Aiuti di Stato — Spagna — Aiuto C 50/02 (ex N 373/2001) — Aiuti alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE



Gazzetta ufficiale n. C 222 del 18/09/2002 pag. 0018 - 0020



Aiuti di Stato - Spagna Aiuto C 50/02 (ex N 373/2001) - Aiuti alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (2002/C 222/03) Con la lettera del 17 luglio 2002, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto. La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'Agricoltura Direzione Legislazione agricola Bureau: Loi 130 - 5/116 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 21 51. Dette osservazioni saranno comunicate alla Spagna. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata. SINTESI Procedimento Con lettera del 5 giugno 2001, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione europea, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti in oggetto. Descrizione Il progetto di decreto regionale prevede aiuti alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva sotto forma di una sovvenzione calcolata in funzione del numero di domande di aiuto alla produzione di olio e di olive da tavola presentate e complementare all'aiuto previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio. Valutazione dell'aiuto A questo stadio, la Commissione ritiene che una sovvenzione concessa alle organizzazioni di produttori calcolata in funzione del numero delle domande di aiuto alla produzione di olio e di olive da tavola presentate costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A questo stadio, sulla base delle informazioni disponibili, tali aiuti costituiscono aiuti di Stato destinati a migliorare la situazione finanziaria delle associazioni ma che in alcun modo contribuiscono allo sviluppo del settore. I suddetti aiuti andrebbero dunque considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune. Si tratta inoltre di aiuti che possono interferire con i meccanismi che regolano le organizzazioni comuni dei mercati e dunque costituire un'infrazione nei confronti di tali meccanismi e della normativa comunitaria. Tenuto conto di queste considerazioni, le misure in causa non sembrano poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ha dunque deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, gli aiuti versati illegalmente possono formare oggetto di una domanda di rimborso da parte del beneficiario. Inoltre, le spese relative a misure nazionali che influiscano direttamente sulle misure comunitarie potrebbero non essere imputabili al bilancio FEAOG. TESTO DELLA LETTERA "Por la presente, la Comisión tiene el honor de informar a España de que, tras haber examinado la información proporcionada por sus autoridades sobre la ayuda citada en la referencia, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE. Procedimiento Mediante carta de 5 de junio de 2001, las autoridades españolas notificaron a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, las ayudas citadas en la referencia. Mediante fax de 28 de junio y 12 de septiembre de 2001, y de 29 de enero y 29 de abril de 2002, la Comisión pidió información complementaria, que le fue remitida mediante cartas de 27 de julio de 2001 y de 17 de enero, 4 de marzo y 12 de junio de 2002. En su carta de 12 de junio de 2002, las autoridades españolas afirmaban que la información proporcionada era completa y suficiente y solicitaban a la Comisión que adoptara cuanto antes una decisión respecto a su compatibilidad. Descripción El proyecto de Decreto regional prevé la concesión de ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva que se ocupan de la gestión de las ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa y del control; las ayudas adoptan la forma de una subvención calculada en función del número de solicitudes de ayudas transmitidas. Estas organizaciones desempeñan una actividad administrativa desprovista de carácter comercial y no se ocupan de la comercialización del aceite. Los beneficiarios son cuatro organizaciones que agrupan a 1500 productores. Estas organizaciones están reconocidas con arreglo al Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, del 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas(1). Para las primeras 1200 solicitudes transmitidas, la ayuda es de 1500 pesetas españolas (9,02 euros), cifra que puede aumentarse si las solicitudes tratadas han aumentado con relación al año anterior, entre 1600 pesetas españolas (9,62 euros) y 2000 pesetas españolas (12,02 euros) por solicitud. A partir de 1200 solicitudes, la ayuda es de 2000 pesetas españolas (12,02 euros) por solicitud. La financiación de estas organizaciones está regulada por el Reglamento n° 136/66/CEE que permite en su artículo 20 quinquis, que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción se abone a las organizaciones y uniones reconocidas, con el fin de contribuir a la financiación de los gastos que genera el conjunto de sus actividades. Según las autoridades españolas, actualmente en la región de Extremadura este importe no se paga en su totalidad a las organizaciones sino que éstas reciben solamente alrededor de 0,6 %. Esta situación se debe a dos factores. En primer lugar, a la diferencia sustancial en el pago de los anticipos del 0,8 %, entre las organizaciones y las uniones de organizaciones, según el Reglamento (CE) n° 647/2001 de la Comisión(2), de 2 euros por solicitud de ayuda, en favor de uniones. España es el único país de la Unión Europea que favorece a las uniones de organizaciones. En segundo lugar, al resultado del reparto del saldo procedente del 0,8 % según el número de solicitudes tratadas por cada organización, lo que genera diferencias entre regiones. Según las autoridades españolas, las organizaciones de productores de aceite de oliva son un instrumento eficaz para la gestión de las ayudas a la producción, pero en la región de Extremadura la mayoría de las solicitudes de ayuda se efectúan a título individual; las ayudas analizadas permitirían aumentar el número de organizaciones y el número de miembros de las organizaciones existentes. La duración del régimen de ayudas es indefinida y el presupuesto para el año 2001 es de 20 millones pesetas españolas (120200 euros). Evaluación de la ayuda El apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE prevé que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros o por medio de recursos públicos en cualquiera de sus formas, que falseen o que amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones. En el caso que nos ocupa, estas ayudas proporcionan a sus beneficiarios una ventaja que disminuye los gastos que normalmente gravan su presupuesto. Estas ventajas son concedidas por el Estado, o por medio de recursos públicos. Las ayudas son específicas o selectivas en el sentido de que favorecen a determinadas empresas o producciones, a saber, las organizaciones de los productores de aceite de oliva. Para que sea aplicable el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, las ayudas deben además afectar a la competencia y los intercambios entre Estados miembros. Este criterio implica que los beneficiarios de las ayudas han de ejercer una actividad económica. Según la jurisprudencia reiterada a efectos de esta disposición, se considera que los intercambios quedan afectados a partir del momento en que la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica que es objeto de intercambios entre los Estados miembros. El simple hecho de que la ayuda refuerce la posición de esta empresa con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios permite considerar que quedan afectados los intercambios. En el caso analizado, los beneficiarios, es decir, las organizaciones de productores de aceite de oliva, están formadas por productores que ejercen una actividad económica, que es objeto de intercambios entre los Estados miembros. Las exportaciones de aceite de oliva virgen de España a la Unión Europea en 2001 fueron de 592051000 euros y las importaciones 16392000 euros. En la fase actual, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas en curso son ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. La letra c) del apartado 3 del artículo 87 prevé que podrán considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de algunas actividades o algunas regiones económicas, cuando no alteren las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. El Reglamento 136/66/CEE permite, en su artículo 20 quinquis, que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción se abone a las organizaciones y uniones reconocidas con el fin de contribuir a la financiación de los gastos causados por el conjunto de sus actividades. Además, el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores(3) establece que los Estados miembros productores se asegurarán de que las cantidades destinadas a las uniones y organizaciones de productores son utilizadas por éstas únicamente para la financiación de las actividades que les incumben con arreglo a la legislación comunitaria, entre las cuales se encuentra la presentación de las solicitudes de ayuda de sus miembros. El apartado 3 del artículo 11 prevé que si los importes no se utilizan total o parcialmente de acuerdo con el apartado 2 deberán reembolsarse al Estado miembro y se deducirán de los gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. La concesión de una ayuda estatal a las organizaciones de productores, suplementaria a la ayuda prevista por la normativa comunitaria, no está prevista por esta normativa y podría causar distorsiones en el mercado y una posible discriminación de los demás productores de la Unión Europea. En efecto, estas organizaciones de productores que se ocupan de la gestión de las ayudas se beneficiarían de dos ayudas: una ayuda comunitaria y una ayuda estatal añadida a la anterior. Aunque la actividad de gestión de las ayudas a la producción no sea en sí misma una actividad económica, puede suponer una ventaja para los productores integrados en las organizaciones beneficiarias de estas ayudas con respecto a productores que no estén integrados en una organización o estén integrados en otras organizaciones que no reciben ayudas estatales. Este será especialmente el caso cuando el importe total de las ayudas percibidas supere los gastos de la gestión de las ayudas y el excedente se destine a los productores o a actividades en beneficio de los productores. Además los productores o las organizaciones que no se benefician de la ayuda estatal podrán verse obligados a sufragar una parte del coste de gestión de las solicitudes de ayuda, a lo que no deberán hacer frente los productores integrados en las organizaciones beneficiarias de las ayudas. Teniendo en cuenta que las autoridades españolas, en su carta de 12 de junio de 2002, consideraron que la información proporcionada era completa y suficiente y solicitaban a la Comisión que adoptara cuanto antes una decisión respecto a su compatibilidad, la Comisión debe tomar su decisión sobre la base de la información disponible. Sobre la base de la información disponible, las ayudas previstas parecen ser ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de las organizaciones de productores de aceite de oliva, que no contribuyen de ninguna manera al desarrollo del sector [punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario(4)]. Por lo tanto, en esta fase, estas ayudas se consideran ayudas al funcionamiento, incompatibles con el mercado común. Este tipo de ayudas no tienen ningún efecto duradero sobre el desarrollo del sector y su efecto inmediato desaparece con la propia medida [véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de junio de 1995, en el asunto T-459/93: Siemens S.A. contra Comisión(5)]. Estas ayudas conducen directamente a mejorar las posibilidades de producción y comercialización de los productos por parte de los operadores afectados con respecto a los que no se benefician de ayudas comparables (en el territorio nacional o en otros Estados miembros). También debe considerarse que estas ayudas a las organizaciones de productores de aceite de aceituna se refieren a un producto, el aceite de oliva, sujeto a una organización común de mercado(6), que es competencia exclusiva de la Comunidad y en cuyo funcionamiento la capacidad de intervención de los Estados miembros está limitada. La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia [véase, entre otras, la sentencia de 26 de junio de 1979 en el asunto 177/78: Pigs and Bacon contra Mc Carren(7)] establece que las organizaciones comunes de mercado deben considerarse sistemas completos y exhaustivos que excluyen cualquier competencia de los Estados miembros para adoptar medidas que pudieran establecer excepciones o perjudicarlas. Por lo tanto, y en esta fase, cabe considerar estas ayudas como una infracción a las organizaciones comunes de mercado y en consecuencia a la normativa comunitaria. Teniendo en cuenta cuanto se ha expuesto, y en esta fase, las ayudas analizadas no pueden acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. La Comisión, por lo tanto, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión, en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, insta a España a que presente sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda/medida en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente. La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario. Además, el gasto relativo a medidas nacionales que afecten directamente a medidas comunitarias podrá no ser subvencionable con cargo al presupuesto del FEOGA.". (1) DO 172 de 30.9.1966, p. 3025. (2) DO L 91 de 31.3.2001, p. 44. (3) DO L 208 de 3.8.1984, p. 3. (4) Véase la nota a pie de página 1. (5) Recopilación 1995, p. I-1675 (6) Reglamento n° 136/66/CEE. (7) Recopilación 1979, p. 2161.