Diario Oficial de la Unión Europea ES 23.8.2003 C 200/18
Motivos y principales alegaciones
La demandante alega que la Decisión de la Comisión C(2003)
1084 debe anularse por las siguientes razones:
I)Error manifiesto de enfoque o valoración por parte de la
Comisión
a) Las autoridades irlandesas no aceptan la validez de la
extrapolación que la Comisión afirma haber llevado a
cabo y alegan que la extrapolación no es un método
aceptable para establecer un valor monetario de reem-bolso en el caso de un sistema de subvenciones de basemuy amplia, como es el Programa Operativo para elTurismo 1989-1993. Además, se alega que la Comisiónno identificó el fundamento jurídico en que se basa la
extrapolación que afirma haber realizado.
b) La aplicación por parte de la Comisión de su propia
definición del significado de los términos utilizados en elartículo 23 del Reglamento 4253/88 (
1) de un modo que
le permite ampliar su ámbito de facultades equivale a un
incumplimiento de lo dispuesto expresamente en dichoartículo y constituye un error manifiesto de valoraciónpor parte de la Comisión en el ejercicio de su discrecio-nalidad con arreglo al artículo 24 del mismo Reglamento.
c) Es manifiestamente erróneo por parte de la Comisión
intentar justificar la imposición de una sanción a Irlandabasándose en las Fichas Técnicas publicadas en abril de1997, varios años después de finalizar el Programa argu-
mentando que constituían una codificación de una prác-
tica seguida anteriormente, mientras que ni la Comisiónni el Tribunal de Cuentas, al controlar el Programa handemostrado la existencia de dicha práctica general.
d) Asimismo se alega que la Comisión incurrió en error
manifiesto al concluir que el sistema de transmisión deinformación desarrollado por las autoridades irlandesasadolecía de errores o que existían riesgos inherentes almismo.
II)Incumplimiento de una norma jurídica fundamental rela-
tiva a la aplicación del Tratado
En el ejercicio de su discrecionalidad con arreglo al artículo 24
del Reglamento 4253/88, la Comisión evaluó incorrectamenteo incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta lascuestiones suscitadas en la demanda. El enfoque de la Comi-sión viola lo dispuesto, entre otros, en los artículos 23 y 24del Reglamento 4253/88.
III)Vulneración de los principios de irretroactividad, segu-
ridad jurídica y confianza legítima
La aplicación retroactiva de normas de gestión financiera, y en
concreto el tema de los criterios de elegibilidad, que no sedesarrollaron hasta varios años después de haber finalizado losproyectos de que se trata en unas circunstancias en que losprocedimientos utilizados eran siempre conformes con la
mejor práctica del momento aprobada por la Comisión, equi-vale a una aplicación retroactiva de normas comunitarias porparte de la Comisión.
IV)Violación del principio de proporcionalidad y/o de los
principios relativos al establecimiento de sanciones
La Comisión disponía claramente de alternativas a la decisión
que se adoptó en este caso. El enfoque adoptado por laComisión es totalmente desproporcionado con respecto al
resultado que se pretendía alcanzar, habida cuenta de la
continua eficacia de los proyectos en cuestión y de la natura-leza del proyecto beneficiario. Tal enfoque equivale efectiva-mente a imponer una sanción sin que haya pruebas deactuación ilícita alguna por parte de una empresa o autoridad.
(1) Reglamento (CEE) no4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de
1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no2052/88, en lo relativo, por una parte, a la
coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y,
por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con
las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374 de
31.12.1988, p. 1).
Recurso interpuesto el 24 de junio de 2003 contra la
República de Irlanda por la Comisión de las Comunidades
Europeas
(Asunto C-274/03)
(2003/C 200/32)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 24 de junio de 2003 un recurso contra la
República de Irlanda formulado por la Comisión de las Comu-nidades Europeas, representada por el Sr. G. Zavos, en calidadde agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:1. Declare que la República de Irlanda ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro deresponsabilidad civil derivada de la circulación devehículos automóviles y por la que se modifican lasDirectivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (CuartaDirectiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (DO
L 181 de 20.7.2000, p. 65), al no adoptar las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesariaspara dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, alno comunicarlas a la Comisión.
Diario Oficial de la Unión Europea ES 23.8.2003 C 200/19
2. Condene en costas a la República de Irlanda.
Motivos y principales alegaciones
El plazo de adaptación a la Directiva expiró el 20 de julio de
2002.
Recurso de casación interpuesto el 25 de junio de 2003por Scott SA contra la sentencia dictada el 10 de abril de2003 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de PrimeraInstancia en el asunto T-366/00, promovido por Scott SA,apoyada por la República de Francia, contra la Comisión
de las Comunidades Europeas
(Asunto C-276/03 P)
(2003/C 200/33)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 25 de junio de 2003 un recurso de casaciónformulado por Scott SA, con domicilio en Saint-Cloud(Francia), representada por Sir Jeremy Lever KCMG, QC, y losSres. G. Peretz, Barristers, A. Nourry y R. Griffith, Solicitors,
que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia
dictada el 10 de abril de 2003 por la Sala Quinta ampliadadel Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-366/00,promovido por Scott SA, apoyada por la República de Francia,contra la Comisión de las Comunidades Europeas (
1).
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:
— Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por
la que se desestima el recurso de anulación interpuesto
por Scott contra el artículo 2 de la Decisión (2), en la
medida en que el recurso de Scott imputa a la Comisiónuna infracción del artículo 15 del Reglamento.
— Anule el artículo 2 de la Decisión, en la medida en que se
refiere a la supuesta ayuda estatal consistente en el preciopreferencial de un terreno al que hace referencia elartículo 1 de la Decisión.
— Condene a la Comisión al pago de las costas ocasionadas
en el presente procedimiento de casación, así como lasincurridas por Scott en el procedimiento de primerainstancia.
Motivos y principales alegaciones
La recurrente alega que la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia debe ser anulada por los siguientes motivos:
El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al aplicar las
normas del artículo 15 del Reglamento n
o659/99 (3), reciente-
mente adoptadas, como si aún estuviesen sujetas a la antiguajurisprudencia relativa a las normas de conducta en los proce-dimientos administrativos.
— El Tribunal de Primera Instancia debía haber reconocido
que el Reglamento estableció un régimen comunitario deayudas estatales que es nuevo en importantes y relevantesaspectos.— Tampoco supo darle importancia, o lo hizo insuficiente-
mente, al hecho de que el beneficiario de la ayuda esquien requiere una protección particular en los casos enque se aplique el artículo 15.
— El Tribunal de Primera Instancia no debía haber conside-
rado que la caracterización del beneficiario de la ayudacomo mera «fuente de información» en el procedimientoestablecido en el artículo 88 CE, apartado 2, apoyaba suconclusión.
— El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al no
tener en cuenta el tenor de los artículos 14 y 15 queindican que el artículo 15 se refiere a la responsabilidadde los beneficiarios de las ayudas.
— El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al no
reconocer que su interpretación del artículo 15 teníacomo consecuencia frustrar el objetivo de dicho artículo,es decir, proporcionar seguridad jurídica a los beneficia-
rios de las ayudas.
El Tribunal de Primera Instancia consideró incorrectamente que
la inexistencia de una «obligación» de la Comisión de «advertir»
a los beneficiarios de las acciones que interrumpen la prescrip-ción era relevante para la cuestión de si una acción de la queel beneficiario no tuvo conocimiento podía interrumpir elplazo de prescripción en su contra.
El Tribunal de Primera Instancia consideró incorrectamente que
el artículo 15 introdujo un plazo de prescripción único que seaplica del mismo modo al Estado miembro interesado y a los
«terceros»; de manera alternativa era erróneo considerar que
dicho principio funciona de tal manera que excluye la aplica-ción del plazo de prescripción de la manera que alegó Scott.
El Tribunal de Primera Instancia consideró incorrectamente que
era relevante para la aplicación del artículo 15 que Scott nopodía haber tenido confianza legítima en que la ayuda hubiesesido concedida legalmente en su origen; el objetivo delartículo 15 es proporcionar seguridad jurídica cuando, exhypothesi, la ayuda no haya sido concedida legalmente.
El Tribunal de Primera Instancia ignoró incorrectamente el
tenor del artículo 15 y no tuvo presente a dicho respecto un
argumento importante formulado por Scott, que el Tribunal de
Primera Instancia resumió en el apartado 42 de la sentencia.
El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al considerar
relevante la inexistencia de plazo de prescripción en vigor para
el período transcurrido de diez años desde la concesión a Scottde la ayuda.
(1) DO C 61 de 24.02.2001, p. 16.
(2) Decisión 2002/14/CE de la Comisión, de 12 de julio de 2000,
sobre la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de Scott Paper
SA/Kimberly-Clark [notificada con el número C(2000) 2183; DO
2002, L 12, p. 1].
(3) Reglamento (CE) no659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de
1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1).