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 Sentencia STC2183-2015 de marzo 2 de 2015
 SENTENCIA STC2183-2015 DE 02 DE MARZO DE 2015
 CONTENIDO:EFECTOS PATRIMONIALES DE LA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD. SE RECUERDA QUE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD ES IMPRESCRIPTIBLE Y, POR ENDE, PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, PUESTO QUE EL ESTADO CIVIL ES UN DERECHO INDISPONIBLE, SOBRE EL MISMO NO SE PUEDE TRANSIGIR Y SE PUEDE EJERCER INCLUSO DESPUÉS DE LA MUERTE DEL PRESUNTO PADRE. ASÍ MISMO, SE SEÑALA QUE TRATÁNDOSE DE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO CIVIL, ESTA TIENE UNA LIMITACIÓN LEGAL, CONSISTENTE EN QUE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA PATERNIDAD “NO PRODUCIRÁ EFECTOS PATRIMONIALES SINO A FAVOR O EN CONTRA DE QUIENES HAYAN SIDO PARTE EN EL JUICIO, Y ÚNICAMENTE CUANDO LA DEMANDA SE NOTIFIQUE DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES A LA DEFUNCIÓN”, DEL PRESUNTO PADRE. ESTO EN LOS TÉRMINOS DEL INCISO 4o, ARTÍCULO 10 DE LA LEY 75 DE 1968, POR CUANTO SE QUIERE EVITAR QUE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS HEREDEROS RECONOCIDOS QUEDEN PERPETUAMENTE SOMETIDOS AL CAPRICHO DE QUIENES PUDIESEN DEMANDAR LA FILIACIÓN.
 TEMAS ESPECÍFICOS:FILIACIÓN, IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD, HEREDERO, PATERNIDAD, DECLARACIÓN DE PATERNIDAD, EFECTOS PATRIMONIALES DE LA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD
 Sentencia STC2183-2015 de marzo 2 de 2015
 STC2183-2015
 (Aprobado en sesión de dos de marzo de dos mil quince)
 1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’”, y bajo los presupuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).
 El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado Social de Derecho” y la ordenación contemplada en el artículo 4o de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
 2. Observada la censura planteada, resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obró con desprecio de la legalidad, enfila su inconformismo contra la sentencia de segundo grado dictada dentro del sub lite, por supuestamente incurrir en causal específica de procedibilidad por defecto sustancial.
 3. De acuerdo a las acreditaciones arrimadas, se vislumbran las siguientes actuaciones que atañen con el asunto que ahora concita la atención de la Sala:
 3.1. Libelo genitor del asunto en análisis (fls. 17 a 28, cdno. 1 exp. allegado en préstamo).
 3.2. Resolución admisoria de 20 de septiembre de 2010 (fl. 29, ídem).
 3.3. Proveído de 12 de junio de 2013, que decretó la exhumación de los restos del causante Emiro Rodríguez Benavides (fls. 183 y 184, ídem).
 3.4. Determinación de 7 de marzo de 2014, a través de la cual se corrió traslado a las partes para alegatos de conclusión (fl. 228, ídem).
 3.5. Fallo de 6 de mayo de 2014, proferido por el juzgado a quo, por virtud de la cual declaró, entre otras cosas, que el actor “es hijo extramatrimonial del causante Jorge Emiro Rodríguez Benavides”, así como, en su numeral cuarto de la parte resolutiva, que al prosperar “la excepción previa de prescripción [...] no tiene derecho a recoger su cuota parte pretendida en la sucesión correspondiente” (fls. 242 a 253, ídem).
 3.6. Decisión parcialmente reformatoria de la reseñada en el numeral anterior, dictada por el tribunal enjuiciado el 11 de noviembre ulterior, señalando que “la filiación extramatrimonial [...] no produce efectos patrimoniales [...] por haber operado el fenómeno de la caducidad previsto en el inciso 4o del artículo 10 de la Ley 75 de 1968” (fls. 11 a 19, cdno. 6 exp. prestado).
 4. Examinada la providencia cuestionada, cabe destacar que la sala enjuiciada, al proferir la sentencia de segundo grado ut supra, contrario sensu a lo manifestado, no incurrió en anomalía tal que imponga la perentoria salvaguardia deprecada.
 4.1. Lo anterior, en vista que sobre el particular sostuvo, luego de citar jurisprudencia extensamente, entre otras reflexiones, que “[s]i bien en un principio la polémica litigiosa giró en torno a la paternidad de Jorge Emiro Rodríguez Benavides respecto del actor [...], es claro que dicho aspecto, dada la contundencia del resultado que arrojó la prueba científica de ADN con marcadores genéticos, no deviene ya en materia de controversia, centrándose el reparo formulado al fallo de instancia en la negación de los efectos patrimoniales”.
 Por ende, refirió que “[e]n ese intento, se arguye en la censura que el término de caducidad previsto en el artículo 10 de la [L]ey 75 de 1968 no se consumó, pues si bien es cierto que entre la fecha de fallecimiento del padre del demandante (mayo 28/2005) y la presentación de la demanda (sep. 10/2010), transcurrieron más de dos años, dicho término no se podía contabilizar al [peticionario] mientras estuvo en la minoría de edad, sino sólo a partir de la fecha cuando adquirió la plena capacidad de ejercicio, caso en el cual no estaría caduca la acción dado que el actor nació el 5 de enero de 1992, razón por la cual, se dice, debieron despacharse favorablemente las pretensiones patrimoniales de la demanda, pues para él el término de caducidad sólo empezó a correr el 5 de enero de 2010”.
 Al efecto, relevó que “el término previsto en el último inciso del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 es de caducidad y no de prescripción, [razón por la cual] no se puede dar aplicación a la preceptiva del artículo 2530 del Código Civil, lo que significa que al no existir excepción sobre el punto de la aplicabilidad de los efectos de la caducidad, tampoco existe asidero legal para no deducirla en el presente caso, que sería el mismo de muchos incapaces cuyos representantes legales no promueven, en tiempo, las acciones a favor de ellos”.
 Y es que, siguió manifestando, “es claro que si [...] Jorge Emiro Rodríguez Benavides declarado padre del demandante [...] falleció el 28 de mayo de 2005 y si la demanda que dio origen a este proceso se presentó el 10 de septiembre de 2010, la sentencia de filiación que en este proceso se produjo no podía producir efectos patrimoniales según el inciso 4o del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 que es la norma sustancial” que regula el tópico en cuestión.
 Finalmente, denotó que “la excepción de caducidad que se declarará procede a[u]n de oficio en estos asuntos, motivo por el cual se reformará en lo pertinente el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo apelado”.
 4.2. Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adoptó la providencia objeto de censura.
 4.3. Bajo esa perspectiva, emerge diáfana la inviabilidad de la protección extraordinaria exigida, en la medida en que, itérase, no están demostradas las abiertas y evidentes circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del éxito a la pretensión tutelar, en tanto que, de la transcripción antes vista, independientemente que la Corte la prohíje por cuanto este no es el escenario idóneo para lo propio, surge que las pruebas obrantes en el plenario fueron puntual y armónicamente observadas y apreciadas, según la sana crítica, conforme así lo imponen las reglas probatorias, amén que la exposición de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en tópicos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado.
 Esto es, que relativamente al reconocimiento de los efectos patrimoniales que dimanan de la declaración filial, los mismos se generan siempre que la demanda correspondiente se noticie dentro de los dos años subsiguientes a la defunción del progenitor, lapso este que es regulado por el fenómeno de la caducidad, mas no por el de la prescripción, entendido que comporta el inescindible predicamento de la no aplicación a tales asuntos, por sustracción de materia, de la suspensión de la figura extintiva en comento preceptuada en el artículo 2530 del Código Civil, hermenéutica respetable que se basó, cardinalmente, en los artículos 174, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil y en el precepto 10 de la Ley 75 de 1968, la que desde luego no puede ser alterada por esta vía, todo lo cual no merece reproche desde la óptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervención del juez de amparo.
 Por demás, cabe relevar que el tutelista no es sujeto de especial de protección constitucional a la luz del artículo 44 Superior, en tanto que no era menor de edad al momento de presentar la demanda que originó el litigio sub lite (según el registro civil que allí aportó su nacimiento fue el día 5 de enero de 1992 y el libelo genitor lo radicó el 10 de septiembre de 2010, esto es, a esa data contaba con 18 años, 8 meses y 5 días), y mucho menos al entablar la presente acción de amparo, lo cual, con mayor razón, depara que no se pueda pasar por alto a través de este escepcionalísimo escenario lo prescrito al efecto en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 que, se insiste, regula un tópico concerniente con la figura de la caducidad, entidad jurídica que no se puede alterar en manera alguna.
 También es de ver que el deber de plantear con tempestividad la acción de que aquí se trata, no tiene excepción cuando la misma se tiene que formular por un «menor de edad», dado que para ello está contemplada la posibilidad de hacerlo a través de representación legal, lo que precisamente no ocurrió en este evento.
 4.3.1. Acerca del tópico de la “caducidad” de los “efectos patrimoniales” de que se viene tratando, esta Sala ha señalado que:
 En nuestro sistema jurídico toda persona tiene derecho a conocer su verdadero origen biológico en cualquier tiempo, por lo que las leyes sustanciales consagran la potestad del hijo de impugnar la paternidad o maternidad en todo momento (C.C., art. 217), así como la imprescriptibilidad de la acción de reclamación del estado civil del verdadero padre o madre, o del verdadero hijo (art. 406 ejusdem). De igual modo, la ley preceptúa que el estado civil es un derecho indisponible (D.L. 1260/70, art. 1o) y que sobre el mismo no se puede transigir (C.C., art. 2473).
 Este derecho se puede ejercer, incluso, después de la muerte del presunto padre, en cuyo caso quien alegue ser su hijo tiene la facultad de interponer la respectiva acción judicial, no sólo para que se declare el vínculo biológico sino, además, para que se le reconozcan sus derechos sucesorales. Este último evento, que se concreta a las consecuencias económicas de la declaración de estado civil, tiene una limitación legal, consistente en que la sentencia que declara la paternidad “no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción” (L. 75/68, art. 10, inc. 4o).
 Dicha restricción significa una garantía en favor de los sucesores reconocidos y demás asignatarios para que sus derechos patrimoniales no queden indefinidamente a merced de acciones de filiación sorpresivas promovidas por personas inescrupulosas que se aprovechan de las delebles consecuencias que el transcurso del tiempo deja sobre los medios de prueba. Ese fue, indudablemente, el objetivo del legislador al consagrar el mencionado término de caducidad, influido por la necesidad de “evitar frecuentes abusos que comprometen el ejercicio recto del derecho”, tal como quedó consignado en las actas del Senado de la República que recopilaron las discusiones previas a la aprobación de la Ley 75 de 1968 (Sent. 393, oct. 2/92).
 Fueron, entonces, razones pragmáticas las que movieron al legislador a introducir la caducidad de los efectos patrimoniales derivados de la declaración del estado civil, para evitar que los derechos económicos de los herederos reconocidos quedaran perpetuamente sometidos al capricho de quienes pudiesen demandar la filiación (CSJ SC, mayo 9/2014, rad. 1990- 00659-01).
 4.3.2. Oportuno es relievar, además, que el inciso 4o del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 fue objeto de pronunciamiento en demanda de inconstitucionalidad, acaeciendo que la Corte Constitucional, en Sentencia C-009 de 17 de enero de 2001, advirtió que sobre ese precepto obra “cosa juzgada constitucional”, por lo que ordenó “est[ar]se a lo resuelto en Sentencia 122 de Octubre 3 de 1991 por la cual, la Sala Plena de la honorable Corte Suprema de Justicia declaró exequible el inciso 4o del artículo 7o de la Ley 45 de 1936, como fue modificado por el artículo 10 de la Ley 75 de 1968”.
 Esta Corporación, en la providencia que viene de referirse, adujo sobre el particular, entre otras cosas, que:
 Conviene en primer término fijar el alcance del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, cuya última parte se cuestiona desde el punto de vista de su constitucionalidad. De especial importancia la primera parte, tanto social como jurídicamente, se limita a legalizar la posibilidad de que la acción de investigación de la paternidad natural se pueda adelantar, fallecido el presunto padre, contra los herederos y su cónyuge, lo cual ya había sido reconocido de larga data por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte. El segundo inciso, este sí totalmente nuevo consagra la posibilidad igualmente avanzada de que muerto el hijo, la acción mencionada pueda ser intentada por sus descendientes legítimos y por sus ascendientes.
 Ahora bien la parte impugnada por el libelista determina que la sentencia declarativa de la paternidad en los casos anteriores solamente producirá efectos patrimoniales “cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”. Se establece por lo tanto en ese caso, según la jurisprudencia dominante, una causal de caducidad de los efectos patrimoniales de la acción mentada de investigación de la paternidad natural, y que la Corte, conteste con el funcionario que lleva la voz de la sociedad en el presente caso, considera ajustada a la Constitución[.]
 [...] Resulta indispensable subrayar el hecho de que la caducidad solamente abarca los aspectos patrimoniales de la acción, lo que significa que los aspectos extrapatrimoniales atinentes al estado civil, en atención entre otras cosas a su interés social, solamente caducan y prescriben en los casos taxativamente señalados por la ley.
 Se establece por lo tanto la caducidad únicamente para aquellos aspectos de naturaleza eminentemente privada o de interés individual, en circunstancias tales en que, la persona tiene la opción durante un tiempo ciertamente largo, de ejercitar o no, la acción de investigación de la paternidad natural. El individuo tiene por lo tanto todo el derecho a abandonar la acción, sin que luego pueda alegar en su favor dicho abandono.
 [...] Examinada la disposición acusada a la luz de las nuevas normas de la Carta de 1991, esta Corporación encuentra que ella está conforme a sus prescripciones, y por tanto se declarará su exequibilidad.
 4.4. Así las cosas, la decisión a que se viene aludiendo no luce arbitraria por cuanto está sustentada en argumentos plausibles y jurisprudencia sobre la materia emitida por esta Corporación, razón por la que no se torna imperiosa la protección reclamada, tanto más cuando no se advirtió configurada la causal de procedibilidad por defecto material enrostrada, ni ninguna otra.
 5. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgará la protección reclamada.
 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.
 Con el respeto que profeso por la decisión mayoritaria, consigno a continuación las razones por las cuales la tutela promovida por Walter Yesid Rodríguez Montaño contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, ha debido concederse.
 1. El problema constitucional. Se trata de establecer si la sentencia que reconoció al accionante como hijo de Jorge Emiro Rodríguez Benavidez, fallecido el 28 de mayo de 2005, lo privó de recoger la herencia, en virtud de lo previsto en el inciso final del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, según el cual la sentencia “(...) no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.
 Particularmente, si era pertinente aplazar los términos de caducidad, entretanto el pretendido hijo fuera menor de edad, al haberlo alegado expresamente al interior del juicio, pues precisamente la demanda de filiación la presentó a los ocho meses y cinco días, contados desde el 5 de enero de 2010, cuando adquirió la mayoridad.
 2. La sentencia de tutela. Para negar el amparo solicitado, la Sala aduce (i) la ausencia de error calificado, dado que si el artículo 2530 del Código Civil, excluye de su gobierno la caducidad, toda vez que regula únicamente la suspensión de la prescripción, por sustracción de materia era inaplicable; (ii) la falta de protección especial del interesado, en tanto no era menor de edad cuando presentó la demanda genitora del litigio; y (iii) la extemporaneidad de la acción constitucional, frente a la ausencia de excepción para formularla tratándose de menores de edad, dado que deben hacerlo a través de representante, y no lo hizo.
 3. La incongruencia de lo decidido. Si nadie discute que el proceso de investigación de la paternidad fue presentado cuando el demandante había adquirido la mayor edad, en todo caso, no más allá de dos años, salta de bulto, los argumentos (ii) y (iii) no guardan ninguna relación de causa a efecto, respecto de lo controvertido.
 En adición, con independencia del desenfoque, en el campo constitucional, la consideración (iii) aparece recortada, por cuanto, en los términos del artículo 44 de la Constitución Política, no sólo los representantes de los menores pueden reclamar la protección de sus derechos fundamentales, sino también “(...) [c]ualquier persona (...) puede hacerlo por ellos.
 Con todo, si el proceso de familia y la acción de tutela, no se promovieron cuando el ahora accionante conservaba la minoridad, como así, en términos generales, se reconoce en el fallo de tutela, significa, necesariamente, que nadie, incluido el representante legal, abogó en su oportunidad por la defensa de sus prerrogativas legales o constitucionales. En ese sentido, debió indagarse si la pasividad de los terceros, desde luego, al margen de la responsabilidad que pueda imputarse, era oponible a los incapaces relativos, inclusive cuando les acarrean sanciones, como la caducidad o prescripción, o consecuencias adversas, por ejemplo, entorpecer el libre acceso a la administración de justicia.
 3. La violación del derecho fundamental a un debido proceso. En el entendido que la admisión de la demanda de filiación fue idónea para impedir la preclusión de la acción patrimonial derivada de la prosperidad de aquélla, en cuanto la parte demandada fue * vinculada al proceso dentro del año siguiente (CPC, art. 90), la consideración (i), ut supra deslindada, no resiste el menor análisis constitucional.
 3.1. Es cuestión pacífica, si a la muerte del presunto padre, el pretendido hijo era menor de edad, resulta claro, amén de la inoponibilidad dicha, el trato preferente y prevalente dispensado por el artículo 44 de la Constitución Política, inclusive en aspectos económicos, respecto del “(...) ejercicio pleno de sus derechos (..J', entroncado con los u(...) derechos de los demás”, quedó neutralizado.
 Al fin de cuentas, al reconocerse la caducidad, consumada, al decir del Tribunal, a los dos años de la muerte del presunto padre, los derechos en juego fueron sopesados o ponderados en contra del para entonces menor. Y esto, precisamente, no es lo que estrictamente protege la Constitución Política.
 3.2. En segundo lugar, según la autoridad judicial denunciada, la “(...) tan interesante tesis (...f del demandante de habilitar las consecuencias inherentes derivadas de la declaración de paternidad, a partir de la mayoridad, no tenía cabida, porque el artículo 2530 del Código Civil, contemplaba la suspensión de los términos de la prescripción adquisitiva *(...) en favor de (...) los menores (...f, entre otros casos, y no de la caducidad.
 Si bien la anterior norma es aplicable por remisión expresa del artículo 2541 del Código Civil, tratándose de la prescripción extintiva, la anomia legal sobre la suspensión de términos en materia de caducidad, no era razón constitucionalmente válida para proferir una especie de non liquet. En ese caso, correspondía, por imperativo positivo (C.P., arts. 29 y 228, L. 153/887, arts. 8o y 48), darse la respuesta mediante el mecanismo de la integración del derecho.
 3.3. Es cierto, en sentencias 66 de 7 de junio de 1983 y 122 de 3 de octubre de 1991, ambas de la Sala Plena de esta Corporación, se declaró ajustado a la Constitución Nacional de 1886 y a la Constitución Política de 1991, inciso final del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, y por esa misma senda la actual Corte Constitucional ha iterado esa inferencia constitucional (sents. C-336, mayo 25/99 y C-009, ene. 17/2001).
 No obstante, el Tribunal, al aplicar fríamente la disposición, lo hizo al margen de la ratio decidendi contenida en tales providencias. En efecto, en la sentencia cuestionada, ningún análisis expreso aparece sobre el particular, aunque sí implícitamente, al articular la exequibilidad con respecto a los menores de edad y a los “(...) muchos incapaces cuyos representantes legales no promueven en tiempo, las acciones a favor de ellos”.
 La constitucionalidad de la norma, por su puesto, debe entenderse referida a la generalidad de las cosas, a estados normales, y no a los eventos excepcionales, como los narrados. De hecho, en la sentencia de 7 de junio de 1983, lo cual se reiteró en la de 3 de octubre de 1991, se aceptó que u{...) él tiempo de caducidad se suspende (...f, cuando los hechos que coadyuvan la consumación de tal fenómeno no son u(...) imputables [...f al interesado. Cual se señaló, por ejemplo, cuando “(...) la notificación no se realiza por causas no imputables a quien ha ejercido la acción de investigación de la paternidad, sino imputables a los funcionarios o ala pare demandada (...).
 De otra parte, la sentencia debió diferenciar entre quienes conocían o estaban enterados del verdadero estado civil del demandante, respecto de quienes lo ignoraban.
 4. El amparo solicitado resultaba próspero, ante la falta absoluta de motivación. En primer lugar, en cuanto a la anomia legal indicada; en segundo término, sobre si la desidia de quienes representaban al menor, esto es, para cuando falleció el presunto padre, era oponible al demandante, con todas sus consecuencias, o si, según el resultado obtenido en el estudio acerca de la integración del derecho, tales efectos se empezaban a computar a partir de la mayoridad, en el entendido que en el entretanto “(...) el tiempo de caducidad se suspende (...f; y finalmente, relativo al cómputo del término según se tuviera o no conocimiento del verdadero estado civil.
 5. Decisión. En coherencia, debió dejarse sin efecto la sentencia cuestionada, por inconstitucional, y ordenarse a la Corporación accionada, proceder de conformidad, inclusive dejándola en libertad de pronunciarse, por ser el juez natural, sobre la eficacia y validez jurídica de la norma, cuestión que considero no era dable abordar, como se hace en la otra salvedad de voto, por no aparecer involucrada, ni en el proceso ordinario, ni en la acción de tutela.
 Con todo respeto por los Magistrados que conforman la sala mayoritaria que profirió la sentencia mediante la cual se negó el amparo de tutela invocado por el ciudadano WALTER YESID RODRÍGUEZ MONTAÑO frente a la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL IBAGUÉ, nos permitimos exponer las razones constitucionales y legales que nos hacen separarnos de dicha decisión y salvar el voto en los siguientes términos:
 1. Aunque el actor invoca la protección constitucional de los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, A LA FAMILIA Y LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL como los presuntamente vulnerados con la decisión del Tribunal Superior de fecha 11 de noviembre de 2014, con la cual se confirmó la tomada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo - Tolima, ya tiene dicho la jurisprudencia constitucional que dicha mención no impone límites a los falladores y que cualquier otro derecho que se encuentre vulnerado podrá ser protegido.
 2. Se informó por el actor y así se comprobó en el expediente que se facilitó para el estudio de la tutela presentada, que en las providencias de primera y segunda mencionadas se declaró la filiación del aquí actor con relación al señor Jorge Emiro Rodríguez Benavidez, (fallecido mayo 28/2005) pero se excluyeron los derechos patrimoniales emanados de su nueva calidad de hijo por aplicación del mandato contenido en el inciso 4o del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, teniendo en cuenta que la demanda de filiación extramatrimonial solo la presentó el 10 de septiembre de 2010 y aunque fue notificada dentro de los parámetros del artículo 90 del código de procedimiento civil, es decir dentro del año siguiente a la notificación del auto admisorio al demandante por medio de estado (ago. 31/2011) para que cumpliera los efectos desde la presentación de la demanda, ya habían transcurrido hasta la notificación del auto admisorio más de dos años desde el fallecimiento del presunto padre.
 3. Es cierto que la Ley 75 de 1968, en su artículo 10, que modificó el artículo 7o de la Ley 45 de 1936, establece:
 ART. 10.—El artículo 7o de la Ley 45 de 1936 quedará así:
 Muerto el presunto padre de la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge.
 Pero precisamente la aplicación literal del mencionado artículo es considerada por el actor en tutela como la causa de la vulneración de sus derechos, al desconocerse lo ordenado en los artículos 1o y 1050 del Código Civil, en cuanto hace una deferencia de los derechos del hijo extramatrimonial con el habido en matrimonio, que son contrarios a la ley y a la constitución vigente, y alega en favor de sus pretensiones que el término de dos años ha debido computarse únicamente a partir de su mayoría de edad, es decir, que no ha debido correr dicho término mientras tuvo la calidad de menor.
 4. Es evidente que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué hizo una aplicación de la norma vigente y además tuvo en cuenta, como lo afirma la providencia de tutela, la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, y en tal sentido no puede hacerse un juicio de reproche con alcances más allá de los dirigidos a mejorar la situación de los derechos fundamentales que entran a desconocerse por la misma aplicación de la ley, razón por la que la jurisprudencia constitucional dejó de usar la expresión “vía de hecho” como un juicio de reproche directo al fallador para entrar a considerar en un sentido más afirmativo, la de “supuestos de procedibilidad de la tutela” señalando que en estos casos, si bien no se está ante una burda trasgresión de la carta, si son decisiones que se tornan ilegítimas porque afectan derechos fundamentales, atendidas las circunstancias y los sujetos de que se trate.
 5. En la Sentencia C-590 de 2005, se advirtió expresamente que la acción de tutela contra fallos judiciales sólo procede cuando se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos, distinguió unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela y, otros de carácter específico, que tocaban la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto. Entre los requisitos generales, la sentencia acopió y definió los siguientes:
 “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional[4]. (...)’.
 b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].
 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
 e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8].
 f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
 Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
 Así mismo señaló varias causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, exigiendo que se presente al menos una de ellas:
 “d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
 “h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
 6. Precisado pues cuándo procede la acción de tutela contra providencias judiciales, pasamos a sustentar por qué debió concederse el amparo para este caso especial por encontrarse cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y también por existir frente a la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué, sala civil familia, una violación o choque de la decisión tomada con lo prescrito en la constitución misma, es decir, que se da la causal anunciada en el literal i) anteriormente señalado, como pasará a exponerse.
 Al respecto es evidente que la sentencia vulnera directamente el artículo 13 de la Constitución, aún siendo dicha decisión una aplicación directa de la ley, generando para el caso una inconstitucionalidad sobreviviente, pues si bien la igualdad de todas las personas ante la ley es un principio de la democracia, dicho principio no alcanza a ser de aplicación directa sino a partir de la constitución de 1991 cuando se configura el estado social de derecho como paradigma de la protección de los derechos individuales de los ciudadanos, cuando antes solo era un deseo formal del constituyente sin aplicación directa. Por eso en este nuevo concepto constitucional la aplicación de una norma legal que vaya en contravía de la constitución puede ser causa directa de la vulneración de derechos fundamentales.
 Y si en la mencionada norma se hace una diferencia de derechos entre hijos matrimoniales y otros que son nacidos fuera de la unión formal, es claro que dicha norma no podría aplicarse por su expresa inconstitucionalidad, en la medida que viola un principio fundamental de la democracia y un derecho instituido en forma directa en la norma.
 Y de manera concreta en el artículo 42 se impone la igualdad de todos los hijos, matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, procreados naturalmente o con ayuda científica, lo que cercena a la misma ley la posibilidad de establecer diferencias en el ejercicio de sus derechos. De esa forma, si se establece en la ley una diferencia en la forma de adquirir ciertos derechos cuya razón de ser parte de su origen, dicha norma es inconstitucional.
 Pero además, en el artículo 44 se fijan de manera preferente los derechos de los niños, señalando una lista de los que se consideran primordiales para su desarrollo, lista que no es excluyente de otros que puedan servir como base para su desarrollo y asimilación como sujetos de la democracia, informando además que ellos prevalecen sobre los derechos de todos los demás sujetos de derecho.
 7. Es evidente que de acuerdo a lo expuesto en la tutela, el actor ya no es menor de edad, pero la protección se invoca para la época en que si tenía esa calidad, es decir, cuando se produjo la muerte de su supuesto padre biológico y por falta de representación o un déficit en la misma no pudo presentar la demanda de filiación dando lugar a que transcurriera el término establecido en el inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, que aplicado literalmente causó el agravio en los derechos sucesorales del actor condenándolo a su pérdida.
 Pero no es que la protección sea para una persona mayor como lo pregona la providencia de la sala, no. Se trata de una persona especialmente protegida como menor de edad que no pudo actuar a su debido tiempo y por eso vio vulnerados sus derechos pero como menor de edad, así ahora detente la calidad de mayor y precisamente por eso actúa en su propio nombre.
 8. Y no puede afirmarse como se dijo en la providencia, que el actor en tutela no puede ser protegido como menor de edad, precisamente porque en este momento ya ha alcanzado su mayoría, pues bien claro se dijo en la petición de amparo que el menor hijo presunto no pudo adelantar el proceso dentro del término de la Ley 75 de 1968 (2 años) precisamente por falta de representación adecuada y solo cuando alcanzó su capacidad legal, él mismo adelantó el proceso de filiación.
 Durante el tiempo anterior sufrió un déficit de representación que lo hacen objeto de protección especial como sujeto especialmente protegido, sin que sea viable aplicarle contradictoriamente una lógica perversa: “Antes no pudo comparecer porque no era legalmente capaz y no tuvo quién lo representara para el proceso, lo cual se evidencia de la omisión misma, y ahora que comparece no se le protege porque ya es legalmente capaz y solo los menores merecen esa especialidad”.
 Si durante varios años contados a partir de la muerte de su padre y hasta que obtuvo la mayoría de edad, careció de representación, al menos para efectos de la demanda de filiación que es lo que en este caso interesa, solamente a partir de los dieciocho años podía correr el término bienal de la norma, si es que se tiene en cuenta solo la calidad de menor, aunque bien podría justificarse su inaplicación general en aras de la igualdad.
 9. Además, es claro que no se está reclamando la suspensión de la prescripción del artículo 2530 del Código Civil, pues ésta se aplica a procesos de adquisición de dominio por pertenencia en la que se alega prescripción ordinaria, y considero que de acuerdo con lo planteado por la norma, en el inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, no existe ni prescripción ni caducidad.
 Lo anterior, a pesar de que la Corte ha venido diciendo reiteradamente que se trata de una caducidad y que además se ha aplicado al caso el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no rechazamos, pues por analogía bien puede hacerse, pero consideramos que no se trata de una prescripción porque no hay ningún derecho cierto y sustancial que se pierda por el fenómeno prescriptivo, ni existe acción para reclamar esos derechos patrimoniales que llegue a perderse por el no uso procesal de la misma, por lo cual no es tampoco una caducidad. Lo que existe es la negación de unos efectos patrimoniales a la sentencia cuando no se cumplen unos requisitos, pero no es la degradación del derecho ni de la acción.
 10. Lo que sí es claro es que el actor solicitó su filiación y acumuló a esta pretensión de acción de petición de herencia, la cual para hijos nacidos dentro del matrimonio tiene una caducidad de diez años contados desde la ocupación de la herencia, actualizándola con la Ley 791 de 2002 (que la norma denomina prescripción) por lo cual no es posible desde el punto de vista constitucional, ni para menores ni para ningún otro hijo extramatrimonial, que la mencionada ley reduzca el plazo para la misma a dos años contados a partir de la muerte del padre.
 11. Finalmente, como se aduce para la valoración de la constitucionalidad de la norma atacada, que ya existe el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, es necesario señalar que a pesar de existir unas sentencias que ya la han estudiado y que la han declarado exequible, como es el caso de la sentencia 66 del 7 de junio de 1983 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la número 122 del 3 de octubre de 1991 de la misma corporación, en esas providencias no se abordó la constitucionalidad para el caso de sujetos especialmente protegidos como ocurre en el presente asunto, que se refiere al derecho de un menor que no fue representado debidamente durante el tiempo en que permaneció en ese estado, sino que se trató de un estudio general de la norma, sin ahondar en el tema de la igualdad y de los sujetos especialmente protegidos.
 Pero además, aunque también se dijo que la Corte Constitucional se inhibió de volver sobre el tema de la inexequibilidad de la norma aduciendo los anteriores estudios de la Corte Suprema como Tribunal de Casación (Sent. C-009/2001) para considerar la existencia de “COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL, es necesario advertir que dicho fenómeno no tiene el carácter de absoluto y que la misma Corte Constitucional ha acogido la teoría de la cosa juzgada relativa para reestudiar temas que ya habían sido juzgados con fundamento en que la nueva revisión obedece a causas distintas. Es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo que condujo a volver sobre el tema en la Sentencia C-075 de 2007 cuando ya el tema había sido definido en la Sentencia C-098 de 1996.
 12. En consecuencia, consideramos que era procedente la inaplicación de la norma aducida en la sentencia del Tribunal de Ibagué para negar efectos patrimoniales a la filiación del actor WALTER YESID RODRÍGUEZ MONTAÑO, dentro del proceso surtido ante la jurisdicción ordinaria, pero además, que era necesario inaplicarla ahora en sede de tutela para proteger sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a su condición de sujeto especialmente protegido durante el tiempo en que corrieron los años en que según la ley ha debido presentarse y notificarse la demanda contra los herederos de su presunto padre, ahora ya ciertamente su padre, porque existió un déficit de representación y porque la norma es abiertamente violatoria de la constitución, en su espíritu, pero también en sus artículos 5o, 13, 42, 44, y en su preámbulo, ahora frente a quien tenía la calidad de menor de edad.
 13. No obstante que en este caso la referencia se hace a quien tuvo la condición de menor de edad para no salirse del caso concreto, los argumentos pueden ser válidos para la generalidad de los casos en que se aplique la pérdida de derecho por la misma causa a los hijos extramatrimoniales, sean o no menores.
 En ese sentido, reiterando que respetamos la decisión mayoritaria, dejamos expuestos los planteamientos del salvamento de voto, haciendo énfasis en que consideramos que ha debido concederse el amparo invocado.


type: contracts

jurisdiction: EU

text:
 19.3.2009
 CS
 Úřední věstník Evropské unie
 L 73/38
 ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP
 č. 5/2009
 ze dne 5. února 2009,
 kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
 SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,
 s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,
 vzhledem k těmto důvodům:
 (1)
 Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 98/2008 ze dne 26. září 2008 (1).
 (2)
 Do Dohody by měla být začleněna směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (2).
 (3)
 Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko,
 ROZHODL TAKTO:
 Článek 1
 V bodu 54zzb (směrnice Komise 2002/72/ES) kapitoly XII přílohy II Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:
 „—
 32008 L 0039: směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008 (Úř. věst. L 63, 7.3.2008, s. 6).“
 Článek 2
 Znění směrnice 2008/39/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.
 Článek 3
 Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 6. února 2009 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).
 Článek 4
 Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
 V Bruselu dne 5. února 2009.
 Za Smíšený výbor EHP
 předseda
 Alan SEATTER
 (1) Úř. věst. L 309, 20.11.2008, s. 19.
 (2) Úř. věst. L 63, 7.3.2008, s. 6.
 (3) Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


type: wikipedia

text:
Viktors Belans (; dzimis , Karačajā-Čerkesijā, Krievijā), pazīstams ar pseidonīmu Dima Bilans () ir krievu popmūziķis. Viņš ir divreiz pārstāvējis Krieviju Eirovīzijas dziesmu konkursā. 2006. gadā ar dziesmu "Never Let You Go" viņš palika otrais, bet 2008. gadā ar dziesmu "Believe" viņš izcīnīja Krievijas pirmo Eirovīzijas uzvaru.
 Biogrāfija
 Kad Dimam bija viens gads, viņa ģimene pārvācās uz Tatarstānu. Kad viņam bija seši gadi, viņi pārvācās uz Kabardu un Balkāriju, kur viņš gāja skolā. Dima karjeru uzsāka, iegūstot ceturto vietu starptautiskajā mūzikas festivālā "Jaunais vilnis" 2002. gadā. 2003. gadā tika izdots pirmais albums ar nosaukumu "Я ночной хулиган" (Es esmu nakts huligāns), kurā bija iekļautas vairāku dziesmu kaverversijas. 2004. gadā viņš realizēja veiksmīgu singlu "На берегу неба" (Debesu krastā), kas bija galvenais hits viņa jaunajā albumā.
 Dima Bilans saņēma divas MTV Russian Music Awards balvas, bet 2007. gada novembra sākumā Minhenē saņēma savu trešo MTV balvu.
 Eirovīzija
 2006. gada marta vidū Dima Bilans tika izvēlēts par Krievijas pārstāvi Eirovīzijā. No 37 dziemām Never Let You Go ieguva 2. vietu, kas tolaik bija labākais Krievijas sasniegums. 2000. gadā tāds pats rezultāts bija Alsu dziesmai "Solo". Kopā dziedātājs ieguva 248 punktus — par 44 mazāk nekā uzvarētājiem Lordi.
 Bilans uzvarēja Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu "Believe". Tā ieguva 272 punktus, par 42 vairāk nekā tuvākajiem sekotājiem ukraiņiem. Tā bija Krievijas pirmā uzvara Eirovīzijā.
 2008. gada jūnijā izdeva albumu krievu valodā.
 2009. gada maijā izdeva albumu angļu valodā. Dziesmas producējis Jim Beanz (Timbaland Production).
 Diskogrāfija
 2003 — Ya nochnoi huligan (Я ночной хулиган)
 2004 — Na beregu neba (На берегу неба)
 2006 — Vremya-reka (Время-река)
 2008 — Protiv Pravil (Против правил)
 Ārējās saites
 Oficiālā mājaslapa ,
 1981. gadā dzimušie
 Krievu dziedātāji
 Krievijas Eirovīzijas dziesmu konkursa dalībnieki
 2008. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa dalībnieki
 Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāji
 2006. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa dalībnieki
 Krievijas Federācijas Nopelniem bagātie skatuves mākslinieki


text:
Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, általánosan elterjedt ragadványnevén Caracalla császár, született (Lucius) Septimius Bassianus (Lugdunum, 188. április 4. – Harran, 217. április 8.) római császár, Septimius Severus és Julia Domna idősebb fia.
 Ragadványnevének eredete
 Eredeti neve Lucius Septimius Bassianus, a Caracalla nevet gúnyból kapta a caracallus nevű, egészen a bokáig érő germán vagy kelta eredetű rövid, testhezálló csuklyás hadi köpenyről, amelyet előszeretettel viselt. A IV. századig a történetírók Caracallusnak, azt követően Carcallának hívták.
 Élete
 Atyja, aki 196-ban caesarrá s két évre rá augustussá nevezte ki, ifjabb testvérével Getával együtt magával vitte a britanniai hadjáratába azon reményben, hogy a háború a két testvér kölcsönös gyűlölködését le fogja lohasztani. Alig halt meg azonban Septimius Severus, 211-ben Eburacumnál s a légiók mind a két testvért kikiáltották császárukká, a küzdelem kettőjük közt élet-halálra kitört. Caracalla, miután az ellenséggel szégyenletes békét kötött, visszatért Rómába s itt öccsét anyja karjai között leszúratta; vele együtt összes hívei (állítólag ) halálukat lelték, köztük a híres jogtudós, Papinianus is, mert vonakodott Caracalla testvérgyilkosságát a szenátus előtt védelmezni. A hadsereget gazdag ajándékokkal engesztelte ki. Általában mindent elkövetett, hogy a katonák bizalmát biztosítsa magának. Egyebekben is hű maradt az atyai hagyományokhoz. Atyjától örökölte a katonai hajlamokat. Eszményképe Nagy Sándor volt, háborúi azonban, amelyek érdeklődésének egyetlen tárgyát képezték, egyszerűen rablóhadjáratok voltak. Rómában rövid időközökben fordult meg, mindannyiszor másokat zsarolt és vagyonukat elkobozta, hogy a hadsereg követeléseit kielégítse. Azon nagy fontosságú intézkedése, hogy 212-ben a birodalom összes szabad születésű lakosának polgárjogot adományozott (Constitutio Antoniniana), szintén csak újabb pénzforrást volt hivatva számára nyitni, amennyiben ezentúl a tartománybeliek az addig viselt terheken felül még a polgárok adóit is tartoztak fizetni (melyeket 5%-ról 10%-ra emelt). Az ő nevéhez fűződik az antoninianus pénz bevezetése Kr.u. 215-ben. Egyébként egész uralkodása alatt egyebet sem tett, minthogy hadserege élén a provinciákat járta. Előbb a Rajna és Duna mentén a germánokkal és alemannokkal harcolt, minden eredmény nélkül. Ezután Kis-Ázsiába ment át, hol Nikomédiában és Antiochiában huzamosabb ideig tartózkodott. 215-ben Egyiptomban járt. Alexandriában a lakosok csipkedései annyira dühbe hozták, hogy iszonyú vérengzést vitetett véghez. 216-ban visszatérve Ázsiába, színlelt házassági ajánlatával benyomult a pártusok birodalmába. IV. Ardaván pártus király lányának kezét kérte meg, ezzel az árulással sikerült átmenetileg győznie és a gyors visszavonulás közben fosztogatnia. E győzelem után a Parthicus nevet is felvette.
 Halála
 216 telére visszavonult és vadászattal, kocsiversenyekkel múlatta az időt. Úgy tervezte, hogy a következő évben újabb támadást indít a párthusok ellen. Erre azonban már nem maradt ideje, ugyanis a főhadiszálláson pihenő császár ellen összeesküvést szőttek. Bár egy parancsnok fülébe jutott a terv, aki figyelmeztetni akarta a császárt, de a levél először Julia Domna kezébe került, így az nem ért időben Edesszába. A cselszövés érdemi szerzőjének Marcus Opellius Macrinust, a praetorianus gárda parancsnokát tartották, aki végrehajtónak egy Iulius Martialis nevű tisztet szemelt ki. Martialisnak minden oka megvolt a bosszúra, mivel állítólag néhány nappal korábban testvérét koholt vádak alapján végeztette ki a császár. Caracalla 217. április 8-án Edessza és Carrhae között Martialis és Macrinus kíséretében lovagolt ki. Útközben a császár leszállt a lováról, hogy szükségét végezze. Csak Martialis maradt mellette, aki a gyorsan adódott lehetőséget kihasználva egyetlen szúrással megölte a császárt. Ezt követően lóra pattant, és elvágtatott, de a testőrök utolérték és megölték. Macrinus ártatlannak tettetve magát jajveszékelt a többiekkel. Az elhamvasztott holttestet elküldték anyjának, és Hadrianus mauzóleumba temették. Néhány évvel később ide temették Julia Domnát is. Pár hónappal később Elagabalus (Heliogabalus) mindkettőjüket istenné nyilváníttatta.
 A termák
 Rómában az általa építtetett és a nevéről ismeretes fürdők (Caracalla termái) romjai a római kor egyik legimpozánsabb emlékét alkotják.
 Jegyzetek
 Források
 A Pallas nagy lexikona
 Chris Scarre - Római császárok krónikája
 Herodian. L. IV. c. 14. Annal. Arsac. p. 52.
 Caracalla
 Aurelius Caracalla
 Aurelius Caracalla
 Meggyilkolt uralkodók
 188-ban született személyek
 217-ben elhunyt személyek


text:
Højesteret Alene grundlag for at straffe for fareforvoldelse
 Højesteret Højesteret Nyheder Øvrige nyheder
 Alene grundlag for at straffe for fareforvoldelse
 Sag 189/2012
 Dom afsagt den 19. december 2012.
 Frifindelse for forsøg på grov vold - men straf for at have forvoldt nærliggende fare for liv eller førlighed
 T var tiltalt for forsøg på grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og fareforvoldelse efter straffelovens § 252, stk. 1, ved at have kørt op på et fortov med 30-50 km/t og kørt frem mod forurettede, der måtte springe til siden for at undgå at blive påkørt.
 Byretten lagde til grund, at forurettede var blevet påkørt, hvis hun ikke var hoppet til siden, og at T måtte have indset, at der var nærliggende risiko for, at T ved sin kørsel kunne ramme forurettede. Byretten anvendte både straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og § 252, stk. 1, og fastsatte straffen til 60 dages betinget fængsel. Byrettens begrundelse og anvendelse af straffebestemmelserne blev stadfæstet af landsretten, der dog gjorde straffen ubetinget.
 Højesteret fandt, at det ikke efter landsrettens dom med den fornødne sikkerhed kunne lægges til grund, at landsretten havde fundet det bevist, at T havde forsæt til at ramme forurettede. T kunne derfor ikke straffes for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og T blev herefter alene dømt for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1. Højesteret fastsatte straffen til 30 dages betinget fængsel med vilkår om 30 timers samfundstjeneste, og Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.
 Højesteret fandt endvidere anledning til at fremkomme med en række generelle bemærkninger om muligheden for at straffe i sammenstød med straffelovens § 252, stk. 1. Højesteret udtalte bl.a., at der i en situation, hvor en bilist kører frem mod en bestemt person med en ikke ubetydelig hastighed, ikke er grundlag for at straffe efter straffelovens § 252, stk. 1, hvis der kan straffes efter § 245, medmindre handlingen efter omstændighederne også har rummet anden fare, f.eks. fare for andre end den eller dem, som blev påkørt eller forsøgt påkørt.


text:
 Avis juridique important
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 21995A0426(07)
 Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Tschechischen Republik zur Änderung des Zusatzprotokolls zum Europa- Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Tschechischen Republik über den Handel mit Textilwaren zur Berücksichtigung des voraussichtlichen Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zur Europäischen Union - Notenwechsel Nichtamtliche Übersetzung
 Amtsblatt Nr. L 094 vom 26/04/1995 S. 0128 - 0150 Amtsblatt Nr. L 094 vom 26/04/1995 S. 0128 - 0150
 AGREEMENT in the form of an exchange of letters between the European Community and the Czech Republic amending the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Czech Republic to take into account the expected accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden to the European Union Letter from the Council of the European Union Sir,1. I have the honour to refer to the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Czech Republic, initialled on 17 September 1993.2. In order to take into account the likely accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden to the European Union on 1 January 1995, the European Community considers that the following amendment should be made to the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Czech Republic:2.1. Annex II of the Additional Protocol, which sets out the quantitative limits for exports from the Czech Republic to the European Union, is replaced by Appendix I to this letter.2.2. Article 14, paragraph 2, subparagraph 2, second indent of Appendix A, Title IV, should be amended as follows:'- two letters identifying the intended Member State of customs clearance as follows:AT = AustriaBL = BeneluxDE = Federal Republic of GermanyDK = DenmarkEL = GreeceES = SpainFI = FinlandFR = FranceGB = United KingdomIE = IrelandIT = ItalyPT = PortugalNO = NorwaySE = Sweden`2.3. The Annex to Appendix A, setting out the model of the certificate of origin, is replaced by Appendix II to this letter.2.4. The Annex to Appendix A, setting out the model of the export licence, is replaced by Appendix III to this letter.2.5. The Annex to Appendix C, setting out the model of the certificate applicable to certain cottage industry and folklore products, is replaced by Appendix IV to this letter.2.6. The Annex to Appendix B of the Additional Protocol, which sets out the quantitative limits for economic outward processing operations, is replaced by Appendix V to this letter.2.7. Should one or more acceding countries not join the European Union, the adjustments calculated for this or these countries shall be deducted from the 'Adjusted limits` set out in the Appendices to this letter and the respective amendments mentioned under point 2.2 shall not enter into force.2.8. Notwithstanding the modifications referred to under points 2.3, 2.4 and 2.5, during a transitional period that will end on 30 June 1995, the competent authorities of the Czech Republic shall be authorized to continue issuing the forms that were in use in 1994.3. I should be obliged if you could kindly confirm the acceptance of your Government of the foregoing. Should this be the case, this Agreement in the form of an exchange of letters shall enter into force on the first day of the month following the day on which the Parties have notified each other that the legal procedures necessary to this end have been completed. In the meantime, it shall be applied provisionally from 1 January 1995 on the conditions to be specified in an exchange of notes (see Appendix VI).Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.For the Council of the European UnionAppendix I ANNEX II COMMUNITY QUANTITATIVE LIMITS FOR THE CZECH REPUBLIC (The full product descriptions of the categories listed in this Annex are to be found in Annex I of the Protocol) >PLATZ FÜR EINE TABELLE>Appendix II >VERWEIS AUF EINEN FILM>Appendix III >VERWEIS AUF EINEN FILM>Appendix IV >VERWEIS AUF EINEN FILM>Appendix V ANNEX TO PROTOCOL B OUTWARD PROCESSING TRAFFIC Quantitative limits for the Czech Republic >PLATZ FÜR EINE TABELLE>Appendix VI Exchange of notes The Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities presents its compliments to the Mission of the Czech Republic to the European Communities and has the honour to refer to the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the Czech Republic and the European Economic Community initialled on 17 September 1993, as amended by the exchange of letters initialled on (date of initialling).The Directorate-General wishes to inform the Mission of the Czech Republic that whilst awaiting the completion of the necessary procedures for the conclusion and coming into force of the amended Additional Protocol, the European Community is prepared to allow the provisions of the Agreement to apply de facto from 1 January 1995. This is on the understanding that either Party may at any time terminate this de facto application of the amended Additional Protocol provided that six months notice is given.The Directorate-General for External Economic Relations would be grateful if the Mission of the Czech Republic would confirm its agreement to the foregoing.The Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities avails itself of this opportunity to renew to the Mission of the Czech Republic to the European Communities the assurance of its highest consideration.The Mission of the Czech Republic to the European Communities presents its compliments to the Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities and has the honour to refer to the note of the Directorate-General of (date of note verbale) regarding the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the Czech Republic and the European Economic Community initialled on 17 September 1993, as amended by the exchange of letters initialled on (date of initialling).The Mission of the Czech Republic wishes to confirm to the Directorate-General that whilst awaiting the completion of the necessary procedures for the conclusion and coming into force of the amended Additional Protocol, the Government of the Czech Republic is prepared to allow the provisions of the Agreement to apply de facto from 1 January 1995. This is on the understanding that either Party may at any time terminate this de facto application of the amended Additional Protocol provided that six months notice is given.The Mission of the Czech Republic to the European Communities avails itself of this opportunity to renew to the Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities the assurance of its highest consideration.Letter from the Government of the Czech Republic Sir,I have the honour to acknowledge receipt of your letter of . . . which reads as follows:'Sir,1. I have the honour to refer to the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Czech Republic, initialled on 17 September 1993.2. In order to take into account the likely accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden to the European Union on 1 January 1995, the European Community considers that the following amendment should be made to the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the European Economic Community and the Czech Republic:2.1. Annex II of the Additional Protocol, which sets out the quantitative limits for exports from the Czech Republic to the European Union, is replaced by Appendix I to this letter.2.2. Article 14, paragraph 2, subparagraph 2, second indent of Appendix A, Title IV, should be amended as follows:"- two letters identifying the intended Member State of customs clearance as follows:AT = AustriaBL = BeneluxDE = Federal Republic of GermanyDK = DenmarkEL = GreeceES = SpainFI = FinlandFR = FranceGB = United KingdomIE = IrelandIT = ItalyPT = PortugalNO = NorwaySE = Sweden"2.3. The Annex to Appendix A, setting out the model of the certificate of origin, is replaced by Appendix II to this letter.2.4. The Annex to Appendix A, setting out the model of the export licence, is replaced by Appendix III to this letter.2.5. The Annex to Appendix C, setting out the model of the certificate applicable to certain cottage industry and folklore products, is replaced by Appendix IV to this letter.2.6. The Annex to Appendix B of the Additional Protocol, which sets out the quantitative limits for economic outward processing operations, is replaced by Appendix V to this letter.2.7. Should one or more acceding countries not join the European Union, the adjustments calculated for this or these countries shall be deducted from the 'Adjusted limits` set out in the Appendices to this letter and the respective amendments mentioned under point 2.2 shall not enter into force.2.8. Notwithstanding the modifications referred to under points 2.3, 2.4 and 2.5, during a transitional period that will end on 30 June 1995, the competent authorities of the Czech Republic shall be authorized to continue issuing the forms that were in use in 1994.3. I should be obliged if you could kindly confirm the acceptance of your Government of the foregoing. Should this be the case, this Agreement in the form of an exchange of letters shall enter into force on the first day of the month following the day on which the Parties have notified each other that the legal procedures necessary to this end have been completed. In the meantime, it shall be applied provisionally from 1 January 1995 on the conditions to be specified in an exchange of notes (see Appendix VI).Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.`I have the honour to confirm that my Government is in agreement with the contents of your letter.Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.For the Government of the Czech RepublicAppendix I ANNEX II COMMUNITY QUANTITATIVE LIMITS FOR THE CZECH REPUBLIC (The full product descriptions of the categories listed in this Annex are to be found in Annex I of the Protocol) >PLATZ FÜR EINE TABELLE>Appendix II >VERWEIS AUF EINEN FILM>Appendix III >VERWEIS AUF EINEN FILM>Appendix IV >VERWEIS AUF EINEN FILM>Appendix V ANNEX TO PROTOCOL B OUTWARD PROCESSING TRAFFIC Quantitative limits for the Czech Republic >PLATZ FÜR EINE TABELLE>Appendix VI Exchange of notes The Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities presents its compliments to the Mission of the Czech Republic to the European Communities and has the honour to refer to the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the Czech Republic and the European Economic Community initialled on 17 September 1993, as amended by the exchange of letters initialled on (date of initialling).The Directorate-General wishes to inform the Mission of the Czech Republic that whilst awaiting the completion of the necessary procedures for the conclusion and coming into force of the amended Additional Protocol, the European Community is prepared to allow the provisions of the Agreement to apply de facto from 1 January 1995. This is on the understanding that either Party may at any time terminate this de facto application of the amended Additional Protocol provided that six months notice is given.The Directorate-General for External Economic Relations would be grateful if the Mission of the Czech Republic would confirm its agreement to the foregoing.The Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities avails itself of this opportunity to renew to the Mission of the Czech Republic to the European Communities the assurance of its highest consideration.The Mission of the Czech Republic to the European Communities presents its compliments to the Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities and has the honour to refer to the note of the Directorate-General of (date of note verbale) regarding the Additional Protocol to the Europe Agreement on trade in textile products between the Czech Republic and the European Economic Community initialled on 17 September 1993, as amended by the exchange of letters initialled on (date of initialling).The Mission of the Czech Republic wishes to confirm to the Directorate-General that whilst awaiting the completion of the necessary procedures for the conclusion and coming into force of the amended Additional Protocol, the Government of the Czech Republic is prepared to allow the provisions of the Agreement to apply de facto from 1 January 1995. This is on the understanding that either Party may at any time terminate this de facto application of the amended Additional Protocol provided that six months notice is given.The Mission of the Czech Republic to the European Communities avails itself of this opportunity to renew to the Directorate-General for External Economic Relations of the Commission of the European Communities the assurance of its highest consideration.


type: caselaw

text:
 15.12.2012
 ES
 Diario Oficial de la Unión Europea
 C 389/5
 Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 8 de octubre de 2012 — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau/Hauptzollamt Duisburg
 (Asunto C-450/12)
 2012/C 389/08
 Lengua de procedimiento: alemán
 Órgano jurisdiccional remitente
 Finanzgericht Düsseldorf
 Partes en el procedimiento principal
 Recurrente: HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau
 Recurrida: Hauptzollamt Duisburg
 Cuestiones prejudiciales
 1)
 ¿Debe interpretarse la partida 7321 de la Nomenclatura Combinada del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, (1) en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1031/2008 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2008, (2) en el sentido de que los juegos de tubos de estufa descritos en los fundamentos de Derecho pueden considerarse partes de estufas, calderas con hogar y cocinas?
 2)
 En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿pueden incluirse los juegos de tubos de estufa en la partida 7307?
 (1) DO L 256, p. 1.
 (2) DO L 291, p. 1.


text:
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 Sklypas:Elijas Kane (Steven Seagal) Miestas sugauti gaujų karas tarp Japonijos mafija crossfire, Yakuza, kai jie puola pavojingą Meksikos gauja, MS-13, Sietle ir ieškoti apversti pelną daryti. Nors gaujos karas, vienas vyras ėmėsi finansų krizei, asmeniškai, kai jis turi savo kaimynystės, kurioje nurodo banko įkaitais paėmė ne tik savo namus, bet jo gyvenimas
 Tiesa teisingumo” Atsipirkimo (2011)
 Veiksmas | Nusikaltimas | Drama
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 Šis pranešimas buvo 8980 Peržiūrėta
 Ledynmetis 4 (2012) - 143,570 peržiūrosGeležinis žmogus 3 (2013) - 83,491 peržiūrosDiktatorius (2012) - 82,006 peržiūrosDiktatorius (2012) XVID - 62,980 peržiūrosĮ Keršytojas (2012) 720p - 61,102 peržiūrosThe Amazing Spider-Man (2012) - 57,129 peržiūrosHobitai: Netikėta kelionė (2012) - 46,045 peržiūrosDiktatorius (2012) 720p - 33,778 peržiūrosĮ Keršytojas (2012) - 31,767 peržiūrosRegistruotis - 31,608 peržiūros


type: legislation

text:
 30. 12 . 74 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 353 /37
 VERORDENING (EEG) Nr. 3293/74 VAN DE RAAD
 van 19 december 1974
 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair
 tariefcontingent voor rozijnen en krenten van onderverdeling 08.04 B I van het gemeen
 schappelijk douanetarief, van oorsprong uit Spanje
 DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, de invoer van die produkten uit Spanje in de loop
 van een representatieve referentieperiode en ander
 Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese zijds op grond van de economische vooruitzichten
 Economische Gemeenschap, inzonderheid op de voor de betrokken contingentsperiode ;
 artikelen 43 en 113 ,
 Overwegende dat van de invoer in de Gemeenschap
 Gezien het voorstel van de Commissie, van het betrokken produkt uit Spanje gedurende de
 laatste drie jaren waarover statistische gegevens be
 Gezien het advies van het Europese Parlement, schikbaar zijn, de afzonderlijke Lid-Staten de hierna
 genoemde percentages voor hun rekening namen :
 Overwegende dat artikel 2, lid 1 , van de op
 29 juni 1970 te Luxemburg ondertekende Overeen 1971 1972 1973
 komst tussen de Europese Economische Gemeen
 schap en Spanje, juncto artikel 9 van bijlage I, be Duitsland 2,1 4,5 2,3
 paalt dat de Gemeenschap voor krenten en rozijnen,
 in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel Benelux 18,6 13,5 11,1
 lijke verpakking van 15 kg of minder, van post Frankrijk 66,5 61,7 70,2
 08.04 B I van het gemeenschappelijk douanetarief,
 Italië 12,8 20,3 16,4
 van oorsprong uit Spanje, een jaarlijks communautair
 tariefcontingent opent van 1 700 ton met vrijdom
 van recht ;
 Overwegende dat rekening houdende met deze ge
 gevens en de ramingen van bepaalde Lid-Staten de
 Overwegende dat het dienstig is dit communautaire percentages voor de eerste verdeling van 'het contin
 tariefcontingent voor 1975 te openen ; dat het echter, gent bij benadering als volgt kunnen worden vast
 ten gevolge van de mogelijkheid van een tenuitvoer gesteld :
 legging van een andere preferentiële regeling die
 voortvloeit uit een nieuwe overeenkomst tussen de Duitsland 2
 Europese Economische Gemeenschap en Spanje, pas Benelux 13
 send is de contingentsperiode te beperken tot de
 datum van inwerkingtreding van genoemde nieuwe Frankrijk 72
 overeenkomst ;
 Italië 13 ;
 Overwegende dat met name gewaarborgd moet wor
 den dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen Overwegende dat, ten einde rekening te houden met
 tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de ontwikkeling van de invoer van het betrokken
 genoemd contingent en voorts dat in alle Lid-Staten produkt in de verschillende Lid-Staten het contingent
 het op het genoemde contingent toe te passen recht in twee gedeelten moet worden gesplitst, waarbij
 ononderbroken wordt toegepast op alle invoer van het eerste gedeelte over de Lid-Staten wordt verdeeld
 het betrokken produkt tot op het moment dat het en het tweede gedeelte een reserve vormt ter voor
 contingent is uitgeput ; dat een systeem voor de be ziening in de verdere behoeften van de Lid-Staten
 nutting van het communautaire tariefcontingent, ge die hun aanvankelijk quotum hebben uitgeput; dat,
 baseerd op een verdeling over de Lid-Staten, in over ten einde de importeurs van elke Lid-Staat een zekere
 eenstemming schijnt te zijn met het communautaire waarborg te geven, het eerste gedeelte van het com
 karakter van genoemd contingent in het licht van munautaire tariefcontingent zou moeten worden
 de hierboven uiteengezette beginselen ; dat deze ver vastgesteld op een niveau dat in het onderhavige
 deling om zo goed mogelijk de werkelijke ontwikke geval 80 % van het contingent zou kunnen be
 ling op de markt van de betrokken produkten weer dragen ;
 te geven, toegepast moet worden naar verhouding
 van de behoeften der Lid-Staten, berekend enerzijds Overwegende dat de aanvankelijke quota van de
 op grond van de statistische gegevens betreffende Lid-Staten meer of minder spoedig kunnen zijn uit
 ---pagebreak--- Nr . L 353 /38 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 30 . 12 . 74
 geput ; dat, ten einde daarmee rekening te houden Duitsland 27 ton
 en elke onderbreking te vermijden, het van belang Benelux 177 ton
 is dat iedere Lid-Staat die zijn aanvankelijk quotum
 nagenoeg geheel heeft benut, een extra quotum uit Frankrijk 980 ton
 de reserve opneemt ; dat deze opneming door iedere Italië 176 ton .
 Lid-Staat moet worden verricht wanneer elk van
 zijn extra quota bijna geheel is benut en wel zo 2 . Het tweede gedeelte, dat 340 ton beloopt, vormt
 vaak als de reserve dat toelaat ; dat de aanvankelijke de reserve.
 en de extra quota geldig moeten zijn tot aan het
 einde van de contingentsperiode ; dat deze wijze van
 beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Artikel 3
 Lid-Staten en de Commissie, die met name de uit
 puttingsgraad van het contingent moet kunnen vol 1 . Indien het aanvankelijke quotum van een Lid
 gen en de Lid-Staten hierover moet kunnen inlichten ; Staat, zoals vastgesteld in artikel 2, lid 1 , dan wel
 dat zelfde quotum, verminderd met het bij toe
 Overwegende dat het, indien in een Lid-Staat op een passing van artikel 5 in de reserve teruggestorte
 bepaald tijdstip van de contingentsperiode een be gedeelte, voor 90 % of meer is benut, gaat deze
 langrijk overschot bestaat, noodzakelijk is dat deze Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de
 Staat daarvan een aanmerkelijk percentage terugstort Commissie, onverwijld over tot opneming, voor
 in de reserve, ten einde te voorkomen dat een ge zover in de reserve nog een voldoende hoeveelheid
 deelte van het communautaire contingent in een Lid aanwezig is, van een tweede quotum ter grootte van
 Staat onbenut blijft, terwijl andere Lid-Staten er 15 % van zijn aanvankelijke quotum, eventueel op
 gebruik van zouden kunnen maken ; de volgende eenheid naar boven afgerond.
 2. Indien een Lid-Staat, na volledige benutting van
 Overwegende da{, aangezien het Koninkrijk België, zijn aanvankelijk quotum, het door hem opgenomen
 het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertog
 dom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoor tweede quotum voor 90 % of meer heeft aangewend,
 digd worden door de Benelux Economische Unie, gaat hij op de in lid 1 omschreven wijze over tot
 elke handeling met betrekking tot het beheer van de opneming van een derde quotum, gelijk aan 7,5 %
 aan de genoemde Economische Unie toegewezen van zijn aanvankelijk quotum., eventueel op de vol
 quota kan worden verricht door één van haar leden, gende eenheid naar boven afgerond .
 3 . Indien een Lid-Staat, na volledige benutting van
 zijn tweede quotum, het door hem opgenomen
 HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING derde quotum voor 90 % of meer heeft aangewend,
 VASTGESTELD : gaat hij op dezelfde wijze over tot opneming van
 een vierde quotum, dat gelijk is aan het derde.
 Artikel 1
 Deze procedure wordt toegepast totdat de reserve
 is uitgeput.
 Van 1 januari 1975 tot de datum van inwerking
 treding van een nieuwe overeenkomst tussen de Euro 4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 tot
 pese Economische Gemeenschap en Spanje, maar en met 3 kunnen de Lid-Staten overgaan tot op
 uiterlijk tot en met 31 december 1975 , wordt het neming van geringere hoeveelheden dan de in die
 recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor leden vastgestelde quota, wanneer er aanleiding is
 rozijnen en krenten in verpakkingen met een netto om aan te nemen dat die quota wellicht niet geheel
 inhoud per onmiddellijke verpakking van 15 kilo zullen worden benut. Zij delen aan de Commissie
 gram of minder, van onderverdeling 08.04 B I, van de redenen mede die tot toepassing van het onder
 oorsprong uit Spanje, in het kader van een commu havige lid hebben geleid .
 nautair tariefcontingent van 1 700 ton geheel ge
 schorst .
 Artikel 4
 Artikel 2 De overeenkomstig artikel 3 opgenomen extra quota
 gelden tot het einde van de in artikel 1 bepaalde
 periode.
 1 . Van het in artikel 1 genoemde communautaire
 tariefcontingent wordt een eerste gedeelte van 1 360
 ton over de Lid-Staten verdeeld ; de quota die, be Artikel 5
 houdens artikel 5 , tot het einde van de in artikel 1
 bepaalde periode gelden, bedragen de volgende hoe Indien een Lid-Staat zijn aanvankelijk quotum op
 veelheden : 15 september 1975 niet geheel heeft benut, stort hij
 ---pagebreak--- 30 . 12 . 74 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr . L 353 /39
 uiterlijk op 10 oktober 1975 van de niet benutte artikel 3 door hen opgenomen extra quota, de door
 hoeveelheid het gedeelte boven 20 % van het aan hen ingevoerde hoeveelheden zonder onderbreking
 vankelijke quotum in de reserve terug. Hij kan een op hun gecumuleerde aandelen in het communau
 grotere hoeveelheid terugstorten, wanneer er aanlei taire contingent kunnen worden afgeboekt.
 ding is om aan te nemen dat deze wellicht niet zal
 worden benut. 2. De Lid-Staten waarborgen aan de op hun grond
 gebied gevestigde importeurs van het betrokken pro
 De Lid-Staten geven de Commissie uiterlijk op dukt vrije toegang tot de hun toegekende quota.
 10 oktober 1975 kennis van de totale invoer van het
 betrokken produkt, die tot en met 15 septem 3 . De Lid-Staten boeken de ingevoerde hoeveel
 ber 1975 heeft plaatsgevonden en op het commu heden op hun quota af naar gelang dat het betrokken
 nautaire contingent is afgeboekt, alsmede eventueel produkt bij de douane ten invoer tot verbruik wordt
 van het gedeelte van hun aanvankelijk quotum, dat aangegeven .
 zij in de reserve terugstorten.
 4. De uitputtingsgraad van de quota van de Lid
 Artikel 6 Staten wordt vastgesteld op grond van de ingevoerde
 hoeveelheden die op de in lid 3 omschreven wijze
 De Commissie houdt boek van de hoeveelheden zijn afgeboekt.
 van de door de Lid-Staten overeenkomstig de arti
 kelen 2 en 3 geopende quota en brengt elke Lid Artikel 8
 Staat, zodra de opgaven haar bereiken, op de hoogte
 van de uitputtingsgraad van de reserve.
 De Lid-Staten stellen de Commissie periodiek op de
 Zij süelt de Lid-Staten uiterlijk op 15 oktober 1975 hoogte van de invoer die daadwerkelijk op hun
 in kennis van de stand der reserve na de met toe quota is afgeboekt.
 passing van artikel 5 verrichte terugstortingen.
 Artikel 9
 Zij ziet erop toe dat de opneming waardoor de
 reserve volledig wordt uitgeput tot het nog beschik De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen
 bare overschot beperkt blijft en deelt daartoe aan de
 Lid-Staat die de laatste opneming verricht mede om te bereiken dat deze verordening wordt nage
 hoeveel dit overschot bedraagt. komen. \
 Artikel 7 Artikel 10
 1 . De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen Deze verordening treedt in werking op
 opdat bij opening van de met toepassing van 1 januari 1975 .
 Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
 elke Lid-Staat.
 Gedaan te Brussel , 19 december 1974.
 Voor de Raad
 De Voorzitter
 J. P. FOURCADE


text:
 15.6.2013
 PT
 Jornal Oficial da União Europeia
 C 171/19
 Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos) em 2 de abril de 2013 — Turbu.com BV, outra parte no processo: Staatssecretaris van Financiën
 (Processo C-163/13)
 2013/C 171/37
 Língua do processo: neerlandês
 Órgão jurisdicional de reenvio
 Hoge Raad der Nederlanden
 Partes no processo principal
 Recorrente: Turbu.com BV
 Outra parte no processo: Staatssecretaris van Financiën
 Questão prejudicial
 Devem as autoridades e órgãos jurisdicionais nacionais, com base na legislação da União Europeia, recusar a aplicação da isenção de IVA de uma entrega comunitária, se se demonstrar, à luz de elementos objetivos, que ocorreu uma fraude ao IVA relativamente aos bens em causa e que o sujeito passivo sabia ou devia saber que participava nessa fraude, no caso de a legislação nacional não prever, nessas circunstâncias, a recusa da isenção?


text:
Liste der griechischen Gesandten und Botschafter in Österreich. Die griechische Botschaft befindet sich seit 1921 im Palais Vrints zu Falkenstein, an der Argentinierstraße 14 im 4. Wiener Gemeindebezirk Wieden.
 Missionschefs
 1834–1856: Georg Simon von Sina
 1854–1857: Konstantin Schinas
 ...
 1897–1910: Gregorios Manos
 1910–1913: Georgios Streit
 ...
 1948–1951: Jean Kindynis
 1951–1954: Charilaos Zamarias
 1954–1957: Pindarous Androullis
 1957–1960: Theodore A. Griva Gardikioti
 ...
 2007–2011: Panagiotis Zografos
 2011–2014: Themistoklis Dimidis
 seit 2014: Chryssoula Aliferi
 Weblinks
 Griechenland in Österreich
 !
 Osterreich
 Griechenland


text:
Izjava za javnost: Združenje Frank z vsemi instrumenti nad kršitve pravic potrošnikov v sodnih postopkih! | Združenje Frank
 Izjava za javnost: Združenje Frank z vsemi instrumenti nad kršitve pravic potrošnikov v sodnih postopkih!
 Posted on 5. 2. 2020 6. 2. 2020 AuthorD K
 V Združenju Frank ugotavljamo, da v sodnih postopkih, v katerih tožniki tožijo banke zaradi nepoštenih pogojev v kreditnih pogodbah v švicarskih frankih, prihaja do očitnega in nedopustnega izčrpavanja potrošnikov. V zadnjih mesecih je bilo zoper banke vloženih veliko novih tožb, a bojimo se, da se bo, če ne bo prišlo do sprememb v dosedanji sodni praksi, ki je izrazito v škodo potrošnika kot šibkejše stranke, le še povečala obremenitev potrošnikov in sodišč.
 V zvezi s tem je Združenje Frank naslovilo pobudo na varuha človekovih pravic in poslalo poziv ministrici za pravosodje.
 Varuha človekovih pravic smo podrobno seznanili s kršenjem pravic kreditojemalcev v sodnih postopkih, med njimi smo izpostavili pravico do visoke ravni varstva potrošnikov ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča (38. in 47. člen Listine EU o temeljnih pravicah). Prosili smo ga, da ukrepa v skladu s pooblastili.
 Še dodatno smo v zvezi z nedopustnim izčrpavanjem potrošnikov naslovili poziv na ministrico za pravosodje, v katerem smo opisali kritično stanje v sodnih postopkih v zadevah, povezanih s krediti v švicarskih frankih. Ministrici za pravosodje smo predlagali, naj za tri mesece ustavi vse sodne postopke v primeru kreditov v švicarskih frankih, razen v izjemnih primerih (npr. v izvršilnih postopkih), kjer bi bilo to v škodo potrošnika, ter pozove Vrhovno sodišče RS k izdelavi načelnega pravnega mnenja, v katerem bo kritično ocenilo dosedanjo sodno prakso in podalo nove usmeritve za obravnavo zadev, povezanih s krediti v švicarskih frankih, ki bodo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, z Direktivo 93/13/EGS in s sodno prakso Sodišča EU.
 Dogajanje na sodiščih pritrjuje opozorilu Združenja Frank ob zavrnitvi predloga zakona na parlamentarnem Odboru za finance v letu 2019, in sicer, da je napotitev kreditojemalcev na sodišča v danih okoliščinah neodgovorno početje. Sodni postopki so dolgotrajni, tožbe, pritožbe in zahtevki za revizijo potujejo med različnimi instancami, se vračajo na nižje stopnje in ponovno nazaj na višje. Kreditojemalci, ujeti v ta absurdni vrtiljak, svoj položaj opisujejo z besedami: “to je kot brutalno padanje po stopnicah”. K temu svoje prispevajo še visoke sodne takse in stroški storitev odvetnikov. “Sodišče je za tiste, ki si ga lahko privoščijo in ne za tiste, ki iščejo pravico”, je skupna ugotovitev naših članic in članov.
 Združenje Frank ugotavlja, da večina opisanih težav kreditojemalcev izhaja iz neustrezne sodne prakse Vrhovnega sodišča RS. Učenje in popravljanje napak je sestavni del vsakega sistema, tudi sodnega, a v danem primeru gre vendarle za usodo večjega števila oškodovanih potrošnikov, ki so jim pristojne državne institucije odrekle pomoč, zato so jim preostala samo sodišča. Pričakovati bi bilo, da bo učenje potekalo hitreje, da bodo sodišča pokazala večjo stopnjo avtonomije glede na pritiske različnih centrov moči, da bodo sodbe Sodišča EU neposredno prenesene v sodno prakso slovenskih sodišč, da se bo Vrhovno sodišče v dvomu obrnilo z vprašanjem za predhodno odločanje na Sodišče EU ... Žal, se je sodna praksa ustalila na temelju spornih odločitev Vrhovnega sodišča RS, ki je v primeru petih zadev v letu 2018 odločilo v nasprotju z 8. členom Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, ki državam članicam dopušča zagotavljanje višjega standarda varstva potrošnikov. Sporne odločitve Vrhovnega sodišča so vplivale na odločitve nižjih sodišč in agoniji kreditojemalcev ni videti konca. Od sodne prakse Vrhovnega sodišča odstopajo zgolj nedavne odločitve Višjega sodišča v Mariboru in nekaj odločitev drugih sodišč. Višje sodišče v Mariboru je svoje odločitve celovito in kakovostno utemeljilo na pravu EU, ob upoštevanju specifik nacionalne zakonodaje glede višje ravni varstva potrošnikov. Žal gre za izjeme in ne za pravilo, slovenska sodna praksa se je namreč poenotila v neenotnosti s sodno prakso EU, kar smo v Združenju Frank zapisali tudi v pritožbi na Evropsko komisijo.
 Pobudo varuhu za človekove pravice in poziv ministrici za pravosodje smo oblikovali na podlagi politike EU, da so države članice v skladu z Direktivo 93/13/EGS dolžne preveriti, koliko so njihova pravila in praksa skladni z Direktivo, kot jo razlaga Sodišče EU, ter, če je ustrezno, kako je mogoče skladnost izboljšati, da se doseže učinkovito varstvo potrošnikov pred nepoštenimi pogodbenimi pogoji.
 1. Varuh človekovih pravic RS: Pobuda varuhu zaradi neustreznega in neučinkovitega varstva potrošnikov pred nepoštenimi pogoji v potrošniških pogodbah v primeru kreditov v švicarskih frankih. Dostopno na: http://zdruzenje-frank.si/pozivi/Varuh_%C4%8Dlovekovih_pravic-Pobuda-Zdru%C5%BEenje_Frank.pdf
 2. Ministrstvo za pravosodje: Poziv k zaščiti potrošnikov v sodnih postopkih. Dostopno na:http://zdruzenje-frank.si/pozivi/Zdru%C5%BEenje_Frank-Poziv_ministrici_za_pravosodje_01.02.2020.pdf