1.11.2003 ES C 264/31 Diario Oficial de la Unión Europea
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
— Anule o modifique la Decisión de la Comisión E
(2003)738 final, de 25 de marzo de 2003, relativa a ladevolución de las cantidades pagadas indebidamente en
concepto de salario a la Sra. Dionysia Vlachaki, antigua
agente auxiliar, eliminando el artículo 1, letra b), de estaDecisión para que la demandante no esté obligada a pagara la demandada los suplementos citados en este pasaje y,
en particular, en concepto de intereses de demora y de
suplementos devengados hasta el 23 de julio de 2003, lacantidad de 2 847,32 euros, compuesta, en virtud delartículo 1 de la Decisión, por las siguientes cantidades:
1 344,04 euros devengados hasta el 10 de abril de 2001,
1 023,88 euros devengados en el período del 11 de abrilde 2001 al 31 de diciembre de 2002, y 479,40 eurosdevengados entre el 1 de enero al 23 de julio de 2003
(204 días × 2,35 euros = 479,40 euros).
— Con carácter subsidiario, anule o modifique la Decisión
de la Comisión E (2003)738 final, de 25 de marzo de
2003, relativa a la devolución de las cantidades pagadas
indebidamente en concepto de salario a la Sra. DionysiaVlachaki, antigua agente auxiliar, eliminando el artículo 1,letra b), primer guión de dicha Decisión para que la
demandante no esté obligada a pagar a la demandada la
cantidad de 1 344,03 euros.
— Condene en costas a la demandada.
Motivos y principales alegaciones
La Decisión impugnada solicita a la demandante que reembolse
a la demandada la cantidad de 13 182,18 euros, pagados por
error después de que expirara su contrato con la Comisión; adicha suma se le han sumado, por otra parte, los intereses dedemora. El recurso se dirige contra la Decisión en la medida
en que exige el pago de intereses de demora. Según la parte
demandante, se le impone erróneamente el pago de intereses,puesto que la imposibilidad en la que se halla de reembolsar lacantidad principal se debe a graves problemas económicos y
de salud en su familia, lo que constituye un caso de fuerza
mayor. Por otro lado, alega que no se le ha invitado a presentarsus observaciones antes de que se adoptara la Decisiónimpugnada. Por último, observa que, en cualquier caso, no
puede estar obligada a pagar los intereses correspondientes al
período anterior al 10 de abril de 2001, puesto que laComisión renunció implícitamente al devengo de interesescorrespondientes a este período.Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2003 contra elConsejo de la Unión Europea por Van Mannekus & Co.
B.V.
(Asunto T-278/03)
(2003/C 264/54)
(Lengua de procedimiento: alemán)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 8 de agosto de 2003 un recurso contra el
Consejo de la Unión Europea formulado por Van Mannekus &
Co. B.V., con domicilio social en Schiedam (Países Bajos),representada por el Sr. H. Bleier, abogado.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
— Anule el Reglamento (CE) n
o985/2003 del Consejo, de
5 de junio de 2003, por el que se modifican las medidas
antidumping impuestas por el Reglamento (CE) no1334/
1999 del Consejo sobre las importaciones de óxido demagnesio originarias de la República Popular China (
1).
— Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.
Motivos y principales alegaciones
Mediante el Reglamento impugnado el Consejo modificó, en
virtud de una reconsideración provisional parcial, el tipo delos derechos antidumping sobre las importaciones de óxido demagnesio originarias de la República Popular China. En su
condición de importadora, la sociedad demandante había
participado en el procedimiento de reconsideración que prece-dió al Reglamento impugnado. La demandante alega que el
Reglamento infringe el Derecho comunitario material, porque
el Reglamento (CE) n
o384/96 del Consejo (2) se aplicó
erróneamente en una considerable medida.
La demandante alega que fue sobre todo erróneo iniciar una
reconsideración parcial de oficio. Afirma que, en cualquiercaso, los motivos expuestos en la notificación de la Comisiónno justifican una reconsideración. La Comisión había alegado
que el hecho de no haberse establecido una distinción entre las
ventas realizadas a partes vinculadas y las ventas realizadas apartes independientes o entre las ventas directas y las ventas
indirectas, «puede dar lugar a dificultades en la aplicación de
las normas jurídicas». Según la demandante, lo anterior esinexacto. En la aplicación de las normas jurídicas ya no puedesurgir dificultad alguna.
La demandante añade que la motivación del Reglamento
impugnado diverge de la que figura en la notificación del iniciode la reconsideración provisional parcial. Ello supone o bien
un defecto formal de motivación o bien, desde el punto de
vista material, que no existen razones fundadas para modificarel tipo de los derechos. El Reglamento impugnado establece
erróneamente diferencias entre las ventas realizadas a partes
vinculadas y las ventas realizadas a partes independienteso entre las ventas directas y las ventas indirectas en laComunidad.
C 264/32 ES 1.11.2003 Diario Oficial de la Unión Europea
La demandante alega asimismo que el Reglamento impugnado
infringe el Reglamento no384/96, ya que la reconsideración
provisional parcial no autoriza a modificar el nivel de los
derechos. Con arreglo a la notificación, la investigación deberíahaberse limitado «a la forma de las medidas vigentes», pero nofue así. Más aún, el nivel de los derechos ad valorem se fijó de
un modo arbitrario. El Reglamento (CE) n
o384/96 no prevé
que puedan utilizarse resultados de investigación que daten demás de 12 años. No permite que se utilicen resultados de unainvestigación que tengan una antigüedad mayor de cinco años.
Finalmente, en la última reconsideración no pudo determinarse
ningún margen concreto de dumping, y es incomprensible
cómo se pudo calcular sobre esa base un derecho de aduana
del 27,1 %.
(1) DO L 143, p. 1.
(2) Reglamento (CE) no384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de
1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean
objeto de dumping por parte de países no miembros de la
Comunidad Europea (DO L 56, p. 1), modificado por última vezpor el Reglamento (CE) n
o1972/2002 (DO L 305, p. 1).
Recurso interpuesto el 19 de agosto de 2003 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por British Uni-
ted Provident Association Limited, BUPA Insurance Limi-
ted y BUPA Ireland Limited
(Asunto T-289/03)
(2003/C 264/55)
(Lengua de procedimiento: inglés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 19 de agosto de 2003 un recursocontra la Comisión de las Comunidades Europeas formuladopor British United Provident Association Limited, con domici-
lio social en Londres (Reino Unido), BUPA Insurance Limited,
con domicilio social en Londres (Reino Unido) y BUPA IrelandLimited, con domicilio social en Dublín (Irlanda), representadas
por el Sr. N. Green QC, el Sr. K. Bacon, Barrister, el Sr. B Amory,
abogado, y el Sr. J. Burke, Barrister.
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
Instancia que:
— Anule la Decisión C(2003)1322 final de la Comisión, de
13 de mayo de 2003.
— Condene a la Comisión al pago de las costas de las
demandantes.Motivos y principales alegaciones
Las demandantes ofrecen seguros de enfermedad privados en
Irlanda. En la Decisión impugnada, la Comisión decidió no
formular objeción alguna al sistema de igualación de losriesgos que pretendían aplicar las autoridades irlandesas en elmercado irlandés de los seguros de enfermedad privados.
En opinión de las demandantes, dicho sistema tiene como
consecuencia conferir una subvención a la entidad que ostentauna posición dominante en el mercado de los seguros deenfermedad, a saber, el Voluntary Health Insurance Board;
dicha subvención se financia mediante un gravamen pecuniario
que recae sobre las demandantes.
En apoyo de su recurso, las demandantes invocan, en primer
lugar, la aplicación incorrecta por parte de la Comisión del
artículo 87 CE, apartado 1. Las demandantes señalan que la
Comisión consideró que el sistema de igualación de riesgoscumplía, en principio, los requisitos que el del artículo 87 CE,apartado 1 establece para las ayudas. No obstante, la Comisión
decidió que dicho sistema compensaba al Voluntary Health
Insurance Board por las obligaciones de servicio público queéste había asumido.
Las demandantes consideran que la Comisión aplicó incorrec-
tamente el criterio de compensación del servicio público que
establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (
1). Las
demandantes señalan que las obligaciones a que se refiere laComisión eran las exigencias de que las entidades que ofrecen
seguros de enfermedad privados en Irlanda se atengan a los
principios de ausencia de restricciones de adhesión, tarificaciónsobre una base uniforme, prestaciones mínimas y coberturavitalicia. A juicio de las demandantes, éstas no deben conside-
rarse obligaciones de servicio público ni obligaciones origina-
das por la prestación de servicios de interés económico general.Dichas obligaciones representan más bien la normativa generaldel mercado de seguros de enfermedad privados, aplicable a
todas las entidades aseguradoras. Además, las demandantes
afirman que la Comisión no tuvo en cuenta si las citadasobligaciones imponían una carga pecuniaria al VoluntaryHealth Insurance Board.
Las demandantes señalan que la base jurídica alternativa
utilizada por la Comisión para fundamentar la Decisióncontrovertida fue la circunstancia de que podía aprobarse elsistema de igualación de riesgos al amparo del artículo 86 CE,
apartado 2. Afirman que la Comisión no se aseguró de que
concurrían los requisitos de aprobación que establece dichoartículo. Las demandantes entienden que las obligacionesprincipales de las entidades que ofrecen seguros de enfermedad
privados no constituían unos servicios de interés económico
general. Precisan además que las alegaciones de la Comisiónsobre la necesidad y la proporcionalidad se fundaban tanto enun razonamiento equivocado como en manifiestos errores de
hecho. Las demandantes añaden que la Comisión no consideró
si el sistema podía afectar al desarrollo de los intercambios deforma contraria al interés de la Comunidad.
Las demandantes señalan asimismo que la Comisión incurrió
en un error al no haber tenido en cuenta si el sistema de
igualación de riesgos infringía el artículo 82 CE, en relacióncon el artículo 86 CE, apartado 1, los artículos 43 CE y 49 CEy la Directiva 92/49/CEE (
2).