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 COMISIÓN
 EUROPEA
 Bruselas, 29.5.2015
 COM(2015) 234 final
 ANNEX 1
 ANEXO
 de la
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la
 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15) de la Unión
 Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
 ES ES
 ---pagebreak--- ANEXO
 de la
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la
 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15) de la Unión
 Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
 En el contexto de la negociación y adopción de revisiones del Reglamento de
 Radiocomunicaciones de la UIT en la CMR-15, deben tomarse las siguientes posiciones en
 nombre de la Unión.
 1. Con respecto al punto 1.1 del orden del día:
  identificar la banda de 1 452-1 492 MHz y las bandas adyacentes de 1 427-1 452
 MHz y 1 492-1 518 MHz para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales,
 protegiendo al mismo tiempo los servicios pasivos por debajo de 1 427 MHz;
  atribuir a título coprimario al servicio móvil e identificar para las
 Telecomunicaciones Móviles Internacionales la banda de 3 400-3 800 MHz;
  rechazar la atribución a título coprimario al servicio móvil de la banda de 470-
 694 MHz en Europa;
  no añadir la atribución a título coprimario al servicio móvil de las bandas de 5 350-
 5 470 MHz y 5 725-5 850 MHz ni identificar para las IMT estas bandas, así como la
 banda de 5 850-5 925 MHz, mientras prosiguen los estudios sobre estas tres bandas
 con vistas a examinar su utilización para las redes de área local radioeléctricas y
 garantizar que su uso primario quede protegido en todos los casos.
 2. Con respecto al punto 1.2 del orden del día:
  establecer niveles de protección para el servicio de radiodifusión por debajo de
 694 MHz, en función de los resultados de los estudios realizados por la Conferencia
 Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones, y fijar en 694 MHz
 el borde inferior de la banda;
  no añadir más restricciones para la protección de la radiodifusión en la banda de 694-
 790 MHz, aunque pueden tomarse medidas para garantizar una coexistencia
 equilibrada de la banda ancha inalámbrica y los sistemas de radionavegación
 aeronáutica existentes en las fronteras orientales de la UE en la banda de 694-
 790 MHz.
 3. Con respecto al punto 1.18 del orden del día, atribuir la banda de 77,5-78 GHz al
 servicio de radiolocalización y salvaguardar el uso de dicha banda para los radares de
 automóvil sin introducir restricciones excesivas, pero reconociendo que las
 estaciones de radioastronomía debe seguir gozando de protección.
 4. Con respecto al punto 10 del orden del día, respaldar que el orden del día de la CMR-
 19 contenga un punto que contemple las necesidades de espectro para los sistemas
 móviles 5G, centrándose en las frecuencias por encima de 6 GHz para las nuevas
 ES 2 ES
 ---pagebreak--- atribuciones y un enfoque común para poner en marcha los estudios de
 compatibilidad correspondientes con anterioridad a la CMR-19.
 5. A la hora de negociar cualquier modificación pertinente del Reglamento de
 Radiocomunicaciones de la UIT en la CMR-15, velar por la observancia del Derecho
 de la Unión, y en particular por que se respeten los principios establecidos en el
 artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común para las
 redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y la Decisión 243/2012/UE por
 la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico, y
 no sufran ningún perjuicio en cuanto a su evolución futura previsible.
 ES 3 ES
 ---documentbreak--- COMISIÓN
 EUROPEA
 Bruselas, 29.5.2015
 COM(2015) 234 final
 2015/0119 (NLE)
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la
 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15) de la Unión
 Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
 (Texto pertinente a efectos del EEE)
 ES ES
 ---pagebreak--- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA
 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) ofrece la oportunidad de revisar el
 Reglamento de Radiocomunicaciones, que codifica los aspectos transfronterizos de la
 utilización del espectro radioeléctrico, en particular definiendo los servicios radioeléctricos
 que se atribuyen a determinadas bandas del espectro. En cada CMR se examina solamente un
 subconjunto limitado del Reglamento de Radiocomunicaciones: las bandas del espectro que se
 van a examinar y el alcance de los resultados posibles se basan en un orden del día decidido
 en la anterior CMR. La próxima conferencia se celebrará en Ginebra del 2 al 27 de noviembre
 de 2015. Tras varios años de trabajo preparatorio, concluirá con la adopción de
 modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
 Telecomunicaciones (UIT).
 Todos los Estados miembros de la UE son miembros de la UIT y participan activamente en la
 adaptación del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Unión Europea es un «miembro de
 sector», condición similar a las organizaciones de la industria. El Reglamento de
 Radiocomunicaciones, al propiciar un enfoque común con respecto a la planificación del
 espectro en los territorios nacionales, puede tener, en la práctica, una influencia significativa
 en el uso del espectro, incluso en situaciones puramente internas.
 Una política del espectro de la UE estratégica y coherente constituye un elemento clave para
 una sociedad de la información moderna y contribuye a facilitar el logro de un amplio abanico
 de objetivos políticos; El Parlamento Europeo y el Consejo han reconocido la importancia del
 espectro radioeléctrico, en particular en la Directiva 2002/21/CE, de 7 de marzo de 2002,
 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones
 electrónicas1 (en lo sucesivo, «la Directiva marco») y en la Decisión 243/2012/UE por la que
 se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico2 en la Unión
 Europea. La Directiva marco3 hace referencia explícita al Reglamento de
 Radiocomunicaciones, que los Estados miembros están obligados a respetar. Además, la
 Decisión 676/2002/CE sobre el espectro radioeléctrico exige que las actividades emprendidas
 en virtud de dicha Decisión tengan debidamente en cuenta los trabajos de la UIT.
 Por tanto, resulta esencial que las decisiones adoptadas en la CMR-15 permitan a la Unión
 ejercer sus competencias internas para la realización del mercado interior, así como
 desarrollar las políticas apropiadas. En este contexto, es necesario que la Unión garantice la
 promoción y protección de sus intereses durante las negociaciones de la CMR.
 2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y
 DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
 La Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT)
 viene preparando lo esencial de las negociaciones de la CMR-15 desde 2012. Todas las
 reuniones de la CEPT estuvieron abiertas a las partes interesadas. Además, se han celebrado
 dos seminarios conjuntos de la Comisión y la CEPT (10 de diciembre de 2013 y 14 de abril de
 2015), durante los cuales se presentaron los objetivos preliminares de la política europea,
 junto con la situación dentro de la CEPT. El 19 de febrero de 2015, tras una consulta pública,
 1
 DO L 108 de 24.4.2002, modificada por la Directiva 2009/140/CE (DO L 337 de 18.12.2009).
 2
 DO L81 de 21.3.2012.
 3
 Ibíd., artículo 9, apartado 1.
 ES 2 ES
 ---pagebreak--- se emitió el dictamen del Grupo de política del espectro radioeléctrico sobre los objetivos de
 la política europea.
 3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
 La UIT es el organismo de las Naciones Unidas encargado de fomentar el desarrollo de las
 telecomunicaciones a escala mundial. Todos los Estados miembros de la UE son miembros de
 la UIT. La UIT-R, sección de la UIT que se ocupa de las radiocomunicaciones y otros usos
 del espectro radioeléctrico, tiene por cometido, por una parte, efectuar «la atribución de las
 bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y la adjudicación de frecuencias
 radioeléctricas» y, por otra, llevar «el registro de las asignaciones de frecuencias y, para los
 servicios espaciales, de las posiciones orbitales asociadas en la órbita de los satélites
 geoestacionarios o las características asociadas de los satélites en otras órbitas, a fin de
 evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicación de los
 distintos países»4.
 El instrumento de gestión de la primera parte de este cometido es el Reglamento de
 Radiocomunicaciones, que tiene la consideración de tratado internacional y se revisa en cada
 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. El Reglamento de Radiocomunicaciones no
 prescribe usos específicos del espectro dentro de las fronteras de cada miembro de la UIT. No
 obstante, dado que regula el uso del espectro con el fin de evitar interferencias transfronterizas
 y determina los tipos de comunicaciones a los que se otorga prioridad, dicho Reglamento
 tiene una amplia influencia sobre el uso del espectro en cada uno de los miembros de la UIT
 y, en consecuencia, en el conjunto de la Unión. La mayoría de los puntos del orden del día de
 la CMR-15 acarrearán una modificación en el uso de una o más bandas específicas del
 espectro; aunque su alcance esté delimitado, exigirán un resultado negociado, con necesidad
 de soluciones de compromiso.
 La revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplicará provisionalmente en lo que
 respecta a cualquier Parte que haya firmado la revisión5. Se entenderá, en cualquier caso, que
 las Partes han consentido en obligarse por la revisión en un plazo de treinta y seis meses a
 partir de la fecha de entrada en vigor de la revisión6. La revisión del Reglamento de
 Radiocomunicaciones en la CMR-15 dará lugar, por tanto, a un acto con efectos jurídicos en
 el sentido del artículo 218, apartado 9 del TFUE, Por consiguiente, puede resultar necesario
 establecer las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión.
 Las normas de la UIT puedan afectar de varias maneras a las políticas y normas comunes de
 la UE o alterar su ámbito de aplicación. A tenor del artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de
 la Directiva marco, los Estados miembros «respetarán los acuerdos internacionales
 correspondientes, incluido el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT» en la
 aplicación del artículo 9, que se refiere a la gestión de las radiofrecuencias para los servicios
 de comunicaciones electrónicas. Una modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones
 de la UIT puede, por lo tanto, afectar al artículo 9 o alterar su ámbito de aplicación.
 Por lo que se refiere al espectro radioeléctrico en particular, el artículo 10 de la Decisión
 243/2012/UE establece que, en las negociaciones internacionales relacionadas con el espectro,
 «si el objeto de las negociaciones internacionales entra dentro de las competencias de la
 Unión, la posición de la Unión deberá establecerse con arreglo a su derecho».
 4
 Constitución de la UIT, artículo 1, apartado 2, letra a).
 5
 Artículo 54, apartado 3 penter, de la Constitución de la UIT.
 6
 Artículo 54, apartado 5 bis, de la Constitución de la UIT.
 ES 3 ES
 ---pagebreak--- Además, la Comisión ha adoptado también una serie de decisiones de armonización técnica
 en virtud de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico (676/2002/CE) para garantizar la
 disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico en la Unión. Tales decisiones han
 sido adoptadas en cooperación con los Estados miembros en el marco del Comité del Espectro
 Radioeléctrico y sobre la base de la asistencia técnica de la CEPT.
 El examen de los puntos del orden del día de la CMR-15 pone de manifiesto que tres de estos
 puntos pueden afectar directamente a normas comunes o alterar su ámbito de aplicación, ya
 que son objeto de la legislación de la UE, o bien de un proceso regulador concreto en curso.
 Dos de los puntos se refieren a los servicios de comunicaciones electrónicas y están
 directamente vinculados con los esfuerzos de la UE para facilitar la conectividad a nuestros
 ciudadanos. El tercero se refiere a la seguridad del automóvil:
 - Punto 1.1, relativo al espectro para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT),
 que corresponde a la banda ancha móvil en la normativa de la UE. De interés para este punto
 es la disposición del programa de política del espectro radioeléctrico que exige identificar al
 menos 1 200 MHz para la banda ancha inalámbrica en la UE. Por lo que se refiere a las
 bandas pertinentes, hay que citar también la Decisión 2008/411/CE por la que se armoniza la
 banda de 3 400-3 800 MHz para la banda ancha inalámbrica, la Decisión 2015/750/UE,
 relativa a la armonización de la banda de 1 452-1 492 MHz para el enlace descendente en
 banda ancha, la Decisión 2008/671/CE por la que se armoniza la banda de 5 875-5 905 MHz
 para los sistemas de transporte inteligentes y el mandato a la CEPT en vigor sobre la
 utilización de las redes de área local radioeléctricas en las bandas de 5 350-5 470 MHz y
 5 725-5 925 MHz.
 - Punto 1.2, que fija los parámetros para el uso de la banda de 700 MHz para las IMT. En la
 CMR-12, esta banda se atribuyó a título coprimario a los servicios móviles, adicionalmente a
 la atribución a la radiodifusión ya existente, con efectos a partir de la CMR-15. En lo que
 respecta a esta banda, existe un mandato a la CEPT al objeto de formular las condiciones
 técnicas armonizadas para el uso del espectro en la banda de 694-790 MHz por los sistemas
 inalámbricos de banda ancha. Según ha señalado la Comisión, es necesaria la máxima
 flexibilidad posible en las decisiones adoptadas en la UIT para que el Consejo y el Parlamento
 puedan decidir sobre el uso futuro de la banda.
 - Punto 1.18, relativo a los radares anticolisión para automóviles en la banda de 77,5-78 GHz.
 Estos radares ya están armonizados en la UE con arreglo a la Decisión 2004/545/CE, que
 permite el uso de toda la banda de 77-81 GHz por los radares de corto alcance para
 automóviles.
 Los demás puntos del orden del día de la CMR-15 son objeto de un dictamen del Grupo de
 política del espectro radioeléctrico, que la Comisión comparte en lo que se refiere a sus
 aspectos de fondo en cuanto a la política del espectro.
 Algunos de estos puntos del orden del día están relacionados con políticas de la UE como la
 de transporte (puntos 1.5, 1.7, 1.8, 1.15, 1.16 y el nuevo punto sobre seguimiento en vuelo), la
 política espacial (puntos 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.16 y 1.17), la lucha contra el cambio
 climático y la vigilancia de la Tierra (puntos 1.5, 1.12 y 1.17, pero también 1.1), o la política
 industrial y el crecimiento económico (puntos 1.16 y 1.17). Como se aprecia en esta
 descripción general, pueden verse afectados numerosos intereses de las políticas de la Unión.
 Las negociaciones en la CMR-15 pueden generar resultados que afecten directa o
 indirectamente a la aplicación de la legislación de la Unión en vigor o a su evolución
 previsible. Por consiguiente, debe protegerse la posición de la Unión sobre estos puntos del
 orden del día garantizando que las negociaciones respeten las necesidades actuales del
 Derecho de la Unión y no perjudiquen su previsible desarrollo futuro.
 ES 4 ES
 ---pagebreak--- Punto 1.3 del orden del día. La CMR-12 estableció este punto con la idea de armonizar el
 espectro utilizado por los servicios públicos para ofrecer la protección pública y el socorro en
 caso de catástrofe (PPDR). Sería una empresa colosal, dada la situación de partida en cuanto a
 uso del espectro, muy fragmentado incluso en Europa. A escala mundial, resulta más realista
 adoptar un enfoque más modesto. Debe facilitarse a la UIT la información pertinente sobre las
 gamas de frecuencias regionales para la protección pública y el socorro en caso de catástrofe,
 sin obligación alguna en cuanto al uso de una tecnología específica y/o una banda de
 frecuencias específica.
 Punto 1.5 del orden del día. Este punto se refiere el modo de introducir los sistemas de
 aeronaves no tripuladas (SANT) en el espacio aéreo no segregado, es decir, en el que se
 aplican las normas comunes de control del tránsito aéreo. Esta introducción resulta necesaria
 para que estos sistemas puedan usarse de modo eficiente para fines civiles. Entre ellos pueden
 figurar usos tales como búsqueda y rescate y patrullas fronterizas en el Mediterráneo,
 determinación de la extensión de los incendios forestales, cuando volar con aeronaves
 tripuladas resulte demasiado arriesgado, entrega de suministros en terrenos difíciles y
 determinación de los efectos del cambio climático. En principio debe respaldarse el uso de las
 bandas atribuidas al servicio fijo por satélite para las comunicaciones de control de sistemas
 aéreos no tripulados, siempre que se garantice la compatibilidad con otros servicios con
 atribuciones en dichas bandas, no quede comprometido el actual procedimiento de
 coordinación y notificación de otras redes de satélite en la banda y se cumplan los requisitos
 de la OACI para garantizar la seguridad de vuelo.
 Punto 1.7 del orden del día. (ECS) Inicialmente esta banda se concibió como banda de
 ampliación de los sistemas de microondas para aterrizaje de aeronaves. Sin embargo, el sector
 aeronáutico no ha tenido necesidad de utilizarla, y se propone eliminar los requisitos previos
 para suprimir gradualmente el uso móvil por satélite en la banda. Debe respaldarse la
 supresión de las restricciones reglamentarias al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la
 banda de 5 091-5 150 MHz.
 Punto 1.8 del orden del día. Debe respaldarse una mayor flexibilidad en el funcionamiento de
 las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos en las bandas de 5 925-6 425 MHz y de 14-
 14,5 GHz, siempre que se mantenga la protección de otros servicios en las mismas bandas. La
 relajación de esos requisitos puede favorecer a las industrias marítima y espacial europeas.
 Punto 1.11 del orden del día. Esta atribución se destina a la telemetría de seguimiento y al
 control de satélites, y es de considerable interés para el desarrollo de la política espacial. Debe
 respaldarse la atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en
 la banda 7-8 GHz solicitada, siempre que se garantice una protección adecuada de los
 servicios de radiocomunicación existentes en esa banda.
 Punto 1.12 del orden del día. Este punto favorece el desarrollo de la próxima generación de
 sistemas de exploración de la Tierra por satélite y complementará el programa Copernicus.
 Debe respaldarse la atribución a título primario al servicio de exploración de la Tierra en las
 bandas de 9 200-9 300 MHz y 9 900-10 400 MHz, a condición de que esta ampliación solo
 pueda utilizarse para sistemas que necesiten un ancho de banda superior a 600 MHz.
 Puntos 1.15 y 1.16 del orden del día. Se trata de aliviar la congestión de las comunicaciones a
 bordo en los puertos e introducirá un nuevo sistema de seguridad. Afectan tanto a la política
 marítima como a la espacial. Deben respaldarse las modificaciones necesarias para favorecer
 las mejoras de las estaciones de comunicaciones a bordo y el desarrollo del sistema de
 intercambio de datos por VHF utilizado por el sector marítimo.
 ES 5 ES
 ---pagebreak--- Punto 1.17 del orden del día. Debe respaldarse una solución armonizada a nivel mundial en la
 banda de 4 200-4 400 MHz para los sistemas aviónicos de comunicaciones inalámbricas
 internas, siempre que se garantice la protección de los sistemas de radionavegación
 aeronáutica existentes que funcionan en esa banda. Un resultado satisfactorio podría reducir
 notablemente el peso de los aviones, reducir el consumo de combustible y los costes de
 explotación, y disminuir al mismo tiempo el impacto ecológico de los viajes en avión.
 En lo que se refiere al nuevo punto del orden del día sobre el seguimiento en vuelo, deben
 definirse adecuadamente los requisitos de cualquier futuro régimen, de manera que una
 eventual decisión en esta conferencia pueda basarse en dichos requisitos.
 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario fijar las posiciones que deben adoptarse en
 nombre de la Unión en la CMR convocada para adoptar las revisiones del Reglamento de
 Radiocomunicaciones, con arreglo al artículo 218, apartado 9, del TFUE.
 4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
 Sin incidencia en el presupuesto de la Unión Europea, excepto el coste de las negociaciones.
 ES 6 ES
 ---pagebreak--- 2015/0119 (NLE)
 Propuesta de
 DECISIÓN DEL CONSEJO
 relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la
 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15) de la Unión
 Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
 (Texto pertinente a efectos del EEE)
 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, en
 relación con su artículo 218, apartado 9,
 Vista la propuesta de la Comisión Europea,
 Considerando lo siguiente:
 (1) En virtud de la Resolución 1343, que contiene el orden del día aprobado en la
 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012 (CMR-12), la Conferencia
 Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) adoptará actos, en forma de
 revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones, que se aplicarán con carácter
 provisional en relación con cualquier Parte que haya firmado las Actas Finales de la
 Conferencia. En cualquier caso, se considerará que las Partes han consentido en
 obligarse por las Actas Finales treinta y seis meses después de la fecha de entrada en
 vigor de la revisión. Todos los Estados miembros de la UE son Partes en el
 Reglamento de Radiocomunicaciones, y al menos algunas de las revisiones podrían
 afectar a normas comunes de la UE o alterar su ámbito de aplicación. Por lo tanto,
 aunque la Unión no sea miembro de pleno derecho de la UIT, es necesario adoptar una
 decisión sobre las posiciones que deben adoptarse en nombre de la Unión.
 (2) De conformidad con el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva
 2002/21/CE relativa a un marco regulador común para las redes y los servicios de
 comunicaciones electrónicas (Directiva marco), los Estados miembros deben respetar
 los acuerdos internacionales correspondientes, incluido el Reglamento de
 Radiocomunicaciones de la UIT, a la hora de aplicar el artículo 9. Cualquier
 modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, por lo tanto, debe
 examinarse a la luz de la cuestión de si puede afectar al artículo 9 o alterar su ámbito
 de aplicación.
 (3) El artículo 9 de la Directiva marco exige que los Estados miembros velen por la
 gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones
 electrónicas en su territorio de conformidad con los artículos 8 y 8 bis de la Directiva.
 El artículo 8 exige a las autoridades nacionales de reglamentación que promuevan la
 competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas, servicios de
 comunicaciones electrónicas y recursos y servicios asociados, por ejemplo,
 promoviendo un uso eficiente y velando por una gestión eficaz de las radiofrecuencias,
 y que contribuyan al desarrollo del mercado interior mediante la supresión de todos los
 obstáculos que aún se opongan al suministro de redes de comunicaciones electrónicas,
 ES 7 ES
 ---pagebreak--- recursos y servicios asociados y servicios de comunicaciones electrónicas a nivel
 europeo. El artículo 8 bis exige a los Estados miembros que tengan en cuenta, entre
 otras cosas, el interés público económico, la libertad de expresión, los aspectos
 culturales y técnicos de las políticas de la UE, así como los diversos intereses de las
 comunidades de usuarios del espectro radioeléctrico, a fin de optimizar el uso del
 espectro radioeléctrico y evitar interferencias perjudiciales.
 (4) Las Decisiones 2005/513/CE, 2008/411/CE y 2004/545/CE de la Comisión establecen
 también normas comunes; también debe tenerse en cuenta los trabajos de
 reglamentación que tiene emprendidos la Comisión, junto con los Estados miembros
 en el marco del Comité del Espectro Radioeléctrico y el Grupo de política del espectro
 radioeléctrico, y con la asistencia de la CEPT, en virtud de la Decisión 676/2002/CE
 del Parlamento Europeo y del Consejo (Decisión sobre el espectro radioeléctrico). Por
 lo tanto, los Estados miembros deben adoptar, en nombre de la Unión, posiciones que
 no ponen en tela de juicio el contenido de estas decisiones ni los trabajos de
 reglamentación en curso.
 (5) La adopción de las orientaciones específicas necesarias para permitir a los Estados
 miembros adoptar una posición durante la Conferencia en relación con los puntos del
 orden del día que revistan interés para las decisiones de armonización existentes en
 virtud de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico, o para los trabajos de
 reglamentación en curso con vistas a dicha armonización, debe entenderse sin
 perjuicio de las competencias externas de la Unión en relación con cualquier otro
 punto del orden del día que pudiera afectar a normas comunes o alterar su ámbito de
 aplicación. Por lo que respecta a esto último, la posición de la Unión sobre estos
 puntos del orden del día puede limitarse a velar por que sean respetados en la
 negociación los requisitos existentes del Derecho de la Unión.
 (6) Con arreglo a la Resolución 233 de la CMR-12 sobre el punto 1.1 del orden del día de
 la CMR-15, la UIT debe encontrar bandas candidatas para las Telecomunicaciones
 Móviles Internacionales (IMT), con supeditación a la atribución existente o nueva de
 dichas bandas a los servicios móviles, incluidas, posiblemente, las bandas de 470-
 694 MHz, 1 427-1 518 MHz, 3 400-3 800 MHz, 5 350-5 470 MHz y 5 725-
 5 925 MHz.
 (7) Por lo que se refiere a las comunicaciones móviles, la Decisión 243/2012/UE del
 Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa plurianual de
 política del espectro radioeléctrico (PPER) aboga por que se identifiquen al menos
 1 200 MHz para la banda ancha inalámbrica en la Unión a más tardar en 2015,
 incluidas las bandas ya armonizadas. Por lo tanto, todas las negociaciones relativas a
 las posibles bandas del IMT deben llevarse de tal forma que se garantice la
 preservación de la unidad de la UE a lo largo de las negociaciones.
 (8) En este sentido, la Decisión 2008/411/CE de la Comisión7 armoniza la banda de
 3 400-3 800 MHz para la banda ancha inalámbrica y la Decisión 2005/513/CE de la
 Comisión8 armoniza las bandas de 5 150-5 350 MHz y 5 470-5 725 MHz para los
 sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes de área local radioeléctricas. En
 cuanto a la banda de 1 452-1 492 MHz, está en curso de adopción una medida de
 armonización técnica en virtud del artículo 4, apartado 3, de la Decisión sobre el
 espectro radioeléctrico, tras el dictamen favorable del Comité del Espectro
 7
 Modificada por la Decisión 2014/276/UE de la Comisión.
 8
 Modificada por la Decisión 2007/90/CE de la Comisión.
 ES 8 ES
 ---pagebreak--- Radioeléctrico, con vistas a la armonización de esta banda para las comunicaciones
 inalámbricas de banda ancha en la Unión. Esta banda (1 452-1 492 MHz), junto con
 las bandas adyacentes de 1 427-1 452 MHz y 1 492-1 518 MHz, será un elemento
 clave en las negociaciones, lo que confirma la necesidad de un enfoque totalizador
 para el conjunto de la banda.
 (9) La Decisión 2008/671/CE de la Comisión armoniza el uso de espectro radioeléctrico
 en la banda de frecuencias de 5 875-5 905 MHz para las aplicaciones relacionadas con
 la seguridad de los sistemas de transporte inteligentes.
 (10) A la luz del dictamen positivo del Comité del Espectro Radioeléctrico, la Comisión
 otorgó, el 2 de septiembre de 2013, un mandato a la CEPT para estudiar y enunciar
 unas condiciones armonizadas de uso compartido y compatibilidad para la utilización
 de sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes de área local radioeléctricas, en
 las bandas de 5 350-5 470 MHz y 5 725-5 925 MHz en la Unión, solicitando
 especialmente la protección del funcionamiento previsto de GMES/Copernicus o de
 los radares meteorológicos aerotransportados. Toda vez que, según la CEPT,
 actualmente no existe ninguna técnica de mitigación que permita introducir las redes
 de área local radioeléctricas en la banda de 5 350-5 470 MHz junto con el sistema
 Copernicus, cualquier decisión relativa a la utilización de las bandas de 5 350-
 5 470 MHz y 5 725-5 925 MHz para las redes de área local radioeléctricas debe
 posponerse a la CMR-19, pues los estudios aún no están concluidos.
 (11) La Resolución 232 adoptada en la CMR-12, en conjunción con el punto 1.2 del orden
 del día de la CMR-15, impone la realización de estudios a nivel de la UIT sobre la
 atribución de la banda de 694-790 MHz al servicio móvil, con vistas a su entrada en
 vigor inmediatamente después de la CMR-15. Dado que esta banda se utiliza
 actualmente para la radiodifusión terrenal en todos los Estados miembros, la
 Comisión, con el dictamen favorable del Comité del Espectro Radioeléctrico, otorgó el
 19 de febrero de 2013 un mandato a la CEPT, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de
 la Decisión sobre el espectro radioeléctrico, a fin de elaborar unas condiciones técnicas
 armonizadas para el uso de la banda ancha inalámbrica en la banda de 694-790 MHz,
 con vistas a su adopción mediante una Decisión de ejecución de la Comisión de
 conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Decisión sobre el espectro
 radioeléctrico. Como también se subraya en el dictamen del Grupo de política del
 espectro radioeléctrico de 19 de febrero de 2015, la aplicación de tal solución de
 armonización técnica estaría supeditada a la adopción por el Consejo y el Parlamento
 de una decisión sobre el uso futuro de dicha banda, cosa que no ocurrirá hasta después
 de la CMR-15. Por tanto, los resultados de la CMR-15 deberán preservar la mayor
 flexibilidad posible para que el Parlamento y el Consejo tomen su decisión, ya que las
 consecuencias de tal medida serán decisivas para el futuro de la radiodifusión y de los
 servicios inalámbricos de comunicaciones electrónicas de banda ancha en la Unión.
 (12) Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia de la parte inferior de la banda UHF
 en la radiodifusión, es necesario garantizar que la CMR-15 permita reservar suficiente
 espectro, en la Unión, para la prestación terrenal de servicios de comunicación
 audiovisual en la banda de 470-694 MHz. Esto se ajusta a lo establecido en el
 artículo 7 de la Decisión 243/2012/UE, que exige que los Estados miembros, en
 cooperación con la Comisión, garanticen la disponibilidad de suficiente espectro para
 la prestación por satélite y terrenal de los servicios de comunicación audiovisual a los
 ciudadanos de la Unión, habida cuenta asimismo de que la mitad de los hogares
 europeos reciben actualmente la radiodifusión a través de servicios terrenales y que
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 ---pagebreak--- actualmente en Europa la radiodifusión se basa en gran medida en la banda de 470-
 694 MHz.
 (13) En la CMR-15 se adoptará el orden del día de la siguiente Conferencia, que se
 celebrará en 2019, con arreglo al punto 10 del orden del día. En particular, en función
 de las decisiones que se tomen en el marco del punto 1.1 del orden del día de la CMR-
 15 sobre las bandas candidatas para las IMT, existe un interés mundial en la
 identificación de espectro en frecuencias más altas, por encima de los 6 GHz, para la
 IMT de quinta generación. Los trabajos preparatorios en el proceso de la UIT deberán
 corresponderse con los trabajos paralelos dentro de la UE.
 (14) La Resolución 654 adoptada en la CMR-12, en conjunción con el punto 1.18 del orden
 del día de la CMR-15, solicita la realización de estudios sobre la atribución de la
 banda de 77,5-78 GHz a los radares de corto alcance para automóviles. La Decisión
 2004/545/CE de la Comisión armoniza la banda de 77-81 GHz para dichos radares.
 HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
 Artículo 1
 Los Estados miembros, actuando conjuntamente en interés de la Unión, participarán en las
 negociaciones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 de la Unión
 Internacional de Telecomunicaciones con vistas a la revisión del Reglamento de
 Radiocomunicaciones.
 Las posiciones que deben adoptarse en nombre de la Unión en las negociaciones y durante la
 adopción de las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones figuran en el anexo de la
 presente Decisión.
 En caso de que en la Conferencia se formulen nuevas propuestas relativas a los temas del
 anexo sobre las que no exista todavía una posición de la Unión, esta posición se establecerá
 mediante coordinación sobre el terreno antes de que la Conferencia sea llamada a adoptar
 revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones. En tales casos, la posición de la Unión
 será coherente con los principios establecidos en el anexo de la presente Decisión.
 Artículo 2
 Las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones se publicarán en el Diario Oficial de
 la Unión Europea.
 Artículo
 La presente Decisión entrará en vigor el .
 Hecho en Bruselas, el
 Por el Consejo
 El Presidente
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type: other

text:
Hajrizi Dzemajl et al. v. Yugoslavia, Comunicación No. 161/2000, U.N. Doc. CAT/C/29/D/161/2000 (2002).
 Queja No 161/2000
 Presentada por: Hajrizi Dzemajl y otros (representados por un abogado)
 Presunta víctima: Hajrizi Dzemajl y otros
 Estado Parte: Yugoslavia
 Fecha de presentación: 11 de noviembre de 1999
 Habiendo concluido el examen de la queja No 161/2000, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
 Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado los autores de la queja, su abogado y el Estado Parte,
 1.1. Los autores de la queja son 65 personas, todas de origen romaní y nacionales de la República Federativa de Yugoslavia. Afirman que Yugoslavia ha violado el párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 16 y los artículos 12, 13 y 14 de la Convención. Están representados por el Sr. Dragan Prelevic, abogado, el Centro de Derecho Humanitario, organización no gubernamental (ONG) establecida en Yugoslavia, y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, ONG establecida en Hungría.
 1.2. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité transmitió la queja al Estado Parte el 13 de abril de 2000.
 2.1. El 14 de abril de 1995, alrededor de las 22.00 horas, el Departamento de Policía de Danilovgrad recibió un parte en el que se indicaba que dos menores romaníes habían violado a S. B., una menor de etnia montenegrina. En respuesta a este parte, hacia medianoche la policía entró en varias viviendas del asentamiento romaní de Bozova Glavica, procedió a su registro y detuvo a todos los hombres jóvenes romaníes presentes en el asentamiento (todos los cuales figuran actualmente entre los autores de la queja).
 2.2. A eso de la medianoche del mismo día, 200 personas de etnia montenegrina, encabezados por los familiares y vecinos de la muchacha violada, se reunieron delante del puesto de policía y pidieron públicamente que la Asamblea Municipal adoptase una decisión de expulsar a todos los romaníes de Danilovgrad. La muchedumbre gritaba eslóganes contra los romaníes y amenazaba con "exterminarlos" y "quemar" sus casas.
 2.3. Más tarde, dos menores romaníes confesaron bajo coacción. Entre las 4.00 horas y las 5.00 horas del día 15 de abril, se puso en libertad a todos los detenidos excepto a los que confesaron. Antes de ponerlos en libertad, la policía les aconsejó que se fuesen de Danilovgrad con sus familias inmediatamente. La razón que les dieron es que corrían el riesgo de que sus vecinos no romaníes les lincharan.
 2.4. A la misma hora, el policía Ljubo Radovic fue al asentamiento romaní de Bozova Glavica y dijo a los residentes romaníes del asentamiento que debían evacuar inmediatamente el lugar. El anuncio del policía causó pánico. La mayoría de los residentes huyeron hacia una carretera próxima, donde consiguieron montar en autobuses que se dirigían a Podgorica. Sólo quedaron en el asentamiento unos cuantos hombres y mujeres para proteger sus hogares y animales. A eso de las 5.00 horas el policía Ljubo Radovic volvió al asentamiento, acompañado por el inspector de policía Branko Micanovic. Ambos dijeron a los romaníes que seguían en su hogar (entre ellos algunos de los autores de la queja) que se fuesen inmediatamente de Danilovgrad, porque nadie podía garantizar su seguridad ni protegerles.
 2.5. El mismo día, a eso de las 8.00 horas, un grupo de residentes no romaníes de Danilovgrad irrumpió en el asentamiento romaní de Bozova Glavica arrojando piedras y rompiendo los cristales de las ventanas de viviendas de los autores de la queja. Los romaníes que no habían huido todavía del asentamiento (todos los cuales figuran entre los autores de la presente queja) estaban escondidos en el sótano de una de las casas y a la postre consiguieron huir a través de campos y bosques hacia Podgorica.
 2.6. Durante la mañana del 15 de abril, un coche de policía patrulló repetidamente el asentamiento abandonado de Bozova Glavica. Grupos de residentes no romaníes de Danilovgrad se reunieron en ciertas localidades de la ciudad y de las aldeas vecinas. Hacia las 14.00 horas, los residentes no romaníes empezaron a llegar en masa al asentamiento de Bozova Glavica en automóviles y a pie. Pronto se reunió una multitud de por lo menos varios centenares de no romaníes (según las diferentes fuentes, entre 400 y 3.000 personas) en el asentamiento romaní, para entonces ya completamente abandonado.
 2.7. Entre las 14.00 horas y las 15.00 horas, la masa siguió aumentando y la multitud gritaba amenazas como "¡Los vamos a echar!", "¡Quemaremos el asentamiento!" y "¡Arrasaremos el asentamiento!". Poco después de las tres de la tarde comenzó la demolición del lugar. Con piedras y otros objetos, la muchedumbre rompió primero las ventanas de coches y viviendas de los romaníes y luego les prendió fuego. La multitud destruyó también e incendió los almiares, la maquinaria agrícola y de otra clase, los establos y todos los demás objetos pertenecientes a los romaníes. Arrojaron en las casas por las ventanas rotas artefactos explosivos y cócteles molotov que habían preparado de antemano, así como trapos y gomaespuma en llamas. En medio del ruido de la destrucción se oían tiros y explosiones. Al mismo tiempo robaron objetos de valor y mataron ganado. El pogromo duró horas sin que nadie se interpusiese.
 2.8. Durante este pogromo, los policías presentes no actuaron de modo conforme a sus obligaciones legales. Poco después de comenzar el ataque, en vez de intervenir para poner fin a la violencia, trasladaron sencillamente el coche de policía a una distancia de seguridad e informaron a su superior. Cuando la violencia y la destrucción fueron en aumento, los policías no hicieron otra cosa que tratar sin gran entusiasmo de persuadir a algunos atacantes de que se calmasen en espera de la decisión definitiva de la Asamblea Municipal sobre la solicitud popular de expulsar a los romaníes del asentamiento de Bozova Glavica.
 2.9. El resultado de la furia antirromaní fue que todo el asentamiento quedó literalmente arrasado y todos los bienes pertenecientes a sus residentes romaníes fueron quemados o completamente destruidos. Aunque la policía no hizo nada para impedir la destrucción del asentamiento romaní, se cercioró en cambio de que el fuego no se propagara a ninguno de los edificios en torno, que pertenecían a no romaníes.
 2.10. La policía y el juez instructor del juzgado de Danilovgrad establecieron luego un informe sobre la investigación in situ de los daños causados por los participantes en el pogromo.
 2.11. Los documentos oficiales de la policía así como las declaraciones de varios policías y otros testigos, tanto ante el tribunal como en la fase inicial de la investigación, indican que los siguientes residentes no romaníes de Danilovgrad participaron en la destrucción del asentamiento romaní de Bozova Glavica: Veselin Popovic, Dragisa Makocevic, Gojko Popovic, Bosko Mitrovic, Joksim Bobicic, Darko Janjusevic, Vlatko Cacic y Radojica Makocevic.
 2.12. Además, hay indicios de que los policías Miladin Dragas, Rajko Radulovic, Dragan Buric, Djordjije Stankovic y Vuk Radovic estaban todos presentes cuando se desencadenó la violencia y no hicieron nada o no hicieron lo suficiente para proteger a los residentes romaníes de Bozova Glavica ni sus bienes.
 2.13. Varios días después del incidente, los escombros del asentamiento romaní fueron enteramente despejados con maquinaria pesada de la Empresa de Servicios Públicos. Así desapareció toda traza de la existencia de romaníes en Danilovgrad.
 2.14. Después del pogromo, y en cumplimiento de la legislación nacional pertinente, el 17 de abril de 1995 el Departamento de Policía de Podgorica presentó una denuncia penal ante la fiscalía de Podgorica. Según la denuncia, varios desconocidos habían cometido el delito de provocar un peligro público tipificado en el artículo 164 del Código Penal de Montenegro y había "motivos razonables para pensar que, de manera organizada y utilizando objetos en fuego,... habían causado un incendio... el 15 de abril de 1995,... que consumió completamente las viviendas... y otros bienes pertenecientes a personas que solían residir en... el asentamiento [de Bozova Glavica]".
 2.15. El 17 de abril de 1995, la policía convocó a 20 personas para interrogarlas. El 18 de abril de 1995, el Departamento de Policía de Podgorica redactó un memorando en que citaba la declaración de Veselin Popovic en los siguientes términos: "... Vi llamas en una cabaña, lo que me hizo pensar que la multitud había empezado a incendiar las cabañas, de modo que encontré varios pedazos de gomaespuma a los que prendí fuego con un encendedor y que luego arrojé ardiendo al interior de dos cabañas, una de las cuales se incendió".
 2.16. Sobre la base de este testimonio y del memorando oficial de la policía, el 18 de abril de 1995 el Departamento de Policía de Podgorica ordenó que se detuviese a Veselin Popovic porque había razones para pensar que había cometido el delito de provocar un peligro público en el sentido del artículo 164 del Código Penal de Montenegro.
 2.17. El 25 de abril de 1995 y en relación con el incidente que dio origen a la presente comunicación, el fiscal encausó a una persona solamente, Veselin Popovic.
 2.18. Veselin Popovic fue acusado del delito tipificado en el artículo 164 del Código Penal de Montenegro. En el mismo acto de acusación se imputó a Dragisa Makocevic la obtención ilegal de armas de fuego en 1993 -delito no relacionado con el incidente en cuestión pese a que había pruebas de su participación en la destrucción del asentamiento romaní de Bozova Glavica.
 2.19. A lo largo de la investigación, el juez instructor del juzgado de Danilovgrad escuchó a varios testigos, todos los cuales declararon que habían estado presentes cuando se desencadenó la violencia, pero no podían identificar ni a una sola persona de las que habían intervenido. El 22 de junio de 1995, el mismo juez escuchó el testimonio del policía Miladin Dragas. Contrariamente a lo que había escrito en el memorando oficial que redactó personalmente el 16 de abril de 1995, el policía Dragas dijo ahora que no había visto a nadie concreto arrojar un artefacto inflamable, ni podía identificar a ninguno de los individuos implicados.
 2.20. El 25 de octubre de 1995, el fiscal de Podgorica pidió al juez instructor del juzgado de Danilovgrad que siguiese investigando las circunstancias del caso. Concretamente, el fiscal proponía que se escuchara a nuevos testigos, entre ellos los agentes del Departamento de Policía de Danilovgrad a los que se había encomendado la protección del asentamiento romaní de Bozova Glavica. El juez instructor escuchó entonces a los testigos adicionales, todos los cuales declararon que no habían visto a nadie que hubiera provocado el incendio. El juez instructor no tomó ninguna otra medida.
 2.21. Por "falta de pruebas", el 23 de enero de 1996 el fiscal de Podgorica retiró todos los cargos contra Veselin Popovic. El 8 de febrero de 1996, el juez instructor de Danilovgrad decidió cerrar la investigación. Desde febrero de 1996 hasta la fecha en que se presenta esta queja, las autoridades no han tomado ninguna otra medida para identificar o castigar a las personas responsables del incidente -ni "civiles" ni policías.
 2.22. En violación de la legislación nacional, no se comunicó a los autores de la queja la decisión judicial de cerrar la investigación tomada el 8 de febrero de 1996. Por consiguiente, no pudieron constituirse en parte acusadora privada y continuar así la causa.
 2.23. Aun antes de que terminase el procedimiento, los días 18 y 21 de septiembre de 1995, el juez instructor escuchó a los testigos (y entre ellos a varios de los autores de la queja) pero no les informó de que tenían derecho a constituirse en parte privada si el fiscal decidía retirar los cargos. Con ello violó la legislación nacional, que prevé explícitamente que el tribunal está obligado a informar a las partes que lo ignoran de los cauces legales de que disponen para proteger sus intereses.
 2.24. El 6 de septiembre de 1996 los 71 autores de la queja incoaron una demanda civil de indemnización por daños pecuniarios y no pecuniarios ante el tribunal de primera instancia de Podgorica -con una reclamación por demandante de unos 100.000 dólares de los EE.UU. La indemnización pecuniaria se solicitaba por la destrucción completa de todos los bienes pertenecientes a los demandantes, mientras que la no pecuniaria se fundaba en el dolor y el sufrimiento causado a los demandantes por el miedo que se les hizo pasar y el atentado a su honra, reputación, libertad de circulación y derecho a elegir su lugar de residencia. Los demandantes presentaron su demanda contra la República de Montenegro e invocaron el artículo 154, el párrafo 1) del artículo 180 y los artículos 200 y 203 de la Ley federal de obligaciones. Más de cinco años después de la presentación de la demanda, la causa civil por daños y perjuicios sigue pendiente.
 2.25. El 15 de agosto de 1996, ocho de los romaníes de Danilovgrad, todos los cuales figuran entre los autores de la presente queja, a quienes sus empleadores habían despedido por no haberse presentado a trabajar, entablaron un juicio para pedir al tribunal que ordenase su reintegración al trabajo. Durante todo el procedimiento, los demandantes justificaron su ausencia del trabajo en el período que se les reprochaba por su temor razonable a poner en peligro su vida si hubiesen vuelto a trabajar tan pronto después del incidente. El 26 de febrero de 1997, el tribunal de primera instancia de Podgorica desestimó la demanda por considerar que se habían ausentado del trabajo durante cinco días consecutivos sin justificación. En su decisión, el tribunal citó el párrafo 2 del artículo 75 del Código Laboral Federal en el que, entre otras cosas, se dispone que "si una persona no se presenta al trabajo durante cinco días consecutivos sin justificación adecuada, se procederá a su despido". El 11 de junio de 1997, los demandantes recurrieron contra este fallo y casi cinco meses más tarde, el 29 de octubre de 1997, el tribunal de segunda instancia de Podgorica anuló la sentencia de primera instancia y dispuso que se celebrase un nuevo juicio. El razonamiento en que se fundó la decisión del tribunal de segunda instancia fue que el empleador no había comunicado el despido a los demandantes en buena y debida forma.
 2.26. Entretanto, el caso subió hasta el Tribunal Supremo de Montenegro, que ordenó la reapertura del juicio ante el tribunal de primera instancia de Podgorica. El caso sigue pendiente.
 2.27. Los autores de la queja, que fueron echados de sus hogares y cuyos bienes fueron enteramente destruidos, huyeron a las afueras de Podgorica, la capital de Montenegro, donde se escondieron en parques y casas abandonadas durante las primeras semanas después del incidente. Unos romaníes residentes de Podgorica les proporcionaron la alimentación básica y les dijeron que grupos de hombres no romaníes furiosos les habían estado buscando en los suburbios romaníes de la ciudad. Desde entonces hasta la fecha, los romaníes desterrados de Danilovgrad han seguido viviendo en Podgorica en una pobreza abyecta, en alojamientos improvisados o casas abandonadas, y se han visto obligados a trabajar en el vertedero de Podgorica e incluso a mendigar para vivir.
 3.1. Los autores afirman que el Estado Parte ha violado el párrafo 1 del artículo 2 conjuntamente con el artículo 1, el párrafo 1 del artículo 16 y los artículos 12, 13 y 14 por sí solos o conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención.
 3.2. En lo que respecta a la admisibilidad de la queja y más particularmente el agotamiento de los recursos locales, los autores sostienen que, habida cuenta de la magnitud de los daños sufridos y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1), sólo un recurso penal sería efectivo en el presente caso. Los recursos civiles o administrativos no ofrecerían una reparación suficiente.
 3.3. Los autores de la queja observan también que las autoridades tenían la obligación de investigar, o por lo menos de continuar la investigación, si consideraban que las pruebas existentes eran insuficientes. Asimismo, si bien reconocen que nunca han presentado una denuncia penal contra las personas responsables del pogromo, los autores de la queja argumentan que tanto la policía como las autoridades judiciales tenían suficiente conocimiento de los hechos para iniciar de oficio y realizar una investigación. Por lo tanto, los autores llegan a la conclusión de que no hay recurso efectivo.
 3.4. Los autores señalan también que, como no hay recurso efectivo por la presunta violación de la Convención, la cuestión del agotamiento de los recursos internos debería tratarse junto con el fondo del caso, ya que se afirma que ha habido violación de los artículos 13 y 14 de la Convención.
 3.5. Haciendo referencia a una serie de extractos de documentos de ONG y de fuentes gubernamentales, los autores de la queja solicitan en primer lugar que la comunicación se analice teniendo en cuenta la situación de los romaníes en Yugoslavia, donde son víctimas de la brutalidad sistemática de la policía y donde la situación de derechos humanos en general es espantosa.
 3.6. Los autores de la queja alegan que las autoridades yugoslavas han violado la Convención, ya sea en lo que respecta al párrafo 1 del artículo 2 leído juntamente con el artículo 1, porque durante los acontecimientos ya descritos la policía se limitó a observar lo que estaba ocurriendo, o en lo que respecta al párrafo 1 del artículo 16 por los mismos motivos. A este respecto, los autores consideran que es preciso tener en cuenta el carácter particularmente vulnerable de la minoría romaní al evaluar la magnitud de los malos tratos de que ha sido víctima. Sugieren que "es más probable que un determinado grado de maltrato físico constituya trato o pena cruel, inhumano o degradante cuando obedece a motivos raciales".
 3.7. En lo que respecta al hecho de que en la mayoría de los casos los actos fueron cometidos por personas que no ejercían funciones públicas, los autores de la queja se remiten al principio de la "diligencia debida" reconsiderado en la jurisprudencia internacional y recuerdan la interpretación que se hace actualmente en derecho internacional de las obligaciones "positivas" que incumben a los Estados. Sostienen que las disposiciones de la Convención no imponen exclusivamente obligaciones negativas a los Estados Partes, sino que incluyen las medidas positivas que deben adoptarse para evitar que los particulares cometan actos de tortura u otros actos análogos.
 3.8. Los autores alegan además que los actos de violencia se produjeron con el "consentimiento o aquiescencia" de la policía, cuyo deber por ley consiste en velar por su seguridad y ofrecerles protección.
 3.9. Los autores de la queja alegan además que ha habido violación del artículo 12 por sí solo o, si los actos cometidos no constituyen tortura, tomado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16 porque las autoridades no realizaron una investigación pronta, imparcial y amplia que permitiera identificar y castigar a los responsables. Tomando en consideración la jurisprudencia del Comité contra la Tortura, los autores sostienen que las autoridades tenían la obligación de realizar "no sólo una investigación de cualquier tipo" sino una investigación en buena y debida forma, aunque no se hubiera presentado oficialmente una denuncia, ya que tenían abundantes pruebas en su poder (2). Los autores sugieren asimismo que la imparcialidad de la investigación depende del nivel de independencia del órgano que la realiza. En este caso, se alega que el grado de independencia del juez instructor no era suficiente.
 3.10. Por último, los autores de la queja alegan que ha habido violación del artículo 13 por sí solo o tomado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16, porque se violó su derecho a presentar una denuncia y a que su caso fuera examinado pronta e imparcialmente por las autoridades competentes. También alegan que ha habido violación del artículo 14 por sí solo o tomado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16, por la falta de reparación y de una indemnización justa y adecuada.
 4. En una comunicación de fecha 9 de noviembre de 1998, el Estado Parte sostuvo que la comunicación era inadmisible porque el caso se había tratado con arreglo a la legislación yugoslava y porque todavía no se habían agotado todos los recursos legales existentes.
 Comentarios de los autores de la queja
 5. En una comunicación de fecha 20 de septiembre de 2000, los autores de la queja reiteran sus principales argumentos en lo que respecta a su admisibilidad y destacan que el Estado Parte no ha explicado cuáles son los recursos internos que los autores aún tienen a su disposición. Además, consideran que, como el Estado Parte no ha presentado otras objeciones al respecto, en realidad ha renunciado a hacer uso de su derecho a impugnar otros criterios de admisibilidad.
 6. En su 25o período de sesiones, el Comité examinó la admisibilidad de la queja. El Comité se cercioró, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no había sido ni estaba siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, el Comité tomó nota de los argumentos aducidos por los autores de la queja y observó que el Estado Parte no había presentado ninguna argumentación o información a este respecto. Teniendo en cuenta el párrafo 7 del artículo 108 de su reglamento, el Comité declaró admisible la queja el 23 de noviembre de 2000.
 Observaciones del Estado Parte en cuanto al fondo
 7. Aunque, en una nota de 5 de diciembre de 2000 y dos recordatorios de 9 de octubre de 2001 y 11 de febrero de 2002, el Comité pidió que se formularan observaciones sobre el fondo de la queja, el Estado Parte no ha presentado ninguna comunicación adicional.
 Nuevas observaciones de los autores de la queja en cuanto al fondo
 8.1. En una carta de 6 de diciembre de 2001, los autores de la queja transmitieron al Comité información adicional y formularon comentarios sobre el fondo del caso. En la misma comunicación, los autores transmitieron información detallada en respuesta a las diferentes preguntas del Comité, a saber, sobre la presencia y el comportamiento de la policía durante los incidentes, las medidas tomadas en relación con la población local y las relaciones entre los diferentes grupos étnicos, así como los títulos de propiedad respectivos.
 8.2. En cuanto a la presencia y el comportamiento de la policía durante los incidentes y las medidas tomadas en relación con la población local, los autores dieron una descripción detallada de los hechos que figura en los párrafos 2.1 a 2.29 supra.
 8.3. En cuanto a la situación general de la minoría romaní en la República Federativa de Yugoslavia, los autores de la queja sostienen que la situación no ha cambiado gran cosa después de la partida del Presidente Milosevic. Refiriéndose a un informe sometido con anterioridad por el Centro de Derecho Humanitario al Comité contra la Tortura y al Informe anual de 2001 de Human Rights Watch, los autores afirman que la situación de los romaníes en el Estado Parte es hoy en día muy inquietante y destacan que en los últimos años se ha producido toda una serie de incidentes graves contra los romaníes, sin que las autoridades hayan tomado ninguna medida importante para encontrar o encausar a los perpetradores o para indemnizar a las víctimas.
 8.4. En cuanto a los títulos de propiedad, los autores de la queja explican que la mayoría se perdieron o fueron destruidos durante los acontecimientos de los días 14 y 15 de abril de 1995, y las autoridades del Estado Parte no refutaron esta afirmación durante el procedimiento civil.
 8.5. Los autores de la queja efectúan a continuación un análisis exhaustivo del alcance de la aplicación del párrafo 1 del artículo 1 y del párrafo 1 de artículo 16 de la Convención. Afirman ante todo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo en Irlanda c. el Reino Unido y en el Greek case que el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos abarca también el sufrimiento mental infligido mediante la creación de un estado de angustia y tensión por medios distintos de una agresión física (3).
 8.6. Además, los autores de la queja reiteran que la evaluación de la gravedad de los malos tratos depende también de la vulnerabilidad de la víctima y se debe, pues, tener también en cuenta el sexo, la edad, el estado de salud o el origen étnico de la víctima. Como consecuencia, el Comité debe tener en cuenta el origen romaní de las víctimas al evaluar las violaciones cometidas, especialmente en Yugoslavia. De igual modo, los autores reiteran que un grado determinado de maltrato físico constituye más probablemente un trato prohibido por el artículo 16 de la Convención si está motivado por consideraciones raciales.
 8.7. En cuanto a la devastación de asentamientos humanos, los autores de la queja se refieren a dos casos sobre los que se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuyas circunstancias de hecho eran análogas al caso actual (4). El Tribunal Europeo consideró en ambos casos que la quema y la destrucción de hogares, así como la expulsión de habitantes de una aldea, constituían actos contrarios al artículo 3 del Convenio Europeo.
 8.8. En cuanto a los autores de las presuntas violaciones de los artículos 1 y 16 de la Convención, los autores de la queja sostienen que, aunque sólo un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas puede ser autor de los actos descritos en una y otra de las citadas disposiciones, en ambas se especifica que la tortura y otros malos tratos se pueden infligir también con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público. Por lo tanto, aunque no niegan que los actos no fueron cometidos por los policías ni que éstos no los instigaron, los autores de la queja sí estiman que fueron cometidos con su consentimiento y aquiescencia. La policía tenía conocimiento de lo que iba a suceder el 15 de abril de 1995 y estaba presente en el lugar de los hechos cuando ocurrió el pogromo, pero no impidió que los responsables cometieran tales actos ilícitos.
 8.9. En relación con la obligación positiva de los Estados de prevenir y reprimir los actos de violencia cometidos por particulares, los autores de la queja invocan la Observación general No 20 del Comité de Derechos Humanos acerca del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según la cual esta disposición abarca los actos cometidos por particulares, lo que significa que los Estados tienen el deber de tomar medidas adecuadas para proteger a todos contra esta clase de actos. Los autores se remiten también al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas y el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales, que contienen disposiciones con las que se persigue un fin análogo.
 8.10. Los autores citan también una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, en cuya sentencia se dice que:
 "Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulta imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención." (5).
 De igual modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos abordó esta cuestión en el caso Osman c. el Reino Unido y declaró lo siguiente:
 "El artículo 2 de la Convención puede entrañar también, en ciertas circunstancias claramente definidas, una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas prácticas preventivas para proteger a una persona cuya vida corre peligro a causa de los actos delictivos de otra persona... Cuando se alegue que las autoridades han incumplido su obligación positiva de proteger el derecho a la vida en el contexto del deber mencionado de prevenir y reprimir los delitos contra la persona, se deberá demostrar a satisfacción del Tribunal que las autoridades conocían o debían haber conocido en ese momento la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de una persona o de varias personas determinadas a causa de los actos delictivos de un tercero y que no habían tomado las medidas que les incumbían y que, consideradas razonablemente, podrían haber evitado ese riesgo... Teniendo en cuenta la naturaleza del derecho protegido por el artículo 2, un derecho fundamental en el contexto de la Convención, basta que el demandante demuestre que las autoridades no hicieron todo lo que cabía razonablemente esperar de ellas para evitar un peligro real e inmediato para la vida, del que tenían o debían haber tenido conocimiento." (6).
 8.11. Los autores sostienen además que la importancia de la obligación de tomar medidas preventivas puede aumentar con la inminencia del riesgo para la vida. Para apoyar este argumento se fundan ampliamente en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Mahmut Kaya c. Turquía, en la que el Tribunal expuso en los siguientes términos las obligaciones de los Estados: en primer lugar, los Estados tienen la obligación de tomar todas las medidas razonables para evitar una amenaza real e inmediata contra la vida y la integridad de una persona cuando las acciones podrían ser perpetradas por una persona o por un grupo de personas con el consentimiento o la aquiescencia de las autoridades públicas. En segundo lugar, los Estados tienen la obligación de reparar eficazmente, incluso mediante una investigación adecuada y efectiva, los actos cometidos por agentes no estatales con el consentimiento o con la aquiescencia de las autoridades públicas.
 8.12. Los autores de la queja destacan también que la obligación de los Estados en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos va mucho más allá de la simple sanción penal a los particulares que han cometido actos contrarios al artículo 3 de dicho Convenio. En el caso Z. c. el Reino Unido, la Comisión Europea de Derechos Humanos sostuvo que:
 "Las autoridades tenían conocimiento de los graves malos tratos y del abandono sufridos por los demandantes durante varios años a manos de sus padres y, pese a los medios de que razonablemente disponían, no tomaron ninguna medida efectiva para poner fin a la situación... El Estado ha incumplido pues su obligación positiva en virtud del artículo 3 de la Convención de dar a los demandantes una protección adecuada contra un trato inhumano y degradante." (7).
 8.13. En conclusión, los autores de la queja sostienen que fueron en efecto víctimas de actos de violencia colectiva que les infligieron grandes sufrimientos físicos y mentales equivalentes a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Añaden que el objeto de lo que sucedió era castigarles por un acto cometido por un tercero (la violación de S. B.) y que la violencia colectiva (o más bien el pogromo racista) en cuestión tuvo lugar en presencia y por lo tanto con el "consentimiento o aquiescencia" de la policía, cuya obligación ante la ley era precisamente lo contrario: garantizar su seguridad y darles protección.
 8.14. Por último, en cuanto a la ausencia de observaciones del Estado Parte sobre el fondo, los autores de la queja se remiten al párrafo 6 del artículo 108 del reglamento del Comité y consideran que este principio debería ser aplicable también en la fase de examen en cuanto al fondo. Fundándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos, los autores alegan además que, al no refutar los hechos y los argumentos jurídicos presentados en la queja y en comunicaciones ulteriores, el Estado Parte acepta tácitamente las alegaciones.
 9.1. El Comité ha examinado la queja a la luz de toda la información que han puesto a su disposición las partes, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención. Además, en ausencia de toda comunicación del Estado Parte tras la decisión del Comité sobre la admisibilidad, el Comité se funda en la documentación detallada facilitada por los autores. El Comité recuerda a este respecto que un Estado Parte tiene la obligación, en virtud del párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, de colaborar con el Comité y de presentar explicaciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, las medidas correctoras que haya adoptado.
 9.2. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos ocurridos el 15 de abril de 1995, descritos por los autores, el Comité estima en primer lugar que el incendio y la destrucción de viviendas constituye, en las circunstancias del caso, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A ello se suma el agravante de que algunos de los autores estaban todavía escondidos en el asentamiento cuando se quemaron y destruyeron sus hogares, la especial vulnerabilidad de las presuntas víctimas y el hecho de que los actos obedecían en gran parte a motivos raciales. Además, el Comité considera que los autores de la queja han demostrado suficientemente que la policía (funcionarios públicos), aunque tenían conocimiento del riesgo inmediato en que se hallaban los autores y estuvieron presentes en el lugar de los acontecimientos, no tomaron medidas adecuadas para protegerles, lo que implica "aquiescencia" en el sentido del artículo 16 de la Convención. A este respecto, el Comité ha reiterado en muchas ocasiones sus inquietudes respecto de la "falta de acción por parte de la policía y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que no proporcionan suficiente protección contra los ataques de los grupos amenazados por motivos raciales" (observaciones finales sobre el informe inicial de Eslovaquia, CAT/A/56/44 (2001), párr. 104; véanse también las observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la República Checa, CAT/A/56/44 (2001), párr. 113 y las observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Georgia, CAT/A/56/44 (2001), párr. 81). Aunque los actos señalados por los autores no fueron cometidos directamente por funcionarios públicos, el Comité considera que fueron cometidos con su aquiescencia y constituyen en consecuencia una violación por el Estado Parte del párrafo 1 del artículo 16 de la Convención.
 9.3. Considerando que los hechos descritos por los autores de la queja constituyen actos como los previstos en el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención, el Comité analizará las otras presuntas violaciones a la luz de esa conclusión.
 9.4. En lo que respecta a la presunta violación del artículo 12 de la Convención, el Comité, como ha subrayado en casos anteriores (véase en particular Encarnación Blanco Abad c. España, caso No 59/1996, decidido el 14 de mayo de 1998), opina que la finalidad de una investigación penal es determinar la naturaleza y las circunstancias de los presuntos actos y establecer al mismo tiempo la identidad de toda persona que pueda haber participado en ellos. En este caso, el Comité observa que, pese a la participación de por lo menos varios centenares de no romaníes en los acontecimientos del 15 de abril de 1995 y a la presencia de varios policías en el momento y en el lugar de los hechos, los tribunales del Estado Parte no han encausado a ninguna persona ni a ningún miembro de las fuerzas de policía. En esas circunstancias, el Comité opina que la investigación realizada por las autoridades del Estado Parte no satisface las condiciones del artículo 12 de la Convención.
 9.5. En cuanto a la presunta violación del artículo 13 de la Convención, el Comité considera que la ausencia de una investigación en el sentido descrito en el párrafo precedente constituye además una violación del artículo 13 de la Convención. Además, el Comité opina que el hecho de que el Estado Parte no informase a los autores de la queja sobre los resultados de la investigación, entre otras cosas, no comunicándoles la decisión de cerrar dicha investigación, impidió de hecho a los autores iniciar una acción penal privada. En estas circunstancias, el Comité estima que ello constituye también una violación del artículo 13 de la Convención.
 9.6. Acerca de la presunta violación del artículo 14 de la Convención, el Comité observa que sus disposiciones solamente son aplicables a la tortura en el sentido del artículo 1 de la Convención y no abarcan otras formas de malos tratos. Además, el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención, aunque remite concretamente a los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Convención, no menciona el artículo 14. Sin embargo, el artículo 14 no exime al Estado Parte de su obligación de conceder a la víctima de un acto contrario al artículo 16 de la Convención una reparación y una indemnización justa y adecuada. Las obligaciones positivas que dimanan de la primera oración del artículo 16 de la Convención incluyen la de garantizar una reparación y una indemnización a las víctimas de un acto contrario a dicha disposición. Por lo tanto, el Comité opina que el Estado Parte no ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 16 de la Convención al no haber permitido que los autores de la queja obtuvieran una reparación y al no haberles concedido una indemnización justa y adecuada.
 10. El Comité, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención, estima que los hechos que se le han sometido revelan una violación del párrafo 1 del artículo 16 y de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
 11. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 111 de su reglamento, el Comité insta al Estado Parte a efectuar una investigación adecuada de los hechos que se produjeron el 15 de abril de 1995, a procesar y condenar a las personas responsables de esos actos y a conceder la oportuna reparación a los autores de la queja, incluida una indemnización justa y adecuada, y a informarle, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de transmisión de la presente decisión, sobre toda medida que haya adoptado en respuesta a las observaciones formuladas supra.
 (Caso No 161/1999) - Hajrizi Dzemajl y otros c. Yugoslavia
 Opinión individual de los Sres. Fernando Mariño y Alejandro González Poblete
 en virtud del artículo 113 del Reglamento del Comité
 Formulamos esta opinión para resaltar que, a nuestro juicio, los hechos ilícitos de que es responsable el Estado yugoslavo constituyen "tortura" en el sentido del artículo 1 (1) de la Convención y no solamente "tratos crueles, inhumanos o degradantes" de acuerdo con su artículo 16. La falta de reacción de los funcionarios públicos estatales frente a las conductas de desalojos violentos, desplazamiento forzado y destrucción de viviendas y bienes, llevadas a cabo por particulares, constituye una aquiescencia ilícita que viola, a nuestro juicio, el artículo 1 (1) en relación, en especial, con el artículo 2 (1) de la Convención.
 Creemos que, en efecto, los sufrimientos causados a las víctimas han alcanzado la gravedad de las "torturas", y ello porque:
 a) Los habitantes del asentamiento de Bozova Glavica se vieron forzados a abandonar urgentemente su lugar de habitación ante el riesgo de graves daños personales y materiales.
 b) Su asentamiento y sus viviendas fueron destruidos completamente. Igualmente fueron destruidos bienes de primera necesidad.
 c) El desplazamiento forzado así originado no sólo les ha impedido retornar a su lugar de asentamiento original, sino que muchos miembros del grupo desplazado se han visto obligados a mal vivir sin encontrar trabajo y vivienda fijos.
 d) Los nacionales yugoslavos, así desplazados y lesionados, aún no han recibido reparación alguna, tras siete años desde los acontecimientos, a pesar de haber acudido a las autoridades internas.
 e) Todos los habitantes violentamente desplazados pertenecen a la etnia romaní cuya vulnerabilidad es particularmente notoria en muchos lugares de Europa. Ello exige a los Estados un reforzamiento de su protección.
 Todo lo anterior configura un supuesto de "grave sufrimiento", ciertamente "psíquico", pero también inevitablemente de carácter "físico" a pesar de no haber sufrido las víctimas agresiones físicas directas.
 Por todo ello, consideramos que la calificación de los hechos debería haber sido la de "tortura".
 Firmado [Sr. Fernando Mariño]
 Firmado [Sr. Alejando González Poblete]
 1. Véase Assenov c. Bulgaria, fallo de 28 de octubre de 1998, párrs. 102, 117; Aksoy c. Turquía, fallo de 18 de diciembre de 1996; Aydin c. Turquía, fallo de 29 de septiembre de 1997; X. e Y. c. los Países Bajos, 8 EHRR 235 (1985), párrs. 21 a 30.
 2. Véase Encarnación Blanco Abad c. España, 14 de mayo de 1998, CAT/C/20/D/59/1996, párr. 8.2; Henri Unai Parot c. España, 2 de mayo de 1995, CAT/C/14/D/6/1990.
 3. Informe de 5 de noviembre de 1969, Yearbook XII; The Greek case (1969), pág. 461.
 4. Mentes y otros c. Turquía, 58/1996/677/867 y Selcuk y Asker c. Turquía, 12/1997/796/998 y 999.
 5. Velásquez Rodríguez c. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, pág. 172.
 6. Osman c. el Reino Unido, párrs. 115 y 116.
 7. Z. c. el Reino Unido, párr. 98.