugar el 28 de febrero en la sede federativa.
 Dichos clubes, pertenecientes a la Primera Categoría Regional de Las Palmas, finalizaron conversaciones para llegar a un acuerdo el 22 de agosto de 1949. La sociedad resultante recibió la denominación de Unión Deportiva Las Palmas, en honor a la fusión realizada por los cinco equipos locales: el Club Deportivo Gran Canaria, el Atlético Club —otrora Club Deportivo Santa Catalina—, el Real Club Victoria, el Arenas Club y el Marino Fútbol Club. Si bien el C. D. Gran Canaria y el Arenas Club fueron los principales valedores, todos participaron como pudieron en el nacimiento del club.
 Con José del Río Amor como primer presidente de la entidad, se acordaron los colores del uniforme que fueron en adelante camisa amarilla, pantalón azul y medias azules con vuelta amarilla, colores de la bandera que representa la Provincia Marítima a la que pertenece la ciudad, mientras que disputó sus partidos en el hasta entonces terreno del Marino C. F., el Estadio Las Palmas y posteriormente rebautizado como Estadio Insular.
 En octubre del mismo año, con una selección de los mejores jugadores de los clubes fundadores, comenzó a participar en competiciones oficiales merced a su presión a la Real Federación Española, quien el 6 de junio aprobó la inclusión de los equipos grancanarios en competiciones nacionales. En solo dos años logró subir a la Primera División, de la que descendió tras su debut en la temporada 1951-52, merced sobre todo a los resultados fuera de casa, donde solo consiguió registrar un empate como mejor balance. Tras dos nuevas campañas en la segunda categoría volvió a ascender gracias a su prolífica cantera de jugadores, quienes abrieron un período de seis campañas en Primera. Grandes jugadores como Silva y Mújica dieron la estabilidad necesaria en un ciclo en el que la entidad amarilla no sobrepasó el décimo puesto antes de sobrevivir a una eliminatoria de promoción en su quinto año, para acabar descendiendo nuevamente en la campaña 1959-60 tras finalizar último del campeonato.
 Durante los primeros años de la década de los años sesenta, el club entró en una pequeña crisis deportiva. Por primera vez en su historia recurrió a jugadores foráneos para reforzar su plantilla y en la Liga, aún a pesar de rozar el ascenso, éste se escapó en varias ocasiones por escaso margen. En la temporada 1963-64, con Vicente Dauder en el banquillo reúne un excelente grupo mezclando jugadores extranjeros y canteranos que le proporcionaron el ansiado ascenso a la división de honor. Con este éxito empezaron los mejores años deportivos de la entidad.
 La época dorada
 Tras el tercer ascenso, obtenido en la temporada 1964-65, se inicia el período de mayores éxitos del club: 19 años ininterrumpidos en la máxima categoría. Grandes jugadores como Tonono Afonso, Juan Guedes, Francisco Castellano, Germán Dévora y Martín Marrero consiguieron notables logros como el subcampeonato de liga logrado en 1968-69 y otro de Copa del Rey en 1978, o el tercer puesto en liga previo al subcampeonato, ocasión en la que ha estado más cerca de alzarse con el título liguero al finalizar solo cuatro puntos del primer clasificado, el Real Madrid Club de Fútbol.
 También es de destacar el debut del equipo en competiciones europeas, primero en la extinta Copa de Ferias en la duodécima edición de 1969-70, y posteriormente en la Copa de la UEFA en las temporadas 1972-73 —en la que disputó su fase final— y 1977-78. En su primera contienda continental en la Copa de Ferias, fue eliminado en la primera eliminatoria previa de los treintaidosavos de final por el Hertha Berliner Sport Club alemán por un resultado global de 0-1. Pese a la buena racha de permanencia mantenida en liga, el club tuvo varios altibajos a principios de los años setenta, en donde hubo de lamentar la temprana pérdida de uno de sus jugadores, Juan Guedes. Guedes falleció con 28 años, lo que obligó a rehacer el equipo para conseguir una quinta plaza final en el campeonato doméstico, que le dio acceso a disputar la Copa de la UEFA. En ella, eliminó a grandes equipos como el Torino Calcio o el Slovan CH.Z.J.D. Bratislava antes de caer eliminado por el Football Club Twente en los octavos de final por un 2-4 global.
 Una nueva desgracia se cebó con el equipo al fallecer Tonono por una infección hepática, que convulsionó aún más al equipo, no logrando ya tan destacadas actuaciones. Fue el desembarco de cuatro argentinos el que llevó de nuevo al equipo a un cuarto puesto y a participar de nuevo en competición continental. Daniel Carnevali, Carlos el Puma Morete, Quique Wolff y Brindisi bajo las órdenes de Miguel Muñoz devolvieron los buenos resultados al Estadio Insular. Sin el carismático Wolff, traspasado al Real Madrid, no pudieron mejorar la hasta el momento mejor actuación en Europa del club al caer frente al Ipswich Town F. C. en dieciseisavos de final.
 Los resultados llevaron a siete jugadores del equipo amarillo a la selección española en estos dos decenios: los cinco futbolistas históricos ya mencionados más Felipe Martín y Gerardo Miranda.
 La buena trayectoria se consumó con un subcampeonato de Copa del Rey en 1978, en el que pese a la derrota situó al fútbol canario y en particular a la U. D. Las Palmas como uno de los referentes en el país, finalizando la década en los puestos altos de la clasificación liguera.
 El declive y la casi disolución del club
 En la temporada 1982-83, tras tres temporadas coqueteando con perder la categoría por la marcha de varios de sus futbolistas, se consumó el descenso a Segunda División, lo que fue un gran mazazo para un club que había enlazado 19 campañas consecutivas en la máxima categoría. El impacto fue grande y, aunque solo dos años después se retornó a Primera, el club no volvió a ser el mismo. De hecho un nuevo descenso en la temporada 1987-88 inició una época muy aciaga, llegando el club a bajar en 1992 a la Segunda División "B", arrastrando una deuda de seiscientos millones de pesetas, lo que hizo temer por su existencia. La conversión en sociedad anónima deportiva y la entrada de capital privado salvaron la situación, volviendo a la división de plata en 1996 y a Primera nuevamente en el año 2000.
 Nuevos jugadores como Rubén Castro, Guayre Betancor o Ángel López Ruano dieron esperanza al equipo antes de acabar emigrando también y antes de la época más convulsa del club en la temporada 2001-02, en la que había militado hasta entonces un total de 31 temporadas. Tras dicha campaña y con el lastre de una gran deuda se produjo una grave crisis institucional que desembocó deportivamente en un nuevo descenso a Segunda División "B" en la temporada 2003-04. Por segunda vez, y en ruina, el club estuvo a punto de desaparecer, obligando a una intervención judicial auspiciada por la Ley Concursal dirigida por el juez Juan José Cobo Plana.
 Saneamiento del club
 La convulsa situación fue reconducida por los administradores concursales, quienes negociaron un crédito con la Caja Mediterráneo, posibilitando el pago a los acreedores y acercarse a la salvación económica. Al mismo tiempo se logró el ascenso a Segunda División en 2006. En 2012, el club nombró como presidente de honor a su histórico jugador, entrenador y director técnico, Germán Dévora.
 En junio de 2015, Alberto López, juez titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, declaró en un auto la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio de acreedores del club, concurso que había sido iniciado en 2004.
 Retorno a la élite
 Ese mismo año, el de la temporada 2014-15, logró el ascenso a Primera División después de trece años, al superar a doble partido al Real Zaragoza en la final del play-off de ascenso en el que nuevamente jugadores insulares producto de su fértil cantera se alzaron como los referentes del club.
 La temporada 2015-16 consiguió la permanencia en Primera División de la mano de Quique Setién a falta de tres partidos para acabar la liga, acabando la temporada en un meritorio decimoprimer puesto.
 Un nuevo descenso
 En la temporada 2017-18, con 4 diferentes entrenadores (Manolo Márquez, Pako Ayestarán, Paquito Ortiz y Paco Jémez), llegó a la jornada 34 con 21 puntos, sin ganar desde el 5 de febrero, penúltimos, se produjo el descenso matemático tras una derrota ante Deportivo Alavés.
 Símbolos
 Historia y evolución del escudo
 El escudo, diseñado por D. Simón Doreste y Doreste, tiene como base un fondo de zafiro y en el centro el escudo de la ciudad orlado con los escudos de los cinco equipos fundadores. Entre la corona y el escudo de la ciudad aparece una cinta amarilla que lleva el nombre de la entidad, el de la ciudad y el del archipiélago al que representa. Entre la orla de los escudos de los cinco clubes fundadores y el escudo de la ciudad se encuentra en una cinta blanca el lema "segura tiene la palma".
 La Unión Deportiva Las Palmas posee en su escudo una corona y sin embargo no tiene el título de "real". Esto se debe a que la corona fue heredada del Real Club Victoria, club fundador.
 Himno
 El club ha tenido dos himnos oficiales siendo el segundo el que más éxito popular obtuvo. El primero fue compuesto por José Trunchado y llevaba por título “Arriba de ellos”. Gonzalo Monasterio (letra) y Peón Real (música) crearon el actual himno de la Unión Deportiva Las Palmas, himno que desde un primer momento fue bien acogido por la afición amarilla. Este himno ganó en Barcelona el tercer puesto en el Festival de la Canción Deportiva.
 Uniforme
 El uniforme de la Unión Deportiva Las Palmas quedó establecido desde el inicio de la historia del club con los colores representativos de la isla de Gran Canaria. Así, se estipuló usar una camisa amarilla lisa, un calzón azul fuerte liso, y medias azules con borde amarillo y que recogió el diario Canarias Deportiva en su edición del 20 de octubre de 1949: “[...] El oro de nuestras playas y el azul de nuestro mar”.
 En los últimos años el segundo uniforme del club ha correspondido de manera rotativa a cada uno de sus clubes fundadores, coincidiendo con el año en el que hubiesen celebrado sus respectivos centenarios. De igual modo, es significante la medida que adoptó en su etapa reciente de vestir a sus equipos de la cantera con un equipaje similar al del primer equipo, pero no idéntico. El motivo fue con la idea de su motivación deportiva, manifestando que solo aquellos jugadores de la cantera que luchen por un puesto en el primer equipo, serían merecedores de vestir la casaca amarilla.
 Uniforme titular: Camiseta amarilla, pantalón azules y medias azules con vuelta amarilla.
 Uniforme alternativo: Camiseta pantalón y medias de azul coral, y con detalles en oro viejo.
 Fabricantes y patrocinador
 Instalaciones
 Estadio
 La Unión Deportiva Las Palmas juega todos sus partidos oficiales en el Estadio de Gran Canaria desde la temporada 2003-04. Es el sucesor del Estadio Insular, donde jugó sus partidos el equipo hasta la temporada anterior.
 Este campo de juego, ubicado en el barrio de Siete Palmas, tiene una capacidad de 32 392 espectadores. Originalmente fue concebido como estadio multiusos, contando con pista de atletismo cuando fue inaugurado el 8 de mayo de 2003. El partido inaugural enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas con el RSC Anderlecht de Bélgica. El encuentro terminó con el resultado de 2-1 favorable a los amarillos, con goles de Rubén Castro y Alain Nkong.
 En 2014 se inició un proceso de remodelación para acercar el graderío al terreno de juego y prescindir de la inutilizada pista de atletismo, lo cual elevaría el aforo hasta los 33 070 espectadores. Finalmente se consideró finalizada la primera fase de esa remodelación en enero de 2016 con un aforo final de 32 392 espectadores.
 Otras instalaciones
 Las instalaciones de Barranco Seco son el lugar habitual de entrenamiento de la primera plantilla. Es un complejo provisto con dos terrenos de juego, ambos de césped natural. En 2015 comenzó su remodelación con finalización prevista para finales de 2018. El complejo se convertirá en una ciudad deportiva con tres campos, edificio de 4 plantas con distintas instalaciones y otras dependencias para un total de 5000 metros cuadrados de construcción.
 Organigrama deportivo
 Jugadores
 |-
 | colspan=9 bgcolor=#FFDD00 style="color:#0046B8 ;" align=center| Porteros
 |-
 | colspan=9 bgcolor=#FFDD00 style="color:#0046B8 ;" align=center|Defensas
 |-
 | colspan=9 bgcolor=#FFDD00 style="color:#0046B8 ;" align=center| Centrocampistas
 |-
 | colspan=9 bgcolor=#FFDD00 style="color:#0046B8 ;" align=center|Delanteros
 Los jugadores con dorsales superiores al 25 son, a todos los efectos, jugadores del Unión Deportiva Las Palmas Atlético y como tales, podrán compaginar partidos con el primer y segundo equipo. Como exigen las normas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, los jugadores de la primera plantilla deberán llevar los dorsales del 1 al 25.
 Los equipos españoles están limitados a tener en la plantilla un máximo de tres jugadores sin pasaporte de la Unión Europea o asociados. La lista incluye solo la principal nacionalidad de cada jugador, algunos de los jugadores no europeos pueden tener doble nacionalidad de algún país de la UE.
 La procedencia de los jugadores indica el anterior club que poseía los derechos federativos del jugador, independientemente de su pertenencia contractual.
 Entrenadores
 Desde su fundación, la Unión Deportiva ha tenido 79 cambios de entrenador (sumando los interinos). Entre esos 79, varios de ellos han dirigido al equipo en más de una ocasión. En total 61 entrenadores diferentes han ocupado el cargo en la historia del club. Pierre Sinibaldi es el entrenador que ha dirigido más partidos con 166 en cuatro temporadas completas. Le siguen Roque Olsen con 135, Luis Molowny con 130, Juan Manuel Rodríguez con 125, Sergio Krešić con 120, Satur Grech con 113, Paco Castellano con 108 y Vicente Dauder con 104 encuentros.
 Si hablamos de éxitos deportivos, el equipo grancanario posee 8 ascensos (6 a Primera y 2 a Segunda). El primer ascenso fue conseguido por Arsenio Arocha. Los ascensos a Primera fueron conseguidos cronológicamente por Arsenio Arocha, Jesús Navarro, Vicente Dauder, Roque Olsen, Sergio Krešić y Paco Herrera. Los ascensos a Segunda fueron conseguidos por Pacuco Rosales y Juanito Rodríguez. Respecto a las nacionalidades de los entrenadores de la Unión Deportiva, predominan absolutamente los entrenadores españoles, si bien otras 9 nacionalidades diferentes han ocupado el banquillo.
 Más partidos
 Lista de entrenadores con más de 100 partidos oficiales
 En negrita entrenador en el cargo actualmente
 Administración
 La Unión Deportiva Las Palmas ha tenido 22 cambios de presidente. El presidente que más tiempo mantuvo el cargo ininterrumpidamente fue Juan Trujillo Febles, llegando a estar quince años seguidos a cargo del club, entre 1959 y 1974. Fernando Arencibia Hernández y Manuel García Navarro han sido los únicos presidentes que desarrollaron su labor en dos períodos. En el caso de Fernando Arencibia en 1988-1989 y 1994-1994, mientras que Manuel García en 1999-2001 y 2004-2005.
 Miguel Ángel Ramírez Alonso es el presidente del consejo de administración desde julio de 2005. El consejo de administración está conformado por un presidente, un vicepresidente y dos consejeros.
 Directiva actual
 La directiva actual está integrada por un Consejo de administración y una Dirección deportiva:
 Consejo de administración
 El Consejo de administración del club está compuesto por:
 Datos del club
 Para los detalles estadísticos del club véase Estadísticas de la Unión Deportiva Las Palmas.
 Denominaciones
 A continuación, se listan las distintas denominaciones de las que ha dispuesto el club a lo largo de su historia:
 Unión Deportiva Las Palmas (1949-1992)
 Unión Deportiva Las Palmas Sociedad anónima deportiva (1992-presente). La Unión Deportiva se transformó en sociedad anónima deportiva en 1992.
 Trayectoria
 Línea de trayectoria en el campeonato de liga.
 Temporadas en 1.a: 34 (1951-52; 1954-55 a 1959-60; 1964-65 a 1982-83; 1985-86 a 1987-88; 2000-01 a 2001-02; 2015-16 a 2017-18)
 Mejor puesto: 2.o (1968-69)
 Peor puesto: 20.o (1987-88)
 Temporadas en 2.a: 32 (1950-51; 1952-53 a 1953-54; 1960-61 a 1963-64; 1983-84 a 1984-85; 1988-89 a 1991-92; 1996-97 a 1999-00; 2002-03 a 2003-04; 2006-07 a 2014-15, 2018-19 a 2021-22)
 Mejor puesto: 1.o (1953-54, 1963-64, 1984-85 y 1999-2000)
 Peor puesto: 20.o (1991-92 y 2003-04)
 Temporadas en 2.aB: 6 (1992-93 a 1995-96; 2004-05 a 2005-06
 Mejor puesto: 1.o (1992-93 y 1995-96)
 Peor puesto: 7.o (2004-05)
 Participaciones en Copa del Rey: 67
 Mejor trayectoria: Subcampeón (1977-78)
 Participaciones internacionales:
 Copa de Ferias: 1 participación (treintaidosavos de final en la 1969-70)
 Copa de la UEFA: 2 participaciones (octavos de final en la 1972-73 y dieciseisavos de final en la 1977-78)
 Registro de temporadas
 Ascenso
 Descenso
 Palmarés
 La Unión Deportiva acumula en sus años de historia numerosos trofeos. Entre ellos destacan por importancia, un subcampeonato de Liga de Primera División, un subcampeonato de Copa del Rey, cuatro Ligas de Segunda División y dos Ligas de Segunda División B.
 Ha disputado treinta y cuatro ediciones de la máxima competición española, la Primera División, en la que logró un subcampeonato como mejor resultado en la temporada 1969-69 y en donde ocupa el décimo noveno lugar en su clasificación histórica. Su peor puesto fue vigésimo en la temporadas 1987-88. En sus registros en la Segunda División acumula un total de 31, siendo los campeonato de 1953-54, 1963-64, 1984-85 y 1999-00 su mejor participación, además de un subcampeonato de la Copa de la Liga conseguido en 1984. En divisiones inferiores contabiliza seis presencias en Segunda División B y una en Tercera División. En cuanto a la segunda competición por importancia en España, la Copa del Rey, el subcampeonato alcanzado en la temporada 1977-78 se mantienen hasta la fecha como su mejor resultado. Cabe destacar sus 9 títulos del Torneo de San Ginés, así como el Trofeo Amberes concedido por la buena labor de cantera en liga nacional.
 Torneos nacionales
 Torneos amistosos
 10 Torneo de San Ginés: 1989, 1993, 1995, 1996, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2019.
 5 Trofeo Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: 2000, 2001, 2002, 2006 y 2009.
 5 Trofeo INCA: 1966, 1967, 1968, 1969 y 1970.
 3 Copa Mahou Canarias: 2012, 2014 y 2017.
 2 Trofeo Teide: 1987 y 2006.
 2 Torneo Internacional de Maspalomas: 2008 y 2016.
 2 Memorial Carlos Fuentes: 2007 y 2010.
 2 Trofeo Ciudad de Almería: 1977 y 1978.
 1 Trofeo Ciudad de Ceuta: 1980.
 1 Trofeo Gobierno de Canarias: 2011.
 1 Trofeo Concepción Arenal: 1976.
 1 Trofeo Internacional de Pecs: 1986.
 1 Trofeo Ciudad de Melilla: 1989.
 1 Trofeo Ciudad de Pontevedra: 1998.
 1 Trofeo Diputación de Córdoba: 2009.
 1 Trofeo Ciudad de Tarragona: 2011.
 1 Torneo Sebastián Martín Melo: 2012.
 1 Trofeo Ciudad de La Línea: 2017.
 1 Trofeo Ramón de Carranza: 2017.
 Distinciones
 1 Trofeo Amberes, premio a la buena labor de cantera en liga nacional: 1956.
 1 Trofeo Caballero, al equipo máximo goleador de Primera División: 1967-68.
 1 Trofeo Challenge Dicen a la regularidad: 1967-68.
 2 Trofeos Corrección en el Deporte a la deportividad: 1971-72 y 1973-74.
 Afición
 El club cuenta en la temporada 2022-23 con 17800 socios. Tiene cuarenta y un peñas oficiales repartidas por la geografía del país.
 Área de comunicación
 Radio oficial
 El club cuenta con una emisora de radio oficial, UDRadio. Emite en forma analógica, recibiéndose en toda isla de Gran Canaria. También puede escucharse a través de la página web y de la aplicación oficial, PlayUD.
 Los diales en que pueden escucharse son:
 101.9 Las Palmas de Gran Canaria
 104.8 Sur-Sureste
 96.5 Norte (a través de Radio Faro Noroeste)
 Televisión
 En julio de 2018 iniciaron las emisiones de UDTV, primero a través de TDT, incorporándose más tarde a las emisiones por internet. El canal dispone programas de producción propia, conexiones con UDRadio como Fiebre Amarilla, y también algunos partidos de la cadena de filiales o reposiciones de partidos del primer equipo. Desde enero de 2021 todos los contenidos audiovisuales del canal pasaron a emitirse en exclusiva a través de la aplicación de pago PlayUD.
 Cantera
 Las Palmas Atlético
 Las Palmas Atlético es el primer filial del club desde 1977, aunque existen precedentes de filiales desde 1954. Conocidos por el apelativo de La vela chica, Jugó doce temporadas en Segunda B, máxima categoría alcanzada hasta el momento, las cuatro últimas consecutivas desde 2017, hasta la temporada 2021-22 en la que se instaló en la nueva categoría Segunda División RFEF (4.o nivel).
 Unión Deportiva Las Palmas "C"
 Cuenta también con un segundo filial, Las Palmas C, creado en 2006 y que alcanzó la regional Preferente de la Provincia de Las Palmas. En el verano de 2010, el club anunció la supresión del mismo, retornando a la competición en la temporada siguiente. En la temporada 2017-18 consigue el ascenso al grupo XII de la Tercera División de España.
 Palmarés
 Copa del Rey de Juveniles de Fútbol: 1971-72
 Copa Federación: 1994-95
 Subcampeón de la Copa del Rey de Juveniles de Fútbol: 1969-70
 Otras secciones deportivas
 Fútbol Indoor - Equipo de veteranos
 En septiembre de 2010 la U. D. Las Palmas creó un equipo de fútbol indoor que participará en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Indoor. El primer entrenador de esta sección fue Juani Castillo. El campo de juego donde la U. D. Las Palmas disputaría sus encuentros fue el Centro Insular de Deportes.
 Secciones deportivas desaparecidas
 El club contó con un equipo de fútbol femenino durante las temporadas 2009-10 y 2010-11 denominado Unión Deportiva Las Palmas Femenino. Antes de su cierre, jugaba en la Superliga, máxima categoría del fútbol nacional femenino.
 Rivalidades
 Derbi canario
 El rival histórico de Las Palmas es Club Deportivo Tenerife, con el que disputa el derbi canario. Pese a que los dos equipos canarios suman 47 temporadas en Primera (34 Las Palmas y 13 el Tenerife), tan solo han coincidido una vez en la élite.
 De los 59 derbis que ha habido, la U. D. Las Palmas ha ganado 24, mientras que el C. D. Tenerife ha ganado 14, contabilizando 21 empates, con 71 goles a favor de la U. D. Las Palmas y 57 goles a favor del Tenerife. La mayor diferencia se debe a los emparejamientos de Copa, pues el balance es claramente a favor de la U. D. Las Palmas con 8 pases, frente a uno solo del Tenerife, de 9 veces que se han visto las caras en distintas eliminatorias coperas.
 La victoria más abultada la consiguió el Tenerife en la temporada 2013-14 de Segunda División, en la que el partido acabó con un 3-0 a favor de los tinerfeños, que igualó en diferencia de goles el 1-4 a favor de Las Palmas en Copa del Rey de la temporada 1986-87.
 Derbi de Las Palmas
 El club también mantuvo una cierta rivalidad con el extinto Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol desde 2003 hasta la desaparición de este en 2011.
 Filmografía
 Notas y referencias
 Notas
 Referencias
 Enlaces externos
 U. D. Las Palmas en LFP.es
 U. D. Las Palmas en UEFA.com
 U. D. Las Palmas en FIFA.com
 U. D. Las Palmas en YouTube.com


type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
 7.1.2012
 BG
 Официален вестник на Европейския съюз
 C 6/3
 Жалба, подадена на 21 септември 2011 г. от Katinan Justin Koné срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 13 юли 2011 г. по дело T-349/11, Koné/Съвет
 (Дело C-479/11 P)
 2012/C 6/04
 Език на производството: френски
 Страни
 Жалбоподател: Katinan Justin Koné (представители: L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas и M. Ceccaldi, avocats)
 Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз
 Искания на жалбоподателя
 —
 Да се обяви, че жалбата на г-н Katinan Justin Koné е допустима,
 —
 да се отмени Определение по дело T-349/11 от 13 юли 2011 г., с което се установява, че жалбата е недопустима,
 —
 да се върне делото за разглеждане от Общия съд, за да може жалбоподателят да защити правата си,
 —
 да се осъди Съвета на Европейския съюз да понесе съдебните разноски на основание членове 69 и 73 от Процедурния правилник на Съда.
 Правни основания и основни доводи
 Жалбоподателят излага следните правни основания в подкрепа на жалбата си:
 —
 Настъпване на непреодолима сила поради военни действия, прекъсващи давността. Настъпилите за жалбоподателя събития от месец ноември 2010 г. в Кот д'Ивоар, представлявали случай на непреодолима сила по смисъла на член 45 от Статута на Съда на Европейския съюз поради военното положение, което водело до прекъсване на давностните срокове на актовете, приети по отношение на него от Съвета.
 —
 Настоящият случай на непреодолима сила поради война бил пречка за жалбоподателя да упражни свободно своето право да подаде жалба срещу актове, които явно нарушават основни права.
 —
 Основните права и свободи стояли над принципа на правна сигурност. Като изтъквал принципа на правна сигурност, за да обяви искането на жалбоподателя за недопустимо, Общият съд засягал основното право на достъп до съд и правото на защита. По този начин жалбоподателят бил лишен от правото да бъде изслушан от компетентна юрисдикция.
 —
 Непротивопоставимост на срока поради отдалеченост и на срока за обжалване в случай на война. Срокът за отдалеченост и срокът за обжалване не можели да се изтъкват срещу адресат, пребиваващ в държава, в която се води война. Подобни срокове били приложими единствено в мирно време и на европейския континент. Жалбоподателят обаче се намира на друг континент и поради тази причина стриктното прилагане на член 102 от Процедурния правилник на Общия съд в настоящия случай безспорно е нарушение на член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и на член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 —
 По-високият ранг на член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Член 102 от Процедурния правилник на Общия съд обезсилвал задължението за уведомяване, предвидено от Договора за функционирането на Европейския съюз, което гласи, че срокът за обжалване тече, считано от публикуването на акта, от неговото съобщаване или от деня, в който заинтересованото лице е узнало за него. Всъщност член 102 от Процедурния правилник пренебрегвал задължението за уведомяване и не вземал предвид деня, в който жалбоподателят действително е узнал за акта, като така стеснявал буквата и духа на член 263 ДФЕС. По този начин член 102 поставял под въпрос правата, предвидени и защитени от Договора, който има по-висша правна сила и е задължителен за институциите на Европейския съюз. Следователно тъй като обжалваните актове не са били съобщени на жалбоподателя, в нарушение на член 263, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, срокът за обжалване може да започне да тече едва считано от момента, в който той е узнал за приетите спрямо него актове.
 —
 Сериозно засягане на основните права и свободи. Прогласеният от Общия съд принцип на правна сигурност сериозно поставял под въпрос правната сигурност в цялост, тъй като на правните субекти, пребиваващи извън Европейския съюз и то в страна, в която се води война, се налагат санкции, срещу които те не могат надлежно да упражнят своето право на обжалване, тъй като не са узнали за санкцията.
 —
 При условията на евентуалност жалбоподателят иска отмяна на актовете, приети от Съвета спрямо него, поради тежестта на нарушението на основните права и свободи. Като се има предвид, че обжалваните актове нарушавали основни свободи, защитени от различни международни договори, Съдът трябвало да ги отмени, тъй като тяхната незаконосъобразност нарушавала установения европейски правов ред, както и поради съображението, че срок за обжалване не можел да бъде противопоставен на толкова сериозно нарушение на защитените основни права и свободи.


type: contracts

text:
 6.10.2011
 LV
 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
 L 262/33
 EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS
 Nr. 76/2011
 (2011. gada 1. jūlijs),
 ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums) un 37. protokolu
 EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,
 ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. un 101. pantu,
 tā kā:
 (1)
 Līguma VI pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2009. gada 3. jūlija Lēmumu Nr. 82/2009 (1).
 (2)
 Līguma 37. protokols tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2010. gada 2. jūlija Lēmumu Nr. 92/2010 (2).
 (3)
 Līgumā būtu jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (3), kas labota ar OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp., un OV L 204, 4.8.2007., 30. lpp.
 (4)
 Līgumā būtu jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 988/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu (4).
 (5)
 Līgumā būtu jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (5).
 (6)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. A1 par dialoga un saskaņošanas procedūras izveidošanu jautājumos par dokumentu derīgumu, piemērojamo tiesību aktu noteikšanu un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 883/2004 (6) paredzēto pabalstu sniegšanu.
 (7)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. A2 par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 12. pantu par tiesību aktiem, ko piemēro darbā ārpus kompetentās valsts uz laiku norīkotiem darba ņēmējiem un personām, kuras veic darbību pašnodarbinātas personas statusā (7).
 (8)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. E1 par praktiskiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 (8) 4. pantā minētās datu elektroniskās apmaiņas pārejas periodu.
 (9)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. F1 par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. pantu attiecībā uz prioritāriem tiesību aktiem, ko piemēro gadījumā, kad tiesības uz pabalstiem pārklājas (9).
 (10)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. H1 par pamatu pārejai no Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 uz Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009 un par to, kā piemērot sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas Administratīvās komisijas lēmumus un ieteikumus (10).
 (11)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. H2 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas Administratīvās komisijas Datu apstrādes tehniskās komisijas darba metodēm un sastāvu (11).
 (12)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. P1 par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 50. panta 4. punktu, 58. pantu un 87. panta 5. punktu attiecībā uz invaliditātes pensiju, vecuma pensiju un apgādnieka zaudējuma pabalstu (12).
 (13)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. S1 par Eiropas veselības apdrošināšanas karti (13).
 (14)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. S2 par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes tehniskajām specifikācijām (14).
 (15)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. S3, ar ko nosaka pabalstus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 19. panta 1. punkts un 27. panta 1. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 25. panta A punkta 3. apakšpunkts (15).
 (16)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. U1 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 54. panta 3. punktu saistībā ar bezdarbnieka pabalstu palielināšanu par apgādībā esošiem ģimenes locekļiem (16).
 (17)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. U2 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. panta 2. punkta darbības jomu attiecībā uz tādu pilnīgu bezdarbnieku tiesībām saņemt bezdarbnieka pabalstus, kuri nav pierobežas darbinieki, kas savas pēdējās darbības laikā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā dzīvojuši dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts (17).
 (18)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. U3 par jēdziena “daļējs bezdarbs” piemērošanas jomu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. panta 1. punktā minētajiem bezdarbniekiem (18).
 (19)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Ieteikums Nr. P1 par spriedumu Gottardo lietā, no kā izriet, ka gadījumos, kad dalībvalsts noslēdz divpusēju sociālā nodrošinājuma līgumu ar trešo valsti, šai dalībvalstij ir pienākums nodrošināt darba ņēmējiem, kuri ir citas dalībvalsts pilsoņi, tādas pat priekšrocības, kādas iegūst tās pašas pilsoņi atbilstoši šim līgumam (19).
 (20)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Ieteikums Nr. U1 par tiesību aktiem, kas piemērojami bezdarbniekiem, kuri iesaistās nepilnas slodzes profesionālās vai aroda darbībās dalībvalstī, kas nav šo personu dzīvesvietas valsts (20).
 (21)
 Līgumā būtu jāiekļauj 2009. gada 12. jūnija Ieteikums Nr. U2 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 64. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanu bezdarbniekiem, kuri pavada dzīvesbiedru vai partneri, kurš veic profesionālo vai aroda darbību dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts (21).
 (22)
 Lai nodrošinātu Līguma sekmīgu darbību, būtu jāgroza Līguma 37. protokols, lai tajā iekļautu Administratīvo komisiju sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 883/2004, kā arī jāgroza VI pielikums, lai konkretizētu procedūras dalībai minētajā komisijā un tai piesaistītajās struktūrās.
 (23)
 Regula (EK) Nr. 883/2004 atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 (22), kas ir iekļauta Līgumā un tādējādi būtu jāatceļ saskaņā ar Līgumu.
 (24)
 Ar Regulu (EK) Nr. 987/2009 no 2010. gada 1. maija atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72 (23), kas ir iekļauta Līgumā un tādējādi būtu jāatceļ saskaņā ar Līgumu.
 (25)
 Visi tiesību akti zem virsraksta “Tiesību akti, kurus Līgumslēdzējas puses ņem vērā” un “Tiesību akti, ko Līgumslēdzējas puses pieņem zināšanai” ir novecojuši un tāpēc saskaņā ar Līgumu būtu jāatceļ,
 IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
 1. pants
 Līguma VI pielikumu pielāgo, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.
 2. pants
 Līguma 37. protokola (kurā ietverts 101. pantā paredzētais saraksts) 5. punkta (“Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvā komisija”) tekstu aizstāj ar šādu:
 “Administratīvā komisija sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijai (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004).”
 3. pants
 Regulas (EK) Nr. 883/2004, kas labota ar OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp., un OV L 204, 4.8.2007., 30. lpp., Regulas (EK) Nr. 987/2009 un (EK) Nr. 988/2009, Lēmumu Nr. A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 un U3, kā arī Ieteikumu Nr. P1, U1 un U2 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.
 4. pants
 Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (24).
 5. pants
 Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.
 Briselē, 2011. gada 1. jūlijā
 EEZ Apvienotās komitejas vārdā –
 priekšsēdētājs
 Kurt JÄGER
 (1) OV L 277, 22.10.2009., 34. lpp.
 (2) OV L 277, 21.10.2010., 46. lpp.
 (3) OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.
 (4) OV L 284, 30.10.2009., 43. lpp.
 (5) OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.
 (6) OV C 106, 24.4.2010., 1. lpp.
 (7) OV C 106, 24.4.2010., 5. lpp.
 (8) OV C 106, 24.4.2010., 9. lpp.
 (9) OV C 106, 24.4.2010., 11. lpp.
 (10) OV C 106, 24.4.2010., 13. lpp.
 (11) OV C 106, 24.4.2010., 17. lpp.
 (12) OV C 106, 24.4.2010., 21. lpp.
 (13) OV C 106, 24.4.2010., 23. lpp.
 (14) OV C 106, 24.4.2010., 26. lpp.
 (15) OV C 106, 24.4.2010., 40. lpp.
 (16) OV C 106, 24.4.2010., 42. lpp.
 (17) OV C 106, 24.4.2010., 43. lpp.
 (18) OV C 106, 24.4.2010., 45. lpp.
 (19) OV C 106, 24.4.2010., 47. lpp.
 (20) OV C 106, 24.4.2010., 49. lpp.
 (21) OV C 106, 24.4.2010., 51. lpp.
 (22) OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.
 (23) OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.
 (24) Konstitucionālās prasības ir norādītas.
 PIELIKUMS
 Līguma VI pielikuma tekstu aizstāj ar šādu:
 “IEVADS
 Ja šajā līgumā minētie tiesību akti satur jēdzienus vai atsaucas uz procedūrām, kas ir raksturīgas Kopienas tiesību sistēmai, piemēram:
 —
 preambulas,
 —
 Kopienas tiesību aktu adresāti,
 —
 atsauces uz EK teritorijām vai valodām,
 —
 norādes uz EK dalībvalstu, to valsts iestāžu, uzņēmumu vai privātpersonu savstarpējām tiesībām un pienākumiem, kā arī
 —
 atsauces uz informēšanas un paziņošanas procedūrām,
 piemēro 1. protokolu par horizontāliem pielāgojumiem, ja vien šajā pielikumā nav paredzēts citādi.
 SEKTORĀLIE PIELĀGOJUMI
 I.
 Šajā pielikumā un neatkarīgi no 1. protokola noteikumiem ar terminu “dalībvalsts(-is)”, kas ietverts tajos tiesību aktos, uz kuriem dotas atsauces, saprot, ka tas papildus savai nozīmei attiecīgajos EK tiesību aktos ietver arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.
 II.
 Piemērojot šajā pielikumā minēto tiesību aktu noteikumus šā nolīguma mērķiem, EEZ Apvienotā komiteja atbilstoši Līguma VII daļai uzņemas tiesības un pienākumus, kas piešķirti Administratīvajai komisijai sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai, kas pievienota EK Komisijai, un tiesības un pienākumus, kas piešķirti Revīzijas padomei un Datu apstrādes tehniskajai komisijai, kuras pievienotas minētajai Administratīvajai komisijai.
 I. VISPĀRĒJĀ SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA KOORDINĀCIJA
 TIESĪBU AKTI, UZ KURIEM SNIEGTAS ATSAUCES
 1.
 32004 R 0883: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.), kas labota ar OV L 200, 7.6.2004., 1. lpp., un OV L 204, 4.8.2007., 30. lpp., kurā grozījumi izdarīti ar:
 —
 32009 R 0988: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 988/2009 (OV L 284, 30.10.2009., 43. lpp.).
 Šā nolīguma vajadzībām Regulas (EK) Nr. 883/2004 noteikumus pielāgo šādi:
 a)
 regulas 87. panta 10. punktam pievieno šādu daļu:
 “Attiecībā uz Lihtenšteinu 65. panta 2. un 3. punkta otro teikumu noteikumus piemēro vēlākais no 2012. gada 1. maija.”;
 b)
 regulas I pielikuma I nodaļai pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 Uztura maksājumu avansi saskaņā ar Likumu Nr. 100/2007 par sociālo nodrošinājumu.
 LIHTENŠTEINA
 Uztura maksājumu avansi saskaņā ar 1989. gada 21. jūnija Likumu par uztura avansu piešķiršanu, ar grozījumiem.
 NORVĒĢIJA
 Bērna uztura maksājumu avansi saskaņā ar 1989. gada 17. februāra Bērnu uztura maksājumu avansu likumu Nr. 2.”;
 c)
 regulas I pielikuma II nodaļai pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 Vienreizēji maksājumi, kas paredzēti, lai segtu starptautiskās adopcijas izmaksas saskaņā ar Likumu Nr. 152/2006 par adopcijas maksājumiem.
 NORVĒĢIJA
 Vienreizēji maksājumi, kas izmaksājami pēc bērna piedzimšanas saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu.
 Vienreizēji maksājumi, kas izmaksājami pēc bērna adopcijas saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu.”;
 d)
 regulas II pielikumam pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE – DĀNIJA
 7. pants 2003. gada 18. augusta Ziemeļvalstu Konvencijā par sociālo nodrošinājumu (attiecas uz papildu ceļa izdevumu segšanu slimības gadījumā, uzturoties citā ziemeļvalstī, saistībā ar ko izmaksas par atgriešanos mītnes valstī ir lielākas).
 ISLANDE – SOMIJA
 7. pants 2003. gada 18. augusta Ziemeļvalstu Konvencijā par sociālo nodrošinājumu (attiecas uz papildu ceļa izdevumu segšanu slimības gadījumā, uzturoties citā ziemeļvalstī, saistībā ar ko izmaksas par atgriešanos mītnes valstī ir lielākas).
 ISLANDE – ZVIEDRIJA
 7. pants 2003. gada 18. augusta Ziemeļvalstu Konvencijā par sociālo nodrošinājumu (attiecas uz papildu ceļa izdevumu segšanu slimības gadījumā, uzturoties citā ziemeļvalstī, saistībā ar ko izmaksas par atgriešanos mītnes valstī ir lielākas).
 ISLANDE – NORVĒĢIJA
 7. pants 2003. gada 18. augusta Ziemeļvalstu Konvencijā par sociālo nodrošinājumu (attiecas uz papildu ceļa izdevumu segšanu slimības gadījumā, uzturoties citā ziemeļvalstī, saistībā ar ko izmaksas par atgriešanos mītnes valstī ir lielākas).
 NORVĒĢIJA – DĀNIJA
 7. pants 2003. gada 18. augusta Ziemeļvalstu Konvencijā par sociālo nodrošinājumu (attiecas uz papildu ceļa izdevumu segšanu slimības gadījumā, uzturoties citā ziemeļvalstī, saistībā ar ko izmaksas par atgriešanos mītnes valstī ir lielākas).
 NORVĒĢIJA – SOMIJA
 7. pants 2003. gada 18. augusta Ziemeļvalstu Konvencijā par sociālo nodrošinājumu (attiecas uz papildu ceļa izdevumu segšanu slimības gadījumā, uzturoties citā ziemeļvalstī, saistībā ar ko izmaksas par atgriešanos mītnes valstī ir lielākas).
 NORVĒĢIJA – ZVIEDRIJA
 7. pants 2003. gada 18. augusta Ziemeļvalstu Konvencijā par sociālo nodrošinājumu (attiecas uz papildu ceļa izdevumu segšanu slimības gadījumā, uzturoties citā ziemeļvalstī, saistībā ar ko izmaksas par atgriešanos mītnes valstī ir lielākas).”;
 e)
 regulas III pielikumam pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 NORVĒĢIJA”;
 f)
 regulas IV pielikumam pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 LIHTENŠTEINA”;
 g)
 regulas VIII pielikuma 1. daļai pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 Visi pieteikumi no vecuma pamata pensiju sistēmas un valsts darbinieku fiksēto pabalstu sistēmas.
 LIHTENŠTEINA
 Visi pieteikumi vecuma pensijām un apdrošināšanas maksājumiem no tiesību aktos paredzētās pensiju shēmas apgādnieka zaudējuma un invaliditātes gadījumā, kā arī sociālās arodnodrošinājuma shēmas vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes pensijām, ciktāl attiecīgā pensiju fonda nolikumi nesatur noteikumus attiecībā uz samazinājumu.
 NORVĒĢIJA
 Visi pieteikumi vecuma pensijām, izņemot tām pensijām, kas minētas IX pielikumā.”;
 h)
 regulas VIII pielikuma 2. daļai pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 Vecuma darba pensijas shēma.
 LIHTENŠTEINA
 Vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes pensijas no sociālā arodnodrošinājuma shēmas.”;
 i)
 regulas IX pielikuma I nodaļai pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 Bērna pensija saskaņā ar Likumu Nr. 100/2007 par sociālo nodrošinājumu un bērna pensija saskaņā ar Likumu Nr. 129/1997 par obligāto pensiju apdrošināšanu un pensiju fondu darbībām.”;
 j)
 regulas IX pielikuma II nodaļai pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 Invaliditātes pensija pamata pensijas, pensijas piemaksas vai ar vecumu saistītas pensijas piemaksas veidā saskaņā ar Likumu Nr. 100/2007 par sociālo nodrošinājumu.
 Invaliditātes pensija atbilstīgi Likumam Nr. 129/1997 par obligāto pensiju apdrošināšanu un pensiju fondu darbībām.
 NORVĒĢIJA
 Norvēģijas invaliditātes pensija, arī tad, ja tā, sasniedzot pensijas vecumu, tiek pārvērsta vecuma pensijā, un visas pensijas (apgādnieka zaudējuma un vecuma pensijas), kuru pamatā ir mirušas personas pensiju ieņēmumi.”;
 k)
 regulas X pielikumam pievieno šādu tekstu:
 “LIHTENŠTEINA
 a)
 pabalsti neredzīgajiem (1970. gada 17. decembra Likums par pabalstu piešķiršanu neredzīgajiem, ar grozījumiem);
 b)
 maternitātes piemaksas (1981. gada 25. novembra Likums par maternitātes piemaksu piešķiršanu, ar grozījumiem);
 c)
 papildu piemaksas vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšanai (1965. gada 10. decembra Likums par papildu piemaksām vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšanai, ar grozījumiem).
 NORVĒĢIJA
 a)
 garantēta minimālā papildu pensija personām, kas ir piedzimušas ar invaliditāti vai kļuvušas par invalīdiem agrā vecumā saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu;
 b)
 īpaši pabalsti saskaņā ar 2005. gada 29. aprīļa Aktu Nr. 21 par papildu pabalstiem personām, kuras īslaicīgi uzturas Norvēģijā.”;
 l)
 regulas XI pielikumam pievieno šādu tekstu:
 “ISLANDE
 1.
 a)
 Neierobežojot 6. panta noteikumus, personas, kas nav strādājušas algotu darbu vienā vai vairākās EK dalībvalstīs vai EBTA dalībvalstīs, ir tiesīgas saņemt Islandes sociālo pensiju tikai tad, ja tās ir vai iepriekš ir bijušas Islandes pastāvīgie iedzīvotāji vismaz trīs gadus saskaņā ar Islandes tiesību aktu noteiktajiem vecuma ierobežojumiem;
 b)
 iepriekš minētos noteikumus nepiemēro tiesībām Islandes sociālo pensiju saņemt to personu ģimenes locekļiem, kas strādā vai ir strādājušas algotu darbu Islandē, vai studentiem vai to ģimenes locekļiem.
 2.
 Ja nodarbinātība vai pašnodarbinātība Islandē tiek pārtraukta un tas notiek nodarbinātības vai pašnodarbinātības laikā citā valstī, uz kuru attiecas šī regula, un ja ne sociālās nodrošināšanas programmas, ne papildpensijas shēmas invaliditātes pensija vairs neietver laika posmu starp notikumu un pensijas vecumu (nākotnē), tad saistībā ar nākotnes datuma prasību ņem vērā apdrošināšanas periodu saskaņā ar citas valsts, uz kuru attiecas šī regula, likumiem, it kā tie būtu apdrošināšanas periodi Islandē.
 LIHTENŠTEINA
 1.
 Obligātā apdrošināšana saskaņā ar Lihtenšteinas slimības apdrošināšanas shēmu attiecībā uz pabalstiem natūrā (“Krankenpflegeversicherung”) un iespējamie izņēmumi:
 a)
 Lihtenšteinas tiesību normas, kas reglamentē obligāto slimības apdrošināšanu attiecībā uz pabalstiem natūrā, piemēro šādām personām, kuras nedzīvo Lihtenšteinā:
 i)
 personām, uz kurām saskaņā ar regulas II sadaļu attiecas Lihtenšteinas tiesību normas;
 ii)
 personām, kuru pabalstu izmaksas saskaņā ar regulas 24., 25. un 26. pantu sedz Lihtenšteina;
 iii)
 personām, kas saņem Lihtenšteinas bezdarbnieka pabalstus;
 iv)
 to personu, kas minētas i) un iii) punktā, vai nodarbinātu vai pašnodarbinātu personu, kuras uzturas Lihtenšteinā un ir apdrošinātas saskaņā ar Lihtenšteinas slimību apdrošināšanas shēmu, ģimenes locekļiem;
 v)
 to personu, kas minētas ii) punktā, vai pensionāra, kas uzturas Lihtenšteinā un ir apdrošināts saskaņā ar Lihtenšteinas slimību apdrošināšanas shēmu, ģimenes locekļiem.
 Par ģimenes locekļiem uzskata personas, kas atbilst ģimenes locekļu definīcijai dzīvesvietas valsts tiesību aktos;
 b)
 šā punkta a) apakšpunktā minētās personas pēc to pieprasījuma var atbrīvot no obligātās apdrošināšanas saistībā ar pabalstiem natūrā, ja šīs personas dzīvo Austrijā un var pierādīt, ka tām ir tiesības uz apdrošināšanas segumu slimības gadījumā saskaņā ar tiesību aktos paredzētu vai līdzvērtīgu apdrošināšanu slimības gadījumā. Šo atbrīvojumu nevar atsaukt, izņemot gadījumā, ja mainās darba devējs.
 Šis pieprasījums:
 i)
 jāiesniedz trīs mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā obligātā apdrošināšana Lihtenšteinā; ja pamatotos gadījumos pieprasījumu iesniedz pēc šā termiņa, atbrīvojums stājas spēkā no obligātās apdrošināšanas sākuma dienas. Personas, kas regulas spēkā stāšanās EEZ brīdī jau ir apdrošinātas Austrijā, tiek uzskatītas par atbrīvotām no Lihtenšteinas obligātās apdrošināšanas attiecībā uz pabalstiem natūrā;
 ii)
 attiecas uz visiem ģimenes locekļiem, kuri dzīvo tajā pašā valstī.
 2.
 Regulas 19. pantā paredzētās priekšrocības var izmantot personas, kas strādā Lihtenšteinā, bet tur nedzīvo un kam saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu ir tiesību aktos paredzēts vai līdzvērtīgs apdrošināšanas segums dzīvesvietas valstī, kā arī šo personu ģimenes locekļi, uzturoties Lihtenšteinā.
 3.
 Piemērojot regulas 18., 19., 20. un 27. pantu Lihtenšteinā, visas rēķinos uzrādītās izmaksas sedz kompetentais apdrošinātājs.
 4.
 Ja uz personām, uz kurām saskaņā ar regulas II sadaļu attiecas Lihtenšteinas tiesību normas, slimības apdrošināšanas gadījumā piemērojot 1. punkta b) apakšpunktu, attiecas kādas citas šā nolīguma valsts tiesību normas, izmaksas par pabalstiem natūrā attiecībā uz negadījumiem ārpus darba savā starpā vienādi sadala Lihtenšteinas apdrošinātājs, kas veic negadījumu darbā un ārpus darba un arodslimību apdrošināšanu, un kompetentā slimības apdrošināšanas iestāde, ja personai ir tiesības uz pabalstiem natūrā no abām iestādēm. Lihtenšteinas apdrošinātājs, kas veic negadījumu darbā un ārpus darba un arodslimību apdrošināšanu, sedz visas ar negadījumiem darbā, negadījumiem ceļā uz darbu un arodslimībām saistītās izmaksas arī tad, ja personai ir tiesības uz dzīvesvietas valsts slimības apdrošināšanas iestādes pabalstiem.
 NORVĒĢIJA
 1.
 Norvēģijas tiesību aktu pārejas noteikumus, kas paredz apdrošināšanas perioda samazināšanu, kas nepieciešams pilnas papildpensijas saņemšanai pirms 1937. gada dzimušajām personām, par tik gadiem, cik nepieciešams pēc to sešpadsmitās dzimšanas dienas un pirms 1967. gada 1. janvāra, piemēro personām, uz kurām attiecas šī regula, ar nosacījumu, ka tās ir bijušas Norvēģijas pastāvīgie iedzīvotāji vai Norvēģijā strādājuši algotu darbu, vai bijušas pašnodarbinātas personas. Šī prasība ir viens gads par katru gadu no attiecīgā laika posma starp personas dzimšanas gadu un 1937. gadu.
 2.
 Personai, kas ir apdrošināta saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu un kura aprūpē vecus cilvēkus, invalīdus vai slimus cilvēkus, saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem par šādiem laika posmiem piešķir pensijas punktus. Līdzīgi, neskarot Regulas (EK) Nr. 987/2009 44. pantu, personai, kura aprūpē mazus bērnus, piešķir pensijas punktus, tai uzturoties citā valstī, uz kuru attiecas šī regula, ar nosacījumu, ka attiecīgā persona atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā saskaņā ar Norvēģijas darba likumu.
 3.
 a)
 Neierobežojot 6. panta noteikumus, personas, kas nav strādājušas algotu darbu vienā vai vairākās EK dalībvalstīs vai EBTA dalībvalstīs, ir tiesīgas saņemt Norvēģijas sociālo pensiju tikai tad, ja tās ir vai iepriekš ir bijušas Norvēģijas pastāvīgie iedzīvotāji vismaz trīs gadus saskaņā ar Norvēģijas tiesību aktu noteiktajiem vecuma ierobežojumiem;
 b)
 iepriekš minētos noteikumus nepiemēro tiesībām Norvēģijas sociālo pensiju saņemt to personu ģimenes locekļiem, kas strādā vai ir strādājušas algotu darbu Norvēģijā, vai studentiem vai to ģimenes locekļiem.”
 KĀRTĪBA EBTA VALSTU DALĪBAI ADMINISTRATĪVAJĀ KOMISIJĀ SOCIĀLO NODROŠINĀŠANAS SISTĒMU KOORDINĀCIJAI, KĀ ARĪ DATU APSTRĀDES TEHNISKAJĀ KOMISIJĀ UN REVĪZIJAS PADOMĒ, KURAS IR PIEVIENOTAS ADMINISTRATĪVAJAI KOMISIJAI, SASKAŅĀ AR NOLĪGUMA 101. PANTU:
 Islande, Lihtenšteina un Norvēģija katra var nosūtīt pārstāvi, kurš padomdevēja (novērotāja) statusā piedalās Eiropas Komisijai pievienotās Administratīvās komisijas sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai sanāksmēs, kā arī Datu apstrādes tehniskās komisijas un Revīzijas padomes, kuras savukārt ir pievienotas Administratīvajai komisijai, sanāksmēs.
 2.
 32009 R 0987: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.).
 Šā nolīguma vajadzībām Regulas (EK) Nr. 987/2009 noteikumus pielāgo šādi:
 a)
 regulas 1. pielikumam pievieno ar šādu tekstu:
 “ISLANDE – DĀNIJA
 Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 15. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36., 63. un 70. pantā (pabalstu natūrā izmaksas saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstiem) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantā (administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).
 ISLANDE – LUKSEMBURGA
 2001. gada 30. novembra noteikumi par izdevumu kompensāciju sociālā nodrošinājuma jomā.
 ISLANDE – SOMIJA
 Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 15. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36., 63. un 70. pantā (pabalstu natūrā izmaksas saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstiem) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantā (administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).
 ISLANDE – ZVIEDRIJA
 Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 15. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36., 63. un 70. pantā (pabalstu natūrā izmaksas saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstiem) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantā (administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).
 ISLANDE – NORVĒĢIJA
 Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 15. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36., 63. un 70. pantā (pabalstu natūrā izmaksas saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstiem) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantā (administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).
 NORVĒĢIJA – DĀNIJA
 Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 15. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36., 63. un 70. pantā (pabalstu natūrā izmaksas saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstiem) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantā (administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).
 NORVĒĢIJA – LUKSEMBURGA
 2. līdz 4. pants 1998. gada 19. marta Nolīgumā par izmaksu segšanas kārtību sociālā nodrošinājuma jomā.
 NORVĒĢIJA – NĪDERLANDE
 2007. gada 23. janvāra Nolīgums par natūrā piešķirtu pabalstu izmaksu atmaksāšanu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un (EEK) Nr. 574/72.
 NORVĒĢIJA – PORTUGĀLE
 2000. gada 24. novembra Nolīgums saskaņā ar 36. panta 3. punktu un 63. panta 3. punktu Regulā (EEK) Nr. 1408/71 un 105. panta 2. punktu Regulā (EEK) Nr. 574/72 par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus par pabalstiem natūrā saistībā ar slimību, maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī izmaksām, kas rodas, veicot minētajās regulās paredzētās administratīvās un medicīniskās pārbaudes.
 NORVĒĢIJA – SOMIJA
 Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 15. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36., 63. un 70. pantā (pabalstu natūrā izmaksas saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstiem) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantā (administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).
 NORVĒĢIJA – ZVIEDRIJA
 Ziemeļvalstu 2003. gada 18. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 15. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikumu atmaksāt izdevumus, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36., 63. un 70. pantā (pabalstu natūrā izmaksas saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstiem) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantā (administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).
 NORVĒĢIJA – APVIENOTĀ KARALISTE
 Vēstuļu apmaiņa 1997. gada 20. martā un 1997. gada 3. aprīlī par Regulas (EEK) Nr. 1408/71 36. panta 3. punktu un 63. panta 3. punktu (atmaksa vai atteikums atmaksāt pabalstu natūrā) un Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantu (atteikums atmaksāt administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas).”;
 b)
 regulas 3. pielikumam pievieno šādu tekstu:
 “NORVĒĢIJA”;
 c)
 regulas 5. pielikumam pievieno šādu tekstu:
 “LIHTENŠTEINA
 NORVĒĢIJA”.
 TIESĪBU AKTI, KO LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ŅEM VĒRĀ
 3.1.
 32010 D 0424(01): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. A1 par dialoga un saskaņošanas procedūras izveidošanu jautājumos par dokumentu derīgumu, piemērojamo tiesību aktu noteikšanu un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 883/2004 paredzēto pabalstu sniegšanu (OV C 106, 24.4.2010., 1. lpp.).
 3.2.
 32010 D 0424(02): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. A2 par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 12. pantu par tiesību aktiem, ko piemēro darbā ārpus kompetentās valsts uz laiku norīkotiem darba ņēmējiem un personām, kuras veic darbību pašnodarbinātas personas statusā (OV C 106, 24.4.2010., 5. lpp.).
 4.1.
 32010 D 0424(03): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. E1 par praktiskiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 4. pantā minētās datu elektroniskās apmaiņas pārejas periodu (OV C 106, 24.4.2010., 9. lpp.).
 5.1.
 32010 D 0424(04): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. F1 par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. pantu attiecībā uz prioritāriem tiesību aktiem, ko piemēro gadījumā, kad tiesības uz pabalstiem pārklājas (OV C 106, 24.4.2010., 11. lpp.).
 6.1.
 32010 D 0424(05): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. H1 par pamatu pārejai no Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 uz Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009 un par to, kā piemērot sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas Administratīvās komisijas lēmumus un ieteikumus (OV C 106, 24.4.2010., 13. lpp.).
 6.2.
 32010 D 0424(06): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. H2 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas Administratīvās komisijas Datu apstrādes tehniskās komisijas darba metodēm un sastāvu (OV C 106, 24.4.2010., 17. lpp.).
 7.1.
 32010 D 0424(07): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. P1 par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 50. panta 4. punktu, 58. pantu un 87. panta 5. punktu attiecībā uz invaliditātes pensiju, vecuma pensiju un apgādnieka zaudējuma pabalstu (OV C 106, 24.4.2010., 21. lpp.).
 8.1.
 32010 D 0424(08): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. S1 par Eiropas veselības apdrošināšanas karti (OV C 106, 24.4.2010., 23. lpp.).
 8.2.
 32010 D 0424(09): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. S2 par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes tehnisko specifikāciju (OV C 106, 24.4.2010., 26. lpp.).
 Lēmuma Nr. S2 noteikumi šā nolīguma mērķiem jālasa ar šādu pielāgojumu:
 Neskatoties uz 3.3.2. punktu lēmuma pielikumā, EBTA valstīm tomēr ir iespēja iekļaut Eiropas zvaigznes Eiropas apdrošināšanas kartēs, ko tās izdos.
 8.3.
 32010 D 0424(10): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. S3, ar ko nosaka pabalstus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 19. panta 1. punkts un 27. panta 1. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 25. panta A punkta 3. apakšpunkts (OV C 106, 24.4.2010., 40. lpp.).
 9.1.
 32010 D 0424(11): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. U1 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 54. panta 3. punktu saistībā ar bezdarbnieka pabalstu palielināšanu par apgādībā esošiem ģimenes locekļiem (OV C 106, 24.4.2010., 42. lpp.).
 9.2.
 32010 D 0424(12): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. U2 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. panta 2. punkta darbības jomu attiecībā uz tādu pilnīgu bezdarbnieku tiesībām saņemt bezdarbnieka pabalstus, kuri nav pierobežas darbinieki, kas savas pēdējās darbības laikā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā dzīvojuši dalībvalstī, kura nav kompetentā dalībvalsts (OV C 106, 24.4.2010., 43. lpp.).
 9.3.
 32010 D 0424(13): 2009. gada 12. jūnija Lēmums Nr. U3 par jēdziena “daļējs bezdarbs” piemērošanas jomu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 65. panta 1. punktā minētajiem bezdarbniekiem (OV C 106, 24.4.2010., 45. lpp.).
 TIESĪBU AKTI, KO LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES PIEŅEM ZINĀŠANAI
 10.1.
 32010 H 0424(01): 2009. gada 12. jūnija Ieteikums Nr. P1 par spriedumu Gottardo lietā, no kā izriet, ka gadījumos, kad dalībvalsts noslēdz divpusēju sociālā nodrošinājuma līgumu ar trešo valsti, šai dalībvalstij ir pienākums nodrošināt darba ņēmējiem, kuri ir citas dalībvalsts pilsoņi, tādas pat priekšrocības, kādas iegūst tās pašas pilsoņi atbilstoši šim līgumam (OV C 106, 24.4.2010., 47. lpp.).
 11.1.
 32010 H 0424(02): 2009. gada 12. jūnija Ieteikums Nr. U1 par tiesību aktiem, kas piemērojami bezdarbniekiem, kuri iesaistās nepilnas slodzes profesionālās vai aroda darbībās dalībvalstī, kas nav šo personu dzīvesvietas valsts (OV C 106, 24.4.2010., 49. lpp.).
 11.2.
 32010 H 0424(03): 2009. gada 12. jūnija Ieteikums Nr. U2 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 64. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanu bezdarbniekiem, kuri pavada dzīvesbiedru vai partneri, kurš veic profesionālo vai aroda darbību dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts (OV C 106, 24.4.2010., 51. lpp.).
 II. PAPILDU PENSIJAS TIESĪBU SAGLABĀŠANA
 TIESĪBU AKTI, UZ KURIEM SNIEGTAS ATSAUCES
 12.
 398 L 0049: Padomes 1998. gada 29. jūnija Direktīva 98/49/EK par papildu pensijas tiesību saglabāšanu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienā (OV L 209, 25.7.1998., 46. lpp.).”


text:
 21.11.2009
 SK
 Úradný vestník Európskej únie
 C 282/37
 Rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. októbra 2009 — Cyprus/Komisia
 (Spojené veci T-300/05 a T-316/05) (1)
 („Poľnohospodárstvo - Spoločná organizácia trhov - Prechodné opatrenia, ktoré sa majú prijať z dôvodu pristúpenia nových členských štátov - Nariadenie (ES) č. 651/2005, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru - Žaloba o neplatnosť - Lehota na podanie žaloby - Začiatok plynutia - Omeškanie - Zmena ustanovenia nariadenia - Znovuotvorenie možnosti podať žalobu proti tomuto ustanoveniu a proti všetkým ustanoveniam, ktoré s ním tvoria jeden celok - Neprípustnosť - Nariadenie (ES) č. 832/2005 o určení nadbytočných množstiev cukru, izoglukózy a fruktózy - Námietka nezákonnosti - Právomoc - Zásada zákazu diskriminácie - Legitímna dôvera - Žaloba o neplatnosť - Proporcionalita - Odôvodnenie - Zákaz retroaktivity - Kolegialita“)
 2009/C 282/68
 Jazyk konania: gréčtina
 Účastníci konania
 Žalobkyňa: Cyperská republika (v zastúpení: P. Kliridis, K. Lykourgos a A. Pantazi-Lamprou, splnomocnení zástupcovia)
 Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Visaggio a H. Tserepa-Lacombe, neskôr T. van Rijn a H. Tserepa-Lacombe, splnomocnení zástupcovia)
 Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Estónska republika (vec T-316/05) (v zastúpení: L. Uibo, splnomocnený zástupca) a Lotyšská republika (v zastúpení E. Balode-Buraka, splnomocnený zástupca)
 Predmet veci
 Vo veci T-300/05 návrh na zrušenie nariadenia Komisie (ES) č. 651/2005 z 28. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 60/2004 ustanovujúce prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 108, s. 3), a vo veci T-316/05 návrh na zrušenie Nariadenie Komisie (ES) č. 832/2005 z 31. mája 2005 o určení nadbytočných množstiev cukru, izoglukózy a fruktózy pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (Ú. v. EÚ L 138, s. 3)
 Výrok rozsudku
 1.
 Žaloby sa zamietajú.
 2.
 Cyperská republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vzniknuté Komisii.
 3.
 Estónska republika a Lotyšská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.
 (1) Ú. v. EÚ C 271, 29.10.2005.


jurisdiction: US

text:
 324 Md. 294 (1991)
 596 A.2d 1069
 SUBURBAN HOSPITAL, INC.
 v.
 WILLIAM DWIGGINS.
 No. 90, September Term, 1990.
 Court of Appeals of Maryland.
 October 15, 1991.
 S. Allan Adelman, Godard, West & Adelman, P.C., Rockville, both on brief, for petitioner.
 Theresa M. Hall, Durke G. Thompson, Goldberg, Thompson, Pasternak & Fidis, P.A., Bethesda, all on brief, for respondent.
 Argued before ELDRIDGE, RODOWSKY, McAULIFFE, CHASANOW, JJ., MARVIN H. SMITH and CHARLES E. ORTH, Jr., JJ., Court of Appeals of Maryland (Retired, Specially Assigned), and RAYMOND G. THIEME, Jr., J., Fifth Judicial Circuit of Maryland (Specially Assigned).
 CHASANOW, Judge.
 William R. Dwiggins claims that Suburban Hospital, Inc. (Suburban) unfairly fired him from his job as a building maintenance supervisor. He says that he did not receive a fair hearing in the hospital's grievance system, and he wants the courts to make sure he gets one. Suburban counters that Dwiggins received everything he was entitled to through the grievance procedures. Dwiggins won a partial victory in both the trial court and the Court of Special Appeals. Suburban Hospital v. Dwiggins, 83 Md. App. 97, 573 A.2d 835 (1990).
 Because the case raises important questions on the subject of at-will employment, this Court granted Suburban's petition for certiorari.
 The Facts
 Dwiggins had been employed at Suburban Hospital for a decade before the dispute at issue here arose in 1985. When he was hired, there were no discussions about how long he would be employed. His first duties at Suburban were as a carpenter. In 1980, Dwiggins was promoted to building maintenance supervisor, and during the following two years, he was praised for his job performance.
 Suburban set forth a number of written policies for employees. Early in 1981, the director of personnel and the hospital administrator signed a policy on disciplinary action that told employees what they could expect from the hospital and created certain requirements that officials had to meet when disciplining employees. For example, an employee's suspension "must be validated by a counseling memo forwarded to the personnel department. All cases of suspension must have prior review by the department head and division head." If an employee was to be fired, more stringent procedures were to be followed: "Review by the department head, division head, personnel department, and hospital administrator is required for termination of an employee."
 A worker aggrieved by a decision of a supervisor could seek review through both an informal and then a formal process that included review by a four-member ad hoc grievance committee. Two committee members would be appointed by the director of personnel; the other two would be chosen by the employee. The grievance committee would then review the issue and inform both sides of its decision within two working days. Either side was given the option of appealing to the hospital administrator.
 The process ended with the hospital administrator. According to Suburban's policy and procedure statement, "The administrator will consider the grievance and within five working days decide upon its disposition. The decision of the administrator will be final."
 A year later, in 1982, Suburban adopted a "code for employee relations" and promised "to protect the privileges, interests, and benefits of its employees...." In this document, the hospital declared that it would establish written standards for job performance and would "permit and encourage any employee" to present grievances "to the appropriate supervisor for settlement." If the complaint had not been handled to the employee's satisfaction at that level, he or she was promised that the matter would "be dealt with at successively higher levels of management in accordance with an established, written procedure."
 The hospital published a reinstatement policy in 1983. In it, Suburban said, "Reinstatement is an offer and acceptance of any position within six months of separation from the hospital." A reinstated employee would "be placed in a three month probationary period."
 In 1985, Dwiggins found that a wall being built inside the hospital was going to block an elevator entrance if construction plans were followed. To solve this problem, he amended the plans on his own by ordering a bend in the wall. When Suburban's associate administrator, Paul Quinn (Quinn), found out, he suspended Dwiggins for three days and recommended that he be fired. Dwiggins' transgressions were four-fold, according to Quinn: (1) he had built the wall without approval from the administration; (2) he had failed to get a building permit; (3) he had spent money without the necessary clearance; and (4) he had not told laboratory personnel what he was doing so that they could protect their equipment.
 Dwiggins invoked the hospital grievance procedure. An ad hoc committee decided that he should not be blamed on the first two allegations. Rather than agree that Dwiggins should be fired, the committee recommended that he be placed on probation with a number of specific restrictions. After reviewing the committee's recommendations, the hospital administrator concurred. She warned Dwiggins that he would have to follow written guidelines for his work and that he would be placed on six months probation "with the understanding that any violations of the written guidelines will be grounds for immediate termination."
 Dwiggins signed the administrator's letter outlining the restrictions and returned it as requested, agreeing to the terms of his reinstatement. On July 2, 1985, the day he was scheduled to resume work, Dwiggins signed a document entitled, "Performance Conditions," which spelled out specific work rules as follows:
 "No construction requiring a building permit may be undertaken without the appropriate signed permit from the County.
 No outside contractor can be engaged without signed approval from Administration.
 Construction must be coordinated with all departments involved.
 No keys may be made or changed without individual and specific approval of the Associate Administrator or the Administrator.
 No field changes may be made to any Ward Hale project without specific administrative signed authorization by the Associate Administrator or the Administrator."
 The conditions were followed by the warning: "Failure to comply with any of these provisions during the probationary period will result in immediate termination." John Marynowski, Suburban's Director of Engineering/Maintenance and Dwiggins' supervisor, co-signed the document.
 Two months later, Marynowski filed a formal "counseling memo" complaining about Dwiggins' performance. He accused Dwiggins of showing "poor judgment in job planning and supervision in completing the renovation of radiology and the installation of the dishwasher...." Specifically, Marynowski said that the job was finished a week late and that the work was badly coordinated by Dwiggins.
 On September 16, Marynowski filed another counseling memo saying that, Dwiggins "has again demonstrated poor followup and a lack of concern of his responsibility as a supervisor." The memo was read to Dwiggins.
 Finally, on September 26, 1985, Marynowski filed a counseling memo recommending that Dwiggins be fired for failing to abide by the reinstatement agreement he and the hospital administrator signed. Specifically, he accused Dwiggins of violating the condition forbidding him to hire an outside contractor  Peak Sheet Metal  without signed administration approval.
 Dwiggins again brought the hospital's grievance system into play, arguing that the accusation was false and that he had not hired Peak Sheet Metal in violation of the reinstatement agreement. Suburban's Personnel Relations Coordinator decided against Dwiggins. In accordance with the grievance procedure, the matter then went to a four-member ad hoc committee, two of whose members were selected by Dwiggins. The proceedings before the ad hoc committee were not recorded. We are informed that Dwiggins was permitted to present a letter from Al Peak of Peak Sheet Metal, but Peak was not called as a witness. Dwiggins also alleges that he was not present when Quinn was interviewed by the committee. After reviewing the evidence, the committee decided that Dwiggins was accountable even if he had not personally contracted to engage Peak Sheet Metal to work at the hospital. "[S]ince the project was [Dwiggins'] responsibility then it was his responsibility to bring them in," the committee reasoned. "[I]t was [Dwiggins'] responsibility to get written prior approval to bring in the contractor to do the work." Dwiggins, the committee concluded, should be fired.
 As required by the grievance procedure, the hospital administrator reviewed the case as well as a letter from Dwiggins' attorney. On November 1, 1985, the administrator wrote Dwiggins a letter saying, "it is my decision that your termination be upheld and that you not be reinstated."
 Dwiggins then filed a breach of contract action, contending in part that Suburban had breached a contractual duty to follow the grievance procedures the hospital had established for employees. He also argued that the written reinstatement agreement he had signed was a legally enforceable contract and that the hospital dismissed him in violation of the agreement's terms. Suburban countered that Dwiggins was an at-will employee and the reinstatement agreement did not change that status. The hospital also argued that the grievance procedures it established had been followed to the letter; therefore, Suburban said, Dwiggins could be fired at its pleasure.
 In essence, Dwiggins has two basic complaints: (1) he should not have been fired except for just cause because the reinstatement agreement showed that he was not an at-will employee, and (2) the grievance process was unfair.
 After a trial in the Circuit Court for Montgomery County, a jury awarded damages to Dwiggins totalling $35,809, an amount later reduced by stipulation to $31,259, for breach of contract based on the reinstatement agreement. On appeal, the Court of Special Appeals held that the reinstatement agreement constituted a legally enforceable contract between Dwiggins and Suburban. But the intermediate appellate court remanded the case for a determination whether the grievance process used by the hospital was "fundamentally fair" and whether "the rules governing it [had been] substantially followed...." 83 Md. App. at 118, 573 A.2d at 846.
 The Court of Special Appeals held that "[t]he reinstatement agreement certainly was a contractual undertaking." 83 Md. App. at 109, 573 A.2d at 841. "Considering that agreement together with the underlying policies that authorized and led to it, we have no hesitation in concluding that the hospital did, in fact, contractually limit its otherwise vast discretion to discharge Mr. Dwiggins at any time and for any reason." Id.
 By agreeing to a formal set of "performance conditions" in the reinstatement agreement, the Court of Special Appeals reasoned,
 "the hospital implicitly, but contractually, assured Mr. Dwiggins that he would not be disciplined for job conduct that was consistent with and not violative of those conditions. If this were not so  if the undertaking did not have that effect  it would be merely a sham, and there is no evidence that the hospital ever intended it as such."
 83 Md. App. at 110, 573 A.2d at 842. The intermediate appellate court also viewed Suburban's grievance system as a neutral arbitration designed to fairly and conclusively resolve employee complaints. "In creating such a dispute resolution mechanism and committing itself to abide by it, the hospital necessarily ceded a certain measure of its discretion to make snap and final judgments in this area." Id. The Court of Special Appeals held that, in order for a grievance procedure to be final and binding, it must be "fundamentally fair." That court remanded for the lower court to hold an evidentiary hearing and "[i]f the court finds that the proceeding was fundamentally fair and that the rules governing it were substantially followed, it should dismiss the action against the hospital." 83 Md. App. at 118, 573 A.2d at 846.
 In Maryland, at-will employment is an employment contract of indefinite duration. It can be legally terminated at the pleasure of either party at any time. Adler v. American Standard Corporation, 291 Md. 31, 35, 432 A.2d 464, 467 (1981). H.G. Wood, A Treatise on the Law of Master & Servant (1877), a late 19th Century work on employment law, has been credited with bringing the at-will rule to national attention, though cases adopting the doctrine can be found even earlier. See S. Mazaroff, Maryland Employment Law, § 1.8 at 50-54 (1990). The doctrine was born during a laissez-faire period in our country's history, when personal freedom to contract or to engage in a business enterprise was considered to be of primary importance. See Love, Greeley v. Miami Valley Maintainance Contractors, Inc.: Has Ohio Gone Too Far in Creating a Public Policy Exception to the Employment At Will Doctrine?, 18 N.Ky.L.Rev. 543, 544-47 (1990); Massingale, At-Will Employment: Going, Going ..., 24 U.Rich.L.Rev. 187, 188-89 (1990).
 There are exceptions to the general rule that at-will employees can be terminated at any time for any reason. As we discussed in Adler, an at-will employee has a cause of action in tort if his discharge "contravened some clear mandate of public policy." 291 Md. at 43-47, 432 A.2d at 471-73. See Ewing v. Koppers Co., 312 Md. 45, 537 A.2d 1173 (1988). Various statutes also restrict an employer's right to terminate at-will employees. For example, if an employer discharges an employee who has filed a workers' compensation claim, he is guilty of a misdemeanor. Maryland Code (1991), Labor and Employment Article, § 9-1105. An employee cannot be fired as a result of time lost from work because he served on a jury. Md.Code (1974, 1984 Repl.Vol.), Courts and Judicial Proceedings Art., § 8-105.
 It is apparent that Dwiggins was an at-will employee at Suburban Hospital, at least when he began work with the institution in 1975. But the Court of Special Appeals read into the reinstatement agreement an assurance that Dwiggins would not be disciplined as long as his work did not violate the agreement's "performance conditions." 83 Md. App. at 110, 573 A.2d at 842. In other words, whatever Dwiggins' status was before the reinstatement agreement, that document liberated him from being an at-will worker. In effect, that means that after July 2, 1985, the date he signed the agreement, Dwiggins could be fired only for cause. We do not believe that the parties intended to make Dwiggins harder to fire when they signed an agreement intended as part of a disciplinary action.
 The "performance conditions" listed in the reinstatement agreement serve one purpose: They tell Dwiggins what he should be particularly careful about in light of his prior problems with the administration. They are not to be read as setting forth the only transgressions that could lead to Dwiggins' discharge. As one court noted: "The assertion that a probation memo constitutes an implied contract for further employment is a rather novel theory and appears to have no basis in law. As noted by defendant, the import of the memo was simply to identify to plaintiff existing deficiencies in his work performance and to notify him that inaction would result in the termination of his employment." Stevenson v. Potlatch Corporation, 674 F. Supp. 1410, 1417-18 (D.Idaho 1987), aff'd, 874 F.2d 816 (9th Cir.1989). At oral argument, Suburban's counsel made an apt analogy: Suppose a parent tells a teenager that if he puts one more dent in the family car, he won't be allowed to drive it again. That warning could not possibly mean that denting the automobile has suddenly become the only basis for denying the youngster the use of the car.
 Employee handbooks often list transgressions that can result in discipline. Unless there is evidence to the contrary, such lists should not be read as being exhaustive. See Novinger v. Eden Park Health Services, 167 A.D.2d 590, 563 N.Y.S.2d 219, 220 (N.Y. App. Div.3d 1990) (grounds for termination in manual not exhaustive), appeal denied, 77 N.Y.2d 810, 571 N.Y.S.2d 913, 575 N.E.2d 399 (1991); Gagne v. Northwestern Nat. Ins. Co., 881 F.2d 309, 317 (6th Cir.1989) (handbook gave fifteen specific situations "which may warrant immediate discharge without warning"; these acts were not the exclusive permissible grounds for discharge and plaintiff could be terminated for "poor performance"); Johnston v. Panhandle Co-op Ass'n, 225 Neb. 732, 741, 408 N.W.2d 261, 268 (1987) (although handbook gave examples of good cause for discharge, it did not limit the reasons for dismissal to those examples); Hinson v. Cameron, 742 P.2d 549, 555-56 (Okla. 1987) (handbook contained extensive list of offenses for which employees could be discharged, but it was not exhaustive and thus did not constitute the basis for an implied contract to discharge only for good cause); Enis v. Continental Illinois Nat. Bank, 795 F.2d 39, 42 (7th Cir.1986) ("The language [listing serious infractions that could result in immediate termination] cannot sensibly be limited to the instances given. That would imply that if an employee murdered a coworker he could not be immediately dismissed, because he was not being insubordinate, or stealing, or drug dealing."). We hold that the reinstatement agreement did not restrict the bases on which the hospital could terminate Dwiggins.
 Although the reinstatement agreement and the personnel policies did not limit the grounds upon which the hospital could discharge Dwiggins, the personnel policies may have limited the procedures which the hospital could use to discharge him. See Carnes v. Parker, 922 F.2d 1506, 1511 (10th Cir.1991) ("Although procedural protections themselves are not sufficient to create a property interest in continued employment, they can sustain an entitlement to the procedures themselves."); See also Perman v. ArcVentures, Inc., 196 Ill. App. 3d 758, 143 Ill. Dec. 910, 915, 554 N.E.2d 982, 987 (1990).
 Dwiggins contends that the hospital did not live up to the contractual obligations it created when it published various employment policies. There is no doubt that, in its policy and grievance statements, Suburban made promises to Dwiggins and other employees that the hospital was contractually required to keep. "[E]mployer policy directives regarding aspects of the employment relation become contractual obligations when, with knowledge of their existence, employees start or continue to work for the employer." (Citations omitted). Dahl v. Brunswick Corporation, 277 Md. 471, 476, 356 A.2d 221, 224 (1976). If an employee is not afforded the job termination procedures outlined in a handbook, the employee may have a breach of contract action against employer. See Pine River State Bank v. Mettile, 333 N.W.2d 622, 630-31 (Minn. 1983); Cassel v. Ancilla Development Group, Ltd., 704 F. Supp. 865, 866-67 (N.D.Ill. 1989); Cf. Land v. Michael Reese Hospital and Medical Center, 153 Ill. App. 3d 465, 106 Ill. Dec. 470, 472, 505 N.E.2d 1261, 1263 (1987) (employee entitled to grievance procedure spelled out in handbook); Toussaint v. Blue Cross & Blue Shield of Mich., 408 Mich. 579, 292 N.W.2d 880, 892 (1980) (if employer establishes personnel policies and practices, it has created obligations). The question, therefore, is what Suburban promised and whether Dwiggins was given what was due him.
 "[A]s a general rule, the construction or interpretation of all written instruments is [initially] a question of law for the court...." Gordy v. Ocean Park, Inc., 218 Md. 52, 60, 145 A.2d 273, 277 (1958). See also Rothman v. Silver, 245 Md. 292, 296, 226 A.2d 308, 310 (1967) ("If a written contract is susceptible of a clear, unambiguous, and definite understanding,... its construction is for the court to determine."); and University Nat'l Bank v. Wolfe, 279 Md. 512, 521-22 n. 7, 369 A.2d 570, 575 n. 7 (1977) ("When writings alone evidence a contract, it is for the court to construe the writings, and determine whether there was a contract, and, if so, what that contract was.") See also Keyworth v. Industrial Sales, 241 Md. 453, 456, 217 A.2d 253, 255 (1966).
 If there is an ambiguity in a document, the drafter  in this case, Suburban  will have the ambiguity construed against it. "[A]mbiguities in an instrument are resolved against the party who made it or caused it to be made, because that party had the better opportunity to understand and explain his meaning." King v. Bankerd, 303 Md. 98, 106, 492 A.2d 608, 612 (1985). See also Truck Ins. Exch. v. Marks Rentals, 288 Md. 428, 435, 418 A.2d 1187, 1191 (1980); Biskupich v. Westbay Manor Nursing Home, 33 Ohio App. 3d 220, 515 N.E.2d 632, 634 (1986) (If the employer was responsible for drafting an employee manual, the terms of the manual will be strictly construed against the employer).
 By creating and disseminating its grievance procedures, Suburban promised merely that they would be followed. A similar situation arose in Hawaii in the case of Edwing P. Pagdilao (Pagdilao), who was fired from his job as a bellman at the Maui Inter-Continental Hotel. Pagdilao v. Maui Inter-Continental Hotel, 703 F. Supp. 863 (D.Hawaii 1988). Pagdilao, an at-will employee, had drunk too much beer at two employee picnics. At the second gathering, he ran afoul of the hotel's security director, who then recommended that Pagdilao be fired for insubordination and swearing. The hotel's grievance mechanism  known as the Kokua Procedure  was brought into action. At the conclusion of the process, Pagdilao was fired. Pagdilao filed suit contending in part that he had an implied-in-fact contract with the hotel based on his employee handbook.
 The court rejected his argument, saying that Pagdilao "was given all that was promised to him in the Employee Handbook." 703 F. Supp. at 867. In granting the hotel's motion for summary judgment, the court observed: "The only promise to employees is that they will be permitted to pursue the Kokua Procedure." Id. The hotel followed the procedure; consequently, the employee handbook provided no basis for liability. In the case before us the hospital lived up to its obligations to Dwiggins by acting in accordance with every step in its grievance system. Having done that, Suburban owed Dwiggins nothing more. See Carnes, 922 F.2d at 1511-12 (employee had right to grievance procedures, not continued employment: "We are convinced the Hospital gave Carnes all the process to which she was entitled based on the personnel manual plus much more." (Emphasis in original.)); Perman, 143 Ill.Dec. at 915, 554 N.Ed.2d at 987 (Employee manual created contractual right to an established grievance procedure which employer followed.); Meleen v. Hazelden Foundation, 740 F. Supp. 687, 692 (D.Minn. 1990) ("Plaintiff got all the procedure she was due under the employment contract. She, perhaps understandably, would like something more. But, this was a private contract; no right to constitutional due process or proof beyond a reasonable doubt existed. Plaintiff's private expectations and due process concepts are not part of the employment contract."), aff'd, 928 F.2d 795 (8th Cir.1991); Goodlett v. Blue Cross and Blue Shield, 234 Neb. 5, 449 N.W.2d 9, 11-12 (1989) ("The employer did not breach the employment contract because the employer followed the disciplinary procedure contained in the handbook."); Plummer v. Humana of Kansas, Inc., 715 F. Supp. 302, 304 (D.Kan. 1988) ("Even if an employment contract did exist, Plummer would certainly be bound by that contract's terms. The Handbook provided that if an employee felt Humana had violated its own policies, the employee's sole recourse was to use the grievance procedure."); Salanger v. U.S. Air, 611 F. Supp. 427, 431 (D.C.N.Y. 1985) (all contractual obligations relating to employee's discharge were met where grievance procedures provided a forum to appeal termination-for-cause decisions and were made available to employee); Grozek v. Ragu Foods, Inc., 63 A.D.2d 858, 406 N.Y.S.2d 213, 214 (1978) ("Assuming that the handbook represents a binding agreement between plaintiff and defendant, plaintiff must be held to have accepted the complaint procedures provided for therein and the rules by which his actions were to be judged.").
 Fairness of the Grievance Process
 In holding that Suburban's grievance procedures were legally required to be fundamentally fair and unbiased, the Court of Special Appeals treated the hospital's disciplinary system as if it were an arbitration designed to be the final resolution of the issues presented to it. 83 Md. App. at 113-18, 573 A.2d at 843-46. But it was not meant to be so. The system was not a binding arbitration agreement; it was merely a mechanism established by the hospital to give employees an opportunity to complain about disciplinary actions.
 Suburban's policy set out the procedures Dwiggins was entitled to have followed. Dwiggins is not entitled to have the court impose additional requirements. Dwiggins was still an at-will employee. Adding the element of general fairness and due process to the grievance procedure alters this at-will status, and care should be taken before a court decides that the parties intended such a result. Cf. Sullivan v. Snap-on Tools Corp., 708 F. Supp. 750, 753 (E.D.Va. 1989) ("An employer's promise to discharge an employee only for just cause should be explicit and unambiguous, and such an intent should be clearly expressed."), aff'd, 896 F.2d 547 (4th Cir.1990).
 Although we have generally implied a covenant of fair dealing in negotiated contracts,[1] there is no implied covenant of fair dealing with regard to termination by either side in an employment-at-will. The employer or employee may terminate "at-will" even though to do so might be unfair to the other. Any modifications to the employment relationship in the instant case were self-imposed by the employer and unilateral. The employees remained free to quit the employment at any moment for any reason, and no grievance procedure would be available to the employer. If an employer unilaterally adds specific limitations or conditions on the right to terminate at-will, those specific limitations or conditions should be enforced by the courts, but they should not be expanded by the courts. Specific modifications to the at-will relationship should not be an indication that the employer intends to go beyond the specific modifications and add an implied covenant of fair dealing to the at-will relationship.
 An employer may limit his right to terminate a worker by establishing virtually any disciplinary procedure. But courts must not read more into the procedure than is there. Unless some public policy is implicated, employee grievance mechanisms should be analyzed only for what they offer; they must not be seen automatically as quasi-judicial forums for final and impartial dispute resolution governed by standards of due process and neutral fairness.
 To the extent that we are asked to impose a general requirement of good faith and fair dealing in at-will employment situations, we decline the invitation. "[A] small number of courts have implied a covenant of good faith and fair dealing into employment contracts.... The majority of courts confronting the issue, however, have refused on both policy and analytical grounds to imply any version of the covenant of good faith and fair dealing into employment contracts." Note, Reversing the Presumption of Employment at Will, 44 Vand.L.Rev. 689, 699 (1991). It would "amount to the judicial imposition of a collective bargaining agreement, a move best left to the legislature." Id. at 700. "Because at-will agreements allow an employer to discharge an employee for bad cause, the covenant would impose a duty on the employer to use good faith in making bad cause discharges, a proposition that is merely a semantic step away from a flat contradiction." Id. See also Morris v. Coleman Co., Inc., 241 Kan. 501, 738 P.2d 841, 849-51 (1987) (surveying states that have considered the question and observing that "the principle of law stated in Restatement (Second) of Contracts § 205, that every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement, is overly broad and should not be applicable to employment-at-will contracts"); Fogel v. Trustees of Iowa College, 446 N.W.2d 451, 456-57 (Iowa 1989) ("The majority of jurisdictions that have addressed the [implied] covenant [of good faith and fair dealing in employment contracts] have unequivocally rejected it."); Note, Wrongful Termination of the Employment-At-Will Rule in California: DeHorney v. Bank of America, 35 DePaul L.Rev. 907, 908 (1986) ("California and a small minority of other jurisdictions recognize the most liberal exception to the employment-at-will rule and impose a duty of good faith and fair dealing on the employer-employee relationship.").
 Because we find that the grievance procedures were followed and there is no need to go further and require that they also be "fundamentally fair," we hold that the trial court should have granted Suburban's motion for judgment on Dwiggins' contract claim.
 JUDGMENT OF THE COURT OF SPECIAL APPEALS REVERSED. CASE REMANDED TO THAT COURT WITH DIRECTIONS TO REMAND THE CASE TO THE CIRCUIT COURT FOR MONTGOMERY COUNTY FOR ENTRY OF JUDGMENT IN FAVOR OF PETITIONER. COSTS IN THIS COURT AND THE COURT OF SPECIAL APPEALS TO BE PAID BY RESPONDENT.
 NOTES
 [1] See, e.g., Julian v. Christopher, 320 Md. 1, 9, 575 A.2d 735, 739 (1990); Food Fair v. Blumberg, 234 Md. 521, 534-36, 200 A.2d 166, 174-75 (1964); Automatic Laundry v. Demas, 216 Md. 544, 550-55, 141 A.2d 497, 500-01 (1958); 5 Williston on Contracts, § 670 at 159 (3d ed. 1961).