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Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos :: Miguel Carbonell
 Ago 23, 2011 - 3:30:20 PM
 ( Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces * :
 Rhadys Abreu Blondet, Jueza ;
 de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 30, 32, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte [1] (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
 1. El 15 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (en adelante “los representantes”). El 12 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 65/05 [2] , mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio de 2007 la Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 60/07 [3] , en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del Informe de Fondo, y al considerar que “el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones”, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte . La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a las abogadas Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido, Marisol Blanchard y Manuela Cuvi Rodríguez, especialistas de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión.
 2. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho “se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos”. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, “[a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.
 3. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Nerí (fallecida), Tita, Andrea, Rosendo, Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de apellido Radilla Martínez. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno). Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias.
 4. El 19 de junio de 2008 los señores Mario Solórzano Betancourt, Humberto Guerrero Rosales y María Sirvent Bravo-Ahuja, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la señora Tita Radilla Martínez y el señor Julio Mata Montiel, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, representantes de las presuntas víctimas, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 24 del Reglamento. En dicho escrito coincidieron con lo alegado por la Comisión Interamericana en la demanda y, además, alegaron la presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante, “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada” o “CIDFP ” ) .
 5. L os representantes solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en concordancia con los artículos II y XI de la CIDFP, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, alegaron que el Estado es responsable por la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Neri y Tita, Andrea, Romana, Evelina, Rosa, Ana, Agustina, María del Carmen, María del Pilar, Judith, Victoria y Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, así como de la “comunidad” a la que pertenecía el señor Rosendo Radilla Pacheco. Por otra parte, solicitaron declarar a l Estado responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en concordancia con los artículos I, inciso b), y IX de la CIDFP, en perjuicio del señor Rosendo Radilla y “de sus familiares”. Además, solicitaron al Tribunal que declarara la violación del artículo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), en relación con los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), todos de la Convención Americana, en concordancia con el artículo I, incisos a) y b) de la CIDFP, en relación con "el derecho a conocer la verdad”, en perjuicio de “los familiares” del señor Rosendo Radilla Pacheco y la sociedad mexicana en su conjunto . Finalmente, solicitaron a la Corte que declare que “[e]l Estado mexicano es responsable por no adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para la obtención de justicia y verdad, violando el artículo 2 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo III de la [ CIDFP]” , y que “[s] ea declarada nula la reserva interpuesta por el Estado mexicano al artículo IX de la [ CIDFP] por ir en contra del objeto y fin de [la misma]”.
 6. El 21 de septiembre de 2008 el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso cuatro excepciones preliminares, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). Así, el Estado solicitó a la Corte que declare fundadas las siguientes excepciones preliminares: i) incompetencia ratione temporis debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana; ii) incompetencia ratione temporis para aplicar la CIDFP debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México; iii) incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos como fundamento para conocer del caso, y iv) incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones al artículo 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco . “ Ad cautelam”, respecto del fondo, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Radilla Pacheco y sus “familiares”. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana , en perjuicio del señor Radilla Pacheco. De igual modo, se allanó a la alegada violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en perjuicio de “los familiares” del señor Radilla Pacheco. Por otro lado, México negó la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco; 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de la comunidad donde habitó el señor Radilla Pacheco; 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) en perjuicio de sus familiares, y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), todos ellos de la Convención Americana. Finalmente, el Estado indicó estar dispuesto a mantener la propuesta de reparación que había realizado durante el trámite ante la Comisión Interamericana. El Estado designó a la señora María Carmen Oñate Muñoz, Embajadora de México en Costa Rica, como Agente en el presente caso, designación que fue posteriormente sustituida por la de la señora Zadalinda González y Reynero, Embajadora de México en Costa Rica al momento de emitirse la presente Sentencia .
 7. El 7 y 10 de noviembre de 2008 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
 8. Durante el proceso ante este Tribunal, las partes remitieron a la Corte sus escritos principales ( supra párrs. 1, 4 y 6). Los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus escritos de alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado ( supra párr. 7). Asimismo, la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de dos presuntas víctimas, diez testigos y tres peritos ofrecidos por la Comisión, por los representantes y por el Estado, respecto de las cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, la Presidenta convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de dos presuntas víctimas, un testigo y un perito, así como los alegatos finales orales de las partes sobre excepciones preliminares y los eventuales fondo, reparaciones y costas. Por último, la Presidenta fijó plazo hasta el 14 de agosto de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos alegatos finales escritos [4] .
 9. La audiencia pública fue celebrada el 7 de julio de 2009 durante el LXXXIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la sede del Tribunal, en San José de Costa Rica [5] .
 10. Por otra parte, la Presidenta solicitó al Estado que, en atención a la solicitud de la Comisión en su demanda y de los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos, remitiera copia de la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/2007 que se tramita ante la Procuraduría General de la República, en relación con la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Mediante notas de 17 de abril, 11 y 19 de mayo, 4 de junio, 16 de junio, 2 de julio y 30 de septiembre de 2009, el Estado se refirió a la solicitud realizada por la Presidenta e indicó, inter alia, que estaba en “[d]isposición de poner a la vista de la [Corte ...] una copia de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/07 para su exclusivo conocimiento, en el entendido de que las demás partes en el proceso no podrían tener acceso al contenido [de la misma]”, con base en diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Los días 26 de mayo, 23 de junio, 2 de julio y 8 de octubre de 2009 los representantes remitieron sus observaciones a las notas del Estado. La Comisión se refirió al asunto mediante escrito de 24 de junio de 2009.
 11. El 14 de agosto de 2009 la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos.
 12. El 18 de septiembre de 2009 la Presidenta requirió al Estado la presentación de prueba para mejor resolver, la cual fue remitida el 8 de octubre de 2009, dentro del plazo establecido para ello. Asimismo, el 26 de octubre de 2009 la Presidenta del Tribunal solicitó a las partes la presentación de prueba para mejor resolver, la cual fue remitida por el Estado el 2 de noviembre de 2009.
 13. Además, el Tribunal recibió 13 escritos en calidad de amicus curiae de diversas personas e instituciones [6]. Así, el 2 de julio de 2009 el Tribunal recibió de Amnistía Internacional un escrito referido a las declaraciones interpretativas y reservas formuladas por México a la Convención Americana y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada [7]. El 17 de julio de 2009 la Corte recibió un escrito de la señora María Valdés Leal sobre “la incompatibilidad del amparo de libertad en México con el derecho internacional”. El 20 de julio de 2009 el Tribunal recibió un escrito del señor Erik Nelson Ramírez, “integrante de los estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana”, Campus Ciudad de México, acerca de “[l]a inconstitucionalidad del [f]uero [m]ilitar en México tratándose de delitos en los que participen como sujetos pasivos u ofendidos, personas civiles” [8]. El 20 de julio de 2009 la Corte recibió del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia un escrito con consideraciones sobre la jurisdicción penal militar en México y la actuación del ejército mexicano en tareas de seguridad pública [9]. El 22 de julio de 2009 la Corte recibió de la señora Victoria Livia Unzueta Reyes un escrito mediante el cual aporta elementos sobre la construcción y funcionamiento de la justicia militar en México [10]. El 21 de julio de 2009 el Tribunal recibió de “una coalición de organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos” un escrito mediante el cual formularon consideraciones acerca de la aplicación del fuero militar a casos de violaciones de derecho humanos en México [11]. El 21 de julio de 2009 la Corte recibió de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos un escrito a través del cual formularon consideraciones sobre el derecho a un recurso efectivo y a obtener una reparación justa y adecuada en casos de desaparición forzada de personas [12]. El 21 de julio de 2009 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó un escrito en el que se refirió al desarrollo de la noción de desaparición forzada de personas y las consecuencias de su consagración en el derecho internacional de los derechos humanos [13]. El 21 de julio de 2009 esta Corte recibió de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos un escrito sobre el impacto de la utilización de militares en tareas de seguridad pública en México [14]. El 22 de julio de 2009 la Corte recibió de la Clínica de Interés Público de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas un escrito mediante el cual se refirieron al fuero militar en México [15]. El 22 de julio de 2009 la Corte recibió de la señoras Gabriela Rodríguez Huerta y Karen Hudlet Vázquez un escrito con consideraciones sobre la validez tanto de la declaración interpretativa como de la reserva formuladas por México a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada [16]. El 24 de julio de 2009 alumnos de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, remitieron un escrito sobre “[l]a aplicación expansiva del fuero militar mexicano en perjuicio de civiles que han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales” [17]. El 27 de julio de 2009 la Corte recibió del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez un escrito referido al contexto histórico dentro del que se alegan ocurrieron las presuntas violaciones a derechos humanos en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, particularmente, en relación con “las investigaciones realizadas por el Estado respecto de los delitos cometidos durante el período conocido en México como ‘Guerra Sucia’” [18].
 14. Como se dijo, en su escrito de contestación de la demanda el Estado interpuso cuatro excepciones preliminares relativas a la competencia temporal y material de este Tribunal para conocer del presente caso. Al respecto, la Corte estima necesario reiterar que, c omo todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia ( compétence de la compétence ) . En tal sentido, esta Corte ha considerado que no puede dejar a la voluntad de los Estados la determinación de cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia [19] . Tomando en cuenta lo anterior, la Corte analizará la procedencia de las excepciones preliminares interpuestas en el orden en que fueron planteadas.
 A. Incompetencia ratione temporis para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana
 15. El Estado señaló que la Corte “[c]arece de competencia ratione temporis para conocer sobre los méritos del caso [...], ya que [...] firmó su instrumento de adhesión a la Convención Americana [...] el 2 de marzo de 1981 y lo depositó en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981”. En este sentido, alegó que al momento en que tuvieron lugar los hechos de este caso “[n]o existía obligación internacional alguna sobre la cual [la] Corte tenga competencia para conocer”. Agregó que de acuerdo a la Convención Americana, las obligaciones jurídicas no podrían aplicarse retroactivamente. El Estado no controvirtió el carácter permanente o continuado de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, sino indicó que “[n]o existía un instrumento sobre el cual se le pudiera imputar la responsabilidad internacional por dichos actos” en la fecha en que ocurrieron, es decir, el 25 de agosto de 1974. En esta línea, argumentó que “[s]i el inicio de un acto estatal no tiene relevancia jurídica, al no existir obligación al momento en que se efectúa, tampoco lo puede tener la continuación del mismo. Así, aún ante una desaparición, la Corte Interamericana no tiene competencia para conocer de actos jurídicamente irrelevantes, independientemente de que éstos continúen una vez que se ratifique la Convención Americana”.
 16. La Comisión indicó que no solicitaba una aplicación retroactiva de la Convención y coincidió con el Estado en que sus obligaciones bajo la misma comienzan a partir de la fecha de su ratificación. Por su parte, los representantes indicaron que el Estado acepta que tiene obligaciones plenas y exigibles desde el 24 de marzo de 1981, fecha de su adhesión a la Convención.
 17. Los hechos que sustentan la demanda de la Comisión en el presente caso se refieren a la presunta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco ocurridas desde el 25 de agosto de 1974, es decir, desde antes de la adhesión del Estado a la Convención Americana. No obstante, en el presente caso se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco “tiene carácter continuo o permanente”, que a la fecha no se conoce su paradero y que las investigaciones adelantadas al respecto no han producido resultado.
 18. De esta manera, la Corte entiende que los hechos alegados o la conducta del Estado que pudiera implicar su responsabilidad internacional permanecerían vigentes con posterioridad a la entrada en vigor del tratado para México hasta el presente. La permanencia de esta situación no ha sido controvertida por el Estado. México alega que, por el contrario, el carácter continuado de la desaparición forzada de personas es irrelevante en este caso.
 19. En sustento de sus alegatos el Estado invocó e l principio de irretroactividad de los tratados contemplado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados (en adelante, “Convención de Viena”), según el cual los Estados Partes no estarán obligados respecto de actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes de la entrada en vigor de un tratado [20].
 20. La Corte observa que conforme al citado principio, la regla general es que un tratado no tiene aplicación retroactiva sobre actos o hechos que se hayan consumado con anterioridad a su entrada en vigor, salvo que una intención diferente se desprenda del mismo o conste de otro modo . Ahora bien, surge del mismo principio que desde que un tratado entra en vigor es exigible a los Estados Partes el cumplimiento de las obligaciones que contiene respecto de todo acto posterior a esa fecha. Ello se corresponde con el principio pacta sunt servanda, según el cual “[t] odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” [21] .
 21. De lo anterior, resulta claro que un hecho no puede constituir violación de una obligación internacional derivada de un tratado a menos que el Estado esté vinculado por dicha obligación al momento que se produce el hecho. El establecimiento de ese momento y su extensión en el tiempo tiene entonces relevancia para la determinación no sólo de la responsabilidad internacional de un Estado, sino de la competencia de este Tribunal para aplicar el tratado en cuestión.
 22. Al respecto, cabe distinguir entre actos instantáneos y actos de carácter continuo o permanente [22]. Éstos últimos “se extiende[n] durante todo el tiempo en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional” [23]. Por sus características, una vez entrado en vigor el tratado, aquellos actos continuos o permanentes que persisten después de esa fecha, pueden generar obligaciones internacionales respecto del Estado Parte, sin que ello implique una vulneración del principio de irretroactividad de los tratados.
 23. Dentro de esta categoría de actos se encuentra la desaparición forzada de personas, cuyo carácter continuo o permanente ha sido reconocido de manera reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [24], en el cual el acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y los hechos no se hayan esclarecido.
 24. Con base en lo anterior, la Corte considera que la Convención Americana produce efectos vinculantes respecto de un Estado una vez que se obligó al mismo. En el caso de México, al momento en que se adhirió a ella, es decir, el 24 de marzo de 1981, y no antes. De esta manera, de conformidad con el principio de pacta sunt servanda, sólo a partir de esa fecha rigen para México las obligaciones del tratado y, en tal virtud, es aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es decir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y persisten aún después de esa fecha, puesto que ellas se siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a privar de su efecto útil al tratado mismo y a la garantía de protección que establece [25] , con consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia.
 25. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corte desestima la presente excepción preliminar.
 B. Incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada Convención
 26. Conforme a la declaración interpretativa formulada al ratificar la CIDFP, el Estado sostuvo que la Corte carecía de competencia ratione temporis para aplicar dicho instrumento respecto a hechos que no se hubieran ordenado, ejecutado o cometido con posterioridad a la entrada en vigor del referido tratado . Por otro lado, México alegó que la Corte carecía de competencia para determinar si la reserva hecha al artículo IX de dicha Convención [26] era compatible o no con el derecho internacional, pues el Estado jamás había invocado dicha reserva para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales y porque ésta no había sido materia de litis en el trámite ante la Comisión Interamericana. Finalmente, el Estado objetó el interés legal de los representantes para solicitar la nulidad de la referida reserva.
 27. La Comisión indicó que no había invocado violaciones a la CIDFP, por lo cual no se pronunciaba al respecto. Por su parte, los representantes alegaron que l a declaración interpretativa formulada por el Estado mexicano no afectaba la competencia del Tribunal. Asimismo, sostuvieron que t anto la CIDFP como la reserva a su artículo IX habían formado parte de la litis en el ámbito nacional y en el internacional .
 28. En cuanto a la competencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones a la CIDFP, la Corte observa que México, al ratificar dicha Convención el 9 de abril de 2002, realizó la siguiente “declaración interpretativa”:
 29. Al respecto, el Tribunal advierte que el artículo 14 de la Constitución Política mexicana, al que hace referencia la declaración interpretativa dispone, inter alia, que “ [a] ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Con base en lo anterior, el Estado adujo que “[l]a limitación temporal de México a la CIDFP es admisible [...] ya que la [...] Corte sí puede conocer sobre desapariciones forzadas ejecutadas con posterioridad al 9 de abril de 2002. [...] Toda vez que la limitación del Estado mexicano al instrumento [...] se refiere a hechos que se ejecuten con anterioridad al 9 de abril de 2002, la [...] Corte se encuentra impedida para conocer sobre hechos o actos que se cometieron o se ejecutaron antes del 9 de abril de 2002, y cuyos efectos se consumaron en ese acto”.
 30. La “declaración” realizada por México permite aclarar el sentido o alcance temporal respecto a la aplicación de la CIDFP. Del sentido corriente de sus términos, se desprende claramente que las disposiciones de tal instrumento son aplicables a hechos que se ejecuten o cometan con posterioridad a su entrada en vigor. A la luz del artículo 31 de la Convención de Viena, este Tribunal ha afirmado que el "sentido corriente" de los términos no puede ser una regla por sí misma sino que debe involucrarse dentro del contexto y, en especial, dentro del objeto y fin del tratado [27]. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que el “sentido corriente de los términos” debe analizarse como parte de un todo cuyo significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece [28].
 31. De esta manera, la interpretación debida a los términos “ejecutan o cometan” de la declaración de México a la CIDFP, no puede ser otra que una consecuente con la caracterización que el propio tratado realiza de la desaparición forzada [29] y con el efecto útil de sus disposiciones, de manera que su aplicación incluya los actos de desaparición forzada de personas que continúen o permanezcan más allá de la fecha de entrada en vigor [30] para México, es decir, el 9 de abril de 2002, en tanto no se establezca el destino o paradero de la víctima [31] .
 33. Por otra parte, México alegó la incompetencia del Tribunal para conocer sobre la supuesta nulidad de la reserva hecha al artículo IX de la CIDFP. Al respecto, la Corte observa que el alegato del Estado corresponde a una excepción preliminar que tiene por objeto prevenir el conocimiento de la Corte sobre la supuesta “nulidad” de la citada reserva, relativa a la “jurisdicción penal militar en casos de Desaparición Forzada de Personas” y, en consecuencia, de la aplicación de dicho artículo al presente caso.
 34. H a sido un criterio sostenido por este Tribunal que la Convención Americana le confiere jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso sometido a su conocimiento, incluso sobre los presupuestos procesales en los que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia [32].
 35. La Corte constató que durante el procedimiento ante la Comisión, los representantes alegaron la supuesta violación del artículo IX de la CIDFP [33]. En tal sentido, hicieron referencia a la reserva formulada por el Estado, expresando que ésta “frusta[ba] el objeto y fin de dicha Convención; además[, que] impid[ía] que [dicho] instrumento complement[ara] la legislación nacional en [la] materia” [34], y pidieron a la Comisión que “solicit[ara] al Estado mexicano retir[ar] la reserva y declaración interpretativa interpuesta a la [CIDFP], por contravenir [su] fin y objeto [...]” [35]. Al respecto, en su Informe de Admisibilidad, la Comisión admitió la petición presentada, “en relación con los hechos denunciados y respecto de los artículos [...] I, III, IX, XI, y XIX [de la citada Convención]” [36], aunque en el Informe de Fondo estimó que “no [era] necesario pronunciarse sobre las violaciones alegadas a los artículos I, II, III, IX, XI, y XIX de la [CIDFP]” [37]. Por lo anterior, esta Corte estima que durante el trámite del caso ante la Comisión, el Estado tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos al respecto y, ante este Tribunal, no ha acreditado un perjuicio a su derecho de defensa en ese sentido.
 36. En lo concerniente, la Corte considera que la inclusión en el escrito de solicitudes y argumentos de la petición de que la Corte se pronuncie sobre la supuesta nulidad de la reserva efectuada por México a la CIDFP está vinculada con la alegada violación de la disposición a la cual está referida dicha reserva. Por su parte, el Estado ha tenido la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa en cuanto a dichas solicitudes ante este Tribunal.
 37. Con base en las consideraciones precedentes la Corte desestima esta excepción preliminar .
 38. Finalmente, el Tribunal observa que el Estado invocó en sus alegatos finales escritos la “[f]alta de agotamiento de los recursos internos a fin de impugnar la nulidad de la reserva interpuesta por México al artículo IX de la CIDFP ”. Al respecto, indicó que “[t]oda vez que los [ representantes habían] introdu[cido] una nueva cuestión a la litis, el Estado mexicano se enc[ontraba] en posibilidad de invocar la regla de la falta de agotamiento de recursos internos”. Sobre esta solicitud, basta reiterar que conforme al artículo 38.1 del Reglamento de la Corte “las excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas en el escrito de contestación de la demanda”. En consecuencia, este Tribunal no puede considerar dicha solicitud por ser extemporánea.
 C. Incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) como fundamento para conocer del caso
 39. El Estado alegó que la Corte Interamericana carecía de competencia “[p]ara utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos [suscrita en Bogotá en 1948, en adelante la “Carta de la OEA”] como fundamento para conocer [...] del presente caso”. El Estado señaló que los representantes fundamentaban la competencia de este Tribunal no sólo en la Convención Americana sino también en la referida Carta, la cual no le confería a la Corte “ninguna facultad para funcionar como su órgano supervisor y guardián ” y que, por tanto, este Tribunal debía inhibirse de utilizar dicho instrumento para fundamentar su competencia para conocer los méritos del presente caso.
 40. La Comisión no presentó alegatos al respecto, en la medida que, según sostuvo, no alegaba la supuesta violación de la Carta de la OEA.
 41. Por su parte, los representantes manifestaron que no habían solicitado a la Corte declarar violación alguna respecto a la Carta de la OEA. Indicaron que “[ l]a Carta de la OEA, así como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre deb en servir para interpretar y determinar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados y el momento en el cual adquirieron dichas obligaciones que se perfeccionaron al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos ”. En tal sentido, agregaron que es un argumento con la finalidad de que en “ el establecimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano se tomen en cuenta las obligaciones que adquirió y se comprometió a cumplir desde 1948 ”, fecha en que se firmó la Carta de la OEA.
 42. La respuesta de los representantes deja claro que no existe en este punto controversia con lo que señala el Estado. La Corte precisa, que e fectivamente, no tiene competencia para aplicar disposiciones de la Carta de la OEA en el marco de un proceso contencioso [38].
 D. Incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención Americana) en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco
 44. La Corte observa que la excepción interpuesta por el Estado se fundamenta en la presunción según la cual una persona desaparecida se tiene como muerta cuando haya transcurrido un tiempo considerable, sin que se tenga noticias de su paradero o de la localización de sus restos. El Estado sostiene que, bajo un análisis de derecho y de jurisprudencia comparada, la muerte y alegada tortura del señor Rosendo Radilla Pacheco habrían ocurrido con anterioridad a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998, ya que desde la fecha de su detención, el 25 de agosto de 1974, habrían transcurrido más de 24 años sin conocer noticias de su paradero.
 45. No es posible para este Tribunal arribar en esta etapa del procedimiento a la conclusión que conlleva la presunción alegada por el Estado, sin que ello implique adelantar el análisis sobre ciertos hechos afirmados y las pruebas allegadas en su conjunto. En efecto, la presunción de muerte invocada por el Estado, como tal, tiene el carácter iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. La misma busca concluir que una persona desaparecida o de la que no se tiene noticias, luego de transcurrido cierto tiempo sin tener prueba alguna sobre su paradero o destino, se presume muerta.
 47. Igualmente, el Tribunal observa que las reglas de presunción, por lo general, invierten la carga de la prueba de ciertos hechos a favor de alguna de las partes en el proceso, cuando por ausencia de pruebas concluyentes no se puede llegar a afirmar el hecho que la presunción establece, ello con el fin de alcanzar certeza jurídica en el litigio de un caso sobre los hechos bajo análisis. En el caso de la presunción de muerte por desaparición forzada, la carga de la prueba recae sobre la parte que tenía el presunto control sobre la persona detenida o retenida y la suerte de la misma —generalmente el Estado—, quien tiene que demostrar el hecho contrario que se concluye de dicha presunción, es decir que la persona no ha muerto.
 48. En este sentido, sería inadmisible que la parte sobre quien recae la carga de desvirtuar la presunción haga uso de la misma a fin de excluir o limitar, anticipadamente mediante una excepción preliminar, la competencia del Tribunal sobre ciertos hechos en un caso de desaparición forzada. De lo contrario, el Estado estaría usando la presunción de muerte para invertir nuevamente la carga de la prueba sobre quien la alegó por primera vez, es decir la Comisión y las presuntas víctimas. El uso de una presunción de tal manera hace ineficaz la existencia de la misma y desvirtúa el sentido de su existencia en el derecho.
 52. En la contestación de la demanda el Estado efectuó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional ( supra párr. 6) en los siguientes términos:
 • el Estado reconoce “[s]u responsabilidad internacional derivada de la violación de los artículos 5, 7, así como el incumplimiento parcial a las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25, todos de la Convención y en conexión con el 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco”, y
 • el Estado reconoce “su responsabilidad internacional derivada del incumplimiento del artículo 5, así como el incumplimiento parcial a las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25, todos de la Convención y en conexión con el 1.1 del mismo documento, en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco”.
 53. En tal sentido, manifest ó que:
 · “[t]oda vez que la justicia penal mexicana persiguió e instauró un proceso penal contra el señor Francisco Quiroz Hermosillo, se reconoce que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad por un funcionario publico”;
 · “[e]l Estado [...] incurrió en una demora injustificada en las investigaciones por la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, en la localización de sus restos y en la identificación de los probables responsables de los hechos delictivos”. Así, “[e]n el caso sub judice, el Estado mexicano no ha podido garantizar a los peticionarios que su derecho al debido proceso sea garantizado rápidamente”;
 · “el Estado mexicano es consciente que la obligación de investigar y sancionar hechos presumibles de violar derechos humanos no puede ser trasladada a los peticionarios, pero también es pertinente señalar que la investigación y sanción de dichos hechos se torna más difícil cuando no son denunciados oportunamente”. Ello “acarreó un serio retraso en el esclarecimiento de los hechos del caso, por cuanto que la obtención de evidencia, tanto para la determinación de los probables responsables, como para la localización de los restos mortales del señor Rosendo Radilla Pacheco, se complica conforme transcurre el tiempo”;
 · “[s]i bien el Estado admite la demora injustificada en este caso, también solicita a la [...] Corte tomar particularmente en consideración la complejidad del presente asunto para determinar la razonabilidad del plazo para su resolución. La propia Corte ha admitido la dificultad que implica la investigación de un caso que ocurrió largo tiempo atrás de las primeras denuncias ministeriales e incluso ante órganos no jurisdiccionales presentadas por los familiares y representantes de la presunta víctima”, y
 · “[s]e habla, pues, de una denegación de justicia, no por negligencia o voluntad de mantener impunidad por parte del Estado, sino porque no ha sido posible localizar los restos óseos del señor Rosendo Radilla Pacheco o establecer su paradero. [...] Resulta innegable que la demora injustificada en las investigaciones ha acarreado un perjuicio para los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, en cuanto que no han podido tener noticias sobre su paradero y suerte. Adicionalmente, la angustia propia de la naturaleza humana al desconocer la suerte de un ser querido, obligan a un reconocimiento de la responsabilidad del Estado sobre dicha situación, en violación al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
 54. Por otra parte, el Estado controvirtió la alegada impunidad en el presente caso, “ya que la investigación continúa”, y porque “existen elementos suficientes para demostrar que actualmente las autoridades agotan todos los medios legales a su alcance para evitar[la]”. E l Estado también indicó que la Corte “debería declararse incompetente para analizar el contexto circunstancial [...] en este caso”. Finalmente, el Estado mexicano negó su “responsabilidad internacional derivada del incumplimiento de los artículos 2, 3 y 13 de la Convención”.
 55. Es de destacarse que en relación con la alegada violación del artículo 4 (Derecho a la Vida ) de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, el Estado no expresó el reconocimiento de su violación, sin embargo, indicó que se presumía su muerte ( supra párr. 44). Al respecto, manifestó que “[s]i bien en el presente caso no existen pruebas fehacientes de que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue privado de su vida, la imposibilidad de allegarse de pruebas contundentes, no es óbice para suponer que [...] no ha muerto. Por el contrario, siendo congruentes con los criterios de la [...] Corte, después de 34 años en los que no se ha tenido noticia sobre [su] paradero o suerte [...], es razonable presumir que ha fallecido”.
 56. El reconocimiento de responsabilidad expresado fue reiterado durante la audiencia pública celebrada en el presente caso ( supra párr. 9), en la cual el representante del Estado indicó que:
 La posición del Estado sigue siendo la misma que la que se contiene en la contestación de la demanda, no ha habido ninguna variación al respecto. El [...] Estado lo que enfatizó fue que México no controvierte los hechos y, habida cuenta de la jurisprudencia de [... la] Corte, puede hoy en día lamentablemente presumirse la muerte del señor Rosendo Radilla.
 57. En cuanto a las reparaciones solicitadas, el Estado reiteró la propuesta de reparación integral presentada durante el trámite ante la Comisión. En lo que se refiere a la publicación de la sentencia, en caso de ser ésta condenatoria, así como la solicitud de realizar un reconocimiento público de responsabilidad, el Estado precisó que se sujetaba a lo que resolviera la Corte. En relación con las costas y gastos, indicó que el Reglamento de la Corte señala que dicho rubro se incluirá en la sentencia, si procede, lo que implica que no en todos los casos dichos rubros tendrán lugar o deberán satisfacerse. Así, el Estado se opuso a determinados gastos solicitados por los representantes de las presuntas víctimas.
 58. Sobre el universo de víctimas, beneficiarias de las reparaciones “[e]l Estado, de buena fe, reconoc[ió] el vínculo familiar de [...] Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez. [...] Sin embargo, solicit[ó] a la [...] Corte [...] no considerar como víctimas en el presente caso a Victoria Martínez Neri, ni a Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria ni Judith, todas de apellido Radilla Martínez, por no haber sido presentadas como tales por la Comisión en el momento procesal oportuno”. Además, el Estado alegó que en el presente caso “no hay cabida para una reparación de carácter colectivo”. El Estado afirmó que “[n]o existe nexo causal alguno entre las presuntas violaciones a los derechos del señor Radilla y [...] las presuntas afectaciones a la comunidad de Atoyac de Álvarez”.
 59. La Comisión Interamericana indicó que “[s]in desestimar el valor y la trascendencia del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado [...], empezando por sus cuatro excepciones preliminares, varios argumentos [...] del Estado [...] controv[ertían] los hechos supuestamente reconocidos”. En ese sentido, la Comisión solicitó que la Corte resuelva en sentencia las cuestiones que permanecen en contención. Los representantes, por su parte, indicaron diversos hechos sobre los cuales consideraban que el Estado habría aceptado su responsabilidad y solicitaron al Tribunal que decida sobre los alcances del mismo.
 60. De conformidad con los artículos 56.2 y 58 del Reglamento [39], y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la Corte puede determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar el conocimiento del fondo y determinar las eventuales reparaciones y costas [40].
 61. Dado que los procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, el Tribunal debe velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea no se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes [41].
 62. En lo que se refiere a los hechos del presente caso, la Corte observa que e l Estado no precisó de manera clara y específica los hechos de la demanda que dan sustento a su reconocimiento parcial de su responsabilidad. No obstante, a l haberse allanado a las alegadas violaciones de los artículos 5 y 7 de la Convención Americana , en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 de la misma, este Tribunal entiende que México también ha reconocido los hechos que, según la demanda — marco fáctico de este proceso—, configuran esas violaciones ; es decir, aquellos relativos a la detención y posterior desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del ejército mexicano, así como la afectación a la integridad personal en su perjuicio. Sobre este último punto, la Corte observa que el Estado se allanó a la violación del artículo 5 de la Convención , en perjuicio de sus familiares, por el incumplimiento parcial de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. El Estado ha aceptado la demora injustificada en las investigaciones tendientes a dar con el paradero del señor Radilla Pacheco y a ubicar y sancionar a los responsables; no obstante, ha negado que persista impunidad en este caso y, si bien afirmó que existe un a denegación de justicia en el presente caso, indicó que aquélla no se debía a la “negligencia o voluntad de mantener impunidad por parte del Estado” ( supra párr. 53) .
 63. Sin perjuicio de lo anterior , el Tribunal decide aceptar el reconocimiento formulado por el Estado y calificarlo como una admisión parcial de hechos y allanamiento parcial a las pretensiones de derecho contenidos en la demanda de la Comisión y en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes.
 64. Por otra parte, el Tribunal advierte que se mantiene la controversia entre las partes en cuanto a la alegada violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco, 5 (Derecho a la Integridad Personal), en perjuicio de “la comunidad donde habitó el señor Radilla Pacheco”, 8 (Garantías Judiciales), en relación con ciertas garantías del debido proceso, 13 ( Libertad de Pensamiento y de Expresión), en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Radilla, en relación con el derecho a conocer la verdad , y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) , todos ellos contemplados en la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, subsiste la controversia en relación con el alegado incumplimiento de los artículos I, II, III, IX y XI de la CIDFP, así como la determinación de las eventuales reparaciones.
 65. En cuanto a las presuntas víctimas, el Estado, e n su escrito de contestación de la demanda sólo aceptó como tales a tres de los trece familiares señalados como presuntas víctimas en la demanda bajo el argumento de que las demás personas (la esposa y los nueve hijos restantes del señor Radilla Pacheco) no fueron mencionados en el Informe de Fondo de la Comisión. En consecuencia, subsiste la controversia respecto a quiénes deben ser considerados como presuntas víctimas. Por tal razón, la Corte procederá a su determinación en el capítulo correspondiente ( infra párrs. 104 a 113) sobre la base de su jurisprudencia y de la prueba allegada al respecto.
 66. La Corte valora el reconocimiento y admisión parcial de hechos y el allanamiento respecto de algunas pretensiones efectuados por el Estado. Después de haber examinado dicho reconocimiento, y tomado en cuenta lo manifestado por la Comisión y los representantes, considera necesario dictar una Sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias en cuanto a las reparaciones. [42]
 67. Con base en lo establecido en los artículos 46, 47 y 49 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación [43], la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública ( supra párrs. 8 y 9), así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por la Presidenta ( supra párr. 12). Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente [44].
 68. Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por las siguientes presuntas víctimas, testigos y peritos [45] :
 a) Andrea Radilla Martínez y Ana María Radilla Martínez . Presuntas víctimas propuestas por la Comisión Interamericana. Declararon, entre otros aspectos, sobre la alegada desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco; las gestiones para ubicar su paradero, y la situación familiar con posterioridad a su supuesta desaparición.
 b) José Sotelo Marbán . Testigo propuesto por la Comisión Interamericana. Se refirió, entre otros aspectos, a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado sobre la supuesta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco.
 c) Angelina Reyes Hernández, Tomasa Ríos García y Jovita Ayala Fierro . Testigos propuestos por los representantes. Se refirieron, entre otros aspectos, al alegado “patrón sistemático y generalizado de falta de acceso a justicia y verdad, e incertidumbre y sufrimiento en la que se colocó a toda la comunidad de familiares desaparecidos de Atoyac”.
 d) Francisco Javier Aguilar Valdez . Especialista en Geofísica. Testigo propuesto por el Estado. Se refirió, entre otros aspectos, a la naturaleza, manejo y cuestiones técnicas referentes a la operación del geo-radar, y sobre las diligencias de escaneo y excavación realizadas en el presente caso.
 e) Martha Patricia Valadez Sanabria . Agente del Ministerio Público de la Federación. Testigo propuesto por el Estado. Se refirió, entre otros aspectos, al estado que guardan las investigaciones tendientes a localizar los restos mortales del señor Rosendo Radilla Pacheco.
 f) Santiago Corcuera Cabezut . Miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Perito propuesto por los representantes. Rindió su peritaje, entre otros aspectos, sobre los estándares internacionales del delito de desaparición forzada y sobre su implementación en las legislaciones nacionales.
 g) Federico Andreu-Guzmán . Secretario General Adjunto de la Comisión Internacional de Juristas. Perito propuesto por los representantes. Rindió su peritaje, entre otros aspectos, sobre la jurisdicción militar mexicana y los estándares internacionales sobre protección de los derechos humanos.
 h) Carlos Montemayor [46] . Profesor universitario y, entre otros, historiador, escritor y especialista en movimientos sociales y políticos en México. Perito propuesto por la Comisión Interamericana. Rindió su peritaje, entre otros aspectos, sobre el contexto histórico y los movimientos sociales y políticos durante la denominada “guerra sucia” en México; los supuestos patrones de desapariciones forzadas y torturas, y la supuesta impunidad en los mismos durante los años sesenta, setenta y ochenta.
 69. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones y peritajes de las siguientes personas [47]:
 a) Tita Radilla Martínez. Presunta víctima propuesta por la Comisión Interamericana. Declaró, entre otros aspectos, sobre la alegada desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco; las gestiones para ubicar su paradero, y la situación familiar con posterioridad a su supuesta desaparición.
 b) Rosendo Radilla Martínez. Presunta víctima propuesta por la Comisión Interamericana y los representantes. Declaró, entre otros aspectos, sobre aquello que le consta respecto a la alegada detención del señor Rosendo Radilla Pacheco, y la situación familiar con posterioridad a la supuesta desaparición.
 c) Miguel Sarre. Abogado y profesor universitario. Perito propuesto por la Comisión Interamericana. Rindió peritaje, entre otros aspectos, sobre el sistema de justicia penal mexicano en el momento en el que ocurrieron los hechos alegados en la demanda, y el funcionamiento de la jurisdicción penal militar y los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
 B. Valoración de la prueba documental
 70. En este caso, como en otros [48], el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.
 71. En cuanto a las observaciones formuladas por el Estado sobre diversos documentos presentados por los representantes [49], la Corte advierte que las mismas cuestionan la necesidad de la incorporación de tales documentos y se refieren a la delimitación de su valor probatorio. Al respecto, el Tribunal considera que los documentos aportados son útiles para la resolución del presente caso. No obstante, en atención a las objeciones formuladas, aquellos serán valorados en las partes pertinentes de la presente Sentencia, en la medida en que se ajusten al objeto del presente caso y teniendo en cuenta lo señalado por la Corte en el Capítulo VIII de este Fallo ( infra párrs. 116 y 117).
 72. Respecto a la solicitud del Estado de “dejar fuera del acervo probatorio” algunos textos presentados por la Comisión Interamericana y los representantes [50], la Corte considera que los mismos constituyen pruebas documentales que pueden ser admitidas y valoradas. Se trata de obras escritas que contienen declaraciones o afirmaciones voluntarias de sus autores para su difusión pública. En tal sentido, la valoración de su contenido no se encuentra sujeta a las formalidades requeridas para las pruebas testimoniales. No obstante, su valor probatorio dependerá de que corroboren o se refieran a aspectos relacionados con el caso concreto. Por lo anterior, y dado que el Estado no ha impugnado el contenido de tales libros, la Corte decide valorarlos tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo señalado en el Capítulo VIII de la presente Sentencia ( infra párrs. 116 y 117), en todo aquello relativo al caso sub judice.
 73. En relación con el informe emitido por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (en adelante “Informe de la Fiscalía Especial”) ofrecido por la Comisión Interamericana y los representantes, el Estado indicó que “dicho documento no tiene un carácter oficial ni el gobierno le otorga una validación oficial”, ya que “[s]e trató de un informe que no incorporó los trabajos desarrollados por el área ministerial de la propia Fiscalía, sino únicamente los de un área específica orientada a la recopilación de material de archivo [...], en consecuencia, no examina en profundidad casos individuales”. De acuerdo con lo señalado por el Estado, la Dirección General de Análisis, Investigación e Información Documental fue el área de la Fiscalía Especial encargada de la elaboración del informe mencionado, la cual estaba integrada por diversas personas pertenecientes a la Fiscalía Especial que no tenían la calidad de agentes del ministerio público ni tenían acceso a las actuaciones de las averiguaciones previas. Sin embargo, el Estado señaló que esta dirección general era la “única facultada para recopilar información que se considerara de utilidad para su análisis, clasificación, sistematización, registro y control, a fin de evaluar si la información contenía datos históricos en relación con los delitos sociales y políticos del pasado, para la correcta integración de las averiguaciones previas”. En tal sentido, el Estado señaló que “[s]olamente con los resultados de las averiguaciones previas que integran las indagatorias podría determinarse [...] la verdad histórica y no únicamente a partir del contexto que refleja el informe referido, basado en fuentes como libros, periódicos, revistas, páginas web, instrumentos jurídicos y fuentes bibliográficas[,] entre otros”. Finalmente, el Estado reiteró que “aun si la [...] Corte no tomara en cuenta el hecho de que el [...] Informe no tiene un carácter oficial para el Estado mexicano, [su] contenido [...] referido, en algunas de sus partes, al contexto en que se produjeron los hechos bajo examen, no debería ser conocido por la propia Corte [...] ya que tal contexto se ubicó en un momento anterior al reconocimiento de la competencia contenciosa [...] por parte del Estado mexicano, pero también, incluso, del reconocimiento y adhesión a la propia Convención Americana”. Por lo tanto, el Estado solicitó a la Corte “desechar” el citado informe.
 74. El Tribunal estima pertinente recordar que, en otras ocasiones [51], ha decidido otorgar un valor probatorio especial a los informes de Comisiones de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados. Así, la Corte ha señalado que, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su mandato, tales comisiones pueden contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad [52].
 75. En el presente caso, la Corte observa que el citado Informe fue elaborado por personas que ostentaron la calidad de funcionarios públicos, lo cual ha sido reconocido por el Estado. En tal sentido, sus actuaciones, entre ellas, la redacción del citado informe, revisten una relevancia que no puede ser desconocida por el Tribunal. Además, la Corte resalta que la defensa del Estado descansa en el desconocimiento del informe en su totalidad. No obstante, en tanto prueba documental, el Estado no desvirtuó la información particular ahí contenida ni las fuentes consultadas para su elaboración. Asimismo, si bien el Estado señaló que el informe no analiza casos individuales “ en profundidad”, el Tribunal resalta que dicho documento contiene información específica sobre la supuesta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco que no ha sido controvertida por el Estado. Igualmente, la Corte nota que en tanto informe histórico, la referencia que hace de hechos contextuales, es decir, de aquellos que se refieran a la situación general del fenómeno de la desaparición forzada en México, resulta relevante para este caso, en atención a lo establecido en los párrafos 116 y 117 de la presente Sentencia.
 76. Por lo anterior, el Tribunal decide otorgar valor probatorio al Informe de la Fiscalía Especial en todos aquellos aspectos relacionados con la base fáctica del presente caso, teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio así como lo establecido por el Tribunal en el Capítulo VIII ( infra párrs. 116 y 117) de la presente Sentencia.
 77. En lo que se refiere a “[l]as notas periodísticas” presentadas por los representantes, el Estado señaló que “debe[n] ser apreciadas tomando en cuenta que son emitidas con la finalidad de llamar la atención del lector y así tener oportunidad de obtener una mayor comercialización del periódico en el cual se encuentran insertas; [y que] por ello, la veracidad de tales notas se ve disminuida”. Al respecto, la Corte constató que varios de los documentos de prensa escrita remitidos por los representantes se encuentran incompletos en su texto y, por esa razón, en varios tampoco puede apreciarse la fuente, fecha y página de publicación. No obstante, ninguna de las partes objetó tales documentos por este hecho ni cuestionó su autenticidad. En tal sentido, como lo ha señalado en múltiples ocasiones, el Tribunal considera que los documentos de prensa podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso [53]. Por ende, en el presente caso, serán considerados aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación.
 78. Respecto a la prueba documental consistente en una “[l]ista de probables responsables” en el presente caso, aportada por los representantes, el Estado indicó que “[e]s totalmente innecesaria puesto que la [...] Corte no tiene facultades para determinar la responsabilidad penal de individuos en particular”, por lo que solicitó al Tribunal desecharla. La Corte considera pertinente señalar, como lo ha hecho en otras oportunidades, que “[t]iene atribuciones para establecer la responsabilidad internacional de los Estados con motivo de la violación de derechos humanos, pero no para investigar y sancionar la conducta de los agentes del Estado que hubiesen participado en esas violaciones” [54].
 79. No obstante, la Corte observa que de acuerdo a lo referido por los representantes, la lista señalada “fue elaborada con base a los documentos que obran en la averiguación previa”. Asimismo, que el Estado no desvirtuó dicha información sino que su objeción se refiere a la falta de competencia del Tribunal para determinar responsabilidad penal individual. Además, la Corte destaca que pese a que fue solicitada por la Presidenta del Tribunal como prueba para mejor resolver ( infra párrs. 88 a 92), el Estado no remitió a la Corte copia de la averiguación previa ( infra párrs. 89 a 92) conforme a la cual los representantes señalaron que se elaboró la lista mencionada. En tal sentido, dado que dicha averiguación previa se encuentra solamente en poder del Estado, correspondía a éste desvirtuar la veracidad de la información contenida en la lista en cuestión.
 80. De acuerdo a lo anterior, y a que la lista de probables responsables referida está conformada, entre otros, con nombres de supuestos agentes pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, la Corte decide otorgar valor probatorio a dicho documento solamente en cuanto esté relacionado con la supuesta responsabilidad estatal internacional en el presente caso, y lo considerará conjuntamente con el resto del acervo probatorio.
 81. En cuanto a la supuesta denuncia penal de 15 de junio de 1976 remitida por los representantes el 22 de junio de 2009, éstos solicitaron su admisión como “prueba superviniente” dado que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos [...] acaba[ba] de proporcionar a la señora Tita Radilla” una copia de la misma. Por su parte, el Estado señaló que los representantes “incurri[eron] en incumplimiento de las normas básicas procesales [artículos 37 y 46 del Reglamento] en torno a la presentación de sus pruebas y [que], faltando a la verdad, [... hicieron] referencia a un documento que nunca fue presentado por los familiares de Rosendo Radilla”. Además, el Estado llamó la atención en cuanto a que los representantes no justificaron el por qué desconocían dicho documento y el silencio de la señora Tita Radilla al respecto.
 82. La Corte advierte que, mediante la presentación de este documento “superviniente”, los representantes desean probar la existencia de una supuesta denuncia penal presentada el 15 de junio de 1976 en relación con la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Sobre este punto, el Tribunal observa que el artículo 46.3 del Reglamento invocado por los representantes al remitir el referido documento contempla la posibilidad de la Corte para admitir pruebas relativas a “hechos supervinientes” en momentos procesales distintos a los señalados por dicha disposición. El hecho referido por los representantes tuvo lugar aproximadamente 32 años antes de la presentación de su escrito de solicitudes y argumentos. En tal sentido, no puede considerarse como superviniente y, en consecuencia, el Tribunal no admite como prueba la copia de la supuesta denuncia remitida por los representantes.
 83. En relación con el Informe de Evaluación al Seguimiento de la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 25 de agosto de 2009, remitido por los representantes el 30 de septiembre de 2009 como “nueva prueba documental”, el Estado solicitó a la Corte valorarla “de acuerdo a las reglas de la sana crítica y únicamente por lo que hace a la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco”.
 84. Al respecto, en aplicación del artículo 46.3 del Reglamento, el Tribunal admite como prueba el informe presentado por los representantes, el cual se refiere al seguimiento de la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofrecida oportunamente en el presente caso y cuyo valor probatorio ya fue determinado ( supra párr. 71). Asimismo, la Corte nota que dicho documento guarda relación con la base fáctica del presente caso y, en tal sentido, será valorado en las partes pertinentes de esta Sentencia en la medida en que se ajusten al objeto del mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Capítulo VIII ( infra párrs. 116 y 117).
 85. Respecto a la decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 29 de mayo de 2009, remitida por los representantes el 23 de junio de 2009, relacionada con la solicitud del Tribunal para que el Estado presentara una copia de la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/07 ( supra párr. 10); y a la decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de 24 de noviembre de 2005, solicitada por este Tribunal como prueba como mejor resolver, remitida por el Estado el 2 de noviembre de 2009 ( supra párr. 12), l a Corte las incorpora al acervo probatorio en términos del artículo 47.1 del Reglamento, para valorarlos dentro del conjunto de pruebas y conforme a las reglas de la sana crítica.
 86. Por otro lado, el Tribunal observa que varios documentos citados por la Comisión Interamericana y los representantes no fueron aportados a la Corte, pero se envió el enlace electrónico directo a una página de Internet [55]. Al respecto, la Corte observa que los documentos aportados de esta manera son útiles y que las partes tuvieron la posibilidad de ubicarlos y controvertirlos. Por ello, dichos documentos se aceptan e incorporan al expediente, ya que no se afectó la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal [56].
 87. Respecto a la “nueva prueba documental” remitida por los representantes el 17 de agosto de 2009 como anexo al escrito de alegatos finales ( supra párr. 11), el Estado solicitó al Tribunal “[n]o admitir[la] por extemporánea”. Sobre este punto, no escapa a la Corte que durante la audiencia pública ( supra párr. 9) algunos jueces solicitaron información al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes en relación con diversos aspectos relacionados con la jurisdicción militar mexicana. Sin embargo, el Tribunal nota que algunos de los documentos presentados por los representantes no están vinculados con la información solicitada por los jueces [57]. Asimismo, uno de los documentos no indica el nombre del autor ni las fuentes de la información que contiene, de tal forma que el Tribunal no puede valorarla debidamente [58]. En consecuencia, en aplicación del artículo 47.1 del Reglamento, se incorporan al acervo probatorio del presente caso solamente los documentos que se encuentran relacionados con la información requerida por los jueces [59]. Su contenido será valorado en la medida en que resulte útil para la aclaración de las preguntas formuladas durante la citada audiencia pública.
 88. Por otro lado, el Tribunal resalta que la Presidenta solicitó al Estado la remisión de una copia de la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/07 relativa a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para su incorporación al acervo probatorio del presente caso ( supra párr. 10). Pese a lo anterior, el Estado no presentó dicha copia. Al respecto, el Estado indicó que “en caso de que la [...] Corte corriera traslado de la averiguación previa referida a la Comisión Interamericana [...] y a los peticionarios, se afectaría el correcto desarrollo de la procuración de la justicia consagrada en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales es facultad exclusiva del Estado Mexicano la persecución e investigación de los delitos cometidos dentro de su territorio”. Además, el Estado señaló que “[l]os elementos probatorios presentados hasta el momento por las partes en controversia resultan a todas luces suficientes para la resolución del caso”. Por tanto, solicitó al Tribunal “[p]roced[er] a la resolución del caso con los vastos elementos probatorios que se han presentado durante la tramitación del caso”.
 89. Como lo ha hecho en ocasiones anteriores [60], la Corte considera pertinente señalar que la reserva de información a personas ajenas al proceso en la fase preparatoria de las investigaciones penales se halla prevista en diversas legislaciones internas. En este caso, el Estado demandado ha señalado lo anterior como fundamento para no enviar a la Corte la documentación solicitada en relación con el proceso penal interno relativo a la supuesta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. La restricción mencionada puede resultar atendible en los procesos internos, pues la divulgación de ciertos contenidos en una etapa preliminar de las investigaciones podría obstruirlas o causar perjuicios a las personas. Sin embargo, para efectos de la jurisdicción internacional de este Tribunal, es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio y, por ello, su defensa no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación de las autoridades estatales.
 90. En el mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos rechazó argumentos presentados por un Estado con el objeto de no enviar información de un expediente penal que se encontraba abierto y que había sido solicitado por aquella. En efecto, el Tribunal Europeo consideró insuficiente alegar, inter alia, que la investigación criminal estaba pendiente y que el expediente contenía documentos clasificados como secretos [61] .
 91. El Tribunal destaca que, anteriormente, en un caso contra el Estado mexicano, ya había señalado que cuando las actas de investigación se encuentren bajo reserva, corresponde al Estado enviar las copias solicitadas informando de tal situación y de la necesidad, conveniencia o pertinencia de mantener la confidencialidad debida de dicha información, lo cual será cuidadosamente evaluado por el Tribunal, para efectos de incorporarla al acervo probatorio del caso, respetando el principio del contradictorio en lo que correspondiere [62].
 92. Por ello, la Corte considera que la negativa del Estado a remitir algunos documentos no puede redundar en perjuicio de las víctimas. En consecuencia, el Tribunal tendrá por establecidos los hechos presentados en este caso por la Comisión y complementados por los representantes, cuando sólo sea posible desvirtuarlos a través de la prueba que el Estado debió remitir y éste se negó a hacerlo. Corresponde a la Corte y no a las partes determinar el quantum necesario de prueba en cada caso concreto.
 C. Valoración de las declaraciones de las presuntas víctimas, de la prueba testimonial y pericial
 93. En cuanto a las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas, los testigos y los peritos en audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte los estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidenta del Tribunal en la Resolución en la cual se ordenó recibirlos ( supra párr. 8) y en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio, tomando en cuenta las observaciones formuladas por las partes [63]. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, l as declaraciones rendidas por las presuntas víctimas ( infra párr. 111), no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso [64], ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias.
 94. E l Estado señaló que las declaraciones de las señoras Angelina Reyes Hernández; Tomasa Ríos García, y Jovita Ayala Fierro, testigos ofrecidos por los representantes, no se ajustan al objeto definido por la Presidenta del Tribunal mediante la Resolución de 29 de mayo de 2009 ( supra párr. 8). Al respecto, la Corte advierte que en tales declaraciones los testigos se refieren, entre otros, a diversos hechos que no forman parte de la base fáctica del presente caso, tales como situaciones relativas a la supuesta desaparición de familiares. En tal sentido, el Tribunal decide considerarlas sólo en lo que se ajusten al objeto para el cual fueron solicitadas por la Presidenta.
 95. En relación con la declaración rendida por el señor Santiago Corcuera Cabezut, el Estado expresó “[s]u extrañeza sobre [su] comentario [...] [de] que recibió ayuda de otra persona para la rendición de ‘su’ peritaje, como figura en una nota al pie de página en su escrito”. Asimismo, el Estado refirió que dicha declaración no se ajusta “[a]l objeto para el cual fue solicitada [...]” ya que en algunos de sus párrafos se refiere al caso del señor Radilla Pacheco.
 96. Al respecto, la Corte considera que la declaración referida ( supra párr. 95) fue suscrita solamente por el señor Corcuera y rendida solamente por él ante fedatario público, con lo cual se satisface su presentación “a título personal”. En tal sentido, el Tribunal decide otorgarle valor probatorio en todo aquello en lo que, efectivamente, se ajuste al objeto delimitado por la Presidenta de la Corte ( supra párr. 68).
 97. En cuanto a la declaración del señor Federico Andreu, el Estado hizo referencia a una serie de objeciones relacionadas con el estudio del fondo del presente caso. El Tribunal considera pertinente señalar que, a diferencia de los testigos, quienes deben evitar dar opiniones personales, los peritos pueden proporcionar opiniones técnicas o personales en cuanto se relacionen con su especial saber o experiencia. Además, los peritos se pueden referir tanto a puntos específicos de la litis como a cualquier otro punto relevante del litigio, siempre y cuando se circunscriban al objeto para el cual fueron convocados [65]. Las conclusiones de los peritos deben estar suficientemente fundadas. En tal sentido, la Corte ya ha establecido que aún cuando las declaraciones de los peritos contuvieran elementos que apoyan los argumentos de una de las partes, ello per se no descalifica al perito [66]. Ahora bien, las objeciones del Estado deben ser consideradas al momento en que el Tribu nal analice el fondo del asunto. La Corte valorará la declaración del señor Federico Andreu conjuntamente con el acervo probatorio y conforme a las reglas de la sana crítica.
 98. En relación con la declaración del señor José Sotelo, en sus argumentos finales escritos el Estado señaló que “[s]e refiere a hechos ajenos a la prueba (puntos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de [su] declaración) [...]” lo cual “[l]o hace susceptible de desestimación”. Asimismo, el Estado objetó su testimonio “[e]n tanto que no le constan los hechos que refiere [pues] las investigaciones sobre el destino o paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco [recayeron] en los agentes del Ministerio Público de la Federación que tuvieron bajo su encargo la integración de la respectiva averiguación previa”. En tal sentido, indicó que el señor Sotelo “[n]o es ni fue agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que, tomando en cuenta el objeto para lo cual fue propuesto por la Comisión [I]nteramericana, no es idóneo para fungir como testigo [...]”. El Estado expresó que la Corte debe tomar en cuenta que “[su] testimonio se basa en apreciaciones subjetivas del testigo [que] contravienen el criterio jurisprudencial de [la] Corte [...]”.
 99. El Tribunal considera que las objeciones del Estado respecto a la idoneidad del señor José Sotelo para fungir como testigo en el presente caso son extemporáneas. No obstante, el Tribunal observa que la declaración del señor Sotelo no se ajusta en su totalidad al objeto delimitado por la Presidenta del Tribunal ( supra párr. 69). Particularmente, en los puntos señalados como (1), (2), (3) y (5) [67] de su declaración, el testigo se refiere a hechos que no forman parte del objeto de su declaración. Asimismo, en los puntos (6) y (7), el testigo se refiere a opiniones y conclusiones personales que, asimismo, tampoco guardan relación con el objeto de su testimonio [68]. En tal sentido, la Corte no otorgará valor probatorio a la información referida en tales apartados.
 100. Sin embargo, la Corte considera que el punto (4) de la declaración del señor Sotelo, relativa al caso del señor Radilla Pacheco, es pertinente con el objeto para el cual fue ordenada ( supra párr. 68). Al respecto, el Estado no desvirtuó la información particular contenida en dicho apartado sino solamente indicó que la veracidad de tales documentos no había sido determinada por el Ministerio Público. Sin embargo, el Tribunal destaca que corresponde al Estado desvirtuar tales fuentes documentales ante la Corte, independientemente de las diversas gestiones que a nivel interno le corresponda realizar. En tal sentido, el Tribunal decide otorgar valor probatorio a la declaración del señor José Sotelo solamente en lo que se refiere a lo señalado al punto (4) de la misma. Dicha declaración será considerada tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio en el presente caso.
 101. La Corte observa que en algunas partes de la declaración rendida por la señora Martha Patricia Valadez Sanabria, la testigo refiere opiniones personales respecto a las actuaciones llevadas a cabo por la “representación social de la Federación” [69]. En consecuencia, la Corte no otorgará valor probatorio a dichas partes.
 102. Por otra parte, los representantes señalaron que “por causas de fuerza mayor”, el señor Carlos Montemayor no pudo acudir “al notario [a] ratificar” su declaración escrita y que, sin embargo, dicho documento estaba firmado en todas sus hojas, además de que se anexaba copia de su credencial de elector, con lo que consideraron que podía ser “debidamente admitido”. Al respecto, el Estado señaló que “[l]a declaración no cumple los requisitos formales ordenados y [que,] en consecuencia, no deb[ía] ser admitida”. La Corte estima que los representantes no indicaron una razón que justifique válidamente un impedimento inevitable para la rendición de la declaración del señor Montemayor ante fedatario público. En consecuencia, el Tribunal decide no admitir dicha declaración.
 103. En relación con “[l]a ampliación escrita del informe pericial [...]” del señor Miguel Sarre presentada por éste el 14 de agosto de 2009, el Estado solicitó al Tribunal “[d]esechar de plano [dicho] escrito [...] en virtud de [su] presentación extemporánea”. Al respecto, la Corte observa que durante la audiencia pública celebrada en el presente caso, la Presidenta del Tribunal preguntó de manera informal al señor Sarre si en ese momento entregaría a la Corte su peritaje por escrito. Sin embargo, no le solicitó que lo remitiera de esa forma en un momento posterior. De acuerdo a lo determinado en la Resolución de la Presidenta del Tribunal ( supra párr. 8), el señor Sarre debía rendir su declaración de manera oral durante la audiencia pública [70]. En tal sentido, el Tribunal decide no admitir la “ampliación escrita del informe pericial” del señor Miguel Sarre.
 Determinación de las presuntas víctimas en el presente caso
 104. Antes de entrar a resolver los méritos del presente asunto, en este Capítulo la Corte estima necesario precisar a los familiares de la presunta víctima, señor Rosendo Radilla Pacheco, respecto de quienes se analizará la existencia de posibles violaciones a sus derechos humanos.
 105. En la demanda, la Comisión Interamericana indicó que “[l]os familiares de Rosendo Radilla Pacheco son su cónyuge, la señora Victoria Martínez Neri (fallecida) y sus doce hijos e hijas Tita, Andrea, Rosendo, Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de apellidos Radilla Martínez”. Los representantes coincidieron con el listado de presuntas víctimas presentado por la Comisión.
 106. En su contestación de la demanda, el Estado indicó que “[d]e buena fe, reconoc[ía] el vínculo familiar de los señores Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez”, con el señor Rosendo Radilla Pacheco. Sin embargo, solicitó a la Corte “[n]o considerar como [presuntas] víctimas en el presente caso a Victoria Martínez Neri, ni a Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria ni Judith, todas de apellido Radilla Martínez, por no haber sido presentadas como tales por la Comisión en el momento procesal oportuno”. A este respecto, manifestó que en “el informe [de Fondo No.] 60/07 del 27 de julio de 2007, la Comisión únicamente señaló como [presunta] víctima al señor Rosendo Radilla Pacheco, e hizo breves referencias a tres de sus familiares: Tita Radilla, Andrea Radilla y Rosendo Radilla Martínez, mas nunca los señala como [presuntas] víctimas”. Según el Estado, en dicho informe la Comisión no refirió “[c]omo parte lesionada a Victoria Martínez Neri, ni a Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todas de apellido Radilla Martínez, como si lo hace, en cambio, en su demanda”.
 107. En respuesta a lo solicitado por el Estado, en sus alegatos finales escritos los representantes manifestaron que las presuntas víctimas en el presente caso han sido “[d]ebidamente acreditados con su credencial de elector y reconocidos como víctimas en la demanda de la [Comisión] en su párrafo 75”. La Comisión Interamericana no realizó comentarios al respecto.
 108. La Corte ha establecido que las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 50 de la Convención. Además, de conformidad con el artículo 34.1 del Reglamento, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante esta Corte [71] .
 109. Al respecto, el Tribunal advierte que en el Informe de Fondo adoptado por la Comisión en este caso, se tienen como víctimas de los derechos consagrados, inter alia, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, al señor “[R]osendo Radilla Pacheco y [a] sus familiares, Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez” [72]. A su vez, dicho informe recomienda al Estado “[r]eparar adecuadamente a los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez, por las violaciones de derechos humanos establecidas en el [...] informe [...]” [73]. En el remanente del documento no existen referencias específicas a otro familiar de la presunta víctima, sólo menciones genéricas a los mismos [74]. Una lista ampliada con los nombres de trece familiares del señor Radilla Pacheco es presentada ante la Comisión Interamericana con posterioridad a la adopción de dicho informe, el 18 de septiembre de 2007, mediante un escrito en el cual los representantes manifestaron su posición sobre el sometimiento del caso a este Tribunal [75]. De esta manera, en la demanda presentada por la Comisión ante la Corte se identifican como presuntas víctimas a trece familiares del señor Radilla Pacheco, es decir, sus 12 hijos y su esposa fallecida.
 110. De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, la determinación realizada por la Comisión en su demanda acerca de quiénes deben ser considerados familiares de la presunta víctima desaparecida debe corresponder con lo decidido por aquélla en el Informe de Fondo. La seguridad jurídica exige, como regla general, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en ambos escritos, no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas en la demanda, sin que ello conlleve un perjuicio al derecho de defensa del Estado demandado . En este caso, la Comisión no ha alegado dificultades para la determinación oportuna de todos los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco como presuntas víctimas. Tampoco se desprende del expediente que se trate de aquellos casos en los que, por sus características, la determinación de los mismos resulta una tarea compleja, que haría necesaria otras consideraciones por parte de este Tribunal.
 111. Con base en lo anterior, y tomando en consideración el reconocimiento efectuado por el Estado, decide considerar únicamente como presuntas víctimas a las señoras Tita y Andrea, y al señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. La Corte lamenta que, por razones procesales, los demás familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, de quienes se presume un sufrimiento en igualdad de condiciones, no puedan ser considerados como presuntas víctimas por este Tribunal. Sin embargo, se resalta que la no determinación de violaciones en su perjuicio por esta instancia internacional no obstaculiza ni precluye la posibilidad de que el Estado, de buena fe, adopte medidas reparatorias a su favor ( infra párr. 328).
 112. Finalmente, la Corte advierte que los representantes alegaron que, como líder comunitario, la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco tuvo un impacto particular en “la comunidad” en la que vivía. Al respecto, indicaron que “ [ a] partir de entrevistas con personas clave en la comunidad hemos determinado el daño moral que la desaparición de Rosendo Radilla, así como las circunstancias previas (contexto) y posteriores (impunidad), causaron en la comunidad”. Con base en ello, solicitaron al Tribunal que declare la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de dicha “comunidad”.
 113. Al respecto, el Tribunal observa que, además de constituir menciones generales sobre presuntos afectados, “la comunidad” en la que vivía al señor Rosendo Radilla Pacheco, o en todo caso, sus miembros, no fueron incluidos por la Comisión Interamericana como presuntas víctimas en la demanda ni en el Informe según el artículo 50 de la Convención. Consecuentemente, al no haber sido identificados con precisión en el momento procesal oportuno, el Tribunal no puede considerarlos como presuntas víctimas en el presente caso, por lo que no corresponde pronunciarse acerca de las supuestas violaciones alegadas en su perjuicio.
 Sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco
 (artículos 7 [76], 5 [77], 4 [78] y 3 [79] de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 [80] de la misma y los artículos I, II y XI [81] de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada)
 114. La Comisión y los representantes alegaron diversas violaciones a la Convención Americana como consecuencia de la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco que, según lo indicado, sucedió en un contexto particular.
 115. Al respecto, la Corte considera conveniente señalar que en su contestación a la demanda, el Estado mexicano alegó que dado que reconoció la competencia contenciosa de la “[C]orte Interamericana el 16 de diciembre de 1998, esto es 24 años después de ocurridos los hechos que se analizan en el caso 12.511[, la] Corte [se encuentra impedida de] cono[cer] las circunstancias sociales, políticas o económicas que rodearon los hechos del caso, en el momento en que éstos ocurrieron en 1974”. Asimismo, indicó que la pretensión de que se conozca sobre el contexto de este caso “es improcedente por razones derivadas de la propia naturaleza del sistema interamericano de protección de derechos humanos”. En tal sentido, indicó que “[l]os hechos referidos por los peticionarios en forma parcial, no deben ser tomados en consideración puesto que no han sido objeto de tratamiento ante el sistema de peticiones individuales [...]”.
 116. Al respecto, este Tribunal estima necesario reiterar que, conforme a su jurisprudencia, el principio de irretroactividad y la cláusula facultativa de reconocimiento de la competencia contenciosa de esta Corte no implica que un acto ocurrido antes de la misma deba ser excluido de toda consideración cuando pueda ser relevante para la determinación de lo sucedido [82]. En este sentido, la Corte observa que para resolver los distintos casos sometidos a su conocimiento ha requerido tomar en cuenta el contexto, pues el entorno político e histórico es determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas en el caso, comprendiendo tanto la naturaleza de las violaciones a la Convención como las correspondientes reparaciones [83]. Por esta razón, el análisis de la supuesta desaparición forzada del señor Radilla Pacheco no puede aislarse del medio en el que dichos hechos supuestamente ocurrieron, ni se pueden determinar las consecuencias jurídicas respectivas en el vacío propio de la descontextualización, en tanto e xisten alegatos conforme a los cuales la presunta desaparición forzada del señor Radilla Pacheco no se produjo como un caso aislado en México.
 117. De esta manera, en aras de establecer los antecedentes que podrían generar la responsabilidad internacional en el presente caso, la Corte analizará el contexto en que se alega ocurrieron los hechos del presente caso. El Tribunal tomará en cuenta, sin embargo, que éstos, según sostiene el propio Estado, tuvieron lugar antes de que México reconociera la competencia contenciosa del Tribunal.
 118. A ntes de proceder al examen de los alegatos de la Comisión y de los representantes, la Corte determinará los hechos probados relativos a la supuesta desaparición forzada sufrida por el señor Rosendo Radilla Pacheco y el contexto en que supuestamente ocurrieron, en atención al acervo probatorio y al reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado ( supra párrs. 52, 53 y 62).
 119. Al respecto, cabe reiterar que, si bien corresponde a la parte demandante la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. A continuación, se aplicará un examen de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de ello, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados [84]. La Corte considera pertinente reiterar que, dado que el Estado no remitió copia de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007 ( supra párr. 88), los hechos que se mencionan a continuación han sido determinados con base en la prueba allegada al Tribunal y en las afirmaciones de las partes que no fueron desvirtuadas o controvertidas.
 a. Antecedentes: hechos relativos a la detención y posterior desaparición del señor Radilla Pacheco
 120. El señor Rosendo Radilla Pacheco nació el 20 de marzo de 1914 en Las Clavellinas, Estado de Guerrero, México [85]. El 13 de septiembre de 1941 se casó con Victoria Martínez Neri [86], con quien tuvo doce hijos, a saber: Romana, Andrea, Evelina, Rosa, Tita, Ana María, Agustina, María del Carmen, María del Pilar, Judith, Rosendo y Victoria, todos de apellidos Radilla Martínez [87].
 121. Rosendo Radilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política y en obras sociales en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en particular, en la organización de caficultores y campesinos de la zona [88]. Así, el señor Rosendo Radilla Pacheco hizo parte de la Unidad Agraria de la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez. Entre el 1 de junio de 1955 y el 31 de agosto de 1956 fue presidente del Consejo Municipal de Atoyac de Álvarez. En septiembre de 1956 desarrolló gestiones como presidente Municipal. De 1956 a 1960 fue secretario general del Comité Regional Campesino. En 1961 fue presidente de la sociedad de padres de familia del Patronato Pro Escuela Federal Modesto Alarcón. En 1965 participó en la fundación de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata [89]. Entre sus distintas ocupaciones se encontraba también el cultivo del café y coco, así como la compra y venta de ganado [90].
 122. El señor Rosendo Radilla Pacheco componía “corridos”, expresión musical popular mexicana en la cual se relatan versos acompañados por la guitarra. Los corridos compuestos por el señor Rosendo Radilla Pacheco relatan diversos hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez y las luchas campesinas y sociales de la época [91].
 123. De acuerdo a lo afirmado por los representantes, existen informes de la “Dirección Federal de Seguridad”, integrados a la averiguación previa SIEDF/CGI/453/07, que detallan las actividades desarrolladas por el señor Radilla Pacheco. La Corte constata que en un documento de fecha 26 de septiembre de 1965, de la Dirección Federal de Seguridad, se hace referencia a la participación del señor Rosendo Radilla Pacheco en el presidio del “acto inaugural del Congreso Campesino Extraordinario de la Liga Revolucionaria del Sur ‘Emiliano Zapata’ y de la C.C.I. [92]”. Asimismo, los representantes señalaron que en un documento fechado el “21 VI 82” , cuyo encabezado sería “Antecedentes de Rosendo Radilla Pacheco”, se establece que:
 El 17 de febrero de 1962, asistió a la firma de la Convocatoria del Comité Cívico Guerrerense del que es miembro y en el que se invitaba al pueblo en general, a un mitin que se realizaría en Boca de Arroyo, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero[.] Posteriormente, el 23 de junio del mismo año, firmó un manifiesto de


type: wikipedia

text:
Leonīds Kravčuks (; dzimis , miris ) bija ukraiņu politiķis, bijušais Ukrainas PSR Augstākās padomes priekšsēdētājs (1990-1991) un Ukrainas Republikas prezidents (1991-1994).
 Biogrāfija
 Dzimis 1934. gada 10. janvārī Veļikožitinā, toreiz Polijai piederošajā Rietumukrainā (tagad Rivnes apgabalā). Tēvs Makars Kravčuks dienēja Polijas jātnieku armijā, pēc tam Sarkanajā armijā, kritis Otrajā pasaules karā. Studēja Kijevas Valsts universitātē, kuru absolvēja 1958. gadā.
 Strādāja par pasniedzēju Čerņivcu finanšu tehnikumā (1958-1960).
 Vēlāk bija lektors Politiskās izglītības namā, sekretāra palīgs, katedras vadītājs, darbojās PSRS Komunistiskās partijas Čerņivcu apgabala komitejā (1960-1967).
 PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmijas aspirants Maskavā (1967-1970), bēc tās beigšanas darbojās Ukrainas Komunistiskās partijas Centrālajā komitejā (1970-1988), bija Ukrainas KP Politbiroja locekļa kandidāts (1989-1990), loceklis (1990-1991). Ukrainas PSR Augstākās padomes priekšsēdētājs (1990-1991).
 Pēc Augusta puča izstājās no Komunistiskās partijas, Ukrainas vārdā parakstīja Belovežas gāršas līgumu. Pēc tam bija Ukrainas Republikas prezidents (1991-1994).
 Ārējās saites
 1934. gadā dzimušie
 2022. gadā mirušie
 Ukrainas prezidenti
 Ukraiņi
 Ar Oktobra Revolūcijas ordeni apbalvotie
 Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotie


type: contracts

jurisdiction: EU

text:
 17.7.2014
 SV
 Europeiska unionens officiella tidning
 L 211/31
 GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
 nr 21/2014
 av den 14 februari 2014
 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet
 GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
 med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och
 av följande skäl:
 (1)
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (1) bör införlivas med EES-avtalet.
 (2)
 Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.
 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
 Artikel 1
 Följande punkt ska införas efter punkt 41b (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG) i bilaga XIII till EES-avtalet:
 ”41c.
 32010 R 0913: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 276, 20.10.2010, s. 22)”.
 Artikel 2
 Texten till förordning (EU) nr 913/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
 Artikel 3
 Detta beslut träder i kraft den 15 februari 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts. (2)
 Artikel 4
 Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.
 Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2014.
 På gemensamma EES-kommitténs vägnar
 Gianluca GRIPPA
 Ordförande
 (1) EUT L 276, 20.10.2010, s. 22.
 (2) Inga konstitutionella krav angivna.