type: other

text:
BOIB Núm. 132 - 28 / Octubre / 2017
 Pág. 35066 a 35077
 Núm. 11979
 Decreto 48/2017 de 27 de octubre, por el que se establecen los principios generales a los que se han de someter los conciertos sociales
 El artículo 9.2 de la Constitución española, como manifestación del estado social, ordena a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud, y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social”.
 El artículo 148.1.20 de la Constitución establece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social y, al amparo de este precepto, el artículo 30.15 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, aprobado para la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en acción social y bienestar social; políticas de protección y apoyo a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, y políticas de atención a las personas dependientes. El artículo 70.4 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears establece como competencias propias de los consejos insulares las materias siguientes: “Servicios sociales y asistencia social. Desarrollo comunitario e integración. Política de protección y atención a las personas dependientes. Complementos de la seguridad social no contributiva. Voluntariado social. Políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social”. No obstante, en esta materia, de conformidad con el artículo 58.3, el Gobierno tiene la facultad de dictar los principios generales que tienen que constituir un mínimo denominador normativo común en todo el territorio autonómico, basado en aspectos de interés suprainsular, de relaciones con el Estado y la Comunidad Europea, de buena administración y de respeto a los derechos de los ciudadanos.
 Las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE, en materia de contratación pública y de servicios sociales, reconocen que los servicios sociales y sanitarios no son actividad propia de mercado y, por lo tanto, pueden ser protegidos mediante una regulación específica, siempre que el Parlamento de las Illes Balears tenga la capacidad para ello.
 Puesto que corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la configuración del sistema propio de servicios sociales, en virtud de esta competencia, se aprobó la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, reformada, entre otras normas, por la Ley 10/2013, de 23 de diciembre, aprobada por unanimidad del Pleno del Parlamento de las Illes Balears. En la exposición de motivos, esta Ley 10/2013 estipula que “corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la configuración del sistema propio de servicios sociales y, tal como han hecho a otras comunidades autónomas, mediante las respectivas leyes de servicios sociales, poder establecer un régimen de concierto diferenciado de la modalidad contractual recogida en la Ley de contratos del sector público, mediante el que se dé respuesta a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos, asegurando la participación y la colaboración de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro de las Illes Balears en esta tarea, y al mismo tiempo garantizando el cumplimiento de los principios informadores de la normativa estatal y europea en materia de concertación entre la iniciativa pública y la privada”.
 Así, el artículo 89.1 de la Ley 4/2009 establece que “las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito de sus competencias, pueden organizar la prestación de los servicios del Catálogo de prestaciones y servicios sociales de las Illes Balears a través de las fórmulas siguientes: gestión directa, régimen de concierto previsto en esta Ley, gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación de las administraciones públicas y convenios con entidades sin ánimo de lucro”. Por otro lado, el artículo 89.2 reconoce el derecho a las entidades de iniciativa privada, a través de entidades con o sin ánimo de lucro, a participar en los servicios sociales mediante la creación de centros y servicios, y la gestión de programas y prestaciones de esta naturaleza.
 El artículo 89 bis de la Ley mencionada, en el apartado 2, dispone que “se entiende por régimen de concertación la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de terceros, cuya financiación, acceso y control sean públicos. Finalmente, el apartado 5 de este mismo artículo contiene un mandato para el Gobierno de las Illes Balears, al que se dio cumplimiento con la aprobación del Decreto 18/2015, de 10 de abril, por el que se establecen los principios generales a los que se tienen que someter los conciertos sociales. Así, el Decreto 18/2015 establece las normas básicas de los conciertos sociales, en desarrollo de los principios establecidos en la Ley 4/2009 y, concretamente, de los artículos específicos sobre este régimen de concertación diferenciado de lo que estipula la Ley de contratos del sector público: los principios básicos (artículo 89 bis), el objeto (artículo 89 ter), los efectos (artículo 89 quater), los requisitos exigibles para acceder al régimen de concierto (artículo 89 quinquies), la duración, la modificación, la renovación y la extinción de los conciertos (artículo 89 sexies) y la formalización (artículo 89 septies).
 Durante la vigencia de esta norma, se han derivado algunos problemas, principalmente porque establece un rígido calendario para las entidades interesadas en concertar los servicios y por la ausencia de regulación expresa de una convocatoria pública para iniciar el concierto social. Cabe destacar, igualmente, que el Decreto 18/2015 ya se modificó mediante la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2016.
 Vistas estas dificultades, se ha considerado adecuado y necesario aprobar una norma que defina con más detalle los procedimientos que se deben seguir a la vez que otorgue más seguridad jurídica a las entidades prestadoras de servicios, a las personas usuarias y a las propias administraciones. También se incluye una nueva tipología de concierto ligada a la construcción de un centro donde se presten servicios sociales, especialmente pensada para los servicios residenciales en los que actualmente hay una larga lista de espera, a fin de potenciar la inversión privada y al mismo tiempo mejorar la calidad y la atención a las personas usuarias.
 El Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, atribuye a la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, a través de la Dirección General de Planificación y Servicios Sociales: la planificación de la política de servicios sociales; la elaboración de normativa; las evaluaciones de planes y programas de servicios sociales, y la autorización, el registro y la inspección de servicios y centros de servicios sociales de ámbito autonómico.
 Finalmente, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cabe decir que quedan suficientemente justificados los principios siguientes: de necesidad y eficacia, puesto que esta norma regula el concierto social, en desarrollo de la Ley 4/2009, como forma de prestación de los servicios sociales y como derecho de las entidades privadas a actuar en este ámbito; de proporcionalidad, puesto que la regulación es de principios generales, respeta las competencias insulares y, en comparación con la regulación previa, se suprimen muchas de las obligaciones de las entidades prestadoras de servicios sociales; de seguridad jurídica, motivo por el cual se ha optado por un nuevo decreto en lugar de la modificación parcial del anterior y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente; de transparencia, por el que se debe destacar la participación ciudadana tanto antes como durante el proceso de elaboración de la norma, así como la publicidad prevista en el articulado; y finalmente de eficiencia, reduciendo las obligaciones de las entidades prestadoras de servicios sociales y clarificando el procedimiento administrativo para racionalizar la gestión de los recursos públicos, en concordancia con la necesaria calidad que deben reunir los servicios sociales.
 Por todo ello, a propuesta de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de acuerdo con el Consejo Consultivo de las Illes Balears,
 Este Decreto tiene por objeto regular los principios generales a los que se deben someter los conciertos sociales en el ámbito territorial de las Illes Balears, de acuerdo con lo que prevé el apartado 5 del artículo 89 bis de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
 Los poderes públicos, con el fin de garantizar la prestación de los servicios sociales previstos en la cartera de servicios o en la planificación autonómica o insular, y dentro de las consignaciones presupuestarias fijadas a tales efectos, pueden suscribir conciertos sociales con las entidades de iniciativa privada que sean titulares de los servicios, siempre que dichos servicios cumplan los requisitos a los que se refiere el capítulo III del título VII de la Ley 4/2009.
 1. Están facultadas para formalizar conciertos sociales con la Administración las personas físicas o jurídicas de carácter privado, nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, que sean titulares de los servicios a los que se refiere el artículo anterior.
 2. Asimismo, están facultadas para formalizar conciertos sociales las personas físicas o jurídicas de carácter privado nacionales de un estado no perteneciente a la Unión Europea de acuerdo con lo que prevé la ley, los tratados internacionales correspondientes o, si cabe, de acuerdo con el principio de reciprocidad.
 Requisitos de las entidades y los servicios
 1. Para poder acogerse al régimen de concierto social, las entidades de iniciativa privada deben cumplir los requisitos mínimos que se establezcan en desarrollo del título VII de la Ley 4/2009, someterse a las normas que dispone el título mencionado de la Ley 4/2009 y asumir las obligaciones derivadas del concierto de acuerdo con este Decreto.
 2. Los requisitos que deben cumplir las entidades de iniciativa privada que se quieran acoger al régimen de concierto social, además de los que puedan establecer los órganos competentes para aprobar los conciertos sociales, son los siguientes:
 a. Estar debidamente inscritas en el Registro Unificado de Servicios Sociales y tener acreditado el servicio que se pretende concertar, siempre que se haya aprobado el decreto sectorial correspondiente por el que se aprueben los requisitos de autorización y acreditación.
 b. Acreditar una experiencia mínima en la atención al colectivo destinatario del objeto del concierto, por el plazo de tiempo mínimo que fije el órgano competente para aprobar los conciertos sociales.
 c. Acreditar la solvencia financiera tal como establezca el órgano competente para aprobar los conciertos sociales.
 d. Acreditar la solvencia técnica para prestar el servicio objeto del concierto, tal como establezca el órgano competente para aprobar los conciertos sociales.
 e. Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
 f. Cuando el objeto del concierto consista en servicios que, de acuerdo con la normativa vigente, se tengan que prestar en un espacio físico determinado, acreditar la titularidad del centro, o su disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un periodo no inferior al de la vigencia del concierto.
 g. Acreditar el cumplimiento de la normativa que, con carácter general o específico, les sea aplicable, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.
 h. No estar afectadas por ninguna prohibición de contratar en virtud de sanción administrativa firme, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
 i. No incurrir en la prohibición que establece el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
 j. No haber sido sancionadas en los últimos cuatro años mediante resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de relaciones laborales, empleo, empresas usuarias de empresas de trabajo temporal, seguridad social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.
 3. No obstante, para el procedimiento de concierto vinculado a la construcción de centros —previsto en el apartado c del artículo 18—, la entidad interesada sólo tiene que presentar, junto con la solicitud del concierto, la declaración responsable que establece el artículo 31 del Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se fijan los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de servicios sociales, y se regulan la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular.
 1. El concierto social tendrá una duración máxima de cuatro años y se podrá renovar de acuerdo con lo previsto en este Decreto y de acuerdo con la normativa presupuestaria. No obstante, el concierto social puede ser objeto de revisión y, si cabe, de modificación, antes de que acabe la vigencia.
 2. El concierto social vinculado a la construcción de centros de servicios sociales tendrá una duración mínima de cinco años, prorrogables por otros cinco años, a contar desde la formalización del concierto social del servicio que se preste en el centro construido, previsto en el apartado 6 del artículo 20. La duración de este concierto se establecerá en cada procedimiento de concertación, se justificará con el informe económico correspondiente y deberá respetar las limitaciones establecidas en la normativa de finanzas relativas a los gastos plurianuales.
 El órgano competente de la Administración que concierta el servicio resolverá las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de concierto, sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, se puedan someter a la jurisdicción contenciosa administrativa.
 1. El concierto social se formalizará en un documento administrativo en el que se hagan constar los derechos y las obligaciones recíprocos, así como las características concretas del servicio, descritas en los pliegos técnicos generales, y aquellas otras circunstancias derivadas de la Ley 4/2009 y su normativa de desarrollo.
 2. El concierto social vinculado a la construcción de centros de servicios sociales se formalizará en un documento administrativo en el deberán constar los derechos y las obligaciones recíprocos, las condiciones técnicas que resulten de aplicación, así como la tipología de servicios que se prestarán en el centro, el plazo para construirlo, el precio del concierto por plaza, la duración prevista del concierto del servicio y las penalizaciones que puedan derivarse de su incumplimiento tanto por el promotor como por la Administración pública.
 1. Los pliegos técnicos definirán, como mínimo, las condiciones específicas de la acción concertada, las características concretas de la población a atender, el sistema de facturación y, si cabe, la participación económica de las personas usuarias, así como el régimen de realización con medios ajenos y las penalizaciones que se aplicarán en caso de incumplimiento por la entidad. También deberán concretar los requisitos de calidad de la actividad del servicio que se concierta, limitar los aspectos técnicos y económicos que se pueden modificar a lo largo de la ejecución del concierto, y fijar los sistemas de seguimiento y control del concierto, de acuerdo con el artículo 27.
 2. Para los servicios que no se hayan definido reglamentariamente, los pliegos técnicos deberán fijar, además, las condiciones técnicas y las condiciones materiales de la acción concertada.
 3. En el procedimiento de concierto vinculado a la construcción del centro, los pliegos técnicos se aplicarán a partir del inicio de la prestación del servicio.
 1. El concierto social obliga a la entidad de iniciativa privada a prestar gratuitamente los servicios del concierto, excepto que se prevea la participación económica de la persona usuaria, de acuerdo con los pliegos técnicos correspondientes, con sujeción a las normas vigentes, y de acuerdo con los principios de atención adecuada, integral, personalizada y continuada. En caso de participación económica de la persona usuaria, la entidad tan sólo puede percibir las cuotas que haya fijado reglamentariamente la Administración pública.
 2. La entidad concertada sólo puede subcontratar parcialmente el objeto del servicio y las actividades complementarias.
 3. Además, mediante el concierto social, la entidad de iniciativa privada se obliga a:
 a. No percibir ninguna cantidad que, directamente o indirectamente, suponga una contrapartida económica para los servicios objeto del concierto.
 b. Cumplir los pliegos técnicos, así como las normas establecidas en el título VII de la Ley 4/2009 y en los correspondientes reglamentos de desarrollo de esta Ley.
 c. Atender a las personas usuarias que hayan solicitado el acceso al servicio y tengan asignada una plaza por parte de la administración competente.
 d. Hacer constar en la documentación y en la publicidad, junto con su denominación, la condición de entidad perteneciente a la Red Pública de Servicios Sociales.
 e. Tener en funcionamiento el número total de plazas objeto del concierto y mantener la autorización o acreditación.
 f. Hacerse cargo exclusivamente del personal laboral adscrito al servicio concertado, de sus retribuciones y de las obligaciones en materia de seguridad social, el cual, al extinguirse el concierto, no se podrá consolidar, en ningún caso, como personal de la Administración que concierta el servicio.
 g. Indemnizar a los afectados por los daños y perjuicios que se causen, por sí misma o por terceros, como consecuencia de la ejecución del concierto social.
 h. En caso de realización con medios ajenos de la realización parcial del servicio o de servicios complementarios, asumir la total responsabilidad de la ejecución de estos servicios.
 1. Los servicios complementarios deben ser voluntarios, no tener carácter discriminatorio para las personas usuarias y carecer de carácter lucrativo.
 2. A tal efecto, la entidad titular del concierto debe comunicar por escrito la prestación de estos servicios al órgano competente, previamente al inicio de la actividad.
 3. Al escrito de comunicación previa se adjuntará un informe técnico del servicio complementario, con la descripción de los medios materiales y humanos para prestarlo y, si es el caso, la diferenciación respecto de los medios materiales y humanos del objeto del concierto, así como los requisitos y los criterios de acceso, los derechos y los deberes de las personas usuarias y el precio que se facturará por dicho servicio.
 4. Únicamente cuando el órgano competente considere que hay razones fundamentadas que determinen que el servicio complementario ya está incluido en el objeto del concierto, que no es voluntario, que es discriminatorio o que, de alguna otra manera, vulnera los derechos de las personas usuarias del concierto social o los ponen en peligro, puede denegar la prestación de este servicio complementario o, si corresponde, proponer las modificaciones pertinentes, con la consulta previa al órgano competente para la autorización y la acreditación del servicio. Esta denegación se resolverá, con la audiencia previa de la entidad interesada, en cualquier momento, cuando la Administración tenga conocimiento que se producen las situaciones mencionadas.
 Acceso a los servicios y lista de espera
 1. El acceso de las personas usuarias a los servicios concertados corresponde a la Administración pública, así como la definición de los criterios que establecen el orden de prelación a estos servicios y la gestión de la lista de espera para los servicios que no cubran toda la demanda; respetando el principio de libre elección.
 2. No obstante, en la asignación de las plazas, la administración competente también deberá tener en cuenta la distribución proporcional de las personas usuarias con perfiles que, por causas médicas, conductuales o sociales graves, necesiten una atención más costosa por parte de los servicios concertados.
 3. La Administración dará la información suficiente a las personas solicitantes del servicio en relación al Catálogo de prestaciones y servicios sociales, en los que se recogen los servicios existentes en su ámbito territorial. Esta oferta o catálogo de servicios incluye los servicios concertados, y los servicios acreditados que han manifestado interés por concertar.
 4. La Administración que concierta los servicios deberá disponer de los procedimientos suficientes para configurar el Catálogo de prestaciones y servicios sociales, dar información sobre esta oferta y registrar las solicitudes de las personas usuarias para cada uno de los servicios.
 5. La información sobre la posición en la lista de espera deberá ser accesible para la persona interesada que tenga reconocido el derecho de acceso al servicio.
 PROCEDIMIENTOS DE CONCERTACIÓN
 Condiciones generales de los procedimientos de concertación social
 Inicio del procedimiento de concertación
 1. Los conciertos sociales se deben convocar de manera diferenciada para cada uno de los servicios que forman parte de las carteras de servicios sociales de las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, mediante una resolución del órgano competente, que se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
 2. La resolución de convocatoria del concierto determinará, como mínimo, el órgano instructor del procedimiento; el tipo de servicio social para el cual se inicia el concierto social; el plazo para presentar las solicitudes; la documentación que deben aportar las entidades solicitantes; los requisitos específicos que deben cumplir las entidades; el número máximo de plazas o sesiones que se tienen que concertar y, si corresponde, la distribución territorial de estas plazas o sesiones; la vigencia del régimen de concierto; el valor máximo estimado de todo el procedimiento, el cual, en ningún caso, supondrá un compromiso de gasto, y el precio máximo del servicio o sesión. Además, si procede, deberá determinar la existencia y la composición del comité técnico de asesoramiento previsto en el artículo 15, y la normativa reguladora del acceso a los servicios susceptibles de concierto y la gestión de la lista de espera.
 3. Las entidades interesadas podrán presentar las solicitudes, de acuerdo con el modelo facilitado por la administración competente, en el plazo establecido en la convocatoria.
 1. El órgano instructor, una vez revisada la documentación exigida, hará los requerimientos necesarios a las entidades cuyas solicitudes no incluyan la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, excepto si no tienen el servicio autorizado o acreditado, caso en el que se excluirán automáticamente, previa resolución de archivo de las actuaciones.
 2. Una vez subsanadas las solicitudes, se deberá comprobar si la cantidad y la oferta que presentan se ajustan al importe y la demanda de la Administración pública. Así, si el importe presupuestado resulta suficiente para atender todas las solicitudes en los términos presentados, el órgano competente otorgará a cada entidad solicitante el concierto en dichos términos.
 3. En caso de que no haya disponibilidad presupuestaria suficiente para atender toda la oferta para el servicio objeto del concierto, el órgano instructor tendrá que aplicara las entidades solicitantes los criterios de prelación establecidos en el artículo 14, a efectos de obtener el orden de prelación de todas las entidades que pueden concertar el servicio.
 4. En caso de que la propuesta del órgano instructor sea parcialmente o totalmente denegatoria, la entidad interesada dispondrá de un plazo de diez días, desde el día siguiente de la notificación de la propuesta, para alegar lo que convenga a su derecho.
 5. El órgano instructor elaborará la propuesta definitiva de los conciertos solicitados, que elevará al órgano competente para su resolución.
 6. El procedimiento de concertación se tiene que resolver en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente de la entrada de la solicitud en el órgano competente. Esta resolución se notificará a las personas interesadas.
 7. Si en el plazo indicado no se ha dictado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
 1. Los conciertos sociales se tienen que regir por los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona al entono de atención social, elección de la persona, continuidad en la atención y calidad, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 89 bis de la Ley 4/2009.
 2. A este efecto, los conciertos sociales se formalizarán con las entidades según el número de personas usuarias atendidas que hayan accedido a dicho servicio mediante el procedimiento fijado por la administración competente, así como el número de personas usuarias que hayan solicitado una plaza para el servicio objeto del concierto social.
 3. A la hora de establecer los conciertos sociales, en caso de que no haya disponibilidad presupuestaria suficiente para atender toda la demanda del servicio objeto del concierto, el órgano instructor seguirá el orden de prelación siguiente:
 a. En primer lugar, en virtud del principio de arraigo, se financiarán las plazas ocupadas por personas designadas por la Administración que concierta el servicio.
 b. En segundo lugar, en caso de que haya remanente presupuestario y se trate de servicios con lista de espera, en virtud del principio de libre elección de la persona, se financiarán las plazas de los servicios de forma proporcional a la lista de espera.
 c. En tercer lugar, si sigue habiendo remanente presupuestario, habrá que ajustarse a la concesión proporcional al número de plazas ofrecidas del servicio. Esta distribución proporcional sólo se hará entre los servicios que no hayan acabado la lista de espera.
 4. En los procedimientos en los que concurran entidades privadas con ánimo de lucro y entidades sin ánimo de lucro, cuando haya condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social análogas, el órgano competente se deberá acoger al apartado 4 del artículo 89 quinquies de la Ley 4/2009 a la hora de fijar la prioridad y el reparto ponderado en la concesión.
 Comité técnico de asesoramiento
 1. Por resolución del órgano instructor o cuando así lo indique la convocatoria del concierto, se reunirá el comité técnico de asesoramiento. En ambos casos, la resolución establecerá la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento.
 2. Este comité tiene, entre otras funciones, la de informar al órgano instructor en relación con el procedimiento de concertación y sobre las condiciones específicas que se refieran al servicio objeto del concierto, así como informar preceptivamente sobre la modificación prevista en el artículo 24. Además, puede hacer propuestas de mejora relativas a las condiciones de aplicación de los criterios de preferencia, así como a las condiciones de ejecución del concierto.
 3. Para el funcionamiento de este comité, se aplicará lo dispuesto, en materia de órganos colegiados, en la normativa sobre régimen jurídico del sector público.
 Documentación previa a la publicación
 Las convocatorias de conciertos sociales, con carácter previo a su publicación, deben disponer, entre otros documentos, de los siguientes:
 a. Informe de los servicios jurídicos sobre la adecuación a la normativa de concertación social.
 b. Estudio de costes, elaborado a instancia del órgano instructor, que calculará el precio del concierto teniendo en cuenta la fiscalidad del servicio y los costes variables, fijos y permanentes del servicio.
 1. La convocatoria, la concesión y el seguimiento de los conciertos sociales, de conformidad con este Decreto, se rigen por criterios de transparencia y publicidad, de manera que todo el proceso se hará público por las vías que cada órgano competente considere convenientes y suficientes para garantizarlos.
 2. Todos los procedimientos de concertación social se publicarán en una web de la Administración pública responsable, destinada específicamente a este tema.
 Definición de la tipología de procedimientos de concertación social y características específicas, renovación y modificación
 Definición de los tipos de procedimientos y especificidades
 Tipología de procedimientos
 Los diferentes tipos de procedimiento de concertación son los siguientes:
 a. Procedimiento de primer concierto de un servicio. Es el procedimiento de concertación de un tipo concreto de servicio social que se hace por primera vez por la administración competente.
 b. Procedimiento de ampliación de plazas o sesiones concertadas de un tipo de servicio social. Es el procedimiento de concertación que tiene como finalidad dar respuesta a las nuevas necesidades asistenciales detectadas, ampliando el número de plazas previstas de un tipo de servicio social ya concertado mediante el procedimiento de primer concierto.
 c. Procedimiento de concierto vinculado a la construcción de centros. Es el procedimiento de concertación que tiene como finalidad establecer el compromiso de la Administración para concertar plazas de servicios que se prevean prestar en centros de nueva construcción.
 d. Procedimiento de renovación de conciertos. Es el procedimiento de concertación que tiene como finalidad renovar las plazas concertadas de un servicio concertado por la Administración.
 e. Procedimiento de modificación de los conciertos. Es el procedimiento que permite y limita la modificación de las condiciones técnicas y económicas del concierto social de un servicio.
 Características específicas del primer concierto y del procedimiento de ampliación de plazas
 1. En el procedimiento de primer concierto, respecto a los criterios de preferencia, se podrán tener en cuenta las plazas ocupadas en servicios subvencionados, concertados o contratados en el momento de la convocatoria, así como las plazas ocupadas mediante prestaciones vinculadas a dichos servicios.
 2. En el procedimiento de ampliación de plazas, la resolución de convocatoria se podrá sustituir por un anuncio público, y la duración se hará coincidir con las renovaciones que se hayan aprobado y que deriven del primer concierto.
 Características específicas del concierto vinculado a la construcción
 1. La administración competente, mediante un anuncio público, expondrá la necesidad de concertar plazas de un determinado servicio del cual no existan equipamientos o infraestructuras suficientes para cubrir toda la demanda. Este anuncio irá precedido de un informe técnico que justifique la demanda existente del servicio y la falta de plazas en la Red Pública de Servicios Sociales para dar respuesta a dicha necesidad.
 2. El anuncio público tendrá que establecer el plazo de presentación de solicitudes, el número de plazas que se concertarán una vez finalizada la construcción, con la territorialización correspondiente, y la fecha a partir de la cual se iniciará el servicio en régimen de concierto, así como un importe máximo estimado del coste de estas plazas y si procede, las condiciones técnicas de ejecución del proyecto. Los expedientes se podrán formalizar con una primera anualidad sin coste, mientras finaliza la construcción del equipamiento y con compromiso de gastos para anualidades futuras.
 3. Con respecto a los criterios de preferencia, se tendrán en cuenta el precio de concertación por plaza, la duración del concierto y el número de plazas ofrecidas, así como también las condiciones técnicas de ejecución del proyecto, en cada proyecto para la concertación social.
 4. Los expedientes se podrán formalizar por el periodo establecido en el anuncio público y justificado en el informe económico correspondiente. Una vez finalizado este periodo, el concierto se podrá renovar, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 18 d y al mismo precio de concierto que el fijado para el resto de entidades que concierten aquel mismo tipo de servicio.
 5. Si, antes de que se agote el plazo fijado en el documento de concertación, el promotor prevé que no puede poner a disposición de la Administración las plazas concertadas, se podrá ampliar el plazo, con la justificación previa de la persona interesada.
 6. Una vez finalizada la construcción del centro, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 4, se formalizará el concierto social de las plazas o sesiones del servicio previstas en el documento a que hace referencia el artículo 7.2.
 Requisitos para la renovación de conciertos
 1. Los conciertos se renovarán siempre que la administración competente, previo informe, justifique la necesidad para cubrir la demanda del servicio, y haya consignaciones presupuestarias disponibles.
 2. Las entidades de iniciativa privada y el servicio concertado deben seguir cumpliendo los requisitos que determinaron la aprobación del concierto que se pretende renovar.
 3. La duración de la renovación podrá ser, como máximo, por el mismo periodo que el del concierto inicial.
 Procedimiento de renovación de conciertos formalizados
 1. El procedimiento de renovación de conciertos se podrá iniciar de oficio, hasta un mes antes de que finalice el concierto social, o a instancia de parte. En este último caso, las entidades de iniciativa privada que quieran renovar un concierto social para un determinado servicio lo tendrán que solicitar a la administración competente con una antelación de seis meses.
 2. Se adjuntará a la solicitud una declaración responsable que acredite el mantenimiento de los requisitos que determinaron la aprobación del concierto, así como la comunicación de las variaciones que se hayan producido que les puedan afectar. En este caso, si corresponde, se presentará la documentación acreditativa de dichos cambios.
 3. Para la tramitación a instancia de parte, se aplicará el procedimiento general establecido en el artículo 13.
 4. Para la formalización de la renovación del concierto social, se aplicará lo dispuesto en el título II. Además, las entidades que hayan formalizado conciertos sociales para más de un tipo de servicio con un mismo órgano instructor pueden solicitar la renovación del conjunto de dichos servicios concertados en un único procedimiento, sin que ello suponga ninguna alteración de la duración máxima para cada uno de los servicios.
 5. La renovación de conciertos podrá tener en cuenta las plazas concertadas por el procedimiento de primer concierto y, si es el caso, por el procedimiento de ampliación de plazas.
 Modificación de los conciertos formalizados
 1. Las variaciones que se puedan producir en los servicios por la reducción o la ampliación del número de plazas, por circunstancias derivadas de las necesidades de atención de las personas usuarias o por otras circunstancias individualizadas, dan lugar a la modificación del concierto social, siempre que no afecten a los requisitos que originaron su aprobación.
 2. También se entiende como causa de modificación del concierto el cambio de titularidad del servicio, siempre que la nueva persona o entidad titular se subrogue en los derechos y las obligaciones derivados del concierto.
 3. Para los casos en los que haya lista de espera, no será necesario tramitar una modificación de concierto de ampliación de plazas en aquellos procedimientos en los que el número de plazas o unidades de concertación sean estimatorias o indicativas. En estos casos será suficiente con incrementar el crédito autorizado, mediante un expediente de ajuste contable, siempre que haya crédito adecuado y suficiente y que la entidad disponga de plazas acreditadas.
 4. El concierto social se modificará de oficio o a instancia de la entidad titular del servicio y, en el primer caso, serán preceptivas la audiencia de la parte interesada y la aceptación del nuevo concierto. Asimismo, la modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
 1. La administración competente podrá revisar los pliegos de condiciones técnicas y los precios del servicio, de oficio o a instancia de una o más entidades titulares del servicio objeto del concierto social que representen la mayoría de las plazas concertadas.
 2. En todo caso, la administración competente dará audiencia a las partes interesadas para que puedan formular propuestas y alegaciones antes de acordar una revisión y la modificación de las condiciones del concierto, las cuales deberán ser aceptadas expresamente por la entidad concertada, sin perjuicio de los recursos que ésta pueda interponer.
 3. Para revisar o modificar las condiciones técnicas y económicas, será preciso un informe vinculante del comité técnico de asesoramiento.
 4. La frecuencia de las revisiones de los pliegos de condiciones técnicas, y de los costes económicos que se deriven, no podrá ser inferior a un año natural.
 1. La Administración tramitará mensualmente la orden de pago, previa presentación de una factura mensual, por parte de las entidades, de las plazas ocupadas o los servicios prestados.
 2. La entidad presentará la factura indicada en el apartado anterior junto con la relación de las personas usuarias y, si corresponde, de la cuantía de la participación económica, fijada por la Administración, de cada persona usuaria.
 3. Las cantidades correspondientes a las cuotas abonadas por las personas usuarias, en el caso de los servicios en los que se prevea su participación económica, deberán ser deducidas previamente de la factura correspondiente.
 4. Ambos conceptos de gasto tienen jurídicamente la conceptuación de contraprestación para los servicios sociales concertados con las entidades.
 5. Vistas las especiales características de determinados servicios, los pliegos establecerán la fórmula de facturación sobre la plaza o sesión concertada y la plaza o sesión ocupada.
 La percepción indebida de cantidades por parte de la entidad titular del servicio por cualquier causa, de acuerdo con lo que prevé este Decreto, supone la obligación de reintegro de estas cantidades, por iniciativa propia o por requerimiento de la Administración, con la audiencia previa a la entidad interesada en este caso, y con la tramitación previa del procedimiento que corresponda, de acuerdo con la legislación de finanzas aplicable.
 1. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior, los servicios concertados quedan sujetos al control técnico y de carácter financiero, y a las funciones inspectoras y sancionadoras de las administraciones competentes en la materia.
 2. La administración competente puede requerir de oficio a la entidad titular del servicio una auditoría técnica o económica para garantizar la calidad y la sostenibilidad del servicio concertado, así como los derechos de las personas usuarias atendidas.
 Son causas de extinción del concierto social:
 a. El vencimiento del plazo de duración del concierto, excepto que se renueve de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
 b. El acuerdo mutuo de las partes, manifestado con la antelación que se determine en el concierto a efectos de garantizar la continuidad del servicio.
 c. El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del concierto por parte de la Administración o de la entidad titular del servicio, con el requerimiento previo para exigir su cumplimiento.
 d. La muerte de la persona física titular del servicio o la extinción de la persona jurídica a la cual corresponde la titularidad, excepto lo que prevé el artículo siguiente.
 e. La declaración de concurso de acreedores de la entidad titular del servicio.
 h. La modificación de las condiciones técnicas o de las condiciones económicas por parte de la Administración, cuando la entidad de iniciativa privada no preste su conformidad.
 i. La negativa a atender a las personas usuarias derivadas por la administración competente de conformidad con el artículo 9.
 j. La baja demanda de las personas con derecho de acceso al servicio, cuyas condiciones se fijarán, si resulta oportuno, en los pliegos técnicos.
 k. El incumplimiento de las condiciones establecidas en el documento de formalización del concierto o de las condiciones establecidas en los pliegos técnicos. Estos incumplimientos se deberán constatar en el seguimiento y control previstos por el artículo 27.
 l. Aquellas otras causas que establezca el concierto.
 La extinción de la persona jurídica titular del servicio concertado produce la extinción del concierto, excepto que la organización y el patrimonio pasen a ser de titularidad de otra persona jurídica que cumpla los requisitos que establece este Decreto y asuma las obligaciones correspondientes al concierto.
 En el supuesto de cese voluntario de la actividad del servicio, los efectos de la extinción tendrán lugar a partir de la fecha prevista en la resolución que autorice el cese de la actividad y de acuerdo con las condiciones que se fijen, a efectos de garantizar los derechos de las personas usuarias.
 Procedimiento de extinción y prórroga
 1. El procedimiento de extinción se podrá iniciar de oficio, cuando la Administración tenga conocimiento de cualquiera de las causas que prevé el artículo 28, o a instancia de parte. En el primer caso, se dará audiencia a la entidad concertada.
 2. La resolución de extinción deberá indicar, entre otros aspectos, la fecha a partir de la cual se entiende extinguido el concierto y la liquidación de las obligaciones económicas entre ambas partes.
 3. Asimismo, la resolución podrá establecer excepcionalmente, y con una duración máxima de seis meses, la prórroga del concierto, en sus mismos términos, con el fin de garantizar los derechos de las personas usuarias y hasta que se formalice la acción concertada con otra entidad.
 Derechos de las personas usuarias de servicios concertados
 1. Una vez concluida la vigencia del concierto, bien por extinción o bien por cese voluntario, las administraciones públicas garantizarán que los derechos de las personas usuarias de las prestaciones concertadas no se vean perjudicados por la finalización de dicho concierto.
 2. En este supuesto, las administraciones deben iniciar el procedimiento de ampliación de plazas previsto por el apartado b del artículo 18.
 3. En caso de que no haya plazas acreditadas no concertadas o contratadas, las administraciones iniciarán el procedimiento previsto en la disposición transitoria primera.
 4. En caso de que no haya plazas autorizadas suficientes para cubrir la necesidad de las personas usuarias del servicio concertado, las administraciones darán prioridad a estas personas en el acceso a otros tipos de servicios, siempre que las normas sectoriales no establezcan otros criterios.
 Este Decreto en conjunto y el contenido se consideran principios generales que la Administración autonómica puede establecer, de acuerdo con el artículo 58.3 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, con la finalidad de posibilitar la ejecución de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los habitantes de las Illes Balears, con independencia de la isla de residencia, en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española. Así, se garantizan la unidad y la plenitud del ordenamiento jurídico autonómico, se evita la existencia de lagunas legales y se hace posible uniformar los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos sociales.
 El régimen de concierto regulado en este Decreto se establece como diferenciado de la modalidad contractual de concierto que regula el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y, por tanto, está excluido del ámbito de aplicación de este Texto refundido.
 1. Por motivos de urgencia, y siempre que no se puedan satisfacer las necesidades de la población con otros servicios idóneos, la Administración puede suscribir conciertos de servicios con las entidades de iniciativa privada que tengan autorizados los servicios y, si cabe, hayan solicitado la acreditación. Estos conciertos se suscribirán por un año y se podrán ampliar y renovar si, durante este periodo, dichos servicios obtienen la acreditación, o si subsisten las necesidades que hayan motivado su formalización. Para su tramitar, se aplicará el procedimiento previsto para el primer concierto social.
 2. En cualquier caso, la convocatoria y la concesión del primer régimen de concertación de acuerdo con el procedimiento previsto en este Decreto suponen la extinción de los conciertos a los que se refiere el apartado anterior.
 Determinación de los requisitos de determinados servicios
 Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario de los servicios objeto de concierto, las condiciones y las exigencias del servicio se fijarán en los pliegos de condiciones técnicas. En estos casos, se eximirá a la entidad inscrita de cumplir la acreditación del servicio.
 Conciertos sociales previos
 Los conciertos sociales formalizados de acuerdo con el Decreto 18/2015, de 10 de abril, por el que se fijan los principios generales a los que se han de someter los conciertos sociales, se seguirán regulando por dicha normativa hasta su extinción, excepto su ampliación o renovación, que seguirán la regulación prevista en este Decreto.
 1. Se deroga expresamente el Decreto 18/2015, de 10 de abril, por el que se fijan los principios generales a los que se han de someter los conciertos sociales.
 2. Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a este Decreto.
 Palma, 27 d’octubre de 2017


text:
CARTILHA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. TatuíPrev. Instituto de Previdência Própria de Tatuí - PDF
 Download "CARTILHA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. TatuíPrev. Instituto de Previdência Própria de Tatuí"
 Fernando Back Amaral
 1 CARTILHA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL TatuíPrev Instituto de Previdência Própria de Tatuí 2013
 3 APRESENTAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL é um direito do trabalhador e de sua família, garantido pela Constituição Federal, com o objetivo de ampará-los nos eventos de maternidade, doença, idade avançada, invalidez, reclusão e morte. Durante anos, cada trabalhador contribui com uma parcela de seus ganhos mensais para construir essa segurança. Portanto, é fundamental uma previdência estável, que devolva a esse trabalhador o investimento que ele fez para seu futuro. O Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Município de Tatuí e o TATUÍPREV, foram criados em 26 de setembro de 2007, pela Lei Complementar n.o 3.979, sendo, posteriormente, reformulado pela Lei Complementar n.o 6, de 4 de novembro de Antes da criação do TATUÍPREV, o Governo Federal promoveu algumas Reformas da Previdência, que resultaram nas seguintes Emendas Constitucionais: n.o 20, de , n.o 41 de , n.o 47 de e n.o 70 de
 4 A presente cartilha foi elaborada para demonstrar como funciona o Regime Próprio de Previdência Social RPPS ao qual você está vinculado, quem são os responsáveis pela sua gestão e quais são as regras que estão vigorando para a concessão dos benefícios previdenciários. Faz parte integrante desta cartilha uma síntese sobre o funcionamento de seu RPPS e dos requisitos para concessão dos benefícios previdenciários devidos pelo TATUÍPREV. Leia com atenção! Saiba quais os seus direitos e deveres. Rodolfo Hessel Fanganiello Diretor Presidente 2
 6 O QUE É O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL? A Constituição Federal de 1988 estabeleceu dois sistemas pelos quais as pessoas podem receber benefícios de previdência social (aposentadoria, pensão, etc.). Um deles é o Regime Geral de Previdência Social RGPS, que atualmente é mantido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS. O RGPS é destinado aos empregados das empresas, aos empregados domésticos, aos autônomos, aos empresários e também aos servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e aos celetistas, entre outros. O outro, é o Regime Próprio de Previdência Social RPPS, destinado aos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo no regime estatutário. 3
 7 O TATUÍPREV Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí, é a Autarquia Municipal responsável pela cobrança, arrecadação, aplicação das contribuições previdenciárias e gestão do RPPS do Município de Tatuí. Portanto, o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), gerido pelo TATUÍPREV, constitui uma forma de garantir a sobrevivência e qualidade de vida do nosso servidor no futuro, após o período de trabalho, assegurando a tranquilidade necessária para o merecido descanso. A participação do servidor efetivo na gestão do TATUÍPREV é garantida por lei e é fundamental para sua manutenção, crescimento e desenvolvimento. Isso ocorre com a participação destes servidores como membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal que, em conjunto com a Diretoria Executiva do Instituto, são responsáveis pela gestão desses recursos, administração e fiscalização. 4
 8 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO O Conselho Administrativo do TATUÍPREV é constituído de nove membros titulares e seus respectivos suplentes, dentre os servidores efetivos e os aposentados do Município. É ele quem toma as decisões sobre os investimentos financeiros, orçamento anual, contratação de consultorias e instituições financeiras, licitações e regulamentos internos sobre benefícios e serviços. Atualmente o Conselho Administrativo é composto pelos seguintes servidores: José Roberto Rodrigues (presidente) José Guilherme Orsi (vice-presidente) Aline Pires de Camargo (secretária) Antônio Cesar de Souza Sandra Maria Couto Brandina de Jesus Paes Marcelo Miranda Luis Carlos de Camargo Maria Claudia Adum 5
 9 DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal do TATUÍPREV é constituído de quatro membros titulares e seus respectivos suplentes, dentre os servidores efetivos e os aposentados. A Responsabilidade do Conselho Fiscal está vinculada à fiscalização das decisões do Conselho Administrativo e das ações da Diretoria Executiva. Atualmente o Conselho Fiscal é composto pelos seguintes servidores: Agnaldo Soares Cardoso (presidente) Rafael Menezes Jeferson Di Biassi Leni Rodrigues 6
 10 QUEM É SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO? Conforme previsão do artigo 40 da Constituição Federal, somente os servidores titulares de cargo público de provimento efetivo e os aposentados podem ser segurados do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. O servidor efetivo, portanto, ainda que nomeado para exercer cargo em comissão, ou afastado de seu cargo, é segurado do RPPS. Os servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT e os servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão não podem ser segurados do RPPS, sendo à eles aplicado o RGPS, gerido pelo INSS. Ainda, em Tatuí, temos os servidores que foram estabilizados pelo artigo 19, da ADCT, que poderão ser incluídos no RPPS, mediante lei municipal. Esta situação está em estudo e em breve será resolvida. 7
 11 QUEM SÃO OS DEPENDENTES? Os dependentes são elencados no artigo 33 da Lei Complementar n.o 6/9, existindo três classes assim definidas: Preferenciais: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho menor de dezoito anos ou inválido; 2a classe: os pais, desde que não tenham meios próprios de subsistência; ou 3a classe: o irmão ou irmã não emancipado, de qualquer condição, menor de 18 anos ou inválido, desde que não tenha meios próprios de subsistência. Havendo dependentes Preferenciais o benefício serão devido à eles, com impossibilidade de concessão de benefício previdenciário em favor dos dependentes da 2a e 3a Classe. 8
 12 Da mesma forma, a existência de dependentes da 2a Classe impede a concessão de benefícios aos dependentes da 3a Classe. Os dependentes preferenciais possuem dependência econômica presumida, bastando a comprovação do parentesco para garantia do benefício, enquanto os demais, além do parentesco, deveram comprovar administrativamente a dependência econômica. Ainda, quando houver dependente pela invalidez, esta comprovação dependerá de perícia médica a cargo do TATUÍPREV. A inscrição do dependente deve ser feita pelo segurado, mediante a apresentação da documentação hábil para tanto, estando o Departamento de Benefícios disponível para maiores esclarecimentos. 9
 13 QUAIS OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS GARANTIDOS PELO TATUÍPREV? De acordo com a Lei Complementar n.o 6/2009, os benefícios garantidos e pagos pelo TATUIPREV são os seguintes: Aos segurados: - aposentadoria voluntária por tempo de contribuição; - aposentadoria por invalidez; - aposentadoria voluntária por idade; - aposentadoria compulsória; - aposentadoria especial do professor; - auxílio-doença; - auxílio-reclusão; - salário-maternidade; - salário-família; e - Abono anual. Aos dependentes: - pensão por morte; - auxílio-reclusão; e - Abono anual. 10
 14 Benefício temporário AUXÍLIO DOENÇA O auxílio doença é um benefício mensal concedido ao servidor que ficar incapacitado temporariamente para o trabalho, por mais de 15 (quinze) dias (os primeiros 15 dias ficam a cargo do ente que o servidor estiver vinculado). A concessão do benefício dependerá de perícia médica do TATUÍPREV, que acompanhará e zelará pela saúde do segurado até sua recuperação, podendo concluir pelo afastamento, alta, reabilitação ou readaptação. Se a incapacidade temporária for parcial, o servidor poderá ser readaptado em outras funções ou ainda receber alta com restrições e cuidados específicos para desenvolver suas atividades, sem qualquer prejuízo de seus vencimentos. Em caso de simulação ou fraude na obtenção do benefício o servidor ficará sujeito a cassação do benefício, devolução dos valores pagos e multa de 20%, conforme previsão legal. 11
 15 Benefício temporário SALÁRIO MATERNIDADE O salário maternidade é garantido às seguradas gestantes a partir do 8o mês de gestação, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias ou nos casos de adoção de criança de 0 a 8 anos, com prazos de 30, 60 ou 120 dias, conforme a idade do adotado. O salário maternidade consistirá em uma renda mensal correspondente à totalidade da última remuneração da segurada. Benefício temporário AUXÍLIO RECLUSÃO O auxílio reclusão é devido apenas aos dependentes dos servidores que forem recolhidos à prisão, garantindo o sustento da família de pequena renda se o segurado, por qualquer motivo, vier a ser preso. Por força de norma constitucional o auxílio reclusão só é devido aos dependentes de segurado que recebem remuneração igual ou inferior ao valor fixado anualmente pelo Ministério da Previdência Social. 12
 16 Benefício temporário ABONO ANUAL O abono anual é equivalente ao 13o salário dos servidores em atividade, no valor correspondente ao valor fixado no benefício previdenciário. Benefício temporário SALÁRIO FAMÍLIA O salário família é pago para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade, no montante de R$ 23,36, mensal. O benefício é devido somente aos servidores que receberem remuneração inferior a R$ 971,78. Todo ano estes valores são reajustados pelo Ministério da Previdência Social, sendo que este ano estes valores foram definidos pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10 de janeiro de
 17 CÁLCULO DO BENEFÍCIO SEM COMPLICAÇÕES Antes de na alisarmos os requisitos de cada aposentadoria e da pensão, é interessante entendermos as formas de cálculo e reajustes. O provento da aposentadoria pode ser calculado pela: -Última Remuneração: valor do vencimento do cargo efetivo, somado às vantagens pessoais ou parcelas permanentes; ou -Média de Remuneração: utiliza a base de contribuição do servidor desde julho de 1994 (limitando-a à última remuneração). Após a fixação do valor base, o benefício poderá ser: -Proporcional: proporção entre o tempo de contribuição do servidor e o tempo exigido para aposentadoria; ou 14
 18 -Integral: valor total da última remuneração ou da média da remuneração, conforme o caso. Concedido o benefício deverá ser garantido o reajuste nos seguintes critérios: -Paridade: situação em que os proventos da aposentadoria ou valor da pensão serão reajustado na mesma data e condição dos servidores em atividade. Além disso, sempre que se modificar a situação dos servidores em atividade, seja por concessão de vantagens permanente ou alteração de padrão de vencimento, os proventos serão revistos na mesma proporção; ou -Reajuste Anual: - o valor do benefício é revisto anualmente, de acordo com a variação da inflação no período. Os benefícios que veremos a seguir preveem expressamente a proporção, forma de cálculo e reajuste dos proventos de aposentadoria ou valor da pensão. 15
 19 1a Regra Permanente e 3a Regras de Transição APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO As aposentadorias por tempo de contribuição são voluntárias e garantidas aos servidores que cumprirem tempo de contribuição e trabalho suficiente, além de outros requisitos. A aposentadoria voluntária por tempo de contribuição tem 1 (uma) regra permanente - aplicadas a todos os servidores e 3 (três) regras de transição - aplicadas somente aos servidores que ingressaram no serviço público antes das reformas Constitucionais. Quem cumprir os requisitos para se aposentar por mais de uma destas regras, terá direito de optar por qualquer uma delas. Dividimos as referidas regras em 3 cenários, especificando quais os servidores poderão utilizá-las, quais os requisitos exigidos e forma de cálculo dos proventos (não tratamos da regra do art. 2o da EC n.o 41/03 por não se aplicar aos servidores de Tatuí). 16
 20 Regra Permanente APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Regra do artigo 40, 1o, III, a da Constituição Federal Requisitos: Esta regra é aplicada a todos os servidores que cumprirem os seguintes requisitos: HOMEM 60 anos de idade 35 anos de contribuição 10 anos de serviço público 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria MULHER 55 anos de idade 30 anos de contribuição 10 anos de serviço público 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria Professor: O servidor que exerça função de magistérios possui 5 (cinco) anos de diminuição na idade e no tempo de contribuição. Cálculo dos Proventos: O servidor que cumprir esta regra terá proventos integrais, calculados pela média de remuneração e reajustados anualmente (vide fls 14 e 15) 17
 21 1a Regra de Transição APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Regra do artigo 6o da Emenda Constitucional n.o 41/03 Requisitos: Esta regra é aplicada somente aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/03, sem nenhuma interrupção, que cumprirem os seguintes requisitos HOMEM 60 anos de idade 35 anos de contribuição 20 anos de serviço público MULHER 55 anos de idade 30 anos de contribuição 20 anos de serviço público 10 anos de carreira 10 anos de carreira 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria Cálculo dos Proventos: 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria Professor: O servidor que exerça função de magistérios possui 5 (cinco) anos de diminuição na idade e no tempo de contribuição. O servidor que cumprir esta regra terá proventos integrais, calculados pela última remuneração e reajustados no critério da paridade e extensão de vantagens ativo/inativo (vide fls 14 e 15). 18
 22 2a Regra de Transição APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Regra do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 47/05 Requisitos: Esta regra é aplicada somente aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 16/12/1998, sem nenhuma interrupção, que cumprirem os seguintes requisitos HOMEM 35 anos de contribuição 25 anos de serviço público MULHER 30 anos de contribuição 25 anos de serviço público 15 anos de carreira 15 anos de carreira 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 60 anos de idade - redução de um ano de idade para cada ano de contribuição superior ao exigido. Professor: não há diferença 55 anos de idade - redução de um ano de idade para cada ano de contribuição superior. Cálculo dos Proventos: O servidor que cumprir esta regra terá proventos integrais, calculados pela última remuneração e reajustados no critério da paridade e extensão de vantagens ativo/inativo (vide fls 14 e 15). 19
 23 Resumo das regras APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 1 Regra Permanente e 2 Regras de Transição REQUISITOS Regra Permanente Art. 40, CF 1o Regra Art. 6o EC 41/03 2o Regra Art. 3o EC 47/05 Tempo de Contribuição 35H 30M 35H 30M 35H 30M Idade 60H 55M 60H 55M 60H 55M c/redut.(1) Tempo de Serviço Público Tempo de Carreira Tempo no Cargo Cálculo dos proventos Média Integral U. Remun Integral U. Remun Integral Reajuste R. Anual Paridade Paridade * Redutor de idade: redução de um ano na idade, para cada ano que exceder o Tempo de Contribuição mínimo (35 H e 30 M). 20
 24 Proventos proporcionais APOSENTADORIA POR IDADE Artigo 40, 1o, III, b da Constituição Federal A aposentadoria voluntária por idade é garantida a todos os servidores que possuírem idade avançada, independentemente do tempo de contribuição, mas, com proventos proporcionais. Requisitos: A aposentadoria por idade é garantida a todos os servidores que cumprirem os seguintes requisitos: HOMEM 65 anos de idade 10 anos de serviço público 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria MULHER 60 anos de idade 10 anos de serviço público 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria Cálculo dos Proventos: O servidor que cumprir esta regra terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados pela média de remuneração e reajustados anualmente (vide fls 14 e 15) 21
 25 Proventos proporcionais APOSENTADORIA COMPULSÓRIA Artigo 40, 1o, II da Constituição Federal A aposentadoria compulsória é concedida a todos os servidores que possuírem idade avançada, independentemente do tempo de contribuição, também com proventos proporcionais. Neste caso, a aposentadoria é obrigatória e independente da vontade do servidor. Requisitos: A aposentadoria compulsória deverá ser concedida ao servidor que completar 70 (setenta) anos de idade, não havendo exigência de nenhum outro requisito. Cálculo dos Proventos: O servidor que cumprir esta regra terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados pela média de remuneração e reajustados anualmente (vide fls 14 e 15) 22
 26 Proventos proporcionais ou integrais (média) APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Regra do artigo 40, 1o, I da Constituição Federal A aposentadoria por invalidez, pela regra do artigo 40 da CF, é garantida aos servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003 e estiverem incapacitados definitivamente para o trabalho, seja por acidente de serviço, moléstia profissional ou decorrente de doença. Requisitos: A aposentadoria por invalidez deverá será concedida se a Junta Médica concluir pela incapacidade permanente do servidor, não havendo exigência de nenhum outro requisito. Cálculo dos Proventos: O servidor que cumprir esta regra terá proventos calculados pela média de remuneração e reajustados anualmente (vide fls 14 e 15), podendo ser: Integral: caso o servidor incapacitado demonstre que sua doença é decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional (exige-se CAT), ou ainda, que é decorrente de doença grave (definida em lei). Proporcional: para os demais casos. 23
 27 Proventos proporcionais ou integrais (u. rem.) APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Regra do artigo 6o-A da Emenda Constitucional n.o 41/03 A aposentadoria por invalidez, pela regra do artigo 6o-A da EC n.o 41/03, é garantida aos servidores que ingressaram no serviço público antes 31/12/2003 e estiverem incapacitados definitivamente para o trabalho, seja por acidente de serviço, moléstia profissional ou decorrente de doença. Requisitos: A aposentadoria por invalidez deverá será concedida se a Junta Médica concluir pela incapacidade permanente do servidor, não havendo exigência de nenhum outro requisito. Cálculo dos Proventos: O servidor que cumprir esta regra terá proventos calculados pela última remuneração e reajustados no critério da paridade e extensão de vantagens (vide fls 14 e 15), podendo ser: Integral: caso o servidor incapacitado demonstre que sua doença é decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional (exige-se CAT), ou ainda, que é decorrente de doença grave (definida em lei). Proporcional: para os demais casos. 24
 28 Proventos pela média ou pela última remuneração PENSÃO POR MORTE 7o do artigo 40 da Constituição Federal A pensão por morte é benefício previdenciário garantido aos dependentes do servidor que vier a falecer, visando a manutenção de sua subsistência. Requisitos: A pensão por morte será garantida ao dependente (vide fls 8 e 9) que comprovar o óbito do servidor. Cálculo dos Proventos: O valor da pensão sempre observará a última remuneração (servidor falecido na atividade) ou o último provento de aposentadoria (servidor falecido inativo). Se a pensão for superior ao teto do RGPS, seu valor será equivalente ao teto e a 70% da parcela que exceder este limite, senão, será garantida a integralidade, observado o seguinte critério de reajuste: Paridade: se a pensão for decorrente de aposentadoria por invalidez pela regra do artigo 6o-A da EC n.o 41/03 ou decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra do artigo 3o da EC n.o 47/05. Proporcional: para os demais casos. 25
 29 Esta Cartilha foi elaborada especialmente para o Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí - TATUÍPREV Elaboração Rua Cinco de Julho, n.o Centro Indaiatuba/SP Fone: (19) Fax: (19) Todos os direitos reservados para Sanches e Associados Consultoria., sendo vedada a reprodução ou transmissão por qualquer modo ou meio, seja eletrônico, mecânico, de fotocópia ou gravação, sem prévia e expressa autorização do autor, ressalvado o uso pelo TATUIPREV, para a finalidade de divulgação perante seus beneficiários, mediante indicação expressa do seu autor.
 32 TatuíPrev Instituto de Previdência Própria de Tatuí Praça Martinho Guedes, Tatuí/SP - CEP: FONE/FAX: (15) Site:


text:
Corcon Craft s.r.o. Praha IČO 02301911 kontakty (08.08.2020) | Finance.cz
 Corcon Craft s.r.o. Praha IČO: 02301911
 Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Corcon Craft s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 02301911.
 Firma s názvem Corcon Craft s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .
 Základní údaje o Corcon Craft s.r.o. IČO: 02301911
 C 217957
 02301911
 Corcon Craft s.r.o.
 Aktuální kontaktní údaje Corcon Craft s.r.o.
 Kontakty na Corcon Craft s.r.o. IČO: 02301911
 Rybná 716/24 , Praha 110 00 1.10.2016
 418 , Horní Branná 512 36 28.6.2016 - 1.10.2016
 Rybná 716/24 , Praha 110 00 11.11.2013 - 28.6.2016
 Obory činností Corcon Craft s.r.o. IČO: 02301911
 Vedení firmy Corcon Craft s.r.o. IČO: 02301911
 Jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 30.7.2014
 Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 11.11.2013 - 30.7.2014
 Jan Haman 1.10.2016
 Michal Kábrt 11.11.2013 - 26.11.2013
 od 11.11.2013 do 21.11.2013
 Petr Holman 26.11.2013 - 1.10.2016
 od 21.11.2013 do 6.9.2016
 418, Horní Branná 512 36
 Vlastníci firmy Corcon Craft s.r.o. IČO: 02301911
 Sbírka Listin Corcon Craft s.r.o. IČO: 02301911
 C 217957/SL 8 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 22.6.2015 30.6.2015 5
 C 217957/SL 6 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 18.4.2014 5.5.2014 5
 C 217957/SL 5 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 21.11.2013 22.11.2013 26.11.2013 5
 C 217957/SL 4 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 21.11.2013 22.11.2013 26.11.2013 5
 C 217957/SL 3 notářský zápis NZ 4366/2013 Městský soud v Praze 21.11.2013 22.11.2013 26.11.2013 6
 C 217957/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 931/2013 Městský soud v Praze 18.10.2013 5.11.2013 11.11.2013 11
 Hodnocení Corcon Craft s.r.o.
 Výpis dat pro firmu Corcon Craft s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
 výpis firmy Corcon Craft s.r.o., 2301911 na obchodním rejstříku
 výpis firmy Corcon Craft s.r.o., 2301911 na živnostenském rejstříku
 CORCON s.r.o. - 26211483 - Praha , náměstí 14. října 1307/2