Diario Oficial de la Unión Europea ES 23.8.2003 C 200/17
¿El artículo 13, parte C, párrafo primero, letra a), de la Directiva
del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (77/388/CEE), SextaDirectiva en materia de armonización de las legislaciones delos Estados miembros relativas a los impuestos sobre elvolumen de negocios —Sistema común del impuesto sobre el
valor añadido (
1), permite que un Estado miembro, que haya
ejercitado la facultad de conceder a sus sujetos pasivos elderecho de optar por la tributación del arrendamiento de bienesinmuebles, haga depender la deducción plena del IVA soportadode la obtención previa de una aprobación no retroactiva por
parte de la administración tributaria?
(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.
Recurso interpuesto el 23 de junio de 2003 contra la
República Italiana por la Comisión de las Comunidades
Europeas
(Asunto C-270/03)
(2003/C 200/30)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 23 de junio de 2003 un recurso contra laRepública Italiana, formulado por la Comisión de las Comuni-dades Europeas, representada por los Sres. Luca Visaggio y
Roberto Amorosi, en calidad de agentes, que designa domicilio
en Luxemburgo.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:
— Declare que la República Italiana ha incumplido las obli-
gaciones que le incumben en virtud del artículo 12 de laDirectiva 75/442/CEE, relativa a los residuos (
1), en su
versión modificada por la Directiva 91/156/CEE (2), al
eximir de la obligación de inscribirse en el Registro
nacional de empresas que prestan servicios de eliminación
de residuos a las empresas que recojan y transporten suspropios residuos no peligrosos como actividad ordinaria yhabitual, así como a las que transporten sus propiosresiduos peligrosos en cantidades inferiores a 30 kg y a30 litros por día, según lo dispuesto en el artículo 30,
párrafo cuarto, del Decreto Legislativo n
o22, de 5 de
febrero de 1997, en su versión modificada por la Leyn
o426, de 9 de diciembre de 1998.
— Condene en costas a la República Italiana.
Motivos y principales alegaciones
En lo que respecta a los residuos no peligrosos, el artículo 30,
párrafo cuarto, del Decreto Legislativo exime expresamente dela obligación de inscribirse en el Registro nacional de empresasque prestan servicios de eliminación de residuos a las empresasque recojan y transporten por cuenta propia residuos no
peligrosos en el ejercicio de su actividad profesional específica.
Por otra parte, en lo que respecta a los residuos peligrosos que
sean transportados directamente por el productor de losmismos, la misma disposición del Decreto italiano exime de
la obligación de inscribirse en el citado Registro a las empresas
que transporten hasta 30 litros o 30 kg de residuos al día.
En resumen, dicha obligación queda limitada únicamente a los
supuestos de recogida y transporte de residuos peligrosos,siempre que no se trate de residuos recogidos y transportados
por el productor de los mismos en una cantidad inferior a un
determinado límite diario, así como a los supuestos de reco-gida y transporte de residuos no peligrosos por cuenta deterceros.
Se produce así una contradicción evidente con lo dispuesto en
la Directiva. En efecto, con arreglo al artículo 12 de esta
última, todas las empresas, sin distinción alguna, que efectúencon carácter profesional actividades de recogida o transporte deresiduos de cualquier tipo, y por consiguiente tanto peligrososcomo no peligrosos, deberán estar registradas ante las auto-ridades competentes, si no están sujetas a autorización.
(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39; EE 15/01, p. 129.
(2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
Recurso interpuesto el 21 de junio de 2003 contra la
Comisión de las Comunidades Europeas por Irlanda
(Asunto C-271/03)
(2003/C 200/31)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de junio de 2003 un recurso contra la
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por Irlanda,
representada por el Sr. D. J. O'Hagan, en calidad de agente,asistido por los Sres. P. Gallagher SC, P. McGarry, Barrister yJ. Buttimore del gabinete del Attorney General, que designadomicilio en Luxemburgo.
La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
a) Declare la admisibilidad del recurso.
b) Anule la Decisión de la Comisión C(2003)1084 por la
que se reduce una ayuda concedida por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) al Sistema Global deSubvenciones para el sector privado en Turismo y Desa-rrollo, Programa Operativo para el Turismo (1989-1993)subprograma 2, en Irlanda con arreglo a la Decisión de la
Comisión C89(2258/7) de 21 de diciembre de 1989.
c) Condene en costas a la Comisión.
Diario Oficial de la Unión Europea ES 23.8.2003 C 200/18
Motivos y principales alegaciones
La demandante alega que la Decisión de la Comisión C(2003)
1084 debe anularse por las siguientes razones:
I)Error manifiesto de enfoque o valoración por parte de la
Comisión
a) Las autoridades irlandesas no aceptan la validez de la
extrapolación que la Comisión afirma haber llevado a
cabo y alegan que la extrapolación no es un método
aceptable para establecer un valor monetario de reem-bolso en el caso de un sistema de subvenciones de basemuy amplia, como es el Programa Operativo para elTurismo 1989-1993. Además, se alega que la Comisiónno identificó el fundamento jurídico en que se basa la
extrapolación que afirma haber realizado.
b) La aplicación por parte de la Comisión de su propia
definición del significado de los términos utilizados en elartículo 23 del Reglamento 4253/88 (
1) de un modo que
le permite ampliar su ámbito de facultades equivale a un
incumplimiento de lo dispuesto expresamente en dichoartículo y constituye un error manifiesto de valoraciónpor parte de la Comisión en el ejercicio de su discrecio-nalidad con arreglo al artículo 24 del mismo Reglamento.
c) Es manifiestamente erróneo por parte de la Comisión
intentar justificar la imposición de una sanción a Irlandabasándose en las Fichas Técnicas publicadas en abril de1997, varios años después de finalizar el Programa argu-
mentando que constituían una codificación de una prác-
tica seguida anteriormente, mientras que ni la Comisiónni el Tribunal de Cuentas, al controlar el Programa handemostrado la existencia de dicha práctica general.
d) Asimismo se alega que la Comisión incurrió en error
manifiesto al concluir que el sistema de transmisión deinformación desarrollado por las autoridades irlandesasadolecía de errores o que existían riesgos inherentes almismo.
II)Incumplimiento de una norma jurídica fundamental rela-
tiva a la aplicación del Tratado
En el ejercicio de su discrecionalidad con arreglo al artículo 24
del Reglamento 4253/88, la Comisión evaluó incorrectamenteo incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta lascuestiones suscitadas en la demanda. El enfoque de la Comi-sión viola lo dispuesto, entre otros, en los artículos 23 y 24del Reglamento 4253/88.
III)Vulneración de los principios de irretroactividad, segu-
ridad jurídica y confianza legítima
La aplicación retroactiva de normas de gestión financiera, y en
concreto el tema de los criterios de elegibilidad, que no sedesarrollaron hasta varios años después de haber finalizado losproyectos de que se trata en unas circunstancias en que losprocedimientos utilizados eran siempre conformes con la
mejor práctica del momento aprobada por la Comisión, equi-vale a una aplicación retroactiva de normas comunitarias porparte de la Comisión.
IV)Violación del principio de proporcionalidad y/o de los
principios relativos al establecimiento de sanciones
La Comisión disponía claramente de alternativas a la decisión
que se adoptó en este caso. El enfoque adoptado por laComisión es totalmente desproporcionado con respecto al
resultado que se pretendía alcanzar, habida cuenta de la
continua eficacia de los proyectos en cuestión y de la natura-leza del proyecto beneficiario. Tal enfoque equivale efectiva-mente a imponer una sanción sin que haya pruebas deactuación ilícita alguna por parte de una empresa o autoridad.
(1) Reglamento (CEE) no4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de
1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no2052/88, en lo relativo, por una parte, a la
coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y,
por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con
las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374 de
31.12.1988, p. 1).
Recurso interpuesto el 24 de junio de 2003 contra la
República de Irlanda por la Comisión de las Comunidades
Europeas
(Asunto C-274/03)
(2003/C 200/32)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 24 de junio de 2003 un recurso contra la
República de Irlanda formulado por la Comisión de las Comu-nidades Europeas, representada por el Sr. G. Zavos, en calidadde agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:1. Declare que la República de Irlanda ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro deresponsabilidad civil derivada de la circulación devehículos automóviles y por la que se modifican lasDirectivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (CuartaDirectiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (DO
L 181 de 20.7.2000, p. 65), al no adoptar las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesariaspara dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, alno comunicarlas a la Comisión.