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 RESOLUCIÓN 1399 DE 2005
 RESOLUCIÓN 1399 DE 21 DE JULIO DE 2005
 CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. EXPIDE EL REGLAMENTO QUE DEFINE LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS.
 TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, HACIENDA PÚBLICA
 DIARIO OFICIAL N°:45992 DE AGOSTO 6 DE 2005
 RESOLUCIÓN 1399 DE 2005
 “Por la cual se expide el reglamento que define los criterios generales para la entrega de los Distritos de Adecuación de Tierras para su administración, operación y conservación por parte de las Asociaciones de Usuarios”.
 (Nota: Véase Resolución 530 de 2006 artículo 3o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)
 El Subgerente de Infraestructura,
 en uso de las atribuciones que les confiere el numeral 1o del artículo 10 y los numerales 4o y 8o del artículo 16 del Decreto con fuerza de Ley 1300 de 21 de mayo de 2003, “por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se determina su estructura”,
 Modalidades de entrega de los distritos de adecuación de tierras
 ART. 1o—Formas de entrega de los distritos de adecuación de tierras. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 812 de 2003 y los artículos 3o, 4o, 5o, 20, 22 de la Ley 41 de 1993 y el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1881 de 1994, las formas de entrega de los distritos de adecuación de tierras para su administración, operación y conservación, son las siguientes:
 — Concesión.
 — Delegación de funciones.
 — Administración.
 — Entrega en propiedad a los usuarios.
 PAR. —Los contratos de delegación de funciones y administración existentes a la fecha de expedición de este reglamento, se preservarán en los términos en que fueron pactados.
 ART. 2o—De la concesión. De conformidad con el numeral 4o, artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato de concesión envuelve en forma concurrente o excluyente la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial, de un servicio público o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, entre otras.
 Todos los distritos de adecuación de tierras de pequeña, mediana y gran escala podrán ser objeto de concesión en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1881 de 1994, para cualquiera de las actividades en conjunto o tomadas individualmente de que trata el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de las que señala el citado artículo 21 del Decreto Reglamentario 1881 de 1994, tales como complementación, operación, administración mantenimiento, ampliación, rehabilitación y construcción.
 ART. 3o—De la facultad para la entrega en concesión. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 812 de 2003 y el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1881 de 1994, es competencia del organismo ejecutor público - Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, cuando lo estime conveniente, entregar en concesión los distritos de adecuación de tierras de pequeña, mediana y gran escala o cualquiera de las actividades señaladas en el artículo 2o del presente reglamento que recaigan sobre los mismos. En todo caso, el acto por el cual se decida entregar en concesión un distrito de adecuación de tierras, parte del mismo o cualquiera de las actividades atrás señaladas se realizará por acto motivado.
 ART. 4o—Sujetos de concesión. De conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 41 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 812 de 2003, son sujetos de concesión todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios, uniones temporales y otras formas asociativas tales como las asociaciones de usuarios de los distritos de adecuación de tierras siempre y cuando reúnan las condiciones de que trata los pliegos de condiciones o términos de referencia que para tales efectos elabore el Incoder.
 ART. 5o—Elementos sustanciales de la concesión. En la concesión de adecuación de tierras para las actividades desarrolladas de manera integral o para la realización parcial de las mismas de que trata el numeral 4o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el particular actúa por su propia cuenta y riesgo sin perjuicio del control, instrucción y reglamentación ejercida por el ente concedente en relación con la forma como se presta el servicio, se explota o conserva el bien o se construye la obra.
 La administración, explotación, conservación o construcción se remunerará contra las tasas (tarifas) de que trata la Ley 41 de 1993, el Decreto Reglamentario 1881 de 1994 y la Ley 812 de 2003.
 La concesión para el manejo y/o la construcción, rehabilitación o complementación de distritos de adecuación de tierras, según el caso, deberá contener los estudios pertinentes de factibilidad técnica, económica, social y ambiental del distrito, los cuales podrán ser elaborados y presentados al Incoder por las personas interesadas en celebrar contratos de concesión. Igualmente se establecerán las aleas “tipo” o “normales” a cargo del concesionario tales como “riesgo proyecto”, “riesgo mercado”, “riesgo financiero”, “riesgo tiempo”; el sistema tarifario; cláusula de reversión, entre otros.
 PAR. —La concesión es compatible con otras formas contractuales que permitan de manera exitosa su ejecución, tales como encargos fiduciarios, fiducias mercantiles, Project Finance, empréstitos, entre otros.
 ART. 6o—De la delegación de funciones. De conformidad con la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 y de la Ley 41 de 1993, la administración y operación de los distritos de adecuación de tierras se podrá delegar. La delegación se hará por acto administrativo acompañada de convenio donde se fijen todas las condiciones, funciones específicas y remuneración si hubiere lugar a favor del delegatario.
 Serán sujetos de delegación las personas jurídicas y privadas, previa elaboración de un pliego o término de referencia y convocatoria pública teniendo en cuenta los principios de selección objetiva contenidos en la Ley 80 de 1993.
 El delegatario está sujeto en lo que se relaciona a la celebración de contratos a las normas que regulan la contratación de las entidades estatales. Igualmente estarán sometidos a las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los servidores públicos, en relación con la función conferida.
 El Incoder ejercerá un control directo sobre el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deben ser observados por el delegatario.
 Al delegatario se le aplicarán los artículos 10 al 17 del presente reglamento.
 ART. 7o—De la Administración: representación, manejo y administración de los distritos de adecuación de tierras por las asociaciones de usuarios. De conformidad con los artículos 20, 22 y 24 de la Ley 41 de 1993, el Incoder deberá entregar la representación, manejo y administración a las asociaciones de usuarios de que trata la referida Ley 41 de 1993, siempre y cuando que la construcción, rehabilitación, ampliación o complementación de los distritos se haga por la vía de la recuperación de inversiones a través de suscripción de actas de compromiso con los potenciales beneficiarios de la obra, organizados como asociaciones de usuarios, donde se comprometan al pago total o parcial, según el caso, de las inversiones realizadas por el Incoder o quien haga sus veces.
 PAR. 1o—En los contratos de representación, manejo y administración, se pactará en forma obligatoria las condiciones y los plazos para la recuperación de las inversiones, y en el evento de no cumplirse con los cronogramas y flujogramas que para tales efectos se convengan, se constituirá como causal de terminación unilateral de los mencionados contratos y el Incoder quedará en libertad para entregarlo en concesión o por delegación de funciones a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera.
 PAR. 2o—Las asociaciones de usuarios de que trata la Ley 41 de 1993 que no accedieran a la construcción, rehabilitación, ampliación o complementación de los distritos de adecuación de tierras por la vía del artículo 24 de la Ley 41 de 1993, podrán participar en igualdad de condiciones a las demás personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en las convocatorias públicas o en las licitaciones que se abran para la entrega de los mismos por conducto de la delegación de funciones o de la concesión según el caso.
 ART. 8o—Subcontratación de la Administración de los distritos de adecuación de tierras. De conformidad con el numeral 4o inciso 2o, del artículo 22, de la Ley 41 de 1993, las asociaciones de usuarios que en la actualidad o en el futuro tengan la representación, manejo y administración de los distritos de adecuación de tierras, podrán subcontratar la administración de los mismos con empresas civiles o comerciales que acrediten experiencia en la administración o que tengan dentro de su objeto social la administración de este tipo de actividades o similares.
 Para tales efectos se deberá preservar el principio de selección objetiva y en consecuencia se deberá abrir convocatoria pública para la selección del contratista, previa la elaboración del estudio de conveniencia y los términos de referencia o pliego de condiciones.
 ART. 9o—Procedimiento para la subcontratación de la administración de distritos de adecuación de tierras. Las asociaciones de usuarios publicarán los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos para la convocatoria pública.
 El texto definitivo de los pliegos de condiciones o términos de referencia será publicado en la página web de la entidad ejecutora pública, Incoder, al momento de dar apertura al proceso de selección.
 El aviso de convocatoria pública debe publicarse en un diario de amplia circulación nacional, departamental o municipal, según el caso, o comunicarse por algún mecanismo determinado en forma general por el Incoder de modo que permita a la ciudadanía conocer su contenido.
 Los factores de escogencia y calificación que establezcan las asociaciones de usuarios en los pliegos de condiciones o términos de referencia, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 • La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera.
 • La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación matemática precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado.
 • Los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación, se harán de manera previa a la apertura de los procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información:
 • La definición de la necesidad que la asociación de usuarios pretende satisfacer con la contratación.
 • La definición técnica de la forma en que la asociación de usuarios puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño.
 • Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo.
 • El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.
 • El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista.
 ART. 10.—Contenido mínimo de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Los pliegos de condiciones o términos de referencia que sirven de base para el desarrollo de los procesos de selección de contratación de adecuación de tierras, deberán incluir como mínimo la siguiente información:
 • Características técnicas de los servicios de administración requerida por la asociación de usuarios.
 • Factores de escogencia de la oferta y la ponderación matemática precisa, concreta y detallada de los mismos.
 • Criterios de desempate.
 • Requisitos o documentos necesarios para la comparación de las ofertas, referidos a la futura contratación.
 • Fecha y hora límite de presentación de las ofertas.
 • Término para la evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato.
 • Plazo y forma de pago del contrato.
 • Los términos de duración de la convocatoria pública desde la apertura hasta la publicación serán los que se señale en el acto de apertura y en los pliegos de condiciones o términos de referencia.
 ART. 11.—(Modificado).*Entrega en propiedad a los usuarios. Cuando en un distrito los usuarios se encuentran a paz y salvo por concepto de la cuota de recuperación de inversiones y el pago de las tarifas fija y volumétrica, el Incoder podrá hacer entrega de la infraestructura a la asociación de usuarios. Para ello, el Incoder, a través de la oficina asesora jurídica, establecerá el procedimiento a seguir durante los siguientes seis (6) meses posteriores a la vigencia de este reglamento.
 *(Nota: Modificado por la Resolución 530 de 2006 artículo 1o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)
 ART. 12.—Distritos manejados por el Incoder. Los distritos actualmente manejados por el Incoder, deberán ser entregados a los usuarios o en concesión, en un período menor de un año contado a partir de la expedición de este reglamento.
 ART. 13.—Del manejo financiero presupuestal y contable de los recursos públicos administrados por las asociaciones de usuarios. Las tarifas fijas y volumétricas que se cobren por riego, drenaje y servicios complementarios, son ingresos públicos, salvo que se trate de distritos de adecuación de tierras donde se haya recuperado totalmente la inversión de que trata el artículo 24 de la Ley 41 de 1993 y se haya formalizado la tradición de dominio del distrito de adecuación de tierras a la respectiva asociación de usuarios, de conformidad con el artículo 23 de la citada ley.
 El presupuesto contentivo de los ingresos y gastos para la representación, manejo y administración de los distritos de adecuación de tierras es público. En consecuencia de conformidad con el artículo 345 de la Constitución Política de Colombia, no se podrá percibir ingreso o ejecutar gasto alguno que no haya sido incorporado al presupuesto y aprobado por el órgano ejecutor público.
 Por tratarse de un presupuesto público se aplicará el Decreto Recopilatorio 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto”, capítulo II “De los principios del sistema presupuestal”, artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18; 36, 68, 71, 73; 112 y 113, y las demás normas que lo adicionen, reformen o modifiquen.
 La contabilidad del distrito de adecuación de tierras será de causación y se adecuará al plan único contable, PUC.
 ART. 14.—Elaboración, autorización y aprobación presupuestal. El presupuesto que administran las asociaciones de usuarios para el manejo y operación de los distritos de adecuación de tierras comenzará a elaborarse en el mes de marzo de cada anualidad por el gerente o administrador del distrito, observando a cabalidad los principios de anualidad, universalidad, planificación, programación integral, especialización y unidad de caja y deberá ser presentado a la junta directiva de la asociación de usuarios el primer día hábil del mes de junio para su autorización o no autorización.
 Autorizado el proyecto de presupuesto por la junta directiva de la respectiva asociación, el gerente o administrador del distrito dentro de los 10 días siguientes a la autorización, lo radicará en la subgerencia de infraestructura del Incoder para su aprobación o improbación.
 En el evento en que la junta directiva de la asociación de usuarios no autorizare el proyecto de presupuesto elaborado por el gerente o administrador del distrito, lo devolverá para que este le haga los ajustes señalados y se pronunciará sobre el particular a más tardar el 30 de junio de cada anualidad.
 Devuelto el proyecto de presupuesto el gerente o el administrador del distrito de adecuación de tierras harán los ajustes pertinentes siempre y cuando no contravengan la Constitución, la ley y los principios de razonabilidad financiera presupuestal, y lo presentará nuevamente a la junta directiva el 15 de julio de cada anualidad. La junta deberá pronunciarse sobre la autorización o no autorización del proyecto de presupuesto a más tardar dentro de los 15 días siguientes hábiles contados a partir de la fecha en que presentó nuevamente el proyecto de presupuesto el gerente o administrador del distrito.
 Si no fuere autorizado el proyecto de presupuesto por la junta se repetirá el presupuesto de la anualidad anterior con los ajustes estrictamente necesarios que le introduzca el Incoder.
 Autorizado el proyecto de presupuesto, el gerente o administrador del distrito lo radicará en la subgerencia de infraestructura del Incoder dentro de los 5 siguientes días hábiles contados a partir de la fecha del pronunciamiento de la junta directiva de la asociación de usuarios.
 El Incoder por conducto de la subgerencia de infraestructura aprobará o improbará el proyecto de presupuesto sometido a su consideración a más tardar el 31 de octubre de cada anualidad.
 En el evento de improbarse el proyecto de presupuesto lo devolverá al respectivo gerente o administrador del respectivo distrito de adecuación de tierras para que someta de forma inmediata a la junta directiva de la asociación de usuarios las observaciones y ajustes señalados por el Incoder.
 La junta directiva de las asociaciones de usuarios tendrá como término máximo hasta el 30 de noviembre de cada anualidad para acoger las observaciones y ajustes señaladas por el Incoder. El gerente o administrador del distrito enviará dentro de los 5 días siguientes a la subgerencia de infraestructura los ajustes realizados por la junta directiva al proyecto de presupuesto. El Incoder si considera que se han acogido las observaciones y ajustes pertinentes aprobará el proyecto de presupuesto a más tardar el 15 de diciembre de cada anualidad.
 Si no se acogieren las observaciones y ajustes realizados por la subgerencia de infraestructura del Incoder, regirá el presupuesto de la anualidad inmediatamente anterior (anualidad en curso) con los ajustes estrictamente necesarios que considere la mencionada subgerencia, lo cual se expedirá por acto administrativo suscrito por el subgerente de infraestructura de la entidad a más tardar el 15 de diciembre de cada anualidad.
 ART. 15.—Ejecución presupuestal. El ordenador del gasto será el gerente o administrador del distrito de adecuación de tierras.
 Todo gasto que se realice deberá estar precedido de un certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el ordenador del gasto donde se haga constar que existe apropiación presupuestal en la respectiva partida o partidas con la que se financiará el desembolso.
 En el certificado de disponibilidad presupuestal,CDP, se hará constar la obligación que se pretende contraer, el objeto de la misma y la correspondencia o coherencia entre el gasto y la partida presupuestal afectada.
 Expedida la disponibilidad presupuestal en debida forma se abrirá el proceso contractual.
 En el evento que el gasto se origine por vía no contractual como sucede en el caso del cumplimiento de imposición de multas o condenas por sentencias judiciales, entre otros, se seguirá el mismo procedimiento presupuestal.
 Concluido el proceso contractual o en firme el acto o sentencia que generan el gasto se expedirá por el ordenador un certificado de registro presupuestal,CRP, que tiene como finalidad comprometer definitivamente los recursos que financian la obligación, con el cual se constituye ejecución presupuestal.
 Los desembolsos de los recursos monetarios se harán conforme al flujograma o plan anual de caja elaborado por el gerente o el administrador del distrito de riego, que deberá reflejarse en los contratos celebrados.
 En el evento en que la ejecución de las obligaciones pactadas por parte del contratista superaren la anualidad presupuestal, y los pagos tuvieren que hacerse dentro de la siguiente anualidad, a 31 de diciembre de cada año, se constituirán las reservas de apropiación que tienen por objeto ejecutar los recursos monetarios dentro de la siguiente vigencia fiscal, siempre y cuando el compromiso esté legalmente contratado.
 Se constituirán cuentas por pagar, a 31 de diciembre de cada año cuando las obligaciones contractuales se han ejecutado dentro de la anualidad correspondiente, pero su pago parcial o total solo puede hacerse en el año inmediatamente siguiente.
 Las adiciones, reducciones y modificaciones al presupuesto de los distritos de adecuación de tierras serán autorizadas por las juntas directivas de los mismos y aprobados por la subgerencia de infraestructura del Incoder, en los mismos términos y siguiendo el mismo procedimiento señalado en el presente artículo.
 ART. 16.—De las tasas y tarifas. De conformidad con el inciso 2o del artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, las autoridades administrativas pueden fijar la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los servicios que le preste o participación en los beneficios que le proporcione. La Ley 41 de 1993 defirió la facultad de fijar las tarifas básicas y las de aprovechamiento de los servicios al consejo superior de adecuación de tierras, Consuat, que durante su existencia las fijó mediante resoluciones administrativas. En la actualidad se encuentra vigente en particular la Resolución número 002 de diciembre 23 de 2002, “por la cual se fijan las tarifas básicas o fijas y de aprovechamiento o volumétricas en los distritos de adecuación de tierras para el año 2003”.
 PAR. 1o—Las tarifas vigentes serán las señaladas en la Resolución 2 de diciembre 23 de 2002 expedida por el Consuat debidamente ajustadas o indexadas con el índice de precios del consumidor, IPC, debidamente certificado por el DANE hasta tanto la autoridad competente expida un nuevo régimen de tarifas.
 PAR. 2o—El Incoder por conducto de la subgerencia de infraestructura dentro de los dos meses siguientes a la expedición del presente reglamento elaborará y presentará una metodología o metodologías para el cálculo de la tasa (tarifa) básica y volumétrica para los distritos de adecuación de tierras de pequeña, mediana y gran escala.
 PAR. 3o—El Incoder definirá los instrumentos de medición del consumo real o aproximado de los usuarios que se benefician con riego y drenaje. Una vez establecidos los instrumentos de medición, las asociaciones de usuarios tendrán 12 meses para implementar el instrumento o instrumentos de medición en los distritos de adecuación de tierras. El Incoder podrá, si su presupuesto se lo permite, contribuir financieramente a la adquisición de los instrumentos de medición.
 ART. 17.—De los contratos de condiciones uniformes. Los contratos que se suscriban con los beneficiarios de los distritos de adecuación de tierras para la prestación de los diferentes servicios, tales como riego y drenaje, serán contratos de condiciones uniformes y para tales efectos se aplicará la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” y las demás normas que la adicionen, modifiquen o reformen, en lo pertinente.
 ART. 18—Del recaudo de las tarifas. Para recaudar el valor de las tarifas de que trata el artículo 16 las asociaciones de usuarios por conducto de su gerente, administrador o funcionarios que deleguen para tales efectos, elaborarán la factura que contenga la obligación clara, expresa, y exigible de pagar una suma de dinero correspondiente a la tarifa básica y volumétrica por riego y drenaje a cada una de las personas naturales y jurídicas que se benefician de este servicio público.
 La periodicidad de la facturación será determinada por la junta directiva de las asociaciones de usuarios según las necesidades de cada distrito de adecuación de tierras en particular.
 El Incoder, por conducto de la subgerencia administrativa y financiera, brindará su asesoría para que se establezca un proceso de facturación ágil, oportuno y eficiente.
 PAR. —Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente reglamento, todas las asociaciones de usuarios, sin excepción alguna, presentarán a la subgerencia de infraestructura del Incoder la relación completamente actualizada de la cartera morosa de los usuarios con el distrito de adecuación de tierras por concepto de tarifas e iniciará los procesos de cobro buscando los arreglos de cartera en forma directa con los deudores o a través de cobros judiciales o por la vía de la jurisdicción coactiva del Incoder con el fin de recuperar los créditos adeudados por los usuarios o beneficiarios.
 ART. 19.—De la recuperación de inversiones. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente reglamento las asociaciones de usuarios entregarán al Incoder por conducto de la subgerencia de infraestructura, la relación actualizada de los pagos que a la fecha se hayan realizado por concepto de recuperación de inversiones de que trata el artículo 24 de la Ley 41 de 1993 y la lista de deudores morosos por este concepto.
 La subgerencia de infraestructura del Incoder tendrá un mes, contado a partir del recibo de la información de que trata el presente artículo para clasificarla y una vez clasificada deberá enviarla a la oficina asesora jurídica para que dé orden de inicio a los procesos de jurisdicción coactiva.
 ART. 20.—(Sustituido).*De la contratación de obras, adecuación, rehabilitación y adquisición de bienes y servicios. La contratación que se haga con cargo al presupuesto público de los distritos de adecuación de tierras se realizará por el gerente o administrador observando el principio de selección objetiva y por la vía de la contratación directa o la convocatoria pública.
 En los distritos de adecuación de tierras de gran escala la contratación directa será posible hasta por la suma de $ 30’000.000 que se ajustará anualmente con el índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE.
 En los distritos de mediana escala, será hasta por la suma de $ 20’000.000 que se ajustará anualmente con el índice de precios al consumidor,IPC, certificado por el DANE.
 En los distritos de pequeña escala, hasta por $ 10 millones, ajustables con el índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE.
 En la contratación directa en todos los casos se solicitarán por lo menos 3 cotizaciones y se preservará el principio de publicidad mediante la publicación de lo que se pretende contratar por avisos que se colocarán en lugares visibles de la sede de la gerencia o administración y en la página web del Incoder que contará con un icono, link o ventana de acceso directo o inmediato a la información de las asociaciones de usuarios de los distritos de riego. Para todos los efectos la contratación directa debe estar precedida de términos de referencia y estudios de conveniencia.
 En la convocatoria pública se seguirá el procedimiento señalado en los artículos 9o y 10 del presente reglamento.
 *(Nota: Sustituido por la Resolución 1782 de 2005 artículo 1o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)
 ART. 21.—De las asociaciones de usuarios. De conformidad con la Ley 41 de 1993 las asociaciones de usuarios se organizan para efectos de la representación, manejo y administración del distrito, cuyas funciones son:
 • Promover la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras dentro de su comunidad.
 • Velar por la correcta ejecución de las obras y la utilización de los recursos financieros y técnicos provistos para el proyecto.
 • Participar en los proyectos de adecuación de tierras, presentando recomendaciones al organismo ejecutor sobre los diseños y el presupuesto de inversión y participando en la escogencia de las propuestas para la realización de las obras por intermedio del comité técnico de la asociación de usuarios del respectivo distrito.
 • Administrar, operar y mantener los distritos de adecuación de tierras una vez terminados o antes, cuando entre en funcionamiento una parte del proyecto de manera que permita el aprovechamiento de las obras. Pueden igualmente las asociaciones subcontratar la administración de los distritos con empresas especializadas y previa autorización otorgada al efecto por el organismo ejecutor.
 • Presentar para el estudio y aprobación de los organismos ejecutores, los presupuestos de administración, operación y conservación del distrito, autorizados por la junta directiva de la respectiva asociación, cuando tenga la condición de administradora de un distrito.
 • Proponer por conducto de los organismos ejecutores, cuando tenga la calidad de administradora de un distrito, las tasas, tarifas y derechos por los servicios que se presten a los usuarios, con sus respectivos sustentos, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la autoridad competente.
 • Ejercer, como delegataria de los organismos ejecutores, las funciones que el titular tiene en materia de manejo del distrito, para efectos de reglamentar el uso y operación de las obras y equipos; aplicar sanciones a quienes violen las normas expedidas por el organismo ejecutor o por la propia asociación en materia de utilización de las obras del distrito, y asumir a nombre de este las obligaciones que se requieran dentro del giro ordinario de su gestión.
 ART. 22.—De la naturaleza jurídica de las asociaciones de usuarios. Las asociaciones de usuarios son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, de objeto especial y sin ánimo de lucro y para efectos de su constitución, organización, funcionamiento, designación de sus miembros, entre otros, se regirá en lo pertinente por el título XXXVI del Libro 1o del Código Civil, Decreto 1380 de 1995 y demás normas concordantes y pertinentes.
 ART. 23.—De los Estatutos de las asociaciones de usuarios. Los estatutos deberán contener:
 • Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones
 • Objeto social y enumeración de actividades
 • Condiciones para la admisión de usuarios y retiro
 • Derechos y deberes de los asociados
 • Régimen de organización externa
 • Convocatoria a asambleas ordinarias y extraordinarias
 • Representación legal, funciones y responsabilidades
 • Constitución e incremento patrimonial
 • Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación
 • Procedimiento para reforma de estatutos y expedición de reglamentos internos
 • Disposiciones sobre destinación del remanente de los bienes de la asociación, una vez disuelta y liquidada a una entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro
 • Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos.
 Los estatutos deberán ser reglamentados por la junta directiva, con el propósito de facilitar sus aplicaciones en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios.
 ART. 24—Del patrimonio. El patrimonio de las asociaciones de usuarios estará conformado, entre otros, por los siguientes recursos:
 • Cuotas de afiliación y sostenimiento que determine la asamblea general.
 • Aportes o donaciones que les otorguen personas naturales o jurídicas de carácter privado.
 • Beneficios o pagos que obtengan por la prestación de sus servicios.
 • Bienes o rendimientos derivados de cualesquiera otras actividades que desarrollen dentro del marco de su objeto social.
 PAR.—El patrimonio de las asociaciones de usuarios del distrito de adecuación de tierras es independiente del de cada uno de sus asociados. En consecuencia, las obligaciones de una asociación no dan derecho al acreedor para reclamarlas a ninguno de sus afiliados, a menos que estos hayan consentido expresamente en responder por todo o por parte de tales obligaciones.
 Igualmente, hará parte del patrimonio de las asociaciones de usuarios el distrito de adecuación de tierras cuando se transfiera su propiedad en el evento señalado en el artículo 23 de la Ley 41 de 1993.
 ART. 25.—Personería jurídica. El reconocimiento de la personería jurídica debe solicitarse al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante escrito firmado por la persona designada como representante legal de la asociación, acompañado de los siguientes documentos requeridos por el artículo 1o del Decreto 1380 de 1995, así:
 • Copia del acta de asamblea de constitución y elección de dignatarios.
 • Copia de los estatutos y constancia de su aprobación por la asamblea de usuarios.
 • Registro de posibles usuarios con indicación de su domicilio y documentos de identidad si es persona natural y, si se trata de persona jurídica, del certificado de existencia y representación legal.
 ART. 26.—Trámite de la Personería. De conformidad con el Decreto 1380 de 1995, recibida completa la documentación de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural procederá a la revisión de la información contenida en los documentos y, de encontrarla ajustada a las prescripciones legales, impartirá el reconocimiento de la personería jurídica, mediante resolución que se notificará a los interesados en las condiciones de ley. En firme la providencia, enviará la documentación al Incoder, o al organismo ejecutor público del caso, para efectos de su inspección, control y vigilancia.
 La documentación a que se refiere el presente artículo deberá ser remitida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por conducto de los organismos ejecutores de los distritos de adecuación de tierras de que trata el artículo 14 de la Ley 41 de 1993, los cuales emitirán concepto sobre la viabilidad de la solicitud de reconocimiento e inscripción.
 Cuando el organismo ejecutor de los distritos de adecuación de tierras sea una entidad de carácter privado, la documentación y la viabilidad correspondiente deberán ser tramitadas por conducto del Incoder.
 El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado asumirá el estudio de la documentación señalada en líneas precedentes, y si la encuentra ajustada expedirá la resolución reconociendo la personería jurídica y ordenando la inscripción respectiva.
 Efectuado el reconocimiento de la personería jurídica y su correspondiente inscripción, el expediente de la asociación será remitido a la subgerencia de desarrollo productivo y social para efectos de su inspección, control y vigilancia.
 De los proyectos productivos
 ART. 27.—Formulación y acompañamiento. El Incoder, por conducto de la subgerencia de desarrollo productivo social, junto con las asociaciones de usuarios, delegatarios o concesionarios formulará proyectos de cadenas productivas mediante alianzas entre la empresa privada, la economía solidaria y la comunidad rural participante que maximice el potencial de los actuales distritos de adecuación de tierras o de los que se construyan, tendiente al manejo del agua como factor esencial de producción con el fin de ampliar de manera significativa la producción, todo ello en el contexto del programa de desarrollo rural, el proyecto región y el portafolio de proyectos complementarios.
 De igual manera, la subgerencia de desarrollo productivo social implementará alrededor de los proyectos productivos un plan de acompañamiento cuyo objeto final será la formación de capital humano y la construcción de capital social. Los componentes básicos son:
 — Organización social.
 — Formación socio empresarial.
 — Administración, operación, control y sostenibilidad de los distritos.
 — Manejo ambiental.
 ART. 28.—Calidades para ser gerente de un distrito de adecuación de tierras. Para ser gerente de distrito de adecuación de tierras de mediana y gran escala se requiere título profesional universitario y/o contar con una experiencia mínima relacionada de 5 años en áreas de gerencia, administración, planeación, dirección, consultoría, asesoría o servicio público en administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras y/o acreditar estudios de formación en posgrado en manejo de distritos.
 Para desempeñarse como gerente de distrito de adecuación de tierras de pequeña escala no se requiere título profesional universitario ni de la misma experiencia exigida para los gerentes de distritos de mediana y gran escala.
 — Coordinar con los diferentes departamentos y secciones del distrito los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para lograr una eficiente administración, operación y conservación de todos los sistemas de riego, drenaje y control de inundaciones de los distritos de adecuación de tierras.
 — Presentar a consideración de la junta directiva de la asociación el proyecto de presupuesto anual de administración, operación y conservación para el normal funcionamiento del distrito y efectuar el cobro de las tarifas por los servicios prestados a los usuarios.
 — Velar por un correcto uso y aplicación de los recursos y el debido mantenimiento y utilización de los bienes del distrito.
 — Presentar a la junta directiva de la asociación informes regulares sobre el funcionamiento del distrito y el balance y estado de las operaciones e inventarios de los bienes inherentes al distrito.
 — Supervisar el manejo racional de las aguas en el distrito y velar por que se cumplan los derechos de los usuarios.
 — Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con el presupuesto y las facultades que se le otorguen por parte de la junta directiva de la asociación.
 — Informar oportunamente a los usuarios sobre los servicios y demás asuntos de interés, manteniendo una permanente comunicación.
 — Aprobar las modificaciones que se requieran en el registro general de usuarios, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la asociación y reglamentos del distrito.
 — Imponer las sanciones a las contravenciones que determinen los estatutos y los reglamentos del distrito.
 — Presentar ante el Incoder informes sobre las actividades desarrolladas y la marcha de la administración, operación y conservación del distrito en los formatos, periodicidad y plazos que establezca el instituto.
 — Orientar y coordinar un manejo ambientalmente adecuado del distrito y gestionar ante las autoridades ambientales los asuntos de su competencia.
 — Promover, coordinar y supervisar los programas en ingeniería de riego y drenaje, manejo de tecnologías apropiadas para sistemas de producción bajo riego, manejo integrado de suelos y agua, manejo integrado de plagas y epidemiología, mercadeo, almacenamiento, poscosecha y transformación agroindustrial, que se promuevan desde el distrito en alianza con entidades especializadas en estas áreas temáticas.
 — Las demás que sean necesarias para elevar la calidad del desempeño y la buena marcha del distrito de adecuación de tierras.
 ART. 29.—De las secciones técnicas. Las asociaciones de usuarios que administren distritos de gran y mediana escala garantizarán por lo menos tres secciones o departamentos técnicos: administración y finanzas, conservación y operación. Podrán, además, crear una sección o departamento técnico para el servicio de los usuarios.
 De la administración, operación y conservación de los distritos
 ART. 30.—Distritos de adecuación de tierras. Un distrito de adecuación de tierras es la delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.
 ART. 31.—Clasificación de los distritos. Para los efectos de este reglamento, los distritos se clasifican de acuerdo con su tamaño en:
 • Distritos en pequeña escala Área aprovechable entre 30 y 500 has.
 • Distritos en mediana escala Área aprovechable entre 501 y 5.000 has
 • Distritos en gran escala Área aprovechable mayor a 5.000 has.
 ART. 32.—Límites de los distritos. La subgerencia de infraestructura del Incoder, conjuntamente con las asociaciones, deberá fijar, con la mayor aproximación, los límites de los distritos de mediana y gran escala, determinando las siguientes áreas: de influencia, bruta, actualmente aprovechable, actualmente aprovechada, inscrita (registro general de usuarios) y aprovechable hacia el futuro. Para ello, dispondrá de seis (6) meses contados a partir de la expedición del reglamento.
 ART. 33.—Bienes del distrito. Son bienes del distrito y, por tanto, propiedad del Estado, sujetos a su control, aquellos entregados en inventario legalmente a la asociación de usuarios mediante concesión, delegación de funciones o convenio de administración, los cuales constituyen la infraestructura física requerida para el funcionamiento del distrito de adecuación de tierras, y dispuestos para el beneficio de los usuarios, cuyo destino es el servicio público y en tal condición son inalienables, imprescriptibles e inembargables, entre otros, los siguientes:
 • Las estructuras de captación, derivación o embalse con todos sus accesorios e implementos mecánicos, eléctricos y obras complementarias.
 • Los sistemas de riego, drenaje, obras de protección contra inundaciones, con sus respectivas estructuras, instalaciones y equipos.
 • La red de vías de comunicación o carreteables del distrito, y las áreas de terreno adquiridas para la construcción, operación y conservación de las obras.
 • Las edificaciones, sedes administrativas y operativas, estaciones de bombas, instalaciones eléctricas, telefónicas, radiotelefónicas y similares del distrito.
 •Todas las obras dentro y fuera de los límites del distrito destinadas a la utilización y aprovechamiento de las aguas dentro de las áreas del mismo.
 • Vehículos, maquinaria y equipos pesados (palas, buldózeres, motoniveladoras, volquetas, bombas, etc.).
 ART. 34.—El registro general de usuarios. La asociación llevará un registro general de usuarios, el cual contendrá la siguiente información:
 • Nombre y documento de identidad del usuario y de sus representantes o delegados.
 • Nombre y ubicación del predio o finca, matrícula inmobiliaria o registro catastral.
 • Relación de documentos que acrediten la propiedad del predio o finca.
 • Extensión total del predio, alinderación y explotación principal.
 • Área beneficiada con riego y/o drenaje.
 • Volúmenes históricos de agua suministrados en cada campaña agrícola.
 ART. 35.—El registro individual de usuarios. Para cada predio se llevará una carpeta en la cual figurarán los siguientes datos y documentos:
 • Resolución de inscripción del predio.
 • Documentos que acrediten la propiedad.
 • Nombre del predio y código asignado.
 • Nombre e identificación del propietario.
 • En caso de que el usuario no sea propietario, manifestación escrita del propietario sobre la forma de posesión legal del tenedor del predio (contrato de arrendamiento, asociación empresarial, aparcería... etc.).
 • Plano catastral o levantamiento topográfico que contenga área total y área aprovechable expresada en hectáreas.
 • Planes de cultivo, riego y solicitudes de riego.
 • Volúmenes de agua suministrados por cosecha o por año.
 • Nombre de las conducciones principales que benefician el predio.
 • Estado individual de cuentas.
 ART. 36.—Estados de disponibilidad del agua para riego. De acuerdo con el plan de siembras y el plan de riego elaborado por el jefe de operaciones y debidamente aprobado por parte del gerente del distrito, se efectuará la programación operativa de los diferentes componentes de los sistemas de riego, con los que cuente el distrito. Para lo anterior, con base en la información estadística de las condiciones hidrológicas y meteorológicas, en especial de la precipitación que se espere en la zona del distrito y de los caudales esperados, se determinará la viabilidad de cumplir con el plan de siembras previsto y se efectuarán los ajustes que sean pertinentes.
 Si en el transcurso de las campañas de riego se presentaren fenómenos impredecibles, se adoptarán los correctivos pertinentes, con el fin de afrontar las crisis en la forma más justa y de conveniencia posible, para lo cual se pueden adoptar las medidas de ajuste definiendo los siguientes estados del distrito:
 Emergencia: Las fuentes de abastecimiento del distrito no cuentan con volúmenes de agua suficientes para atender simultáneamente la red de los canales de riego, siendo necesaria la concertación de los volúmenes disponibles en uno o más canales y la disminución proporcional de las dotaciones previamente aprobadas.
 Sequía: Se hace imposible la distribución de las aguas de riego, por razones de fuerza mayor, inexistencia de aguas en las fuentes de aprovechamiento o necesidad de realizar trabajos en los canales y obras del distrito.
 ART. 37.—Límites para los estados de disponibilidad. El distrito fijará los límites entre cada estado de distribución con base en los caudales aforados en las diferentes fuentes de abastecimiento. Para tal fin se tomarán en cuenta entre otros los siguientes factores:
 • Los registros hidrológicos y pérdidas por conducción desde las diferentes fuentes de abastecimiento del distrito y en los sistemas de canales de distribución.
 • Las pérdidas de conducción en los sistemas de canales de distribución.
 • Las áreas inscritas como susceptibles de riego para cada uno de los canales y sus características agrológicas.
 • Las áreas sembradas, los cultivos y sus requerimientos hídricos.
 • La localización de los diferentes canales y de sus ramales de distribución.
 ART. 38.—Orden de distribución en los estados de emergencia. En los estados de emergencia, los volúmenes o dotaciones que corresponden a los diferentes usuarios de un mismo canal serán entregados partiendo del extremo final del canal respectivo hacia la bocatoma del mismo, reservándose el distrito la facultad de modificar este orden, cuando las extensiones por regar así lo demanden.
 ART. 39.—Planificación de la campaña agrícola. Para la planificación de cada campaña agrícola se seguirá el siguiente procedimiento:
 • El programa de actividades de la campaña agrícola se notificará a los usuarios con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la iniciación de la campaña. La notificación contendrá:
 — Fechas tentativas para la iniciación de siembras.
 — Período para presentación del plan de cultivos por parte de los usuarios.
 — Fecha de entrega del plan de riego por parte del distrito.
 • Presentación del plan de cultivos por parte de los usuarios al distrito, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la programación de la campaña.
 • Elaboración del plan de riegos por parte de la administración del distrito, el cual deberá presentarse para concepto de la junta directiva o del respectivo comité creado para tal fin, con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la fecha de iniciación de siembras.
 • Entrega de los planes de riego a los usuarios, con los requisitos que deben cumplir para tener derecho al uso del agua.
 PAR. —Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo anterior, y de acuerdo con las condiciones propias de cada región, el distrito establecerá en su reglamento específico la organización y las normas particulares que han de regir las actividades correspondientes a la planificación de la campaña agrícola.
 ART. 40.—Factores para formulación del plan de riego. Para la formulación de planes de riego se deberán tomar en cuenta los siguientes factores:
 1. Los objetivos y recomendaciones del Gobierno Nacional, en lo que respecta a las prioridades que deban darse a ciertos cultivos dentro de los objetivos de la política sectorial de reactivación de la producción agropecuaria.
 2. Fechas en que se inician y terminan los ciclos vegetativos de los cultivos que se establezcan en el distrito y sus demandas de agua.
 3. Los volúmenes de agua que se estimen disponibles para el distrito durante el ciclo agrícola que cubra el plan de riegos, mes a mes.
 4. Las solicitudes de los usuarios respecto al tipo de cultivos que más les interesa desarrollar.
 5. Las posibilidades de crédito para cada cultivo y las probabilidades de mercado para los respectivos productos.
 6. La utilización adecuada de los suelos para evitar los problemas de salinidad, fluctuaciones peligrosas de los niveles freáticos, erosión y lavado de suelos, entre otros.
 PAR. —Para la evaluación de los factores a que se refieren los numerales 2o y 3o de este artículo, el distrito deberá apoyarse en los siguientes datos:
 • Registros meteorológicos, a través de los cuales se pueda conocer las cantidades e intensidad de lluvia media mensual, temperatura, evaporación, etc.
 • Registros hidrológicos que permitan conocer el valor medio mensual de los caudales y volúmenes aportados por las fuentes de abastecimiento.
 • Registros de áreas regadas y volúmenes entregados a esas áreas, por medio de las cuales puedan conocerse las demandas brutas de riego, para los distintos cultivos que se practiquen.
 • Capacidad y pérdidas por infiltración, evaporación y deficiente operación en los sistemas de conducción y distribución en el distrito de riego.
 • Características agrológicas de las tierras de cultivo y estado de adecuación del predio.
 ART. 41.—Requisitos para tener derecho al uso del agua. Para tener derecho al uso del agua de riego, los usuarios deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos de pagos y de mantenimiento de su infraestructura interna:
 • Estar a paz y salvo con el distrito por todo concepto.
 • Disponer de la toma(s) predial(es) y de la estructura aforadora correspondiente.
 • Contar, en caso necesario, con los drenajes necesarios, en buen estado de mantenimiento, para la evacuación de los sobrantes de agua, así como los permisos otorgados por los colindantes en el caso de que, por reglamento interno del distrito, amerite tal trámite.
 • Mantener limpios de malezas y sedimentos los canales y sus propias acequias de riego y drenaje, debidamente adecuados.
 • Haber presentado dentro del término fijado por el distrito, el programa de cultivos con su respectiva solicitud de riego para la campaña agrícola de que se trate y notificarse personalmente del resultado de su solicitud.
 • Estar presente por sí o por representante, en su estructura de toma, el día y hora que le corresponda recibir el riego, firmando el comprobante respectivo. La designación del representante debe hacerse por escrito con su respectiva identificación.
 • Vigilar el uso del agua, desde el lugar donde lo reciba hasta su predio.
 • Acatar las órdenes y cumplir los requisitos fijados por el distrito en los términos de esta resolución.
 ART. 42. —Disposiciones generales para el servicio de riego. El servicio de riego está sujeto a las disposiciones siguientes:
 • El distrito expedirá la orden para el servicio de riego dentro de los planes adoptados o del estado de distribución en desarrollo, previa comprobación de que el usuario ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el artículo anterior.
 • Las solicitudes de riego al distrito deberán hacerse, cuando menos, con 48 horas de anticipación al uso, presentando la orden de riego de que trata el numeral anterior.
 • Cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito, no se pueda suministrar el agua o se conceda un volumen menor al aprobado en el plan de riego, el distrito no será responsable de los eventuales perjuicios.
 • Dependiendo de la infraestructura de riego existentes la capacidad de derivación y los caudales de la fuente, y la clase de riego que se esté aplicando (gravedad o presión) y la planta física de personal de operación con que cuente el distrito, el servicio de riego podrá ser continuo, día y noche, o discontinuo.
 • El usuario será responsable por los perjuicios que el agua a él asignada cause sobre cualquier obra del distrito o cualquier propiedad privada o servicio común, cuando aquellos sean motivados por defectos o deficiencias en las obras de riego y drenaje a su cargo o por mal manejo del agua de riego.
 • Si el usuario suspende el riego por causas no justificadas ante el distrito, o el riego le es suspendido por mal manejo del agua o violación del reglamento, perderá su turno de riego y pagará tanto el agua utilizada como la desperdiciada.
 PAR. —El régimen de sanciones y multas será adoptado por cada asociación, mediante determinación de su junta directiva.
 • Los jefes de zona y los canaleros (o inspectores de riego), están autorizados para atender exclusivamente las órdenes provenientes de las autoridades del distrito en los formatos destinados para tal fin.
 • Las alteraciones o fraudes que llegaren a cometerse en las órdenes escritas serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en esta resolución, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
 • Los usuarios no podrán dar al agua de riego un uso distinto del asignado en el plan de riego, ni cederla total o parcialmente a ningún título.
 ART. 43.—Suspensión de riego por averías. Al producirse una rotura de la red de riego (canales o tuberías) o cuando hay peligro inminente de ella o por cualquier otra grave eventualidad, el distrito podrá suspender totalmente la alimentación del canal o reducirla a la cantidad estrictamente indispensable para que puedan aprovechar el agua los usuarios, cuyas tomas estén ubicadas antes del lugar de peligro; en todo caso, el distrito procederá a efectuar las reparaciones necesarias con la mayor brevedad, con la colaboración de los usuarios.
 ART. 44.—Servicio de drenaje. El drenaje es la evacuación del exceso de agua superficial o freática de un terreno por medio de canales superficiales o subterráneos. El servicio de drenaje será prestado a los usuarios a través de las obras construidas para tal efecto.
 ART. 45.—Prevención y control de inundaciones. Es labor del distrito, el control de crecientes y avenidas de las corrientes y demás cuerpos de agua, con el fin de evitar inundaciones y los efectos que pongan en peligro la vida de los habitantes del distrito y el desarrollo de las actividades agropecuarias. Para tal fin se dispondrán de las medidas de prevención necesarias.
 ART. 46.—Plan de conservación del distrito. La conservación de las obras de un distrito de adecuación de tierras se define como el conjunto de actividades tendientes a sostener, en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento, la infraestructura hidroagrícola, sus equipos e instalaciones, para proporcionar un servicio oportuno y eficaz en las áreas de riego, drenaje y control de inundaciones, con la finalidad de sostener o incrementar la producción agrícola sin menoscabo de los recursos naturales (agua y suelo), y evitando los desperdicios de agua producidos por el deterioro de las obras.
 Anualmente el gerente del distrito deberá presentar a consideración de la junta directiva de la asociación de usuarios para su concepto, el plan de conservación de obras, maquinarias e instalaciones, para el año siguiente. El costo de dicho plan debe ser contemplado dentro del presupuesto anual del distrito y en él se especificarán las diferentes labores a realizar con relación a canales, estructuras, edificaciones, disponibilidad de la maquinaria y vías con sus correspondientes costos unitarios, valor total y cronograma de ejecución.
 ART. 47.—Especificaciones y conservación de canales y vías. Cualquier obra de infraestructura de adecuación de tierras, que sea de propiedad del Estado, o que afecte el funcionamiento de los bienes del Estado, deberá contar con los estudios correspondientes y la aprobación expresa del Incoder. Se exigirá en los estudios que los canales principales y secundarios que se proyecten y construyan y los que sean objeto de nueva localización, además de cumplir con las especificaciones técnicas, deberá tener en cuenta los requerimientos de carreteables, bermas, zonas, drenajes paralelos, etc. Los canales terciarios y las acequias en general, cuando a juicio del Incoder exijan vías de circulación, tendrán carreteables con las especificaciones técnicas mínimas requeridas y su conservación correrá por cuenta de los beneficiarios.
 La administración del distrito tendrá a su cargo la conservación, colocación de señales e identificación y abscisado de los canales y reglamentación del tráfico en toda la red de bermas paralelas a los canales de riego y drenaje, caminos y demás vías.
 ART. 48.—Suspensión y regulación del tránsito. Cuando se haga necesaria la reparación de alguna vía, el gerente del distrito o a quien este delegue, podrá suspender el tráfico por la misma, previa la colocación de señales convencionales. Asimismo podrá limitar o prohibir el tráfico de ciertos vehículos, tractores y equipos agrícolas que por sus características puedan deteriorar la red de vías del distrito.
 ART. 49.—Tránsito de ganados. El tránsito de ganados por sus propios medios debe ir dirigido por un vaquero y no podrán permanecer en los caminos y zonas de canales o de cualquier infraestructura de propiedad del distrito. Los propietarios de predios que posean ganado, están obligados a cercar convenientemente sus propiedades, con el fin de impedir que sus animales invadan los caminos, canales y demás infraestructura de adecuación de tierras del distrito y causen perjuicios.
 ART. 50.—Reubicación de obras. Si alguna de las obras o canales de riego o drenaje existentes en el distrito constituyesen peligro para obras de utilidad pública o para la propiedad privada, el gerente del distrito de oficio o previa solicitud del interesado, soportado en un análisis técnico económico y previa aprobación del Incoder, podrá ordenar su reubicación. Para el efecto, la administración tendrá a su cargo la elaboración de los planos definitivos y demás estudios que se requieran, para proceder a la nueva localización o construcción.
 Si la nueva obra debiere ocupar terrenos de propiedad privada, el procedimiento de adquisición de tierras se hará de conformidad con las disposiciones legales vigentes. En caso de que tales tierras sean adquiridas con recursos de la asociación, estas pasarán a formar parte de su patrimonio. Si son adquiridas con recursos del presupuesto ordinario del distrito serán bienes del Estado, no enajenables dados en administración a la respectiva asociación.
 ART. 51.—Ocupación temporal de inmuebles. Cuando con el objeto de realizar obras de interés común o impedir daño en el distrito, sea necesario utilizar predios de propiedad privada para la movilización de equipos, maquinarias o materiales, se convendrá con el dueño el valor de la ocupación, el que no podrá exceder del avalúo previo solicitado a la entidad competente. En caso de no llegarse a un acuerdo, se deberá iniciar los procesos administrativos o de policía correspondientes.
 ART. 52.—Prohibición de obstáculos. Está terminantemente prohibido a los usuarios del distrito o a personas o a entidades ajenas, depositar sobre los caminos residuos vegetales, basura o material extraído por conservación de obras, así como colocar obstáculos de cualquier especie que obstruyan o dificulten el tránsito. Asimismo, dedicar las zonas de canales y carreteables a labores agrícolas o de cualquier tipo que obstaculicen el destino específico que les fija el distrito y modificar el lindero que las delimitan.
 PAR. —Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, el distrito ordenará el desalojo o la remoción de los obstáculos y los costos que esto implique deben ser cancelados por el infractor.
 ART. 53.—Ejecución de defensas. Se entiende por defensa los muros de hormigón mampostería, defensas con plantaciones u otro material, cuya finalidad es el encauzamiento de los cursos de agua intervenidos. Cuando el distrito estime conveniente la construcción de una defensa, con la cual resulten beneficiados varios usuarios, se ordenará su ejecución y los gastos resultantes se repartirán de acuerdo al beneficio recibido.
 ART. 54.—Autorización de defensas. Dentro del área del distrito, los usuarios no podrán construir defensas en los cursos de agua y canales de riego o drenaje sin previa autorización. La autorización para ejecutar las defensas o refuerzo de defensas, deberá solicitarse por los interesados previa solicitud y justificación escrita al gerente o administrador. El distrito practicará una inspección ocular, con citación de los solicitantes y el levantamiento de acta; fijará con estacas de ubicación bien determinada la dirección de las defensas permitidas y definirá su tipo y características principales, previa expedición de la autorización y conforme a un plan general establecido por el distrito. El ser dueño de ambas márgenes de un curso de agua no lo exime de esta disposición.
 ART. 55.—Excavación de cauces. Toda excavación en los cauces que están bajo control del distrito, cualquiera que sea su finalidad, deberá ser previamente autorizada por este y por las autoridades ambientales, y al efecto los interesados presentarán sus solicitudes indicando la ubicación, finalidad y magnitud de los trabajos respectivos. Al conceder la autorización, el distrito tendrá en cuenta que el movimiento de materiales no varíe la línea máxima pendiente de los cauces y que las excavaciones no afecten obras de defensa, puentes, bocatomas u otras.
 ART. 56.—Obras de emergencia. Se entiende por obras de emergencia aquellos trabajos cuya realización resulta imprescindible acometer para prevenir y/o corregir daños y fallas de las obras del distrito y que no son posibles de posponer sin comprometer su seguridad y el buen funcionamiento, ocasionado por casos fortuitos, circunstancias imprevistas y fuera de control como grandes crecientes, lluvias intensas, deslizamientos, rotura de canales, daños graves e incendios a sedes y estaciones de bombeo, etc. y cuyo costo no está incluido en el presupuesto ordinario aprobado al distrito.
 ART. 57.—Financiación de las obras de emergencia. El gerente del distrito deberá elaborar un presupuesto detallado de los costos que implica la ejecución de trabajos u obras de emergencia a fin de que la junta directiva determine el origen de los recursos y defina su financiación. Dichos costos podrán ser financiados con recursos propios de la asociación, cuotas extraordinarias fijadas a los usuarios en proporción al área registrada, del rubro de imprevistos del presupuesto ordinario del distrito siempre y cuando no se comprometan los fondos presupuestados a los programas de administración, operación y conservación, entre otros.
 En todo caso el gerente y la junta directiva de la asociación velarán porque los trabajos y las obras de emergencia se ejecuten en el menor tiempo posible con el objeto de no perjudicar a los usuarios.
 Dentro de los tres (3) días posteriores a la construcción o intervención, catalogadas como obras de emergencia, el distrito informará y sustentará ante el Incoder, las acciones tomadas y sus implicaciones de tipo presupuestal y financiación.
 ART. 58.—Declaratoria de emergencia. En caso de inminente peligro de daño o daños que se presenten por circunstancias imprevistas o fuera de control de las obras que afecten las actividades propias del distrito, este declarará la emergencia, para efectos de la movilización de recursos técnicos y humanos a que haya lugar. La declaratoria de emergencia la hará el gerente de distrito mediante resolución debidamente motivada, comunicando por escrito y oportunamente a los usuarios.
 ART. 59.—Comité de emergencia. Para atender las situaciones previstas en el artículo anterior, en el distrito existirá un comité de emergencia, cuyas funciones y atribuciones se establecerán en el Reglamento específico de distrito. Dicho comité estará integrado por:
 — Las autoridades del distrito.
 — La junta directiva de las asociaciones de usuarios.
 — Las autoridades civiles y militares del lugar.
 ART. 60.—Red vial. Otro de los servicios que se presta en los distritos es el relacionado con la red vial que facilita el acceso a predios y el transporte de los productos a los diferentes centros de consumo. Por lo anterior, dentro del programa de conservación y mantenimiento del distrito, se debe prever los recursos necesarios para el mantenimiento de esta red vial.
 ART. 61.—Servicio de maquinaria y equipos para la adecuación de tierras. El distrito, de acuerdo con la programación y disponibilidad, podrá prestar el servicio de alquiler de maquinaria y equipo pesado a sus usuarios exclusivamente, para trabajos de adecuación predial dentro del área del distrito. Los recursos que se obtengan de estas operaciones deberán consignarse en el fondo para reposición de maquinaria, que será un rubro presupuestal dentro del presupuesto anual de cada distrito.
 ART. 62.—Obras de los usuarios. Son obras de los usuarios todas aquellas construidas a su costa y en sus predios conforme a los planos, ubicación y demás especificaciones que apruebe el distrito, tales como tomas, estructuras aforadoras, compuertas, canales, carreteables, defensas, etc., cuya finalidad es recibir los servicios que este presta.
 ART. 63.—Tomas, estructuras aforadoras y obras prediales. Para los efectos del suministro de aguas y su aprovechamiento por los usuarios, quedan estos obligados a construir y conservar sus tomas, estructuras aforadoras y demás obras, que a juicio del distrito sean necesarias para el control y medida de agua de riego.
 ART. 64.—Nivel de las tomas. Para la localización de las estructuras o equipos de tomas definitivas, se tendrá especial cuidado que sean diseñadas en tal forma, que cumplan con las cuotas, dimensiones y materiales que aseguren que se va a suministrar en cualquier circunstancia el caudal de diseño, al canal o tubería del predio que se está alimentando a fin de evitar modificaciones inconvenientes en los niveles o presiones de trabajo normales de diseño de estas redes internas (canales o tuberías). Los dispositivos de toma deberán estar dotados de elementos de seguridad, que faciliten el control por parte de los empleados del distrito.
 Si una toma fuere destruida por causa de fuerza mayor y quedase en la imposibilidad de captar agua, el distrito podrá autorizar la construcción de una toma provisional en el sitio más conveniente y únicamente mientras se reconstruye la toma original.
 PAR. —En ningún caso podrá captarse agua directamente de los canales operados por el distrito; toda captación predial deberá estar dotada de una estructura o dispositivo de aforo que permita al distrito medir el agua que se entrega.
 ART. 65.—Conservación de conductos de agua. Con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de agua de riego y prevenir que las aguas sobrantes o de lluvia, causen perjuicios a los bienes ajenos, los usuarios están obligados a mantener en todo tiempo y en buen estado de servicio sus canales, drenajes, desagües, acequias o salidas sujetándose a los planes y recomendaciones señalados por el distrito. Asimismo deberán tener en cuenta las siguientes obligaciones:
 • En los sitios de descargue de estos cauces, el usuario efectuará por su cuenta las obras que el distrito considere convenientes para no causar erosión u otros daños.
 • Cuando una acequia o drenaje atraviese uno o varios predios y deba ser objeto de limpieza por parte de un usuario, este debería realizarla a satisfacción del distrito en la longitud que le corresponda así implique desarrollar su labor en predio ajeno, labor que deberá adelantar con los cuidados necesarios para no verse abocado a reponer o reparar los daños que eventualmente se puedan causar en las bermas, fondo y taludes de canales, tuberías y caminos adyacentes; además debe retirar los materiales removidos o sobrantes.
 • Cuando existan canales o acequias de drenaje que atraviesen varios predios, los usuarios de cada uno de estos, están en la obligación de efectuar su limpieza periódica en los tramos correspondientes, en concordancia con el plan de conservación existente al respecto.
 • En los terrenos que sean atravesados por un canal o acequia no podrán los propietarios de aquellos, abrir salidas en los cauces ni construir alguna obra de riego o drenaje sin autorización del distrito, el cual fijará la distancia que debe existir entre la acequia o canal y la obra que se pretenda construir, cota del fondo de la misma, y demás condiciones que sean necesarias para evitar filtraciones o disminuciones de la dotación de que disfrute el dueño del predio servido.
 ART. 66.—Plazos para realizar trabajos. Los usuarios están obligados a efectuar los diferentes trabajos tales como reparación de obras prediales, destrucción de barreras que obstaculicen o interfieran, limpia de canales prediales de drenaje que afecten a otros usuarios, etc., en los plazos que para el efecto les sean fijados por el distrito. En caso de incumplimiento que no obedezca a causas justificadas, el gerente del distrito podrá ordenar su ejecución por cuenta del interesado o interesados, debiendo estos abonarlos con un 20% de recargo, sin perjuicio de las sanciones de que trata este Acuerdo.
 ART. 67.—Suspensión de obras. Las obras que emprendan los usuarios sin previa autorización del gerente o Administrador del distrito o sin la observancia de las especificaciones técnicas ordenadas, darán lugar a su demolición o suspensión en forma inmediata. La obra podrá reanudarse una vez se reúnan los requisitos exigidos, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
 ART. 68.—Recursos naturales del distrito. Los recursos naturales del distrito son las aguas, los suelos, el aire, la flora y la fauna nativa e introducida, así como los ecosistemas estratégicos, sensibles o críticas que se encuentran dentro del distrito o en su cuenca de captación.
 ART. 69.—Conservación y protección de los recursos naturales del distrito y su cuenca de captación. Con el objeto fundamental de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, en lo que respecta al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de mantener un ambiente sano, la administración del distrito adelantará acciones tendientes a:
 • Realizar un uso sostenible de los recursos naturales que se intervienen directamente en las actividades del distrito, como son el agua y los suelos, y en algunos casos el aire, cuando en las prácticas culturales se incluyan las quemas agrícolas.
 • Obtener los permisos, autorizaciones, concesiones cuando se requiera la utilización de los recursos naturales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
 • Formular e implementar el plan de manejo ambiental.
 • Realizar actividades de seguimiento y monitoreo de los indicadores ambientales y de las actividades establecidas en el plan de manejo ambiental.
 • Implementar paulatinamente prácticas agrícolas ambientales sostenibles en el área del distrito.
 • Fomentar la protección de la flora y la fauna terrestre y acuática existente en el área del distrito, así como de los ecosistemas estratégicos, sensibles y críticos.
 • Fomentar la restauración y reforestación de áreas ambientalmente degradadas o que impliquen algún tipo de riesgo ambiental.
 • Fomentar la capacitación ambiental dentro de la comunidad directa e indirectamente beneficiada por el distrito de adecuación de tierras.
 • Apoyar las actividades que en materia de recuperación y conservación realicen las autoridades ambientales o territoriales en la cuenca hidrográfica en la que esté ubicado el distrito de adecuación de tierras.
 • Solicitar apoyo a las autoridades ambientales, entidades de capacitación, de investigación y de extensión para fomentar las prácticas ambientales dentro del distrito y su cuenca de captación.
 ART. 70.—Control de la calidad de las aguas. Corresponde al distrito velar por la calidad de sus aguas, en relación con las actividades para las cuales serán aprovechadas. Para tal fin se determina:
 • Prohibir el descargue en los cuerpos de agua naturales que corran por el área del distrito, en su fuente de suministro y en los canales de riego y drenaje, efluentes de aguas residuales domésticas, industriales o de actividades de beneficio agrícolas o agroindustriales.
 • Realizar análisis periódicos sobre las características físicas, químicas y microbiológicas del agua y dar a conocer los resultados a los usuarios e implementar los correctivos pertinentes.
 • Someter a control, las aguas que se conviertan en focos de contaminación, para lo cual determinará las actividades que quedan prohibidas, con especificación de área y de tiempo, así como medidas para la recuperación de la fuente.
 • Adoptar las medidas necesarias, en coordinación si se requiriese con el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales y demás entidades relacionadas, para evitar cualquier clase de vertimiento nocivo en las cabeceras de las fuentes de agua del distrito y las aguas arriba de las bocatomas.
 • Prohibir la utilización directa de las aguas en tuberías, canales de riego o producto del drenaje para baño, lavaderos, abrevaderos, lavado de equipo de fumigación y maquinaria, etc.
 ART. 71.—Conservación y preservación de las aguas del distrito. El distrito velará por la conservación y preservación de sus aguas adelantando campañas para reforestación de las cuencas hidrográficas de sus fuentes de abastecimiento, evitando la tala indiscriminada de bosques, la quema de capa vegetal, la contaminación de sus aguas por razón de vertimientos y coordinará con los usuarios y autoridades ambientales de orden nacional, departamental o municipal la realización de programas que aseguren la preservación de los recursos. Los programas que se establezcan podrán ser financiados a través del presupuesto del distrito y serán de obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios.
 ART. 72.—Orden preferencial de utilización. Las aguas del distrito deben ser aprovechadas dentro del siguiente orden preferencial:
 • Riego de los cultivos permanentes y transitorios en su orden, de acuerdo con el plan adoptado.
 • Abrevaderos de ganado dentro de los predios y establecimiento de estanques piscícolas.
 • Procesos agroindustriales.
 • Los demás usos que señale el Gobierno Nacional a través de las autoridades ambientales.
 ART. 73.—Los suelos del distrito y su aprovechamiento. Los suelos del distrito deberán usarse de acuerdo con sus características atendiendo a factores agrológicos, ecológicos y socioeconómicos, los que determinarán su clasificación para riego y uso potencial. Su aprovechamiento deberá efectuarse aplicando las normas técnicas de manejo de tal forma que mantengan su integridad física y su capacidad productora, que eviten su pérdida o degradación y logren su recuperación y conservación.
 ART. 74.—Conservación y aprovechamiento de los suelos. Para la conservación y aprovechamiento de los suelos se realizarán actividades que eviten el deterioro del suelo, tanto en su composición física, química y biológica, como en su estructura. La administración del distrito deberá emprender campañas entre los usuarios para:
 • Promover y apoyar estudios, investigaciones y análisis de suelos, con miras a lograr el manejo racional de los mismos.
 • Utilizar los suelos de acuerdo con sus potencialidades y limitaciones.
 • Exigir que la adecuación predial se realice en forma técnica conforme a los diseños aprobados
 • Controlar el uso de sustancias que puedan ocasionar la contaminación de los suelos y velar por la aplicación racional de agua de riego y de agroquímicos.
 • Realizar prácticas agropecuarias adecuadas tendientes a evitar el deterioro del suelo (erosión, salinización, compactación).
 • Hacer una adecuada disposición de residuos sólidos domésticos y de desechos agrícolas, sustancias peligrosas, así como del material producto del dragado para controlar la sedimentación de los canales.
 • Promover la adopción de medidas preventivas sobre el uso de la tierra, conservación del suelo y la de regulación de las prácticas culturales.
 ART. 75.—Aguas subterráneas y su aprovechamiento. Entiéndase por aguas subterráneas las subálveas y las provenientes de corrientes internas, que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio de afloramiento o las que se requieren para su utilización obras como pozos, galerías filtrantes u otras similares. Para la explotación y aprovechamiento de estas aguas, se deberá obtener previamente autorización y/o concesión por parte de la autoridad ambiental.
 ART. 76.—Aire, flora y fauna. La administración del distrito deberá emprender acciones concretas tendientes a mantener el aire, la flora y fauna como recursos naturales del distrito. Para ello deberá:
 • Solicitar el correspondiente permiso a las autoridades ambientales para realizar quemas agrícolas, en el caso de que sea indispensable su realización.
 • Evitar realizar quemas en áreas con vegetación arbórea de protección.
 • Velar por la no realización de la tala de áreas boscosas que ofrezcan protección a cauces naturales, ni en zonas de altas pendientes, ni en aquellas donde la vegetación preste control de fenómenos severos de erosión eólica y laminar.
 • Evitar la desecación de humedales y nacederos que ofrezcan regulación hídrica natural en el área del distrito.
 • La caza y pesca que se realice dentro del área del distrito y su cuenca de captación se realizará con las debidas autorizaciones ambientales.
 PAR. —Todas las actividades sobre el manejo de las aguas, suelos, flora, fauna y en general de los aspectos del desarrollo ambiental del distrito contenidos en la sección VI del presente acuerdo, se regirán en todo caso por la normatividad existente, establecida en la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente y demás disposiciones gubernamentales que sobre la materia establezcan las autoridades ambientales relacionados con la gestión, legislación y política ambiental vigente.
 Corresponde a las asociaciones de usuarios colaborar con las autoridades en la preservación, control y restauración del medio ambiente, en el distrito de adecuación de tierras. Para lo cual podrán celebrar convenios con las autoridades ambientales a fin de llevar a cabo esta clase de funciones.
 ART. 77.—Infracciones. En el distrito de adecuación de tierras se consideran infracciones y, por consiguiente, están prohibidas, entre otras, las siguientes conductas:
 • La sustracción del agua de riego, por cualquier modalidad o la utilización de aguas o sus cauces, sin el correspondiente permiso, y en general todas las actividades tipificadas en el ordenamiento penal colombiano como fraude de fluidos.
 • La venta o cesión de agua de riego a predios ajenos.
 • El daño a las estructuras, defensas, canales, carreteables, equipos del distrito, deterioro de tomas y la realización de trabajos clandestinos.
 • La interrupción de los servicios de comunicación del distrito, el cierre u obstrucción por invasiones, construcción u ocupación de zonas de canales, campamentos, redes de tuberías y estaciones de bombeo.
 • La construcción de tapones o estructuras que impidan el libre flujo de las aguas en los canales, tuberías y acequias, o modifiquen las condiciones de diseño para su operación y produzcan cambios nocivos de la infraestructura de conducción y distribución del agua de riego y drenaje.
 • Incumplir el plan de riego y/o cultivo aprobado por el distrito.
 • Causar daños con sus ganados a la infraestructura del distrito.
 • Desperdiciar las aguas asignadas, contaminarlas y utilizar sustancias que puedan ocasionar la contaminación de los suelos del distrito.
 • Causar erosión, degradación o salinización de los suelos e inundar por negligencia caminos o terrenos de cultivo de otros usuarios.
 • Dañar vías públicas, obras de drenaje, canales, tuberías y estructuras, y en general causar perjuicio a la propiedad pública o privada.
 • Adelantar actividades que ocasionen sedimentación en los cursos y depósitos de agua.
 • Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la aprobada.
 • Falsedad en la información o documentos aportados, para el registro general de usuarios.
 • Las ofensas a los empleados del distrito durante el ejercicio de sus funciones e impedir o dificultar el cumplimiento de sus labores.
 • El pago de los servicios del distrito con cheques con la causal “fondos insuficientes, cuenta saldada, cuenta cancelada, pagos parciales no autorizados por la administración, etc.”.
 • Incumplir lo pactado en juntas, asambleas o reuniones.
 • Coartar los derechos de uno o más usuarios en relación con el distrito.
 ART. 78.—(Modificado).* Transitorio de adecuación de estatutos. En el evento en que los estatutos de las asociaciones de usuarios se encontraren en contradicción o no cumplieran a cabalidad con lo dispuesto en el presente reglamento tendrán seis meses para adecuarlos o reformarlos a partir de la expedición de la presente resolución.
 *(Nota: Modificado por la Resolución 530 de 2006 artículo 2o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)
 ART. 79.—Transitorio de capacitación. Durante los años 2005 y 2006 y por solicitud de las asociaciones de usuarios, la oficina asesora jurídica, la subgerencia de infraestructura y la subgerencia de desarrollo productivo del Incoder podrán prestarles asesoría en manejo contractual, presupuestal, financiero, técnico, operativo y formulación de proyectos.
 ART. 80.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
 *(Nota: Sustituido por la Resolución 1782 de 2005 artículo 2o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)
 Dada en Bogotá, D.C., a 21 de julio de 2005.


type: legislation

jurisdiction: EU

text:
 31.8.2012
 RO
 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 L 234/7
 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 785/2012 AL COMISIEI
 din 30 august 2012
 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
 COMISIA EUROPEANĂ,
 având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
 având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul fructelor și legumelor procesate (2), în special articolul 136 alineatul (1),
 întrucât:
 (1)
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.
 (2)
 Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
 ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
 Articolul 1
 Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.
 Articolul 2
 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
 Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
 Adoptat la Bruxelles, 30 august 2012.
 Pentru Comisie, pentru președinte
 José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
 Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală
 (1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
 (2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
 ANEXĂ
 Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
 (EUR/100 kg)
 Codul NC
 Codul țării terțe (1)
 Valoarea forfetară de import
 0702 00 00
 MK
 66,1
 ZZ
 66,1
 0707 00 05
 MK
 43,1
 TR
 95,4
 ZZ
 69,3
 0709 93 10
 TR
 108,7
 ZZ
 108,7
 0805 50 10
 AR
 102,1
 CL
 88,4
 TR
 96,0
 UY
 84,7
 ZA
 93,5
 ZZ
 92,9
 0806 10 10
 BA
 54,5
 CL
 206,9
 EG
 197,6
 TR
 147,1
 XS
 91,2
 ZZ
 139,5
 0808 10 80
 AR
 114,4
 BR
 75,4
 CL
 110,7
 NZ
 127,0
 US
 153,8
 ZA
 101,0
 ZZ
 113,7
 0808 30 90
 CN
 75,8
 TR
 135,1
 ZA
 103,8
 ZZ
 104,9
 0809 30
 TR
 162,0
 ZZ
 162,0
 0809 40 05
 BA
 60,8
 HR
 73,9
 IL
 73,7
 MK
 67,5
 ZZ
 69,0
 (1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


type: other

text:
Političtí vězni a k pojmu "vdova" | Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
 Političtí vězni a k pojmu "vdova"
 Ej 248/2003
 Političtí vězni: k pojmu „vdova“
 k § 1 odst. 2 a § 3 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 (v textu též „zákon č. 261/2001 Sb.“)
 Bylo-li manželství politického vězně rozvedeno, nevznikl jeho bývalé manželce nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle § 3 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb.
 (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, čj. 5 A 517/2002-17)
 č. 13/2003 Sb. NSS.
 Blanka Š. ve V. proti České správě sociálního zabezpečení o jednorázovou peněžní částku podle zákona č. 261/2001 Sb.
 Rozhodnutím ze dne 24. 1. 2002 zamítla žalovaná žádost žalobkyně o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb. s odůvodněním, že žalobkyni z titulu vdovy po politickém vězni Ing. Josefu Š. nevznikl nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky. Jmenovaný totiž nebyl manželem žalobkyně až do dne své smrti, neboť manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. 4. 1962 a jmenovaný zemřel dne 4. 8. 1982.
 Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně v zákonné lhůtě odvolání, v němž mj. uvedla, že manželství s Josefem Š. trvalo po celou dobu jeho věznění a po jeho propuštění se rozvedli až za dva roky. Po celou dobu manželova věznění se žalobkyně starala o tři děti. Byla to pro ně velmi těžká doba, protože děti se nemohly dostat na školy. Žalobkyně měla manželovi za zlé, že je do takové situace dostal, a i tyto okolnosti přispěly k tomu, že došlo k rozvodu. Žalobkyně se proto domnívá, že z těchto důvodů má nárok alespoň na část odškodnění.
 Nejvyšší správní soud, na nějž věc přešla v souladu s § 132 s. ř. s. z Vrchního soudu v Praze, žalobu zamítl jako nedůvodnou.
 Z obsahu správního spisu má Nejvyšší správní soud za prokázané, že žalobkyně požádala o poskytnutí jednorázové peněžní částky jako vdova po Ing. Josefu Š., který byl politickým vězněm. Podle oddacího listu ze dne 1. 10. 1944 uzavřela žalobkyně manželství s Ing. Josefem Š. dne 28. 9. 1944 a podle úmrtního listu zemřel Ing. Josef Š. dne 4. 8. 1982. Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. 4. 1962, který nabyl právní moci dne 30. 6. 1962, bylo manželství žalobkyně a Ing. Josefa Š. rozvedeno. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 9. 1990 bylo rozhodnuto, že Ing. Josef Š. je účasten soudní rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., přičemž byl zrušen rozsudek Státního soudu v Praze ze dne 10. 7. 1952 a trestní stíhání bylo zastaveno.
 Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb. se zákon vztahuje na občany České republiky, kteří byli vězněni mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990 a u kterých bylo rozhodnutí o jejich věznění zcela nebo částečně zrušeno podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (dále jen „politický vězeň“). Podle odst. 2 citovaného ustanovení se zákon vztahuje na vdovy a vdovce po politických vězních, pokud jsou občany České republiky, jejichž manželství trvalo po celou dobu věznění či vzniklo během jejich věznění a jejichž manžel kdykoliv později zemřel.
 Jak vyplývá ze skutkových zjištění, ze kterých vycházela i žalovaná, žalobkyně nesplňuje podmínky pro přiznání nároku stanovené v zákoně č. 261/2001 Sb., neboť Ing. Josef Š. je sice politickým vězněm ve smyslu citovaného ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 261/2001 Sb., manželství mezi ním a žalobkyní trvalo po celou dobu jeho věznění, ale následně bylo dne 30. 6. 1962 rozvedeno. Vdova či vdovec je však osoba, jejíž manželství zaniklo smrtí manžela. Bylo-li tedy manželství rozvedeno, pak bývalý manžel není vdovcem či vdovou. Vzhledem k tomu, že manželství žalobkyně s Ing. Josefem Š. bylo rozvedeno před smrtí Ing. Josefa Š., není žalobkyně jeho vdovou. Žalobkyně tak nesplnila jednu z podmínek nároku pro poskytnutí jednorázové peněžní částky stanovenou v § 2 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb. a v důsledku toho není ani oprávněnou osobou. Zákon č. 261/2001 Sb. taxativně (jmenovitě) vymezuje kategorie oprávněných osob, které mají nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky. Pokud v případě žalobkyně nejsou splněny všechny zákonné podmínky, není možno nárok na jednorázovou peněžní částku přiznat, neboť ani správní orgán či soud se nemohou v rámci své rozhodovací pravomoci od podmínek vymezených zákonem odchýlit a jsou zněním zákona vázány.
 Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud žalobu zamítl v souladu s § 78 odst. 7 s. ř. s., neboť v postupu žalované nebyla shledána nezákonnost.


text:
 17.5.2021
 IT
 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
 L 171/1
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/790 DELLA COMMISSIONE
 del 10 maggio 2021
 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pesca di Delia» (IGP)]
 LA COMMISSIONE EUROPEA,
 visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
 visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
 considerando quanto segue:
 (1)
 A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pesca di Delia» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
 (2)
 Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pesca di Delia» deve essere registrato,
 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 Articolo 1
 Il nome «Pesca di Delia» (IGP) è registrato.
 Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
 Articolo 2
 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021
 Per la Commissione
 a nome della presidente
 Janusz WOJCIECHOWSKI
 Membro della Commissione
 (1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
 (2) GU C 18 del 18.1.2021, pag. 45.
 (3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


text:
Er forældre med et handicappet barn beskyttet af forskelsbehandlingsloven?
 Ifølge forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle eller afskedige en medarbejder på grund af handicap. Forskelsbehandlingsloven gælder både direkte og indirekte forskelsbehandling.
 Direkte forskelsbehandling foreligger, når en person på grund af handicap behandles ringere end en anden bliver behandlet i en tilsvarende situation.
 Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når et kriterium, der tilsyneladende er neutralt, stiller en person med handicap ringere end andre personer, medmindre kriteriet er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.
 EU-domstolen har fastslået, at en person der ikke selv er handicappet, men har et handicappet barn er beskyttet mod direkte forskelsbehandling. Det er derimod uafklaret om forskelsbehandlingslovens beskyttelse tillige gælder indirekte forskelsbehandling af forældre til et handicappet barn.
 I Højesterets dom af 27. april 2016 i sag 151/2015 måtte en kommune opsige en dagplejemor på grund af fald i børnetal. Kommunen valgte at opsige en dagplejer, der have haft orlov til pasning af sin søn der på opsigelsestidspunktet havde fået diagnosen Aspergers syndrom. Den opsagte dagplejer havde ikke fungeret som dagplejer i ca. 1 år.
 Som begrundelse for afskedigelsen anførte kommunen, at den fandt det pædagogisk uansvarligt at flytte børn fra deres nuværende dagpleje til en dagplejer, som de ikke kendte. Netop for at undgå dette dagplejeskift, blev den pågældende dagplejer, der allerede havde været fraværende grundet orloven, udvalgt til afskedigelse.
 Den pågældende dagplejer anlagde herefter sag mod kommunen med påstand om betaling af en godtgørelse svarende til 12 måneders løn, da dagplejeren mente, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.
 Højesteret fandt, at dagplejerens søn havde et handicap og dermed var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven.
 Spørgsmålet var herefter, om kommunen ved opsigelsen af dagplejeren havde tilsidesat forskelsbehandlingsloven.
 Højesteret lagde til grund, at årsagen til opsigelsen var nednormering i dagplejen, og at den konkrete dagplejer var blevet udvalgt fordi hun på grund af orlov og sygdom ikke havde fungeret som dagplejer i ca. 1 år og fordi det efter kommunens vurdering ikke ville være forsvarlig at flytte børn fra deres nuværende dagplejer til en dagplejer, de ikke kendte.
 Årsagen til opsigelsen var således ikke dagplejerens søns handicap, men hendes lange fravær fra dagplejen. Højesteret fandt derfor ikke, at dagplejeren havde været udsat for direkte forskelsbehandling.
 Højesteret fandt endvidere ikke at opsigelsen af dagplejeren var indirekte forskelsbehandling. Højesteret begrundede blandt andet dette med, at det var ubestridt, at det som følge af faldende børnetal var nødvendigt at opsige én dagplejer, og at kommunen ved valget af hvem der skulle opsiges havde lagt afgørende vægt på hensynet til at undgå af flytte børn til en dagplejer, de ikke kendte.
 Højesteret havde derfor slet ikke anledning til, at tage stilling til, om loven overhovedet omfatter en situation, hvor en medarbejder, der ikke selv er handicappet, rammes af en foranstaltning i kraft af sin tilknytning til sit handicappede barn.
 Kommunen blev således frifundet.
 Bird & Birds kommentar
 Forældre med et handicappet barn er beskyttet mod direkte forskelsbehandling.
 Efter Højesterets dom er det dog forsat uafklaret om forældre med et handicappet barn er beskyttet mod indirekte forskelsbehandling. Spørgsmålet herom vil formentlig skulle besvares ved en præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen.
 1 11 minutter siden 5/24/2019
 23 timer siden 5/23/2019